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- rdf:value = " FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9790-07)El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.
De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, se limitará el tiempo de intervención de los señores diputados a cinco minutos y el plazo para renovar indicaciones y solicitar votaciones separadas vence a las 11.00 horas del miércoles 15 de julio.
Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Leonardo Soto y Manuel Monsalve, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 107ª de la legislatura 362ª, en 16 de diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 43ª de la presente legislatura, en 10 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 45ª de la presente legislatura, en 8 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor SOTO (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de ley sobre el fortalecimiento y transparencia de la democracia, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República.
La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es establecer condiciones institucionales que permitan mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular, garantizar la autonomía de los representantes democráticamente elegidos mediante la regulación de la relación entre dinero y política, y la transparencia del financiamiento de la política.
Señala el mensaje que la iniciativa se enmarca en una serie de reformas impulsadas con el fin de fortalecer nuestro sistema democrático, tales como la creación de un nuevo sistema electoral, el aseguramiento del derecho a sufragio de los ciudadanos desde el extranjero, entre otras iniciativas en tramitación y estudio.
Agrega que, en este contexto, la regulación efectiva de las campañas electorales, su control por un órgano con atribuciones suficientes y el financiamiento de los partidos políticos, se vuelve una discusión indispensable.
Los fundamentos que inspiran la iniciativa son los siguientes:
1. Necesidad de mejor calidad de la política.
Uno de los elementos fundantes de la democracia representativa es la necesidad de que quienes resulten elegidos canalicen los intereses generales de la sociedad, legislando y regulando la vida en común.
Los ciudadanos exigen a sus representantes que las decisiones políticas y legislativas se sometan a estándares más altos de transparencia y que estén sujetas a mecanismos de control. En atención a esta demanda, resulta necesario crear una institucionalidad que garantice la continuidad de elecciones periódicas realmente competitivas, informadas y ajenas a intereses particulares o corporativos.
Al regular la vinculación entre dinero y política, se generan condiciones institucionales para mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, lo que, en último término, fortalece la gobernabilidad democrática y el sistema político. Lo que se busca con ello es:
a) Equidad en la competencia política
La iniciativa en comento busca generar condiciones que permitan un acceso más equitativo a los cargos de elección popular para los candidatos y los partidos políticos, fortaleciendo el pluralismo político.
Asimismo, pretende institucionalizar formas de financiamiento que garanticen lo anterior, especialmente potenciando el rol del ciudadano y de las mayorías como la fuente de ingresos para las campañas políticas, proscribiendo que agentes económicos específicos o grupos de interés desequilibren el sistema con aportes extraordinarios.
b) Mayor transparencia.
La transparencia en la política desincentiva la corrupción y permite el control ciudadano. Esto es clave para asegurar que los intereses particulares no se antepongan a los intereses generales.
Por ello, eliminar los aportes anónimos y los aportes reservados a las campañas es uno de los pilares del proyecto de ley.
c) Prevención y control de conflictos de intereses.
Junto con la transparencia de la actividad política, se quiere prevenir, conocer y sancionar eventuales conflictos de intereses. Para ello es necesario que entidades que defienden intereses privados puramente comerciales o corporativos no intervengan en la política. Además, se requiere de un sistema efectivo de control de tales reglas.
En los últimos años, a nivel local e internacional, se ha evidenciado una desafección hacia los partidos políticos. Uno de los motivos vinculados a esta situación guarda relación con una percepción de intromisión del dinero en la política, lo que incide en la percepción de la ciudadanía de poca transparencia del sistema político y en la captura de este por los intereses privados. Por estos motivos, el tema del financiamiento de la política es uno de los elementos centrales del debate en la agenda pública de varios países y regiones del mundo.
2. Relevar el rol de los partidos en la búsqueda del bien común.
Chile, a diferencia de la mayoría de los países democráticos, no cuenta con un sistema permanente de financiamiento de la actividad política más allá de las campañas electorales, lo que impide a los partidos políticos un mayor grado de institucionalización, de generación de nuevos liderazgos y de proyectos programáticos de largo plazo.
Reducir el impacto y rol de los partidos fue una de las prioridades de la dictadura militar, en la que se establecieron mecanismos para comprimir al máximo la participación y la democracia.
Hoy no se justifica mantener el régimen heredado de aquella época. Por el contrario, resulta imperativo fortalecer el rol de los partidos como paso obligatorio para una democracia de calidad, lo que pasa por reconocer la necesidad de un aporte público permanente a los partidos políticos.
3. Fortalecer el rol del Estado en el fomento de la democracia.
En razón de los principios de transparencia e igualdad política que rigen nuestro sistema democrático, se vuelve necesario dotar a los partidos políticos de un sistema de financiamiento público. Consideramos que esto es fundamental para asegurar una participación equitativa y una realización efectiva de los derechos de participación política.
Lo anterior cobra absoluta relevancia cuando, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Servicio Electoral en 2011, el 43 por ciento de los ingresos de los partidos corresponde a cotizaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, mientras que el 57 por ciento restante se distribuye en intereses e inversiones financieras, campañas de finanzas, aportes reservados y otros ingresos.
En un sistema democrático sólido, la labor esencial de los partidos políticos no puede quedar al alero de ser capturada por los aportes de algunos particulares. La dependencia de fuentes de financiamiento debilita a los partidos políticos y va en directo perjuicio de su labor de canalización de los intereses de los distintos sectores de la población.
En definitiva, el propósito central del proyecto apunta a lograr que el sistema democrático pueda controlar efectivamente la influencia del dinero sobre la actividad política, garantizando la competencia electoral y promoviendo la equidad en el acceso a los cargos de elección popular.
En cuanto al contenido específico del proyecto en informe, cabe señalar que modifica diversos cuerpos legales, introduciendo los siguientes cambios:
a) Mayor equidad en la política y en las campañas.
La iniciativa propone una serie de modificaciones a la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, a fin de introducir reglas que fortalezcan el rol del Estado en el fomento de la democracia y la limitación del rol del dinero de privados en la política. Ellas son:
i) Aporte público para la democracia.
Se establecen dos clases de aportes públicos para el fortalecimiento de la democracia.
Por un lado, se crea un aporte trimestral para los partidos políticos que cumplan con las normas legales vigentes y que cuenten con representación en alguna de las cámaras del Congreso Nacional, destinado a que estos puedan contar con recursos para el desarrollo de actividades de investigación, de fomento a la participación de jóvenes y mujeres, y de formación cívica.
Por otro lado, se establece un incremento significativo en el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales, reduciendo el impacto y la dependencia de los aportes privados para las campañas electorales.
ii) Se rebaja el límite de gasto electoral.
El proyecto limita el rol del dinero en la democracia, al rebajar drásticamente el monto que los candidatos y partidos pueden gastar en una campaña.
b) Normas para mayor transparencia y control de conflictos de intereses.
Un segundo grupo de modificaciones dice relación con la publicidad de los aportes, los que se efectuarán a través del Servicio Electoral.
En este sentido, se eliminan los aportes anónimos y reservados, junto con las siguientes materias:
i) Prohibición de aportes de personas jurídicas.
Se elimina la posibilidad de que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes a campañas políticas. Como consecuencia de esta prohibición, se propone derogar el Título II de la ley N° 19.885, que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos, en la cual se consagra el beneficio tributario asociado a tales donaciones.
ii) Se regula el aporte de personas naturales.
