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El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , también me pronunciaré a favor de la presente reforma de la Carta , en primer lugar porque su finalidad principal es una cuestión planteada prácticamente durante los últimos veinte años por todos quienes consideramos fundamental que un organismo como el consejo regional tenga su origen en el ejercicio directo de la soberanía popular.
Hoy día existe una situación bastante anómala. Los consejos regionales son autoridades de relevancia creciente al administrar por lo menos una parte de la inversión local a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que ha ido aumentando de manera bastante sustantiva durante los últimos Gobiernos. Y, como cuerpos colegiados, poseen atribuciones en materia presupuestaria regional que, por analogía, son incluso mucho mayores que las del Congreso Nacional, pues no aprueban, como nosotros, grandes partidas, sino inversiones específicas, concretas y hasta de poca monta. El que sean elegidos mediante un sistema indirecto carece de sentido.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, son entidades invisibles, opacas y sin responsabilidades directas con la gente, pese a su progresiva importancia.
Al margen de cualquier otra consideración sobre los aspectos de la regionalización, el elemento que señalo tiene mérito por sí mismo. En efecto, el fortalecer la representatividad de los consejos regionales apunta a robustecer la identidad política de las Regiones.
No es casualidad que haya habido una resistencia muy fuerte -a veces, soterrada y transversal- en el propio Congreso Nacional a que los consejeros regionales fueran elegidos en forma directa. Y por las peores razones: las de defensa corporativa de pequeños privilegios parlamentarios. En algunas iniciativas anteriores se llegó a incluir una disposición a mi juicio escandalosa -felizmente, no figura en la que estamos analizando-, pues impedía que los consejeros regionales designados en esa forma postularan a cargos de representación parlamentaria en la elección siguiente. Ello indica con claridad cómo a veces los celos corporativos, incluso de los Congresos, operan en sentido contrario a la democratización del país y al desarrollo de las Regiones.
Los procesos de regionalización, descentralización y autonomía, en todas las naciones donde se han llevado a cabo, obedecen básicamente a tradiciones nacionales, a reclamos ciudadanos, a representación política de las Regiones. Nuestro proceso de regionalización, en cambio, tuvo un origen completamente distinto: fue una decisión político-administrativa de un Gobierno autoritario. No recogió, salvo una demanda genérica, un gran movimiento ciudadano.
Tanto es así, que las Regiones no fueron producto de acuerdos políticos entre las antiguas provincias. Todas las dificultades que enfrentamos hoy día con motivo de la reivindicación de partes de sus territorios, de provincias específicas, para constituir nuevas Regiones son consecuencia del antecedente que he señalado. Ya hemos despachado dos leyes dividiendo las Regiones originales establecidas por el Régimen militar.
Y se formulan muchas otras demandas. En la circunscripción que represento existe un cierto movimiento subregionalista de las provincias en las cuales no se encuentra la capital regional. También imagino que las viejas y antiguas provincias de San Felipe y Los Andes pueden no sentirse cómodas por una resolución inventada administrativamente. Y veo que mis coterráneos chillanejos asimismo reivindican la regionalización de la provincia de Ñuble, porque, desde el nacimiento de la República, nunca han sido penquistas.
Entonces, se presenta un problema de muy diversa naturaleza.
Como no podemos dibujar de nuevo todo el mapa de las Regiones, me parece que la elección directa del Consejo Regional es, por lo menos, un gran avance. Imagino que en la Ley Orgánica Constitucional habrá que establecer que esa representación deberá hacerse sobre una base provincial. Ello dará fortaleza a la identidad política de las provincias, que sí la registran en su identidad histórica. Porque, en Chile, las provincias -las 27 que los de nuestra generación aprendimos en el liceo-, salvo algunas de las nuevas que se crearon también de manera puramente administrativa, exhibían una fuerte identidad regional.
Por este elemento, voy a votar a favor.
Sin embargo, lamento la tardanza: ¡veinte años! Esperaba que la elección directa se llevara a cabo en los pasados comicios municipales o en los parlamentarios próximos. Sin embargo, quedaremos hasta 2009. Seguimos con el ritmo cansino intolerable de reformas políticas indispensables en aspectos que no hacen otra cosa que rigidizar el sistema político.
