REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 55ª, en miércoles 5 de agosto de 2015 (Especial, de 16.34 a 18.21 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; Vallespín López, don Patricio, y señora Pascal Allende, doña Denise. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA5 II.- APERTURA DE LA SESIÓN9 III.- ACTAS9 IV.- CUENTA9 V.- OBJETO DE LA SESIÓN9 ANÁLISIS DE ANUNCIOS DE PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA RELATIVOS A GRATUIDAD UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN)9 VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA40 1.- INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.961, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL PERSONAL.”. (BOLETÍN N° 10074-02)40 2.- CERTIFICADO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY INICIADO EN MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, CON URGENCIA CALIFICADA DE “SUMA”, QUE EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR COTIZACIONES DE SALUD A PENSIONADOS MAYORES DE 65 AÑOS, FACILITA LA TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES DE VEJEZ Y OTORGA OTROS BENEFICIOS QUE INDICA. BOLETÍN 10201-13)53 3.- PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, AUTH, ESPINOZA, GUTIÉRREZ, DON HUGO; JACKSON, RINCÓN, SAFFIRIO, SOTO Y WALKER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL ARTÍCULO 66 DE LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA REBAJAR EL QUORUM DE APROBACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES.”. (BOLETÍN N° 10225-07)56 4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PAULSEN, BECKER, GARCÍA Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NÚÑEZ, DOÑA PAULINA; PROVOSTE, SABAT Y VALLEJO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA PROPORCIONAR UN SISTEMA DE SALAS CUNAS A LAS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.” (BOLETÍN N° 10227-04)60 5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SAFFIRIO, ANDRADE, CERONI, CORNEJO, GUTIÉRREZ, DON HUGO; MIROSEVIC, MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; RINCÓN Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ESTABLECER UNA INHABILIDAD TEMPORAL A QUIENES SE HAYAN DESEMPEÑADO COMO FISCALES, EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA.” (BOLETÍN N° 10228-07)62 6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH, CORNEJO, FLORES, GUTIÉRREZ, DON HUGO; JIMÉNEZ, NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; SOTO Y TORRES, QUE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIPUTADO Y SENADOR.”. (BOLETÍN N° 10231-07)63 7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, JARPA, JIMÉNEZ, MEZA, ROBLES Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR LA PENA ASIGNADA AL ROBO DE VEHÍCULOS CON MENORES DE EDAD EN SU INTERIOR.”. (BOLETÍN N° 10229-07)65 8.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, FLORES, GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; POBLETE Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, EN MATERIA DE PLAZOS PARA SOLICITAR EL DIVORCIO POR CESE DE CONVIVENCIA.”. (BOLETÍN N° 10230-18)66 9.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, CERONI, FLORES, GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR PENAS ASIGNADAS A DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS O POR PARTICULARES EN CONCOMITANCIA CON ELLOS.”. (BOLETÍN N° 10232-07)68 10.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, FLORES, MELO, NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; POBLETE, TORRES Y VALLESPÍN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 17.288, SOBRE MONUMENTOS NACIONALES, PARA OBLIGAR A LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS PARTICULARES QUE CONTENGAN SITIOS DECLARADOS COMO SANTUARIOS DE LA NATURALEZA A PRESENTAR PLANES DE MANEJO EN EL PLAZO QUE INDICA.”. (BOLETÍN N° 10233-12)74 11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH, FLORES, GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; ORTIZ, POBLETE Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.593, DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES, PARA ELIMINAR UNA FACULTAD DE ESTOS REFERIDA A LA CALIFICACIÓN DE ELECCIONES DE GRUPOS INTERMEDIOS.”. (BOLETÍN N° 10234-06)75 VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -Del diputado señor Pérez, don José, por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 5 y 6 de agosto de 2015 por impedimento grave. -Del diputado señor Ceroni por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 5 de agosto de 2015, por impedimento grave. 2. Licencia médica: -Otorgada al diputado señor Farías por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de cuatro días, a contar del 4 de agosto de 2015. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González, la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido. -Se contó con la asistencia, también, del senador señor Carlos Montes Cisternas. -No estuvieron presentes por encontrarse: -Con permiso constitucional: El diputado señor José Antonio Kast Rist. -Con licencia médica: El diputado señor Ramón Farías Ponce. -Con impedimento grave: Los diputados señores Iván Fuentes Castillo y José Pérez Arriagada.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 16.34 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 47ª se declara aprobada. El acta de la sesión 48ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. V. OBJETO DE LA SESIÓN ANÁLISIS DE ANUNCIOS DE PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA RELATIVOS A GRATUIDAD UNIVERSAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PROYECTOS DE RESOLUCIÓN) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Esta sesión tiene por objeto analizar los anuncios efectuados por su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, relativos a la gratuidad universal de la educación superior. Agradezco su concurrencia a la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano, y al ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés. El ministro secretario general de la Presidencia nos hizo llegar su excusa por no poder asistir a esta sesión. El tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 76 del Reglamento corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente. Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada señora María José Hoffmann. La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, esta sesión tiene un solo objetivo: revertir la mala decisión del Ejecutivo de profundizar en una nueva desigualdad creada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, una gratuidad mentirosa e injusta. Han sido tantos los titubeos y dudas del gobierno en esta materia, tantos los anuncios que han debido ser posteriormente modificados, que solo cabe concluir que el gobierno no tiene convicción en esta materia tan importante y que solo ha ido avanzando y retrocediendo en función de las presiones. Reforma tras reforma, todas han seguido el mismo camino, de la mano de la ideologización y de la renuncia al sentido común, y solo han logrado ser rechazadas por una amplia oposición social que, a estas alturas, se siente engañada por promesas que no se cumplen. Como oposición justa y dialogante, hemos esperado con demasiada paciencia, sin resultados, que el gobierno se decidiera en esta materia. Por eso accedimos a que el gobierno ordenara sus filas parlamentarias y les permitiera corregir el bochorno en el proyecto sobre carrera docente; pero en esta materia solo hay anuncios improvisados una y otra vez. Por ello, pedimos esta sesión especial para exigir al gobierno que deje de lado la discriminación entre estudiantes y haga lo que el sentido común de todos los chilenos pide: que sean los estudiantes más vulnerables los beneficiados, sin discriminación alguna; que los requisitos para que las universidades participen del sistema sean los mismos para todas y que las exigencias de calidad sean las mismas, sin discriminaciones arbitrarias o basadas en prejuicios. Primero, con toda claridad, no creemos en la gratuidad total, que financia la educación superior de quienes sí cuentan con recursos para ello. Nos parece una medida regresiva y agraviante frente a las distintas necesidades sociales, como la salud, para cuya atención no se logran los recursos que se requieren. Creemos en la justicia como un valor ordenador y en que el Estado cumpla su rol subsidiario con las familias que más lo necesitan. El foco debe estar puesto en las familias y estudiantes prioritarios. El resto no es verdad, pues empezamos a ver un gobierno que retrocede en sus ofertones. Pero este no es el primer error ni la primera discriminación que se producen. Ya hemos cometido demasiados errores. Cuando fueron gobierno con el Presidente Frei Ruiz-Tagle, crearon el crédito Corfo, con tasas de interés usureras que todavía mantienen a miles de familias endeudadas. Una genialidad de la vieja Concertación. Después, cuando fueron gobierno con el Presidente Lagos, crearon el CAE, nuevamente con condiciones distintas e inequitativas para estudiantes con las mismas condiciones socioeconómicas. Otra injusticia que corregimos, en parte, en el gobierno del Presidente Piñera. Hoy, en este gobierno, les vuelven a dar la espalda a miles de familias que solo son discriminadas por razones ideológicas. No pueden volver a hacerles esto a los estudiantes de la educación superior. La gratuidad que prometieron es mentirosa. ¿Cuántos diputados que hoy están en la Sala hicieron campaña creando la ilusión de que la educación superior sería más justa? ¿Cuántos colegas se sonrojan o miran para el lado con estos anuncios? Otra vez una promesa incumplida. Se hizo una reforma a medias, que ha generado debate y polémica. A medias, porque el anuncio del cónclave sigue manteniendo la discriminación entre estudiantes por dos razones: La primera es que nadie sabe quién cumple los requisitos. Algunos de ellos pueden ser razonables, pero la improvisación constante no nos permite entenderlos. Peor aún, otros señalan que se trata de una compensación adoptada a última hora en el cónclave. Sería bueno que la ministra nos explicara lo siguiente: primero, si las nuevas condiciones, como los cuatro años de acreditación, serán aplicables a todas las universidades, incluidas las del Cruch, toda vez que algunas de estas no tienen cuatro años de acreditación. Segundo, ¿qué significa en la práctica la participación estudiantil en los órganos colegiados? ¿Cuántas instituciones cumplen esas condiciones? Tercero, en relación con las sociedades comerciales, ¿hasta cuándo evitaremos este debate? No lo hemos enfrentado como corresponde. Está pendiente. Han sido incapaces de enviar un proyecto de ley que regule de verdad el sistema de educación superior. La segunda razón por la cual se mantiene la discriminación es la más relevante: se vuelve a dejar fuera a la educación técnica. ¿Hasta cuándo seguimos postergando a tantos estudiantes que tienen vocaciones distintas a la universitaria, que necesitan sacar carreras más rápidas o que quieren decidir libremente qué y dónde estudiar? ¿Acaso no son ellos quienes más necesitan del apoyo a sus esfuerzos para salir adelante? ¿Acaso no es en ellos en quienes se hace verdad que la educación es el motor de la movilidad social? Entendemos la indignación de miles de estudiantes por la manera en que el gobierno ha jugado con la promesa de la gratuidad, hasta transformarla en una gratuidad mentirosa. Es mentirosa porque no irá a los estudiantes más vulnerables. ¿Saben ustedes cuánta es la matricula en la educación superior, cuántos estudiantes necesitan apoyo y cuántos se verán beneficiados con esta reforma? Sinceramente, dudo que alguien conozca estos datos. El 50 por ciento de cobertura que señalan es falso. Nos quieren dar una sensación de cobertura que no existe. No es posible hablar de 50 por ciento de estudiantes de la educación superior si están discriminando a los que necesitan más apoyo estatal. Esto ocurre porque se ha decidido privilegiar arbitrariamente solo a un grupo de estudiantes matriculados en las universidades del Cruch, que solo representan el 26 por ciento de la matrícula. Hoy, se amplía, con letra chica, a algunas universidades privadas. Pero en el resto de la matrícula de la educación superior, el 33 por ciento de alumnos que eligieron un centro de formación técnica o un instituto profesional quedará fuera. Se trata de la mayor parte de la matrícula y corresponde a alumnos que más necesitan nuestro apoyo. Lo más probable es que podrán postular a los beneficios solo siete instituciones. ¿Es solo porque esos estudiantes no marchan o no están organizados en grupos de presión? Que el gobierno no se equivoque, porque si no marchan es solo porque la gran mayoría de ellos debe trabajar para pagar sus estudios. Quiero decirles a los estudiantes de la educación técnica que la bancada de la UDI no los va a dejar solos en esta pelea; mucho menos va a aceptar que se les discrimine. Esta gratuidad mentirosa no es la primera discriminación que han creado en los últimos años. Hoy, el Estado hace una tremenda diferenciación entre las universidades del Cruch y el resto de las instituciones. Aquellas que se denominan tradicionales o creadas por ley se llevan el 90 por ciento de los recursos, entre aportes fiscales directos, aportes fiscales indirectos y fondos de desarrollo institucional. Otra diferenciación inexplicable radica en las becas. Muchos diputados deben conocer en sus distritos la discriminación que se hace en términos de la entrega de becas. La beca Bicentenario para alumnos del Cruch nuevamente es la más completa y cubre el tope del arancel de referencia. Ayer, el padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, señaló en el diario La Segunda que si no se corrige la brecha en materia de becas, simplemente será el fin para ellos. Es inexplicable y arcaico que sigamos manteniendo una institución añeja y arbitraria como el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Hoy no se justifica. Debe modernizarse y deben incluirse criterios de calidad transversales en el sistema de educación superior. Es una falacia el que solo las universidades del Consejo de Rectores tengan el patrimonio de la calidad. Eso no es verdad, porque cinco de ellas no cuentan con los cuatro años de acreditación. Esta gratuidad mentirosa nuevamente responde a la improvisación permanente que ha aplicado este gobierno. Ello ha provocado que hoy tenga 70 por ciento de rechazo. Todos los parlamentarios de la Comisión de Educación hemos insistido incansablemente en que es necesario conocer la ruta general en materia educacional; pero ha sido imposible. Todos los anuncios del gobierno han sido modificados constantemente. No hay convicción ni un orden sobre las reformas. Por ejemplo, primero se estableció que iba a ser para todos y universal; después, que en 2018 lo sería para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables y que en 2020 sería extendida para todos. Ese era el eslogan con que el gobierno hacía campaña: ¡Educación gratuita! Luego, se anunció que sería solo para las universidades del Cruch; después, que el beneficio se ampliaba; después, nuevamente se dijo que solo sería para las universidades del Cruch; después, que sería otorgado vía Ley de Presupuestos, y anteayer, que sería para el 50 por ciento de los estudiantes -tampoco es real- y con condiciones que no se conocen. ¡Nadie entiende nada! Todavía tenemos incertidumbre sobre el mecanismo que utilizarán. ¡Basta de cumplir a medias! No hay claridad respecto de hacia dónde vamos. Lamentablemente, no solo en la educación el gobierno no ha encontrado el rumbo. El Congreso Nacional tiene un rol que cumplir. No podemos permitir que esta iniciativa avance como está presentada. Si ha sido cambiada varias veces y sabemos que se está innovando en una nueva discriminación, quiero invitar a las señoras diputadas y los señores diputados a que juntos convenzamos al gobierno de que vuelva al sentido común y elimine la discriminación de raíz; que no se conforme solo con atenuarla. Para eso debemos poner el foco en los que más lo necesitan y en modernizar el sistema de educación superior. El Cruch debe modificarse. No se justifica que no se integre a todas las instituciones con altas exigencias en calidad e integración. Además, se debe entender el concepto de fondo: no solo lo estatal puede generar un bien público. Como oposición justa y dialogante, no vamos a avalar otra vez una promesa incumplida, otra vez una política pública mal diseñada. No seamos cómplices de la mayor discriminación y del aumento de la desigualdad en Chile. Señora Presidenta de la República, Michelle Bachelet -me dirijo a su excelencia por intermedio del señor Presidente de la Corporación-: usted prometió combatir la desigualdad, pero con esta medida solo va a profundizar la brecha existente. ¡Basta de cumplir a medias! Por su intermedio, señor Presidente, emplazo a la bancada estudiantil, que hoy está aquí básicamente por las marchas y por su compromiso con la consigna de una educación pública gratuita y de calidad, a que reconozca que no hemos avanzado y, principalmente, a que no avale esta discriminación. La promesa de mejorar en justicia las condiciones de todos los estudiantes nos corresponde a todos. No aceptemos esta gratuidad mentirosa. No consagremos una nueva discriminación contra la educación técnica y contra los estudiantes más vulnerables, que nos necesitan. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos y treinta y cuatro segundos, el diputado señor Felipe Kast. El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la ministra de Educación. Hoy nos enfrentamos a una disyuntiva ética y política. De hecho, la ministra ha venido trabajando en materias de educación por mucho tiempo en una institución muy respetada: Educación 2020. La paradoja es que dicha institución está en contra -lo ha dicho públicamente- de la idea de la gratuidad universal, por lo menos para los próximos diez o veinte años. Y lo ha dicho públicamente porque se da cuenta, siendo responsable y no populista, de que en la actualidad hay otras urgencias sociales que, sin lugar a dudas, tienen completamente postergados a miles de chilenos. Aun más, dentro del mismo ámbito educacional hay urgencias sociales que están siendo absolutamente postergadas. Por lo tanto, ministra -por intermedio del señor Presidente-, le pido que sea consecuente con su historia, con su mirada en la materia. En cuanto a los anuncios que realizaron ayer, lo curioso es que no postergan la promesa de gratuidad, sino que simplemente la prolongan. Al respecto, desde la oposición tenemos una visión clara: no queremos una política que aumente todavía más la desigualdad. Por lo mismo, ministra, le pedimos focalizar los recursos públicos en las familias de clase media y en las más vulnerables. Esta es una mala reforma, ministra, básicamente por cinco razones: Primero, porque es irresponsable: no están los recursos y se ha vendido una promesa, se ha “vendido humo” a la ciudadanía. Además, se ha debido ir haciendo continuas rectificaciones para tratar de ajustar la realidad a esa promesa, que era absolutamente irresponsable. Segundo, porque es injusta. Como ya he manifestado, hay conciencia transversal en todos quienes se han dedicado a ver el tema de la desigualdad, en cuanto a que esta promesa, si finalmente se cumple, lo único que va a hacer será aumentar la desigualdad. Ello, por una razón muy simple, cual es que terminaremos pagándoles la universidad a quienes egresan de colegios particulares pagados y postergando el emparejamiento de la cancha justamente en los ámbitos en que más se necesita: en la educación preescolar, primaria y secundaria. Tercero, porque es impracticable. Quiero que nos explique, ministra, cómo se hará para fijar los precios a los miles de programas y carreras que finalmente tendrán que ajustarse. O sea, un programa que tenga un costo mayor tendrá que ajustarse a la baja, y aquel que tenga un costo menor, hacia arriba, e incluso tendrá utilidades producto de esta reforma. Eso no solo es irresponsable e injusto, sino también impracticable. Cuarto, porque es discriminatoria. Vimos que se hizo un esfuerzo con el anuncio del lunes, pero se sigue discriminando. ¿Quién les explicará a los miles de estudiantes del Inacap, del AIEP y de otras instituciones, quienes anhelan una oportunidad, que se verán arbitrariamente discriminados? Espero, ministra, que corrijan a tiempo esto, porque no lo podemos tolerar. Quinto, porque es regresiva. ¿Cómo se explica que de cada diez pesos que se inviertan en esta reforma, la mayor parte vaya a las familias más ricas de Chile? Ministra, como oposición y también como conglomerado, queremos invitarla a diseñar y a llevar a cabo buenas políticas públicas. Ojalá usted pueda liderar un cambio de rumbo en esta materia, porque hasta el momento no hemos visto nada al respecto. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y treinta segundos, el diputado señor Sergio Gahona. El señor GAHONA.- Señor Presidente, a la hora de analizar una propuesta tangible sobre la gratuidad de la educación superior, debemos considerar como factor primordial el universo de eventuales beneficiarios al que estará dirigido el programa y, a la vez, quiénes son, dentro de ese universo, los que más necesitan y demandan mayor cobertura y protección por parte de un Estado garante. Conjuntamente, es fundamental que el proyecto no solo proponga, sino que también logre hacer realidad el carácter inherente de inclusión y equidad sin jamás dar espacios a la arbitrariedad, ni a la injusticia social, ni a la discriminación. Considerando lo anterior y tras estudiar el primer anuncio del Ejecutivo, se hizo evidente que este gobierno fracasa de manera rotunda en el otorgamiento de dichas garantías al universo de estudiantes más vulnerables del país de manera justa e igualitaria. Cuando se habla de igualdad no es para hacer campaña política ni propaganda, ni mucho menos para engañar a la ciudadanía. Cuando se habla de igualdad es para comprometerse y garantizarla. Hoy, con el nuevo anuncio que tenemos sobre la mesa, nos parece que el carácter de igualdad que se menciona es justamente eso: un eslogan político del que se está abusando, lo que radica en la extrema celeridad con que el Ejecutivo está llevando a cabo una agenda tan importante en materia de reformas. Hemos visto un claro ejemplo de ello con el proyecto de carrera docente, y es inminente que lo seguiremos viendo tras esta propuesta de gratuidad en la educación superior. Nos pareció verdaderamente alarmante que un primer anuncio hablara de lograr, a contar del 2016, una cobertura inicial para el 60 por ciento de estudiantes más vulnerables del país y que al mismo tiempo planteara que la agenda estaría destinada solo a las universidades que forman parte del Consejo de Rectores. De qué igualdad hablábamos si la realidad es que de ese 60 por ciento de estudiantes más vulnerables solo el 34,7 por ciento recibirá dicho beneficio. De qué igualdad hablábamos si se estaba dejando fuera de cobertura a miles de estudiantes que provienen de los quintiles más desprotegidos, que tienen méritos académicos suficientes y que son o serán alumnos de universidades privadas, de institutos profesionales o de centros de formación técnica de prestigio. Fue tal el nivel de incongruencia y contradicción contenido en ese primer anuncio que hasta el mismo Ejecutivo debió echar pie atrás y, nuevamente, modificar en el aire y a la carrera sus propuestas. Así, el pasado lunes escuchamos el nuevo anuncio, que ahora propone cobertura para el 50 por ciento de los estudiantes más vulnerables y que intenta corregir errores, incorporando esta vez a los alumnos que cursen estudios en instituciones privadas que cumplan con la acreditación requerida y que no tengan fines de lucro. Si bien eso es un avance en la calidad del anuncio, aún tenemos que analizar si estamos hablando de gratuidad universal en la educación o si, en lo concreto, solo se pretende cubrir hasta un arancel de referencia. Si carecemos de este tipo de detalles, la ambigüedad del anuncio queda totalmente al descubierto y la propuesta pierde toda fuerza. Todos valoramos los anuncios que hablan de dar prioridad a los estudiantes de más escasos recursos; pero esos anuncios deben ser sólidos, planificados detalladamente y considerando siempre las reales necesidades de nuestros ciudadanos, quienes aspiran a capacitarse profesionalmente con igualdad de beneficios e inclusión. Por lo demás, si lo que se busca es focalizar los recursos en el sector más vulnerable, sería mucho más sensato y lógico beneficiarlos directamente y no distribuir los dineros empleando criterios que ni siquiera se aplican al momento de determinar la calidad de la educación. Si bien agradecemos que el Ejecutivo haya corregido los crasos errores cometidos en un inicio, llamamos encarecidamente al gobierno a evitar estos anuncios fantasmas y a dejar de confundir a la ciudadanía. Por último, la bancada de la UDI rechaza totalmente esa clase de anuncios y exige que se asuma de una buena vez la responsabilidad de proponer las medidas que todos los estudiantes chilenos exigen y se merecen. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards. El señor EDWARDS.- Señor Presidente, rápidamente repasaré algunos de los proyectos que componen la reforma educacional, porque hay ciertas coincidencias. El año pasado, en la reforma el gobierno les hizo la vida muy difícil a los colegios particulares subvencionados para crear nuevos establecimientos, y a los que había, les complicó sobremanera su existencia, independientemente de si entregaban calidad o de la necesidad de sus estudiantes. En la Ley de Presupuestos nuevamente se dejó fuera de los programas de apoyo a los colegios particulares subvencionados. De nuevo, independientemente de si entregaban calidad o de la necesidad de sus estudiantes, dichos establecimientos educacionales se quedaron sin recursos. En el proyecto de carrera docente, la señora ministra no les asegura a los profesores de colegios particulares subvencionados carrera docente sino hasta el año 2026. Ello también es una discriminación tremenda contra ese tipo de colegios. Ahora, en la reforma a la educación superior lo que están haciendo es darles gratuidad a algunos, pero dejando a la gran mayoría afuera. No lo entendemos. Desde el cónclave, la Presidenta de la República dijo que iban a tratar de extender la gratuidad a las universidades privadas. Pero cuando analizamos los requisitos para acceder a ella, según lo que entendemos, vemos que entre tres y cinco universidades privadas serán incluidas en el beneficio y todo el resto se quedará afuera. En cuanto a los centros de formación técnica, de un total de un ciento, siete son considerados para la gratuidad. Nuestros cálculos -la ministra me dirá si estoy en lo correcto- señalan que solo uno de cada cinco estudiantes en Chile recibirá el beneficio de la gratuidad. ¿Y qué pasó con el resto? No lo sabemos. Recordemos que hicimos una reforma tributaria para financiar esto. Sin embargo, solo se está beneficiando a uno de cada cinco alumnos. Se dice que ello es porque las universidades privadas no entregan calidad. Pero hay cuatro universidades del Cruch que no cumplen ese requisito. Entonces, no es un tema de calidad. De lo contrario, qué pasará con la Universidad de Los Lagos, la Universidad Arturo Prat, la UTEM y otra de la que no me acuerdo en este momento. Se exige participación triestamental. Al respecto, ministra, las buenas universidades del mundo, las de calidad, ¿tienen cogobierno? Me gustaría saberlo. Porque si todas las universidades de calidad del mundo tuvieran cogobierno de la manera en que se está exigiendo aquí, está bien, movámonos en esa dirección. Pero si eso no existe, la verdad es que esto parece más un intento por dejar tranquila a la gente de la Confech. Algo pasa, ministra, que en su reforma usted está más dispuesta a explicar, por ejemplo, por qué a los alumnos del Inacap no les va a entregar gratuidad, pero sí a los del Duoc. ¿O está más dispuesta a dar una explicación de por qué a los estudiantes de la UTEM sí se les otorgará gratuidad, y a los de La Mayor y de la Central, no? La verdad es que eso es tratar de explicar lo inexplicable. ¿Por qué tienen que discriminar en cada uno de los proyectos de la reforma educacional? Le recomiendo que trate de decir la verdad, como lo pide el rector Peña hoy en el diario El Mercurio. Lo que el gobierno quiere no es ayudar a los estudiantes, no es igualar la cancha ni hacerles la vida más llevadera a los chilenos que están acogotados con los costos, sino ayudar a ciertas universidades. Eso se llama “subvención a la oferta”. Díganlo claramente, para que no tengan que enredarse en explicar lo inexplicable, es decir, por qué están discriminando a tantos estudiantes. El gobierno no está ayudando a los estudiantes, sino a ciertas universidades. Y lo mismo respecto de los colegios. El tema no es la calidad, no es la necesidad de los alumnos, sino la propiedad: si los colegios son particulares subvencionados o públicos. Ministra, la gratuidad en esta reforma no es más que una pancarta, porque el objetivo es ideológico: no es la calidad, no es la equidad, sino la propiedad y el control. Si no sinceran lo que están haciendo, ministra, van a tener que explicar lo inexplicable por muchos días más de los que se han contado y deberán retroceder, como ya lo han hecho tres veces respecto de la gratuidad. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y treinta segundos, el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, más allá de los adjetivos calificativos que hemos escuchado, deberíamos aprovechar esta oportunidad para discutir el tema de fondo: sobre qué base vamos a construir la gratuidad para la educación. Seamos precisos. Aquí se han dicho algunas cosas equivocadas -quiero creer que no son mentiras-, porque, para ser precisos, el programa de gobierno compromete que hacia el 2018 se alcanzará la gratuidad para el 70 por ciento de las familias más vulnerables y anuncia una intención de alcanzar la gratuidad universal en un plazo posterior de seis años. Pero el compromiso concreto de este gobierno era alcanzar el 70 por ciento. Lo que estamos discutiendo aquí es una oportunidad, la cual naturalmente están aprovechando nuestros colegas de oposición para hacer un punto y crear un hecho político. Porque, digamos las cosas por su nombre: ¿Qué tenemos aquí? Que para resolver hasta dónde va a alcanzar la gratuidad, a qué instituciones y a cuáles alumnos, es necesario que previamente se resuelvan algunas cuestiones, que, según entiendo, son materia del próximo proyecto de ley de reforma a la educación superior. Los anuncios realizados y que estamos comentando hoy, los coloco más bien en el ámbito de la transitoriedad. Mediante la Ley Presupuestos para 2016 queremos entregar en forma inmediata el beneficio de la gratuidad a un segmento de alumnos de la educación superior. ¿O acaso nuestros colegas no quieren -aunque no sea el ciento por ciento de ellos- que un porcentaje de los alumnos más vulnerables de nuestro país puedan acceder a la gratuidad? No son todos, por cierto. Nadie ha dicho eso. Además, como los recursos de la Ley de Presupuestos son acotados, se definió la cobertura. Podremos estar o no de acuerdo con ella, pero el criterio para establecerla ha sido supertransparente. Se dijo: que las universidades del Cruch, los IP y los centros de formación técnica sean gratuitos. Ahora bien, se ha flexibilizado el criterio. O sea, hoy ser flexible es una cuestión reprochable. Se planteó razonablemente que parece discriminatorio que solo puedan acceder a la gratuidad las universidades del Cruch y se abrió esa posibilidad a otras instituciones privadas, pero con ciertos requisitos, como el que tales establecimientos se encuentren en el segundo nivel de acreditación. Así, otras universidades, esta vez privadas, podrán acceder a los recursos que permitirán dar gratuidad. La cobertura no es menor: estamos hablando de alrededor de 300.000 estudiantes, que representan un porcentaje importante de la matrícula en la educación superior. Ahora, ¿a qué debemos apuntar? Esa es la discusión que tenemos que realizar. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿El financiamiento debe ser a las instituciones o a las personas? ¿Continuaremos con la lógica de mercado en que entregamos un voucher y que la persona escoja dentro de la demanda existente o direccionaremos la oferta para que esta sea de calidad, sea pertinente, tenga relación con el desarrollo del país y sea una oportunidad efectiva de trabajo para los alumnos? En suma, se trata de no repetir lo que ocurre en la actualidad, en que con la lógica de financiar la demanda, terminamos con miles de estudiantes a los que les estamos vendiendo esperanzas vanas, porque sacan un título, lo llevan bajo el brazo y en el mercado laboral no tienen ninguna posibilidad. ¿Ese es el tipo de educación superior de la que nos vanagloriamos? Creo que en eso estamos profundamente equivocados. ¡Qué lamentable que realicemos una sesión especial en la que no se pueda decir un par de ideas más o menos serias! En esta materia falta una regulación del sector, que está completamente desregulado; acreditación, pero de verdad, no la que tenemos, que está muy desprestigiada; una Superintendencia de Educación que fiscalice el uso de los recursos y el cumplimiento de las leyes. En fin, esa es la discusión que debiéramos estar teniendo aquí y no haciendo las declaraciones panfletarias que he escuchado. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda. Como lo manifestó el diputado Venegas, en esta sesión tenemos la oportunidad de discutir respecto de la forma en que los alumnos vulnerables acceden a la educación superior. Efectivamente, los estudiantes de los sectores más vulnerables tienen dificultades financieras, porque los sistemas de ayuda estatales que han existido en estos años, como becas y créditos, no cubren el total de la matrícula, porque el arancel de referencia que se ha ido fijando está muy por debajo de lo que cobran las instituciones de educación superior, ya sea que se trate de centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades. Por lo tanto, es legítimo pensar en un mecanismo que permita que los estudiantes más vulnerables accedan a la educación superior. Eso es garantizar acceso. Un alumno talentoso y preparado no tiene por qué quedar fuera de la educación superior por razones económicas. En ese sentido, creo que la fórmula planteada por el gobierno es claramente insuficiente, porque deja a 250.000 alumnos vulnerables pertenecientes a la educación técnica, fuera del beneficio en 2016, lo que me parece clave para una política que busca igualar oportunidades. Por otro lado, el gobierno, a través de la Presidenta de la República, en dos oportunidades -el 21 de Mayo y hace pocos días- dio a conocer algunos requisitos para aumentar la cobertura e incorporar nuevas instituciones, el principal de los cuales es la calidad. Al respecto, se establece como requisito de calidad la acreditación de cuatro años. Sin embargo, cabe preguntarse si eso se aplicará a todas las instituciones, porque algunas universidades del Cruch no cuentan con esos años de acreditación. Entonces, si estamos preocupados por el estudiante, debemos igualar las condiciones y los requisitos de las instituciones, sean o no del Cruch, porque no podemos entregar un cheque en blanco a todas; debemos tener garantías de calidad y de que los alumnos que sean merecedores de esa ayuda estatal podrán acceder a instituciones de educación superior con financiamiento del Estado, pero siempre que ellas cumplan ciertos estándares mínimos de calidad. Por otra parte, el Ministerio dio a conocer que las instituciones que se acojan al mecanismo de gratuidad deberán congelar las matrículas. Creo que es una señal preocupante. No habrá aumento de cupos. Eso atentará claramente contra la posibilidad de generar oportunidades para acceder a las instituciones que ofrezcan gratuidad. Si hay más alumnos interesados en cursar esas carreras, no lo podrán hacer, porque los cupos serán limitados. Evidentemente, la restricción es financiera. Es un problema que debemos analizar. En otro orden de cosas, según los datos entregados por Elige Educar, siete regiones no tendrían instituciones de educación superior, técnica o profesional, que cumplan con los requisitos que se establecen. Ejemplo de ello es la Región del Maule, donde, en consecuencia, alumnos vulnerables que estudian en instituciones de formación técnica en Curicó, Talca, Linares o Cauquenes no podrán recibir esa ayuda o educación gratuita en 2016. Señora ministra -por intermedio del señor Presidente-, debemos discutir con mayor amplitud y transparencia respecto de las ayudas que se entregarán y sobre cuáles son los requisitos que se pueden fijar a las instituciones. Como dije, no creemos que haya que entregar cheques en blanco; las instituciones deben cumplir ciertos requisitos establecidos para todas, y ojalá con igualdad de condiciones, para así ayudar a acceder a la educación superior a la mayor cantidad de alumnos posible. Ahora, respecto de los mecanismos de transferencia de recursos, ¿cómo se financiará eso? ¿Se utilizará el arancel de referencia? ¿Será más real en cuanto a considerar los costos efectivos de las carreras o se fijará un monto único? Porque, de ser así, también podemos afectar la calidad. Por ejemplo, si fijamos un arancel por debajo de los costos de funcionamiento, ¿qué harán las instituciones que hayan invertido más en una carrera determinada? Ajustarán a la baja y, en consecuencia, bajarán la calidad. Por lo tanto, me parece que es clave que se aclare lo antes posible este asunto de los montos, de cómo se transferirá y cómo se fijarán las transferencias de recursos a las distintas instituciones de educación superior: universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Asimismo, señora ministra, me parece importante discutir un poco más la situación de los alumnos vulnerables. Hoy, por ejemplo, a un alumno vulnerable de Linares, de Colbún o de San Javier que quiera estudiar una carrera que será gratuita en 2016, pero que se imparte en Santiago, si le decimos que no pagará arancel, ¿podrá venirse a estudiar a Santiago? La respuesta es no, porque ese alumno y su familia no tienen los recursos necesarios para financiar su estadía en la capital. Por ello, cuando planteamos que no estamos de acuerdo con la gratuidad universal, no es porque queramos ahorrar plata, sino porque pensamos que dado que el 10 por ciento de los alumnos pertenecen al sector más rico de la población, ellos podrían financiar su educación, y los recursos públicos que no se ocupen en ellos podrían destinarse a becas complementarias para que los alumnos vulnerables puedan acceder a oportunidades de educación en cualquier lugar del país y en la carrera que elijan. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson. El señor JACKSON.- Señor Presidente, antes de referirme a la materia que nos convoca, permítame saludar a la señora ministra. La discusión sobre gratuidad en la educación superior ha sido brutalmente tergiversada en el transcurso de los últimos días, pero, desde mi punto de vista, la confusión conceptual comenzó con el discurso del 21 de Mayo. En esa ocasión se anunció que habría gratuidad, sin becas y sin créditos, para los estudiantes de las universidades del Cruch, de los CFT y de los IP que no lucraran. Además, se anunció que se presentaría un proyecto integral de educación superior. Las reacciones no tardaron en llegar. Por supuesto, el énfasis de la crítica no fue para los beneficiados por el anuncio ni por el esperado proyecto de ley para dotarnos de un marco regulatorio y así garantizar la gratuidad universal, sino que se centró en quienes no quedarían incluidos en el anuncio de gratuidad inmediata para 2016: los estudiantes de universidades privadas y de los CFT o IP que persiguen fines de lucro. Según los críticos, no se trataba, entonces, de un anuncio que buscara terminar con el triste récord de ser uno de los países con la educación superior más cara del mundo, sino de un anuncio que discrimina a los jóvenes que eligen universidades privadas. Pero ¿dónde está la discriminación? La discriminación empezó hace 34 años, con la Ley General de Universidades, de 1981. La Beca Bicentenario y los créditos estatales, que derivaron en el Fondo Solidario, siempre se han entregado a las universidades del Cruch, porque tienen ciertos parámetros de rol público, y no a las universidades privadas, que se iban creando como callampas en el otoño -o como flores en la primavera, según me acotan, pero no son flores-, por lo que resulta extraño que si existe esa discriminación desde hace 34 años, se pretenda cambiar a través de una glosa del presupuesto. Estamos hablando de que quienes instalaron el crédito con aval del Estado y quienes lo apoyaron en su creación a través de la legislación -los sectores políticos, sin mayores preocupaciones-, y quienes impulsaron la idea de financiar la educación a través del endeudamiento individual, en aquella época en que estábamos en las movilizaciones estudiantiles, reafirmándolo, hoy están preocupados de que exista gratuidad para un porcentaje importante de estudiantes. Entonces, resulta que quienes durante todo el año han alegado improvisaciones de parte del gobierno, quieren innovar, nada más ni nada menos que a través de una glosa del presupuesto que se discutirá en un par de días, para inyectar casi 400 millones de dólares a instituciones respecto de las cuales no tenemos ninguna garantía. Si generamos de manera tan blanda y laxa esta llamada gratuidad, cuando debatamos el proyecto de ley más integral, la discusión de fondo se centrará en no quitarles beneficios a los estudiantes, y tendremos una barrera mucho más blanda de financiamiento, por lo que vamos a profundizar la lógica de entregar un cheque al estudiante para que vaya a comprar al “supermercado” de las instituciones de educación superior. Se dice que con la acreditación basta. ¡Por favor! ¿Esa es la calidad que tanto pregonan? Se han lavado la boca con la calidad, pero sabemos que hay denuncias de corrupción y que aunque nuestra institucionalidad actual es precaria, de todas formas algunos sectores de la Alianza se opusieron a fortalecerla durante la discusión parlamentaria. Cuando uno revisa la historia de la Ley de Acreditación, ve que se oponían porque creían que los estudiantes solo necesitaban libertad de información. Hoy dicen que con eso sería suficiente. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Una forma de entender la educación? ¿Resistencia ideológica contra la gratuidad y el significado de este concepto? ¿Financiar proyectos educativos que le aporten al país o entregar cheques para comprar en el mercado de la educación? ¿Qué nos ha dejado el mercado? Desregulación absoluta, cesantía ilustrada, lucro camuflado, marketing engañoso al borde de la estafa, guetos educativos por segmentación de precios, comunidad académica sin diversidad de pensamiento, además de un endeudamiento estudiantil y familiar gigantesco. Por eso, le pido al gobierno que por favor no ponga la carreta delante de los bueyes. El financiamiento es la guinda de la torta, y creo en la gratuidad, por lo que pelearé hasta el final por ella; pero, por favor, diseñemos antes un sistema de educación superior. No improvisemos, como se está anunciando. Todavía estamos a tiempo para no improvisar en la Ley de Presupuestos, porque puede ser un paso en falso y puede ser que el remedio que se está planteando sea, en el corto plazo, mucho peor que la enfermedad que nos tiene en esta situación. Insisto en pedir al gobierno que por favor propicie que lo antes posible se presente una iniciativa de ley integral para la educación superior -con participación de los estudiantes, de los rectores, de los académicos-, para avanzar después, gradualmente, hacia la gratuidad universal, financiando proyectos, no un mercado educativo a través de vouchers, que, según la experiencia del mundo, lo único que logran es hacernos no solo ineficaces y ciegos, sino también brutalmente segregadores. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, además saludar de manera muy especial a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y Previsión Social, cuya presencia en la Sala anima este debate, quiero señalar que si estamos celebrando esta sesión especial es porque ha habido un compromiso muy importante en relación con la materia que nos convoca. La discusión que nos ocupa tiene que ver con la forma en que se incorporará a más estudiantes a un sistema de gratuidad de la educación superior a partir de 2016, debate que no necesariamente dice relación con la promesa sobre gratuidad universal en ese nivel educativo, porque eso implica llevar a cabo un análisis y una discusión mucho más de fondo. Al respecto, deseo hacer presente a la ministra de Educación que apoyaremos la promesa realizada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, por la Nueva Mayoría, de dar gratuidad universal a los estudiantes de educación superior, compromiso que es demasiado serio como para banalizarlo en este tipo de discusiones. Por eso, no nos podemos equivocar en la discusión prelegislativa, y debemos dar curso a un proyecto que sea discutido y reflexionado suficientemente en todos sus aspectos. La demanda por gratuidad de la educación superior en nuestro país es una esperanza que abriga la movilización social y estudiantil desde hace bastantes años, la cual no está referida solo a su financiamiento, aunque se trata de un aspecto muy importante. De hecho, debemos recordar que el gasto que realizan las familias en educación superior es altísimo. Por lo tanto, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, será bienvenida cualquier iniciativa que vaya en relación directa con aliviar esa carga. La demanda por gratuidad tiene que ver con lo señalado, pero también, y sobre todo, con una reforma o una transformación al sentido de la educación que queremos impulsar. En esa materia, tal como se ha planteado hoy en la Sala, si bien para muchos quizá no resulte escandaloso que el mercado sea el que continúe regulando la educación superior, a muchos otros eso nos parece inaceptable. La demanda por educación superior gratuita está relacionada con una transformación del sentido de la educación, más concretamente con el sentido de llegar a ser un profesional que aprende sus competencias en esa instancia. Debemos ser capaces de pasar del sentido puro de mercado al sentido público que nuestra sociedad demanda, al cual debemos arribar de una buena vez. Desde esa perspectiva, invito a repensar la discusión o por lo menos a complejizarla. En mi opinión, resulta estrecho que se considere si la gratuidad se orientará a las instituciones o a los estudiantes. Hay un factor clave: el análisis de cuáles son las necesidades que tendremos como sociedad, como región o como provincia. Al respecto, la pregunta que debiéramos hacernos es si vamos a financiar cualquier carrera, sin importar su tipo, o si primero debemos financiar aquellas que tienen mayor impacto social. ¿No es mejor financiar a los futuros profesionales que una vez en el mundo del trabajo tendrán mayor impacto social, como médicos y profesores, por nombrar algunos ejemplos? Me parece preocupante que aún se piense en la gratuidad sobre la base de un contexto de fondo de mercado. ¿Por qué no vamos a ser capaces de fijar normas más orientadas por las necesidades sociales y culturales, normas orientadas al desarrollo humano en cada una de nuestras regiones y a mejorar aspectos tan prioritarios como la salud y la educación? Por ejemplo, ¿tenemos la cantidad suficiente de educadoras de párvulos formadas en nivel superior, con estándares exigentes, que tomen en sus manos la necesidad de mejorar la educación preescolar, que es un nivel clave en cualquier mejora de la calidad de la educación del sistema escolar? Creo que a la hora de pensar en gratuidad, debemos ser más complejos y no quedarnos en la simple dicotomía de si la orientamos en función de los estudiantes o de las instituciones. Por último, quiero señalar, en nombre de mi bancada, que aún está pendiente una discusión muy importante: aquella respecto de los centros de formación técnica y los institutos profesionales, pues en ellos persiste una presencia muy grande de alumnos vulnerables a los que es necesario llegar con ayuda del Estado. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, además de saludar a la ministra Adriana Delpiano, quiero complementar algunas cosas que se han dicho en este debate. Cuando hablamos de gratuidad, en el fondo estamos hablando de sistemas de financiamiento, porque lo que al alumno o al estudiante no le cuesta, le tiene que costar al Estado, discusión que tiene que ver con la responsabilidad que este asume frente a esa materia. En los países desarrollados en los que las universidades son gratuitas, en los que el derecho a la educación no se cuestiona y en los que el Estado asume la responsabilidad de asegurarlo, la educación superior no la pagan los estudiantes, sino el Estado. En nuestro caso, debemos decidir si el Estado chileno quiere financiar la educación superior. Lo que está claro es que los países que financian las universidades no financian el mercado, no financian universidades privadas, sino las que son del Estado. En el caso de Francia, por ejemplo, no existen universidades privadas; solo estatales. Y no cabe duda de que ellas son de responsabilidad del Estado, puesto que son financiadas por este y son gratuitas para todos los franceses, e incluso para los extranjeros que acuden a estudiar a ese país. Es importante hacer esa distinción, porque el derecho a la educación en Chile debe contar con la voluntad del Estado para financiar las universidades estatales, a fin de que la gratuidad se dé en ese espacio. Si bien en nuestro país hay universidades privadas que han mantenido el prestigio de los establecimientos de educación superior, como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Federico Santa María, ello se debe a que han servido a un fin público, no de mercado. De modo que cuando se analiza el financiamiento estatal de las universidades, las de carácter privado deben estar dentro de esa lógica; no puede tratarse de cualquier universidad, sin perjuicio de que debemos asumir que en Chile gran parte de la población más pobre, del primer, segundo y tercer quintiles, estudia en universidades privadas, a las que el Estado no ha impuesto prácticamente exigencia ni regulación alguna, como la Universidad de las Américas, entre otras, las cuales, como señaló el diputado Jackson, han crecido como hongos, sin ningún control ni exigencia, a las que lo único que les interesa es la matrícula y que el alumno pague, razón por la que les da lo mismo la calidad de lo que entregan y el tipo de alumnos que reciben. La gratuidad no puede ser un concepto desconectado del sistema de educación superior. Debemos definir qué queremos de la educación superior en Chile. Es necesario determinar, por ejemplo, qué es una universidad y cuál es la distinción entre esta y un instituto profesional. Las carreras que hoy se imparten en los IP y en ciertas universidades tienen exactamente las mismas exigencias y los mismos resultados. En algunos casos no hay diferencia entre una universidad y un IP. Sin embargo, si la labor de las universidades, además de centrarse en la formación de sus alumnos, debe vincularse con la investigación, con el desarrollo del conocimiento, con la extensión, con el aporte que hace al crecimiento del país desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento y de la cultura, sobre la base de esos aspectos se deben establecer las exigencias para ellas. Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio quiero señalar a la ministra de Educación que las universidades estatales deben ampliarse, no pueden ser solo para una elite. En la actualidad, el problema que tiene ese tipo de establecimientos es que como son las mejores universidades, a ellas acceden alumnos que provienen de la elite, porque son los que obtienen los mejores puntajes, debido a que han estudiado en colegios particulares pagados y, por tanto, cumplen con el requisito de tener los más altos puntajes en la PSU, que es la mayor exigencia para el ingreso a las universidades del Cruch. En consecuencia, las universidades del Estado tienen la obligación de ampliar el mundo hacia los sectores que no son los más ricos en Chile. Esa es la discusión que debemos realizar. La diputada Provoste dijo que tenemos que complejizar la discusión. La gratuidad no es un cliché ni un eslogan; es un derecho a la educación superior, ya sea en una universidad o en un centro de formación técnica. Pero esos centros de educación superior y esas universidades deben actuar en un escenario completamente distinto a aquel en que se desenvuelven en la actualidad. En la comisión investigadora del lucro en la educación superior dijimos que el Estado fue cómplice con el mercado de la educación superior en Chile, pues creó las condiciones para que se diera la posibilidad de que las universidades cumplieran un objetivo distinto al de la formación, que fue el de ganar dinero, hacer de la educación un negocio. El Estado de chileno tiene que decidir si quiere que las instituciones de educación superior formen y creen conocimiento, o que se dediquen al negocio. Tenemos que discutir eso en nuestro país. Señora ministra, por intermedio del señor Presidente, tenemos que avanzar progresivamente para que la educación en Chile sea un derecho, para lo cual el acceso a la universidad debe ser igual para todos. Además, la primera responsabilidad del Estado deben ser sus universidades, las que pertenecen a todos los chilenos y que son las mejores del país. En ese contexto podemos hablar de gratuidad, de exigencia y de que la educación superior sea un derecho y no un privilegio en Chile. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, esta discusión es importante. No hay que desmerecer el hecho de que es necesario despejar dudas e inquietudes, pues estamos en las etapas preliminares de algo que es fundamental para la discusión del Chile que queremos construir todos los que estamos acá. Por ello, la primera pregunta que me hago es la siguiente: ¿Quiénes pueden estudiar hoy en la educación superior de nuestro país? En primer lugar, los alumnos cuyos padres tienen la posibilidad de financiar esa educación a sus hijos, y en segundo lugar, los jóvenes que tienen padres dispuestos a hacer un sacrificio inmenso, que se van a endeudar por largos y largos años, que tendrán que hipotecar sus propiedades y están preparados para afectar los pocos bienes que tienen para lograr ese objetivo. Esa es la realidad de nuestro país. Represento a un distrito compuesto por una gran cantidad de comunas rurales y que también cuenta con comunas urbanas importantes, como Puerto Varas, Purranque, a la que se ha agregado Osorno, que va a ser parte del nuevo distrito. Las familias que lo habitan hacen un gran esfuerzo para enviar a sus hijos a la educación superior; en la gran mayoría de los casos -creo que los colegas lo saben-, tienen serias dificultades económicas, pero cuentan con la convicción de que se trata de un sacrificio que vale la pena, opinión que comparte la familia chilena sobre el tema. Pero, ¿cuál es la realidad de nuestras universidades? De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestra educación es de las más caras del mundo y es costeada por los propios estudiantes en más del 80 por ciento, lo que se contradice absolutamente con las tendencias internacionales. ¿Qué otra cosa podemos deducir de lo que pasa en nuestra educación? Que a pesar de que tenemos universidades que se encuentran entre las más caras del mundo, no garantizan en lo absoluto la entrega de una formación de buena calidad. No vemos universidades chilenas en los rankings internacionales. Otro problema es que las tasas de deserción de nuestras universidades son mayores y afectan de modo más importante a los jóvenes de menores recursos, quienes además quedan doblemente frustrados, porque salen sin título de la educación que soñaron y con una deuda gigantesca. No estoy inventando; esto ocurre actualmente en la educación de nuestro país. Hace algunos meses me encontré con un excompañero de la universidad, quien me señaló que se endeudó por veinte años y que su primer hijo entró a la universidad, por lo que estará endeudado durante toda su vida. Esto ocurre en nuestro Chile: deudas para toda la vida. Además, no podemos desconocer que muchas universidades, generalmente las privadas, obtuvieron sus acreditaciones de manera fraudulenta. Recordemos que investigaciones judiciales dan cuenta de que varias universidades pagaron coimas para obtener sus acreditaciones, lo que tenía un propósito muy claro y concreto: aumentar sus ganancias y millonarios recursos. No olvidemos que un exdirigente deportivo, el señor Segovia, no puede ingresar al país debido a que está acusado de realizar acciones de este tipo. Señor Presidente, en una sociedad más justa e igualitaria, todo joven debiese tener la posibilidad de seguir la carrera que desee, sin