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- rdf:value = " OTORGAMIENTO DE AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL AL SERVICIO ELECTORAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9840-07 Y 10055-07)El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción y mensaje refundidos, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral.
Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Marisol Turres .
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 9840-07, sesión 111ª de la legislatura 362ª, en 7 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8, y
-Mensaje, boletín N° 10055-07, sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2015, Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora TURRES, doña Marisol (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de reforma constitucional, originado en moción y mensaje refundidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, cuyo detalle es el siguiente:
1.Moción de la diputada señora Provoste , doña Yasna , y de los diputados Chávez, don Marcelo ; Flores, don Iván ; Lorenzini, don Pablo ; Morano, don Juan Enrique ; Pilowsky, don Jaime ; Rincón, don Ricardo ; Torres, don Víctor ; Vallespín, don Patricio , y Walker, don Matías , que otorga autonomía al Servicio Electoral (boletín N° 9840-07), y
2.- Mensaje de su excelencia la Presidenta de la República que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (boletín N° 10055-07).
Estos proyectos tienen por objeto otorgar autonomía constitucional al Servicio Electoral, con el fin de fortalecer su independencia y capacidades institucionales para realizar su rol administrativo de organización de elecciones y de fiscalización del funcionamiento y financiamiento de procesos electorales y partidos políticos.
Durante la discusión general del boletín N° 10055-07, la comisión estimó conveniente y justo solicitar refundirlo con la moción mencionada, cuyo objeto era el mismo.
Aprobada esta petición, la discusión en el seno de la comisión se centró en los siguientes temas:
I. Mención expresa en la norma constitucional del órgano superior del Servicio Electoral.
La comisión estimó necesario consagrar en la norma constitucional que la dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un consejo directivo, que estará integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio.
II. Remoción de los consejeros.
Se optó por un mecanismo similar al existente para la remoción de los fiscales, contemplado en el artículo 89 de la Constitución Política de la República, pero se elimina la causal de mal comportamiento, se aumenta el número de diputados legitimados para solicitar la remoción, de diez a un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara, y se suprime la legitimación de la Cámara como órgano colegiado para requerirla.
III. Mención expresa en el texto constitucional de que el Servicio Electoral y los miembros de su consejo estarán sometidos a las responsabilidades y controles que establezca la ley, sin perjuicio del control de sus actos por los tribunales.
IV. Rango constitucional de la ley que regulará el funcionamiento del Servicio Electoral, las plantas, remuneraciones y estatuto del personal.
Se estimó conveniente que una ley orgánica constitucional regulara el funcionamiento de dicho servicio y se dejó el resto de las materias a una ley común.
Cerrado el debate, la comisión aprobó el proyecto en general por unanimidad, y por mayoría su articulado en particular, con las enmiendas enunciadas.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, deseo expresar mi acuerdo en general con la intención y con el propósito del proyecto.
Sin embargo, quiero hacer presente una inquietud que también señaló la diputada informante señora Marisol Turres , en el sentido de que el órgano directivo máximo del Servel sería un consejo directivo.
Quiero entender que el órgano que fijará las políticas y objetivos del servicio será ese consejo directivo, pero no tengo claro si en la ejecución de dichas políticas y objetivos va a actuar como órgano colegiado, porque en ese caso me da la impresión de que hay una equivocación. Me explico. Parto de la base de que los consejos directivos operan en la práctica como los directorios de las empresas, que fijan el marco dentro del cual se mueve esa empresa, pero dejan su ejecución a un gerente general.
Quedo con la duda de si esa materia está suficientemente resuelta en el proyecto.
Señor Presidente, por su intermedio, pregunto a los integrantes de la comisión o a la señora diputada informante si la ejecución de las políticas definidas por el consejo directivo va a ser establecida por el directivo superior, o si este directivo superior máximo va a ser el mismo consejo, en cuyo caso se crea una confusión muy importante.
Aquí hay un tema de fondo, cual es si el director del Servel dirige el servicio o si lo hace el directorio en su conjunto. Creo que es importante resolver este tema, porque no da lo mismo.
Me parece muy lógica la forma en que se ha implementado el proyecto en relación con el resto de las materias, pero creo que este punto es central y requiere ser resuelto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, con mucho gusto vamos a aprobar el proyecto de ley que otorga autonomía constitucional al Servel, porque nació de los textos refundidos del proyecto del Ejecutivo y del que presentó la bancada de la Democracia Cristiana con fecha 6 de enero del año 2015, vale decir, seis meses antes de que el Ejecutivo ingresara el proyecto de reforma constitucional.
En efecto, el proyecto que presentamos los diputados de la Democracia Cristiana ingresó a la Oficina de Partes el 6 de enero de 2015, suscrito por los diputados Ricardo Rincón , Marcelo Chávez, Iván Flores , Pablo Lorenzini , Juan Morano , Yasna Provoste , Víctor Torres , Patricio Vallespín y quien habla, en representación de los veintidós diputados de la Democracia Cristiana.
Nos alegra mucho que posteriormente el Ejecutivo haya hecho suya esa moción y que se refundieran ambos textos.
Por un ejercicio de honestidad intelectual, me parece bien reconocer la labor de los autores del proyecto y de quienes aprobaron refundir ambos textos, que permitió transformarlo, como figura en el informe, en un artículo 97 bis, titulado “Justicia Electoral y Servicio Electoral”, que es muy completo, porque establece: “Un organismo autónomo, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios,” -esta es la gran innovación del proyecto que hoy vamos a aprobar- “del cumplimiento de las normas de transparencia, límite, control y aportes del gasto electoral,...”.
Eso es lo que le faltaba al Servicio Electoral para que, al igual que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sea en el futuro un órgano dotado de autonomía constitucional, de manera que no quede bajo la dependencia de ninguno de esos tres poderes del Estado, lo que le permitirá una total autonomía, de acuerdo con la forma y el espíritu de la disposición constitucional, para, por ejemplo, fiscalizar el límite, control y aportes del gasto electoral. La extensa agenda de probidad y transparencia que se está aprobando en la Cámara de Diputados y en el Senado, sobre todo en lo que dice relación con las modificaciones a las normas de gasto electoral, será letra muerta si no contamos con un órgano que tenga autonomía para fiscalizar que se respete efectivamente el límite y el origen de los aportes electorales.
El Servicio Electoral debe tener esa capacidad, razón por la cual el proyecto de reforma constitucional encomienda a una ley orgánica la determinación de la dotación mínima que le permita hacer esa fiscalización, sobre todo considerando las modificaciones que estamos realizando en el Congreso Nacional para que, en el caso de ser vulneradas estas disposiciones, las sanciones graves puedan significar incluso la pérdida del cargo para el que fue elegido el infractor. No hablo solo de parlamentarios, sino que me refiero a alcaldes, concejales, consejeros regionales e, incluso, presidente de la república.
Por lo tanto, para nosotros es un honor que se haya tomado en cuenta el proyecto de reforma constitucional que presentamos los diputados de la Democracia Cristiana en enero de 2015, con el que nos adelantamos a la discusión y a las conclusiones del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, presidido por Eduardo Engel .