Lo dice el Senador que habla: ¡Chile se halla en una crisis de representación política brutal! Creo que este es el país, entre los que conozco en el mundo, que elige menos autoridades por sufragio popular. Ignoro si en alguna democracia existen consejos o asambleas comunales tan pequeños como los nuestros. No cabe el debate de los problemas de una ciudad en un organismo formado por seis miembros. ¡Sencillamente, no cabe!
En cualquier ciudad media, europea o sudamericana, esos consejos los integran treinta o cuarenta personas. Pero cuando uno plantea ese punto en Chile pareciera que fuese un extraterrestre. Y le dicen: "¡Pero cómo vamos a gastar tanto en viáticos a los concejales!".
Y la democracia representativa ya tiene problemas en el mundo, porque, en sociedades diversas, estratificadas como las nuestras, desiguales, representar al resto de los ciudadanos es una tarea difícil. Antes, ello era más fácil en sociedades más homogéneas política, social y culturalmente. Nosotros registramos un déficit brutal en el sistema referido.
El proyecto apunta tardíamente en la buena dirección, porque recién vamos a corregir en cinco años más esta anomalía tan destacada. Me parece un tiempo fastidiosamente largo para reformas indispensables.
Quiero, además, felicitar por el trabajo de la Comisión, pues creo que ha sido serio. Se han introducido aspectos no incluidos en la consideración original y que apuntan al corazón de los procesos de mayor autonomía regional. Y se fijan criterios, por lo menos, para el traspaso de competencias, las cuales podrán ser solicitadas al Ejecutivo por un quórum importante del Consejo Regional, estableciéndose, en caso de una negativa, una suerte de instancia arbitral -en este caso sería el Senado-, de manera que el planteamiento de las Regiones no quede restringido a una suerte de derecho de petición.
Me parece inteligente la fórmula de que las Regiones puedan pedir dicho traspaso, lo que permite, además, que lo soliciten aquellas con capacidad para administrar competencias. Porque el otro elemento que se ve en todos los procesos de descentralización en el mundo es que no todas tienen igual aptitud de gestión de sus propios asuntos. Y ello es difícil afirmarlo, pues puede parecer que uno menoscaba a una Región en detrimento de otra. Pero es evidente que una Región como la del Biobío, que cuenta con recursos económicos, humanos, tecnológicos y científicos, tiene mayor capacidad de gestión de sus propios asuntos -no quiero aludir a nadie en especial- que la de Atacama o la de Aisén.
El señor PÉREZ VARELA .-
¡Que la Séptima!
El señor GAZMURI.-
La Séptima es intermedia.
Si además las quieren partir por la mitad, cada vez van a tener menos capacidad de autogestionar sus asuntos públicos. O sea, la disminución al extremo fortalece al centralismo, en definitiva, de una manera evidente. Ello, si queremos tener Regiones que puedan generar su propio dinamismo, lo que, en general, me parece bien.
Me queda claro que se encuentra pendiente un debate a fondo sobre la regionalización. Tienen razón quienes han señalado que el proyecto de ley, en la medida en que constituye una reforma de la Carta, avanza criterios, principios, que deberán ser concretados en leyes orgánicas específicas.
La materia que nos ocupa es central, señor Presidente , por quedar expuesta, como aquí se ha dicho, la visión de futuro que tenemos de Chile, en cuanto a su balance territorial, considerando el problema que ha sido denunciado en la Sala, o sea, la tendencia a la concentración en la megalópolis del Gran Santiago, al que se va a unir muy rápidamente el Gran Valparaíso, lo cual ahoga al país. Y esa tendencia es imparable, salvo que medie una política de Estado muy fuerte en contra.
La dinámica de la economía de mercado lleva a la superconcentración. Ese efecto se provoca -ello es evidente- por las grandes ventajas que presenta la concentración en todo orden de cosas. Y es algo que vemos.
