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- rdf:value = " MEDIDAS CONTRA EVASIÓN EN TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
En primer lugar, corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.125-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 58ª, en 6 de octubre de 2015.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El objetivo de este proyecto es hacer frente a la evasión en el transporte público remunerado de pasajeros de todo el país logrando controlarla de mejor manera, sancionarla con mayor eficacia y, en definitiva, reducirla. Al efecto, se implementa una serie de medidas y sanciones administrativas y penales orientadas a disminuir la evasión en el pago en los medios de transporte público de pasajeros y aumentar la educación y el control ante tal conducta.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Girardi, Letelier, Matta y Ossandón.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 53 a 60 del primer informe.
Cabe tener presente que el inciso tercero del artículo 22 bis, nuevo, propuesto en el número 3) del artículo 2º del proyecto, tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren al menos 21 votos favorables.
Nada más, señor Presidente .
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Gracias, señor Secretario .
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, este es un proyecto muy importante.
Todos sabemos de la significación del transporte público a lo largo de nuestro país, y particularmente en la Región Metropolitana, donde de aquí al año 2025 vamos a tener cerca de 7 millones y medio de personas y 2 millones 700 mil vehículos privados.
Desde tal perspectiva, Santiago no es una ciudad viable.
Entonces, o establecemos un mecanismo solidario, un sistema potente de transporte público que desincentive el uso del automóvil, o estamos condenados a ser rehenes de la congestión, de la mala calidad de vida, de la existencia de niveles de contaminación totalmente invivibles, inaceptables.
Debo recordar que la Capital está 300 días al año sobre el nivel de contaminante más tóxico para las personas, que es el PM 2.5, el cual no solo provoca infartos, accidentes vasculares, cáncer, sino además graves problemas respiratorios.
En los últimos estudios, gracias al laboratorio natural que es Santiago, investigadores norteamericanos comprobaron que en Chile el PM 2.5 está directamente relacionado con el aumento de los infartos, de los accidentes vasculares y de las arritmias, porque es tan pequeño y tan tóxico que entra al torrente sanguíneo y genera un proceso de coagulación intravascular.
Por lo tanto, debemos hacer frente a esa situación.
La ciudad de Santiago sigue creciendo, pero no en función de una política que considere la ciudad que queremos, sino a base de la especulación con el uso del suelo.
Por eso nos parece tan relevante que tengamos una política de ciudad.
De hecho, nuestra Comisión de Desafíos del Futuro, en forma muy transversal, ha estado desarrollando un conjunto de encuentros con científicos, con académicos, con los principales expertos de todas las universidades de nuestro país. Tuvimos uno (es el tercero) hace diez días. Hemos escuchado a tal vez las mayores eminencias e investigadores sobre temas de ciudad, de transporte, de calidad de transporte público; hemos invitado a expertos internacionales, y tenemos la convicción de que Santiago y las demás ciudades de nuestro país se merecen una política territorial a partir de la cual se pueda generar un instrumento que concrete la ciudad que deseamos desde el rol que cumple Transportes .
En la Región Metropolitana, pues, debemos incentivar el transporte público.
Como señalaba, el principal enemigo de la calidad de vida de Santiago es el uso indiscriminado del automóvil.
Empero, hemos cometido errores, porque en el pasado, en vez de decirle al ciudadano "No use el auto, déjelo en la casa. Utilice el transporte público. Sea solidario", hicimos todo lo contrario: le dijimos "¡No sea tonto! ¡Para qué va a emplear el transporte público! Vamos a construir vías exclusivas, vías privilegiadas para el auto particular, para el transporte individual".
Evidentemente, cuando existe ese tipo de contradicciones es muy importante pensar en políticas de bien común, de transporte público.
A pesar de todo, se ha ido avanzando. El Transantiago claramente se inició como un gran desastre, lleno de problemas de diseño, de implementación, pero cabe consignar que en los gobiernos siguientes -diría que en todos, para ser justo- se han registrado mejoramientos sustantivos en el transporte público de la Capital.
En efecto, se construyen diez kilómetros de Metro por año, y la idea justamente es generar una articulación de este medio, de los correspondientes a la superficie, del taxi colectivo, pero también hacer una ciudad para el peatón, para las personas. Resulta deseable, sobre todo, privilegiar el uso de la bicicleta, sobre la base de la integración del modo de transporte a pie con el de ciclovía, con el sistema de transporte público de superficie y con el Metro.
Ello, que parece sencillo, es de una gran complejidad. Hoy día, para tener una idea, 52 por ciento de los viajes se hacen solo en bus, 22 por ciento solo en Metro y 26 por ciento en Metro y en bus. Es decir, si alguien piensa que el Metro puede reemplazar al transporte público de superficie, se equivoca. Evidentemente, este último es el que viabiliza al anterior, porque los grandes alimentadores del Metro son buses y taxis colectivos.
Debiéramos propender a que en el futuro también se incorporaran el sistema de ciclovía y de bicicleta, y generar lugares amables y agradables para caminar. Desde el punto de vista de la salud, tendríamos que incentivar el que todo chileno anduviera por lo menos treinta a cuarenta minutos diarios, que es el mínimo estándar para poder enfrentar los graves problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como infartos, accidentes vasculares y cáncer.
El objetivo es lograr una ciudad que se piense en forma integral.
Hemos avanzado en la política de que se trata, pero enfrentamos un problema. Una de las graves dificultades que afectan al transporte público es el costo. En la actualidad, un conductor gana, en promedio, cerca de un millón de pesos. Con relación a los camiones carrozados que en años anteriores se disfrazaban de buses amarillos, el importe actual de la tecnología es de un poco más del doble. Es evidente, entonces, que el sistema se ha encarecido.
