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La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señora Presidenta, saludo la presencia de las autoridades de salud que nos visitan: la señora ministra, el señor subsecretario de Salud Pública, el director del Instituto de Salud Pública (ISP) y la directora subrogante de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).
Hay profesiones que deberían asumirse como un apostolado, una de las cuales es la de médico. Todos quienes llevamos delantal blanco, o bata blanca, deberíamos estar comprometidos con la salud como un derecho de las personas y no mirarla como un negocio, que es como la ven hoy la mayoría de los profesionales de la salud de nuestro país, que se coluden directamente con las farmacias y laboratorios y obtienen pingües ganancias en dinero y también viajes y ayudas de distinta naturaleza, momentos gratos que viven gracias a que recetan, todavía hoy, medicamentos del agrado de algunos laboratorios.
Así tenemos a todo el país prácticamente de esclavos de un mercado que decide que la salud consiste en obtener el máximo de utilidades de cada uno de los pacientes o de los que se creen enfermos, porque hay muchos que no necesitan un medicamento, y de todas maneras se los prescriben. En Chile no hay pacientes, hay clientes para médicos, clientes para cualquier técnico de la salud y, naturalmente, clientes para las farmacias.
Hay un adagio que dice que a veces está listo el pueblo y no aparece el o la líder. Otras veces aparece el o la líder y no está listo el pueblo. En materia de legislación suceden cosas parecidas. Hace ocho años la bancada del Partido Radical presentó un proyecto similar a este, pero no pudimos llevarlo a la práctica porque cometimos un error: preguntamos a la Contraloría General de la República si se podía hacer. Naturalmente, nos dijeron que no. Dos años más tarde el senador José Antonio Gómez presentó el mismo proyecto de las farmacias en las comunas, las farmacias estatales, como la llamó la diputada Cristina Girardi .
Bueno, se dice cada cosa en su momento, pero no siempre se consigue. Por lo tanto, la audacia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue , es digna de ser celebrada, y espero que su iniciativa se replique en todo el país.
Hace un par de días, estimulados por esa iniciativa, presentamos un proyecto para que esto sea prontamente una realidad en las distintas regiones. No puede ser que la gente siga sufriendo como esclava de unos sinvergüenzas que, sabiendo que los medicamentos cuestan una décima o vigésima parte del precio que les ponen, hoy están actuando con el mismo estilo que los coludidos del papel higiénico, de las farmacias y de otros que están por venir, haciendo de Chile prácticamente una selva, un campo de batalla para enriquecerse cada día más.
Por lo tanto, mi modesto aporte hoy consiste en pedir al Ministerio de Salud, y particularmente a la Cenabast, al igual como hizo otro colega parlamentario, que tengan cuidado, porque van a aparecer muchas farmacias en distintas comunas del país, más de las cincuenta que hoy no cuentan con farmacia, y van a requerir medicamentos, y esos medicamentos deberán estar presentes.
Hay que poner remedio antes de que se agoten los medicamentos, y el dinero que haga falta para eso no puede estar aguantado, como hoy, cuando dejamos muchos hospitales sin construir y tenemos a cientos de miles de personas insatisfechas porque ven que los proyectos de salud que han esperado tanto tiempo en sus comunas no son satisfechos.
Finalmente, quiero insistir en que la Cenabast tome todas las medidas necesarias para el éxito de este programa y se continúe con la fiscalización a los frescos de las farmacias, que hoy pululan por Chile. Para eso no pueden faltar el dinero ni los fiscalizadores. La gente no tiene que seguir sufriendo mientras esquilman sus bolsillos para solucionar sus problemas de salud.
La salud, al igual que la educación, es un derecho, y el Estado de Chile, no los gobiernos, debe estar absolutamente dispuesto a presentárselo a la ciudadanía. Es una obligación del Estado y un derecho de la gente.
He dicho.
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