REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 355� Sesi�n 47�, en martes 4 de septiembre de 2007 Ordinaria (De 16 a 19:7) PRESIDENCIA DEL SE�OR EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y JOS� LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... Acuerdos de Comit�s����������� V. F�CIL DESPACHO: Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica el C�digo de Procedimiento Civil y la ley N� 19.799, sobre documento electr�nico, firma electr�nica y servicios de certificaci�n de dichas firmas (3797-19) (se aprueba en particular)���������. Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que reconoce genocidio ocurrido con etnias selk�nam (onas) y a�nikenk (tehuelches) y autoriza erigir memoriales en Santiago y Porvenir (5203-04) (se aprueba en general y particular)��� Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisi�n, con el objeto de prohibir empleo de sistemas de medici�n de audiencias en l�nea (3543-15) (se aprueba en general)���� Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que confiere car�cter obligatorio a segundo nivel transicional de educaci�n parvularia (3785-04) (se rechaza en general y se manda a archivar)�������. Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que confiere car�cter de irrenunciables a excedentes de cotizaciones de salud en isapres (4423-11) (se aprueba en general)�����.. VI. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios El�ctricos en lo relativo a seguridad y continuidad de suministro el�ctrico a clientes regulados, y a suficiencia de sistemas el�ctricos (5251-08) (se aprueba en general)�����. VII. TIEMPO DE VOTACIONES: Preocupaci�n ante compra de cadenas de radioemisoras por grupo espa�ol. Proyecto de acuerdo (S 996-12) (se aprueba)����.. Certificaci�n de inexistencia en mercado de productos con concentraciones peligrosas de dietilenglicol. Proyecto de acuerdo (S 997-12) (se aprueba)����.. Solicitud de suscripci�n de Convenio N� 188 de OIT, referido a trabajo mar�timo. Proyecto de acuerdo (S 998-12) (se aprueba)����.. Necesidad de proyecto relativo a valorizaci�n de diversidad forestal, a r�gimen jur�dico de CONAF y a SNASPE. Proyecto de acuerdo (S 999-12) (se aprueba)����.. Atenci�n psicol�gica y asesor�a jur�dica para gendarmes afectados por maltratos o amenazas en actos de servicio. Proyecto de acuerdo (S 1001-12) (se aprueba)����.. Implementaci�n en Transantiago de tarifa especial para adultos mayores. Proyecto de acuerdo (S 1006-12) (se aprueba)����.. Establecimiento de ingreso m�nimo �tico familiar garantizado para quintil m�s pobre. Proyecto de acuerdo (S 1002-12) (se aprueba)����.. VIII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�����. Conmemoraci�n de D�a Internacional del Detenido Desaparecido (observaciones del se�or Naranjo)����.. Falta de energ�a el�ctrica en viviendas de Ligua de Cogot�. Oficio (observaciones de la se�ora Matthei)����� Problemas de alcantarillado y urbanizaci�n en campamento "Villa G�nesis", de Los �ngeles. Oficio (observaciones del se�or P�rez Varela)����.. Situaci�n de marginalidad habitacional en campamento "El Cardal", de Yungay. Oficio (observaciones del se�or P�rez Varela)����.. Reconocimiento previsional a ex trabajadores de PEM y POJH y pago de asignaciones familiares. Oficio (observaciones del se�or P�rez Varela)����.. Extensi�n de Biotr�n a Coronel y Lota. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����.. Asignaci�n de capital semilla a pescadores artesanales de Octava Regi�n. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����.. Cobranza telef�nica a deudores financieros. Oficios (observaciones del se�or Navarro)����.. Suicidios de reclusos en c�rceles concesionadas. Oficio (observaciones del se�or Navarro)����.. Aniversario de llegada del "Winnipeg" con inmigrantes espa�oles. Comunicaciones (observaciones del se�or Navarro)����.. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Allamand Zavala, Andr�s --Alvear Valenzuela, Soledad --Arancibia Reyes, Jorge --�vila Contreras, Nelson --Bianchi Chelech, Carlos --Cantero Ojeda, Carlos --Chadwick Pi�era, Andr�s --Coloma Correa, Juan Antonio --Escalona Medina, Camilo --Espina Otero, Alberto --Flores Labra, Fernando --Frei Ruiz-Tagle, Eduardo --Garc�a Ruminot, Jos� --Gazmuri Mujica, Jaime --Girardi Lav�n, Guido --G�mez Urrutia, Jos� Antonio --Kuschel Silva, Carlos --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Letelier Morel, Juan Pablo --Longueira Montes, Pablo --Matthei Fornet, Evelyn --Mu�oz Aburto, Pedro --Mu�oz Barra, Roberto --Naranjo Ortiz, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Orpis Bouch�n, Jaime --P�rez Varela, Victor --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --V�squez �beda, Guillermo --Zald�var Larra�n, Adolfo Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros Secretario General de la Presidencia, don Jos� Antonio Viera-Gallo Quesney; de Justicia, don Carlos Maldonado Curtis, y Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a, don Marcelo Tokman Ramos. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16, en presencia de 34 se�ores Senadores. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Las actas de las sesiones 44� y 45�, ordinarias, en 28 y 29 de agosto del a�o en curso, respectivamente, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Seis de Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica: Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusi�n inmediata", respecto del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N� 4, de 2007, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, que fij� el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios El�ctricos, en lo relativo a la seguridad y continuidad del suministro el�ctrico a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas el�ctricos (bolet�n N� 5.251-08). --Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", acerca del proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 17.997, Org�nica del Tribunal Constitucional (bolet�n N� 4.059-07). --Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificaci�n y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Con los cuatro restantes retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", en relaci�n con las siguientes iniciativas: 1.- Proyecto de ley, en tr�mite de Comisi�n Mixta, sobre pesca recreativa (bolet�n N� 3.424-21). 2.- Proyecto, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que introduce en la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley N� 20.050, que reforma la Carta Fundamental (bolet�n N� 3.962-07). 3.- Proyecto, iniciado en moci�n del Senador se�or Escalona, que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar con la finalidad de precisar su �mbito de aplicaci�n y la investigaci�n de dicho delito (bolet�n N� 4.886-07). 4.- Proyecto de ley que modifica el C�digo de Justicia Militar alterando la competencia de los tribunales militares y suprimiendo la pena de muerte (bolet�n N� 5.159-07). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios Cinco de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero informa que aprob� el proyecto de ley que establece disposiciones para la instalaci�n, mantenci�n e inspecci�n peri�dica de los ascensores y otras instalaciones similares (bolet�n N� 4.975-14). --Pasa a la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo. Con el segundo comunica que aprob� el proyecto que aprueba el "Acuerdo sobre Seguridad Social entre la Rep�blica de Chile y el Reino de los Pa�ses Bajos, adoptado en La Haya el 15 de junio de 2005, que modifica el Convenio de Seguridad Social entre la Rep�blica de Chile y el Reino de los Pa�ses Bajos, suscrito en Santiago el 10 de enero de 1996" (bolet�n N� 5.115-10). --Pasa a la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Con el siguiente hace presente que aprob� el proyecto que modifica la ley N� 19.983 y el decreto ley N� 825 con el objeto de facilitar la factorizaci�n de facturas por peque�os y medianos empresarios (bolet�n N� 4.928-26). --Pasa a la Comisi�n de Econom�a. Con los dos �ltimos informa que aprob� las enmiendas propuestas por el Senado a las siguientes iniciativas: 1) Proyecto que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de Gendarmer�a en servicio (bolet�n N� 4.816-07). 2) Proyecto de ley que modifica normas relativas al trabajo de los dependientes del comercio en los per�odos de Fiestas Patrias, Navidad y otras festividades (bolet�n N� 4.976-13). --Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto con sus antecedentes. Dos de la Excelent�sima Corte Suprema: Con el primero informa que orden� efectuar un concurso p�blico de antecedentes para formar la n�mina y posterior cinquena con el fin de proveer el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio P�blico. --Se toma conocimiento. Con el segundo da su parecer acerca del proyecto de ley, iniciado en moci�n del Honorable se�or Bianchi, que modifica el C�digo del Trabajo, con el fin de facultar a los Juzgados de Letras del Trabajo para decretar el arresto de los empleadores que infrinjan las normas que se indican (bolet�n N� 5.240-13). --Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes. Tres del Excelent�simo Tribunal Constitucional: Con el primero comunica que ha elegido como su Presidente al Ministro se�or Juan Colombo Campbell. Con los dos siguientes remite copias autorizadas de igual n�mero de sentencias, reca�das en acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formuladas, respectivamente, en contra de los art�culos 541, inciso segundo; 539, inciso segundo; 536; 537; 542; 544, n�mero 4�; 551; 557 y 558 del C�digo Org�nico de Tribunales y del Auto Acordado relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago. --Se toma conocimiento. Del se�or Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposici�n de los Honorables se�ores �vila, Escalona, Girardi, Horvath, Mu�oz Aburto, Navarro, Ruiz-Esquide y V�squez, relativo a las actividades del A�o Polar Internacional. Dos del se�or Ministro de Hacienda: Con el primero contesta el acuerdo aprobado por el Senado, a proposici�n de los Honorables se�ora Matthei y se�ores Prokurica, Arancibia, Espina, Girardi, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n, Mu�oz Barra, Novoa, V�squez, Orpis, Romero, V�squez y Zald�var, mediante el cual se solicit� a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica el estudio y env�o de un proyecto de ley que establezca el reintegro parcial de los peajes pagados en las v�as concesionadas y del impuesto espec�fico al petr�leo di�sel y a las gasolinas automotrices que afectan a taxis y colectivos. Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Horvath, en cuanto a la pr�rroga de la vigencia de las leyes N�s 19.853 y 19.606. Del se�or Ministro Secretario General de la Presidencia, por el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Navarro, referido al uso de plataformas de c�digo abierto en el desarrollo y soporte de sistemas inform�ticos en las entidades de Gobierno. De la se�ora Ministra de Planificaci�n, mediante el cual responde un oficio remitido en nombre del Honorable se�or Navarro, respecto de planes para otorgar, a trav�s del Fondo de Solidaridad e Inversi�n Social, ayudas sociales a los ex tripulantes pesqueros de Talcahuano, Coronel y Tom�. Cinco del se�or Ministro de Obras P�blicas: Con los tres primeros contesta igual n�mero de oficios remitidos en nombre del Honorable se�or Navarro, atinentes, respectivamente, a la inversi�n en obras en el r�o Andali�n, en los esteros Palomares y Nongu�n; a las peticiones de obras para la caleta de San Vicente, y al traslado de la plaza de peaje Chaim�vida, ubicada en la comuna de Florida, Octava Regi�n. Con el cuarto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Allamand, sobre los problemas presentados en relaci�n con el puente Comercio y el puente Traigu�n, en la comuna de La Uni�n. Con el �ltimo responde un acuerdo aprobado por el Senado, a proposici�n de los Honorables se�ores Mu�oz Aburto, Navarro y N��ez, concerniente a mejoras en la eficiencia energ�tica y la protecci�n del medio ambiente. De la se�ora Ministra de Salud, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre de la Honorable se�ora Matthei, acerca del funcionamiento de los consultorios de salud en el d�a feriado que indica. Del se�or Ministro de Agricultura, con el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable se�or Frei, relativo a la habilitaci�n de plantas faenadoras para la exportaci�n de carne al mercado mexicano. Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Navarro, en cuanto a la extensi�n del servicio de pasajeros del Biotr�n hasta las comunas de Coronel y Lota. Del se�or Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a, por el cual comunica su parecer respecto del acuerdo adoptado por el Senado, a proposici�n de los Honorables se�ora Alvear y se�ores Cantero, Coloma, Flores, Frei, Garc�a, Gazmuri, Girardi, G�mez, Larra�n, Longueira, Navarro, N��ez, Ominami, Sabag, V�squez y Zald�var, tocante al env�o de un proyecto de ley que concede un incentivo tributario a las personas que realizan inversiones en energ�as renovables no contaminantes. Del se�or Defensor Nacional, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or N��ez, al cual adhirieron los Senadores se�ora Matthei y se�or Ruiz-Esquide, respecto de si los egresados de las carreras de perito criminalista, perito forense e investigador forense est�n habilitados para desempe�arse en la instituci�n que encabeza y cuentan con un campo laboral que justifique la existencia de esos estudios. Del se�or Subsecretario de Pesca, mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Honorable se�or Horvath, con relaci�n al derrame de petr�leo ocurrido en la bah�a de San Vicente el d�a 25 de mayo del presente a�o. Del se�or Subsecretario de Transportes, por el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Frei, atinente a la presentaci�n del trabajador portuario se�or Carlos Villatoro Alfaro. Del se�or Subdirector de Racionalizaci�n y Funci�n P�blica, por el cual responde un oficio cursado en nombre del Honorable se�or Frei, sobre los planteamientos formulados por la Federaci�n Nacional de Asociaciones de Funcionarios de Superintendencias (FENASUPER). Del se�or Secretario Ejecutivo de la Comisi�n Nacional de Riego, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Romero, acerca del incentivo para mejorar el Catastro P�blico de Aguas. Del se�or Secretario General de Carabineros de Chile, por el cual contesta un oficio cursado en nombre del Honorable se�or N��ez, al cual adhirieron los Senadores se�ora Matthei y se�or Ruiz-Esquide, referido a si los egresados de las carreras de perito criminalista, perito forense e investigador forense est�n habilitados para desempe�arse en dicha instituci�n y cuentan con un campo laboral que justifique la existencia de dichas disciplinas. Del se�or Director del SERVIU de la Regi�n de Valpara�so, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Horvath, en cuanto a la reparaci�n de la calle Juana Ross, ubicada a un costado del Congreso Nacional, entre la calle Victoria y la Avenida Argentina. Del se�or Alcalde (S) de la Municipalidad de Traigu�n, por el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Espina, referido a la instalaci�n de una red de agua potable y alcantarillado en el sector "Villa el Fort�n", Quechereguas, comuna de Traigu�n. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes De la Comisi�n de Miner�a y Energ�a, reca�do en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N� 4, de 2007, del Ministerio de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n, que fij� el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Servicios El�ctricos, en lo relativo a la seguridad y continuidad del suministro a los clientes regulados y la suficiencia de los sistemas el�ctricos (con urgencia calificada de "discusi�n inmediata") (bolet�n N� 5.251-08). De la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo, reca�do en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que establece un procedimiento de saneamiento y regularizaci�n de loteos (bolet�n N� 4.981-14). De la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a y de la de Hacienda, reca�dos en el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que establece un incentivo tributario a la inversi�n privada en investigaci�n y desarrollo (bolet�n N� 4.627-19). De la Comisi�n de Hacienda, reca�do en el proyecto de ley que establece un sistema de incentivos al desempe�o de los fiscales y los funcionarios del Ministerio P�blico (bolet�n N� 5.286-05). --Quedan para Tabla. Mociones De los Honorables se�ores Mu�oz Aburto y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el C�digo del Trabajo, a fin de prohibir la difusi�n a entidades ajenas a la empresa en que se desempe�a un trabajador de la afiliaci�n sindical de este o de su participaci�n en actividades en defensa de sus derechos laborales (bolet�n N� 5.296-13). De los Honorables se�ores Mu�oz Aburto y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el C�digo del Trabajo, para obligar a los demandados a fijar, en su primera actuaci�n judicial, un domicilio correspondiente al lugar en que se ha iniciado el juicio (bolet�n N� 5.297-13). --Pasan a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. Del Honorable se�or Navarro, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N� 19.327, para permitir que la Asociaci�n Nacional de F�tbol Profesional se querelle en el caso que indica (bolet�n N� 5.298-07). --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. De los Honorables se�ores P�rez Varela, Chadwick y Longueira, con la que inician un proyecto que modifica la Ley sobre Protecci�n de los Derechos de los Consumidores, con el fin de sancionar al proveedor que venda un bien o preste un servicio con cargo a tarjetas de cr�dito o de d�bito extraviadas, hurtadas o robadas (bolet�n N� 5.299-03). --Pasa a la Comisi�n de Econom�a. De los Honorables se�ores Horvath, Prokurica y Sabag, con la que inician un proyecto de ley que impone a las naves pesqueras artesanales que indica la obligaci�n de instalar a bordo un dispositivo de posicionamiento satelital (bolet�n N� 5.300-03). --Pasa a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura. Proyecto de acuerdo De los Honorables se�ores Bianchi, G�mez, Horvath, Mu�oz Barra, Prokurica y Zald�var, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que otorgue a quienes participan en los programas generales de empleo todas las prestaciones de seguridad social, bonificaciones y otras gratificaciones que considera la legislaci�n laboral (bolet�n N� S 1.010-12). --Pasa a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta. Tiene la palabra el se�or Secretario. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Los Comit�s, en sesi�n de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente: 1) Que se rinda homenaje en memoria de don Anacleto Angelini el d�a 2 de octubre, a las 18:30. 2) Incluir en el primer lugar del Orden del D�a de la presente sesi�n el proyecto sobre modificaciones a la Ley General de Servicios El�ctricos. 3) Retirar de la tabla de hoy y que se trate ma�ana el proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 4) Que se discuta en sesiones de la pr�xima semana el proyecto que establece medidas contra la discriminaci�n. 5) Volver a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento el proyecto signado con el N� 7 en el Orden del D�a de hoy, iniciativa que permite la concesi�n de los hidrocarburos l�quidos o gaseosos. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminados los acuerdos de Comit�s. )-------------------( El se�or LONGUEIRA.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede intervenir, Su Se�or�a. El se�or LONGUEIRA.- Se�or Presidente, usted anunci� que un proyecto de acuerdo hab�a pasado a la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social. �Cu�l es la raz�n de ello? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Un acuerdo un�nime de Comit�s, adoptado hace un mes, estableci� que todos los proyectos de acuerdo van a ser conocidos por Comisiones antes de llegar a la Sala, se�or Senador. Solamente quedaron excluidos aquellos que ya se hallaban sometidos al que hasta entonces era el tratamiento habitual. Desde la semana pasada parti� el nuevo sistema, cuyo objeto es que el �rgano t�cnico respectivo revise si el texto pertinente tiene que ver con fiscalizaci�n o presenta alg�n problema constitucional. Lo que se busca es que los proyectos de acuerdo vuelvan a ser importantes y que no ocurra, como hoy, que ocho o diez de ellos se encuentren pendientes, porque, al final, no pasa nada. El se�or LONGUEIRA.- Me parece muy bien la medida, se�or Presidente. Solo quiero saber si en la Comisi�n se requerir� unanimidad o mayor�a para despacharlos. �Cu�l es el criterio que se aplicar�? Insisto en que la idea es muy sana, pues creo que los proyectos de acuerdo est�n perdiendo mucho prestigio. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- El �rgano t�cnico deber� informar a la Sala, Su Se�or�a. )-------------------( El se�or NAVARRO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Navarro. El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, solicito ampliar hasta el lunes 10 de septiembre, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el espacio costero mar�timo de los pueblos originarios. Se trata de un acuerdo un�nime de la Comisi�n, para despacharlo durante la pr�xima semana. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acceder� a lo solicitado. --Se accede. )--------------------( El se�or KUSCHEL.- Pido la palabra. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, se�or Senador. El se�or KUSCHEL.- Se�or Presidente, quiero solicitar, tambi�n, la ampliaci�n del plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer tr�mite constitucional, que modifica la Ley de Concesiones de Obras P�blicas y otras normas. Originalmente, se hab�a establecido hasta el 10 de septiembre, y pedimos extenderlo hasta el 8 de octubre. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acceder� a lo solicitado. --Se accede. V. F�CIL DESPACHO Modificaci�n de C�digo de Procedimiento Civil sobre admisi�n y forma de incorporaci�n de documentos electr�nicos en juicio El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de la Honorable C�mara de Diputados que modifica el C�digo de Procedimiento Civil y la ley N� 19.799, sobre documento electr�nico, firma electr�nica y los servicios de certificaci�n de dichas firmas, con segundo informe de la Comisi�n de Econom�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (3797-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo tr�mite, sesi�n 44�, en 2 de noviembre de 2005. Informes de Comisi�n: Econom�a, sesi�n 40�, en 8 de agosto de 2006. Econom�a (segundo), sesi�n 44�, en 28 de agosto de 2007. Discusi�n: Sesi�n 45�, en 29 de agosto de 2006 (se aprueba en general). El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general en sesi�n de 29 de agosto de 2006. El segundo informe deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el n�mero 1 del art�culo 1�. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Conforme al Reglamento, debe darse por aprobado. --Se aprueba. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- La Comisi�n se�ala que rechaz� todas las indicaciones presentadas durante la discusi�n particular, por lo que propone a la Sala la aprobaci�n de la iniciativa en los mismos t�rminos en que fue despachada en general, esto es, con el texto remitido por la C�mara de Diputados, el cual se transcribe en el informe. Cabe recordar que la Sala, en la sesi�n a la que hice referencia, acord� enviar el proyecto, en la discusi�n particular, tanto a la Comisi�n de Econom�a cuanto a la de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, acuerdo que fue revertido, con relaci�n a este �ltimo �rgano t�cnico, en sesi�n del 14 del mes en curso. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n particular. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dar� por aprobada la iniciativa. --Se aprueba en particular el proyecto y queda despachado en este tr�mite. ERECCI�N DE MEMORIALES RESPECTO DE ETNIAS SELK'NAM Y A�NIKENK El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moci�n de los Honorables se�ores Mu�oz Aburto y N��ez, en primer tr�mite constitucional, que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias selk'nam (onas) y a�nikenk (tehuelches) y autoriza erigir dos memoriales, en las comunas de Santiago y Porvenir, con informe de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (5203-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los se�ores Mu�oz Aburto y N��ez). En primer tr�mite, sesi�n 34�, en 17 de julio de 2007. Informe de Comisi�n: Educaci�n, sesi�n 43�, en 14 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo fundamental de la iniciativa es el reconocimiento de la extinci�n de las etnias ona y tehuelche durante el poblamiento de la zona austral, por lo cual se autoriza la construcci�n de dos memoriales, en las comunas de Santiago y Porvenir, destinados a recordar sus principales rasgos culturales y a perpetuar su memoria para futuras generaciones. La Comisi�n, por la unanimidad de sus integrantes (Senadores se�ores Cantero, Chadwick, Mu�oz Aburto, N��ez y Ruiz-Esquide), discuti� la iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobaci�n por consenso. El texto se transcribe en la parte pertinente del informe. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general el proyecto. Tiene la palabra el Honorable se�or Chadwick. El se�or CHADWICK.- Se�or Presidente, efectivamente, como se�al� el se�or Secretario, aprobamos en forma un�nime la erecci�n de los memoriales, pero lo hicimos sobre la base de que se eliminar�a la calificaci�n de "genocidio". Por lo tanto, es preciso suprimir tal vocablo en la suma que encabeza el informe. Ese fue el acuerdo al que llegamos en la Comisi�n. Y sus miembros, por las se�ales de asentimiento que hacen, lo recuerdan. El se�or NAVARRO.- �Y qu� fue, entonces? �Una abducci�n...? El se�or NOVOA.- No. Tuvo lugar una extinci�n. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acoger� la iniciativa. --Se aprueba en general el proyecto, y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda despachado tambi�n en particular. PROHIBICI�N DE USO TELEVISIVO DE SISTEMAS DE MEDICI�N DE AUDIENCIA EN L�NEA El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto, iniciado en moci�n del Honorable se�or Orpis, que modifica la ley N� 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisi�n, con el objeto de prohibir el empleo de sistemas de medici�n de audiencia en l�nea, con informe de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones. --Los antecedentes sobre el proyecto (3543-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n del se�or Orpis). En primer tr�mite, sesi�n 1�, en 8 de junio de 2004. Informe de Comisi�n: Transportes, sesi�n 29�, en 5 de julio de 2006. Discusi�n: Sesiones 30�, en 11 de julio de 2006 (queda para segunda discusi�n); 37�, en 1 de agosto de 2006 (queda pendiente su discusi�n). El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Esta iniciativa, por acuerdo de los Comit�s ratificado en sesi�n de 14 de agosto pasado, qued� en tabla por hab�rsela eximido del tr�mite a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Su objetivo principal es prohibir a los prestadores de servicios de radiodifusi�n televisiva de libre recepci�n y a los servicios limitados de televisi�n el empleo de cualquier clase de sistema de medici�n de audiencia en l�nea. La Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones discuti� el proyecto solamente en general y lo aprob� por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores Horvath, Novoa y Orpis. El texto pertinente se transcribe en el informe. Cabe recordar que la Sala, en sesi�n de 8 de agosto de 2006, acord� enviar la iniciativa en consulta a la Comisi�n de Constituci�n respecto de si correspond�a o no a una materia de ley, tr�mite del cual, como indiqu�, fue eximida el 14 de agosto reci�n pasado. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general. Tiene la palabra el Honorable se�or V�squez. El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, abrigo serias dudas acerca de la constitucionalidad del proyecto, porque, a mi juicio, altera e infringe lo dispuesto en el art�culo 19, N� 21�, de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas "El derecho a desarrollar cualquiera actividad econ�mica que no sea contraria a la moral, al orden p�blico o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.". Concuerdo con el esp�ritu de la norma que se contempla, en el sentido de que, idealmente, no se efect�en modificaciones de los programas en funci�n de lo que va ocurriendo durante su desarrollo. Pero esa es una decisi�n que incluso los canales han tomado por conveniencia, desde el punto de vista de la libertad de informar o de realizar distintas actividades televisivas. Sin embargo, desde la perspectiva constitucional, el hecho de que se midan de una manera determinada los efectos que est� produciendo en la audiencia -el rating- un programa en desarrollo obviamente no difiere, en definitiva, de las medidas que puede tomar un canal de televisi�n en cuanto a los resultados que se obtengan en forma diferida a trav�s del people meter. De modo que no hay una distinci�n sino solo en el momento en que se aplica un sistema de medici�n. Me parece extraordinariamente peligroso que nos saltemos normas constitucionales, sobre todo de esta naturaleza, por lo que voy a votar en contra. Y hago la reserva de constitucionalidad correspondiente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, el asunto de fondo de este proyecto de ley se discuti� largamente hace m�s o menos un a�o. Por ello, hoy d�a me referir� nada m�s que a la cuesti�n constitucional que se ha planteado. En mi opini�n, la iniciativa no infringe el art�culo 19, N� 21�, ni ninguna otra norma de la Carta, por lo que paso a exponer. Actualmente, en el �mbito televisivo se efect�a una medici�n de audiencia, que, como tal, tiene la variante ex post; la que se realiza minuto a minuto (on line), y otras, que eval�an, adem�s, distintas cosas. El sistema on line mide un momento determinado; es una "fotograf�a" de la audiencia en ese instante. En consecuencia, la iniciativa en discusi�n no proh�be una actividad econ�mica. En tal caso se habr�a prohibido la medici�n. Simplemente se hace referencia a una variante: se dispone una regulaci�n en t�rminos de que el people meter on line no se puede aplicar. Por esas razones, se�or Presidente, pienso que el proyecto es absolutamente constitucional. Y, a prop�sito de esta materia, me atrever�a a adelantar un debate que se produjo en la C�mara de Diputados con motivo de la reforma previsional, en orden a si ciertas entidades pueden entrar o no a un negocio determinado. Creo que aqu� el punto es exactamente el mismo en tanto se puede afirmar que no se est� prohibiendo la medici�n. La que nos ocupa es solo una variante de ella, porque influye en forma muy directa en los contenidos program�ticos que han contribuido al deterioro particularmente de la televisi�n abierta. Repito que la iniciativa, entonces, es del todo constitucional. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Gazmuri. Advierto a Su Se�or�a que dispone de tres minutos, por tratarse de un asunto de F�cil Despacho. El se�or GAZMURI.- Es poco tiempo, se�or Presidente. Solo deseo reiterar lo que expres� el Senador se�or Orpis en el sentido de que el tema ya se discuti�. El proyecto no impide, sino que regula una actividad, como se hace con muchas otras. De modo que el argumento de la inconstitucionalidad no me parece consistente. Si bien la iniciativa no va a mejorar de manera milagrosa los contenidos de la televisi�n, por lo menos evitar� una conducta reiterada, en cuanto la medici�n on line indudablemente contribuye -de ello existe una clara experiencia- a no programar con la debida atenci�n; a guiarse por la satisfacci�n de las apetencias del p�blico minuto a minuto. Adem�s, ayudar� a que haya una programaci�n m�s seria y menos sujeta a los vaivenes de la audiencia. Sobre esa base, he coincidido desde el comienzo con el proyecto de ley. Y voy a votarlo a favor, porque constituye un aporte. Con relaci�n al argumento de la inconstitucionalidad, pienso que si lo llev�ramos al extremo no podr�amos regular ninguna actividad en el pa�s. Y aqu� estamos regulando, no prohibiendo. El se�or CANTERO.- Votemos. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En votaci�n. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto (20 votos contra 4 y 5 abstenciones). Votaron por la afirmativa la se�ora Alvear y los se�ores Arancibia, �vila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Flores, Gazmuri, Letelier, Longueira, Naranjo, Navarro, Novoa, N��ez, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zald�var. Votaron por la negativa los se�ores Allamand, Frei, Matthei y V�squez. Se abstuvieron los se�ores Coloma, Espina, G�mez, Larra�n y Romero. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde fijar un t�rmino para formular indicaciones. El se�or CANTERO.- Sugiero que se extienda hasta el primer lunes de octubre. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- �Es necesario un plazo para tal efecto o aprobamos la iniciativa tambi�n en particular? El se�or NAVARRO.- Se�or Presidente, solicito que se establezca plazo para presentar indicaciones. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Entonces, se fija plazo para ese efecto hasta el d�a lunes 1� de octubre, a las 12. Obligatoriedad para segundo nivel transicional de educaci�n parvularia El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moci�n del Senador se�or Ruiz-Esquide, que confiere car�cter obligatorio al segundo nivel transicional de la educaci�n parvularia, con informe de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a. --Los antecedentes sobre el proyecto (3785-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n del se�or Ruiz-Esquide). En primer tr�mite, sesi�n 27�, en 12 de enero de 2005. Informe de Comisi�n: Educaci�n, sesi�n 41�, en 5 de abril de 2005. Discusi�n: Sesi�n 43�, en 12 de abril de 2005 (pasa a Comisi�n de Constituci�n). El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Se�ores Senadores, este proyecto, por acuerdo de Comit�s ratificado por la Sala, qued� para tabla al ser eximido del tr�mite ante la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento. Su objetivo principal es modificar la Ley Org�nica Constitucional de Ense�anza para hacer obligatorio el segundo nivel transicional de la educaci�n parvularia en nuestro sistema escolar. La Comisi�n de Educaci�n discuti� la iniciativa tanto en general cuanto en particular, por tratarse de aquellas de art�culo �nico, y le dio su aprobaci�n por la unanimidad de sus integrantes (Senadores se�ores Fern�ndez, Moreno, Mu�oz Barra, Parra y Vega). El art�culo �nico tiene car�cter de norma org�nica constitucional, por lo que para su aprobaci�n se requieren los votos conformes de 21 se�ores Senadores. La Sala, en sesi�n de 12 de abril de 2005, acord� enviar el proyecto a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, resoluci�n que luego se revirti� al eximirlo del tr�mite ante dicho organismo. Cabe hacer presente que el art�culo 19, n�mero 10�, p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica dispone actualmente (ten�a otra redacci�n cuando se present� la moci�n) lo siguiente: "Para el Estado es obligatorio promover la educaci�n parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transici�n, sin que �ste constituya requisito para el ingreso a la educaci�n b�sica". El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto. Tiene la palabra el Honorable se�or Ruiz-Esquide. El se�or RUIZ-ESQUIDE.- Se�or Presidente, esta iniciativa fue planteada junto a otra que modificaba la Constituci�n. La idea era realizar los cambios correspondientes en la LOCE. Sin embargo, como la reforma a la Carta fue aprobada en t�rminos distintos de aquellos en que fue presentada -finalmente, se estableci� la obligaci�n del Estado de contar con instituciones donde impartir el segundo nivel transicional de la educaci�n parvularia y no se consagr� ninguna obligaci�n para las personas-, dej� de ser necesario enmendar la Ley Org�nica Constitucional de Ense�anza. Porque -reitero- se acogi� un concepto distinto en la Carta, seg�n el cual dicho nivel pas� a ser obligatorio para el Estado como oferta educacional, pero sin que las personas quedaran obligadas a matricular a sus hijos en �l. Esa fue la gran discusi�n que hubo. Y, en definitiva, se lleg� en la Comisi�n a una suerte de acuerdo que recogi� una proposici�n del Senador se�or Larra�n. Los que planteamos el asunto ten�amos una opci�n y un enfoque distintos, con obligaci�n para las personas. Pero, como no exist�a mayor�a para sacar el proyecto en esos t�rminos, se adopt� el acuerdo que acabo de indicar. Por lo tanto, a nuestro juicio, habr�a que rechazar ahora la presente iniciativa y quedarnos con lo ya aprobado, que forma parte de la actual Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazar� el proyecto y se mandar� archivar. --Se rechaza el proyecto y se manda archivar. IRRENUNCIABILIDAD PARA EXCEDENTES DE COTIZACIONES DE SALUD EN ISAPRES El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moci�n de la Senadora se�ora Alvear, que confiere car�cter de irrenunciables a los excedentes de las cotizaciones de salud en las isapres, con informe de la Comisi�n de Salud. --Los antecedentes sobre el proyecto (4423-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de la se�ora Alvear). En primer tr�mite, sesi�n 44�, en 16 de agosto de 2006. Informe de Comisi�n: Salud, sesi�n 44�, en 28 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es declarar irrenunciables los excedentes de cotizaciones de salud en las isapres con la finalidad de proteger a los cotizantes, teni�ndose por no escrita cualquier estipulaci�n en contrario establecida en los respectivos contratos de salud. La Comisi�n discuti� el proyecto solo en general y le dio su aprobaci�n a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores se�ora Matthei y se�ores Girardi, Kuschel, Ominami y Ruiz-Esquide). El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general la iniciativa. Tiene la palabra la Honorable se�ora Alvear. La se�ora ALVEAR.- Se�or Presidente, el texto tiene por finalidad brindar a los usuarios del sistema de isapres la posibilidad de elegir qu� hacer con sus excedentes. Si uno mira los antecedentes de las distintas instituciones de salud previsional, puede apreciar que existe una diferencia sustantiva entre el proceder de una de ellas en particular y el del resto. Porque la gran mayor�a -exceptuando una, reitero- hace obligatoria la renuncia a los excedentes, los cuales se acumulan y en contadas ocasiones se derivan a alg�n plan que favorezca a los cotizantes. As�, una cantidad muy importante de recursos queda en manos de las isapres, sin que los usuarios siquiera tengan conocimiento de ello. M�s a�n, se�or Presidente, en muchas ocasiones, cuando se ofrecen los planes de salud, se les se�ala a los potenciales clientes que es obligatorio renunciar a los excedentes y que si no lo hacen no podr�n afiliarse a la instituci�n. Y, como digo, la gran mayor�a de los cotizantes no tiene la menor idea de que existen cuantiosos fondos aportados por ellos que podr�an destinarse a otros objetivos. Desde luego, cabr�a la posibilidad de modificar la ley con el objeto de que los excedentes se acumularan en cuentas personales de los afiliados, quienes, de ese modo, estar�an en condiciones de decidir qu� hacer con tales remanentes. En la actualidad, ello no ocurre. Y los datos que nos mostr� el Superintendente de Salud son contundentes en ese sentido. Esta iniciativa legal, entonces, tiene por finalidad que sean los propios usuarios del sistema de isapres los que resuelvan qu� hacer con sus excedentes y que no sea obligatorio renunciar a ellos, para evitar las situaciones absolutamente abusivas que en muchos casos se producen. Por eso, se�or Presidente, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisi�n de Salud. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, efectivamente, hay personas -por lo general, j�venes solteros- cuyos planes tienen un costo menor al 7 por ciento que por ley est�n obligadas a pagar como cotizaci�n de salud. En tal caso, existen dos opciones. Una es que la isapre vaya poniendo todos los excedentes en una cuenta a nombre del cotizante, de tal manera que si en el futuro su riesgo sube y, consecuentemente, aumenta el valor de su plan, puedan usarse para absorber el impacto que eso significa. Y la otra es que el usuario renuncie a una cuenta de excedentes y negocie el mayor valor que por ley debe pagar para que le sea devuelto por la v�a de mejores atenciones, copagos m�s bajos, etc�tera. El problema radica en que no est�n claras cu�les son las contraprestaciones que las isapres tienen que ofrecer cuando los afiliados renuncian a sus excedentes. Existe la sospecha de que en ciertos casos no hay ninguna y, por tanto, el dinero queda en manos de la instituci�n. La verdad, se�or Presidente, es que los montos involucrados son peque�os. Los fondos acumulados bordean los 64 mil pesos por cuenta, en promedio, transcurrido un per�odo de 15 a�os. Mensualmente, son 800 a 1.000 pesos. No es mucha plata. Pero, aunque as� sea, las isapres no tienen por qu� quedarse con dineros que no son de ellas. Por eso, estamos a favor de la iniciativa. Eso s�, nos parece claro que en algunos casos el costo de tener una cuenta ser� m�s alto que los fondos que all� se acumulen. De ah� que plantearemos indicaciones con el objeto de que las instituciones abran cuentas a nombre de los cotizantes solo en las situaciones en que ello resulte razonable. En las otras habr� que ver qu� se hace. Pero todos estuvimos de acuerdo en que, aun cuando sea poco dinero, las isapres no tienen por qu� quedarse ni con un peso que no sea de ellas. Por lo tanto, se�or Presidente, nosotros aprobaremos esta iniciativa. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa, por dos minutos. El se�or NOVOA.- �Si yo hablara en contra del proyecto, tendr�a m�s tiempo�! Se�or Presidente, creo que lo conveniente ser�a abrir un plazo para formular indicaciones. Y lo planteo por lo siguiente. El 7 por ciento de cotizaci�n obligatoria se encuentra instituido por ley. En ese sentido, quienes cotizan en el FONASA no tienen ninguna posibilidad de que se les devuelva nada. De manera que hacer irrenunciables excedentes que se hallan establecidos por ley como cotizaci�n obligatoria significa entrar en un �rea que habr�a que analizar mejor. Por eso, me parecer�a razonable abrir un plazo para presentar indicaciones con el prop�sito de ver el modo de solucionar el problema. Por mi parte, pienso que debe existir una norma pareja. Si el 7 por ciento de cotizaci�n de salud es obligatorio, debe serlo para todos. Y habr� que ver qu� pasa con los excedentes. A lo mejor la isapre deber� enterarlos en otro lado; pero no son ni de ella ni, eventualmente, del cotizante. La se�ora MATTHEI.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- S�, se�ora Senadora. La se�ora MATTHEI.- La verdad es que la naturaleza del sistema del FONASA es totalmente distinta de la del sistema de las isapres. El primero es un mecanismo de reparto en el cual todos los recursos, incluidos los del Fisco, van a un solo bols�n y de ah� se distribuyen a quienes los necesitan. En el sistema de isapres, en cambio, el riesgo es individual y, por lo tanto, no corresponde que los fondos sean repartidos entre los diferentes afiliados. Por eso, creemos que el dinero que all� sobra s� es del cotizante -el �nico objetivo del 7 por ciento, en ese caso, es financiar su salud- y debe guardarse para que cuando �l los necesite en el futuro est�n disponibles en una cuenta a su nombre. Los excedentes no son de las isapres -no corresponde que as� sea, por el precio de los planes-, ni tampoco de los otros afiliados -no funciona de esa forma el sistema-, por lo que han de quedar en una cuenta a nombre del cotizante que est� pagando de m�s. El se�or NOVOA.- Pero para gastarlos solo en salud. La se�ora MATTHEI.- Exactamente. No se pueden retirar. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� la idea de legislar y se establecer� plazo para formular indicaciones. --Se aprueba en general el proyecto y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 1� de octubre, a las 12. VI. ORDEN DEL D�A PERFECCIONAMIENTO DE MARCO LEGAL VIGENTE EN CUANTO A SEGURIDAD Y CONTINUIDAD DE SUMINISTRO EL�CTRICO Y A SUFICIENCIA DE SISTEMAS El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios El�ctricos en lo relativo a la seguridad y continuidad del suministro el�ctrico para clientes regulados y la suficiencia de los sistemas el�ctricos, con informe de la Comisi�n de Miner�a y Energ�a y urgencia calificada de "discusi�n inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (5251-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer tr�mite, sesi�n 40�, en 7 de agosto de 2007. Informe de Comisi�n: Miner�a y Energ�a, sesi�n 47�, en 4 de septiembre de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son cautelar la eficiencia, la suficiencia y la coordinaci�n de los agentes que intervienen en el sistema el�ctrico y la seguridad del abastecimiento para la poblaci�n. La Comisi�n discuti� el proyecto tanto en general cuanto en particular, atendida su calificaci�n de "discusi�n inmediata", y aprob� la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores se�ores G�mez, N��ez, Orpis, Prokurica y Zald�var). En la discusi�n particular, dicho �rgano t�cnico introdujo una serie de modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad. Sus Se�or�as tienen a la vista un bolet�n comparado que transcribe los art�culos pertinentes de la Ley General de Servicios El�ctricos, el proyecto presentado por el Ejecutivo y el texto que propone aprobar la Comisi�n. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusi�n general y particular. Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, las crecientes restricciones que en el �ltimo tiempo han experimentado las importaciones de gas natural hacia Chile han afectado fuertemente a todos los sectores que utilizan este combustible como insumo, en especial al el�ctrico. Tales restricciones han tra�do aparejadas otras dificultades, espec�ficamente las que dicen relaci�n al reemplazo del gas natural por di�sel. Lo anterior ha significado que el sistema de generaci�n el�ctrica de nuestro pa�s enfrente en la actualidad -como lo hemos podido constatar los Senadores en nuestras respectivas Regiones- mayores costos que en el pasado, toda vez que el di�sel es un combustible m�s caro, al que se adicionan el precio de su transporte y los problemas de log�stica que implica su disponibilidad oportuna y en la cantidad requerida. Sin perjuicio de las reformas que se han incorporado en la legislaci�n en los �ltimos a�os para mejorar y asegurar el servicio, se advierte que a�n existen ciertas situaciones o hip�tesis de hecho respecto de las cuales la ley no se pronuncia y que, de producirse, podr�an poner en riesgo tanto el suministro el�ctrico a los clientes regulados del sistema como la suficiencia de �l. Tales riesgos se acent�an cuando se enfrentan situaciones de estrechez energ�tica. En ese sentido, resulta necesario despejar la incertidumbre acerca de las consecuencias susceptibles de originar tanto la quiebra de una empresa del sector el�ctrico como, asimismo, el t�rmino anticipado de un contrato de suministro declarado por sentencia firme. Lo anterior lleva a promover medidas que fortalezcan la legislaci�n para contar con herramientas eficaces que permitan, por una parte, proteger los intereses de los clientes regulados del sistema frente a esas situaciones, en forma de asegurar la continuidad del suministro el�ctrico, y por otra, acotar la posibilidad de un racionamiento, a fin de reducir los efectos negativos que este produce en los dem�s sectores de la econom�a del pa�s. Todo ello genera la convicci�n de que se debe contar con un marco jur�dico s�lido que permita enfrentar de manera eficiente y eficaz dichas situaciones. La iniciativa en an�lisis, se�or Presidente, viene a complementar tanto las medidas adoptadas por la autoridad, incluyendo las modificaciones introducidas en el pasado al marco normativo del sector, como las contenidas en el proyecto de ley recientemente presentado al Congreso Nacional para estimular el desarrollo de las energ�as renovables no convencionales. Los ejes principales de todas las iniciativas anteriores han sido tanto la diversificaci�n de las fuentes del suministro el�ctrico cuanto el desarrollo de fuentes que operen con recursos propios que nos permitan mantener una relativa independencia energ�tica, pues ellas han sido estrategias para aumentar la seguridad de nuestro suministro el�ctrico. El objetivo del proyecto es introducir enmiendas a la normativa que regula el sector el�ctrico orientadas a cautelar la eficiencia, la suficiencia, la coordinaci�n de los agentes que intervienen en �l y la seguridad del abastecimiento para la poblaci�n, administrando, exclusivamente, las situaciones de contingencia en la forma que se cause un menor impacto para la preservaci�n de los principios aludidos. Al efecto, se proponen dos tipos de modificaciones. Se considera, primero, el caso de una sentencia firme o ejecutoriada que ponga t�rmino a un contrato de suministro el�ctrico entre una empresa generadora y una empresa concesionaria de servicio p�blico de distribuci�n para abastecer a clientes regulados, y segundo, el caso de quiebra de una empresa generadora, transmisora o distribuidora de electricidad. La Comisi�n introdujo diversas enmiendas al proyecto. Las m�s importantes se relacionan con los plazos. El Ejecutivo propon�a que la situaci�n excepcional durara hasta un a�o, pero los miembros de aquella, por unanimidad, estimaron que ese lapso era demasiado exiguo para realizar la licitaci�n necesaria a fin de que otra empresa generadora se hiciera cargo de la prestaci�n del servicio. Adem�s, se indic� que los precios de la licitaci�n podr�an elevarse de manera excesiva, precisamente por el escaso tiempo que se fijaba. En la Comisi�n se entendi� que se trataba de un plazo m�ximo y que, si las condiciones lo permit�an, ser�a mejor que fuera m�s breve, pues las situaciones de excepci�n deber�an dar paso a un contrato normal. Dicho �rgano t�cnico tuvo especialmente en vista no afectar a los clientes regulados residenciales con un alza de tarifas producto de un hecho del que no son responsables. Dada la situaci�n particularmente delicada que ello implicaba, la Comisi�n, a pesar de que el Ejecutivo puso "discusi�n inmediata" al proyecto, tom� la decisi�n de convocar a una serie de empresas, a las que escuch� oportunamente. Entre otros, asistieron los representantes de la Asociaci�n de Empresas El�ctricas A.G.; de Empresas EMEL -la distribuidora de electricidad en el Norte Grande-; de Gas Atacama; de AES GENER S.A.; de ENDESA S.A.; de EDELNOR S.A., y de Electroandina S.A., quienes expusieron sus observaciones al proyecto. En segundo lugar, se se�al� que recientemente se indexaron las cuentas de los clientes regulados en 5 � 6 por ciento y se advirti� que se anticipa un alza mayor para octubre, por lo que la primera prioridad debe ser proteger de tales aumentos a los clientes domiciliarios. Adem�s, los miembros de la Comisi�n estimamos esencial que el proyecto recoja cinco puntos que nos parecen b�sicos para entender esta problem�tica: 1) mantener la seguridad del sistema; 2) proteger a los clientes regulados; 3) establecer que los responsables del problema deben asumir los costos cuando se produzcan las situaciones ya descritas; 4) no instalar incentivos perversos en el sistema, y 5) no desincentivar la inversi�n. Asimismo, a solicitud de varios integrantes del �rgano t�cnico, algunas normas del articulado permanente fueron trasladadas a las disposiciones transitorias, todo lo cual se hizo con el acuerdo del Ejecutivo. Por �ltimo, se�or Presidente, cabe dejar constancia de que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisi�n y de que en la votaci�n particular todas las normas se acordaron por los presentes en igual forma. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Intervendr� m�s adelante, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, Chile cuenta con una de las legislaciones el�ctricas m�s prestigiosas y estables del mundo. Por esa misma raz�n, ella y el funcionamiento del sistema el�ctrico han sido mencionados en distintos foros como un mecanismo seguro, estable, justo, que ha sabido resolver en el tiempo los problemas que se han ido generando en el pa�s. Para entender la dificultad que el proyecto pretende solucionar es indispensable analizar c�mo se fueron dando las cosas hasta llegar a la situaci�n actual. En primer lugar -y lo digo con certeza-, lo que se intenta zanjar en la Ley General de Servicios El�ctricos no es un problema el�ctrico, sino uno netamente comercial, el cual se origina, al menos, por tres razones. La primera dice relaci�n al tratado gas�fero en que el Ejecutivo embarc� al pa�s y que Argentina termin� no cumpliendo. Ello, por dos motivos: primero, por la forma en que se hicieron las cosas para firmar dicho acuerdo, y segundo, porque, una vez ocurridos los incumplimientos, el Gobierno fue incapaz de llevar a ese pa�s ante los tribunales internacionales para que cumpliera su parte o pagara las distorsiones de precios producidas. Como resultado de ello, Argentina ha terminado cort�ndonos el gas y los mayores valores de operar con di�sel los estamos pagando todos los chilenos, lo que afecta especialmente a la gente m�s modesta. La segunda raz�n consiste en que una empresa que apuesta todas sus fichas al gas argentino -a mi juicio, en forma arriesgada-, por tratarse de un combustible barato pero bastante precario -como todos sab�amos-, adquirido con los contratos m�s inseguros y de menor costo, termina siendo la primera a la que se le corta el suministro. Y la tercera se refiere a que la compa��a distribuidora contrat� el total de su abastecimiento con una sola generadora. Lo grave es que esta �ltima, afectada por el problema, construye un andamiaje legal, mediante el que entrega sus bienes en garant�a a una filial un a�o antes de que se corte el gas. Esto provoca como resultado que, de verificarse la quiebra, sus bienes quedar�an en manos de dicha filial y no podr�an ser usados para pagar el mayor valor que signifique cumplir los contratos como ocurrir�a con la quiebra de cualquier empresa en Chile. Me parece impresentable que una compa��a que tiene espaldas -�y muchas espaldas!- y un verdadero cortafuego hecho a trav�s de hipotecas y prendas evite pagar con su patrimonio sus errores econ�micos. Y ser�a mucho menos presentable que estos fueran traspasados a los consumidores, que en el caso del Sistema Interconectado del Norte Grande constituyen el 10 por ciento de los clientes. El sistema el�ctrico chileno est� compuesto por tres �reas esenciales: la generaci�n, la transmisi�n y la distribuci�n de electricidad. Ello conforma el denominado "ciclo el�ctrico". Una de las caracter�sticas generales del sistema es que la gesti�n de los servicios el�ctricos est� entregada por ley a empresas privadas; por tanto, al Estado le corresponde un rol subsidiario de regulaci�n y de fiscalizaci�n. En consecuencia, el sistema en su conjunto tiene las caracter�sticas propias de todo servicio p�blico. Esto es: -Continuidad, lo que significa que, por el bien de la colectividad, no puede paralizarse; -Regularidad; es decir, debe estar sometido a las reglas que lo han creado y estructurado; -Uniformidad; o sea, establecido en beneficio de toda la comunidad, y -Obligatoriedad y permanencia. �Cu�les son los objetivos que se deben lograr con este proyecto? En mi opini�n y en la de la Comisi�n, cinco: 1) Resguardar la seguridad de abastecimiento el�ctrico del pa�s. 2) Blindar a los clientes regulados -o sea, a los de consumo domiciliario y comercial- para que no les aumenten las tarifas, ya que ellos nada tienen que ver con los hechos que dan origen a este problema. 3) Hacer que las empresas responsables de la situaci�n respondan hasta donde sea factible. 4) Mantener los incentivos en la ley para que haya inversi�n suficiente, porque, tarde o temprano, esta es la �nica forma de asegurar el abastecimiento y al menor precio posible, y 5) No instalar incentivos perversos. Se�or Presidente, a mi juicio, resulta dif�cil dar una soluci�n buena para un problema como el que analizamos hoy d�a y que permita lograr perfectamente todos esos objetivos. Sin embargo, de alguna manera la iniciativa se acerca a ello. Respecto del primer punto se�alado, el proyecto permite asegurar a las distribuidoras que quedan sin contrato, ya sea por la quiebra de la generadora o por sentencia judicial ejecutoriada, el derecho y la facultad de retirar del sistema el�ctrico pertinente la energ�a para poder abastecer a los clientes regulados en su zona de concesi�n, manteni�ndoles, adem�s, la seguridad y continuidad del servicio. En cuanto al segundo objetivo, he dicho que debemos blindar a los clientes regulados -o sea, a los domiciliarios- a fin de que un error de las empresas generadoras o distribuidoras no termine trasform�ndose en un aumento del valor de sus cuentas. Porque resulta muy claro que, al final, siempre paga "la se�ora Juanita". Es eso lo que pretendemos evitar con este proyecto, ya que los clientes regulados -como se�al�- no participaron en la firma de esos contratos ni en las decisiones econ�micas y no tienen como defenderse, si no lo hacen por ellos la autoridad y la ley. Respecto de la tercera finalidad, hemos sostenido que resulta indispensable hacer que quienes causaron el problema paguen, en la medida de lo posible, con sus bienes el mayor valor que involucren sus errores comerciales y econ�micos. De lo contrario, pasa lo que permanentemente ha ocurrido en nuestro pa�s: "la pol�tica del nadie responde", como la ha bautizado muy bien el Senador se�or Zald�var, que es nefasta para cualquier actividad, no solo econ�mica sino tambi�n pol�tica; y la vemos habitualmente en acci�n en las distintas �reas de nuestro pa�s. O sea, quienes dan origen a un problema terminan sin responder por ello. Se aplicar�a, entonces, en el sistema el�ctrico chileno la denominada "ley de la selva", mediante la cual una empresa carga a los consumidores sus errores comerciales en lugar de asumirlos, generando un segundo efecto, que resulta tanto o m�s pernicioso que el anterior para el sistema y los clientes, esto es, el establecimiento de un incentivo perverso a no hacer las cosas bien y a traspasar las responsabilidades a otro. Al respecto, ya conocemos el resultado que tal pr�ctica ha provocado en algunos pa�ses lim�trofes: grandes productores de energ�a han terminado con racionamiento. Eso no lo queremos para Chile. Finalmente, resulta indispensable mantener en esta ley los incentivos a la inversi�n, que, a mi juicio, han constituido la clave del �xito del sistema el�ctrico chileno, el cual es mirado por los especialistas del mundo como un ejemplo a imitar. Me parece que la mejor forma de mantener un buen servicio el�ctrico y a bajos precios es impulsar la inversi�n, para que haya competencia y abastecimiento total. La iniciativa en an�lisis aborda dos �reas que -como dijo el Senador informante- no contemplaba la Ley El�ctrica. La primera de ellas es el t�rmino de contratos de suministro a distribuidoras por sentencia firme. Al respecto, se ha optado por establecer, justamente para resguardar los principios a los que nos referimos hace algunos minutos, que la empresa a la que se le termina el contrato asume la obligaci�n de generar durante 18 meses. Plazo en el cual la distribuidora debe llamar a una nueva licitaci�n de suministro para servir el contrato aludido. En caso de que no consiguiera un nuevo contrato, despu�s de dicho periodo asumir�n la responsabilidad las restantes generadoras en proporci�n a sus energ�as firmes existentes a la fecha de publicaci�n de la ley en proyecto. Ello, con el fin de mantener el sistema, de imponer una carga o gravamen a la generadora que dio origen al problema y de evitar que se transforme en un desincentivo para la inversi�n. Por eso se establece que las dem�s generadoras responder�n en proporci�n a su capacidad instalada actual, y no la futura. La segunda modificaci�n se refiere a la soluci�n del problema cuando una generadora quiebra y tiene contrato de suministro regulado y no regulado. Entonces: -Se decreta la continuidad de giro. -Se nombra, adem�s del s�ndico, un administrador provisional. -Se se�ala que los activos pueden enajenarse solo como una unidad de negocios, de manera de mantener la seguridad del sistema. -Se elimina la facultad para los acreedores preferentes de ejercer individualmente el derecho de enajenar por separado los activos. -Se dispone que el suministro para consumidores regulados a precio de nudo ser� asumido por generadores conectados al sistema en proporci�n a la energ�a firme. -Dichos generadores quedan como acreedores con cr�dito preferente ante la continuidad de giro con relaci�n a los costos de sostener el abastecimiento para los consumidores regulados. Aquellos pueden pagarse con los flujos que produzca la continuaci�n del giro y ser� posible verificar cr�ditos sobre los dineros obtenidos por la venta de la generadora como unidad econ�mica. -No se suspenden los derechos reales de los actuales acreedores hipotecarios y prendarios, y -El proceso de solventar el sistema es obligatorio para la generadora hasta que la distribuidora licite y adjudique un nuevo contrato de servicios. Tambi�n se incorporan otros temas que, a juicio de la Comisi�n y seg�n mi entender, son perfeccionamientos b�sicos para la actual legislaci�n. Por una parte, se establecen ciertas seguridades para el sistema que no exist�an hasta hoy. Por ejemplo, a las empresas que se presenten a la licitaci�n de suministro de una distribuidora se les exige boletas de garant�a e informes de clasificaci�n de riesgo u otro instrumento que permita garantizar el abastecimiento al cual se comprometen. Sin duda, esto constituye un aporte al actual sistema y hace que quienes se comprometen a entregar energ�a otorguen ciertas garant�as para cumplir tal objetivo. Adem�s, se permite realizar en forma paralela algunas gestiones necesarias para el desarrollo de proyectos de generaci�n. Esto se denomina "fast-track". Se encuentran en este caso, entre otras, la solicitud del estudio de impacto ambiental, los procedimientos ante la Direcci�n General de Aguas o la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la simplificaci�n de tr�mites de notificaci�n para establecer servidumbres para l�neas de transmisi�n el�ctrica. Esta segunda etapa resulta extraordinariamente importante para la �poca que vive el pa�s. Como todos sabemos, Chile se encuentra en un per�odo de alta inseguridad en el abastecimiento el�ctrico, por el problema en el env�o de gas y por la falta de concreci�n de proyectos que se han anunciado pero que se han demorado m�s de lo necesario, por la lentitud de la burocracia y por asuntos que en nada se relacionan con el sistema el�ctrico. Esto hace que un sistema como el nuestro, tanto en el SIC como en el SING, est� pasando por una �poca de riesgo de abastecimiento que durar� por lo menos hasta 2011 � 2012, cuando puedan ingresar nuevos proyectos basados en combustibles que no impliquen inseguridades como los que actualmente se utilizan. Cabe se�alar que el proyecto de ley resuelve una problem�tica cuya soluci�n no se encontraba contemplada en la legislaci�n: el costo de servir contratos a distribuidoras, en el caso de quiebra o t�rmino por sentencia definitiva, deber� ser financiado por los comercializadores y no por los generadores en su calidad de tales, con lo cual se facilita el traspaso a la demanda del mismo sistema el�ctrico, que es, en definitiva, el beneficiado. La iniciativa no afecta las se�ales de inversi�n para el mediano y largo plazo; por el contrario, da se�ales de seguridad. Y, finalmente, no incorpora incentivos perversos, como podr�a pensarse si las empresas no respondieran por los errores que cometen. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, he escuchado detenidamente a los dos Senadores que me antecedieron y me han llamado la atenci�n algunas expresiones. En primer lugar, se se�ala que en este caso los responsables tienen que asumir los costos. Al respecto, hago presente que la empresa de la cual se est� haciendo cuesti�n invirti� m�s de 800 millones de d�lares, pero despu�s de concretar un acuerdo de suministro de gas con los mayores productores de la cuenca del norte de Argentina (YPF y Pluspetrol); luego de contar con los permisos de exportaci�n de ese gas, y despu�s de que se suscribiera entre Chile y Argentina el Protocolo de Integraci�n Energ�tica. O sea, hab�a hecho todo lo que estaba a su alcance para protegerse totalmente con relaci�n a la entrega y el suministro de gas. M�s a�n, supuestamente se encontraba resguardada por un acuerdo firmado entre ambos Gobiernos. Hoy d�a se la sindica como responsable, en circunstancias de que lo que sucedi� fue que Argentina, producto de una pol�tica interna, de la cual no tengo por qu� hablar, de repente dej� de enviarnos gas. Eso no me suena a responsabilidad de la empresa, sino m�s bien a fuerza mayor. Quisiera saber qu� autoridad en su minuto, qu� parlamentario del Norte Grande dijo que era irresponsable traer gas desde Argentina; qui�n manifest� que era irresponsable bajar el precio en 40 por ciento -como sucedi�- a los consumidores. Porque la se�ora Juanita se vio sumamente favorecida cuando lleg� el gas: se redujo en 40 por ciento la tarifa. Me gustar�a saber qu� autoridad o parlamentario se�al� que era irresponsable que EMEL tuviera el ciento por ciento de suministro acordado con una empresa. Nadie lo dijo. M�s a�n, se�or Presidente: quisiera saber qu� hubiesen dicho los parlamentarios si, en vez de comprarle a la empresa generadora m�s barata, se hubiera contratado con otra que vend�a m�s caro. Probablemente, entonces la habr�an acusado de negociado: "�Por qu� le est�n comprando a una generadora que produce m�s caro, cuando esta otra ofrece un precio m�s barato! �Esto es negociado!". �O no? Lo que pasa es que hoy, cuando ya sabemos que no hay gas, resulta muy f�cil opinar. �Pero qui�n fue general antes de la batalla? �Nadie! Por lo tanto, me molesta profundamente que se venga a decir que hay una empresa que tiene que pagar por esto, cuando en realidad ella no es responsable. Aqu� se trata de un caso de fuerza mayor. Esa compa��a antes produc�a a 12 d�lares el megavatio/hora y hoy lo debe hacer a 130 d�lares porque un Gobierno extranjero decidi� no honrar los compromisos contra�dos por las empresas y por ambos Estados. Entonces, es distinto un caso de fuerza mayor que ser responsable de pol�ticas comerciales inadecuadas. Nunca escuch� una cr�tica. Al contrario, hubo muchas voces de satisfacci�n por la firma de los tratados, por las construcciones de los gasoductos, por la tremenda rebaja que hab�a tenido el precio de la energ�a en el Norte Grande. �Esa es la verdad! Y se beneficiaron todos: las mineras, las industrias y tambi�n los consumidores. Ese era el primer punto que deseaba aclarar. El segundo se refiere a que existe una especie de juicio moral frente a la estructura financiera que tiene esa empresa. Todo el mundo dice: "�Qu� esc�ndalo! �Son los due�os de las compa��as los que est�n financiando a esta empresa productora!". Cabe precisar que pr�cticamente cualquier proyecto internacional grande se financia mediante un sistema llamado "project finance", por medio del cual los bancos prestan el dinero a las sociedades madres. �Por qu�? Porque poseen m�s espaldas, porque son m�s grandes, porque tienen un negocio conocido. Y esa empresa madre toma ese cr�dito, obtenido a una tasa muy razonable (8 por ciento), y se lo entrega a la empresa nueva. Es normal que las empresas en Chile tengan ese tipo de financiamiento, porque es la forma mas barata y eficiente de financiar un proyecto nuevo. Cuando la planta ya estuvo construida y se quiso traspasar el