No hay ningún país en el mundo donde no se requieran subsidios en el ámbito de que se trata. De hecho, el transporte público de Santiago solo implica un cuarenta por ciento por tal concepto. Si ustedes toman cualquier modelo europeo en la materia, se llega a cerca del setenta.
Un tercio del subsidio se destina a la extensión de nuevas vías de Metro y a paraderos, y otro componente paga la tarifa escolar, lo que me parece una medida muy importante, ya que los jóvenes se hallan exentos de cubrir el importe común. Solo la mitad de lo que se entrega va a la parte operativa del Transantiago.
Mas se plantea otra cuestión: al mismo tiempo que los recursos son escasos, se registra una verdadera "hemorragia", que es la evasión. Hay momentos en que esta asciende a un veinticinco por ciento. ¿Y por qué constituye una situación difícil? El Senador que habla diría que el subsidio es muy justo, porque va dirigido "a la vena" de los sectores de menores recursos, que no son los que andan en un auto particular, sino que justamente viajan en el transporte público, pero los numerosos chilenos de esfuerzo que pagan están llevando sobre sus espaldas, en el fondo, lo que representa el que otros no lo hagan por distintas razones. Y eso origina una inequidad relevante. Una gran cantidad de personas que trabajan, que estudian, cancelan su pasaje.
Como es evidente, no existe solo un problema de política pública, de financiamiento, de que el comité de expertos quiere aumentar la tarifa justamente porque los sistemas son deficitarios. Una parte de esta última medida se debe a los que no pagan, y van a tener que cubrirla los que sí lo hacen.
Entonces, el Ejecutivo , en acuerdo, diría, con la mayoría de los miembros de la Comisión de Transportes, ha enviado una iniciativa legal tendiente a desincentivar la evasión. ¿Para qué? Para poder llegar a una parecida a la de los países desarrollados.
En otros lugares hay sanciones penales. Una persona que no paga el Metro en Italia o en Francia es detenida inmediatamente. Nosotros tal vez no necesitamos llegar a situaciones extremas, pero al menos no hemos de disponer solo de una pistola de agua.
La situación es tan grave para la Región Metropolitana, para el Transantiago, y tan serio el aspecto tarifario en el sentido de que el valor del pasaje de los que pagan tendría que aumentar -repito- por aquellos que no lo hacen, que nosotros, como Comisión, después de analizar largamente el tema y discutirlo, como señalaba, con los principales expertos, científicos, académicos, hemos respaldado la idea de legislar, para que después podamos ir haciendo correcciones específicas, como también mejorando y adecuando los instrumentos.
Obviamente, se requiere respaldar esta política pública y que todos los chilenos sean sujetos de derechos. Nos parece muy importante defender aquellos que les corresponden a hombres y mujeres, en particular a los jóvenes, pero también establecer responsabilidades. Es decir, queremos construir una sociedad de derechos, pero también de personas con deberes. Y el deber mínimo que se tiene que cumplir es aquel al cual hago referencia.
Por eso, le hago al Senado un llamado a respaldar la idea de legislar, para que después -podemos no estar de acuerdo con todos los instrumentos-, en un debate más preciso, más acotado, podamos nosotros o el mismo Ejecutivo presentar indicaciones y mejorar el proyecto.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , el Transantiago, cuando empezó, hace casi diez años, aspiraba a disminuir la congestión, la contaminación y la inseguridad de la locomoción colectiva de la época -el Estado no ponía en ella ni un peso- con la incorporación de una nueva flota de buses, denominados "orugas", que eran una maravilla.
En octubre de 2005, el Presidente Ricardo Lagos lo definía, en su lanzamiento, como "el mayor proceso de modernización del transporte público que jamás se ha registrado en la historia de Chile".
Creo que es bueno recordar la historia, porque pareciera que vamos olvidando los hechos. A poco andar, el proyecto emblemático de ese Gobierno, implementado por la primera Administración de la actual Presidenta Bachelet y que buscaba "en el mediano y corto plazo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región Metropolitana, mediante la disminución de la congestión, contaminación e inseguridad de la locomoción colectiva", terminó en un gran fracaso.
El Transantiago no solo está ligado a un proyecto frustrado, sino también a la creación e implementación de la peor política pública en la historia de Chile, tanto por cifras económicas como por la calidad del servicio. Un reciente informe de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie reveló que en 2014 dio origen a un déficit de 73 mil 413 millones de pesos. Además, determinó que los recursos contemplados en el Presupuesto del año pasado no alcanzaron, por lo cual el Gobierno ha destinado otros que, en vez de paliar los que faltaban en un sistema fracasado, podrían haberse orientado a la construcción de nuevos hospitales, la contratación de médicos especialistas o la solución de otras carencias en regiones, como la de Atacama, a la que represento.
Pero no solo surge el problema del déficit que genera año a año el Transantiago y que el Estado tiene que suplir inyectando fondos fiscales. He escuchado al Senador señor Girardi , quien no me ilusiona, sino que francamente me emociona al plantear que la cuestión supuestamente se va a arreglar. En estos casos me encuentro como en ese cuento del campo acerca del perro al que quema el agua caliente y que siente el balde y sale arrancando: escucho hacer referencia a aportes al "Transantiago" y creo que huele a peligro.
Ahora, creo que el proyecto específico que nos ocupa debió haber sido uno de los que encabezaron las modificaciones, por ser el único que tiene por objeto evitar la evasión y reforzar las facultades de los fiscalizadores para disminuir este flagelo, esta debilidad del Transantiago, que de alguna manera ha ido generando espacios para un déficit enorme.
