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El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero adherir al reconocimiento hecho por el Honorable señor Prokurica a la labor que en materia de regionalización y descentralización ha llevado a cabo desde hace muchos años el CONAREDE, en especial a través de su Presidente , señor Heinrich von Baer , y de don Miguel Cellino , quienes no han limitado su actuación al proyecto que hoy nos ocupa. Ellos son pioneros y han desplegado esfuerzos extraordinariamente importantes para hacer conciencia, no solo en los parlamentarios de Regiones sino también en aquellos que representan a ciudades más grandes, de que la regionalización es una cuestión de interés nacional. Creo que esa labor demuestra la enorme relevancia que tienen las organizaciones de ciudadanos para llevar adelante iniciativas como las que ellos han impulsado durante varios años.
Además, hago tal reconocimiento, fundamentalmente, porque dichos personeros iniciaron su trabajo en la Región de la Araucanía, a la que represento en el Senado.
En consecuencia, me parece bueno que en la Versión Oficial de esta sesión quede testimonio del esfuerzo gigantesco que ellos han realizado para crear conciencia sobre la imperiosa necesidad de fortalecer la regionalización.
Señor Presidente , el artículo 3° de la Constitución Política dice: "El Estado de Chile es unitario.".
Pero quiero recordar que en la última reforma que aprobó el Senado se incorporó a esa norma un inciso tercero que expresa: "Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.".
Recuerdo perfectamente -porque me tocó integrar la Comisión de Constitución- el momento en debatimos tal norma. Y se difundió en las Regiones, forjándose una gran esperanza en que todas las actividades de los órganos del Estado iban a apuntar a fortalecer la regionalización.
Digo eso porque la ley -nosotros concurrimos a su formación junto con el Ejecutivo- tiene poco valor si no va a acompañada de la voluntad política de ponerla en práctica.
Nos hemos llenado de leyes en los últimos años. Pero cuando uno las evalúa y hace un seguimiento, ve que muchas ellas son letra muerta. Porque una cosa es que en su texto se postule la regionalización y otra la voluntad efectiva del Gobierno de llevar adelante un proceso que la fortalezca como una manera de propender al desarrollo armónico del país.
Yo siento que a ese respecto se ha avanzado muy poco. Porque si uno analiza la legislación dictada en los últimos años se percata de que, al final de cuentas, prácticamente ninguno de los textos se dirige a los cuatro ejes que deben tenerse presentes cuando hablamos de fortalecer la regionalización.
La iniciativa que nos ocupa hoy, sin duda, constituye un avance y apunta en el sentido correcto.
En primer lugar, la forma de generación de las autoridades.
No es lo mismo que las autoridades encargadas de administrar los recursos regionales sean designadas por el gobierno central o elegidas por la Región. ¡La diferencia es enorme!
El intendente, que es el representante del Presidente de la República en las Regiones -me parece bien que haya uno en cada una de ellas-, puesto en la disyuntiva de defender los intereses regionales cuando aparezcan en contraposición con los del gobierno central, ciertamente que optará por los de este, pues su cargo es de exclusiva confianza del Primer Mandatario. De manera que, ante un dilema de tal índole, el intendente no toma la decisión final pensando en qué favorece más a la Región, sino mirando los intereses de quien lo nombró en su cargo.
Por consiguiente, el hecho de que las autoridades no surjan del gobierno central es, sin duda, una manera real de fortalecer el proceso de regionalización. Y no tengo dudas de que la elección de los consejos en forma directa por la ciudadanía dará más autonomía, más independencia, al gobierno regional y a quien sea su presidente para defender los intereses locales.
En segundo término se halla lo de las competencias. Este aspecto queda entregado a la Ley Orgánica Constitucional. Y me alegra que así sea, porque en el texto anterior se hallaban establecidas en la Carta, lo que a mi juicio era un error, en la medida en que se trata de una materia que se puede ir modificando con el transcurso de los años. Parece correcto que la Ley Orgánica Constitucional sea la que señale expresamente los ámbitos de competencia que irán asumiendo las distintas Regiones.
Sobre el particular, señor Presidente, se plantea un argumento muy recurrente: "No deleguemos atribuciones en las Regiones, porque quizás en ellas no se encuentre la gente suficientemente capacitada en la toma de decisiones vitales para el país".
Por mi parte, me pregunto: ¿y por qué van a tener más capacidad, más noción de la realidad, más percepción y sentido social, quienes viven a cientos de kilómetros de donde se deben tomar tales decisiones?
Entonces, el ámbito de competencia, en cualquier democracia, presenta un aspecto central: que sean las propias Regiones las que vayan materializando el mayor número de determinaciones respecto de lo que a ellas mismas les afecta.