Se rebaja el límite de dinero que una persona natural puede donar a un candidato o partido durante una campaña. Los aportes personales que los mismos candidatos efectúen en sus propias campañas se regirán por las reglas generales que establece esta ley en proyecto, y no podrán exceder del 10 por ciento del total de gasto permitido de la respectiva candidatura.
iii) Se establecen normas sobre transparencia.
En la relación entre el dinero y la política se establece que todos los aportes a candidatos o sus partidos durante campañas electorales deberán efectuarse a través de un sitio electrónico que el Servicio Electoral habilitará especialmente al efecto, el que asegurará que todos los aportes serán públicos y fácilmente consultables por la ciudadanía.
Por otro lado, los aportes públicos permanentes a los partidos políticos, deberán rendirse de forma pública y transparente. De igual forma, serán públicos los aportes que las personas puedan efectuar a los partidos políticos fuera del periodo de campaña electoral.
c) Campañas electorales con equidad y respeto a la ciudadanía.
Se introducen modificaciones que apuntan a la equidad y al control del gasto en las campañas electorales.
i) Se establece que los medios de prensa y radioemisoras deberán informar sus tarifas al Servel.
ii) Se potencia el rol informativo y de espacio de debate público de las radios.
iii) Se restringe la propaganda electoral en espacios públicos.
d) Fortalecimiento del Servicio Electoral y normas de fiscalización.
Se sabe que las reglas eficaces requieren contar con un sistema adecuado de control y supervisión de su cumplimiento.
Por lo mismo, el proyecto modifica la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, dotándolo de potestades que le permitirán velar adecuadamente por la eficacia de la ley.
Respecto de las facultades de supervisión que se entregan al Servicio Electoral, contará con las herramientas necesarias para controlar de manera eficaz el cumplimiento de la presente ley en proyecto.
Es posible destacar entre sus facultades la de supervisar la rendición de cuentas, la de realizar y ordenar auditorías a los estados anuales de cuenta pública, la de ingresar a los recintos en que funcionen partidos políticos o tengan sede las candidaturas, así como la de acceder a los libros de cuentas y documentos que permitan fiscalizar el estado financiero de los sujetos bajo su supervisión.
En su sesión 77ª, de 10 de marzo de 2015, vuestra comisión aprobó por mayoría la idea de legislar del proyecto en informe.
Durante la discusión particular, se le introdujeron diversas modificaciones que tuvieron como propósito dar mayor énfasis a los fundamentos y objetivos enunciados en el mensaje, en el sentido de fortalecer nuestra democracia.
Finalmente, cabe señalar que una vez despachado el proyecto por esta comisión, los Comités Parlamentarios acordaron remitirlo nuevamente a ella para que evacúe un informe complementario que precise con mayor detalle lo relativo al aporte de las personas jurídicas a los partidos políticos, aporte que la comisión siempre tuvo en miras restringir, como una manera de ser fiel a los lineamientos esbozados en el mensaje respecto de la relación entre la política y el dinero.
Durante la nueva discusión, la comisión aprobó una indicación de origen parlamentario que precisa sin lugar a dudas que habrá prohibición absoluta para que las personas jurídicas puedan realizar aportes de cualquier naturaleza a los partidos políticos.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete, quien va a rendir el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor POBLETE (de pie).-
Señor Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, paso a informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, respecto del proyecto de ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, calificado con urgencia de “suma”.
Tal como señaló el diputado Leonardo Soto, quien me precedió en el uso de la palabra, la iniciativa tiene por finalidad establecer condiciones institucionales que permitan mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular, garantizar la autonomía de los representantes democráticamente elegidos, para lo cual regula la relación entre el dinero y la política, y transparentar el financiamiento de la política.
La comisión técnica consideró que son de competencia de la Comisión de Hacienda las disposiciones contenidas en la letra a) del número 5) del artículo 2o, el número 6) del mismo artículo, el inciso cuarto del número 2) del artículo 3° y los artículos 4o y 7o del proyecto.
Por su parte, la Comisión de Hacienda estimó que por tener incidencia en materias de naturaleza presupuestaria y financiera del Estado, también son de su competencia el resto de las disposiciones del número 2) del artículo 3° y las del número 3) del artículo 5o, en lo que se refiere a los incisos primero y segundo del artículo 71 B.
En cuanto al contenido de dichas normas, el artículo 2o introduce modificaciones a la Ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
En concreto, por la letra a) del número 5) de artículo 2° se modifica el artículo 14 de dicha ley para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimos de unidad de fomento.”, por “multiplicado por el equivalente en pesos a veinte milésimos de unidad de fomento.”, factor que se deberá multiplicar por el número de votos recibidos en la última elección por el partido respectivo para calcular el financiamiento electoral que recibirá la colectividad de parte del Estado.
Por el número 6) del artículo 2° se modifica el inciso segundo del artículo 15 de la misma ley, a fin de establecer que el reembolso de los gastos electorales será el resultado de multiplicar cuatro centésimos de unidad de fomento por cada voto recibido, y no tres centésimos, como ocurre en la actualidad. Asimismo, se elimina la referencia al reembolso de los gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes. Finalmente, sustituye la frase “facturas o boletas pendientes de pago” por “facturas, boletas u otros documentos que respalden los gastos”, como medio para acreditar o respaldar los gastos.
El artículo 4o deroga el Título II de la Ley N° 19.885, que Incentiva y Norma el Buen Uso de Donaciones que dan origen a Beneficios Tributarios y los extiende a Otros Fines Sociales y Públicos.
El número 3) del artículo 5° fue agregado por la Comisión de Hacienda para introducir un párrafo 4°, nuevo, sobre procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se establecen multas para sancionar las infracciones que contempla el nuevo artículo 71 B que se incorpora a la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
El artículo 7o dispone: “Los gastos que irrogue la presente ley en su primer año de aplicación se financiarán con los recursos consultados en la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, en lo que faltare, se podrá suplementar con recursos provenientes de la Partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes, será financiado en la respectiva Ley de Presupuestos.”.
Incidencia en materia presupuestaria y financiera.
El informe financiero sustitutivo N° 77, de 10 de junio de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, señala que el proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia contiene los siguientes elementos que producen impacto presupuestario:
a) Se incrementa el aporte inicial a las campañas electorales de 0,010 unidades de fomento por voto a 0,020 unidades de fomento.
b) Se entrega un aporte permanente a los partidos políticos, contemplando 0,04 unidades de fomento por voto válidamente emitido a favor de candidatos inscritos en algún partido político y de candidatos independientes asociados a algún partido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° bis de la ley N° 18.700.
c) Se incrementa el reembolso para los candidatos asociado a devolución de gastos electorales de 0,03 unidades de fomento a 0,04 unidades de fomento, por el número de sufragios obtenidos en la respectiva elección. Esta modificación afecta además al reembolso de gastos de los partidos políticos en elecciones presidenciales.
d) Por otra parte, se establece que todos los aportes efectuados a candidatos o a sus partidos durante campañas electorales deberán efectuarse a través del sitio web del Servicio Electoral o habilitando un sitio electrónico para estos fines; como asimismo, materializar las respectivas transferencias a cuentas corrientes informadas por los candidatos o partidos políticos.