Finalmente, reitero que es bueno que se reconozca la autoría de los proyectos de ley y de reforma constitucional.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estamos en un momento difícil del mundo político, que dice relación con las elecciones y con el sistema electoral vigente, que queremos mejorar. La diferencia que pueda existir es en la claridad de su nombre o su personería.
Tengo claro que se han refundido dos proyectos; por ello, quiero señalar a los autores de los dos proyectos en discusión que ya se habían presentado otros sobre la materia. En consecuencia, se viene abordando el tema desde hace algún tiempo, a lo que se debe agregar el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.
Se han enviado varios proyectos al Congreso Nacional que se han basado en las propuestas de ese consejo. Una de ellas consiste en resguardar la efectiva autonomía del Servicio Electoral, entregarle una mayor capacidad de acción en su desempeño, a fin de realizar una adecuada fiscalización, tan deseada y publicitada, en el control de los procesos electorales y de una serie de materias relacionadas, como el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, que tanto interesa a la opinión pública, sobre el cual recibimos constantemente presiones, lo que nos ha obligado a tratarlo en la Comisión de Hacienda.
Reconozco que el Servicio Electoral ha cumplido una gran labor en materia de control de esos procesos, no solo de los referidos a las elecciones presidenciales y parlamentarias, sino también a nivel local y regional.
En relación con lo anterior, se puede agregar la función de los tribunales electorales, que hacen posible la justicia electoral no solo en los procesos electorales, sino también en procesos que realizan organismos intermedios de la sociedad, como juntas de vecinos, clubes deportivos y otros.
Por ello, me parece muy adecuada la nueva denominación que se da al capítulo IX de la Constitución Política, que se llamará “Justicia Electoral y Servicio Electoral” -no sé si esto da respuesta a la interrogante del colega Jorge Ulloa , porque no soy parte de la comisión que estudió este proyecto, pero, a lo mejor, por allí va la intención-, lo que engloba de mejor manera la autonomía que se otorga al servicio y lo que planteó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. En rigor, la autonomía constitucional del Servel implica que continuará siendo un organismo del Estado, pero dejará de estar subordinado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por eso considero que con este nuevo estatus, el Servel mantendrá y podrá acrecentar su credibilidad y confianza ciudadana, tan necesaria actualmente, mediante la certeza institucional de contar con principios de objetividad, independencia, especialización y profesionalismo.
Considero que esta reforma a la Constitución es un aporte a la transparencia de nuestro sistema político y también es una demostración clara de que los respectivos poderes del Estado estamos comprometidos en entregar una legislación moderna que permita control y transparencia en los actos electorales.
Mediante el proyecto llegaremos a fortalecer la confianza de nuestros electores, que se ha debilitado.
Por lo tanto, me sumo al entusiasmo del colega Matías Walker , uno de los autores del proyecto, para aprobar la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, el Servicio Electoral es el órgano encargado de administrar la justicia electoral en Chile. Es un órgano de la máxima importancia no solo legal, sino también constitucional. El Servicio Electoral es el órgano superior de la administración electoral en Chile, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Los órganos de dirección del Servicio Electoral son el Consejo Directivo y su director.
El artículo 60 de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, establece como las funciones más relevantes del Servicio Electoral supervigilar y fiscalizar a las juntas electorales establecidas en la ley N° 18.700 y velar por el cumplimiento de las normas electorales; formar, mantener y actualizar el registro electoral; determinar el padrón electoral y la nómina de inhabilitados; ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de formación y actualización del Registro Electoral, entre otras cosas.
Creemos que la tarea de fortalecer la democracia de Chile es un compromiso real del gobierno. Debemos tener presente que entramos en la discusión del proyecto con logros que hace solo dos años eran impensables y lejanos; sin embargo, vemos hoy cómo hemos podido llegar por fin a la eliminación del sistema electoral binominal y a su sustitución por uno de carácter proporcional y representativo. Las próximas elecciones parlamentarias tendrán ciertamente una mayor inclusión y representación de todos los chilenos.
El proyecto de reforma constitucional que otorga autonomía al Servicio Electoral, es una iniciativa que forma parte de las propuestas más relevantes hechas por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, liderado por Eduardo Engel . Es decir, cuenta con una legitimidad de origen clara y decisiva, ya que hay un respaldo político a una comisión formada por representantes de variadas sensibilidades. Por lo anterior, constituye un paso esencial en el camino de transformar al Servel en una institución más fuerte, pero, a la vez, independiente.
La autonomía constitucional es, en términos simples, una garantía normativa que resta de la competencia del legislador ordinario la facultad de eliminar la institución, en este caso del Servel, aunque sin privarlo de la facultad de regularla. Estos organismos están sometidos solo a la Constitución Política y a la ley que, conforme a ella, regula su organización, funcionamiento y atribuciones.
De ahí su autonomía e independencia, ya que escapan a la línea jerárquica y no admiten sobre ellos el ejercicio de facultades de supervigilancia o tutela; se autodeterminan funcional y administrativamente. Ejemplos en nuestro país son la Contraloría General de la República, el Banco Central y el Consejo Nacional de Televisión.
Por ello, esta autonomía es importante, decisiva y fundamental en la agenda de cambios que el gobierno impulsa para asegurar que la política y los negocios constituyan ámbitos distintos, previniendo los conflictos de intereses. Debemos ir por más transparencia en las campañas electorales y debemos recuperar el debate sobre el financiamiento de los actos electorales y de los partidos políticos.
Una democracia requiere de esfuerzos permanentes, constantes. Dichos empeños son tarea diaria no solo de las instituciones, sino también de los ciudadanos. Un discurso que denuesta y mancilla lo público, un discurso que siempre saca ventaja de actos de unos pocos para enlodar a toda una democracia, no puede prosperar. Es labor nuestra pujar de forma majadera para que esto no ocurra. Ya sabemos a quién benefician finalmente esos discursos.
Por todo lo anterior, la autonomía constitucional del Servicio Electoral traerá más transparencia a los actos electorales, los que deben estar orientados hacia el fin más fundamental del derecho electoral, que es finalmente la elección limpia, informada y veraz de los gobernantes de un país.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión es de mucha trascendencia para el país. Se enmarca en un contexto complejo para quienes ejercemos la labor de representación popular, cuya esencia es expresar y canalizar los intereses legítimos de la ciudadanía.
Según lo ha expresado la Presidenta de la República, la duda y la desconfianza respecto del ejercicio de la función pública se han instalado, y con razón, ya que los hechos denunciados en torno a los casos Penta , Soquimich y otros han develado la influencia ilegítima e inaceptable que ejerce actualmente el dinero sobre la política.
No sería arriesgado señalar que dicha situación ha contribuido a profundizar la desconfianza y la creciente desigualdad e inequidad social de que adolece lamentablemente nuestro país, lo que nos arrastra a una situación de falta de representatividad del Ejecutivo y del Legislativo.