cr�dito desde las empresas madres a las empresas productoras, ocurrieron dos hechos: primero, se produjo una competencia con otras dos generadoras; y segundo, se empez� a ver que la pol�tica energ�tica argentina pod�a poner en riesgo el suministro de gas. Debo se�alar adem�s -en esa �poca yo integraba la Comisi�n de Miner�a y Energ�a- que dicha empresa fue la primera que nos advirti� que vendr�an cortes en el suministro de gas. Lo inform� por escrito a las autoridades de Gobierno, pero ninguna la escuch�; realiz� todas las previsiones posibles, no obstante nadie en el Congreso ni en el Gobierno la oy� ni hizo nada al respecto. Entonces, cuando se gener� la competencia y existi� la posibilidad de que sobrevinieran cortes energ�ticos, los bancos que iban a darle cr�dito a la empresa de abajo, a la verdadera productora, dijeron: "Nones: no estamos dispuestos a prestarle porque hay muchos riesgos. Por lo tanto, vamos a seguir con el financiamiento a las empresas madres". Eso es algo obvio; cualquier banco lo hace. Las conversaciones acerca del traspaso de dinero que las instituciones bancarias efectuar�an a las empresas de abajo y del establecimiento de prendas e hipotecas, son efectivas y est�n disponibles. Cualquiera las puede pedir en alguno de los 5 � 6 bancos -Santander, Citibank, etc�tera- del consorcio. Y si dicha operaci�n no funcion�, no se debi� a que los due�os de esas empresas fueran unos frescos, sino a que las instituciones financieras no estuvieron dispuestas a cambiar el financiamiento desde la empresa madre a la empresa menor, dado que exist�a mayor riesgo. Ello es l�gico. Es muy f�cil decir hoy que son unos frescos. Pero cuidado, porque aqu� se est� tratando de imponer un costo no razonable a una empresa por un juicio moral negativo respecto de la manera en que se ha financiado. Y esa manera no fue la que ellos eligieron sino que les result� as�. Y la historia est� ah� para cualquiera que la quiera ver. Por lo tanto, se�or Presidente, estamos frente a un escenario complicado. Considero s�per injusto y, sobre todo, err�neo decir que esta situaci�n se debe a la irresponsabilidad de EMEL, o de la empresa generadora, o qu� se yo. Ninguno de nosotros previ� que los argentinos cortar�an el gas. Por lo tanto, la circunstancia antes descrita no se produjo por irresponsabilidad de una pol�tica comercial, sino sencillamente por fuerza mayor. Estoy por que se apruebe esta legislaci�n. No obstante, hago reserva de constitucionalidad. Porque, a mi entender, algunas de las medidas contenidas en el proyecto huelen en realidad a expropiaci�n. En efecto, obligar a alguien, m�s all� de un fallo arbitral o de una quiebra, a seguir generando energ�a durante 18 meses a un costo much�simo mayor del expresado en los contratos, constituye una expropiaci�n. Y si alguien cree que se trata de una quiebra fraudulenta, acusen a la empresa de eso; si sospechan que aquello ocurri� y que efectuaron movidas en tal sentido -en la actualidad hay una legislaci�n sobre la quiebra fraudulenta-, vayan por ese lado. Adem�s, existe un problema con el arbitraje en curso. En el fondo, aplicar una ley a un arbitraje en curso puede ser considerado inconstitucional por vulnerar el art�culo 76 de la Carta, que impide al Congreso ejercer funciones judiciales o avocarse causas pendientes. Por lo tanto, se�or Presidente, voy a votar a favor el proyecto en an�lisis. Me parece importante tratar de mantener el suministro, de conservar la continuidad de giro y de proteger a los consumidores. Pero estimo que determinadas disposiciones son francamente abusivas. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Sabag. El se�or SABAG.- Se�or Presidente, el Honorable se�or Prokurica dec�a que la Ley General de Servicios El�ctricos y muchas otras actualmente en aplicaci�n en nuestro pa�s -como la de concesiones- gozan de gran prestigio internacional, por la estabilidad, por la seriedad con que respaldamos cada una de esas normativas. Por esa raz�n han llegado miles de miles de millones de d�lares para inversi�n en energ�a el�ctrica y en concesiones de obras p�blicas. Sin embargo, cuando se producen cambios en las reglas del juego es evidente que eso provoca inquietud en los sectores que invierten. Por tal motivo, quiero hacer una pregunta al se�or Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a: desde el punto de vista constitucional, �es posible obligar a una empresa a trabajar con fuertes p�rdidas durante 18 meses? Ello, sin duda, puede llevar a la quiebra. �Es constitucionalmente posible eso? �Guarda relaci�n con el prestigio mundial de que gozamos el que de la noche a la ma�ana porque no nos gusta algo promulguemos una ley y cambiemos las reglas del juego? �Qu� estabilidad hay en ello? Deseo saber si esta medida tiene respaldo constitucional, o solo estamos actuando de manera abusiva sobre el particular. Comprendo que se debe proteger el inter�s colectivo. Pero eso no puede hacerse a cualquier costo, sobre todo cuando una empresa que ha contratado a determinado precio la entrega de esa energ�a, con posterioridad este sube tres veces. �Tres veces! Es evidente que en ese caso hay una causa mayor, que no ha sido motivada por ellos sino que se deriva de complicaciones internacionales. Y cuando a alguien le ocurre una situaci�n de esa naturaleza -un terremoto o cualquier hecho similar- no est� obligado a lo imposible. Por eso quiero que el se�or Ministro -y que por lo menos sirva tambi�n para la historia de la ley- nos aclare por qu� el Parlamento est� aprobando una normativa de tal �ndole. Que entregue alg�n razonamiento jur�dico que explique el motivo por el cual esta norma no es inconstitucional. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, no quiero ahondar en los argumentos dados por el Senador Prokurica, aunque s� deseo referirme a ciertos aspectos. En primer lugar, existe absoluta unanimidad en que resultaba esencial abordar dos temas que no estaban siendo considerados por la legislaci�n: qu� ocurr�a si, por sentencia, una distribuidora se quedaba sin contrato, porque eso afecta a los clientes regulados; y qu� suced�a en caso de quiebra. Eso nos puede pasar en muy poco tiempo m�s. Estamos ante el riesgo inminente de que acontezcan ambas situaciones. Y m�s que singularizar o no en ciertas empresas en particular, me gustar�a que la Sala tomara conciencia de los escenarios que se presentan. El primero de ellos dice relaci�n a una distribuidora que se queda sin contrato. En este caso, el tema fundamental es qui�n debe pagar el costo. Si esa empresa experimenta tal circunstancia con los clientes regulados, significa que debe salir a comprar energ�a, pero no a precio de nudo -pues qued� sin contrato-, sino a un costo marginal. Eso la llevar� a la quiebra. Y es el escenario que enfrentamos. Hasta ahora, en Chile no hay precedentes respecto de esta materia. �Cu�l es la segunda opci�n? Si la empresa distribuidora queda sin contrato, se entiende que se aplica el art�culo 27 transitorio de la Ley General de Servicios El�ctricos. Pero cu�l es el problema de dicha norma: que no es del todo claro que pueda aplicarse, porque en forma expresa se�ala: "siempre que el t�rmino del contrato se produzca por la expiraci�n del plazo pactado expresamente en �l.". Y aqu� no estamos hablando de plazo, sino de caducidad. En ese caso, suponiendo que se puede aplicar el mencionado precepto, quien termina respondiendo es el cliente regulado. Porque la aplicaci�n de este art�culo implica el traspaso de un 20 por ciento del diferencial, dejando lo que no pueda transferirse como deuda, la cual, en el escenario del Sistema Interconectado del Norte Grande, se calcula que deber�a ser pagada por los clientes regulados en un plazo de 15 a�os; es decir, los terminar�amos gravando por esa cantidad de tiempo. Adem�s, existe una tercera opci�n en el caso de que una distribuidora quede sin contrato. Dicha alternativa consiste en que las empresas generadoras que no han sido parte de ese contrato deban responder por el suministro desde el primer d�a. Ello, evidentemente, resulta no solo gravoso en exceso para quienes han estado ajenos a ese contrato, sino que termina gatillando una situaci�n muy fuerte sobre los clientes libres y los regulados, por una raz�n muy sencilla: porque si la empresa generadora debe empezar a inyectar energ�a desde el primer d�a, se van a adelantar las licitaciones; y cuando se adelantan las licitaciones se gatilla sobre ambos sectores, pero particularmente sobre los clientes regulados. De tal manera que en esta tercera opci�n tambi�n terminan pagando estos �ltimos. Ese es el escenario que enfrentamos. Entonces, �qu� hizo la Comisi�n de Miner�a y Energ�a? Eligi� un criterio sano, a mi juicio, m�s all� de la coyuntura, y dijo: "Aqu� el primero que responde es quien origin� el contrato". Luego, consider� que si determinada empresa hab�a hecho todo lo que deb�a en materia judicial para responder sobre el particular, pero no lo hab�a conseguido en su totalidad, ten�an que operar el resto de las generadoras, aunque no hubiesen sido parte, a diferencia de la empresa principal; es decir, entrar a responder ellas en segunda instancia. Por eso, la iniciativa en debate establece para las generadoras, por no haber tomado parte en esos contratos, la facultad para poder negociar con los clientes libres. Pero existi� un principio sagrado dentro de la Comisi�n de Miner�a y Energ�a: que a los clientes regulados no se les tocar�a, por una raz�n muy simple: porque son la parte d�bil del sistema el�ctrico, no poseen ninguna capacidad de negociaci�n. Un cliente libre es capaz de hacerlo por si solo con la generadora. Esos son los escenarios reales que no hab�amos visualizado. Y yo creo que sobre el particular corresponde hablar de realidades. La segunda situaci�n se refiere a la posible quiebra de la empresa que tiene el contrato. Y esa quiebra, al igual que en lo relativo a la sentencia, puede colocar -lo cual as� ocurre- en riesgo al sistema el�ctrico; y cuando dicho sistema se encuentra en tal circunstancia, me parece de sentido com�n establecer la continuidad de giro. Y no solo eso, sino que como en este caso existen acreedores preferentes -es decir, con prendas e hipotecas- facultados de acuerdo con la ley de quiebras para enajenar o liquidar los bienes individualmente, lo cual imposibilita seguir generando, tambi�n es de sentido com�n consignar la unidad econ�mica por un plazo determinado. Resulta evidente que ah�, al haber una empresa fallida, se crea una sociedad distinta, que pone fin al contrato existente. Y esa empresa fallida seguir� suministrando en proporci�n a lo que le corresponde. Pero, adem�s, deber�n concurrir las restantes generadoras a suministrar energ�a a la distribuidora, y m�s concretamente a los clientes regulados. �Y qu� hizo -a mi juicio tambi�n con toda justicia- la Comisi�n de Miner�a y Energ�a? Propuso seguir con la misma prioridad, es decir, que la empresa principal, por tener preferencia, pueda ser liquidada despu�s de haber regularizado el sistema; despu�s que sea factible licitar, despu�s de tener seguridad que los clientes regulados, a un precio razonable, podr�n continuar siendo suministrados. Pero como existen terceros que no han sido directamente responsables, se dijo en dicho �rgano t�cnico: "Mire, respecto de los flujos que genere la empresa fallida, que se comience a resarcir el aporte efectuado por esos terceros completamente ajenos al sistema". Eso fue b�sicamente lo realizado por la Comisi�n de Miner�a y Energ�a, que -a mi entender- actu� con un criterio de enorme responsabilidad, dando se�ales claras y categ�ricas al respecto. Como vamos a estar ajustados por mucho tiempo, no quisimos en ning�n caso gravar o hipotecar la inversi�n en generaci�n de energ�a el�ctrica. Dese�bamos entregar una imagen apropiada, porque, en primer lugar, lo establecido no se aplica a los nuevos proyectos relacionados al tema y, en segundo t�rmino, se da la posibilidad a las generadoras comercializadoras que no han sido parte de los contratos para renegociar en forma particular con los clientes libres, sin afectar a los clientes regulados. Ninguna formula en el escenario descrito resulta buena, se�or Presidente. �Absolutamente ninguna! Pero, al menos, a mi juicio, se han dado las se�ales correctas, que apuntan en la direcci�n adecuada respecto de una materia que es perfectible. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo realizado por la Comisi�n de Miner�a y Energ�a, porque el tema es tremendamente complejo. En segundo t�rmino, debo hacer presente que el an�lisis de este tipo de proyectos en car�cter de "discusi�n inmediata" nos hace muy dif�cil legislar adecuadamente. En efecto, ya hubo una mala experiencia cuando a ra�z de las sequ�as se introdujeron modificaciones a la legislaci�n el�ctrica, la que con posterioridad debi� ser de nuevo enmendada. Sin embargo, independientemente de que a lo mejor no hab�a una buena soluci�n al problema planteado, lo que m�s me preocupa es que la f�rmula propuesta pueda establecer precedentes de largo plazo negativos. Es evidente que la iniciativa en debate se discute mientras existe un juicio pendiente entre una generadora y una distribuidora, y su urgencia calificada de "discusi�n inmediata" tiene por objeto que se apruebe y, luego, publicada como ley antes de resolverse dicho proceso. Considero un muy mal precedente para el futuro que en el Congreso nos estemos avocando causas pendientes, es decir, procesos que en este momento se encuentran en conocimiento de los tribunales. Se trata de un asunto indiscutible. Nadie puede negarlo, y es factible que el remedio sea mucho peor que la enfermedad. La norma constitucional respectiva establece no s�lo la prohibici�n de avocarse causas pendientes, sino adem�s que la ejecuci�n de los fallos es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Y ac� nos estamos anticipando a la posible resoluci�n de un conflicto y determinando cu�les son los efectos que ella tendr�a. A mi juicio, quienes han firmado contratos deben someterse a las reglas del juego, a las normas legales imperantes. Y si una empresa que, creyendo en el suministro de gas argentino, se embarc� en una actividad econ�mica que le dio beneficios y se ve expuesta ahora, por problemas que a lo mejor escapan a su voluntad, a una situaci�n de insolvencia, creo que no es bueno que el Congreso trate de interferir en ese proceso. O sea, si dicha empresa debe quebrar, que lo haga. Del mismo modo, si una distribuidora de energ�a el�ctrica toma la decisi�n de contratar todo el suministro con una empresa, la cual despu�s quiebra, esa distribuidora sufrir� los efectos provocados por aqu�lla, pero es su problema. Por otro lado, la naturaleza de servicio p�blico de la distribuci�n permite a las autoridades de Gobierno intervenir directamente para impedir la cesaci�n del suministro. Y, en cuanto a los clientes regulados, existe una normativa legal que impide que las alzas de precios se les transfieran inmediatamente. Pero, dada la situaci�n actual del precio de los combustibles, probablemente la energ�a ser� m�s cara en el norte que en el resto del pa�s. Y en nuestro ordenamiento legal tambi�n hay medidas, subsidios, para permitir solventar ese mayor costo, que muchas familias nortinas no van a poder enfrentar con sus ingresos. Se�or Presidente, si para analizar esta materia hubiera dispuesto del tiempo que le dedicaron los miembros de la Comisi�n de Miner�a y Energ�a, a lo mejor yo no tendr�a tantas dudas. Pero, al leer la soluci�n que se propone, me da la impresi�n de que se est� tratando de resolver un problema muy espec�fico y que afecta a una empresa cuya producci�n depende por completo del gas y a una distribuidora que tiene la totalidad de sus contratos con ella. Y se est� creando toda una normativa para buscar el ajuste a esa situaci�n. Sin embargo, vamos a dictar una ley. No somos jueces. No estamos resolviendo un conflicto entre partes. Entonces, tras analizar las diversas disposiciones de esta iniciativa, veo que las generadoras que tengan contrato de suministro con una distribuidora para abastecer a clientes regulados pasar�n autom�ticamente a ser de segunda categor�a, pues sufrir�n sanciones especiales en caso de quiebra y quedar�n sujetas a numerosas cortapisas que no van a afectar a las generadoras sin esa clase de contratos. Me surgen, pues, demasiadas dudas. Yo no voy a votar en contra de este proyecto, se�or Presidente, sino que me abstendr� y har� reserva de constitucionalidad, porque me parecer�a tremendamente grave que, por solucionar un problema que es real, que existe, de alguna forma contradij�ramos lo que el Senador se�or Prokurica manifest� al comienzo de su intervenci�n: Chile posee una normativa que es ejemplo en el mundo. Y si es as�, debemos aplicarla objetivamente y no cambiarla cada vez que se presenta una situaci�n coyuntural como la descrita. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zald�var. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Se�or Presidente, estamos asistiendo a un debate de mucha altura sobre un asunto muy importante -no solo por lo que se halla involucrado, sino adem�s por el precedente que puede sentarse- y donde de alguna manera se repite parte de la discusi�n habida en la Comisi�n. Ahora bien, pienso que todos somos conscientes de que estamos ante una disyuntiva en que vamos a tener que optar por el mal menor. M�s a�n, yo dir�a que, m�s que adoptar una resoluci�n, debemos buscar cu�les son los bienes superiores de mayor significaci�n que requieren ser protegidos. En tal sentido, deseo por lo menos ayudar a situarnos con claridad en la direcci�n de sentar el mejor precedente. Comparto plenamente lo planteado por los Honorables se�ores Prokurica y Orpis; y no voy a abundar en lo que ellos sostuvieron, de forma bastante l�gica y persuasiva. S� me preocupan ciertos alegatos, bastante fundamentados, que hemos escuchado esta tarde, como los hechos por los Senadores se�ora Matthei y se�or Novoa, y tambi�n, la inquietud que expuso el Honorable se�or Sabag. Sobre esa materia, quiero formular un planteamiento que, a mi juicio, puede ayudar de alg�n modo. Cuando el Tribunal Constitucional, requerido en situaciones de esta naturaleza, no para el caso de la empresa en comento sino en general, ha establecido hasta d�nde se puede limitar el derecho de propiedad, ya sea por una carga o por un gravamen, ha sido un�nime para exigir cuatro condiciones: Primero, que las limitaciones sean razonables. Segundo, que deben quedar acotadas en el tiempo. Tercero, que han de estar dentro de un proceso l�gico. Y cuarto, que tiene que protegerse un bien general, un bien superior. Esas cuatro premisas fueron fijadas en el informe que se�al� aqu� el Presidente de la Comisi�n de Miner�a, Senador se�or Ricardo N��ez. �Qui�n puede decir que no es razonable la soluci�n que hoy se nos plantea? Lo no razonable ser�a que la autoridad no hiciera nada, porque con ello se les causar�a un da�o a los clientes regulados, a los m�s d�biles, quienes no tienen nada que ver con la forma en que se les entrega el suministro el�ctrico, pues lo que necesitan es contar con �l, como muy bien expresaron los Senadores se�ores Prokurica y Orpis. En consecuencia, la autoridad, fundada en el bien com�n, nos ha propuesto ac� a trav�s del Ministro la soluci�n que considera m�s razonable. Ello, dentro de lo posible, por cierto. Porque estamos ante una empresa que hizo mediciones desde los puntos de vista comercial, industrial, en fin, pero se equivoc�. La Honorable se�ora Matthei me excusar� por decir que lo ocurrido a dicha empresa no se debi� a fuerza mayor ni a un imprevisto imposible de resistir. �No! Se trat� de un mal c�lculo. Y en ello Su Se�or�a tiene toda la raz�n, porque el Gobierno de la �poca y todos los que participamos en el asunto -la se�ora Senadora tambi�n- no vimos en la adquisici�n de gas argentino el peligro del incumplimiento. �No lo vimos! Y la referida empresa, que debi� haber tenido una sinton�a m�s fina -porque ella pose�a un bien patrimonial; nosotros est�bamos guiados por el bien com�n, lo que hace m�s f�cil equivocarse-, realiz� una inversi�n de 800 millones de d�lares, por la cual en estos a�os ha obtenido un r�dito (no me voy a preocupar de cu�nto; pero cr�anme cuando se�alo que seguramente no le ha ido mal). Sin embargo, llegado el momento no se cumpli� el compromiso contra�do. Pero -repito- eso no es fuerza mayor, no es imprevisto. �As� de claro! Se�or Presidente, lo que aqu� se plantea es razonable. El Gobierno, fundado en el bien com�n, nos reclama que busquemos una soluci�n. Si no se encuentra, la empresa no va a estar en condiciones de cumplir. Nosotros le estamos diciendo que en un tiempo acotado, 18 meses, deber� cumplir, porque el contrato firmado -por favor escuche, Senadora Matthei- la obliga hasta el 31 de diciembre de 2010. Y la autoridad puede fijar el precio de nudo cada seis meses. Se�or Presidente, aqu� no estamos construyendo un sistema expropiatorio ni de desmanes contra la propiedad, porque se fija un tiempo determinado: 18 meses. Adem�s, todos sabemos que la empresa en comento es parte de una que participa en el negocio el�ctrico en nuestro largo y angosto pa�s, pero tambi�n en otros. Y cuando ellas realizan inversiones de tal magnitud deben asumir este tipo de situaciones. Porque en Chile el negocio el�ctrico es interesante; si no, no existir�a. Y qu� bueno que sea as�. Por ello, como nos pide el Senador se�or Sabag, debemos cuidar de que esta normativa no siente precedentes que el d�a de ma�ana puedan llevar a no invertir. Ahora, lo que dijo el Honorable se�or Prokurica es de sentido com�n: "No es admisible decir, cuando las cosas se ponen dif�ciles, que no se llega m�s lejos". �No, pues! No es l�cito pensar que cuando los negocios andan bien son buenos y se deben mantener, pero si andan mal hay que dejarlos botados y que pague la gente. Se�or Presidente, este proyecto es razonable; est� acotado en el tiempo, y, adem�s, es l�gico. Porque �qu� quieren que hagamos? �C�mo la gente no va a tener para prender la luz! El Ejecutivo est� planteando algo l�gico, no atrabiliario. Al contrario, su actuaci�n refleja inteligencia, prudencia. Y, si no obrara as�, creo que dar�a la peor se�al, pues facultar�a a algunos para decir: "Bueno, si no puede resolver problemas como este, no tiene derecho a seguir gobernando". Ser�a l�gico, si se dejara de entregar un servicio tan elemental como el el�ctrico. La otra condici�n, se�or Presidente, es el basamento en un bien superior. �Qu� bien mayor que el abastecimiento el�ctrico, que es un servicio p�blico! Y si el problema no se resuelve, alguien perfectamente podr�a concluir: "Vamos a tener que estatizar", como se dijo en la Comisi�n. En verdad, eso no ser�a la soluci�n. Pero si ma�ana el sistema no fuera capaz de entregar luz a la gente, por cierto que se deber� tomar determinaciones que quiz� no sean las m�s convenientes. Por todo lo dicho, se�or Presidente, creo que lo que nos ha tra�do el se�or Ministro de Energ�a, en la forma como fue planteado en la Comisi�n, es lo menos malo, lo que se puede hacer. Y no me cabe duda de que el precedente que siente la soluci�n dada mediante la ley en proyecto servir� para reforzar la seriedad con que estamos resolviendo las cosas entre nosotros. Ahora, si alguien quiere recurrir de constitucionalidad, est� en su derecho. Si ma�ana la empresa afectada estima que el camino es un recurso ante los tribunales superiores, estar� en su derecho. Pero pienso que nuestra obligaci�n hoy d�a es llenar el vac�o legal existente, a fin de que en el futuro no nos veamos abocados a un estado de cosas en que, cualesquiera que sean las razones, la poblaci�n, y sobre todo la gente m�s modesta, quede expuesta a una situaci�n cr�tica que no podr� superar de ninguna manera. En consecuencia, respaldo el proyecto, con los 18 meses previstos en �l. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or V�squez. El se�or V�SQUEZ.- Se�or Presidente, quiero confirmar algunas apreciaciones hechas ac� y formular un par de observaciones adicionales. Partamos de una base: aqu� estamos enfrentando la situaci�n que se da a ra�z de la posibilidad de que la sentencia de un juicio en curso vaya en determinado sentido. Pero entendamos bien. Aqu� nos encontramos ante el problema derivado de un contrato respecto del cual cierta empresa dice: "Yo no puedo seguir cumpliendo. En funci�n de fuerza mayor; sobre la base de la teor�a de imprevisi�n, o por otros motivos, me voy a excusar, necesito cambiar este instrumento". En consecuencia, debemos estar en primer lugar, respecto de si lo ocurrido se debe a fuerza mayor o a imprevisi�n, a lo que resuelva el tribunal correspondiente. Entonces, no voy a entrar a pronunciarme sobre ello. Sin embargo, tengo claro que, si la sentencia se�ala que la empresa pertinente tiene la obligaci�n de continuar generando y cumpliendo estrictamente el contrato, no nos encontramos frente a una situaci�n inconstitucional. Pero, adem�s, quiz� hemos olvidado una segunda cuesti�n: la empresa generadora es tal en funci�n de un contrato con el Estado de Chile, de la concesi�n que le otorg� precisamente la licitaci�n que le permiti� ser generadora. En consecuencia, tambi�n estamos en presencia de una suerte de contrato -por lo menos de un convenio- entre el Estado y la generadora, que obliga a esta a cumplir con el abastecimiento durante el proceso de licitaci�n. O sea, aqu� estamos frente a dos v�nculos contractuales especiales, uno de Derecho P�blico y otro de Derecho Privado. Pero s� es claro que ambos se refieren al abastecimiento en dos sectores distintos: uno libre, donde se convinieron condiciones de precio y entrega, y otro regulado, porque el consumidor residencial o comercial no tiene opci�n de negociar con la empresa. Por consiguiente, como muy bien expres� el Honorable se�or Zald�var, apoy�ndose en lo se�alado por los Senadores se�ores Orpis y Prokurica, en esta segunda situaci�n nos hallamos ante una causa de utilidad p�blica. Entonces, cuando se plantea la posible inconstitucionalidad, nos encontramos primero con que tenemos enfrente situaciones contractuales que, de ser resueltas por un tribunal de justicia como obligaci�n de cumplimiento, no pueden ser contrarias al Texto Fundamental. Pero hay m�s: nuestra Carta se�ala expresamente que un bien o una actividad econ�mica determinada pueden ser expropiados cuando median razones de utilidad p�blica� La se�ora MATTHEI.- �Pero pagando! El se�or V�SQUEZ.-�que permitan al Estado intervenir. Por tanto, aqu� no existe un abuso de parte del Estado de Chile, sino que este dice: "Usted vino, licit� y se comprometi�. Cumpla lo convenido. Y, adem�s, lo voy a obligar en funci�n de que aqu� intervengo con una legislaci�n especial, por causa de utilidad p�blica". No podemos olvidar, se�or Presidente, que en este caso hay una licitaci�n previa. Por ende, a partir de ese hecho, lo que est� haciendo el Estado mediante la legislaci�n en proyecto es regular a fin de convenir una soluci�n que no perjudique tanto. Porque, si no hici�ramos nada, tendr�amos que encarar uno de dos problemas: o, por un lado, la empresa simplemente cierra la llave, cesa en el suministro, afecta a terceros,� El se�or PROKURICA.- Se queda con los bienes. El se�or V�SQUEZ.-�se queda con los bienes; o por otro, a ra�z de su propia imprevisi�n y frente a la situaci�n creada por ella, no cumple, exige valores m�s caros y, adem�s, perjudica a quienes no tienen ninguna defensa, rompiendo las normas iniciales de la licitaci�n. Por eso, en mi criterio, aqu� no estamos frente a una situaci�n inconstitucional, sino, por el contrario, ante la necesidad del Estado de solucionar un problema que se visualiza. Ser�a mucho peor -dig�moslo de frent�n- que el Gobierno no previera una situaci�n que se viene encima, que puede significar un blackout en toda la zona norte. Ahora, frente a la afirmaci�n de un se�or Senador en el sentido de que existen otras f�rmulas para solucionar el problema desde los puntos de vista legal y constitucional, quiero recordar que, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, hay una sola. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- �Cu�l? El se�or V�SQUEZ.- La de declarar estado de emergencia, con designaci�n de Jefe de Zona, y, en seguida, nombrar un administrador de la empresa que no haya logrado cumplir con el contrato y haya cortado el suministro. O sea, se tratar�a de una situaci�n de alteraci�n de la normalidad constitucional, debido a un problema de car�cter econ�mico. Nos parece una soluci�n final excesiva como para dejar de contemplar una salida por la v�a de una legislaci�n. Las normas que nos ocupan, como lo expresaron los Senadores se�ores Prokurica, Orpis y Zald�var, fueron estudiadas con sumo cuidado por la Comisi�n -y ello me consta, porque particip� en alguna medida en el debate- y son las menos malas, dentro de lo posible. Dig�moslo simplemente as�. Porque no existe ninguna soluci�n aceptable ni �ptima, en la medida en que nos hallamos en una coyuntura absolutamente obligada, en la cual existe un perjudicado por el lado que se mire. Por estas razones, anuncio mi voto favorable al proyecto. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or TOKMAN (Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a).- Se�or Presidente, deseo comenzar mi intervenci�n agradeciendo el trabajo de la Comisi�n de Miner�a y Energ�a. Se trata de un tema muy complejo, por lo cual se dedicaron varias sesiones a su estudio, se trabaj� con los distintos asesores y se escuch� a las empresas. El Ejecutivo, por su parte, retir� al proyecto la urgencia de "discusi�n inmediata", para el efecto de una consideraci�n cuidadosa de su contenido. Asimismo, los se�ores Senadores recogieron de manera un�nime -el Ejecutivo estuvo de acuerdo- las observaciones que se estimaron que perfeccionaban el texto. La situaci�n actual del norte, en t�rminos de electricidad, es bastante fr�gil. Producto de la disminuci�n de los env�os de gas desde Argentina, la capacidad de generaci�n basada en ese elemento no est� disponible. Existen centrales que originalmente fueron dise�adas para producir sobre la base de gas y que pueden operar con di�sel gracias a las inversiones realizadas, pero que est�n enfrentando dificultades debido a que no se las concibi� para funcionar continuamente con este �ltimo producto. Por eso, se espera que una de ellas permanezca fuera de actividad por varios meses. Adem�s, un accidente afect� a la cinta transportadora que lleva carb�n a otra central que opera con ese combustible. Entonces, frente a la realidad que aqueja a la zona norte, no podemos correr el riesgo de que, por razones econ�micas y comerciales, cese la capacidad de generaci�n de una empresa que se halle en proceso de arbitraje o en quiebra, pues eso significar�a, sin lugar a dudas, problemas de racionamiento en ese sistema. Responsablemente, no podemos gastar m�s tiempo en la discusi�n. Hemos ocupado todo el que ha sido necesario; hemos llegado a la unanimidad; hemos analizado todos los puntos de vista, y, si queremos actuar en forma consciente, no podemos mirar para el lado cuando hemos identificado un vac�o en la ley. No habr�a habido nada mejor, Senador se�or Novoa, que la Ley Corta II se hubiera hecho cargo de estos asuntos y hubiese anticipado qu� ocurre cuando una empresa quiebra o un �rbitro "bota" un contrato. Pero, por desgracia, ello no se encuentra contemplado. Entonces, responsablemente, no estamos en condiciones de decir: "Bueno, que la empresa quiebre, no m�s, y que el �rbitro "bote" los contratos, no m�s. Luego veremos qu� pasa". Porque sabemos que la ley no se�ala qu� sucede en esos casos y nada garantiza el abastecimiento suficiente para hacerse cargo de la demanda en el norte. En este momento, tomando en cuenta los precios de los metales y la importancia de la actividad minera para la econom�a, como un todo, no podemos darnos el lujo de que esa producci�n disminuya como resultado de la carencia de energ�a para satisfacer sus demandas. Y, en seguida -lo que es mucho m�s importante a�n-, no podemos permitirnos, frente a una quiebra o al t�rmino de un contrato, sembrar la incertidumbre de si las familias recibir�n electricidad o no y a qu� precio. Concuerdo por completo en que es un mal precedente tener que regular respecto de un caso espec�fico y hacerlo con tanto apuro. Ello se justifica ahora, lamentablemente, por existir un bien superior: asegurar que no haya dificultades de racionamiento en el suministro el�ctrico a las familias. Por tal motivo, nos hemos visto obligados a proponer una salida particular para el problema. Sin perjuicio de eso, se tomaron en cuenta varias modificaciones conducentes a evitar las inconveniencias del precedente que pueda generar el proyecto en debate. En primer lugar, la soluci�n que plante� inicialmente el Ejecutivo se refer�a a una propuesta permanente y en el Senado se lleg� a una f�rmula transitoria, justamente para ver c�mo resolvemos el asunto concreto dentro de la situaci�n de estrechez energ�tica que nos aqueja en este momento. Como se trata de no fijar precedentes -repito- e incentivos perversos, consideramos exclusivamente la etapa actual. En segundo t�rmino, debido a que puede existir un aliciente enorme para que una generadora y una distribuidora se pongan de acuerdo a fin de "botar" un contrato que signifique m�s costos que beneficios, establecimos que, ante cualquiera de esos casos, debe participar en adelante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con el objeto de velar por los intereses de los clientes regulados. Asimismo, en la eventualidad de llegar a la etapa en la cual los generadores deben compartir el costo de mantener el suministro para los clientes regulados, determinamos que el c�lculo de la prorrata se haga sobre la base de la capacidad instalada en el momento de la publicaci�n de la ley. De esta forma evitamos efectos sobre las decisiones futuras de inversi�n. Tal vez se nos pudo haber pasado algo, pero la preocupaci�n del Senador se�or Novoa estuvo muy presente en todas nuestras discusiones. Lamentablemente, la ley vigente no cubre las situaciones en estudio, como lo demuestran los ejemplos. Es decir, si hubiera sido posible anticipar las cosas, sin llegar a la realidad que se plantea, Sus Se�or�as podr�an haberlo hecho cuando discutieron las respectivas iniciativas legales y haber incorporado las soluciones necesarias. Sin embargo, eso no fue previsto. Y no ocurri� solamente en este caso, sino tambi�n en otros. Hoy d�a recordaba dos ocasiones en las que me correspondi� intervenir, desde el Ministerio de Hacienda, al plantearse la necesidad de legislar con motivo de asuntos que presentaron la misma dificultad: en un momento ocurri� algo demostrativo de que la ley no contemplaba una soluci�n. Una de ellas fue el problema de INVERLINK, con relaci�n al cual fue necesario normar -creo que con el acuerdo un�nime de la Sala- la manera de proteger a los afiliados a la Isapre que depend�a de dicho grupo econ�mico. Y, con un menor grado de acuerdo, legislamos para asegurarnos de que no se aprovechase un vac�o en la Ley de la Renta al venderse una empresa minera, operaci�n en la que se quer�a evitar el pago del impuesto a la ganancia de capital. En conclusi�n, se trata de algo que ocurre siempre. El que un caso particular muestre la existencia de un vac�o legal no debiera suceder, idealmente; pero es justamente el hecho de que se presente el que pone en evidencia este �ltimo. Ahora bien -y desde ya me excuso por no ser abogado-,... El se�or COLOMA.