En tercer lugar -y recuerdo que un señor Senador lo dijo en la sesión pasada- se encuentra lo atinente a los recursos.
La verdad de las cosas es que estas reformas son letra muerta si finalmente los recursos no se entregan a las Regiones en la forma y cantidad requeridas. Podemos acordar la elección de los consejos regionales y otorgarles competencias, pero si no se distribuyen de una manera razonable los fondos para que las Regiones propendan a su desarrollo, lo demás pasa a ser, de uno u otro modo -repito-, letra muerta.
Ese es un asunto pendiente que hace urgente fortalecer los procedimientos sobre entrega de recursos a las Regiones y los mecanismos de control para que sean bien administrados. Porque si hay algo que la sociedad chilena ha aprendido, a través de los años, es que no basta con proporcionarlos. Hay Regiones que los reciben, pero ni siquiera se alcanzan a gastar por completo.
Y así me lo corrobora el Senador señor Muñoz Barra , con quien hemos visto tantas veces, en la Región de La Araucanía, que se otorgan a Obras Públicas fondos para infraestructura y no se gastan como corresponde, se despilfarran o, simplemente, no se ocupan y se deben devolver.
Esto último ocurrió dos o tres años atrás, cuando más de 10 mil millones de pesos destinados a ese rubro no se gastaron nunca y hubo que reintegrarlos al Gobierno central. Eran dineros que se perdieron, en vez de ser empleados en inversiones que habrían ayudado mucho al desarrollo, en particular de las zonas rurales, donde los déficits de infraestructura son más notorios, más importantes y afectan más al desarrollo económico y, por ende, a la calidad de vida de la gente.
Por lo tanto, el tercer elemento, muy relevante, dice relación a la entrega, control y fiscalización oportunos de los recursos para las Regiones.
Y un cuarto elemento, no mencionado en el debate y que quiero incorporar, son los incentivos para la inversión privada a lo largo del territorio.
Salvo en las zonas australes extremas, no existen estímulos para que las empresas prefieran instalarse, generar mano de obra y desarrollarse en Regiones. Les resulta siempre más cómodo y, desde el punto de vista inicial -así lo creen-, más rentable el ubicarse lo más cerca posible de las grandes ciudades y, en especial, de Santiago.
Los países que logran un desarrollo equitativo son aquellos que crean incentivos de carácter tributario o para contratación de mano de obra a fin de que las empresas opten por irse a regiones, y, adicionalmente, fijan un costo más alto para las que siguen operando en el área metropolitana. Así ha acontecido en Estados Unidos; en España, Francia y otras naciones europeas, y sucede actualmente, incluso, en muchas partes de Asia.
Entonces, el cuarto elemento, consistente en lograr, mediante incentivos, que la empresa se desarrolle en Regiones resulta esencial, porque es hoy día el motor del crecimiento de la economía de un país.
En síntesis, señor Presidente , he hecho esta narración de los que, a mi juicio, constituyen los cuatro pilares fundamentales del fortalecimiento de la regionalización por creer que el proyecto que nos ocupa es un avance significativo, aunque no tan profundo como lo será finalmente.
Y me alegro de que se hayan suprimido diversas disposiciones que en la sesión anterior sostuve que no estimaba correcto incluir en la Carta, porque no me parecían propias de ella, y de que se haya dejado el debate respectivo para cuando se modifique la Ley Orgánica Constitucional. Otras, derechamente, carecían de sentido, como aquella que establecía, según recuerdo, que los intendentes y gobernadores tendrían fuero respecto de las acciones judiciales que se pudieran entablar contra ellos, pues estimé que era algo que no tenía nada que ver con una iniciativa sobre descentralización o regionalización del país.
La iniciativa en debate va en la línea correcta. Espero que se enriquezca con las indicaciones que en su momento se formulen.
Sin embargo, la prueba de fuego no radicará solo en ella -como tampoco residió en el inciso tercero del artículo 3° de la Constitución, que ya establece, como señalé, la obligación de los órganos del Estado de promover el fortalecimiento de la regionalización-, pues si no hay voluntad política para la concreción, en definitiva se siembran esperanzas y después se cosechan desilusiones.
Por tal motivo, señor Presidente, anuncio que votaré a favor del texto en examen.
Y confío en que esta sea la primera etapa de un proceso de regionalización acentuado que Chile viene anunciando hace muchos años. Ello se mira con esperanza en Regiones, pero también con gran escepticismo, ya que estos proyectos finalmente no logran su objetivo por no existir detrás voluntad política. Ojalá en esta oportunidad sí la haya, no solo en el Gobierno actual, sino también en los futuros, con el propósito de alcanzar el crecimiento del país en forma más armónica, más justa y más equitativa y con mayor fuerza para el desarrollo regional.
Por las razones expuestas, voto que sí.
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