Lo anterior nos obliga, como autoridades, a tomar medidas serias y eficaces. Cualquier solución debe ser de fondo, de carácter institucional. Así lo ha asumido el gobierno al instalar una agenda de probidad como un cuarto pilar programático, que ya cuenta con una serie de propuestas concretas elaboradas por el consejo Engel y cuya finalidad es poner límite a los conflictos de intereses, a los abusos, al tráfico de influencia y a la corrupción. El propio informe elaborado por ese consejo sostiene: “Uno de los fines últimos de la democracia representativa es promover el bien común...”. Agrega: “Para ello, las instituciones y procedimientos democráticos deben asegurar decisiones y acciones públicas inspiradas en intereses colectivos, y no en aquellos de carácter particular.”.
Así, entonces, dentro de las medidas propuestas por dicho consejo asesor se encuentra la aprobación de este proyecto, que, como bien se dijo, tiene origen parlamentario, pero fue acogido por la amplia mayoría de los integrantes de ese consejo, en el sentido de que el Servicio Electoral sea reconocido como un órgano autónomo constitucional, con el objeto de fortalecer su independencia y capacidades institucionales, de potenciar su rol administrativo de organización de elecciones y de fiscalización del funcionamiento, y, adicionalmente, del financiamiento de procesos electorales y de partidos políticos.
En este sentido, la aprobación del proyecto implicará contar en el corto plazo con un Servicio Electoral con capacidades reales de fiscalización, con atribuciones efectivas para velar por la transparencia y el control del límite del gasto electoral, y con instrumentos claros para sancionar a quienes hagan uso ilegítimo de los recursos públicos e incurran en cohecho o conductas ilícitas, mediante las cuales el poder del dinero y las empresas corrompen y capturan a los partidos políticos y a sus autoridades.
El Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción sostuvo claramente: “Por último, la eficacia de los organismos fiscalizadores determina la solidez y profundidad del sistema democrático. La debilidad en el actual sistema de control, las bajas sanciones e incapacidad para imponerlas han ido generando riesgos para la probidad, capturando agendas colectivas para intereses particulares, distorsionando la equidad en la competencia electoral y debilitando el carácter programático y colectivo de los partidos políticos. Más aún, ha contribuido a mellar la confianza de la ciudadanía en la política y sus instituciones.”.
Así, entonces, no podemos dejar de apoyar la iniciativa como una más de un conjunto de proyectos que debe tener como finalidad relevar y legitimar el ejercicio de la función pública. Concordamos en que la actual situación no permite soluciones parciales, sino estructurales, que impulsen la creación de un nuevo sistema de financiamiento público de los partidos políticos, un cambio profundo en las actuales prácticas de transparencia y el endurecimiento de las sanciones para quienes incurran en delitos e irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Sin duda, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana aprobará esta iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Marisol Turres .
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente, los diputados de la Unión Demócrata Independiente votamos a favor el proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque estamos convencidos de que requerimos de un Servicio Electoral que no solo cuente con las atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley, sino, además, con los recursos humanos y económicos necesarios para enfrentar todos los desafíos que vienen hacia adelante y con las reformas que estamos tramitando en el Congreso en relación con el financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos; con la definición de qué es una campaña, qué está permitido hacer y qué se considera parte de una campaña política.
Para que las sanciones que establece la ley sean eficaces, se requiere, como dije, de un órgano que cuente con la suficiente fuerza, atribuciones y recursos para fiscalizar el cumplimiento de la normativa; de lo contrario, sería absolutamente letra muerta.
Por lo tanto, apoyamos la iniciativa, porque, para cumplir esas funciones, es necesario que el Servicio Electoral sea autónomo e independiente del poder político, con el objeto de que dé garantías a la ciudadanía, a los candidatos, a los partidos políticos, etcétera, de que cumple su función alejado de una mirada militante, por decirlo de alguna manera.
Como dije, votamos a favor el proyecto de ley en la comisión; pero es importante agregar que aprobamos además que la ley que regule el funcionamiento del Servicio Electoral, su planta, las remuneraciones y el estatuto del personal tenga rango constitucional. Asimismo, estimamos que el resto de las materias deben ser propias de ley común.
Ahora bien, estamos presentando una indicación con el objeto de definir algo que no es menor y que acabamos de discutir con algunos parlamentarios, en el sentido de que el director del Servicio Electoral dirija y lleve a cabo todas las políticas, interpretaciones y la forma de aplicar la ley, y que dé las directrices al servicio para que ejerza sus funciones en cada una de las elecciones y en forma permanente respecto de los partidos políticos.
Nos parece bien que exista un consejo; pero debe haber alguien que sea la cabeza visible y el referente para hacerle consultas, con el objeto de tener claro hacia dónde va el servicio cuando se pronuncia acerca de cualquier materia.
Al respecto, el diputado Jorge Ulloa preguntó acerca de cuál iba a ser la forma de funcionar entre el consejo, las plantas y quién iba a dirigir ese proceso.
En términos generales, solo me queda señalar que está por verse en el Congreso Nacional una reforma completa al Servicio Electoral; estamos a la espera de tramitar esa iniciativa, porque de esa forma tendremos claridad respecto de lo que viene. Asimismo, el próximo año tendremos elecciones municipales, por lo que resulta imprescindible que se califique con urgencia ese proyecto y que le demos un trato especial para su discusión, porque se necesita tener un rayado de cancha claro para lo que se viene. Necesitamos que el Servicio Electoral llame a concurso, agrande su planta, prepare y capacite a todo su personal para enfrentar todo lo que viene, que no es menor.
Destaco nuevamente la importancia que tiene, ahora más que nunca, la autonomía del Servicio Electoral respecto de cualquier influencia partidista o sector político, con el objeto de garantizar a toda la ciudadanía que las instituciones están funcionando.
Por lo tanto, anuncio el voto a favor de nuestra bancada al proyecto de ley.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne .
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, aprobaremos el proyecto, porque dar reconocimiento constitucional a la autonomía que requiere el Servel es el camino adecuado para lo que se está viviendo en la política de nuestro país. Entregarle las herramientas necesarias será el desafío, porque no basta con hacer una declaración de buenas intenciones en la Constitución Política de la República respecto de la autonomía que debiera tener el Servicio Electoral, sino que debemos entregarle herramientas legales para que efectivamente pueda fiscalizar, y los recursos necesarios para que pueda hacerlo, porque si no le entregamos dinero, no habrá autonomía ni capacidad para llevar adelante lo que aquí se está planteando.
Ponemos la preocupación en este punto, porque vemos que hay ciertas cosas que pareciera que estaban zanjadas o ciertos temas que pareciera que estaban unánimemente aprobados por todos, que eran parte de las señales que se le estaban entregando a una ciudadanía que nos pide mayor transparencia respecto de los aportes a las campañas y a los partidos políticos.
Parecía que había un consenso general respecto de que las empresas no debían intervenir directamente en la política y que había que hacer una separación entre los negocios y la política. Sin embargo, se presentó una indicación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que sorprende a todos, ya que establece nuevamente que las empresas pueden aportar fondos a los partidos, con lo que se tuerce la mano al proyecto de ley del gobierno y a lo que había establecido la propia Comisión Engel.