Efecto del proyecto sobre el gasto fiscal.
El impacto presupuestario estimado del proyecto de ley para el período 2015-2021 utiliza supuestos de votaciones basados en las elecciones pertinentes de años anteriores.
De acuerdo con eso, el gasto sería el siguiente: año 2015, 720.000.000 de pesos; año 2016, 10.191.828.000 pesos; año 2017, 14.287.467.000 pesos; año 2018, 6.120.839.000 pesos; año 2019, 6.120.839.000 pesos; año 2020, 10.191.828.000 pesos, y año 2021, 15.265.501.000 pesos.
En su primer año presupuestario de aplicación, ese gasto se financiará con los recursos consultados en la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que faltare, se podrá suplir con recursos provenientes de la partida 50 Tesoro Público. Para los años siguientes será financiado por la respectiva Ley de Presupuestos.
El informe financiero N° 99, de 7 de julio de 2015, de la Dirección de Presupuestos, que se acompañó a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo con esa fecha, que fueron acogidas por la comisión, y que complementa el informe financiero anterior, señala que dichas indicaciones introducen modificaciones que, en lo principal, primero, establecen un rango al fondo de aportes permanentes a los partidos políticos a base del tamaño del padrón electoral; segundo, modifican parte de la distribución interna de ese fondo, de manera que refleje el número de regiones en las cuales se encuentre constituido cada partido, premiando a los constituidos en la totalidad de las regiones del país, y tercero, modifican el articulado transitorio en lo referido a la actualización del registro general, estableciendo la exigencia de reinscripción de un número de afiliados equivalente al establecido por la ley para constituirse como partido en cada región para que el partido respectivo pueda mantenerse como beneficiario del total del aporte público.
El informe financiero agrega que esas modificaciones al proyecto de ley no implican un mayor gasto fiscal.
Cabe destacar que las indicaciones que el Ejecutivo presentó ante la Comisión de Hacienda y que fueron aprobadas por esta, acogieron planteamientos que nacieron en el seno de la misma comisión e incidieron en el perfeccionamiento de la iniciativa.
Respecto de la primera indicación, tal como explicó el señor ministro de Hacienda ante la comisión, originalmente el proyecto no contenía un tope para el fondo a distribuir entre los partidos, pero gracias a la indicación ahora no solo tendrá piso, sino también tope, lo que hace más predecibles las sumas con que contarán los partidos. Con ello, además, se conserva, al mismo tiempo, el incentivo a la participación.
Sobre la segunda indicación, explicó que mantiene el espíritu, pero simplifica la redacción de la norma sobre distribución de los fondos entre los partidos políticos. Agregó que el aporte se determinará en forma lineal y que se entregará un punto más al partido inscrito en todas las regiones del país, con lo que se conserva el incentivo a la participación.
En cuanto a la tercera indicación, manifestó que se recogió lo planteado por el diputado señor Lorenzini sobre el gasto asociado al proyecto durante el primer año presupuestario.
Finalmente, respecto de la cuarta indicación indicó que aumenta el reembolso por los gastos de campaña electoral de tres a cuatro centésimos de unidad de fomento por voto obtenido.
En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión aprobó las normas de su competencia con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes presentes y recomienda a la Sala hacer lo propio.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, lamento la decisión de los Comités de disminuir el tiempo de intervención de cada diputado a cinco minutos, pues claramente vulnera el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Estamos frente a un proyecto con el que se ha tratado de generar, en la Cámara de Diputados y en la ciudadanía, la sensación de que estamos resolviendo un tema asociado al fortalecimiento y a la transparencia de la democracia. Sin embargo, la realidad es que solo estamos legislando a base de una iniciativa que asigna recursos financieros del Estado a candidatos y a partidos políticos, lo cual es razonable -está bien-, pero no da cuenta de la profundidad de la crisis política que vive nuestro país. Insisto, no es un proyecto para el fortalecimiento y la transparencia de la democracia, sino que es una iniciativa que asigna recursos a candidatos y a partidos, y así debemos entenderlo. Se trata de una parte de una secuencia, de un conjunto de proyectos que debiese presentarse y que buscan alcanzar un objetivo final.
Con la iniciativa no se fortalece la democracia, porque no se está legislando para fortalecer las funciones y las facultades fiscalizadoras del Servicio Electoral. Ello se produciría, eventualmente, a partir de un compromiso contraído por el Ejecutivo -está consignado en el mensaje- en términos de enviar el proyecto de ley respectivo.
Tampoco la iniciativa hace referencia a lo que ocurre con las precampañas, lo cual sigue siendo un tema tabú que ha generado muchos dolores de cabeza en todos los sectores políticos del país.
En Chile se vive la más baja evaluación histórica institucional del Parlamento, del gobierno, de las iglesias -en particular, de la Iglesia católica- y de los tribunales de justicia.
Es cierto que en el futuro debemos legislar para separar la política de los negocios y del dinero. También es verdad que estamos en la más profunda de las crisis, la cual no nos permite siquiera asomar la nariz para iniciar un proceso que permita revertir la situación por la que atravesamos. Reitero, es necesario resolver estos problemas en el futuro.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la que formo parte, junto con el diputado Hugo Gutiérrez presentamos una indicación -quiero poner especial énfasis sobre el particular- que permite, a través del mecanismo de la transparencia pasiva, que cualquier ciudadano tenga acceso a información sobre aportes reservados de procesos electorales anteriores. Obviamente, la propuesta solo obtuvo el voto favorable del diputado Hugo Gutiérrez y de quien habla.
No obstante, vamos a renovar la indicación antes de que expire el plazo fijado -las 11.00 horas de mañana-, con la firma de treinta diputados. De esta manera, se pretende no solo abordar la relación de la política con el dinero hacia el futuro, sino, además, en consideración a lo que ha ocurrido y que se está investigando, que todos estemos disponibles para que cualquier ciudadano, mediante el mecanismo de transparencia pasiva, acceda a la información relacionada con los aportes reservados.
Quien habla ha recibido aportes reservados y me encantaría conocer sus orígenes. Considero que le haría bien a nuestras instituciones, a los partidos, a los candidatos, a nuestra democracia, tener la valentía de abrir esa información a los ciudadanos, de modo que, de una vez y para siempre, se sepa la manera en que se financiaron las candidaturas y los partidos, a lo menos desde que fue dictada la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.
Por último, quiero formular una pregunta.
Todo lo que se ha conocido, a partir de las informaciones de prensa, desde el Ministerio Público, desde el Servicio de Impuestos Internos y desde los tribunales de justicia, ha estado relacionado con la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas para el financiamiento de partidos y de candidaturas.
Por lo tanto, quiero instalar la siguiente pregunta, que puede incomodar, pero que hay que formularla: ¿Qué garantía tenemos y pueden tener los chilenos de que los recursos que fueron entregados a partir de financiamiento ilegal tuvieron un origen lícito o provinieron verdaderamente de las empresas a las cuales se les facturó?
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Informo a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités, la sesión se suspenderá por un tiempo de quince minutos a partir de las 12.00 horas, con el objeto de concurrir a la ceremonia de adhesión y firma de compromiso de la campaña impulsada por ONU Mujeres denominada “HeForShe”.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto va en la línea correcta de prestigiar la política y a quienes participamos en ella.
