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La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.-
Señora Presidenta, me alegro de que estemos tratando esta materia, porque considero importante el tema del costo de los medicamentos, pues es una de las materias más sensibles para nuestros compatriotas, sobre todo para los adultos mayores.
Como recordarán algunos parlamentarios, estuvimos cuatro años discutiendo sobre bioequivalencia, uso de genéricos y cómo prohibir los incentivos para la venta de ciertos medicamentos. Lamentablemente, se perdió la posibilidad de regular las ventas informales fuera de las farmacias, que incorporaba mayor competencia, lo que redundaría en una baja de precio de los medicamentos.
Sin embargo, hoy se vuelve sobre el tema, a propósito de una iniciativa que me parece interesante analizar. No tengo ningún inconveniente sobre el particular como tampoco creo que deba existir un veto al respecto; muy por el contrario. Además, alcaldes de la UDI y de Renovación Nacional han manifestado públicamente en esta última semana que están mirando con buenos ojos esa iniciativa para analizarla y adoptarla, con el único fin de que sus vecinos accedan a mejores precios en medicamentos. Por eso me resulta interesante realizar esta discusión.
Sin embargo, ese debate debe partir por algo básico. Me imagino -espero que así sea que no podemos vender a las personas más vulnerables del país lo que el Estado tiene el deber de garantizar a través del Plan AUGE, de la atención primaria y de otros programas que implementan los municipios para entregar gratuitamente medicamentos a los vecinos.
Me llama la atención que mientras en nuestro país estamos discutiendo cambios constitucionales, que para muchos deben incorporar derechos garantizados para recibir atención de salud y medicamentos, como los que existen en el AUGE y en la atención primaria, hoy se plantee vender esos fármacos, ya que los derechos en salud debieran estar garantizados al menos para las personas más vulnerables de nuestro país y con una focalización adecuada. Más sorprendente me resulta escuchar ese planteamiento de boca de un alcalde de izquierda, porque, hasta donde entiendo, él no está planteando garantizar la entrega de remedios a esas personas, sino venderlos, aunque sea al costo.
Me parece que es un tema que demuestra una evolución en lo que se pretende hacer con ciertos derechos que, a mi juicio, deben estar garantizados y focalizados para la población más vulnerable de nuestro país, como es el acceso a la salud y a la educación de buena calidad.
Repito, estos derechos en salud deben ser garantizados y proveídos por la persona o entidad que lo haga mejor, por el que garantice precios más convenientes, mayor acceso a la población y sin distorsiones. Si el alcalde lo hace mejor que los privados, bienvenido sea, y lo aplaudiremos porque eso redundará finalmente en mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas.
Obviamente, hoy tenemos problemas con algunos derechos que hemos garantizado. Basta ver las listas de espera del Plan AUGE y lo que está ocurriendo con ciertos derechos que hemos garantizado, pero que no hemos tenido la capacidad de cumplir por ineficiencia en la gestión, lo que obliga a miles de personas a permanecer en esas listas de espera.
No tengo dudas de que hay distorsiones gigantescas en el mercado de la salud, las cuales parten, como dijo el diputado Castro , por los laboratorios, que están vendiendo los medicamentos a precios distintos, dependiendo de quién sea el comprador. Quizás las farmacias venden más caros los remedios porque, como dijo la ministra, deben pagar publicidad; pero también es necesario revisar en qué justifica la Cenabast los precios en que transfiere los fármacos a los entes públicos y por qué los laboratorios los venden a valores diferentes. Creo que la comisión investigadora que hemos creado será útil para dilucidar el tema.
Señora Presidenta, me llama la atención que la señora ministra plantee que el impacto de la bioequivalencia ha sido escaso en los precios y que, al mismo tiempo, diga que no han podido fiscalizar la existencia de medicamentos genéricos y bioequivalentes en las farmacias.
En realidad, no se ha aumentado en nada la investigación sobre el particular, por lo que no se han incluido más medicamentos bioequivalentes, como dispone la ley que hemos aprobado.
Por intermedio de la señora Presidenta, debo señalar a la señora ministra que el mensaje que le queremos entregar es que fiscalice a las farmacias para que cumplan con todas las exigencias que se les han impuesto, lo que no se está haciendo.
He dicho.
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