Y cuando el colega que me antecedió en el uso de la palabra declaró que todos los años se van a seguir construyendo diez kilómetros de Metro en Santiago, ¡más me duele el alma, señor Presidente ! Porque el Estado les entrega, con suerte, amortiguadores o discos de embrague a los taxistas, como una ayuda para el transporte, sin perjuicio de las pocas platas "espejo", que observo que están en un fondo y ni siquiera se han repartido.
¡Diez kilómetros más del Metro de Santiago significan 10 mil millones de dólares! ¡Cada kilómetro implica una porrada de recursos y solo beneficia a los habitantes de la Capital!
Además, carencias como las que hemos sufrido en las regiones -cabe recordar el aluvión que afectó a cinco comunas en aquella que represento- han determinado que numerosas personas se vengan a Santiago, donde todo es mucho mejor: la educación, la salud, la cultura. ¡Todo!
El mundo al revés se mantiene: seguimos arreglando los problemas de la Capital y dejando de lado al resto del país.
Lo sostengo derechamente: la iniciativa en debate se debió aprobar antes de entregar los subsidios y junto a lo destinado, como lo expresó muy bien el Senador señor Chahuán, al transporte mediano y menor, que ha sido bastante poco. Porque el Director de Presupuestos y algunas autoridades son magos, especialistas en afirmaciones, y al final nadie sabe dónde terminan los recursos. Se anuncia: "Vamos a dar montos espejo", pero las autoridades de la Región que represento, que no son de mi color político, me dicen: "¡Si no ha llegado ni un peso, porque esa plata nos la descontaron del Fondo Nacional de Desarrollo Regional!".
Entonces, la verdad es que nos encontramos frente a una situación bastante compleja.
Habría preferido que hubiéramos despachado el proyecto hace rato. Porque no solo hay gente a la que no le gusta desembolsar por el pasaje, sino que también, como el modelo ha sido tan malo, como ha conllevado tanta demora, se ha utilizado permanentemente el argumento de que "No estoy disponible para pagar por una prestación de tan mala calidad".
Desde luego, me parece que ello es preciso disminuirlo, porque un 27 por ciento de evasión -casi un tercio- hace que nada funcione.
Sobre todo, tratándose de un sistema que ha registrado un fracaso tremendo y le ha cambiado la vida para mal a muchas personas, creo que no podemos seguirlo mejorando por la vía de construir kilómetros y kilómetros del Metro, que era antes un servicio muy bueno y al que el propio Transantiago fue afectando como un cáncer, por lo que hoy día también se halla colapsado.
Lo que funcionaba con anterioridad era malo, no un ejemplo, pero el Estado no ponía un centavo con los buses amarillos y las condiciones eran otras.
Creo que ahora damos un paso relativamente bueno, porque resulta deseable evitar la evasión, que estimo un problema serio en el actual sistema de transporte.
He dicho
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Si no hay objeciones, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Puede intervenir el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , Honorable Sala, como una memoria de largo plazo es buena, quisiera recordar que presenté un proyecto de ley idéntico que no obtuvo los votos suficientes en este mismo Hemiciclo . Ello ocurrió hace por lo menos tres años.
Y es preciso consignarlo, porque aquí se nos dijo que estábamos tratando de forzar el cumplimiento de una obligación respecto de un servicio que no se prestaba en términos eficaces y decentes.
En tal contexto, y como lo manifestamos en esa oportunidad, juzgamos muy importante la creación del Registro de Pasajeros Infractores . No hay sistema de transporte público que resista cuando se hace vista gorda de la evasión.
Se han hecho esfuerzos importantes, como también durante la Administración anterior, para lograr una mayor eficiencia.
Recordemos, además, que los contratos estaban mal diseñados. A los concesionarios del Transantiago no se les pagaba sobre la base de las personas que trasladaban. Y esa era una cuestión compleja.
En el Gobierno anterior logramos poner una cabeza, efectuar modificaciones y avanzar en esta misma dirección.
No obstante, si finalmente no hacemos nada respecto de la evasión, es muy difícil que el déficitpueda ser resuelto. Es por eso que en su oportunidad planteamos la iniciativa a que hice referencia.
No me he fijado, pero ojalá el mensaje aluda al esfuerzo que hicimos con anterioridad. Generalmente no media ningún reconocimiento. Tal como lo expusimos con el Senador señor Navarro en la reunión de Comités de ayer, muy pocas veces el Ejecutivo lo brinda acerca del trabajo sobre el particular hecho por los parlamentarios. Seguramente no hay ninguna mención al respecto.
Cabe señalar claramente que se requiere un esfuerzo muy distinto. Es preciso comprender que no puede haber impunidad para quienes evaden el pago por el concepto de pasaje.
Hacemos un llamado en el mismo sentido también desde regiones, en la medida en que el de Valparaíso es el segundo transporte público más caro de Latinoamérica y compite, en ese aspecto, con el de Concepción. Es decir, la gente de la Quinta y de la Octava Regiones no tiene por qué seguir subsidiando el sistema de la Región Metropolitana.
Por eso mismo, consideramos que el proyecto se encuentra bien orientado, recogiendo una moción anterior -y es bueno y justo señalarlo-, y esperamos que esta vez sí obtenga el apoyo de la Sala.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que la iniciativa en examen es bastante punitiva.
¿Dónde está la posibilidad de que los usuarios, cuando no reciben un servicio adecuado, reclamen en contra de Buses Metropolitana S.A., Redbus Urbano S.A., Alsacia S.A., SuBus Chile S.A., Buses Vule S.A., STP Santiago S.A., Express de Santiago Uno S.A.?