Está claro que no queremos que exista oscuridad en relación con los aportes en las distintas campañas. Es muy positivo que las empresas nunca más contribuyan en ellas, pues, como sabemos, ello produce dependencia entre candidatos elegidos y empresas. Además, estos son más susceptibles de ser influidos durante la tramitación de las iniciativas o en las actividades que realicen en los distintos puestos de representación.
Asimismo, me parece interesante que en el proyecto se establezca claramente qué se entiende por propaganda electoral y qué no puede ser considerada como tal.
También es positivo que las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos, o ceremonias de carácter público durante los treinta días anteriores a cualquier elección, deban cursar invitación a tales eventos a todos los candidatos de la respectiva región, o bien abstenerse de invitar a la totalidad de ellos.
Otro aspecto que cabe destacar es que se establezca con precisión los lugares en los que se puede instalar propaganda electoral, pues es evidente que la ciudadanía está cansada de ver cómo se ensucia la ciudad y se coloca publicidad en todos los espacios.
Ahora, la única forma para que en las zonas rurales exista propaganda electoral es definir su ubicación. Lo anterior deberá hacerlo el Servicio Electoral, el que, naturalmente, también lo hará en las ciudades en la medida en que en los municipios no se pongan de acuerdo respecto de los lugares adecuados.
Por otra parte, la iniciativa establece que las municipalidades deberán retirar u ordenar el retiro de toda la propaganda electoral que se realice con infracción a lo dispuesto en la norma, lo cual podría pensarse que será letra muerta. Sin embargo, cabe considerar que, pese a que el retiro lo efectuará la municipalidad, el costo lo asumirán los candidatos, pues las municipalidades harán efectivos esos montos de los reembolsos que procedan en favor del candidato o del partido, según corresponda, ante la Tesorería General de la República.
También es interesante la norma establecida en el proyecto en orden a que el Servicio Electoral publique en su sitio web la nómina de los lugares autorizados para efectuar propaganda electoral, y la información sobre el procedimiento para hacerlo correctamente.
Además, la iniciativa establece la posibilidad de que cualquier persona haga la denuncia ante el Servicio Electoral respectivo, a fin de que se ordene el retiro o supresión de los elementos de propaganda que no cumplan la norma.
Asimismo, es muy adecuado que el proyecto precise que ninguna persona natural podrá aportar a un candidato una suma excesiva; el aporte se limita a un monto determinado. Tal restricción rige para los candidatos a diputados, a alcaldes, a concejales y a consejeros regionales.
Por supuesto, el Estado, a través del Servicio Electoral, otorgará a los partidos políticos aportes trimestrales. Eso contribuye a que se reconozca la importancia de los partidos políticos en nuestra democracia. En todo caso, al menos 10 por ciento del total aportado a cada partido deberá utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres.
El proyecto de ley representa, por tanto, un paso trascendental para fortalecer la democracia y la transparencia de la actividad política.
También es bueno destacar que ha quedado claro que ninguna persona jurídica podrá aportar a los partidos políticos, cosa que ha causado bastante confusión. Por eso es bueno precisar que solamente las personas naturales van a poder efectuar aportes, con un límite de 250 UF.
Reitero, estamos avanzando cada vez más en transparentar las actividades políticas. Por lo tanto, esta iniciativa representa un tremendo aporte a la política.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
En virtud de un acuerdo de Comités, y a fin de que los integrantes de la honorable Cámara puedan concurrir al acto conmemorativo del Movimiento de Solidaridad para la Igualdad de Género “HeForShe”, de ONU Mujeres, a cargo de la vicepresidenta señora Denise Pascal , se suspende la sesión por quince minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, el proyecto que hoy conocemos, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, tiene su origen y está motivado por los sucesos que han conmovido al sistema político, a sus personeros, al país, debido a lo cual se ha entablado una crítica radical desde la sociedad hacia el Parlamento, el gobierno y las instituciones de la democracia representativa en general.
Sin embargo, y sin el propósito de eludir la relación que este proyecto tiene con la coyuntura que enfrenta el país, quiero invitar a la Cámara de Diputados a elevar un poco la mirada y tratar de ver el problema desde su trasfondo, que dice relación con la sociedad contemporánea.
La crítica a la democracia representativa, de la cual deriva lo que hoy estamos observando en nuestro país, tiene razones más profundas que temas como Penta, Soquimich , Caval , las boletas falsas, el financiamiento de las campañas electorales o la actividad política. Dice relación con que el “envase” de la democracia representativa, que en su versión moderna fue establecido a partir de la Revolución Francesa, sigue siendo el mismo de hace más de doscientos años, no obstante que la realidad social y cultural ha cambiado radicalmente.
El aumento del acceso a la cultura, a la educación, a la información ha redundado en que tengamos una ciudadanía más fortalecida, más consciente de sus derechos, más dispuesta a ejercerlos. Sin embargo, el aumento del poder de la ciudadanía supone mayor representación de esta, que es precisamente lo que reclama. Los ciudadanos aspiran a involucrarse y a resolver por sí mismos buena parte de los problemas que antes se derivaban a la democracia representativa.
Así, surge la necesidad de llevar a cabo un análisis para complementarla con formas de participación directa, como los referéndums o los plebiscitos, e instituir nuevas instancias de relación entre la ciudadanía y la política, que no es otra cosa que el gobierno de la sociedad, como la elegibilidad de la mayor cantidad de cargos posible y el establecimiento de la revocabilidad de esos mandatos cuando los que han sido elegidos para ejercerlos defraudan la confianza que ha delegado en ellos la ciudadanía, no solo a causa de actos indebidos, sino también por razones de incompetencia, entre otras. Al final, de lo que se trata es del gobierno de la sociedad y de que los ciudadanos quieren participar de esa forma de gobierno.
Otra razón muy poderosa que provoca desencanto es que el proceso de globalización del capitalismo ha disminuido los márgenes de autodeterminación de las soberanías nacionales, de los Estados nacionales, que son los lugares naturales de realización de las democracias representativas.
Si alguien tiene dudas respecto de las limitaciones que ello impone a la democracia representativa y de la frustración que significa para la ciudadanía que existan poderes por sobre lo nacional, quiero que observen las noticias internacionales de la última semana.
En Grecia, el gobierno del señor Tsipras , en su negociación con la Unión Europea y con los bancos acreedores de esa nación, convocó a un referéndum, en el que la opción “no” era la expresión del rechazo del pueblo griego a las condiciones de autoridad impuestas por el capitalismo global.
Señor Presidente, ojalá usted pusiera atención a lo que señalo y que el diputado señor Cristián Monckeberg tomara asiento en el escaño que le corresponde, para cuya representación votaron por él los habitantes del distrito integrado por las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
Lo que acaba de ocurrir en Grecia es patético para la democracia. El gobierno izquierdista del señor Tsipras sometió a un referéndum, en el que había que pronunciarse sobre las condiciones impuestas a ese país por el capitalismo mundial. El pueblo griego, por abrumadora mayoría, dijo que “no”, que no aceptaba sujetarse a ellas. ¿Qué sucedió a continuación? Que el propio gobierno izquierdista que promovió el “no”, que promovió el rechazo, finalmente terminó por aceptar las condiciones impuestas por los poderes fácticos del capitalismo mundial.