Por lo tanto, tengo un grado de desconfianza en el sentido de que nos quedemos única y exclusivamente en una declaración de buenas intenciones en la Constitución Política de la República respecto de la autonomía del Servel, pero que no le entreguemos las facultades, las herramientas y los recursos para que pueda llevar adelante esa tarea relevante, que consiste no solo en fiscalizar las campañas, sino también en fiscalizar el financiamiento y el funcionamiento permanente de los partidos políticos.
Aquí se ha hablado mucho del financiamiento de campañas y de la opacidad que existe en esa materia, pero no se dice nada de la turbiedad que existe en el funcionamiento y en el financiamiento de los partidos, que muchas veces es mucho más complejo que el de una campaña.
Reitero mi apoyo al proyecto de ley, pero hago el llamado a que demos pronto las herramientas mencionadas al Servel, porque no puede ocurrir que en las próximas elecciones municipales estemos con el mismo funcionamiento, el mismo Servel , las mismas reglas del juego, y que en la elección que se nos viene terminemos enfrentando los mismos problemas que hoy estamos viviendo.
Por lo tanto, es un imperativo del Congreso Nacional aprobar esta normativa antes del término de este período legislativo, con el fin de que podamos enfrentar las elecciones municipales del próximo año con nuevas reglas del juego, es decir, con un Servel empoderado con las herramientas adecuadas para cumplir con las labores que le estamos encomendando a través de esta reforma constitucional.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, este es un proyecto de ley importante, sobre todo cuando se pretende que haya real transparencia y total independencia entre el dinero y la política. No obstante, no sacamos nada con establecer normas si no hay una fiscalización ni un control adecuados.
Mediante un proyecto de ley que pronto discutiremos en el Congreso Nacional, lograremos la total prescindencia del dinero en la política, la regulación de las campañas electorales, los límites del gasto electoral y la propaganda que se puede utilizar, normas que son muy importantes para favorecer la transparencia. Pero si no tenemos un organismo con la independencia suficiente respecto de los otros poderes, como el Poder Ejecutivo, no vamos a sacar nada.
En consecuencia, es fundamental consagrar esta independencia en la Constitución Política de la República. Esto va en la línea de lo que quiere la Presidenta de la República y de lo que propuso el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Intereses y el Tráfico de Influencias.
Por eso, como se trata de una norma que reforzará las otras disposiciones que consagraremos sobre la probidad y la transparencia, no hay duda de que le daremos nuestro apoyo.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, como ha planteado la gran mayoría de los diputados, el proyecto de reforma constitucional es muy importante para consolidar en nuestro país un sistema que permita que el Servicio Electoral tenga autonomía constitucional, que fortalezca su independencia y sus capacidades institucionales para realizar de una mejor manera su labor administrativa de organización de elecciones y de fiscalización.
Para nadie era un misterio que el actual Servicio Electoral solo realiza la revisión, a lo mejor exhaustiva, de las cuentas de ingreso y de gastos electorales de cada candidato; sin embargo, en la práctica, no tiene facultades de fiscalización de ningún tipo.
Cuando presidí la Comisión Especial Investigadora del Caso Penta, recibimos a la máxima autoridad del Servicio Electoral, quien nos ratificó las limitaciones de dicho organismo para fiscalizar de mejor manera todos los actos eleccionarios que se realizan en nuestro país.
Muchos candidatos, algunos de los cuales fueron elegidos para ocupar un cargo de parlamentario, han señalado que las rendiciones de los gastos que se realizaron en las campañas respectivas se apegaban absolutamente a la legalidad.
Pero eso no es señal, y así lo han demostrado los hechos, de que no se hayan cometido actos ilícitos o irregulares, toda vez que, repito, el Servicio Electoral puede revisar la documentación que se le entrega, pero no puede fiscalizar si se prestaron los servicios de los que dan cuenta las correspondientes facturas o boletas.
Desde ese punto de vista, el proyecto transforma al Servel en un organismo autónomo, que ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios; que velará por el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite, control y aportes del gasto electoral; así como de las disposiciones sobre partidos políticos, y de las demás funciones y atribuciones que le señale una ley orgánica constitucional. Esto constituye un paso importante en el marco de la agenda de probidad y transparencia que la Presidenta anunció y que está impulsando con tanta fuerza.
Considero fundamental dotar al servicio de más personal para que pueda fiscalizar de verdad, como se hace -y no es una mala señal plantearlo así- en las democracias más modernas, en las cuales los procesos de fiscalización de los servicios electorales son de tal magnitud que les permiten estar presente en cada territorio donde hay elecciones. Hacia eso debemos tender.
No olvidemos que en una elección parlamentaria se presentan más de quinientas o seiscientas candidaturas, por lo que es necesario contar con un sistema de fiscalización adecuado.
Por lo tanto, el proyecto, que se enmarca dentro de un paquete de iniciativas legislativas que apuntan a profundizar en materia de probidad y transparencia, es un avance importante para nuestro sistema democrático. En consecuencia, espero que lo aprobemos por una amplia mayoría.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, la actividad política ha sido fuertemente cuestionada durante el último tiempo por hechos ocurridos en distintos sectores o partidos políticos, lo que ha puesto en tela de juicio el actual sistema de financiamiento de la actividad política.
Más allá de esos hechos, comparto la importancia que tiene contar con una institucionalidad que, acompañada de otras medidas que garanticen la total independencia del Servel, nos permita alcanzar mayores grados de transparencia y, al mismo tiempo, dicho organismo pueda ejercer su labor fiscalizadora con mayor autonomía, eficacia e independencia.
La idea matriz del proyecto es otorgar autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel), con el objeto de fortalecer su independencia y otorgarle las competencias que le permitan cumplir efectivamente con la trascendental tarea de organizar las elecciones de las autoridades que ocupan cargos de elección popular, así como los plebiscitos que señalan nuestra Constitución Política y las leyes. Del mismo modo, busca entregarle una mayor capacidad para fiscalizar y controlar el financiamiento de los procesos electorales y a los partidos políticos.
Resulta fundamental que el país disponga de una institucionalidad electoral que funcione con total autonomía de los intereses políticos del gobierno de turno o de los partidos políticos, para que pueda administrar de manera eficiente y transparente todos los procesos electorales que se efectúan en el país y, de esa manera, garantizar la realización de elecciones libres, informadas, justas y competitivas.
Entre otras medidas, considero importante que los partidos políticos ejerzan un rol fiscalizador al interior de sus filas, para que haya un auténtico ejercicio democrático, y que se pueda revisar la militancia de sus integrantes, con el fin de evitar situaciones fraudulentas que no hacen otra cosa que enlodar o manchar la actividad política.
En esa línea, aprovecho esta intervención para invitar al Ejecutivo a que conozca las diversas mociones sobre probidad y transparencia que se están tramitando desde hace algún tiempo en la Cámara de Diputados, de manera que pueda recoger el trabajo y los avances que hemos alcanzado con el trabajo de diversos parlamentarios.
Con todo, concluyo mi intervención señalando que si bien apoyo esta medida, me parece que esta reforma al capítulo IX de nuestra Carta Fundamental es solo un primer paso, quedeberá fortalecerse a través de otras medidas que lo complementen para lograr la mayor transparencia que la ciudadanía nos exige.