¿Dónde está la posibilidad de un listado de empresas infractoras?
La Comisión solo escuchó a gerentes y presidentes de las líneas de buses de superficie, que utilizan ochenta carabineros al día en el control de la evasión.
¡Qué tienen que hacer ochenta carabineros controlando el negocio de un concesionario privado! ¡El Senador que habla demanda que vayan a cuidar la seguridad de la ciudadanía y no los intereses de las empresas internacionales y nacionales que hoy día operan en el Transantiago a un costo de alrededor de 800 millones de dólares para el Estado!
El proyecto busca penalizar a los evasores. ¿Cuál es la alternativa ciudadana cuando se espera locomoción colectiva durante cuatro horas?
¿Cuál es la alternativa del usuario que tiene que pelear para poder ingresar al Metro e ir apretado como sardina en lata? ¿Dónde está la posibilidad de reclamar? ¿Cómo denunciar el mal cumplimiento del servicio por el cual paga?
¡Es el Metro más caro de América Latina!
Y viene lo relativo al sector laboral. ¡Estas empresas -las denuncio aquí- no cumplen con los derechos de los trabajadores!
¡Marco Cuadra se quemó a lo bonzo el 27 de junio de 2014! El dirigente sindical manifestó: "Lo hago -y que lo sepan- por mis compañeros de trabajo". ¡Porque se anunció su despido por altavoces, sometiéndolo a una humillación y una indignidad!
Entonces, nos encontramos con una iniciativa que busca solo -repito- sancionar a los evasores. Por cierto que la de estos es una mala conducta y que es preciso esforzarse por evitarla. Mas pregunto dónde se halla el equilibrio.
¿Dónde está el proyecto que diga: "Vamos a modificar la Tarjeta Nacional Estudiantil, en manos hoy día de JUNAEB, ya que es un desastre completo?
Cientos y miles de estudiantes recibieron tardíamente su credencial, de mala calidad, mal orientada, con miles y miles de millones de pesos gastados en licitaciones que se han traducido en un pésimo servicio.
¿Es malo que haya evasión? Así es. La gente debiera pagar por el servicio que recibe. Pero cuando este es bueno.
En consecuencia, me niego al acto sancionatorio de dar a conocer una lista de infractores cuando no veo la posibilidad de hacer otro tanto con una lista de infractores de los derechos de los trabajadores, de los usuarios. ¿Dónde se va a publicar? ¿Por qué vamos a vetar solo al pasajero? Algunos pueden pagar y no lo hacen, pero otros definitivamente se encuentran impedidos de llevarlo a cabo.
El Estado está invirtiendo dos millones de dólares al día en este sistema. Pero ¿publicar una lista de infractores resuelve el problema?
Se aumentó en 400 por ciento la cantidad de inspectores para posibilitar este control, que hoy día radica en Carabineros. ¿Qué tiene que hacer Carabineros aquí? ¿O acaso hay, en otro negocio particular, carabineros que vayan a controlar si la gente paga? ¿Hay carabineros custodiando el acceso al cine Hoyts, por ejemplo?
Ya nos hemos acostumbrado a que todos estos negocios sean subsidiados por el Estado y, particularmente, por Carabineros de Chile.
¡No tiene que haber ningún carabinero, sino guardias privados pagados por las empresas!
Pero el propio informe reconoce que hay "80 carabineros" destinados a esta labor.
Esto es como en el estadio: gran negocio para la Federación de Fútbol y para los auspiciadores, pero, al final, se llena de carabineros pagados por todos.
Señor Presidente, yo voy a votar en contra de este proyecto.
Porque hemos presentado una iniciativa de ley que establece como Día Nacional del Trabajador del Transporte Público el día en que Marco Cuadra se suicidó a lo bonzo. ¡Pero se cambió la fecha al 31 de octubre! No le contaron al Ministro que ese es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Él ha propuesto esa modificación. ¡Mal asesorado, señor Ministro !
Nuestro proyecto está en la Comisión de Transportes, pero aún no se ha visto. El Día Nacional del Trabajador del Transporte Público responde a la dignidad que deben tener los conductores de ese servicio.
Porque cuando hicimos el Transantiago la idea era quitarle responsabilidad al conductor, para que solo manejara.
¡Hoy día esos trabajadores tienen que cuidarse la vida; si no, los matan!
Y, como digo, la intención original era que se preocuparan solo de manejar.
Tampoco hemos logrado que estas empresas den seguridad laboral a sus trabajadores. ¡Cometen miles de infracciones!
Yo he pedido el envío de oficios sobre el particular, señor Presidente , a pesar de que la función fiscalizadora corresponde a la Cámara de Diputados, y puedo decir que se han cursado cientos y miles de multas. Y ahí están. ¿Cuántas de ellas las pagan? La Dirección del Trabajo aún no nos puede responder porque muchas las apelan.
Entonces, como un voto de protesta, de rechazo a un sistema que no cumple con sus trabajadores (los conductores) ni con los usuarios; y frente a usuarios que no tienen posibilidad alguna de defenderse, no estoy disponible para darles más atribuciones a los abusadores. Porque este es un sistema que abusa.
Si a mí me dicen: "Vamos a sancionar a los infractores, porque evaden", yo estoy de acuerdo. Pero también debemos multar a los empresarios infractores cuando no den el servicio. Porque el usuario tiene derecho a exigir un buen servicio, y este no se da.
¿Cuántos buses circulan en la noche?
¿Cuál es la frecuencia que deben cumplir?
¿Cuánto tiene que esperar una persona para no llegar atrasada a su trabajo?