consideraciones sobre su cuna o su herencia sociocultural. Como han dicho los estudiosos, eso simplemente no ocurre en Chile. Por eso, en relación con la discusión del proyecto de ley sobre gratuidad, que va a garantizar la educación superior como un derecho, hago un llamado a los colegas para que lo veamos desde un punto de vista positivo. Obviamente, no se puede iniciar la entrega de este beneficio con una cobertura del ciento por ciento de los estudiantes, como todos quisiéramos. No se pueden tolerar ciertas afirmaciones en una discusión de este tipo, como las de la diputada María José Hoffmann, quien trató en malos términos a la Presidenta de la República. Creo que eso no corresponde. Ella señaló que el eslogan de la campaña presidencial fue la gratuidad de la enseñanza superior. Obviamente, fue y es parte de nuestro programa de gobierno avanzar hacia una gratuidad que permita incorporar a las universidades del Estado, a las del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch); a los centros de formación técnica (CFT), y a los institutos profesionales (IP), lo que beneficiará en este primer año a más de 220.000 estudiantes, los más vulnerables, quienes deberían permanecer en sus casas, en sus poblaciones o en los campos de sus padres, de no ser por el proyecto que aprobaremos en el Parlamento. Por intermedio del señor Presidente, digo con el mayor respeto a la diputada señora Hoffmann que no hablemos de los eslóganes de campaña y que no hagamos ese tipo de recuerdos, porque eslóganes similares los golpean a ustedes, ya que en el pasado se ganó una campaña presidencial con el eslogan de que se terminaría la fiesta de los delincuentes y la puerta giratoria, pero vemos lo que pasa con los transgresores todos los días. No usamos el eslogan de la gratuidad para ganar la elección, como sí se hizo en el pasado, porque nosotros estamos cumpliendo, ya que con esta iniciativa se busca avanzar en el tema de la gratuidad, lo que va a suponer, desde todo punto de vista, un cambio de paradigma. Como dijo el diputado Jackson, se dejará atrás la lógica del voucher y de las becas asignadas al estudiante, con las que el Estado subsidia al estudiante para aumentar su capacidad de pago. Tengo confianza en lo que estamos haciendo. Por cierto, no es lo que todos queremos, por lo que lucharemos desde nuestra posición de parlamentarios de gobierno para avanzar mucho más, con el objeto de que lleguemos en 2018, es decir, al término de nuestro gobierno, a los porcentajes con los que nos comprometimos. No obstante, este es un punto de partida que considero muy importante, ya que un cuarto de millón de estudiantes pobres y vulnerables de nuestro país podrá estudiar gratuitamente el próximo año en las universidades agrupadas en el Cruch, en las que los estudiantes de nuestras regiones también tendrán posibilidades que antes no tenían. Recojo lo dicho por el diputado señor Romilio Gutiérrez respecto al tema de regiones. A lo mejor no habrá recursos para el estudiante que deba emigrar porque no encuentra una carrera idónea en su región. Debemos ver si el proyecto se condice con situaciones como esa. El proyecto sobre gratuidad es un paso importante para Chile, que no imaginábamos hace cinco o diez años y que no figuraba en los programas o en las planificaciones. Me siento orgulloso de que, independientemente de nuestras distintas posiciones en el Parlamento, podamos discutir hoy un tema que va a marcar a muchas generaciones futuras de jóvenes con talento, cuyos padres no pueden educarlos. A modo de ejemplo, Natalia lleva ocho años pagando su carrera, como miles de otros casos. Financió su carrera con tres créditos, por los que debe pagar actualmente una cuota mensual de 300.000 pesos. Trabaja catorce horas diarias en tres lugares para pagar su crédito. Miles de chilenos y de chilenas viven esa realidad cuando quedan endeudados por estudiar. Este paso nos permitirá avanzar para que no existan más casos de jóvenes como Natalia, que deben pagar por muchos años una carrera que a veces no se condice con los ingresos económicos que depara a los titulados. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Educación, que nos acompaña. Señor Presidente, el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet señala lo siguiente sobre este tema: “El rol del Estado es lograr que el derecho a una educación de calidad no dependa de la capacidad de pago de las familias y que por lo tanto su nivel de ingreso o endeudamiento no determine el acceso a la educación y con ello su futuro. Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal.”. Los diputados de la Nueva Mayoría tratan de cumplir a cabalidad esas palabras cada vez que discutimos un proyecto de ley que viene del gobierno; pero vemos que la iniciativa del Ejecutivo no cumple con lo que señala el programa de la propia Presidenta, cual es que la disminución de la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural no será una barrera al acceso a la educación superior, ya que más del 60 por ciento de los jóvenes vulnerables de Chile quedan fuera de lo que menciona dicho programa. De lo único que se habló en la discusión en que se aprobó la reforma tributaria fue de que los 8.500 millones de dólares que se iban a recaudar, se destinarían específicamente a la reforma educacional; pero hoy nos encontramos con un país que no es el mismo que cuando empezó este gobierno, ya que desaceleró su crecimiento, los índices de desempleo van en aumento y las oportunidades no son las mismas que hace un año y medio. ¿Quiénes son los perjudicados con esto? Los estudiantes más vulnerables. Por lo anterior, me complica hablar con estudiantes del Inacap Temuco, quienes no podrán optar a la gratuidad. Represento a ocho de las comunas más vulnerables del país, que son Galvarino, Lautaro, Perquenco, Victoria, Vilcún, Curacautín, Melipeuco y Lonquimay. Los jóvenes de la mayoría de ellas no logran ser estudiantes universitarios, sino técnicos. Cuando los representantes del gobierno anuncian con bombos y platillos la gratuidad universal, ¿qué puedo decir a esos estudiantes a los que no les podremos cumplir esa promesa? El gobierno del Presidente Piñera y los anteriores dejaron becas para más de 450.000 alumnos. Ahora ni siquiera vamos a llegar a esa cantidad de alumnos beneficiados por la gratuidad en la educación. Se debe hacer el mismo esfuerzo que se le pidió a la ministra cuando se discutió el proyecto de carrera docente. En ese entonces nos dijeron que no había recursos. En la Comisión de Educación tuvimos que rechazar la idea de legislar para que aparecieran recursos de la nada; y suma y sigue. Esas son las cosas que no podemos tolerar. Hablan del programa como si fuera la Biblia. Pido que al menos cumplamos ese compromiso con los alumnos que tienen beca de gratuidad. Me sumo a las palabras del diputado Fidel Espinoza, quien mencionó el caso de una joven que destina más 300.000 pesos para pagar las cuotas mensuales que le generan tres créditos que solicitó para estudiar, quien debe trabajar más de catorce horas diarias para obtener los recursos. Al respecto, debo recordar que el crédito con aval del Estado, que tiene un interés del 6 por ciento, se creó durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Además, hay muchos endeudados por haber solicitado créditos Corfo. Sin embargo, muchas personas no pagan las cuotas mensuales que se les han fijado por esos créditos, a pesar de que tienen la posibilidad de pagarlos, pues ganan más de seis millones de pesos mensuales. En consecuencia, señora Presidenta, es necesario sincerar el debate frente al país. Por intermedio de la señora Presidenta, hago un llamado con mucho respeto a la ministra, porque no les podemos fallar a los jóvenes que están esperando recibir la gratuidad. Hemos dicho que estamos disponibles para aprobar el otorgamiento de ese beneficio al menos al 60 por ciento de ellos. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda. Es entendible que el gobierno deba priorizar sus medidas cuando existen problemas económicos en el país. Considero que los recursos deben destinarse en forma prioritaria a la educación parvularia y preescolar. Por intermedio de la señora Presidenta, solicito al ministro de Hacienda que destine los fondos de que disponga el próximo año en un solo tipo de educación parvularia, que solo una institución entregue educación parvularia. Hay que terminar con los jardines vía transferencia de fondos (VTF) y con la municipalización de los jardines infantiles. Ahí hay que invertir los fondos; no en la educación superior, sino en la primera infancia. Si eso no es posible, por cierto que debemos avanzar hacia la educación gratuita para todos, aunque sea en forma paulatina o como sea posible, de acuerdo con la responsabilidad del Estado. Hemos cometido errores. Por ejemplo, para que exista universalidad gratuita de la educación, los más ricos deben pagar los impuestos necesarios para financiar la educación de sus propios hijos y de los hijos de otros; pero bajamos el impuesto a la renta del 40 al 35 por ciento. Es fundamental tener los recursos para pagar una educación gratuita para todos; en forma paulatina, pero para todos. Considerando que debemos definir la manera en que se repartirá el financiamiento, hay prioridades. En primer lugar, las universidades del Estado, no solo la Universidad de Chile, ya que todas las regiones tienen universidades estatales. Por ejemplo, la Universidad de Atacama da educación prácticamente solo a gente vulnerable; sin embargo, solo el 20 por ciento de su financiamiento es entregado por el Estado. Reitero, en primer lugar, debemos dar prioridad a los alumnos vulnerables de las universidades estatales. Tal vez no a los alumnos de medicina de la Universidad de Chile, ya que casi todos provienen de hogares con suficientes recursos económicos, pero sí a los del resto de las universidades del Estado. En segundo lugar, a los alumnos vulnerables de las universidades con vocación pública, que llevan años educando desde lo público. En tercer lugar, si alcanza, a los de las otras universidades, siempre estas que cumplan con requisitos de calidad, que estén acreditadas y que entreguen educación sin lucrar, porque ya sabemos que hay consorcios dueños de universidades que buscan lucrar. En conclusión, hago un llamado para que demos prioridad a la educación parvularia. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señora Presidenta, por su intermedio, le pido a la ministra y al ministro que escuchen al diputado Robles solo en cuanto a priorizar la educación parvularia. En el resto no le hagan caso, porque se profundizaría la discriminación a los estudiantes vulnerables. Respecto del término de los VTF, es exactamente lo contrario, porque mientras más centralizada y homogénea es la educación parvularia, es de peor calidad. Necesitamos que las comunidades definan sus proyectos educativos y no lo contrario. Lamentablemente, nos encontramos con un nuevo proyecto retro, que mira hacia atrás, que adopta las viejas y fracasadas fórmulas, en vez de caminar hacia adelante. Por eso seguimos escuchando los mismos viejos y fracasados argumentos para defenderlo. En ese sentido, es un proyecto muy coherente: retro en sus fundamentos, retro en sus defensas. El proyecto que puso fin al lucro, al copago y a la selección, se basaba, como dijo el ministro de la época, en quitar los patines a las escuelas subvencionadas -es decir, en nivelar hacia abajo-, en preocuparse de la propiedad de los establecimientos y de su constitución jurídica, en limitar la diversidad de proyectos educativos y en el desprecio total por la autonomía de la comunidad escolar y por la participación de la familia. Lamentablemente, en todos los proyectos de educación se impone la idea de que solo es público aquello que hace el Estado directamente. En suma, en lo que se aprobó en enero no importó el contenido de lo que ocurre en las escuelas y, al final, se terminó por perjudicar a las familias de clase media y a las más vulnerables. El foco no fue el futuro, sino el pasado. Lamentablemente, vemos que en este proyecto se repite exactamente la misma receta. No necesitamos ponerle un poco más de pimienta o de sal, sino cambiar la receta. Reitero: aquí se repite exactamente lo mismo, pues hay una mirada añeja de la educación superior. Se mira en menos a los CFT y a los IP. No hay ningún interés en vincular la educación técnico-profesional con los CFT. Hoy, más del 40 por ciento de los estudiantes salen de la educación técnico-profesional. Muchos de ellos han cursado cerca de ochocientas y hasta mil horas de especialización en los últimos dos años. ¿De qué les sirven esos créditos cuando entran a un CFT? Absolutamente de nada, con excepción de dos o tres instituciones a lo largo de todo Chile. Pues bien, es a esos jóvenes a quienes tenemos que atender primero; sin embargo, se los mira en menos. Lamentablemente, en el Congreso Nacional hemos escuchado varias veces, de parte del Ministerio de Educación, el desprecio por los institutos profesionales. ¡Quieren terminar con ellos! ¡Digan las cosas como son! No lo pongan en una glosa del presupuesto; digan lo que piensan realmente. No es posible que sigamos aplicando la misma vieja y fracasada fórmula. Los invito a leer el documento Una avalancha está en camino, de Michael Barber. Lo pueden descargar de manera gratuita; es gratuito y de calidad. En él se describe con absoluta claridad cómo ha cambiado la sociedad y la educación, en que el costo de la educación aumenta más que la inflación, en que la investigación y los grados ya no pueden ser idénticos a los de hace veinte años. ¿Qué significa ser ingeniero comercial o abogado hoy? ¿Es exactamente lo mismo que hace treinta, cincuenta o cien años? Es evidente que no. Por lo tanto, el monopolio de los títulos y grados que hoy consigna la ley está completamente obsoleto. Sin embargo, este proyecto insiste en que todos tienen que ir a la universidad bajo la fracasada fórmula de títulos y grados monopolizados a través del Estado. Aun más, señala que hay ocho temas -no los voy a leer- que se resumen en cómo se resuelve la tensión entre la relevancia inmediata y el avance del conocimiento, es decir, entre enseñar algo que sirve para el trabajo versus aquello que sirve para la academia, para el conocimiento, para la innovación. Tal tensión no es sencilla; pero si continuamos mirando la universidad exclusivamente como la que fundaron en la escuela de Atenas o en Bolonia, nos quedaremos en el pasado. No practiquemos fórmulas retro. Pedir que todas las universidades sean idénticas, que todas hagan lo mismo en investigación y se desarrollen de la misma manera es completamente absurdo; pedir que los IP hagan exactamente lo mismo, también es completamente absurdo. Cada uno tiene que cumplir su propio rol. Mientras se discute cómo se promueve la diversidad de instituciones y programas y que los programas de tres o cuatro años ya no serán el estándar, sino un continuo, a lo que debemos agregar, incluso, la educación a través de internet, aquí hacemos exactamente lo contrario. Se establecen reglas discriminatorias para un tipo de instituciones en desmedro de otras: un estudiante vulnerable podrá estudiar en una institución del Cruch de peor calidad que una privada, exclusivamente por un gustito ideológico. El gobierno ha tomado nuestra propuesta de manera parcial. Le dijimos que si no tenían plata, en lugar de financiar al 60 por ciento que lo hagan con el 50 por ciento, sin discriminar. Pero esto viene con letra chica, por cuanto hasta ahora los requisitos exigidos significan que el costo de la gratuidad será la autonomía universitaria. Sin embargo, hay una paradoja muy grande: eso no puede ocurrir, toda vez que la diversidad y la autonomía son el fundamento y alma misma de la universidad. Si el costo de esta gratuidad es la autonomía, entonces no hay universidad. No se discriminará a las instituciones, sino a los estudiantes y a sus familias. La gratuidad no es para la institución, no es para un edificio, sino para los jóvenes de esfuerzo y talento. Señora ministra -por su intermedio, señora Presidenta-, le pido que miremos hacia adelante, que apuntemos a la calidad de las instituciones, a la diversidad y a la autonomía de las mismas, a los estudiantes vulnerables y a sus familias, no a los gustitos ideológicos de unos pocos. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señora Presidenta, en un comienzo valoré este espacio de debate, porque pensé que se iba a dar una discusión seria. Pero resulta bastante gracioso escuchar a parlamentarios de la oposición defender el programa cuando en verdad nunca en la historia han estado de acuerdo con la gratuidad. De hecho, desde siempre han impulsado políticas no solo de focalización, sino también de endeudamiento en el sistema educacional, y han declarado abiertamente -como en el gobierno anterior, en concordancia con el discurso de su propio ex-Presidente- que entienden la educación como un bien de consumo y no como un derecho. Independientemente de ello, la pregunta de fondo que debemos plantearnos, o que debemos responder, se refiere al carácter que debe tener nuestro sistema educacional. En este punto, volvemos a algo que algunos considerarán un eslogan, una cuña, algo vacío de contenido, etcétera, pero que es de todo sentido volver a explicitarlo, a propósito de lo que mencioné anteriormente: hay que volver a la idea prístina de que, a propósito de toda la reforma, queremos consagrar que la educación, más que un bien de consumo o una mercancía, es un derecho social fundamental que debe ser garantizado de manera universal. ¿Cómo se garantiza este derecho humano, social y universal? ¿Solo a través de la gratuidad? Creo que no. A veces pecamos en caer simplemente en la discusión sobre gratuidad y financiamiento, cuando el tema es mucho más profundo, lo que no quiere decir que no esté de acuerdo, por cuanto sí comparto que la gratuidad es un elemento necesario para consagrar ese derecho, pero no es exclusivo. Hablamos de un derecho que tiene contenido, que es complejo, significativo, que tiene elementos de fondo y una trascendencia mayor. No podemos perpetuar una lógica de focalización del gasto social y expresar que el financiamiento tiene que dirigirse al estudiante vulnerable, y no pensar en la educación que les estamos entregando, en su pertinencia, en si es buena o no; en si realmente estamos financiando una educación que no solo le va servir a él, como profesional o técnico, sino también a la sociedad, para su desarrollo cultural, político, económico, científico y tecnológico. Aquí se ha dicho que este es un proyecto retro o que estamos repitiendo recetas fracasadas, cuando en verdad lo fracasado es esa lógica de mercado neoliberal que lleva más de veinte años en nuestro país, que no ha garantizado mejor calidad, que no ha garantizado más inclusión, que no ha garantizado el desarrollo inclusivo de la sociedad, por cuanto perpetúa la segregación y la reproducción de castas sociales. Aquí hay una cuestión de fondo que se debe consagrar. Por eso hemos acogido la idea de avanzar en la gratuidad con perspectivas de universalidad -es decir, al ciento por ciento-, pero sujeta a un marco regulatorio que permita que el estudiante beneficiado por el Estado con un financiamiento para estudiar gratuitamente, lo haga en condiciones tales que, al final, esto no se transforme en una verdadera entrega de cartones de lotería, en que su suerte queda echada al mercado. Eso no puede pasar. Aquí hay una responsabilidad del Estado, independientemente de que la institución sea del Estado o sea privada. Si el Estado financia gratuitamente una carrera, sea técnica o universitaria, la institución debe cumplir ciertas garantías mínimas. Entonces, el foco ya no puede estar exclusivamente en la vulnerabilidad del estudiante, sino en el tipo de educación que le vamos a brindar. Ahora, efectivamente hay una cierta discriminación. Nos gustaría que, de entrada, todos los estudiantes pudieran estudiar gratuitamente; pero lo más importante es que el Estado no avale la entrega gratuita de falsas promesas. No podemos utilizar como anzuelo a estudiantes vulnerables para perpetuar el negocio de las instituciones de educación. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano. El señor MORANO.- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda. Es un gusto que nos acompañen esta tarde. Si hay un problema que para la Región de Magallanes es esencial, ese es precisamente el que estamos tratando, para que el enfoque que tengamos sobre la educación superior no acentúe los niveles de discriminación territorial. Es sabido que las regiones extremas del país tienen un beneficio de zona, en que, para igualar las condiciones de vida, el Estado paga un porcentaje mayor de remuneración, particularmente a los empleados fiscales. Sin embargo, cuando esos mismos trabajadores son evaluados y clasificados por quintiles, se ven perjudicados, porque se comparan sus remuneraciones con las normales de la zona central del país, de manera que aparecen con ingresos superiores. Como digo, se trata de una diferencia de ingresos que solo tiene el sentido de igualar sus condiciones de vida respecto de las que tienen los trabajadores del resto del país. El problema es que a la hora de usar ese indicador, no se discrimina la zona en que viven. Por el contrario, si el alumno se traslada desde Magallanes o desde Arica hacia el centro del país, sí logra entrar en el encasillamiento normal. Por lo tanto, lo que se hace, quizás sin pretenderlo, es impulsar la migración desde zonas extremas hacia el centro. Me parece que este tema debe ser abordado en profundidad con ocasión de las reformas que se discutirán, por cuanto se consigue un efecto que nadie desea, pero que realmente se produce en la educación superior. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la ministra de Educación. La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo a todos los parlamentarios y parlamentarias presentes. Efectivamente, este es el primer debate -no será el último- que sostenemos sobre este tema. Dotar al país de una educación superior de calidad y que avance paulatinamente en un sistema de gratuidad es uno de los propósitos que se ha venido sosteniendo desde el primer día del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Por ello, junto con el ministro de Hacienda, hemos aceptado la invitación de esta Corporación para discutir, entre otras cosas, un debate que sostendríamos en la Ley de Presupuestos, y que simplemente se nos adelantó. Quiero subrayar algunos aspectos que resultan necesarios dentro de este diagnóstico para que tengamos una ley que dibuje el conjunto de la educación superior en el país, que garantice su calidad y que sea valorada como un bien que tiene dos dimensiones: primero, una dimensión individual para el estudiante y su familia, y segundo, una valoración social de parte de la sociedad en cuanto a tener profesionales de buena calidad, porque accedieron a las mejores instituciones de educación posibles. Eso es lo que deseamos -así se ha planteado-, y creo que lo compartimos todos quienes estamos en esta Sala. No creo que esto nos divida; por el contrario. El tema a resolver es el “cómo”. Es sabido que tenemos un sistema profundamente heterogéneo, que se estableció en momentos muy distintos de nuestra vida republicana, que ha llevado a que el 75 por ciento del financiamiento de estas instituciones salga del bolsillo de las familias. Por lo tanto, las familias no solo financian la docencia, el título que posteriormente recibirá el alumno o hijo, sino también la extensión, la investigación y otros atributos de las instituciones de educación superior. Tenemos universidades complejas e instituciones más simples, que son muy necesarias. Aprovecho la oportunidad para expresar al diputado Bellolio que estamos conscientes de que el país requiere un nivel de educación superior técnico-profesional de buen nivel, que interactúe con el nivel secundario y entre los centros de formación técnica, institutos profesionales y educación superior. Justamente, lo que hace el proyecto que enviaremos pronto al Congreso Nacional es dibujar el conjunto del sistema, para que democráticamente aprobemos esos cambios. Lo que hoy está en discusión es un aspecto muy relevante para muchas familias, porque, sin dotarnos aún de una subsecretaría de educación superior, de una superintendencia y de todos los elementos de acreditación que den fe pública de la mejor calidad y del más alto nivel de todo nuestro sistema de educación pública, se ha adoptado la decisión de adelantar el proceso, con el objeto de beneficiar a un conjunto importante de familias que pertenece a los sectores más vulnerables -no estamos financiando a los más ricos-, a aquellas familias hasta el quinto decil, que están dentro del rango de los 400.000 a 500.000 pesos por familia de cuatro integrantes, en las cuales, aunque el estudiante tenga un crédito con aval del Estado o una beca, debe pagar un diferencial por los aranceles, que muchas veces significa más allá del 10, 20 o 30 por ciento del ingreso familiar. Esa es la situación actual, sin incluir la matrícula. Por lo tanto, señoras diputadas y señores diputados, lo que se propone es adelantar la gratuidad a 230.000 alumnos y sus familias, sin tener el sistema regulador establecido por ley, con instituciones que nos garanticen que no van a lucrar -sabemos que, por ley, las universidades no debieran hacerlo-, porque no queremos financiar a instituciones que lucren. Difícilmente podríamos sostener que no hay universidades que, por distintas vías, lucran. Por otra parte, queremos financiar institutos profesionales de alta calidad, pero sin fines de lucro. Sabemos que no todos están en esa condición; a lo mejor, lo estarán mañana. Esto es parte de un esfuerzo que el Estado ha buscado garantizar a través de la creación de quince centros de formación técnica, uno en cada región, y de dos universidades estatales en regiones que aún no contaban con casas de estudios de nivel superior. Como se sabe, se trata de una iniciativa que se encuentra en tramitación en el Parlamento. Por lo tanto, nadie puede decir que no se ha realizado un esfuerzo integrado, en el que el financiamiento, que se adelanta en la ley de Presupuestos, irá en paralelo con la ley de educación superior. No se busca atender a las instituciones más ricas. ¡No es así! Lo que queremos es beneficiar a los alumnos de menores ingresos de instituciones que nos den garantías a todos de que no lucran y que están acreditadas por un número importante de años. Esto seguirá escalando. Será la ley la que nos dirá cómo progresará el país, para que otros centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades sigan avanzando en ese sentido. No olvidemos que este proyecto ingresaría al Congreso Nacional a fines de este año; por lo tanto, cualquier tipo de gratuidad no iba a ser posible hasta el 2017. Sin embargo, se decidió adelantar la iniciativa, porque la Presidenta de la República ha querido dar una señal al país de que la gratuidad es una realidad. No obstante, tenemos que hacerlo con la cautela necesaria, en el sentido de que sean instituciones que nos den garantías, a fin de que, cuando entre en vigencia la ley, sean parte de este nuevo escenario. Esto es lo que he venido a plantear. Además, los hemos escuchado con muchísima atención. Seguramente en la Comisión de Educación, durante el debate que tendremos con cada una de las bancadas, podremos profundizar aún más en algunos aspectos que están pendientes, porque estamos abiertos a enriquecer este debate. No estamos dispuestos a poner recursos de todos los chilenos en instituciones que no nos den las debidas garantías. Son muchos los jóvenes con necesidades; tenemos 1.200.000 estudiantes en el país. Como sabemos, el 50 por ciento de ellos está sujeto a algún tipo de beca o de crédito con aval del Estado. A todos se les va a mantener la beca y el crédito; pero habrá un porcentaje que irá pasando a un sistema de gratuidad, para que esas familias no se sigan endeudando. La idea es que mañana se incorpore al resto de las familias. Ahora, si esto puede ampliarse a todas las instituciones en el 50 por ciento -es decir, hasta el quinto decil-, bienvenido sea; si podemos aumentarlo al sexto y al séptimo, mejor todavía. Ese es el compromiso de la Presidenta de la República. Permítanme recordar un hecho. El noveno decil -no estoy hablando del décimo- tiene un ingreso aproximado de 1.200.000 pesos. Por lo tanto, para una familia de cuatro integrantes o más, que debe pagar alrededor de 300.000 pesos de arancel mensual, ese gasto realmente representa un enorme sacrificio. Y si ese grupo familiar tiene dos hijos que estudian en la universidad, entonces consumen la mitad del ingreso familiar. ¿Cómo vamos escalando? Es un problema de disponibilidad de recursos. No estamos ante un tema de justicia, sino ante un problema de posibilidades. En esa dirección debemos avanzar. Por último, agradezco que nos hayan invitado a participar de un primer debate, y esperamos que se desarrolle con la altura de miras que el tema amerita, en el entendido de que la educación superior no está despegada del resto de los niveles en los que también estamos trabajando. El sistema educativo es una continuidad, y es en la educación superior donde se forman las educadoras de párvulos, donde se forman los docentes y donde se forman los profesionales que atienden todo el sistema educativo del país. Muchas gracias. He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en este instante hay cuatro comisiones que están a punto de fracasar. Solicito que después de la intervención del ministro de Hacienda, suspenda la sesión por diez minutos para constituirlas. Otra posibilidad es votar de inmediato los proyectos de resolución. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Las comisiones están citadas a las 18.30 horas. ¿Habría acuerdo para retrasar en 15 minutos el inicio de las comisiones? No hay acuerdo. Tiene la palabra el ministro de Hacienda. El señor VALDÉS (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero referirme a dos temas que fueron mencionados durante el debate y que van más allá del tema educacional propiamente tal. Algunos diputados preguntaron por qué se establece esta gradualidad y por qué no se va más rápido. Consideran que es poco. Mi respuesta es que no es poco y que es una decisión responsable. También quiero referirme a la calidad y a la vulnerabilidad. Esta es una política pública que no es tan fácil de implementar, porque no solo aborda la focalización; también hay una preocupación central sobre los tipos de servicio que están detrás de esa focalización. Es obvio que el país tiene múltiples necesidades y es obvio también que Chile está haciendo un esfuerzo, como nunca antes lo había hecho, en concentrar recursos en educación. Sin embargo, debemos compatibilizar ese esfuerzo con otras necesidades. Se trata de compatibilizar el mejoramiento de la educación, que es preocupación central para el gobierno, con el manejo responsable de las finanzas públicas. Nuestras finanzas públicas están sanas y estamos usando los colchones que tenemos. Hay un déficit fiscal proyectado para este año de cerca de tres puntos del PIB. Recordemos que el precio del cobre, y en general de todas las materias primas, ha ido disminuyendo, y la capacidad de crecimiento de la economía, en la medida en que no somos más ricos, también va disminuyendo. La tasa de crecimiento de nuestro ingreso permanente es menor que en el pasado y, por lo tanto, debemos adecuar nuestro ritmo de avance para cubrir todas las necesidades. La reforma tributaria es un paso muy importante para financiar los gastos permanentes con ingresos permanentes; pero la reforma tributaria entra en régimen gradualmente. Además, ella no cubre todo el financiamiento del proyecto, pues será el crecimiento de nuestra economía el que financiará ese esfuerzo. Se ha señalado que sería mejor distribuir los recursos en otras necesidades. El debate presupuestario siempre está abierto y estamos haciendo esfuerzos gigantescos en ámbitos distintos a la educación. Los gastos para terminar gradualmente con el copago son muy importantes el próximo año. Las inversiones en ese ámbito, incluidos los jardines infantiles, son también importantes. A modo de resumen, el avance gradual no obedece a que no queramos avanzar más rápido. ¡Cómo nos gustaría tener un ingreso de 40.000 dólares per capita y avanzar rápidamente! Pero somos realistas y también somos responsables; por lo tanto, vamos a avanzar en la medida en que los recursos estén asegurados. Lo peor que podríamos hacer -lo he dicho en otras oportunidades- es avanzar en derechos sociales y luego no poder cumplir con las promesas. Es bueno aclarar que el hecho de bajar de 60 a 50 por ciento el porcentaje de alumnos que pueden acceder a la gratuidad en la educación superior, discusión que realizamos no hace mucho tiempo, no tiene que ver con recortar recursos. Después de haber atendido los argumentos de muchos parlamentarios, hemos decidido ampliar en este primer paso el número de instituciones que entrarán al proceso. Tal como explicó la ministra de Educación, debemos garantizar que son instituciones de la más alta calidad. El otro tema al que quiero referirme es de carácter más general. Esta no es una discusión fácil, porque no se trata solo de gastar los recursos de manera focalizada y bien. Siempre el Estado, el gobierno, deben preocuparse de atender, en primer lugar, las necesidades más urgentes. Normalmente ellas están relacionadas con la gente que tiene menos recursos. Estamos haciendo eso; pero, al mismo tiempo, en este caso en particular, debemos cautelar la calidad de la educación que estamos financiando, lo que no es habitual en nuestras discusiones de políticas públicas. Normalmente, nos quedamos en la primera dimensión, es decir, llegamos al sector más vulnerable. En este caso, la calidad es el eje central para garantizar una buena educación en Chile. Esta discusión es menos obvia que la habitual y se da en dos dimensiones: una, relacionada con la vulnerabilidad, y otra, con la calidad. Ya tendremos ocasión de abordar más detalles en la discusión presupuestaria, pero tenemos conciencia plena de que, además de avanzar en gratuidad, se requiere avanzar también en criterios, en infraestructura y en una institucionalidad que garantice que la educación que estamos financiando con los recursos de todos los chilenos sea buena. No sacamos nada con solo focalizar. Es clave avanzar también en una institucionalidad que nos permita vigilar que la educación que se está impartiendo sea la mejor posible. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enunciar los tres proyectos de resolución y no leer su parte dispositiva? Acordado. Corresponde votar el proyecto de resolución N° 417, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas relativas a la gratuidad de la educación superior. El proyecto de resolución fue suscrito por diputados de la Alianza por Chile e independientes. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; Edwards Silva José Manuel; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hoffmann Opazo María José; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Fernández Allende Maya; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario. -Se abstuvieron los diputados señores: Campos Jara Cristián; Flores García Iván; Walker Prieto Matías. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-Corresponde votar el proyecto de resolución N° 418, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República tener en consideración distintos ejes y principios para la elaboración del proyecto de ley que establece gratuidad en la educación superior. Informo a la Sala que el proyecto de resolución fue suscrito por diputados de la Nueva Mayoría e independientes. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 11 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; Edwards Silva José Manuel; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hoffmann Opazo María José; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Squella Ovalle Arturo. -Se abstuvieron los diputados señores: Flores García Iván; Kort Garriga Issa; Norambuena Farías Iván; Paulsen Kehr Diego; Rathgeb Schifferli Jorge; Sandoval Plaza David; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Finalmente, corresponde votar el proyecto de resolución N° 419, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas conducentes al cumplimiento del programa de gobierno en lo relativo a la gratuidad en la educación superior. Hago presente que ha sido suscrito por diputadas y diputados de la Nueva Mayoría e independientes. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 35 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Flores García Iván; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Alvarado Ramírez Miguel Ángel; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votó por la negativa el diputado señor Edwards Silva José Manuel. -Se abstuvieron los diputados señores: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Boric Font Gabriel; Coloma Alamos Juan Antonio; Fernández Allende Maya; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Pino Romilio; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jiménez Fuentes Tucapel; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 18.21 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, AUTH, ESPINOZA; GUTIÉRREZ, DON HUGO; JACKSON, RINCÓN, SAFFIRIO, SOTO Y WALKER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL ARTÍCULO 66 DE LA CARTA FUNDAMENTAL, PARA REBAJAR EL QUORUM DE APROBACIÓN DE LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES.”