En consecuencia, anuncio que votaré a favor la iniciativa.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, el Servicio Electoral es una de las instituciones republicanas más importantes para el andamiaje institucional chileno.
Cuando se afirma que las instituciones funcionan, eso es relativamente cierto para muchas de ellas, algo menos para otras, pero totalmente cierto para el Servicio Electoral.
Aprovecho esta ocasión para rendir homenaje a Juan Ignacio García , exdirector del Servicio Electoral, que trascendió a los severísimos y radicales cambios políticos que vivió Chile a fines de los 80, pues logró sobreponerse a las circunstancias y, en los hechos, dar garantías de autonomía del poder político imperante en ese momento.
No era fácil, pues eran tiempos de dictadura, y como servicio debieron definir y transparentar el categórico triunfo del No sobre el Sí y, posteriormente, la elección democrática de Patricio Aylwin Azócar como Presidente de la República.
La legitimidad y la confianza que se ha ganado el Servicio Electoral requiere que hoy vayamos un paso más allá, en la misma dirección a la que apuntan muchos países: autonomizar de manera formal y completa el proceso electoral de los poderes de turno.
Ahí radica la importancia de esta reforma. Sin embargo, no tendrá significación real si no la acompañamos pronto con una nueva ley orgánica que transforme el Servicio Electoral -lo mencionó el diputado Fidel Espinoza - en un organismo capaz de fiscalizar, regular y controlar los procesos electorales y de proponer sanciones a los tribunales electorales en caso de violación de las normas de financiamiento de campañas o las de partidos políticos.
Esa es una tarea que deberemos acometer inmediatamente después de aprobada esta reforma constitucional que otorga autonomía al Servel en todos los planos, incluido, por supuesto, el financiero, pues es la principal de las autonomías. Como expresa el dicho chillanejo, el que paga las mentas, baila con las niñas.
Es muy relevante la decisión que estamos por tomar en orden a entregar autonomía completa al Servel para que, en representación del Estado de Chile y de la sociedad chilena, no del gobierno de turno, administre los procesos electorales y entregue los resultados de dichos procesos.
Mucho podríamos decir respecto de la necesidad de modernizar esa institución en relación con una cuestión que, a mi juicio, es básica para los tiempos que vienen: la introducción del voto electrónico, de manera que todos los ciudadanos voten donde se encuentren y no donde estén inscritos. Porque una cosa es establecer la voluntariedad del voto, y otra, mantener barreras de distancia, financieras, de locomoción, etcétera.
Debemos permitir que el Estado de Chile haga una promesa y la cumpla: que nadie necesite caminar más de seiscientos metros para ejercer su derecho ciudadano al sufragio. Es una promesa técnicamente cumplible.
Por ello, invito al Servicio Electoral a que pronto desarrolle el trabajo tecnológico que, como Estado de Chile, nos permita concretar dicha promesa.
Vamos a concurrir con entusiasmo a la aprobación del proyecto, teniendo presente que esta voluntad de autonomía la expresó hace mucho Juan Ignacio García . También varios de nosotros, desde hace mucho tiempo -no desde febrero o enero-, hemos planteado la necesidad de otorgar autonomía constitucional al Servel. En hora buena el gobierno escuchó esa demanda.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, el proyecto que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral me parece una buena iniciativa.
El Servel siempre ha sido un ejemplo en Chile. Incluso, a nivel latinoamericano ha sido destacado por la responsabilidad, seriedad y autonomía con que ha operado y porque los gobiernos de turno no interfieren en él. Es una institución que se ha ganado un prestigio internacional.
La autonomía del Servel no es el problema; la dificultad central radica -pese a ello votaré a favor el proyecto- en sus atribuciones. No logro entender cuál fue la razón de fondo -técnica no hubo ninguna- cuando se diseñaron las reformas políticas de 2003 que se expresaron en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para no dotar al Servel, en ese momento, de las atribuciones que se requerían. Me queda bastante claro: no hubo ganas, faltó voluntad.
El Servel actual, en el marco de sus responsabilidades, ha actuado con sobrada seriedad, pero sus atribuciones son muy limitadas. En el fondo, no tiene capacidad alguna de fiscalizar las campañas, es decir, no tiene ninguna posibilidad de ir al fondo de los asuntos que estamos discutiendo hoy a propósito de la transparencia y del financiamiento irregular de las candidaturas. El Servicio Electoral carece de competencia para intervenir en ese ámbito, lo cual no es trivial ni casual.
En la mencionada reforma, llevada a cabo en 2003, no se quiso conceder al Servel el poder para actuar como un organismo fiscalizador; abiertamente no se quiso. Por lo tanto, me parece bien concederle autonomía constitucional, por lo cual votaré a favor el proyecto. Pero ello no es suficiente. El gobierno tiene que enviar una iniciativa que entregue al Servicio Electoral más financiamiento, más capacidad de fiscalizar y más atribuciones que le permitan meterse donde debe hacerlo, esto es “en las patas de los caballos”.
Hay otros países, con democracias mucho más complejas que la nuestra, que cuentan con servicios electorales con capacidad de intervenir y de fiscalizar en lo que realmente se necesita.
Considero muy positiva la iniciativa. No obstante, si queremos que para la próxima elección este proyecto funcione, es necesario que el Ejecutivo envíe rápidamente -el Servel nos dio una fecha- un mensaje que otorgue nuevas atribuciones al Servicio Electoral.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .
El señor SQUELLA.-
Señor Presidente, solicité hacer uso de la palabra para hacerme cargo de algunas de las explicaciones que han pedido diputados que no integran la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, quienes, quizás, esperaban que el proyecto contemplara las modificaciones debatidas en los medios de comunicación o que se han anunciado en las intervenciones de la Presidenta de la República.
Por lo tanto, en primer lugar, hay que hacer una distinción: esta es una reforma constitucional que eleva al Servicio Electoral a rango constitucional. No innova en su composición, salvo en lo relativo a la vía para remover a algún miembro de su consejo directivo. En todo lo demás, simplemente replica lo que establece la ley orgánica de esta institución y le otorga rango constitucional.
La salvedad referida a la remoción obedece a que al otorgar autonomía constitucional al Servicio Electoral se debía dar categoría constitucional al nombramiento de su consejo -idea planteada a través de una indicación de mi bancada-, es decir, a lo menos, había que resguardar en la Constitución su conformación. Por tanto, una vez aprobado aquello, es decir, las causales o vías para remover a los miembros del Consejo del Servicio Electoral, también debía consagrarse esa realidad en la Constitución. Eso fue lo que hicimos.
En dicho contexto, el debate se centró en si hacíamos acusables constitucionalmente a los integrantes del consejo directivo, incluido su director, o si adoptábamos el procedimiento que rige para otros organismos. Por ejemplo, recientemente tratamos en Sala la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya destitución es de prerrogativa de la Corte Suprema a solicitud de la Cámara de Diputados o del Presidente de la República. Otro ejemplo es lo que contempla la ley respecto del fiscal nacional y de los fiscales regionales.