¿Cuántos trabajadores han perdido su empleo por el retraso del bus o porque no se pudieron subir a él?
Entonces, este es un proyecto desequilibrado.
Tiene un objetivo que comparto: hay que bajar la evasión. Es una mala señal de transparencia, de probidad el hecho de que haya gente que no pague, pudiendo hacerlo.
Ahora, si hay cientos de usuarios que no pueden pagar, estamos en otro problema, y habría que buscar una fórmula para que en el transporte público, subsidiado por el Estado, se contemplaran circunstancias especiales. Algunos podrán tachar de populismo esto, pero ¿puede una persona cesante pagar dos mil pesos diarios o más para ir en busca de trabajo? ¿No sería mejor que el seguro de cesantía estuviera asociado a un pase que le permitiera tener acceso gratuito al Metro y al transporte público mientras encuentra trabajo? ¿O tiene que gastar de su exiguo seguro de cesantía la plata para buscar empleo, cuando hay que recorrer una y otra empresa?
Entonces, uno dice: "seamos equilibrados". Todos queremos mejorar el transporte "público" -entre comillas, porque es privado-, pero como lo dijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle aquí, cuando era Senador, tal vez haya que pensar en recuperar para el Estado este servicio, ya que es mentira que es público. ¡Es privado! La excepción es el Metro, que era el mejor de América Latina y lo convertimos en uno de los peores después del Transantiago.
El señor PROKURICA .-
Así es.
El señor NAVARRO.-
Porque la gente huyó de la superficie y se fue al subterráneo, donde había calidad. Y arriba se mantiene una muy mala calidad.
Señor Presidente , para dejar las cosas claras, yo estoy de acuerdo en que es necesario enfrentar la evasión. Pero también creo que se deben equiparar las normas. Porque aquí se dice que los propietarios de los buses podrán emplazar al que no pague. O sea, ¿vamos a tener a los señores dueños de los buses persiguiendo a los usuarios? ¿Cuál es la figura legal que se va a hacer efectiva?
Y cuando los trabajadores quieren demandar a las empresas que no les pagan, no les ponen baños, no les cumplen, ¿cómo lo hacen?
Siento que es un proyecto extremadamente desequilibrado.
Es un proyecto clasista, porque solamente se preocupa de los empresarios.
Es un proyecto empresarial y privado. Porque, si esto fuera del Estado, estaríamos criticándolo por ser mal empleador y preguntando por qué no mejora las condiciones para tener emparejada la cancha, como está de moda decir.
Señor Presidente , sé que en París, en Madrid, en Bogotá y en muchas otras partes hay multas para los evasores. Yo lo he comprobado. Como he dicho otras veces, en Madrid mantener el mejor transporte público de Europa cuesta 1.360 millones de euros, y se recaudan 800 millones. El déficit es de más de 500 millones de euros.
En ningún lugar del mundo el transporte público se autofinancia; en todas partes es subsidiado.
Entonces, mientras no tengamos una política coherente para equiparar la cancha, que asegure un buen servicio y un buen trato hacia los trabajadores, hacia los usuarios, no estoy en condiciones de aprobar un proyecto de penalización a estos últimos. Creo que es desigual, discriminatorio, arbitrario.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto en contra, señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Les recuerdo a las señoras y los señores Senadores que deben votar.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , la verdad es que el Senador que me antecedió en el uso de la palabra me volvió a sorprender, no por las frases finales, que ya son como una moda o una cantinela -un poco aburridora, pero en fin-, sino por la contradicción de su planteamiento.
Porque, en la mitad de su discurso -y lo digo con todo respeto- él reclama por el rol de Carabineros dentro de un servicio público como el transporte de pasajeros, señalando que no tiene por qué estar velando por su fiscalización. Pero, por otro lado, reclama porque a los choferes los asaltan, les roban, les quitan la vida.
Entonces, para mí lo razonable es incorporar más carabineros en este tipo de acciones y no restarles funciones o facultades.
Honestamente, yo trato de entender la lógica de su argumento y no la logro asimilar.
A mi juicio, aquí estamos con un problema muy severo, que tal como dijo otro Senador, fue advertido hace algunos años en esta misma Sala. Lamentablemente, nadie quiso prestar atención a los graves inconvenientes que traía este nuevo sistema de transporte, por tres grandes ejes.
Primero, por el costo del subsidio, como vimos a propósito de otro proyecto. Y quiero dar un dato, señor Presidente : si se aprueba el proyecto que se va a discutir la próxima semana, estaremos hablando de un subsidio, en cinco años, de 12 mil millones de dólares.
Para que ustedes lo tengan claro: es el doble del Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario.
Entonces, se está usando una política pública, no de transporte, sino de subsidio a la pobreza de una forma completamente distinta de lo que debe ser una correcta focalización, como sería destinarla a través del Ingreso Ético Familiar o de Chile Solidario.
Por tanto, tenemos, primero, un tema ético: ¿cómo se distribuyen los recursos del Estado? Ahí estamos enfrascados en la primera discusión, y a mí me parece que, si no hay un cambio ni planes, sino solo un ánimo de no subir la tarifa, ello puede ser razonable desde un punto de vista político, pero es mucho más discutible desde un punto de vista social, porque agudiza los déficits que se producen en otros proyectos sociales.
El segundo problema es la evasión.
Y el tercero, que está asociado al otro, es la insuficiente fiscalización.
En materia de evasión, me parece razonable el proyecto que se plantea en la medida en que incorpora otra facultad y otros elementos precisamente para evitar el cáncer del Transantiago hoy, cual es que 27,2 por ciento de los pasajeros no pagan su pasaje. No sé en qué actividad puede un sistema entenderse normal si semejante cantidad de usuarios no pagan.