Pensé que a través de ese ejercicio el pueblo griego, fundador de la democracia, se convertiría en el salvador de la democracia, y que por primera vez un pueblo diría que no a esos poderes, a las condiciones que quería imponerle el capitalismo globalizado. Pero no ocurrió así. El pueblo fue defraudado, puesto que el señor Tsipras fue a negociar condiciones incluso más gravosas que las propuestas antes del señalado referéndum.
Cuando suceden ese tipo de situaciones, ¿se puede creer que algún griego volverá a confiar en la democracia representativa, en las instituciones políticas, en los partidos políticos y en el parlamento, entre otros? ¡Obvio que no! Eso nos está pasando a todos. Tal vez el caso griego sea extremo, pero en Chile también ocurre.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, he hecho uso de la palabra por siete minutos, y dispongo de diez minutos para intervenir.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, el tiempo de intervención de las señoras diputadas y de los señores diputados se limita a cinco minutos.
El señor SCHILLING.-
Más allá de estas cuestiones de carácter general, que seguirán marcando las insuficiencias de la democracia representativa en Chile y en el mundo, quiero hacer notar algunas carencias del proyecto de ley en discusión.
Hemos tratado de mejorar las cosas al permitir que los aportes de personas naturales a un candidato sean bajos, que estos se puedan entregar solo a un candidato y que tengan el carácter de reservado, para permitir que funcionarios puedan hacer ese tipo de aportes sin miedo a sufrir represalias y a ser despedidos si estos son destinados a un candidato que no es del agrado de su empleador.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente)
Ha terminado su tiempo, su señoría.
El señor SCHILLING.-
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate, cuya discusión se lleva a cabo en un contexto de controversia, de crisis, de cuestionamiento de la política y de la manera en que esta se ha financiado, así como de la forma en que se han llevado a cabo las campañas, busca dar respuesta parcial a ese tipo de situaciones. Sin embargo, la crisis no es solo política; de alguna manera, es más profunda. Nuestra sociedad está viviendo una crisis ética, en la que se han ido perdiendo los valores, los principios, la cual también se observa en la política, en los mercados, en las empresas, en algunos sectores de las iglesias, en distintas organizaciones.
Por eso, cuando los principios y los valores empiezan a fallar, es fundamental responder con normas que sean capaces de regular adecuadamente las actividades públicas.
El proyecto en discusión busca enfrentar una crisis que es consecuencia, de alguna manera, de una visión y de un proceso de privatización que también alcanza a la actividad política. En dictadura se cuestionó, en forma permanente, el ejercicio de la actividad política. Por eso, una vez recuperada la democracia hubo que llevar a cabo campañas políticas y hacer funcionar los partidos políticos. En definitiva, había que hacer funcionar las instituciones democráticas.
Lo que se hizo fue prohibir el financiamiento público de la actividad política, para que esta, por la vía de los hechos, se privatizara. La idea era que el poder económico, altamente concentrado, fuera captando o capturando a los partidos y a los dirigentes pol��ticos.
En 2003 se hizo un esfuerzo por lograr una legislación más moderna que, de alguna manera, ordenara la situación. Pero no se pudo ir más allá, porque no se contaba con las mayorías necesarias.
A consecuencia de aquello, a raíz de las cortapisas que se pusieron al esfuerzo por transparentar y regular de mejor manera el financiamiento de la política y de las campañas, hoy estamos en una crisis compleja, transversal y que tenemos que enfrentar con altura de miras, pero también con mucho coraje y mucha decisión.
La Presidenta y el gobierno han transformado esta crisis en una oportunidad para establecer mejores reglas del juego, a fin de acceder a esa actividad, a través de asumir, de una buena vez, que la política, como actividad pública, debe contar con financiamiento estatal, y que no puede ser una actividad pública que dependa del financiamiento privado, porque hay un riesgo permanente de coaptación y manipulación.
Se termina la opacidad de los aportes anónimos y reservados, estableciendo en la legislación el principio absoluto de la transparencia.
Se entiende que las personas naturales pueden tener pensamiento político, principios y valores, y que las personas jurídicas no tienen aquello, sino intereses. Cuando se aporta a la actividad política se hace en función de convicciones y no de intereses.
Por eso, se prohíbe absolutamente el aporte de las personas jurídicas a las campañas, ya sea directamente a los candidatos y partidos políticos, y también a la actividad permanente y regular de los partidos, con lo que se busca generar, además, mayor equidad en el ejercicio de las campañas.
Por ese motivo, se disminuye a la mitad el techo del gasto electoral, porque debemos terminar con el escandaloso despilfarro de las campañas, donde muchas veces el que tiene mayor capacidad de recaudación, tiene mayores posibilidades de resultar elegido, ya que, simplemente, invisibiliza a los demás candidatos. Aquí tienen que prevalecer las ideas, más que las pancartas, las palomas y las frases que puede contratar un candidato en una radio o en un canal de televisión.
Se generan mayores posibilidades de fiscalización y control de rendición de cuentas.
Se limitan los aportes que pueden hacer las personas naturales, tanto a un determinado candidato o partido como también a un determinado proceso electoral, porque tampoco queremos que, del poder económico de las empresas, hoy se pase a depender del poder económico de determinada persona natural que pueda terminar actuando como padrino de un sector político o en forma transversal.
Además, este proyecto establece sanciones eficaces, como la pérdida del escaño. El que gana con trampa debe perder el cupo parlamentario, el cargo para el cual fue elegido.
Esta iniciativa, junto con el proyecto que entrega autonomía constitucional y mayores facultades al Servel y el que moderniza y transparenta la gestión de los partidos, entre otras medidas, constituye un paquete contundente de normas que mejorarán la calidad de nuestra democracia, a fin de hacer la actividad política más transparente, más cercana a los ciudadanos y cada vez más legítima, como debe ser.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, en 1986 tuve que abocarme a hacer mi tesis de grado. La hice sobre el principio de publicidad de los actos de la administración. En esa época todo era oculto, reservado, existían hasta leyes secretas, por lo que hacer una tesis sobre el principio de publicidad podía prosperar muy poco.
La memoria estuvo concentrada fundamentalmente en los actos de la administración de justicia y, en particular, en los actos procesales, pues consideraba que la existencia de un proceso penal secreto y reservado lo único que hacía era estropear la justicia; que se requería dar publicidad a los actos de la administración de justicia y que una justicia escondida, o solo conocida por el juez y su actuario, le hacían mal a la democracia que estaba por llegar.
Muchos de los principios consagrados en esa tesis, posteriormente, fueron muy bien recogidos en la reforma y en el Código Procesal Penal, donde se estableció que era preponderante la publicidad y que había que ventilar en los tribunales para que se supiera cómo fallaban nuestros jueces.
Hoy estamos en la misma disyuntiva, en el sentido de ventilar nuestra política. El quehacer al que somos convocados diariamente los que estamos aquí presentes debe ser conocido.
A mi entender, hoy la transparencia -lo digo con todas sus letras- es un requisito mínimo de moralidad de la actividad política; es una manifestación indispensable en un sistema democrático.
El objetivo de la transparencia es el sometimiento al escrutinio público de las autoridades respecto de sus actividades y de los resultados de la gestión de los distintos poderes del Estado, y en el caso de los elegidos, que sus representados tengan pleno conocimiento de su financiamiento y de sus intereses privados.