A mi juicio, se siguió la vía descrita por razones evidentes. Todos los parlamentarios aquí presentes llegamos a este hemiciclo porque pasamos por un proceso electoral. En consecuencia, sería contraproducente que, a su vez, contáramos con la facultad de acusar constitucionalmente al Servicio Electoral, el que, una vez que se profundicen las reformas a su ley orgánica, tendrá amplias facultades para fiscalizarnos cuando estemos en campaña. Básicamente, ese fue el criterio que se adoptó, el que considero bastante razonable y que, me atrevería a decir, respondió a una decisión unánime, si bien no lo recuerdo con exactitud.
Por lo tanto, deben disminuir las expectativas. En el proyecto no están consagradas, precisamente, las atribuciones que todo el mundo espera que tenga el Servel, pero imagino que el gobierno prontamente se hará cargo del particular.
Cabe recordar que en el programa de gobierno no estaba contemplado dotar de mayores atribuciones al Servicio Electoral, lo que, al final, implica dotarlo de más recursos para fiscalizar. Por ello, esperamos que el ministro de Hacienda, quien nos ha dicho que ya no hay dinero para impulsar iniciativas que estén fuera del programa del gobierno, haga una salvedad y, por tanto, sí contemos con esos recursos y con esas nuevas atribuciones para el Servel.
Por último, quiero decir que no deja de ser curioso que muchas de las personas que hablan de asambleas constituyentes y de la ilegitimidad de origen de esta Constitución, estén tan entusiasmadas con una reforma a la misma, así como con tantas otras que estamos promoviendo. Y no deja de ser curioso más aún cuando la misma Presidenta ha dicho que en septiembre se iniciará un proceso de reforma constitucional o un proceso constituyente, como se le quiera denominar.
La verdad es que creemos que las reformas constitucionales son el verdadero camino para modificar la Carta Fundamental, en el evento de que quienes representamos a la ciudadanía efectivamente consideremos que lo amerita.
Por ello, me da gusto que se apruebe en forma unánime una reforma constitucional. Cabe recordar a quienes participarán en la votación que esa también es una manera de legitimar la Constitución y lo que establece desde el primer día de su entrada en vigencia, allá por los años 80.
Es bueno decir a la ciudadanía y a quienes están siguiendo el debate que, al parecer, quienes participan del presente proceso de reforma constitucional estarían, de alguna manera, dejando a un lado la lógica de apartar de las facultades del Congreso Nacional al constituyente. Evidentemente, si uno revisa el contenido de la Carta Fundamental, comprueba que esa atribución le pertenece a la Cámara de Diputados y al Senado; es propia del Congreso Nacional. Por tanto, da gusto que en pocos minutos más estemos nuevamente por legitimar la Constitución mediante la reforma a un capítulo importante de ella, cual es el de Justicia Electoral, el que, tras la entrada en vigencia del ahora proyecto, incluirá una mención al Servicio Electoral.
He dicho.
El señor NÚNEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Ejecutivo que considerara el proyecto que presentamos, liderado por Matías Walker , para avanzar en la senda de otorgar autonomía al Servel. ¿Por qué? Porque este proyecto de reforma constitucional prescribe que un organismo autónomo, denominado Servicio Electoral, ejercerá la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite, control y aportes del gasto electoral, de las normas sobre los partidos políticos, y las demás funciones y atribuciones que señale una ley orgánica constitucional. Con esto, damos un paso fundamental en el fortalecimiento y consolidación del sistema democrático.
Es fundamental que la reforma al sistema electoral y el fortalecimiento de la transparencia de la democracia tengan un Servel con mayor capacidad institucional. De lo contrario, quedaría como una mesa con una pata chueca.
En rigor, la autonomía constitucional del Servel implica que continuará siendo un organismo del Estado, pero en su previsión constitucional dejará de estar subordinado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial. Ahí está la riqueza de esta autonomía, la misma que las democracias modernas mantienen como condición fundamental para que sus ciudadanos puedan actuar con confianza y credibilidad al interior de las instituciones políticas. ¡Y esa credibilidad, por Dios que hoy la necesita Chile!
Sin duda, mediante la autonomía constitucional se fortalece el rol de un organismo como parte del control del ejercicio del poder público. El Servel va a ser una especie de instrumento al servicio de los ciudadanos que va a velar por que todo proceso electoral y plebiscitario se efectúe con altos estándares. Y eso es un avance muy significativo.
También, esta reforma es un avance fundamental en materia de transparencia y control de los actos eleccionarios. Ello incidirá directamente en el hecho de que los ciudadanos puedan confiar más en esos procesos.
Como dijo el diputado Vlado Mirosevic , este proyecto constituye un primer paso, pero no es suficiente para que todo el sistema electoral funcione adecuadamente cuando se realice una elección.
La meta asociada a la aprobación del proyecto es robustecer las tareas del Servel con estándares que contribuyan a garantizar los atributos fundamentales de las elecciones democráticas. ¿Cuáles son?
Primero, libertad, para que el proceso electoral se lleve a cabo en un marco de autonomía para todos los ciudadanos.
Segundo, igualdad. Hoy, como lo hemos visto en muchos procesos electorales, el poder del dinero determina o no la posible elegibilidad de un actor. El Servel ahora va a tener que avanzar en esa materia, por lo que habrá que entregarle más tareas y recursos para que garantice esa igualdad.
Tercero, limpieza en el proceso electoral.
Cuarto, equidad.
Por último, quinto, competitividad. Es decir, son cinco los principios fundamentales para que un sistema democrático funcione adecuadamente.
Ahora que hemos terminado con el sistema binominal se abre un nuevo escenario para las elecciones y procesos electorales.
La autonomía del Servel obligará a que el Estado -y el Congreso Nacional tendrá que dar el ejemplo en esa materia cuando se presenten los proyectos respectivos y haya que aprobarlos- nos entregue las condiciones máximas de satisfacción en una democracia que se consolida, que mira sin temor a los ciudadanos, y a que el Servel tenga la autonomía suficiente para actuar y no quedar subordinado a ningún poder del Estado.
Este proyecto, que surge como una de las propuestas de la Comisión Engel, habla muy bien del Congreso y de nuestra bancada, que lideró la presentación de la iniciativa antes de que fueran presentadas las conclusiones de la mencionada comisión. El proyecto tiene un sentido político por el bien de la democracia, la consolidación de esta, el fortalecimiento del rol de los ciudadanos, el control de los procesos electorales y para contar con un Servel autónomo.
Presentamos el proyecto a principios de enero, cuando, quizás, se consideraba poco relevante. ¡Qué bueno que la Presidenta de la República ratificara esa prioridad e ingresara el proyecto a tramitación. Así, se complementaron la moción presentada por nuestra bancada y el mensaje de la Primera Mandataria.
La autonomía del Servel va a dar una señal clara de que la democracia quiere ser fortalecida. Con la autonomía del Servel vamos a dar un paso fundamental para resguardar los cinco principios fundamentales que deben estar presentes en toda elección democrática: libertad, igualdad, limpieza en el proceso electoral, equidad y competitividad. Con este proyecto de ley los estamos ratificando.