Es un problema dramático, porque al final alguien paga. El Alcalde de El Monte decía, en su momento, que "pagaba Moya". De ahí nace esa expresión. Pero, para este efecto, "Moya" es el Estado; para este efecto "Moya" somos todos los chilenos, porque se deben sacar recursos de un sector para incorporarlos a otro.
Por tanto, también hay un problema ético: qué significa la evasión, qué significa seguir una conducta, qué significa que no haya ninguna sanción, qué significa, señor Presidente -quiero aportar un dato que nos dio hoy el Ministro -, el hecho de que nadie pague el 70 por ciento de los partes que se sacan en el Transantiago, porque no hay una lógica de requerimiento. Al no haber tampoco una lista de infractores, estos no reciben ninguna sanción real.
Entonces, tenemos 27,2 por ciento de personas que no pagan, y de los que pillan, que son pocos, el 70 por ciento no cancela la multa tampoco, como nos dijo hoy día el Ministro de Transportes. Y por eso está cambiando también su norma.
Me parece fundamental fortalecer el concepto de "antievasión". Y a mí no se me ocurre otra fórmula que generar un nuevo sistema que permita que otras instituciones -Carabineros; inspectores fiscales, municipales, del Metro- estén dotadas de atribuciones distintas de las que tienen ahora, como por ejemplo, retener el instrumento habilitante cuando se trata de un uso indebido, o cuando se utiliza un pase escolar y no se tiene la calidad de estudiante, o cuando simplemente se falsifica el documento.
Entonces, yo digo: "Quien nada hace, nada tema". Los que están cumpliendo la norma no deben temer que haya más esfuerzos públicos por generar un pago adecuado de parte de quienes hoy día no lo realizan.
El problema de este proyecto a mi juicio está en otra línea: no se aumenta el número de fiscalizadores.
Aquí enfrentamos un tema muy complejo. El costo financiero de esta iniciativa es cero; o sea, no está considerado ese incremento, lo que me produce una sensación contrapuesta.
Yo voy a apoyar el proyecto, pero creo que para ser más coherente debió ir acompañado de un esfuerzo adicional, justamente en el control de la evasión, y establecer un número de fiscalizadores relevante respecto de lo que hoy día existe.
Estuvimos viendo -no sé si se ha planteado- lo que se ha hecho en otros países que han sido exitosos. En Melbourne, donde aparecieron porcentajes de evasión alta, se impulsó una política pública que consistió en generar oficiales fiscalizadores, dotados de amplias facultades y a los que incluso les pusieron chalecos de seguridad para darles un aspecto semipolicial -aquí nadie puede decir que Australia es una nación que no respeta el Derecho-, lo que hizo que sus operaciones fueran altamente visibles, conocidas, para que despertaran cierta intimidación. Además, se les entregó un dispositivo electrónico que permite dejar registrado en pocos segundos al infractor, en vez de perder tiempo en el papeleo. De esa manera, trabajando en conjunto con la policía, aumentando el número de fiscalizadores, se consiguió reducir la evasión a 5,9 por ciento.
Entonces, ha habido políticas públicas exitosas. Este no es un problema sin solución. Lo que pasa es que hay que impulsar políticas públicas coherentes.
Aquí estamos un poquito a la chilena; o sea, dando un paso. Está bien: más facultades fiscalizadoras, incorporación de atribuciones que Carabineros o los inspectores que trabajan en el Metro no tenían, como el retener determinado tipo de instrumento. Pero, si eso no va acompañado sólidamente de mayor fiscalización, puede ser letra muerta.
En consecuencia, hago aquí un llamado a la autoridad. En materia de transporte creo que estamos con un diseño malo, pésimo, el peor de todos, pero yo veo que las autoridades lo ponen como ejemplo latinoamericano y dicen que es el mejor. ¡No sé de adónde sacan eso! Pero suponiendo que no es así, tenemos que enfrentar de un modo distinto el costo del sistema, con planes diferenciadores, con una forma efectiva de combatir la evasión y con mucha mayor eficiencia en la fiscalización.
Porque además la línea de evasión va en aumento. El promedio del año pasado era 24,2 por ciento. Hoy llega a 27,2 por ciento.
Entonces, esto es una cascada, y las cascadas son muy complejas porque después no las para nadie.
Por eso, señor Presidente , yo apruebo este proyecto. Creo que hubiera sido mejor haberlo despachado hace mucho tiempo. Pero echo de menos que haya un aumento de fiscalizadores importante en este tipo de servicio. Y sí creo que aquí necesitamos cirugía mayor.
Ahora, si estamos con remilgos -como he oído-, si pensamos que esto podría intimidar a las personas y entonces no tenemos ninguna capacidad coercitiva legal de impedir el fraude, vamos a terminar en el peor de los mundos.
Por eso, señor Presidente, apruebo la idea de legislar, con las consideraciones que he planteado.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Les recuerdo a las señoras y los señores Senadores que está abierta la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , el Senador Navarro acusa que este es un proyecto empresarial, que busca cuidar el bolsillo de los dueños del transporte colectivo, etcétera. Y yo creo que el propósito de este articulado -no sé si lo va a conseguir- es, más bien, intentar resguardar los cada vez más cuantiosos recursos públicos que el Estado pone a disposición del llamado "Transantiago".
En la mañana de hoy estuvimos en la Comisión de Hacienda discutiendo en particular el proyecto que va a aportar nuevos recursos al sistema de transporte y su efecto espejo en las regiones del país. Y la verdad es que son fondos muy muy cuantiosos, que se suman a los ya otorgados en leyes anteriores.