El Estado democrático verdadero, en relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, debe regirse por el principio de publicidad de sus actos.
Los miembros del Poder Legislativo representamos a quienes nos han elegido con su voto. Es lógico que los ciudadanos deseen y puedan tener conocimiento de cuáles son nuestras deliberaciones, propuestas, decisiones y acciones, quién nos financió y con cuánto lo hizo.
Este proyecto de ley ayudará a abrir la información de las organizaciones y partidos políticos al escrutinio público y la expondrá mediante sistemas de clasificación y difusión que deberían reducir el costo político de la desconfianza que los ciudadanos tienen de nosotros.
La transparencia no implica el acto de rendir cuenta a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en una vitrina pública, para que todos vean y sepan lo que hacemos.
La verdadera transparencia siempre es activa, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en el momento que se estime conveniente -fundamentalmente en una eventual reelección- a quienes toman malas decisiones. El que nada malo hace, nada teme.
En consecuencia, el proyecto de ley que estamos discutiendo, sin duda, resultará bueno para todos.
La democracia y la política se fortalecen con la transparencia. La deliberación de los ciudadanos y de las ciudadanas está condicionada por la cantidad y calidad de información que manejan y a la que pueden tener acceso.
Mejorar la transparencia es mejorar la calidad de la decisión ciudadana; mejorar la decisión ciudadana es mejorar la democracia, y mejorar la democracia siempre será mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Este proyecto está destinado a mejorar la calidad de la política y a ventilar lo que hoy estamos haciendo.
Por último, quiero dar mi total apoyo a la indicación que tiene como propósito que sean conocidos los aportes reservados de elecciones parlamentarias anteriores. La opacidad es lo peor para la política, pues es esconder la información que hoy el ciudadano requiere.
¿Qué tiene de especial la norma que estamos tratando de incorporar? Es necesario levantar el velo en el quehacer político y dar a conocer los aportes que alguna vez se entregaron. De lo contrario, podríamos suponer que se están escondiendo hechos ilícitos, lo cual, por supuesto, no creo que sea así.
¿No se quiere que se sepa quién votó de determinada manera porque eventualmente esa persona respondía a ciertos intereses? Tampoco creo que ese sea el motivo. Sin embargo, es indispensable levantar el velo de una opacidad que aún sobrevive en nuestra legislación, cual es los aportes reservados en elecciones anteriores. Para ello es necesario incorporar una norma transitoria para que dicha opacidad termine y todos los ciudadanos tengan conocimiento de lo que hacemos en el Congreso Nacional y de los intereses a que respondemos.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, ¿el diputado Schilling escuchará mi intervención? Lo pregunto porque recién el señor diputado me llamó la atención en el mismo sentido, y en este momento lo veo conversando.
Qué bueno que este proyecto se haya hecho realidad. Pero cabe aclarar que se trata de una iniciativa respecto de la cual se venía trabajando desde hace bastante tiempo con el gobierno. Es decir, no es reflejo ni consecuencia de los escándalos que hemos vivido, ni de las investigaciones, ni de los casos que se han conocido en el último tiempo. Eso habla bien de un proyecto en el que se quiso abordar de buena manera lo relativo al fortalecimiento y transparencia de la democracia. Son temas que estaban presentes en el debate.
En efecto, el gobierno tenía bastante avanzada esta iniciativa para presentarla al Congreso Nacional. Evidentemente -hay que señalarlo-, las situaciones que hemos conocido, que atentan contra la transparencia y la buena política, referidas al financiamiento ilegal de campañas, hicieron que se apurara el tranco con este proyecto. Pero -insisto-, esta materia ya se estaba abordando desde hace tiempo, lo cual habla bien del trabajo que muchos, entre los cuales me incluyo, hicimos en ese sentido, no solo en relación con este proyecto, sino también con otros en los que se está avanzando.
Hemos sufrido diferentes escándalos, lo que nos ha permitido mejorar la legislación. Sin ir más lejos, en 2003 -muchos lo han señalado- se avanzó en una buena forma de regular las campañas, mediante la aprobación del proyecto que se convirtió en la Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, que establecía, además, un límite al aporte.
Por lo tanto, con la iniciativa que tratamos hoy no estamos partiendo de cero. No estoy contando nada nuevo; se trata de un proceso que ya se vivió.
Pasaron diez años y, lamentablemente, las ilegalidades siguieron repitiéndose. Hemos conocido una serie de episodios, como aquel del yate, en el que se recaudaron recursos fuera de Chile. Hasta hoy no se sabe qué pasó en ese yate en relación con la recaudación o con el financiamiento externo, que está prohibido. También conocimos otros escándalos sobre financiamiento ilegal de campañas, los casos de las boletas, de los pagos en efectivo, de Penta, de Soquimich, etcétera. A ellos hay que sumar el caso Caval, que, aunque no tiene relación con las situaciones de financiamiento ilegal de campañas, coincidió en el tiempo con todas ellas.
Finalmente, la conclusión que uno saca es que las sanciones dispuestas para el incumplimiento de la ley no fueron valederas, no respondieron a lo que la gente esperaba, ni impidieron que las situaciones señaladas se produjeran.
Por ello, la pérdida del cargo nos parece una buena sanción para dicho incumplimiento. Aunque no lo considera la iniciativa que debatimos, es una medida que contribuiría al fortalecimiento y transparencia de la democracia, y a mejorar la calidad de la política.
También debo hacer un reconocimiento al aporte reservado, anónimo y público, creado en 2005, que funcionó relativamente bien, y, asimismo, al Servel, que sacó adelante en buena forma el proceso. En todo caso, lo que desfondó el sistema y es la causa de que hoy estemos a punto de aprobar este proyecto de ley para que pase al Senado, es que haya operado un financiamiento ilegal, esto es, por fuera de los mecanismos establecidos por la ley.
El proyecto aborda varias materias que dicen relación con el financiamiento de las campañas, con la regulación de las campañas -otra arista importante-, con el financiamiento de los partidos en épocas en que no hay campañas y con las facultades regulatorias del Servel.
En esta materia se mejoró muchísimo la iniciativa, pues venía concebida con una lógica del péndulo; es decir, si la actual legislación contempla una regulación para el aporte en las campañas y para el mejoramiento de la política, de carácter mixto -público-privado-, el proyecto original inclinaba el péndulo hacia el Estado, para que lo regulara todo.
Por eso, en el debate que hubo en las comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se matizó bastante esa excesiva regulación que contemplaba el proyecto originalmente.
Qué bueno que se haya terminado con una serie de prácticas -era absolutamente necesario-, como los aportes reservados, que dan cuenta de cómo se venían haciendo las campañas políticas. El aporte de las empresas era absolutamente ilimitado.
También es positivo que se regule lo relativo a las campañas. Se acabarán esas campañas que en dos o tres meses, con una locura de propaganda, permitían que se eligiera a un parlamentario, a un alcalde o a un concejal sin que hubiera previamente un debate de ideas entre los candidatos, lo cual es necesario dentro del proceso electoral. Cuando la presente iniciativa se convierta en ley, todo eso quedará bastante regulado.