Anuncio, entonces, que la bancada de la Democracia Cristiana dará su aprobación al proyecto en debate.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, cuando se discuten los proyectos de ley se generan expectativas. Al respecto, no hay ninguna novedad. Hay expectativas, porque se trata de un proyecto que, como lo han señalado mis colegas, viene a fortalecer y a entregar autonomía a un servicio que cada vez es más importante para la maduración de nuestra democracia.
Chile ya cuenta con la ley que permite votar en el extranjero, situación que constituye un desafío para el Servel. En el futuro, se va a implementar el voto electrónico, que es un desafío adicional para ese servicio. Es probable que terminemos votando por correo, como sucede en otros países. Se trataría de un desafío más para el Servel.
El Servel, como bien lo han señalado mis colegas, pese a todas sus falencias, tiene un prestigio en el concierto internacional.
No quiero aparecer diciendo que la coyuntura política nos ha hecho apurar la tramitación del proyecto. Aquí hay coyuntura y estrategia, y la primera no habla bien de cómo se ha manejado el tema electoral en nuestro país. De hecho, todos coincidimos en esta Corporación en que el señor dinero es quien finalmente instala a muchos parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados. En verdad, muchos parlamentarios compraron su diputación, no la ganaron. Porque, ¿quién no ha ganado una diputación con 500 millones de pesos?
Entonces, enhorabuena se fortalece el Servel y se le entrega la autonomía que se merece para enfrentar los desafíos mencionados. Los proyectos de ley o de reforma constitucional siempre se perfeccionan o mejoran.
El diputado Patricio Vallespín tiene razón en el sentido de que estamos dando pasos en pro de lograr una institucionalidad que resguarde de buena forma las próximas elecciones municipales. Espero que entonces contemos con una institución autónoma que no dependa de ningún poder del Estado. En tal sentido, hay expectativas.
Valoro la importancia del proyecto en estudio. Lo vamos a respaldar como lo ha dicho la totalidad de las diputadas y los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Estamos frente a un proyecto que cuenta con un gran respaldo político, más allá de la coyuntura política por la que atravesamos.
Por lo tanto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, y estoy seguro de que será aprobado y por unanimidad.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .
El señor TRISOTTI.-
Señor Presidente, qué duda cabe de la necesidad de reformar la Constitución Política. Quizás a muchos no les gusta, pero ello hoy nos da la posibilidad de aprobar este proyecto de reforma constitucional ojalá por unanimidad.
Hoy entregaremos al Servel el mayor rango permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Con ello se hace un reconocimiento al trabajo previo realizado sobre esta materia durante los últimos años.
Nos hacemos cargo de la difícil realidad que estamos enfrentando. Ello genera un aliciente para que ese servicio enfrente los inmensos desafíos futuros que se le impondrán durante los distintos procesos electorales.
El proyecto establece que el Servel se encargará de la administración, de la supervigilancia y de la fiscalización de los procesos eleccionarios; también que velará por el cumplimiento de una serie de normas sobre transparencia, límite, control y aportes del gasto electoral.
Esta reforma ha confiado la dirección superior del Servicio a un consejo directivo, que estará conformado por cinco integrantes designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. En relación con este tema, hemos presentado una indicación que busca que uno de sus integrantes actúe como su presidente.
No hay que olvidar la importante misión que tendrá el Servicio Electoral. Ese organismo no puede depender de mayorías circunstanciales que, por la vía de algún tipo de reforma legal, pudieran desnaturalizar las funciones de ese órgano colegiado. Por eso, contará con este dominio constitucional que no puede ser alterado por el legislador en funciones tan trascendentales como la administración, la supervigilancia y las fiscalizaciones de los procesos electorales y plebiscitarios, y velar por el cumplimiento de las normas de transparencia, límite, control y aportes del gasto electoral, y por la correcta ejecución de las reglas a que están sometidos los partidos políticos.
Además, se propone un orden normativo en tres grandes pisos: en el constitucional, con las facultades que ya hemos señalado; en el vinculado con la ley orgánica constitucional, que se pretende discutir prontamente, que definirá las funciones del Servicio Electoral. El tercer piso se relaciona con la ley que va a regular su planta, las remuneraciones y el estatuto del personal, tan necesario para el desarrollo de sus funciones. Eso aclara por qué en este proyecto no se establece, en detalle, el conjunto de normas que se establecerán o se impondrán para la fiscalización del límite, control y aportes de los gastos electorales.
Se trata de una reforma muy necesaria, muy apropiada, sobre la cual -repito- queda pendiente tramitar la ley orgánica constitucional que establecerá en detalle cada una de las funciones del Servel.
Por esta razón, no solamente aprobamos la iniciativa en la comisión, sino que también la sancionaremos favorablemente en esta ocasión, de modo que ese importante organismo al servicio de la democracia obtenga autonomía constitucional.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional, mediante el cual se dota de autonomía al Servicio Electoral, constituye un paso de enorme importancia en el marco de la política de transparencia y fortalecimiento de nuestra democracia impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
La actual agenda legislativa, tanto en esta Corporación como en el Senado, se encuentra copada por una serie de proyectos de ley que, en pocas palabras, buscan garantizar a todos los ciudadanos que la política y los negocios constituyan para siempre ámbitos completamente separados, y que las campañas electorales se realicen de acuerdo con la ley.
Sin embargo, no bastan las nuevas regulaciones, por muy exigentes y severas que sean, sin que exista algún órgano que esté dotado de los medios efectivos para hacer cumplir estas nuevas regulaciones. Sin una verdadera policía que haga cumplir la ley, toda ley y también nuestro modelo electoral serían solo letra muerta, como sucede actualmente.
De esta manera, este proyecto y los demás que darán forma al nuevo Servicio Electoral, buscan poner fin a la situación de verdadera ley de la selva que actualmente existe en materia de campañas electorales, motivada por un modelo de Servel que no contaba con los instrumentos, la dotación de funcionarios ni la capacidad de sancionar las masivas conductas de aquellos que infringían, de todas las formas posibles, las normas sobre financiamiento y propaganda electoral. Por eso, se hace necesaria una nueva arquitectura jurídico-constitucional para el nuevo Servicio Electoral. Hoy, se parte elevando a rango constitucional su autonomía.
Nuestra legislación vigente sobre la materia delega y encomienda a la ley regular la existencia del Servel, así como la determinación de sus funciones, atribuciones y potestades. Si bien esas normas son de quórum elevado -tienen carácter orgánico constitucional-, creemos que es fundamental, para un correcto funcionamiento de nuestra democracia, en todos sus ámbitos, separar definitivamente el Servicio Electoral del poder político-administrativo de turno, mediante la consagración, a nivel constitucional, de la autonomía e independencia de dicho servicio.
Cumplimos y recogemos de esta forma una de las recomendaciones de la denominada Comisión Engel y, por lo tanto, proponemos que el Servicio Electoral sea reconocido con autonomía constitucional, con el fin de fortalecer su independencia y capacidades institucionales para realizar su rol administrativo de organizar elecciones, así como fiscalizar el funcionamiento y financiamiento de procesos electorales y partidos políticos.