Pero, digámoslo con todas sus letras: si la evasión, el no pago del transporte público en Santiago va a continuar en los márgenes que tuvo el año 2014 -27,2 por ciento fue la menor recaudación por ese concepto-, todos los recursos públicos que entreguemos al sistema resultarán ser insuficientes. Y vamos a tener que enfrentar siempre el siguiente dilema: o se sube la tarifa, por el aumento de la evasión, o se sube el aporte estatal vía subsidio.
Señor Presidente , el lunes pasado escuchamos decir al Ministro de Hacienda , al dar a conocer el estado de la hacienda pública, que la disponibilidad de recursos fiscales para los próximos años es cada vez más restringida, más escasa; que el país crece menos; que el precio del cobre viene a la baja; que además se pretende llevar adelante una serie de reformas que requieren de importantes recursos fiscales. Por lo tanto, medidas como las que aquí se proponen, que -insisto- no sé si van a ser exitosas, de alguna manera obligan a este Senado a expresar su preocupación por lo que está ocurriendo en el Transantiago, particularmente en materia de evasión.
Señor Presidente , tal como lo dice el informe, el año 2011 aprobamos la ley N° 20.484, que modificó la Ley de Tránsito y tipificó como falta grave el no pago de la tarifa de la locomoción colectiva. Esa misma ley creó el Subregistro de Pasajeros Infractores, en el marco del Registro de Multas de Tránsito no Pagadas , y estableció que los procedimientos respectivos se tienen que llevar a cabo ante los juzgados de policía local. Sin embargo, el Ministerio de Transportes ha debido reconocer que esas normas no han dado los frutos que se esperaban: la evasión en el pago de la tarifa del transporte público ha aumentado y la creación del Subregistro de Pasajeros Infractores no ha logrado impactar lo suficiente para disminuir el no pago.
La pregunta es si este proyecto lo va a lograr.
En lo personal, pienso que la situación es muy delicada, muy grave desde el punto de vista -como dije- de cautelar el buen uso de los recursos fiscales, cada vez más cuantiosos, pero también de cautelar un buen sistema de transporte público.
Qué duda cabe de que necesitamos, no solo en Santiago, sino también en las principales urbes y en el conjunto de ciudades del país, sistemas de transporte público que sean eficientes, seguros y cuyas tarifas, por supuesto, estén al alcance de la población. Y nosotros, como legisladores, debemos ser capaces de compatibilizar tales elementos.
Yo voy a votar a favor, a pesar de que tengo varias dudas, a pesar de que no sé si los remedios que se están proponiendo van a surtir efectos. Mucho me temo que nos ocurra lo mismo que sucedió con la ley que despachamos el año 2011, y que, finalmente, la evasión continúe creciendo.
Porque la solución, más que en las leyes, tal vez está en las obras que se necesitan. Se requiere, por ejemplo, construir las llamadas "zonas pagas", pero que sean zonas pagas de verdad, de tal manera que cuando los pasajeros suban al bus ya hayan pagado su pasaje, como ocurre en el Metro. La evasión en este último es mínima. Y es mínima porque todos sabemos que el pasaje hay que pagarlo con mucha anticipación y mucho antes de subir al tren.
Pues bien, si queremos que en el Transantiago, con el sistema de buses, ocurra lo mismo, tenemos que construir zonas pagas. Y eso hay que hacerlo con urgencia y de común acuerdo entre el Ministerio de Transportes y, por supuesto, los operadores del sistema de transporte público de Santiago.
No sé si por esta vía se vaya a conseguir disminuir la evasión. Voto a favor porque creo que hay que darse esa oportunidad, pero no me parece que esta sea la única solución. Hay que implementar otras, de tal modo de lograr que los pasajeros paguen con anticipación su pasaje.
Y algo muy importante -y lo dijo el Senador Montes esta mañana en la Comisión de Hacienda-: la gente que ocupa el Transantiago se queja de que tiene gran dificultad para cargar sus tarjetas Bip. No existen suficientes lugares donde cargar las tarjetas y hay muchas personas que, frente a la necesidad de ocupar el transporte, se dan cuenta de que no les queda suficiente dinero en el plástico y no tienen un lugar cercano donde ir a cargarlo.
Entonces, si no atendemos ese tipo de aspectos, va a ser muy difícil lograr cambiar un comportamiento ciudadano solo por la vía coercitiva. Y peor aún, si no tomamos medidas como la creación de zonas pagas, como facilitar la carga de la tarjeta Bip, lo que vamos a conseguir es que los usuarios cada vez más vayan teniendo la idea de que el sistema de transporte público funciona mal y que, frente a un mal sistema, no hay por qué estar pagando. Y, en lugar de disminuir la evasión, esta continuará aumentando.
Estamos frente a una iniciativa urgente, de Estado, que no va en favor de los empresarios, sino de las millones de personas que todos los días salen a las cinco, seis o siete de la mañana a tomar el transporte público. Y nosotros, el Estado, tiene la obligación de garantizar un sistema de transporte público que, como dije, sea eficiente, seguro y cuyos precios estén al alcance del bolsillo de nuestros trabajadores.
Gracias.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER .-
Señor Presidente , este proyecto en realidad repite una experiencia que ya se ha hecho habitual. Establece, en todo caso, un procedimiento en los juzgados de policía local para hacer frente a la evasión en el transporte público remunerado.
Si bien es cierto que impone una exigencia para todo el país, como es lo lógico y natural cuando se aprueban leyes, debo dejar constancia de que el fenómeno -como lo reconoce el propio informe de la Comisión que lo analizó- ocurre principalmente en la Región Metropolitana, no así en las demás regiones, donde presenciamos niveles bastante diferentes en cuanto al cumplimiento del público con la obligación de pagar por el valor del servicio.