. (BOLETÍN N° 10225-07) Idea matriz del proyecto Rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales, de cuatro séptimos a mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Antecedentes generales La Presidenta de la República, en su programa de Gobierno señalaba que “Chile merece que el texto constitucional vigente reconozca y se base en un sistema plenamente democrático; y que recoja las normas y principios de derechos humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional, en toda su extensión.”, añadiendo a continuación que “La idea que recorre el texto actual, aún con las modificaciones que se le han efectuado, está sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas limitaciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum contra mayoritarios para la aprobación y modificación de las leyes importantes. Ello no es propio de un sistema democrático; contribuye a la deslegitimación del sistema político; y actualmente constituye un freno al desarrollo del país, y a su gobernabilidad.”. En virtud de lo expuesto, la máxima autoridad del país ha anunciado el inicio de un proceso constituyente para el mes de septiembre del año en curso. Sin embargo, ese proceso de discusión y aprobación de una nueva Carta Fundamental no será breve. A quienes suscribimos esta iniciativa nos asiste la convicción que es posible avanzar en algunas materias en las que al parecer existe consenso, sin necesidad de esperar el resultado del mencionado proceso constituyente. No tiene sentido postergar el término de los quórums supramayoritarios en las normas de rango legal si hoy existirían los votos suficientes para ello. Necesidad de terminar con quórum supramayoritarios. Quienes redactaron la Constitución de 1980 se ocuparon de establecer diversos mecanismos para impedir que la voluntad mayoritaria se exprese. Senadores designados, sistema electoral binominal y quórum supramayoritarios de las leyes orgánico constitucionales fueron algunos de los instrumentos ideados para ello. Como señalara Jaime Guzmán “….en vez de gobernar, para hacer en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame; de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario.” (“El camino político”, Revista Realidad, año 1, N°7, diciembre de 1979, páginas 13 a 23): Vale decir, a ojos de los redactores, lo relevante era consagrar un sistema que hiciera irrelevante el resultado de las elecciones, porque a quienes resulten triunfadores en ellasles sería imposible introducir reformas de importancia. Para cumplir con ese fin se diseñaron los mecanismos antes mencionados. De ellos, ya fueron eliminados los senadores designados y el sistema electoral binominal. Solo resta terminar con los quórum supramayoritarios que la Constitución consagra respecto de las leyes orgánico constitucionales, sin perjuicio de las críticas que se han formulado respecto del papel que desempeña el Tribunal Constitucional en el control preventivo. Exigir quórums de tal naturaleza afecta una de las reglas básicas de la democracia, sino la primordial, cual es, que las decisiones se adopten por mayoría. Por al menos 15 años el sistema binominal, los senadores designados y los quórums supramayoritarios constituyeron un subsidio a las fuerzas políticas que fueron derrotadas en las urnas. En los hechos impusieron su visión pese a constituir un porcentaje minoritario. Más aún, a excepción de la ley orgánico constitucional del Ministerio Público, las leyes de esa naturaleza fueron dictadas durante la Dictadura Militar. Por ello, solo han podido ser modificadas, en la medida que las fuerzas de centro derecha y derecha así lo acepten. Cabe recordar que un porcentaje importante de ellas fueron dictadas en las postrimerías del gobierno militar, sin respetar la decisión manifestada por el pueblo en las urnas, tanto en el plebiscito del año 1988 como en la elección presidencial del año 1989. A vía de ejemplo, la ley orgánica constitucional de Enseñanza, posteriormente reemplazada por la Ley General de Educación, se publicó el 10 de marzo de 1990, apenas a un día de la asunción del ex Presidente Aylwin. Una situación similar ocurrió con la ley orgánica constitucional de Carabineros, publicada el 7 de marzo de 1990; con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, publicada el 5 de febrero de 1990 y con la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Amadas, publicada el 27 de febrero de 1990. A última hora se legisló apresuradamente para imponer un cerrojo institucional que evite los cambios que la mayoría del país demandaba. Ni siquiera se intentó disimular que se trataba, por esta vía anómala, de perpetuar el programa político y económico de la Dictadura, como ya lo anunció su principal ideólogo en un artículo académico antes citado. La mantención de tales quórums favorece la mantención de un statu quo inaceptable desde el punto de vista democrático. Se convoca al país a elecciones precisamente para que la voluntad popular se manifieste y las autoridades elegidas puedan cumplir el programa que se ha ofrecido a la ciudadanía. Los quórum súper mayoritarios pueden impedir que se concrete la oferta programática elegida por el pueblo. Cabe hacer presente que el quórum de supramayoría fue incorporado recién por la Constitución de 1980, dado que nuestra historia constitucional no registraba ese tipo de exigencias para la aprobación, modificación o derogación de leyes, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: Así como los quórum mayoritarios no son comunes en nuestra historia, tampoco lo son en el derecho comparado. “Respecto de quórum máximos exigidos para el ejercicio de la potestad legislativa, la regla general en el mundo es la mayoría absoluta. Este es el caso, por ejemplo, de las leyes orgánicas en la Constitución francesa de 1958, que sirvió de antecedente, según se verá más abajo, para las LOC en Chile.”. “El ejemplo de las LOC, entonces, es tomado de la Constitución de la V República Francesa, la Constitución de 1958, del general De Gaulle. No es, sin embargo, una transposición exacta. Lo es en cuanto se busca con ellas regular aspectos orgánico-constitucionales y, también, en cuanto a que son leyes que se someten obligatoriamente a un examen previo de constitucionalidad (allá, por el Consejo Constitucional, acá, por el Tribunal Constitucional). Pero no es una transposición desde el punto de vista que interesa a esta investigación: el quórum. En Francia no se impone a estas leyes un quórum supramayoritario, sino sólo mayoría absoluta.” Breve historia de la exigencia de un quórum especial para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánico constitucionales. “Comisión Ortúzar” En la llamada “Comisión Ortúzar”, en la sesión del día ley 27 de junio de 1978, se acordó exigir para la ley “ común, mayoría de los miembros presentes que deberá equivaler por lo menos a un tercio de los miembros en ejercicio (50 votos); ley respecto de la cual la Constitución exija quórum especial, mayoría absoluta de Diputados y Senadores en ejercicio (76 votos); ley orgánica constitucional, tres quintos de los Diputados y Senadores en ejercicio (90 votos) y reforma constitucional, dos tercios de los Diputados y Senadores en ejercicio (100 votos) (CO: 389, 27/06/78: 405). “Sin embargo, en el borrador que va al Consejo de Estado, el quórum exigido para las LOC es el mismo que para las leyes de quórum calificado: mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Es decir, un quórum que no es supramayoritario (CO: 417, 05/10/78: 1259). No se ha encontrado en las Actas de la Comisión Ortúzar explicación alguna de este cambio, ya que el quórum de 3/5 para las LOC fue aprobado en la sesión 389 de junio de ese mismo año 1978.” Consejo de Estado Pese a la posición en extremo conservadora de varios de sus integrantes el Consejo de Estado mantuvo el quórum de mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio para la aprobación, modificación o derogación de las leyes de carácter orgánico constitucional, distinguiéndose estas de las leyes de quórum calificado solo por el control preventivo de constitucionalidad al que están sometidas las primeras. Solo en el Grupo de Trabajo del Edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno, que funcionó durante el año 1980 se aumentó el quórum de aprobación de las citadas leyes de mayoría absoluta a los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. El año 1989, fruto de la negociación entre el Gobierno y la oposición de la época, se efectuaron una serie de modificaciones a la constitución de 1980, entre las cuales se cuenta la disminución del quórum de 3/5 a 4/7. La propuesta que se efectúa solo pretende regresar a los criterios originalmente formulados en la llamada “Comisión Ortúzar” y en el Consejo de Estado, ambas entidades creadas durante la Dictadura para la redacción de la actual Carta Fundamental. La continuidad de las leyes orgánicas constitucionales, su ámbito de aplicación y demás cuestiones relativas a ellas deberán resolverse en el proceso constituyente pronto a iniciarse. Esta iniciativa solo pretende facilitar las modificación de ellas, de modo de permitir que este o el futuro Gobierno que resulte electo en las elecciones del año 2017 pueda llevar a cabo el programa que se ofrezca a la ciudadanía. En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmante vienen en proponer el siguiente PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo único: Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República por el siguiente: “Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y las de quórum calificado requerirán, para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES PAULSEN, BECKER, GARCÍA Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NÚÑEZ, DOÑA PAULINA; PROVOSTE, SABAT Y VALLEJO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA PROPORCIONAR UN SISTEMA DE SALAS CUNAS A LAS ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.” (BOLETÍN N° 10227-04) “El tema de los estudiantes en Chile que son padres no se ha estudiado sistemáticamente ni existen políticas públicas destinadas a otorgarles apoyo. El panorama de estos jóvenes se encuentra poco abordado, incluso la poca información /o estudios al respecto que entregan estadísticas sorbe cuántos estudiantes de educación superior son padres o madres es el estudio del Servicio de Información de la Educación Superior (SIES): “Estudiantes madres o embarazadas en Universidad del Consejo de Rectores 2010”1. El estudio entrega información que ayuda a formarse una idea de la realidad de estos estudiantes, pero hay que considerar que no incluye a las universidades no pertenecientes al Cruch, ni a los Institutos Profesionales, ni a Centros de Formación Técnica. Así, para el año 2010 las Universidades del Consejo de Rectores informaron un total de 2.861 estudiantes madres o embarazadas. El 41% de ellas se encuentra en el rango de edad entre los 21 y 23 años, mientras el 28% está en el rango entre los 24 y 26 años. El 16% está en el rango entre los 18 y 20 años. Tabla I: Número de estudiantes madres y embarazas por rangos de edad al 20102 El estudio del SIES estima que un el 44% de las madres o embarazadas pertenecen al grupo que está dentro de sus primeros tres años de estudios, lo que aumenta las posibilidades de deserción a raíz del embarazo o ser madres. Además, el fenómeno de la deserción está siendo abordado en los proceso de aseguramiento de calidad de la educación y también el uso eficiente de los recursos. Cuando un alumno deserta implica un costo económico, que puede ser para el Estado o la familia, además de un factor psicológico de no poder terminar la educación superior. Para agosto del 2014 existían 16 universidades estatales y 9 universidades particulares con aporte del Estado, las que en conjunto integran las universidades del Consejo de Rectores (Cruch). A ello se suman 35 universidades privadas, 44 institutos profesionales (IP) y 58 centros de formación técnica (CFT). Lo que hace que las cifras expuestas anteriormente sean mucho mayores. En nuestro ordenamiento jurídico contamos con el artículo 11 del DFL 2, de 2006 señala que “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Estas medidas lamentablemente no se han hecho extensivas a la educación superior. Así, encontramos algunas experiencias voluntarias de universidades que otorgan ayuda a sus estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas. 1. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) junta con un jardín infantil, al que pueden ingresar los hijos, hasta 4 años, de estudiantes desde segundo año, en situación de vulnerabilidad y que tengan un buen rendimiento académico. 2. La Universidad de Concepción creó el programa Creciendo Juntos, que forma una red de apoyo para evitar la deserción de estudiantes embarazadas. Así, cuenta con sala cuna y jardín infantil gratuito para sus estudiantes. 3. La Universidad de Chile cuenta con una beca de apoyo preescolar a estudiantes con hijos en edad preescolar y con situación económica vulnerable. En algunos casos, estas iniciativas cuentan con apoyo de actores privados como fundaciones u otros, con quienes las universidades establecen alianzas estratégicas para abordar el cuidado infantil de los hijos de las estudiantes. Sin embargo, y no obstante los avances que se han producido en la materia, éstos no han sido suficientes respecto de las mujeres que se encuentran embarazadas o son madres y estudiantes de la educación superior. Los que suscribimos esta iniciativa creemos firmemente en la importancia de generar medidas que apoyen a estas estudiantes y faciliten sus trayectorias académicas, dándoles flexibilidad en sus avances curriculares y apoyos para el cuidado de sus hijos, para que puedan terminar con sus estudios. Por lo fundamentado, venimos a proponer lo siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único.- Agréguese el siguiente Artículo 11 bis en Ley General de Educación Nº 20.370: “Los establecimientos de educación superior que cuenten con alumnas de cualquier edad o estado civil, adoptarán las medidas necesarias tendientes a proporcionar un sistema de salas cunas donde las estudiantes puedan dar alimentación a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en las dependencias del establecimiento.”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SAFFIRIO, ANDRADE, CERONI, CORNEJO; GUTIÉRREZ, DON HUGO; MIROSEVIC; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; RINCÓN Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA ESTABLECER UNA INHABILIDAD TEMPORAL A QUIENES SE HAYAN DESEMPEÑADO COMO FISCALES, EN LOS TÉRMINOS QUE INDICA.” (BOLETÍN N° 10228-07) “FUNDAMENTOS. El ejercicio de las funciones públicas implica observar de forma irrestricta el Principio de Probidad Administrativa, que se encuentra contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República. A mayor abundamiento, la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado define dicho principio, señalando que: “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.” El presente proyecto viene a realzar dicho principio, y precaver ciertas situaciones en las cuales un fiscal pudiera estar negociando condiciones de trabajo con alguno de los querellantes, o algún otro interviniente en el cual a ese fiscal le haya correspondido dirigir la investigación. Sin lugar a dudas, esta situación afecta no sólo el principio de probidad administrativa, en cuanto se está privilegiando un interés particular por sobre el público, sino que también se estaría vulnerando el principio de objetividad que debe inspirar el actuar del Ministerio Público. Este proyecto recoge una de las sugerencias del informe de la comisión investigadora del denominado “Caso Bombas”, aprobado en el mes de enero del año 2013 por esta Cámara de Diputados. Dicho informe estableció que el accionar del entonces Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, y del otrora fiscal Alejandro Peña, significaron un grave daño a la imagen y credibilidad del Ministerio Público, como del Ministerio del Interior. Ello, a raíz de las negociaciones entre Ubilla y Peña, para que éste último ingresara a trabajar al Ministerio de Interior; todo ello mientras el ex fiscal todavía estaba a cargo del denominado “Caso Bombas”, en el que el Ministerio del Interior era uno de los querellantes. El informe en comento señala que: “El sólo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa”. Por todo lo anterior es que venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY: ARTÍCULO ÚNICO.- Agrégase el siguiente artículo 65 bis a la ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público: “ARTÍCULO 65 Bis.- Los que se hubiesen desempeñado como fiscales, no podrán prestar servicios profesionales a quienes fueron intervinientes en el proceso penal en el cual les correspondió dirigir la investigación. Esta inhabilidad se extenderá por un año desde la cesación en el cargo.”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH, CORNEJO, FLORES; GUTIÉRREZ, DON HUGO; JIMÉNEZ; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; SOTO Y TORRES, QUE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIPUTADO Y SENADOR.”. (BOLETÍN N° 10231-07) “La facultad de los parlamentarios de renunciar voluntariamente a sus cargos, ha sido una prerrogativa aceptada en nuestro sistema democrático por más de 150 años. En efecto, la Constitución Política de la República de 1833, fue el primer texto normativo que consagró en forma expresa la posibilidad de renuncia voluntaria de los senadores y diputados. Conforme a sus artículos 38 y 39, eran atribuciones exclusivas de ambas cámaras aprobar su dimisión si los motivos en que se fundaba fueran de tal naturaleza que los imposibilitara física y moralmente para el ejercicio de sus funciones, debiendo concurrir las tres cuartas partes de los parlamentarios presentes de cada cámara. Por su parte, la Constitución Política de la República, de 1925, mantuvo tal facultad, en los mismos términos en que fue regulada en el texto de 1833, según da cuenta su artículo 26. La Constitución Política de la República de 1980, eliminó dicha prerrogativa, al no contemplar en su articulado la renuncia voluntaria. Tal posibilidad recién fue reestablecida como parte del paquete de reformas constitucionales aprobadas en el año 2005, pero de manera restringida. En efecto, el inciso final del artículo 60 establece que los parlamentarios sólo pueden renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en los últimos años, diversos parlamentarios han dejado sus cargos para asumir labores como ministros de Estado, consagrando de esta manera una forma de renuncia voluntaria de facto, situación que resulta aconsejable regular de manera expresa. Pese a que la renuncia voluntaria al cargo de parlamentario es criticada por algunos sectores, que consideran que debilita la idea de representatividad popular del cargo, otros promueven dicha posibilidad no solo porque permite en ciertos casos el ingreso al gobierno de personeros cuyo aporte puede resultar incuestionable, sino también porque permite a un parlamentario involucrado en situaciones que puedan comprometerlo éticamente “salir” del Congreso, de manera que sus votaciones no resulten cuestionadas por tales hechos. En todo caso, diversos regímenes políticos en el mundo contemplan la posibilidad que los parlamentarios puedan renunciar a su cargo voluntariamente. En España, el artículo 22 N° 4 del Reglamento del Congreso de Diputados, de 1982, establece el cese de la actividad parlamentaria por renuncia del diputado ante la mesa del Congreso. Entre nuestros vecinos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Bolivia también contemplan la posibilidad que los parlamentarios renuncien voluntariamente. La Constitución de la República de Argentina establece en su artículo 66 que la renuncia de diputados y senadores requiere de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. A su vez, la Constitución Política de la República de Uruguay, establece en su artículo 115 que basta el voto de mayoría de los presentes para admitir la renuncia de un parlamentario. En el caso de la Constitución Política de la República de Paraguay, el artículo 141 señala que basta la simple mayoría de votos para aprobar la renuncia voluntaria. La Constitución Política de la República de Colombia consagra en su artículo 134 la renuncia debidamente justificada y aceptada por la respetiva cámara como causal de término del mandato. Por su parte, la Constitución de la República de Bolivia consagra la renuncia voluntaria de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su artículo 150. En este sentido, nuestra Constitución Política debiera adoptar una fórmula similar a la adoptada por las naciones que permiten la renuncia voluntaria, pero sujeta a la aprobación de la Cámara respectiva y no del Tribunal Constitucional. El hecho que la renuncia voluntaria sea aprobada por la Cámara y no por el Tribunal Constitucional, se estima como una solución más acorde con la tradición democrática de nuestro país. En este sentido se propone para la aprobación de dicha renuncia sea necesaria la mayoría simple de los parlamentarios presentes de la cámara respectiva. Finalmente, acorde con el principio de representatividad popular del cargo, se establece que su reemplazante debe ser elegido mediante sufragio popular. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Proyecto de reforma constitucional que consagra posibilidad que los Senadores y Diputados puedan renunciar voluntariamente a sus cargos. Artículo único: Sustitúyase el inciso final del artículo 60 de la Constitución Política de la República por el siguiente: “Los Senadores y Diputados podrán renunciar voluntariamente a sus cargos. La renuncia voluntaria deberá ser aprobada por mayoría simple de los parlamentarios presentes de la cámara respectiva. Su reemplazante deberá ser elegido mediante sufragio popular”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, JARPA, JIMÉNEZ, MEZA, ROBLES Y SILBER, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR LA PENA ASIGNADA AL ROBO DE VEHÍCULOS CON MENORES DE EDAD EN SU INTERIOR.”. (BOLETÍN N° 10229-07) “Vistos: Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1.- Dentro de los últimos diez meses se han registrado al menos cuatro casos graves y de gran connotación pública sobre robo de vehículos motorizados con menores de edad en su interior. 2.- Los titulares de los medios de comunicación en torno a estos casos han sido los siguientes: “Golpean a mujer embarazada y luego roban auto con niña de un año en su interior” - 10 de diciembre de 2014 - “PDI detuvo a acusado de robar auto con bebé en su interior” - 28 de diciembre de 2014 - “PDI busca a menor que desapareció a bordo de vehículo robado” - 11 de marzo de 2015 - “Menor de dos años grave tras intento de robo de vehículo en Recoleta” - 15 de julio de 2015. 3.- Los casos registrados lamentablemente han sido considerados como robos simples, pues se da la circunstancia que quien perpetra el hecho delictivo al darse cuenta de que lleva consigo a un menor de edad, procede a dejarlo en la calle no configurándose, a entender de la Fiscalía, el delito de secuestro o sustracción de menores, salvo en casos aislados. 4.- Por otro lado tanto Carabineros como Policía de Investigaciones (PDI) dan recomendaciones generales para evitar el robo de vehículos motorizados y de accesorios dentro de ellos, no así personas. Es más dentro de los consejos para evitar delitos que da la PDI y respecto de las precauciones para evitar robos a vehículos señalan: “No dejar su vehículo con el motor en marcha y sin ocupantes en su interior”. 5.- Pese a que el robo con violencia y específicamente el robo de vehículos motorizados, se encuentra dentro de los cuatro delitos con mayor porcentaje de distribución de denuncias, registrando un 12,3% a nivel nacional, durante el segundo trimestre del año 2014, no existen datos estadísticos de los casos en que este hecho delictual se lleve a cabo con menores de edad en el interior del vehículo, aún cuando a nuestro entender, esta práctica que va en aumento, configura un delito de mayor gravedad el cual merece ser registrado, calificado y tratado en particular. 6.- En base a lo mencionado anteriormente, quienes suscribimos el presente proyecto de ley, consideramos fundamental que el Código Penal indique específicamente que el robo de vehículos motorizados con menores de edad en su interior, se castigará con la pena que corresponda respecto del delito de robo con violencia en las personas y no como robo simple de fuerza en las cosas, primero con el objeto de poner en marcha la finalidad de toda pena, que es castigar de forma más significativa la perpetración de un delito; y segundo como una forma de prevenir que se sigan llevando a cabo estos hechos que tanto conmocionan a la ciudadanía. 7.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1°. Modifíquese el artículo 433 del Código Penal incorporando un inciso final nuevo que señale: “Misma pena anterior se aplicará en los casos de robo de vehículos motorizados con menores de 18 años en su interior”. (La pena referida es presidio mayor en su grado medio a máximo). PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, FLORES; GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; POBLETE Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, EN MATERIA DE PLAZOS PARA SOLICITAR EL DIVORCIO POR CESE DE CONVIVENCIA.”. (BOLETÍN N° 10230-18) La Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, implicó un avance significativo en la regulación de las relaciones jurídicas derivadas del vínculo matrimonial, estableciendo, entre otras importantes reformas, el derecho de los cónyuges a solicitar el divorcio por cese de la convivencia. Cabe recordar que Chile fue el penúltimo país del mundo en aprobar una ley de divorcio. La aprobación de la Ley N° 19.947, tuvo su origen en un proyecto del ley presentado en 1994 por un grupo de parlamentarios, liderados por los diputados Isabel Allende, Mariana Aylwin, Víctor Barrueto, Carlos Cantero, Sergio Elgueta, Arturo Longton, Eugenio Munizaga, Ignacio Walker, María Antonieta Saa y Antonio Viera Gallo. Su tramitación duró 10 años y fue, como se sabe, duramente resistido por sectores conservadores, quienes auguraban que una ley de divorcio sería un “suicidio social”. El proyecto fue satanizado porque –se decía- terminaría con el matrimonio y la familia. Sin embargo, el divorcio no afectó al matrimonio como lo presagiaban los sectores que defendían la indisolubilidad del vínculo. La tasa de nupcialidad en 1985 era de 7,5 matrimonios por cada mil habitantes, llegando a su punto más bajo en 2004 (3,3 matrimonio por cada mil habitantes), el mismo año en que se aprobó la ley de divorcio. De ahí en adelante, la tasa de nupcialidad ha venido aumentando progresivamente (3,5 en 2010 y 3,8 en 2011). Por el contrario, la aprobación del divorcio vino a solucionar el drama de miles de familias, conformadas por cónyuges que se veían impedidas de regularizar su situación y la de sus hijos. Sin embargo, transcurrida más de una década desde la entrada en vigencia de la ley que consagra el divorcio, es necesario discutir sobre la necesidad de simplificar los plazos para solicitar el divorcio por cese de la convivencia. La ley distingue dos tipos de divorcio por cese de convivencia, dependiendo si el divorcio es solicitado de común acuerdo o por uno de los cónyuges. Conforme al artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil, si ambos cónyuges solicitan de común acuerdo el divorcio, deben acreditar que ha cesado su convivencia conyugal durante un lapso mayor de un año. En cambio, si sólo uno de los cónyuges solicita el divorcio, conforme a dicha norma legal, éste debe acreditar que ha cesado su convivencia conyugal durante un lapso de tiempo de, a lo menos, tres años. Diversos sectores de la ciudadanía han expresado la necesidad de introducir modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil, en lo que dice relación con los plazos para solicitar el divorcio por cese de convivencia, exigencia que se ha convertido en un obstáculo para los cónyuges a la hora de resolver las diversas problemáticas que se derivan del término de la relación conyugal. ¿Por qué hay que esperar un año para divorciarse, en el caso del divorcio de común acuerdo, si se trata de un asunto que concierne a personas adultas? ¿Por qué hay que esperar tres años, en el caso del divorcio unilateral? Desde este punto de vista, la ley trata a los que están casados como incapaces. En el caso del divorcio por cese de convivencia solicitado de común acuerdo, los diputados firmantes proponen la eliminación de la exigencia de acreditar el cese de la convivencia por un lapso mayor de un año, debiendo acreditarse sólo que existe un cese de la convivencia. En el caso del divorcio por cese de convivencia solicitado por uno de los cónyuges, los diputados firmantes proponen reducir a un año, el lapso necesario de cese de la convivencia para solicitar se decrete el divorcio, plazo que se considera más razonable, en consideración a los intereses de la familia. Cabe señalar que este era el plazo que originalmente se contemplaba en la moción que dio origen a la actual Ley de Matrimonio Civil. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY MODIFICA LA LEY N° 19.947, SOBRE MATRIMONIO CIVIL, EN LO RELATIVO A LOS PLAZOS PARA SOLICITAR EL DIVORCIO POR CESE DE CONVIVENCIA Artículo Único: Modifíquese el artículo 55 de la Ley N° 19.947, que establece la Nueva Ley de Matrimonio Civil, en los siguientes términos: a) En el inciso primero, agréguese después del vocablo “convivencia” un punto aparte, y elimínese la frase “durante un lapso mayor de un año”. b) En el inciso tercero, sustitúyase la expresión “tres años” por “un año”. c) En el inciso quinto, sustitúyase la expresión “los plazos” por “el plazo”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, CERONI, FLORES; GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR PENAS ASIGNADAS A DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS O POR PARTICULARES EN CONCOMITANCIA CON ELLOS.”. (BOLETÍN N° 10232-07) “La credibilidad de nuestras instituciones políticas se ha visto seriamente afectada a raíz de los recientes casos de corrupción que han involucrado a poderosos grupos económicos y funcionarios de la Administración del Estado. Si bien el Estado de Chile ha venido desarrollando una institucionalidad que ha favorecido el control y castigo de los actos de corrupción, aún deben hacerse aún importantes esfuerzos en esa dirección. Corresponde al Congreso Nacional hacerse cargo del creciente malestar ciudadano frente a los abusos del poder económico y político y formular soluciones que nutran la agenda pública sobre probidad. En este sentido, cabe hacer notar que el Concejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción hizo hincapié en la existencia de penas relativamente bajas para delitos contra la probidad, tanto en comparación con otros países como en lo que respecta a otros delitos en Chile, recomendando en este sentido revisar las penas de acuerdo a estándares y recomendaciones de organismos internacionales. (págs. 45 y 46). El presente proyecto de ley apunta a establecer mayores penas para determinados delitos cometidos por funcionarios públicos, en algunos casos, en concomitancia con los particulares. Se trata de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, incremento patrimonial injustificado y cohecho. Al respecto, es posible observar que el catálogo de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, contenidos en el Título V del Código Penal fueron objeto de importantes modificaciones que significaron un avance relevante en la protección de la probidad pública, mediante las leyes N°19.617, de 1999; 19.450, de 1996; y 19.645, de 1999; 19.829, de 2002; 20.088, de 2006; 20.341, de 2009 y 20.730, de 2014. Sin embargo, dicha normativa establece penas que hoy pueden considerarse relativamente bajas en relación a la creciente importancia que nuestra sociedad otorga a la probidad pública. En este sentido, el proyecto de ley que se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados aumenta en general en un grado las penas privativas de libertad de los delitos que indica. Por otra parte, en todos aquellos delitos que contemplan la pena de reclusión, ésta se cambia por la de presidio. Se aumentan, en general, al doble, las penas de multas contempladas en dichos delitos. Finalmente, se establece, en general, como única pena accesoria la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, de manera que quien resulte condenado por alguno de los delitos funcionarios señalados nunca más pueda ingresar a servir en un cargo público u empleo público. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Modifica el Código Penal estableciendo mayores penas para los delitos de malversación de fondos públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, incremento patrimonial injustificado y cohecho. Artículo 1°: Modifíquese el artículo 233 del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyaseen el numeral 1° las palabras “medio” por “máximo”, y “cinco” por “diez” b) Sustitúyase en el numeral 2° las palabras “menor en su grado máximo” por “mayor en su grado mínimo”, “seis” por “doce” y “diez” por “veinte” c) Sustitúyase en el numeral 3° las palabras “mínimo” por “medio”, “medio” por “máximo”, “once” por “veintiuno” y “quince” por “treinta” d) Suprímase en el inciso final las palabras “inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo a” Artículo 233.- El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga, será castigado: 1.º Con presidio menor en su grado máximo y multa de diez unidades tributarias mensuales, si la substracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. 2.º Con presidio mayor en su grado mínimo y multa de doce a veinte unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 3.º Con presidio mayor en sus grados medio a máximo y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Artículo 2°: Modifíquese el artículo 234 del Código Penal en los siguientes términos: Sustitúyase las palabras “suspensión en cualquiera de sus grados” por “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”. Art. 234. El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos substraídos. Artículo 3°: Modifíquese el artículo 235 del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso primero las palabras “especial temporal para el cargo u oficio” por “absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”, “diez” por “veinte” y “cincuenta” por “cien” b) Sustitúyase en el inciso segundo las palabras “medio” por “máximo”, “cinco” por “diez” y” veinte y cinco” por “cincuenta”. Art. 235. El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa de veinte al cien por ciento de la cantidad que hubiere substraído. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el artículo 233. Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado máximo y multa del diez al cincuenta por ciento de la cantidad substraída sin perjuicio del reintegro. Artículo 4°: Modifíquese el artículo 236 del Código Penal en los siguientes términos: Sustitúyase las palabras “suspensión del empleo en su grado medio” por “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos” y “la misma en su grado mínimo” por “suspensión en su grado máximo”. Art. 236. El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con suspensión en su grado máximo, si no resultare daño o entorpecimiento. Artículo 5°: Modifíquese el artículo 239 del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso primero las palabras “menor” por “mayor”, “medio” por “mínimo” y “máximo” por “medio” b) Sustitúyase en el inciso tercero la palabra “mínimo” por “máximo”. c) Sustitúyase en el inciso final las palabras “diez” por “veinte”, “cincuenta” por cien” y “temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo” por “perpetua para cargos y oficios públicos.”. Art. 239. El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio”. En aquellos casos en que el monto de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, el juez podrá aumentar en un grado la pena señalada en el inciso anterior. Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo. En todo caso, se aplicarán las penas de multa del veinte al cien por ciento del perjuicio causado e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Artículo 6°: Modifíquese el artículo 240 del Código Penal en los siguientes términos: Sustitúyase en el inciso primero las palabras “reclusión” por “presidio”, “medio” por máximo”, “temporal para cargos, empleos y oficios públicos en sus grados medio a máximo” por ”perpetua para cargos y oficios públicos”, ”diez” por “veinte” y “cincuenta por “cien”. Art. 240. El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del veinte al cien por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Esta disposición es aplicable a los peritos, árbitros y liquidadores comerciales respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, adjudicación, partición o administración intervinieren, y a los guardadores y albaceas tenedores de bienes respecto de los pertenecientes a sus pupilos y testamentarias. Las mismas penas se impondrán a las personas relacionadas en este artículo, si en el negocio u operación confiados a su cargo dieren interés a su cónyuge, a alguno de sus ascendientes o descendientes legítimos por consanguinidad o afinidad, a sus colaterales legítimos, por consanguinidad hasta el tercer grado inclusive y por afinidad hasta el segundo también inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, o a personas ligadas a él por adopción. Asimismo, se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma. Artículo 7°: Modifíquese el artículo 240 bis del Código Penal en los siguientes términos: Elimínese el inciso tercero. Art. 240 bis. Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses. Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos tercero y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses. Artículo 8°: Modifíquese el artículo 241 del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase las palabras “temporal” por “perpetua”, “duplo” por “cuádruplo” y “cuádruplo” por “octópolo” b) Elimínense las palabras “en cualquiera de sus grados”. Art. 241. El empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del cuádruplo al octópolo de los derechos o del beneficio obtenido. Artículo 9°: Modifíquese el artículo 241 bis del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso primero la palabra “temporal” por “perpetua” b) Elimínese en el inciso primero las palabras “en sus grados mínimo a medio” Art. 241. bis. El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos y oficios públicos. Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que dio origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos en el presente Título, caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito. La prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este artículo será siempre de cargo del Ministerio Público. Si el proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del delito establecido en este artículo o se dicta en su favor sobreseimiento definitivo por alguna de las causales establecidas en las letras a) o b) del artículo 250 del Código Procesal Penal, tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales que haya sufrido, sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos últimos por el delito del artículo 211 de este Código. Artículo 10°: Modifíquese el artículo 247 bis del Código Penal en los siguientes términos: Sustitúyase las palabras “privativa de libertad del artículo anterior” por “presidio menor en sus grados medio a máximo”, “tanto” por “triplo” y “triplo” por “sextuplo”. Art. 247 bis. El empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviere un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa del triplo al sextuplo del beneficio obtenido. Artículo 11°: Modifíquese el artículo 248 del Código Penal en los siguientes términos: Sustitúyase las palabras “reclusión” por “presidio”, “mínimo” por “medio”, “suspensión en cualquiera de sus grados” por “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos”, y “de la mitad al tanto” por “del cuádruplo al duplo”. Art. 248. El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del cuádruplo al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Artículo 12°: Modifíquese el artículo 248 bis del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso primero las palabras “reclusión” por “presidio”, “medio” por “máximo”, “temporal” por “perpetua”, “tanto” por “duplo”, “duplo” por “cuádruplo”. b) Elimínese en el inciso primero las palabras “en cualquier de sus grados” c) Elimínese el inciso segundo. Art. 248 bis. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Artículo 13°: Modifíquese el artículo 249 del Código Penal en los siguientes términos: a) Elimínese en el inciso primero las palabras “temporal o” b) Sustitúyase en el inciso primero las palabras “tanto” por “triplo” y “triplo” por “sextuplo”. c) Sustitúyase en el inciso segundo las palabras “reclusión” por “presidio” y “medio” por “máximo”. Art. 249. El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este Título, o en el párrafo 4 del Título III, será sancionado con la pena de inhabilitación absoluta, perpetua, para cargos u oficios públicos, y multa del triplo al sextuplo del provecho solicitado o aceptado. Lo establecido en el inciso anterior se entiende sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido por el empleado público, la que no será inferior, en todo caso, a la de presidio menor en su grado máximo. Artículo 14°: Modifíquese el artículo 250 del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso segundo las palabras “reclusión” por “presidio”, y “mínimo” por “medio”. b) Sustitúyase en el inciso tercero las palabras “reclusión” por “presidio”, “medio” por “máximo”, “reclusión” por “presidio”, “mínimo” por “medio” y “ medio” por “máximo “. c) Sustitúyase en el inciso cuarto las palabras “reclusión” por “presidio”, “medio” por “máximo”, “reclusión” por “presidio”, “mínimo” por “medio” y “medio” por “máximo”. Artículo 250.- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249, o por haberla realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones. Tratándose del beneficio ofrecido en relación con las acciones u omisiones del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de presidio menor en su grado medio. Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de presidio menor en su grado máximo, en el caso del beneficio ofrecido, o de presidio menor en su grado medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. Tratándose del beneficio consentido u ofrecido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de presidio menor en su grado máximo, en el caso del beneficio ofrecido, o de presidio menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. En estos casos, si al sobornante le correspondiere una pena superior por el crimen o simple delito de que se trate, se estará a esta última. Artículo 15°: Modifíquese el artículo 251 bis del Código Penal en los siguientes términos: a) Sustitúyase en el inciso primero las palabras “reclusión” por “presidio”, “medio” por “máximo” y “máximo” por” a presidio mayor en su grado mínimo”, “cien” por “doscientos” y “mil” por “dos mil” b) Sustitúyase en el inciso segundo las palabras “reclusión” por “presidio”, “mínimo” por “medio” y ”medio” por “máximo”. Artículo 251 bis.- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de doscientos a dos mil unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas. El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, FLORES, MELO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; POBLETE, TORRES Y VALLESPÍN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 17.288, SOBRE MONUMENTOS NACIONALES, PARA OBLIGAR A LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS PARTICULARES QUE CONTENGAN SITIOS DECLARADOS COMO SANTUARIOS DE LA NATURALEZA A PRESENTAR PLANES DE MANEJO EN EL PLAZO QUE INDICA.”. (BOLETÍN N° 10233-12) “Conforme a la Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales, los Santuarios de la Naturaleza, cuya custodia se encuentra radicada en el Ministerio de Medio Ambiente, “son sitios terrestres o marinos que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas, o de ecología o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sean de interés para la ciencia o el Estado”. Hasta a la fecha, han sido declarados como Santuario de la Naturaleza un total de 39 sitios. En el norte, encontramos el Humedal de la desembocadura del Río Lluta, la Quebrada de Chacarilla, el Salar del Huasco, el Cerro Dragón, el Valle de la Luna, las Rocas de Granito Orbicular del sector de Rodillo y la Laguna Conchalí. En el centro del país encontramos las Islas oceánicas Salas y Gómez e Islotes adyacentes a Isla de Pascua, la Isla de Cachagua, la Cerranía El Ciprés, el Bosque Las Petras de Quintero y su entorno, el campo Dunar de la Punta de Concón, el Promontorio Rocoso Roca Oceánica, el Palmar El Salto, los Acantilados Federico Santa María, el Islote Pájaros Niños, el Islote o Peñón denominado Peña Blanca y Punta de Peña Blanca, la Laguna El Peral, el Sector del Cerro El Roble, el Predio Los Nogales, el Fundo Yerba Loca, los Predios denominados San Francisco de Lagunillas y Quillayal, el Predio cascada de las Animas, Las Torcazas de Pirque, los Altos de Cantillana – Horcón de Piedra y Roblería Cajón de Lisboa. Hacia el sur, encontramos la Laguna de Torca, el Predio Alto Huemul, el predio El Morrillo, el Humedal de Reloca, Las Rocas de Constitución, los Islotes Lobería y Lobería Iglesia de Piedra de Cobquecura, el Predio Los Huemules del Niblinto, la Península de Hualpén, el Lecho, las islas y zonas de inundación del Río Cruces y Chorocomayo alrededor de Valdivia, los Alerzales existentes en el Fundo Fiscal Potrero Anay, el Bosque Fósil de Punta Pelluco, el Parque Pumalín, la Capilla de Mármol y el Estero de Quitralco. Para que un sitio sea declarado “Santuario de la Naturaleza”, se requiere contar con un informe favorable del Concejo de Monumentos Nacionales. Una vez que se ha obtenido dicha declaración por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Monumentos Nacionales dispone que “no se podrá, sin la autorización previa del servicio, iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pueda alterar su estado natural”. Si bien se reconoce la importancia que la Ley de Monumentos Nacionales ha tenido en favor de la protección del patrimonio natural, también se ha criticado la falta de regulación en ciertos aspectos. Así, por ejemplo, la ley no establece a quien le corresponde el manejo del área protegida, cuestión que es especialmente compleja de resolver en el caso de los predios particulares. A fin de resolver este vacío legal, se propone obligar a los propietarios de terrenos particulares que contengan áreas que se encuentran bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza de presentar al Ministerio de Medio Ambiente un plan de manejo del área protegida, dentro del plazo de un año contado desde la fecha del respectivo decreto supremo que declara el área como Santuario. Asimismo, se propone que, en el caso que el propietario no presente un plan de manejo sobre el área protegida en el plazo señalado, pueda aplicársele la multa que establece el inciso final del artículo 31 (50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales). Por último, se establece que los propietarios de terrenos que contengan áreas ya declaradas anteriormente como Santuario de la Naturaleza, deberán presentar su correspondiente plan de manejo dentro del plazo de un año contado de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Obliga a los propietarios de terrenos particulares que contengan áreas que se encuentran bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza de presentar planes de manejo en el plazo que indica. Artículo Único: Sustitúyase el inciso 4° del artículo 31 de la Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales, por el siguiente: “Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus dueños deberán presentar al Ministerio de Medio Ambiente un plan de manejo del área protegida, dentro del plazo de un año contado desde la fecha del respectivo decreto supremo que declara el área como Santuario de la Naturaleza. En caso que el propietario no presente dicho plan de manejo en el plazo señalado, se le aplicará la multa que establece el inciso final de este artículo. Asimismo, deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Servicio los daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos.” Artículo transitorio: Los propietarios de terrenos que contengan áreas ya declaradas anteriormente como Santuario de la Naturaleza, deberán presentar su correspondiente plan de manejo dentro del plazo de un año contado de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GONZÁLEZ, AUTH, FLORES; GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO; ORTIZ, POBLETE Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.593, DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES, PARA ELIMINAR UNA FACULTAD DE ESTOS REFERIDA A LA CALIFICACIÓN DE ELECCIONES DE GRUPOS INTERMEDIOS.”. (BOLETÍN N° 10234-06) “La Ley N°16.880, del año 1968, sobre Organizaciones Comunitarias, cristalizó una de las aspiraciones de la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva de permitir la participación de amplios sectores de la sociedad que carecían de una institucionalidad que sirviera de canal de comunicación con las autoridades del Estado. Dicha ley impulsó la creación de miles de organizaciones comunitarias territoriales y funcionales a lo largo del país, impactando en el mejoramiento del entorno urbano y la infraestructura básica de las poblaciones, así como en el acceso a la capacitación, la cultura, el deporte y la recreación. De esta manera, las Juntas de Vecinos, los Comités de Vivienda, los Centros Culturales y Artísticos, los Clubes Deportivos, los Centros de Adultos Mayores, los Centros de Madres, los Centros de Padres y Apoderados y las Organizaciones Juveniles, se transformaron en un importante componente del tejido social, en torno a las cuales se desarrolla la vida comunitaria. Posteriormente, se dictó la Ley N° 19.418, del año 1995, que vino a perfeccionar diversos aspectos de la normativa, tales como su constitución, contenido de los estatutos, derechos y obligaciones, estructura orgánica, patrimonio y su disolución. La Ley N° 20.500, del año 2011, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, constituyó otro avance en la promoción y apoyo de las iniciativas asociativas de la sociedad civil por parte del Estado, como vehículos de expresión de la diversidad de intereses sociales e identidades culturales de la nación, así como también en el reconocimiento, del derecho de los ciudadanos, por parte del Estado, a participar de sus políticas, planes, programas y acciones. En relación con el derecho de participación ciudadana en las decisiones de los órganos del Estado, la Ley N° 20.500 creó una instancia de representación ciudadana, de carácter consultivo, a nivel comunal: los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. Los integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, son elegidos por las organizaciones comunitarias de carácter territorial (juntas de vecinos) y funcional (clubes deportivos, del adulto mayor, culturales, etc.), por las organizaciones de interés público de la comuna, y por las asociaciones gremiales y sindicales o de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. El artículo 35 de la Ley N° 20.500 sustituyó en el número 1º del inciso primero del artículo 10 de la ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, la expresión “Consejos de Desarrollo Comunal” por la frase “consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil”, con lo cual, los Tribunales Electorales Regionales asumieron la calificación de las elecciones de los grupos intermedios con derecho a participar en la designación de los integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, en la práctica, la obligatoriedad del trámite de calificación de las elecciones, como requisito previo para participar en la designación de los integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, ha dificultado la labor de la Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos, Centros Culturales, Clubes de Adulto Mayor y otras organizaciones, los obliga a obtener certificados engorrosos y costosos ,constituyendo más bien una carga burocrática y por ende un retroceso y no un avance en el desarrollo de la organización comunitaria y de la participación ciudadana. Dicha norma, además, ha recargado de manera ostensible la carga de trabajo de los tribunales electorales regionales, los que muchas veces no cuentan con los medios físicos y humanos necesarios para hacer frente al aumento de solicitudes de calificación. Por otra parte, dado el explosivo volumen de causas que deben conocen ahora los tribunales electorales regionales, el trámite demora varias semanas o meses, por lo que las directivas recién electas se han visto frecuentemente impedidas de constituirse, de funcionar regularmente , de realizar trámites o presentar proyectos ante organismos públicos y privados. En definitiva, por esta razón quedan anuladas en su identidad y representación durante largos períodos de tiempo, con grave daño para el cumplimiento de sus importantes funciones. A lo anterior, cabe agregar el costo económico relacionado que deben desembolsar las organizaciones para poder efectuar dicho trámite, las que en muchos casos apenas cuentan con recursos financieros. Ello implica que los mismos miembros de la organización deben utilizar sus propios recursos económicos para tal objeto. Estos costos en muchos casos se elevan por la necesidad de trasladarse desde grandes distancias desde los puntos más alejados de las regiones, atendido que los tribunales electorales regionales se encuentran sólo en las ciudades capitales. No aparece justo para las organizaciones ni para sus dirigentes, quienes abnegadamente dedican gran parte de su vida benévolamente al desarrollo de sus queridas instituciones, sin recibir retribución económica y cumpliendo una función de alta relevancia pública, auxiliando y apoyando las tareas municipales y estatales, tener que soportar las consecuencias de una norma que entraba su labor. En consecuencia, se justifica sobradamente la necesidad de eliminar este burocrático trámite, que no tiene gran utilidad ya que se puede realizar idónea, eficaz y transparentemente en las secretarías municipales. En suma, la modificación legal introducida es centralista, burocrática, gravosa, dificulta la labor de las organizaciones de la sociedad civil, encarece y entraba el accionar de los dirigentes, inhibe, no facilita ni incentiva la participación ciudadana. Dada la importancia de la participación de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia y las dificultades y crisis de confianza que ésta enfrenta en el momento actual, resulta de la mayor importancia eliminar las dificultades que puedan entrabar el despliegue de las organizaciones comunitarias, tomando medidas que, por el contrario, las favorezcan y estimulen a cumplir su trascendente labor. De acuerdo a lo anterior, se propone eliminar la norma legal –contenida en el número 1° del inciso primero del artículo 10 de la Ley N° 18.593- que obliga a los Tribunales Electorales Regionales a calificar las elecciones de los grupos intermedios con derecho a participar en la designación de los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo y de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil. Cabe señalar que la eliminación de dicha norma legal siempre deja a salvo la posibilidad de impugnar las elecciones de los grupos intermedios mediante la correspondiente reclamación ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 18.593. De esta manera, de implementarse esta modificación legal, se aliviará ostensiblemente la carga de trabajo de los Tribunales Electorales Regionales y se desburocratizará la aprobación de los procesos eleccionarios de los grupos intermedios con derecho a participar en la designación de los integrantes de los concejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, cabe señalar que el número 1º del inciso primero del artículo 10 de la Ley N° 18.593 también alude a la calificación de las elecciones de los grupos intermedios con derecho a participar en la designación de los integrantes de los denominados “Consejos Regionales de Desarrollo”, los cuales fueron derogados orgánicamente por la Ley N° 19.146, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, por lo que aparece como conveniente excluir su mención de la norma. Por lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Propone eliminar norma legal que obliga a los Tribunales Electorales Regionales a calificar las elecciones de los grupos intermedios, que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo y de los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil. Artículo Único: Modifíquese el número 1º del inciso primero del artículo 10 de la Ley Nº 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, en los siguientes términos: a) Elimínese la frase “y las de los grupos intermedios que tengan derecho a participar en la designación de los integrantes de los Consejos Regionales de Desarrollo o de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con las respectivas leyes orgánicas constitucionales”. b) En este mismo inciso, elimínese también la frase “y grupos intermedios a que se refiere este número”.