- Eso es grave, se�or Ministro. El se�or PROKURICA.- �Muy grave! El se�or N��EZ.- �Lo felicito! El se�or NAVARRO.- �Bien, Ministro! El se�or TOKMAN (Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a).-�quiero hacerme cargo de dos argumentos expuestos acerca de la eventual inconstitucionalidad del proyecto. Uno de ellos se refiere a la avocaci�n de causas pendientes. En primer lugar, debo dejar muy claro que la iniciativa no establece c�mo debe fallar el �rbitro, sino qu� acontece al no encontrarse vigente el contrato por fallar en derecho ese juez que se le debe poner t�rmino. En seguida, la normativa no modifica, para nada, la total independencia del juez para fallar, quien debe resolver conforme a derecho. Tercero, la ley en proyecto no incurre en acto de jurisdicci�n alguno. El proceso est� pendiente y no se alteran los derechos de las partes. Cabe agregar que existen diversos ejemplos de juicios o procedimientos administrativos pendientes durante la tramitaci�n en el Parlamento de un proyecto finalmente aprobado y que se convierte en ley. El tema ha sido llevado al Tribunal Constitucional -me refiero a casos como el del C�digo de Aguas y el de las disposiciones sobre negociaci�n colectiva-, organismo que siempre ha sostenido que la normativa pertinente se conforma a la Carta. El Honorable se�or Zald�var se�al� que ello ocurrir� siempre que se cumplan todos los puntos que mencion�. Y no tenemos dudas de que en esta iniciativa se satisfacen todas esas condiciones. Ahora, el Senador se�or Sabag plante� la interrogante de si podr�a ser expropiatorio e inconstitucional disponer que se siga obligado, durante 18 � 12 meses, por un contrato que significa una p�rdida. Se debe hacer presente que no se trata de una privaci�n o una expropiaci�n, sino de una limitaci�n del derecho de dominio, fundada en la existencia de un inter�s p�blico comprometido. Ya expresamos que estamos tratando de resguardar la utilidad p�blica, que corresponde a la funci�n social de la propiedad. La idea es que el norte no se quede sin luz y que la legislaci�n es precisamente para proteger a las familias y a los clientes regulados, que son la justificaci�n de por qu� contamos con todas estas normativas. La obligaci�n de la empresa es hasta por 18 meses, o sea, puede no ser necesariamente el per�odo completo -en el proyecto original del Ejecutivo se establec�an hasta 12 meses, no que deb�an ser 12 meses-, porque siempre es posible adjudicar la licitaci�n antes. No se trata de una limitaci�n caprichosa, sino razonada, y permite dar una soluci�n de continuidad al problema de la distribuidora sin contrato. Es una carga acotada en el tiempo. Hemos se�alado que la norma es transitoria, pudiendo durar un m�ximo de 12 meses, de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo; pero, con la modificaci�n que se introdujo, el lapso se cambi� a 18 meses. La se�ora MATTHEI.- �Me permite una pregunta, se�or Ministro? El se�or TOKMAN (Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a).- S�, se�ora Senadora. La se�ora MATTHEI.- Con su venia, se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupci�n, Su Se�or�a. La se�ora MATTHEI.- Quer�a formularle una consulta al se�or Ministro sobre lo que acaba de decir en el sentido de que el per�odo es hasta 18 � 12 meses. �Qu� incentivo tiene la distribuidora para adelantar la licitaci�n? Mi impresi�n es que, con esta norma, el incentivo de esa empresa es llegar hasta el �ltimo d�a del plazo legal, porque, en el fondo, tiene asegurado un muy buen precio. Gracias. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede continuar el se�or Ministro. El se�or TOKMAN (Ministro Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a).- Se�or Presidente, terminar� mi exposici�n y despu�s le responder� a la se�ora Senadora. Subrayo que no se priva de ninguna facultad esencial del derecho de dominio. Solo se limita, por un tiempo determinado, el lucro que la empresa pueda percibir. No se afecta el derecho a desarrollar una actividad econ�mica. No se priva de la tutela jur�dica ni se obstaculiza m�s all� de lo razonable. Quiero dejar bien en claro que aqu� no estamos hablando de expropiar, sino de limitar en raz�n de la funci�n social de la sociedad, pues existen razones de utilidad p�blica. En todo caso, nos estamos refiriendo a una actividad regulada. Y, en la medida en que las regulaciones sean racionales, l�gicas, en aras de un bien jur�dico superior, e impongan grav�menes razonables y acotados, son permitidas. As� lo ha fallado en otras ocasiones el Tribunal Constitucional. Las consideraciones anteriores permiten despejar, a nuestro modo de ver, las dos dudas de constitucionalidad planteadas. Reitero que hemos presentado el proyecto de ley con una transitoriedad. Podr�a darse el caso de que el problema de la empresa que se considera o de otra en la misma situaci�n ocurriera en 2009, en 2010. Entonces, se establecen 18 � 12 meses, pero ya se habr�a adjudicado, mediante las licitaciones en curso, el suministro de energ�a a partir de 2010 y de 2011, con lo cual necesariamente el hecho suceder�a antes de cumplirse el per�odo completo. Por eso se�alo que se trata de un m�ximo de 18 o de 12 meses. Pero existen situaciones en que si el problema no se plantea hoy d�a, sino en cualquier per�odo dentro de la transitoriedad que establece la norma, y ya se han efectuado las licitaciones para el suministro a partir de esa fecha, es evidente que, en ese caso, el plazo de 18 meses ser�a suficiente. La se�ora MATTHEI.- Estamos en 2007, se�or Ministro. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Hago presente a la Sala que restan 15 minutos del Orden del D�a. Tiene la palabra el Honorable se�or Girardi. El se�or GIRARDI.- Se�or Presidente, solo deseo expresar que respaldo el proyecto en estudio. Pero quiero dejar bien en claro que las medidas que estamos tomando son paliativas; que nunca debi�ramos haber llegado a la situaci�n en que nos encontramos; que es evidente que, si existiera una pol�tica que definiese el inter�s del pa�s y estableciese una estrategia nacional de energ�a, jam�s habr�amos optado por este camino. Mas no hay otra alternativa: somos rehenes de una crisis. Ahora bien, me gustar�a dejar establecidos dos elementos. En primer lugar, el problema se podr�a haber anticipado. Ello es, en parte, responsabilidad nuestra, porque hemos permitido que los intereses -que pueden ser leg�timos- de los actores privados en el sector sean los que definan la pol�tica. Y somos rehenes a sabiendas, porque el Congreso Nacional sab�a en 2002 que no iba a haber gas. Somos todos responsables, tanto Diputados como Senadores, por dejar que se vulnerara la soberan�a nacional, porque no fuimos capaces de hacer nada. Las decisiones que se debieron haber tomado en ese momento no se adoptaron. En 2002 segu�amos todos yendo cada vez m�s r�pido a un precipicio, como en un tren, mientras en el pa�s se realizaba el plan indicativo de obras para el gas natural, en circunstancias de que todos nos hall�bamos enterados de que iban a existir problemas con Argentina. El Senador que habla, por lo menos, quiere aprender de esa lecci�n. Porque si hoy no hacemos nada, estamos ante un racionamiento potencial. �Por qu�? Porque se crean incentivos perversos. No solo la empresa en cuesti�n est� en dificultades, sino que tambi�n otras acaban de ver alterada su cinta transportadora de carb�n. Si no hacemos nada, a estas �ltimas les ser�a mucho m�s f�cil profundizar la crisis que hacerse cargo del problema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tomar medidas absolutamente paliativas, justamente para evitar una situaci�n que vaya reclutando nuevos actores en crisis. Me parece que, por el bien del pa�s, es fundamental tomar las decisiones que no fuimos capaces de adoptar antes. Cuando uno no hace bien la "pega", despu�s est� obligado a efectuarla menos bien. Y me incluyo en la autocr�tica, porque tambi�n era parlamentario en esa �poca. En segundo lugar, deseo poner la cuesti�n en un contexto global. Estimo que a nivel planetario est� pasando lo mismo que sucedi� en Chile con el gas. Es decir, son tan fuertes los intereses de corto plazo, que los intereses privados -que no ten�an por qu� preocuparse del pa�s, pues se supone que ello lo hacen otros: los parlamentarios, los que toman las decisiones de Estado, los partidos pol�ticos- ganaron el lobby del gas para que se explotara hasta la �ltima gota de ese recurso y se silenciara la crisis que ven�a. Porque el negocio era brutal. �Claro! Cuando se compra a un d�lar el mill�n de BTU y se vende a 20, el negocio es muy grande hasta la �ltima gota. En mi opini�n, nos encontramos en el mismo contexto que el problema del petr�leo. Se sabe que el crudo durar� 30 a�os m�s en el planeta y que se avecina una crisis profunda de abastecimiento. Pero la sociedad occidental se ha edificado en torno de ese combustible. Se habla de una "civilizaci�n del petr�leo". Este �ltimo ha permitido la globalizaci�n, el transporte, la agricultura, los agroqu�micos, los fertilizantes. Su estructura jer�rquica tiene un s�mil, un espejo, que es c�mo se configura la sociedad, la cual nunca hab�a registrado un sistema tan acentuado en ese aspecto y, por lo tanto, tan dif�cil y poco flexible para enfrentar la crisis. �nicamente deseo se�alar que debi�ramos poner el punto en el contexto del petr�leo, porque este no solo va a seguir aumentando sus costos, sino que en algunos a�os m�s, cuando lo queramos, no vamos a conseguirlo. En efecto, las naciones desarrolladas no se lo dar�n a Chile, aunque cuente con recursos econ�micos para comprarlo. Porque un pa�s como Estados Unidos -y en ello existe una tremenda inequidad, no solo social, sino tambi�n energ�tica- gasta 12 mil kilowatts hora de energ�a al a�o; nosotros, solo 2 mil 200. La mitad de la Humanidad consume menos de mil, y un tercio de ella, nada. Entonces, como hay actores que se incorporar�n al consumo (pa�ses, ciudadanos), vendr� una crisis brutal. Quiero poner esto en contexto, porque creo que las pol�ticas energ�ticas y de desarrollo tambi�n deben situarse un poco en lo que est� pasando en el resto del planeta. �Si Chile no es un pa�s aislado, ni un Estado absolutamente al margen o aut�nomo con respecto a lo que sucede en otras latitudes! Lo planteo porque se encuentra presente el Ministro de Energ�a. Nuestro principal desaf�o es aprender para que nunca m�s nos ocurra lo mismo. Y el se�or Ministro tiene la responsabilidad -tambi�n nosotros- de establecer, por primera vez, las bases de una pol�tica nacional de energ�a cuyos principios rectores sean los intereses del pa�s y no otros. Estoy de acuerdo en que puede haber opiniones distintas, pero me gustar�a que todos estuvi�ramos concurriendo a construir una pol�tica energ�tica nacional. Algunos ser�n partidarios de la energ�a nuclear; otros, no. Sin embargo, creo que nos enfrentamos a una crisis mucho m�s profunda que la que nosotros esper�bamos: una crisis poblacional. El planeta tiene hoy 6 mil millones de habitantes. Luego tendr� 7 mil u 8 mil millones, cada uno con necesidades de consumo energ�tico. Sus se�or�as saben que nos encontramos con una importante cantidad de di�xido de carbono y que inexorablemente avanzamos hacia un proceso de glaciaci�n. Los par�metros entre los cuales se regula la temperatura en el planeta van de 200 partes por mill�n de CO2 a 400 partes por mill�n. Menos de 200 partes por mill�n significa glaciaci�n, y m�s de 400, aceleramiento en los procesos de calentamiento global. Nosotros sobrepasaremos muy r�pido las 400 partes por mill�n, sin retorno. Es decir, la probabilidad de que el planeta Tierra se transforme en un planeta Marte es muy alta. Y cuando eso ocurra -en 30 � 40 a�os, no en 100-, estar� en cuesti�n no solo el g�nero humano, sino toda forma de vida. Menciono el punto, porque creo que aqu� existe un contexto de desarrollo energ�tico. S� que hay colegas que han estado trabajando en el tema muy seriamente, como los Honorables se�ores N��ez y Prokurica. Tambi�n el Senador se�or Orpis, de la bancada de enfrente, con quien tenemos otro tipo de diferencias. Me parece que a Su Se�or�a es preciso hacerle una terapia para que respete tambi�n los parques nacionales y efect�e un aporte tan importante como el que ha realizado en materia energ�tica. El se�or CHADWICK.- �Un curso..! El se�or GIRARDI.- �No requiere un curso, sino una terapia intensiva..! Considero que en el debate sobre una pol�tica energ�tica hay una responsabilidad del Senado y del Congreso, pero que va mucho m�s all�. En tal sentido, quiero conminar al se�or Ministro y conminarnos a nosotros mismos a cambiar el c�rculo perverso que hemos tenido y definir una pol�tica nacional que est� por sobre intereses espec�ficos, por leg�timos que puedan ser, y donde prime el inter�s nacional, a fin de que nunca m�s nos veamos en la situaci�n en la que hoy nos encontramos: como rehenes de malas decisiones tomadas en el pasado. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Coloma. El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, voy a hacer algunos comentarios con respecto a este proyecto, que el Senador se�or Orpis, de nuestra bancada, ha se�alado en forma reiterada como bastante importante. Y, efectivamente, todos hemos aprendido que este es un tema complejo, dif�cil, con muy distintas aristas. Desde un punto de vista t�cnico, se ha planteado lo que puede y no puede ocurrir. Pero nuestra misi�n, m�s all� de lo t�cnico, es analizar si el texto propuesto cumple con los requisitos constitucionales que debe reunir cualquier normativa legal. Como dijo el Senador se�or Orpis, varios hemos estado investigando qu� puede y no puede ocurrir. Desde mi perspectiva, hay dos cuestiones elementales. No es grave que haya vac�os en las leyes. Ojal� no existieran, pero ellos se pueden llenar. La vida es una sucesi�n de cambios. Si no, tendr�amos una Constituci�n y normas p�treas que nunca podr�an modificarse. Y tampoco es grave que pueda haber juicios en determinada materia. Puede haber m�ltiples juicios en infinidad de materias. Lo que pasa es que en este caso particular estamos ante una normativa que claramente -desde mi punto de vista, al menos- se avoca un juicio pendiente. �Qu� significa esto? Que lo que diga la ley necesariamente influir� en lo que de manera leg�tima es controvertido entre partes. Entonces, se�or Presidente, una cosa es la naturaleza del problema, y otra, que las soluciones sean todas muy complejas y dif�ciles. Sin embargo, en mi opini�n -en esto tengo el defecto de ser abogado-, hay a lo menos tres principios que claramente se hallan puestos en duda. Primero, el no avocarse causas pendientes. A m� siempre me llam� la atenci�n cuando lo estudi�, porque se encuentra contenido en una norma que ha pasado por todas las Constituciones y existe desde siempre. En la parte relativa al Poder Judicial, se proh�be expresamente al Presidente de la Rep�blica y al Congreso avocarse causas pendientes. No es que haya causas pendientes que inhabiliten para disponer leyes. �No! Es avocarse. O sea, que lo que aqu� se genere tenga efecto en un fallo que hoy se encuentra pendiente. Y eso, en esta materia, como en cualquier otra, es una cuesti�n superdelicada. Porque lo que plantea la iniciativa es qu� ocurre en el caso de una sentencia a o b, seg�n el plazo en que esta se dicte o se inicie el juicio. Desde mi perspectiva, se�or Presidente, y m�s all� del tema de fondo, los principios son como las estrellas que alumbran la noche. Uno no puede desapegarse de ellos so pretexto de que un problema es demasiado grave. Porque cuando uno pierde la l�gica constitucional, pierde tambi�n el orden institucional. Una segunda duda tiene que ver con el derecho de propiedad, pero desde una �ptica distinta de la que aqu� se ha planteado, que yo nunca hab�a