En segundo lugar, observo que muchas de las personas que se niegan a cancelar el pasaje lo hacen por la insatisfacción que les genera la calidad del servicio ofrecido. No olvidemos que es bastante visible la ausencia de puntos de recarga de las tarjetas Bip en distintas partes de la Región Metropolitana y además los buses han ido presentando, con el paso del tiempo, un deterioro progresivo, sin que exista una adecuada mantención. A ello se agregan los conflictos laborales, que se han ido haciendo habituales, particularmente en la capital, y que, por cierto, son muy superiores a los que se registran en el resto del país.
Por lo tanto, el proyecto se explica, fundamentalmente, por lo que ocurre con el Transantiago, en la capital, que es otra dimensión más de un modelo de negocios que el país debería revisar, puesto que en su texto no se incluye ningún compromiso de mejora en los aspectos señalados, y otros más, que explican la insatisfacción de los usuarios y cierta rebeldía para cumplir con la obligación de pagar.
En mi opinión, más que sorprendernos el 27 por ciento de los que no pagan, debería ser al revés: sorprendernos los que sí pagan, que constituyen la amplia mayoría.
Por otra parte, pienso que ha llegado la hora de que empecemos a hacer planteamientos sobre un modelo de transporte para las regiones, el cual ha estado ausente, ha sido generalmente postergado y aparece más como un elemento compensatorio al apoyo y mejora de iniciativas de transporte para la capital. Se requieren proyectos de desarrollo de transporte público de calidad, de excelencia, para las distintas regiones.
Asimismo, hay que poner un plazo razonable al modelo de negocio que actualmente usa el Transantiago, para determinar, finalmente, si es el modelo adecuado o si tenemos que ir preparando, con tiempo y con el necesario marco de antecedentes y de evaluación de experiencias positivas, un sistema de transporte para la capital que satisfaga a sus habitantes.
El proyecto aparece, obviamente, como descompensado, desequilibrado, ya que establece nuevas sanciones para las personas que no cumplan con su deber de pagar el pasaje, pero no les entrega ninguna compensación o promesa de mejora que implique un mayor grado de satisfacción con el sistema.
Como se entiende que existe un nivel de urgencia y que, si bien está funcionando, el sistema no se financiaría sin el subsidio, me hago la pregunta de si este último es en verdad para beneficiar a los pasajeros o para hacer viable el actual modelo de negocio. Creo que ambas interrogantes son perfectamente válidas y probablemente la respuesta resulte de una combinación de las dos.
Con todo, creo que definitivamente hay que ir pensando en una evaluación y en un sistema de transporte para la capital que sea capaz de resolver los problemas descritos y de no continuar por la vía del subsidio, que es uno de los más altos y millonarios que se haya aplicado jamás en nuestro país y que beneficia fundamentalmente a Santiago.
De todas maneras, por pragmatismo y para no generar un mal inmediato mayor, voy a aprobar en general el proyecto.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente , acá tenemos, nuevamente, una iniciativa legal que intenta solucionar el mal diseño de un sistema de transporte público cuyos responsables no son los ciudadanos, sino, finalmente, las autoridades que lo implementaron y que no ha logrado mejorar significativamente el servicio, ni, sobre todo, el financiamiento.
Hoy, hemos terminado por tener que aplicar sanciones, algunas incluso privativas de libertad, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque contamos con un sistema que no funciona bien.
La pregunta es si la solución consiste en aplicar penas privativas de libertad -o sea, criminalizar- o en mejorar el sistema. La pregunta es si no hay otros caminos a seguir.
Yo coincido con las palabras del Senador Guillier, en el sentido de que lo que nos tiene que llamar la atención es la cantidad de gente que paga, porque, definitivamente, acá hace falta inversión en infraestructura para mejorar los puntos de pago. O sea, implementar mecanismos que permitan pagar en forma más rápida, más fácil; tener modalidades de pago fuera del bus; solucionar los problemas que presentan los puntos de carga de las tarjetas y mejorar la tecnología requerida, tanto para fiscalizar como para poder pagar -repito- de una manera más fácil.
Acá, nuevamente, el asunto se está cargando hacia el lado del usuario. Y la pregunta es dónde está la problemática real. ¿Estamos apuntando realmente a ayudar a solucionar el problema, o nuevamente estamos cargando y criminalizando una situación que, al final del día, es también responsabilidad de las autoridades al haber desarrollado e implementado un sistema que no está funcionando bien y que tampoco está obteniendo el retorno para financiar lo necesario?
Entonces, me pregunto cuántas veces vamos a tener que votar proyectos de ley que vayan solucionando las distintas problemáticas del Transantiago, mientras las familias de la capital siguen sufriendo esta realidad.
Nosotros vamos a votar a favor, pero creo que en la discusión particular habrá que pedirle al Ejecutivo , el cual, desgraciadamente, hoy día no se halla presente -debería estar el Ministro de Transportes para por lo menos responder y recoger las inquietudes de los parlamentarios-, que mejore e invierta en infraestructura para tener mecanismos de pago fuera de bus, a fin de que sea más rápido y fácil para los ciudadanos poder cumplir con su deber de pagar, pero, al mismo tiempo, las autoridades deben cumplir con su deber y responsabilidad de mejorar el sistema, que definitivamente no ha funcionado bien.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Señor Secretario .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, 2 en contra y un pareo) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2 de noviembre.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa los señores Hernán Larraín y Navarro.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
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