Señor Presidente, estoy seguro de que un nuevo Servicio Electoral, fortalecido en su independencia y con las capacidades institucionales que se entregarán, constituye una efectiva garantía a la demanda ciudadana de que las futuras elecciones, candidaturas y funcionamiento de los partidos políticos, se realicen buscando satisfacer, solo y exclusivamente, las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía y no de los financistas de las campañas, y que el que se aparte de la ley, sea severamente sancionado incluso con la pérdida del cargo al que postula.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez .
El señor CHÁVEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo valorar y, por supuesto, agradecer el liderazgo exhibido por nuestra bancada en relación con esta iniciativa, en particular por el diputado señor Matías Walker , quien nos invitó a suscribirla en enero pasado, probablemente sin adivinar todo lo que sucedería posteriormente, lo que dio pie para que el gobierno también remitiera un proyecto de ley en la misma línea.
En primer término, quiero señalar que el Servicio Electoral tiene un prestigio bien ganado, como aquí ya se ha señalado. Me parece que, más allá de elevar su estatus constitucional, lo que ya es algo muy relevante, el hecho de dotarlo de autonomía va a contribuir a mejorar nuestra democracia.
En su discurso del 21 de Mayo pasado, la Presidenta de la República anunció que había enviado al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional para dar autonomía al Servel. Con esa medida, el organismo pasaría a ser independiente del Poder Ejecutivo.
Resultaba fundamental acompañar la reforma al sistema electoral y el fortalecimiento y transparencia de la democracia con un Servel con autonomía constitucional, mayor capacidad institucional y mejor control en el ejercicio del poder público.
Me parece tremendamente relevante devolver la confianza a los ciudadanos en el marco de los procesos electorales. Si bien el Servicio Electoral ha cumplido un rol muy destacado en la organización de estos, sin duda que todo lo vinculado con el control del gasto electoral era una materia pendiente.
Repito, con esta reforma no solamente vamos a elevar el estatus jurídico del Servicio Electoral y darle autonomía, sino también vamos a dotarlo de herramientas que permitan devolver la confianza a los ciudadanos en relación con los procesos electorales que se lleven adelante. La idea es tener una cancha pareja, con reglas del juego claras para todos quienes quieran acceder a cargos de elección popular.
Por lo tanto -creo que es lo central-, debemos velar por que, en definitiva, el poder del dinero no interfiera en la voluntad popular.
Con este proyecto de reforma constitucional y, por supuesto, con la ley orgánica que va a regular todo lo concerniente a funciones, atribuciones y plantas de funcionarios del Servel, estamos apuntando en un sentido correcto en cuanto a tener una mejor democracia, con un organismo de control que pueda dar garantías a todos los sectores de que en esta materia habrá igualdad de condiciones.
Por supuesto, vamos a apoyar con mucha decisión el proyecto de ley.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel).
¡Qué tiempos aquellos en los que se entregaba un zapato a cambio de un voto, y si salía electo el candidato del patrón, se entregaba el otro zapato! O se entregaba un kilo de hierbas, o se daba la mitad de un billete, y la otra mitad se entregaba si ganaba el candidato del patrón.
Con el tiempo hemos ido cambiando, hemos ido mejorando y hemos ido adoptando distintas medidas para transparentar los procesos electorales en Chile, pero no con la suficiencia que todavía se requiere. Actualmente, la política chilena está atravesando una de las crisis de credibilidad más grandes de las que se haya tenido conocimiento.
Este proyecto de reforma constitucional, de origen en moción de los diputados señores Walker y Chávez , entre otros, hizo eco en el gobierno, el que envió un mensaje sobre la misma materia, por lo que ambas iniciativas fueron refundidas. Ambas buscan otorgar autonomía constitucional al Servel, la misma que tienen el Banco Central o la Contraloría General de la República. La idea central es que el Servel mantenga independencia de los poderes del Estado. De esa forma, se transparentarán mejor los procesos electorales, se fiscalizarán de mejor manera los aportes que se entreguen a los candidatos o a los partidos -hoy no se cuenta con los recursos para ello-, y se conseguirá un proceso electoral más creíble y más acorde con los tiempos que corren.
La ciudadanía puede estar satisfecha, tal como lo estamos nosotros, por el hecho de que se están impulsando futuras leyes de probidad y de transparencia que permitirán a la gente confiar más en las instituciones, luchar contra la falta de educación cívica o, en resumidas cuentas, contra la falta de deseo de estudiar tanto la historia cívica de nuestro país como la importancia de sus instituciones.
Si tenemos procesos electorales más limpios; si ya terminamos con el binominal, que consistía en un sorteo de los candidatos que iban a ser elegidos; si hemos buscado un sistema proporcional más representativo; si estamos reformando la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, para que estos estén al servicio de la ciudadanía y no en función de algunos militantes o de algunas cúpulas; si hemos hecho todo ese trabajo, no podemos dejar a un lado lo más importante, cual es contar con una institución autónoma que regule los limites del gasto electoral y los procesos publicitarios en época de elecciones, entre otros aspectos.
En estos tiempos difíciles, en que las mareas están amenazando la estabilidad institucional de la patria, la bancada del Partido Radical, al igual que el resto de las bancadas, no puede menos que suscribir con su voto este proyecto, que va a entregar mayores atribuciones y funciones y más armas legales para combatir el fraude o la falta de transparencia.
Así es que, con gusto, aprobaremos esta reforma constitucional. Esperamos que la Sala entera acompañe este proyecto tan necesario para nuestro país.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de reforma constitucional en los siguientes términos:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Corresponde votar en general el artículo único del proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción y mensaje refundidos, que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 70 señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio ; Álvarez Vera Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Berger Fett Bernardo ; Boric Font Gabriel ; Browne Urrejola Pedro ; Campos Jara Cristián ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Chávez Velásquez Marcelo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Edwards Silva José Manuel ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Gahona Salazar Sergio ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; Godoy Ibáñez Joaquín ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hasbún Selume Gustavo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Kast Sommerhoff Felipe ; Kort Garriga Issa ; Lavín León Joaquín ; Lemus Aracena Luis ; León Ramírez Roberto ; Letelier Norambuena Felipe ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Sandoval Plaza David ; Santana Tirachini Alejandro ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Silva Méndez Ernesto ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Torres Jeldes Víctor ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Sabat Fernández Marcela ; Schilling Rodríguez Marcelo .
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
¿Habría unanimidad para votar una indicación presentada por los diputados señores Jorge Ulloa , Marisol Turres , Osvaldo Urrutia , Renzo Trisotti , Marco Antonio Núñez y Matías Walker , para sustituir, en el inciso segundo del artículo 97 bis, nuevo, incorporado por el número 3) del artículo único, el texto “La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá a un Consejo Directivo que estará integrado por”, por “La dirección superior del Servicio Electoral corresponderá al director, quién será nombrado por un consejo directivo que estará integrado por”?
No hay unanimidad.
En consecuencia, el proyecto queda aprobado también en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Despachado el proyecto.
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/10055-07