Queda pendiente el envío del proyecto de ley sobre institucionalidad del Servicio Electoral. La iniciativa que debatimos aborda varias materias relacionadas con su ámbito de acción. Sin embargo, es necesario determinar con claridad las facultades del Servel; de lo contrario, este proyecto sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia no va a funcionar.
Existe una tentación permanente de reducir el límite de gastos. Pero llega un momento en que el límite de gastos en las campañas no se puede disminuir más, pues ello afectaría a los candidatos nuevos que quieran desafiar a los incumbentes. Por lo tanto, espero que esa discusión no siga avanzando.
Por último, debo decir que no podremos enfrentar las próximas elecciones municipales o los siguientes procesos electorales si no contamos con la serie de proyectos de ley que hemos definido con el gobierno, a saber, el de partidos políticos, el del Servel, el que regula los conflictos de intereses, el que establece normas sobre probidad -está en comisión mixta- y dispone sanciones ejemplares, en fin. Todas esas iniciativas, que deben formar parte de la agenda legislativa, deberían estar aprobadas a fines de este año, de modo de enfrentar los procesos electorales con una legislación absolutamente mejorada.
Por todo lo expuesto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto de ley, sin perjuicio de las indicaciones que se presenten.
He dicho.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, quiero agradecer al diputado Cristián Monckeberg, porque todo me ha quedado mucho más claro.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, nadie puede negar la necesidad imperiosa de aprobar el proyecto, dados los días que hemos debido vivir quienes representamos a la ciudadanía, y el país todo, con ocasión de los acontecimientos que han azotado al mundo político. Y pensar que dichos sucesos no cesan; por el contrario, siguen apareciendo situaciones oscuras que involucran a quienes representan a la ciudadanía. Algunos de ellos han cometido errores, claro que sí, pero también ilícitos. He ahí el problema: estamos en el borde de la oscuridad.
El colega Hugo Gutiérrez manifestó que en el Estado democrático el quehacer político debe estar adornado por la moralidad. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con esa frase, que debería estar impresa en nuestras agendas al iniciar las actividades que nos competen.
Asimismo, el diputado René Saffirio dijo que somos presuntuosos por denominar la iniciativa que debatimos “proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia”. También concuerdo con su apreciación: no es tan así.
El proyecto que tratamos aborda la situaci��n de la relación impropia entre la empresa y la actividad política, debido a la cual se ha puesto en duda la autonomía de quienes representamos a los ciudadanos en los diferentes espacios de la actividad pública, no solo en el Congreso Nacional.
Ha quedado de manifiesto la falta de transparencia en el financiamiento de la actividad política en general. Quienes han sido beneficiados han cometido un ilícito, y quienes han propiciado esa práctica han cometido un delito.
El proyecto en discusión resulta más que necesario y oportuno para renovar ciertas prácticas y para dar un nuevo curso a una actividad que debe realizarse con la menor opacidad posible. El pueblo nos entrega una alta responsabilidad, por lo que día a día debemos cumplir de buena manera nuestro quehacer republicano en este hemiciclo de la democracia.
Incorporar nuevas normas sobre financiamiento público de la política, sobre nuevos límites al gasto electoral, sobre aportes al financiamiento de las campañas y sobre publicidad de los aportes que realizan los particulares no contribuirá a entregar mayor transparencia. Como se dice en jerga popular, “se lo doy firmado.”
Sí me parece relevante que se establezcan normas que regulen el avisaje electoral, especialmente las tarifas que cobren los diferentes medios de prensa y radioemisoras por la transmisión de spots informativos, y que se establezcan restricciones para evitar el abuso del espacio privado y público en la colocación de propaganda electoral.
Sin embargo, todas estas medidas no se podrán realizar si no se fortalece el Servicio Electoral, que es el encargado de organizar y fiscalizar los procesos electorales. Ahí está la base de este proyecto, y a ello, con mucha fuerza, expreso mi apoyo.
Hasta el momento, las normas establecidas para regular la actividad política no han tenido eficacia, pues falta un organismo público encargado de realizar un adecuado control de su cumplimiento.
Por ello, debemos contar con un Servicio Electoral y una justicia electoral, fuertes y dinámicos, que puedan regular el cumplimiento de esta nueva normativa, a fin de otorgar equidad y transparencia a los futuros procesos electorales que se avecinan.
¡Cuántos de nosotros estamos pensando en si será conveniente intervenir en ese proceso! ¡Cuántos de nosotros estarán pensando: “Hasta aquí llego, porque no acepto participar si no se aprueban estos proyectos, que deberían castigar con más dureza el mal uso de la propaganda”! Sin duda, se trata de un parto difícil para la democracia que queremos para este país.
¡Tanto que luchamos por la democracia para después enlodarla de tal forma que ahora estamos discutiendo un proyecto para sacarla a flote!
El proyecto considera elementos que permitirán lograr buena parte de sus objetivos. Además, se ha tenido en cuenta el momento que se vive. En ese sentido, las recomendaciones de la comisión sobre transparencia de la democracia son relativamente positivas. Por tanto, debemos aprobar la iniciativa.
La siembra de la moralidad no termina aquí. En política recién comienza después de haber vivido una situación tan difícil como fue la dictadura. A lo mejor, ella ha dejado un legado que hoy todavía debemos lamentar.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, el debate sobre el proyecto que fortalece y transparenta la democracia es muy importante para el país.
No obstante, en lo personal, dado que me tocó vivir el cambio de modalidad del financiamiento de la política hace poco más de diez años, cuando escucho este debate me parece estar en el parlamento de otro país. Muchos en el pasado fueron tenaces opositores a que pudiésemos buscar un mecanismo de financiamiento diferente al de los aportes reservados. Siempre manifesté que ese era un callejón oscuro que permitiría la realización de actos de manera escandalosa como los que hoy el país está conociendo. En aquella época, quienes osábamos plantear que no debería haber aportes de personas jurídicas ni aportes reservados en Chile constituíamos una minoría.
Estamos en un país que ha sido golpeado por situaciones que son de conocimiento público, lo que hace necesario avanzar en un modelo distinto. Desde ese punto de vista, destaco el hecho de que el proyecto permitirá controlar la influencia que tienen y que han tenido por largos años -no sabemos cuántos- las grandes empresas.
No debemos engañarnos: el caso Penta-Soquimich es solo una situación coyuntural. Estamos convencidos de que la vinculación entre la política y el dinero tiene largos años de historia. Con ese caso esta ha sido descubierta. Pero en este Parlamento siempre hemos tenido a tenaces defensores de los grandes consorcios económicos del país, que han abusado día a día de los ciudadanos. Me refiero a las AFP, a las isapres, a los bancos, a las farmacias y a las cajas de compensación, que ofrecen créditos a los adultos mayores, pero les terminan cobrando diez veces su valor.
La incestuosa relación entre la política y el dinero lamentablemente se ha venido produciendo durante largos años en el país. No es algo que se haya destapado ahora con esta verdadera caja de Pandora que han sido los casos de Penta y de Soquimich; lo hemos visto también en la pesca, en la minería y en muchos otros ámbitos del quehacer nacional.
Si bien este proyecto no lo es todo, constituye un avance importante. Luego explicaré por qué creo que no lo es todo y por qué estimo que podemos avanzar más.