Incluso, es cada día más difícil que los equipos directivos de las empresas que logran desarrollarse en Regiones permanezcan en ellas. Así lo hemos observado en la Región del Maule. Esa fue una de las razones por las cuales me opuse a la privatización de Colbún, que, en la condición de empresa pública, podía mantener una dimensión regional. Sin embargo, contra todas las promesas formuladas, lo primero que hizo Colbún -y era natural, desde el punto de vista de una transnacional- fue cerrar la oficina central en la ciudad de Talca y trasladarse a Santiago. Solo dejaron allí a un encargado de la represa.
Lo que señalo es evidente. Si no hay políticas públicas de estímulo, como lo han dicho aquí otros señores Senadores -habrá que estudiarlas-, el proceso concentrador, en la lógica de la economía de mercado y sin un Estado fuerte que descentralice, es inevitable. Lo otro son palabras al viento, dígase lo que se diga. Y eso significa, además, que inicialmente "se pierden" oportunidades, porque es más caro establecerse en Regiones para muchos asuntos.
Falta realizar ese debate.
Mi impresión, señor Presidente , es que la discusión, que es muy central, no va a poder ser llevada a cabo al margen del conjunto de cuestiones constitucionales pendientes en el país.
Y con esta reflexión finalizo.
En ese caso se encuentra un acuerdo de dicha índole. En los primeros tiempos de la transición ello no aparecía con la misma urgencia que hoy, porque era preciso normalizar el país. Veníamos saliendo de una grave ruptura nacional y, por tanto, reconstituir en democracia la unidad mínima de la nación determinaba que las grandes cuestiones constitucionales no estuvieran en el primer plano del debate público. Pero tenemos una Carta que hemos ido reformando por partes.
Recuerdo que la primera reforma se refirió a un asunto muy discutido, y que hoy parece obvio: la elección directa de los concejos comunales. Me acuerdo de un distinguido Senador de las bancas de enfrente cuando en la primera conversación sobre la materia, en 1992, nos dijo: "Probemos cuatro o cinco años si el sistema municipal previsto en la Constitución de Pinochet funciona o no". Así comenzaron en la Sala estos debates. Felizmente, no tenía razón mi distinguido amigo -puedo decir hoy su nombre porque después contribuyó a la reforma- el ex Presidente del Senado don Sergio Díez .
Esa primera enmienda constitucional -reitero- fue hecha en 1992.
Lo relativo al sistema binominal en su minuto lo discutimos, desde los acuerdos -se encuentra presente el Ministro Viera-Gallo-, entre el gabinete de Pinochet, presidido por el Ministro del Interior de la época, y la Concertación, que había ganado el plebiscito. En esa oportunidad se manifestó: "Hagamos un sistema por ocho años y después lo cambiamos". ¡Veinte años! ¡Desde hace veinte años venimos con el mismo asunto, con los mismos argumentos!
Todos señalan que las atribuciones de nuestro Congreso aparecen tremendamente disminuidas en comparación con cualquier democracia presidencialista del mundo. Supuestamente estamos todos de acuerdo. ¡Veinte años! ¡Veinte años!
O sea, el inmovilismo institucional entra en contradicción creciente con el dinamismo de la sociedad y del mundo. Por tanto, creo que a poco andar tendremos que enfrentar el tema de una nueva Constitución. No me imagino que se pueda resolver bien la cuestión regional si no es en el marco de una reforma general de nuestro sistema institucional.
¡Señor Presidente , veo que me quitaron la electricidad de una manera arbitraria...!
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
¡Aquí también hay un problema de centralismo...!
El señor GAZMURI.-
¡Seguimos con esto¿!
El señor PROKURICA ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, tiene un minuto adicional para concluir su intervención.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, muchas gracias por haberme "reconectado" el sistema.
Una última idea.
Existe un planteamiento que al principio, hace dos, cinco años, me parecía un poco extraño, aunque todavía lo es para mucha gente. Celebro que uno de los precandidatos de la Concertación a la Presidencia de la República , el Senador señor Frei , haya planteado por primera vez desde esa posición la necesidad indiscutible que tiene nuestro país de ponernos como perspectiva -y ello debe ser común- una nueva Constitución para el Bicentenario. Si no, el conjunto de asuntos respecto de los cuales reclamamos no encontrará solución armónica.
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