En primer lugar, estamos en un momento en que la política está deslegitimada frente a la opinión pública y frente a la ciudadanía. Por ello, es importante que este proyecto tome en cuenta aspectos fundamentales para mejorar la calidad de la política, lo que solo se logrará cuando contemos con un sistema que permita hacer un mayor control en el aporte público. En ese sentido apuntan la rebaja del límite del gasto electoral y la concreción de una serie de normas que buscan dar mayor transparencia a la política y regular los conflictos de intereses.
Es muy importante que el proyecto contemple una prohibición absoluta de aportes de personas jurídicas a la política; pero esa medida debe ir de la mano del otorgamiento de mayores atribuciones para el Servicio Electoral -será abordado en otra iniciativa-, de modo que pueda fiscalizar. De lo contrario, no sacaremos nada con esta nueva norma, y mañana tendremos maletines llenos de dinero, sin ningún control, destinados a financiar las mismas candidaturas que durante años se han beneficiado del sistema.
Valoro que se regule el aporte de las personas naturales, que se establezcan normas sobre transparencia para que todos los aportes efectuados a los candidatos de los partidos durante las campañas se realicen a través del Servel, el que habilitará especialmente para el efecto un portal, a fin de asegurar que todos los aportes sean de carácter público.
También, como se pretende que las campañas sean más equitativas, valoro mucho que la iniciativa disponga que los medios de prensa y las radioemisoras deberán informar sus tarifas al Servel. Es más, soy de la idea, señor ministro, de que el Servel debería establecer mecanismos para regular los precios que cobran esos medios de comunicación, pues hoy son abusivos. Los precios no están regulados. Por tanto, considero que, al operar las radioemisoras en virtud de concesiones del Estado, las tarifas deberían estar delimitadas. No es justo que debido a los altos precios que cobran ciertas radioemisoras, algunos candidatos ni siquiera tengan la posibilidad de entregar una frase diaria, mientras que otros, que financian sus frases diarias con aportes de empresas privadas, pueden copar la programación de las radioemisoras durante todo el día. Eso no es equitativo en las elecciones de concejales, de alcaldes, de consejeros regionales ni tampoco de parlamentarios.
Valoro tremendamente que se disponga que todas las radioemisoras deban generar espacios gratuitos para todos los candidatos. Eso es un avance. Pero también queremos que en esos espacios informativos la ciudadanía conozca quiénes son los candidatos. La idea es que las radioemisoras no transmitan, como dice el proyecto, solo un spot informativo de las elecciones, sino que informen quiénes son los candidatos y qué características tienen, cuando estos no puedan contratar publicidad en la emisora.
Por último, destaco el hecho de que se restrinja la propaganda electoral en los espacios públicos. La forma en que se realizaba esa propaganda era un escándalo. En Santiago y en cualquier otra región, hasta en la comuna más pequeña, la invasión de las famosas “palomas” en las calles muchas veces generaba debate y peleas brutales entre los comandos electorales de cada candidatura. Esas personas debían levantarse entre las 04.00 y las 05.00 horas para copar las calles con ese tipo de propaganda. Finalmente, se imponía el candidato que tenía más recursos.
En razón de ello, cuando legislamos para que se establezcan espacios delimitados en plazas públicas, en bandejones y en parques, que serán previamente autorizados por el Servel, otorgamos mayor equidad a las elecciones y, por cierto, a los candidatos, para que puedan llegar a ocupar un escaño, ya sea en un concejo, en una alcaldía o en el Parlamento.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, no voy a hacer uso de la palabra, porque resta muy poco tiempo y está inscrita la diputada Andrea Molina antes que yo.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Andrea Molina .
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente, en tiempos en los que la desconfianza en la clase política crece en forma desmedida, somos víctimas de un gobierno que, lamentablemente, tiene que desdecirse, una y otra vez, en todos sus frentes.
En mayo de este año, la Presidenta Michelle Bachelet anunció con bombos y platillos que se pondría término a la contratación de trabajadores a honorarios en el sistema público. Sin embargo, lo que en realidad resultó fue que se aumentaron en más de 11.000 las plazas de trabajo, pero llegaron a casi 50.000 los contratos a honorarios. Se trata de trabajadores sin carrera funcionaria, sin reconocimiento a la antigüedad laboral, sin estabilidad laboral, sin indemnizaciones por años de servicio, sin protección en caso de enfermedades y de accidentes laborales, sin derecho a cotizaciones, sin vacaciones, sin derecho a licencias médicas, ni a pre- y posnatal, entre otros derechos.
A raíz de deudas como estas, hay un país descontento y desconfiado. Lo que hoy vivimos en Chile no es casualidad. Todo lo que vemos es consecuencia de que, lamentablemente, el gobierno no ha puesto el foco en la gente y porque la palabra empeñada no se ha cumplido.
Anunciaron reformas que, por cierto, hoy no tienen cómo financiar. Prometieron empleos de calidad; sin embargo, nos encontramos con aberraciones como la señalada. El Estado de Chile, lamentablemente, en su historia ha sido el peor empleador. Aun más, es un empleador discriminador porque -digamos las cosas como son- hay funcionarios públicos que no solo no tienen derechos, sino que, además, perciben sueldos irrisorios frente a otros trabajadores de una escala mayor, que, si bien también están contratados a honorarios, reciben sueldos impensados.
Solo a modo de ejemplo, señalo el caso del delegado presidencial para Recursos Hídricos en la Región de Valparaíso, señor Reinaldo Ruiz , quien gana un sueldo de 7.420.000 pesos, según la información publicada en el link correspondiente de transparencia activa. Este es solo un ejemplo de un puesto creado a la medida.
En nuestra región tenemos anuncios a largo plazo en relación con este tema, que en nada ayudan a la necesidad urgente de nuestros ciudadanos. No hemos tenido avances que justifiquen el sueldo de ese funcionario. Mientras él emite su boleta de honorarios con una cifra importante, hay otros que solo pierden.
Esas son las injusticias del sistema, los vicios que se cruzan a vista y paciencia de las autoridades de nuestro gobierno y que no convocan a nada. ¿Por qué? Simplemente porque naturalizaron una ilegalidad contractual, quitándoles a los trabajadores “el derecho de estabilidad, igualdad y reconocimiento de derechos individuales y colectivos, bajo el principio de dignidad laboral”, tal como lo expresó en un comunicado de prensa, emitido ayer, la Coordinadora de Trabajadores a Honorarios del Sector Público de la Región de Valparaíso.
Señor Presidente, los contratos a honorarios son una bofetada para miles de personas que solo luchan por un derecho. Por ello, la creación de un cargo de delegado como el referido es una bofetada para todos los que han perdido la inversión de su vida, porque la autoridad no tomó medidas en el momento adecuado.
Cuando hablemos de transparencia, es importante que la consideremos respecto de todos estos temas, es decir, de la situación de los funcionarios del Estado, y de lo que significa un Estado que hace lo que corresponde y que pone a su gente en el lugar que se merece. Eso es transparencia, eso es dar dignidad a todos.
Es relevante que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, y que así como estamos abordando los temas relativos a las campañas y a cada una de las denuncias que han salido a la luz pública día a día, tanto respecto de la Cámara de Diputados como del Senado, también tengamos transparencia en otras áreas.
He dicho.
El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Cerrado el debate.
Ha concluido el Orden del Día.
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