escuchado. �Qu� pasa -estoy hablando de principios, de leyes que deben producir efectos generales- con un acreedor valista, que puede no ser el propietario? Supongo que en una eventual quiebra habr� varios acreedores valistas, y que producida la deuda equis, los activos puedan ser media equis. Se entiende que se paga la mitad. Pero, de mantenerse en el tiempo, de irse acumulando la deuda dentro de cierto plazo, los generadores obligados a entregar energ�a -y aqu� estamos entrando en la tercera parte- podr�n cobrar preferentemente algo, pero el resto ir� de nuevo a la masa y lo que podr� cobrar ya no ser� media equis, sino un cuarto, un octavo o un d�cimo de equis. Obviamente, lo anterior genera efectos a un tercero, que puede ser un proveedor de cualquier cosa (de zapatos industriales, por ejemplo). En efecto, si la quiebra se produce en determinado momento, puede tener opci�n de cobrar algo; pero, si transcurren 18 meses, no podr� cobrar nada. Y, en tercer lugar -veo que se analiz� muy r�pido-, tengo una duda con respecto a la naturaleza de la obligaci�n que la iniciativa impone al generador comercial que deber� inyectar energ�a a p�rdida para mantener funcionando el sistema respectivo. Porque, dentro de su leg�timo derecho de propiedad y libertad, ese generador pudo no haber querido, originalmente, entrar al negocio, por una cuesti�n de precios; pudo haber actuado en la forma inversa a como muchos se�alaban y haber dicho: "�Sabe que m�s? Desconf�o del gas argentino, desconf�o de lo que pueda ocurrir con los tratados internacionales, desconf�o de lo que pueda pasar, as� que no entro al negocio". Sin embargo, en virtud de esta normativa, aunque hubiera hecho todo al rev�s de lo que se dice que se hizo mal, estar�a obligado a ponerse, en perjuicio de su patrimonio, para los efectos de dar cumplimiento a la ley. Entonces, se�or Presidente, le veo demasiados problemas de constitucionalidad a una soluci�n cuya complejidad entiendo. Si alguien tuviera una f�rmula m�gica, no estar�amos en esta discusi�n. Pero lo que nunca debe ocurrir es que una soluci�n, por dificultosa que sea, vulnere la Constituci�n, porque cuando uno empieza a aceptar que eso suceda, por la gravedad de un problema, quiere decir que ya no existe ning�n par�metro. Ahora, si alguien cree que igual hay que proceder en esos t�rminos, entonces cambiemos la Constituci�n. Esa es la otra opci�n: modificar la Carta Fundamental estableciendo que es posible avocarse causas pendientes; o que el derecho de propiedad tiene otras limitaciones que no conoc�amos, como ser�a, en este caso, la obligaci�n de proveer energ�a aun en contra de la voluntad del afectado; o la disminuci�n de una acreencia valista, aun cuando los plazos se hayan cumplido en conformidad a la Ley de Quiebras. Por eso, se�or Presidente -haciendo un alegato estrictamente constitucional; el t�cnico ya lo efectuaron otros-, quiero llamar la atenci�n sobre lo complicado que resulta aprobar una iniciativa respecto de la cual casi todos coinciden que presenta problemas de constitucionalidad. Yo, por lo menos, estoy convencido de ello, aunque me puedo equivocar. Y, en consideraci�n a eso, hago reserva de constitucionalidad. Sin embargo, me voy a abstener en la votaci�n. Entendiendo que este no es un problema f�cil, hay envuelta una cuesti�n de principios en la cual uno no puede decir: "Me guardo esta norma constitucional por un ratito". Porque los pa�ses que hacen eso, al final terminan guard�ndosela "varios ratitos". Y ello, en definitiva, nos afecta a todos. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Hago presente a la Sala que se han presentado indicaciones. Por tanto, si el proyecto es aprobado en general, podr�a ser visto por la Comisi�n esta tarde, ma�ana o cuando se estime conveniente, para proceder a su despacho. En votaci�n la idea de legislar. --(Durante la votaci�n). El se�or NOVOA.- Se�or Presidente, me abstengo, haciendo reserva de constitucionalidad, por las razones que indiqu� durante mi intervenci�n. El se�or GAZMURI.- Se�or Presidente, voy a votar a favor. Entiendo que la complicaci�n, m�s que constitucional, se plantea por la circunstancia de aprobar una ley cuando hay, si no un proceso judicial en curso, un arbitraje que tendr� efectos en materia de suministro. Yo entiendo que eso es as�. El problema, como se ha se�alado aqu�, es que ello pone de manifiesto que en la ley que rige la actividad -que es una actividad regulada, que produce bienes de uso p�blico y de bien p�blico- hay un vac�o. Entonces, no es que se est� reaccionando frente a una situaci�n particular, sino que, a ra�z de una situaci�n particular, estamos llenando un vac�o jur�dico que ha generado consecuencias durante un tiempo determinado. En ese sentido, me parece que la soluci�n propuesta se ajusta a Derecho y, al mismo tiempo, resguarda el bien com�n que significa el suministro el�ctrico para el conjunto de usos que se desarrollan, en este caso, en el Sistema Interconectado del Norte. Considero, adem�s, que est�n bien puestos los incentivos y los costos de la soluci�n, en la medida en que se ha resuelto -lo cual estimo completamente razonable- que los eventuales costos de la aplicaci�n de la ley en los dos casos que esta no preve�a no recaigan en los consumidores regulados. Se ha dicho aqu� que cierta carga podr�a corresponder a las generadoras que no estuvieron en el conflicto. Y eso es, efectivamente, lo que la normativa dispone, pero estableciendo, asimismo, que se podr�n resarcir de esa carga con los tambi�n eventuales recursos que se obtengan de la empresa generadora en quiebra que no pudo cumplir sus contratos. Sin embargo, creo que esa carga tiene justificaci�n tanto desde el punto de vista econ�mico cuanto desde el punto de vista constitucional y jur�dico, porque esas empresas forman parte de un circuito regulado. No ocurre lo mismo con las empresas que no forman parte de circuitos regulados de producci�n de bienes que no poseen tales caracter�sticas. Por lo tanto, soy de la opini�n de que la normativa en votaci�n resiste cualquier examen de constitucionalidad, por los bienes p�blicos que est�n en juego y tomando en cuenta el conjunto de disposiciones constitucionales. Y ello, sin perjuicio de considerar que en la actual Carta de 1980, con todas las reformas que se le han introducido, a�n subsiste una concepci�n muy poco cuidadosa en el sentido de regular con mayor claridad la funci�n social que tiene la propiedad, sobre todo en determinadas �reas de la producci�n de bienes p�blicos. Pero, en fin, esa es otra discusi�n. En todo caso, pienso que aun con la actual Carta Fundamental, de inspiraci�n bastante liberal, se sostiene la constitucionalidad de una normativa regulatoria como la que nos ocupa. Voto a favor. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, primero quiero contestar al Senador se�or Girardi. Aqu� estamos legislando a prop�sito de una coyuntura. En el plano energ�tico existen dos grandes problemas. Uno es el del norte, y otro, el del sur. B�sicamente, el cuello de botella se produce con los permisos ambientales. En consecuencia, se establece ahora una serie de disposiciones para tratar de hacerlos m�s expeditos, no cambiando las normas sustantivas, sino haciendo m�s fluidos los preceptos ambientales, las autorizaciones, las notificaciones, para que efectivamente los proyectos energ�ticos empiecen a caminar en todo el pa�s. No obstante, es necesario hacer un fast track energ�tico porque estamos en medio de una crisis. En segundo lugar, se�or Presidente, aqu� se ha planteado el tema constitucional respecto de una cara de la moneda. Y yo quiero dejarlo a la reflexi�n. �Es constitucional o no que a terceros completamente ajenos a un contrato se les termine obligando a generar? Es decir, la duda de constitucionalidad se plantea en torno a quien origin� el contrato, pero no en cuanto a los terceros que no fueron parte en �l y que por imposici�n de la ley quedar�an, en definitiva, obligados a generar. �A qu� voy? A que la soluci�n no es f�cil, sino tremendamente compleja. Y hemos tratado de abordarla con la idea de mantener la seguridad del sistema y no terminar cargando, al final, a los clientes regulados. Por �ltimo, se�or Presidente, quiero decir que no necesito una terapia medioambiental. El Senador se�or Girardi siempre habla del planeta. Yo le har�a una terapia de geopol�tica, porque resulta que Arica y Parinacota est�n en la frontera, tremendamente debilitadas y con mucha cesant�a. Y ah� la actividad floreciente deber�a ser la minera, que es perfectamente compatible con el medioambiente. �As� que, si Su Se�or�a me da su terapia, yo le doy una terapia de geopol�tica...! Voto que s�. La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, me voy a abstener. M�s all� del tema de constitucionalidad, planteado tanto por el Honorable se�or Novoa como por la Senadora que habla, aqu� se ha sostenido que finalmente estas materias pueden ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que ellas tambi�n podr�an ser llevadas ante el CIADI y que el Gobierno chileno podr�a terminar pagando much�simos millones de d�lares por una ley tramitada con suma urgencia, justo antes de que se dicte un fallo arbitral. Recordemos el caso de la empresa malasia que logr� que Chile le pagara 250 millones de d�lares. Ella present� un proyecto, recibi� el permiso de inversi�n extranjera en nuestro pa�s y despu�s no pudo realizarlo, sencillamente porque el plano regulador no permit�a el tipo de proyectos que se estaba planteando. Tan simple como eso. Y -repito- gan� 250 millones de d�lares en el CIADI. Esta receta, se�or Presidente, le puede costar al Fisco much�simo m�s de lo que se cree que podemos estar ahorrando. Imagino que cualquier abogado con un poco de conocimientos en el extranjero puede demostrarlo. Porque en todas las discusiones, tanto en la Sala como en la Comisi�n, ha quedado claro que la ley en tramitaci�n tiene nombre y apellido. Y se busca despacharla con suma urgencia justamente porque est� pronto a fallar un �rbitro. Entonces, podr�a suceder que el �rbitro fallase a favor de la empresa y determinara que ella no est� obligada a continuar con el suministro de energ�a, y que nosotros, mediante una ley dictada en forma muy r�pida, justo antes del fallo, la oblig�ramos a seguir igual con el suministro durante 18 meses. Creo que un juicio de esa naturaleza podr�a significar un grave perjuicio al Fisco, porque, efectivamente, es el tipo de juicio que con mucha facilidad puede conducir al CIADI. Por eso, me abstengo. El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, al escuchar el debate habido en la Sala pareciera que en la Comisi�n no hubi�ramos analizado, una y otra vez, todas estas materias. La verdad es que si no se hiciera nada, si en este minuto no legisl�ramos sobre estos temas ocurrir�a algo mucho peor. Aqu� se ha planteado que se podr�a llevar al Estado ante tribunales internacionales y que ser�a inconstitucional obligar a una empresa a generar durante 18 meses m�s. Pero si no se la obligara a ello, �qu� suceder�a? �Se caer�a el sistema! Entonces, la generaci�n de energ�a del pa�s es un bien jur�dico que tambi�n debemos proteger. Aqu� se propone una soluci�n, que no es perfecta -�por supuesto que no!-, porque involucra muchos problemas. Pero es la �nica y la mejor que hemos encontrado para conciliar ciertos intereses que, a nuestro juicio, son superiores a los de esas empresas. Yo hasta el momento he escuchado cr�ticas, pero ninguna propuesta alternativa para resolver la situaci�n. Y si no hacemos nada, va a pasar algo mucho peor. Lo que a m� me preocupa, adem�s de la estabilidad del sistema, es que a todos los ciudadanos, especialmente a los clientes regulados -que no celebraron contrato alguno, pues nada tuvieron que ver en ello-, se les corte la luz o se les suba el valor de las cuentas. Eso no debe ocurrir. Si no hacemos nada, nos vamos a encontrar en el peor de los escenarios. Hay una empresa que, seg�n se ha dicho, supuestamente no pod�a prever estas dificultades. Puede ser. Pero la verdad es que sus contratos son los m�s d�biles, los m�s baratos; por tanto, es a la que primero se le corta el gas. No obstante, contratos m�s baratos significan mayores utilidades. Tanto es as� que esa compa��a solo empieza a registrar p�rdidas ahora, en el a�o 2007, en circunstancias de que el negocio comenz� en 2001. Yo les digo, derechamente, que todos debemos hacer un esfuerzo. Por supuesto que a nadie le es c�modo responder sin haber participado. A este respecto, quiero refutar a quienes han sostenido que la �nica afectada es esa empresa, porque todas las generadoras chilenas que hab�an suscrito contratos de suministro de gas hoy no lo reciben y est�n operando con di�sel. �Todas funcionan a p�rdida, no solamente aquella! La iniciativa no es un "traje a la medida" para una sola empresa. Finalmente, el proyecto no obedece a un hecho coyuntural como algunos plantean. Porque en �l se establecen, adem�s -bien lo se�al� el Senador se�or Orpis, respaldado por indicaciones firmadas por todos los miembros de la Comisi�n-, ciertas normas permanentes que tienen por finalidad resolver un problema que habremos de enfrentar a futuro. Chile va a pasar cuatro a�os con dificultades muy serias de abastecimiento, que afectar�n a todo el territorio, no solo al Norte Grande. En consecuencia, las medidas incorporadas en el texto a trav�s de indicaciones permitir�n que las inversiones anunciadas hace muchos a�os y que no se pudieron ejecutar se materialicen con la mayor brevedad, a fin de que todas las dificultades que esta legislaci�n transitoria procura resolver -medianamente bien, pues no existen f�rmulas m�gicas- se solucionen lo m�s pronto posible, para que el pa�s cuente con abastecimiento total y no haya que recurrir a disposiciones de este tipo. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Zald�var. El se�or ZALD�VAR.- Se�or Presidente, en mi primera intervenci�n entregu� los argumentos sobre la constitucionalidad o legalidad de la iniciativa y acerca del sentido com�n o la prudencia que nos deber�a llevar a aprobar este texto que el Gobierno ha sometido a nuestro pronunciamiento y que en la Comisi�n, por unanimidad, convergimos en respaldar. Quiero, s�, precisar tres cosas, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley. En primer t�rmino, la f�rmula contenida en el proyecto permite no traspasar mayores costos a los consumidores regulados, quienes ya pagan un precio muy elevado. En segundo lugar, dado que el precio de nudo se va aproximando al costo marginal, la supuesta p�rdida -como aqu� se ha alegado- que experimentar�a la empresa generadora durante 18 meses o la p�rdida de las dem�s generadoras del sistema una vez que se prorratee la obligaci�n no ser� permanente en el tiempo, sino que ir� disminuyendo en la medida en que el precio de nudo se acerque al valor marginal. Y, por �ltimo, el cliente regulado pagar� un precio estabilizado -esto no hay que perderlo de vista-, que convergir� lentamente hacia el costo marginal. No puede pretenderse que se traspase de inmediato todo el costo a los consumidores regulados, quienes no tienen responsabilidad alguna en estos hechos. Al respecto, lo argumentado por los Honorables se�ores Orpis y Prokurica constituye la piedra angular que le corresponde al Senado resguardar debidamente: el inter�s com�n, sobre todo el de los m�s d�biles. De lo contrario, no tendr�a sentido legislar. Siempre debe legislarse en beneficio del d�bil. �O algunos creen que cuando quiebran las grandes empresas es necesario elaborar una ley para que se salven? Creo que el sentido com�n nos debe llevar por el camino en que hoy d�a nos encontramos. Voto a favor. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or N��ez. El se�or N��EZ.- Se�or Presidente, mi intervenci�n tiene dos finalidades. Primero, rechazo categ�ricamente la insinuaci�n de que la Comisi�n de Miner�a y Energ�a haya legislado teniendo presente �nica y exclusivamente la situaci�n de una empresa determinada. Ser�a una manera menguada de entender el trabajo de una Comisi�n. Quiero dejar testimonio de que la labor que all� se desarroll� en conjunto con el Ejecutivo fue particularmente seria. Es cierto que tuvimos en consideraci�n una situaci�n coyuntural. Pero tambi�n lo es que el pa�s enfrenta una realidad energ�tica muy compleja. Entonces, no solo las normas permanentes sino tambi�n las transitorias han sido pensadas para prevenir eventuales problemas en el Sistema Interconectado Central -o sea, en la mayor parte del territorio-, donde el porcentaje de clientes regulados es cercano al 50 por ciento. Por consiguiente, si se presentara una situaci�n como la que estamos tratando de evitar en este momento, se producir�a un blackout pr�cticamente en todo Chile. Tuvimos en cuenta ese hecho. No estamos legislando para proteger ni para perjudicar a una empresa determinada. Me parece que cualquier insinuaci�n en tal direcci�n atenta contra el sentido �tico y moral con que trabajamos en el Senado. Yo, por lo menos, no me presto para ese tipo de cosas. Es inaceptable que se nos acuse, indirectamente, de que intentamos perjudicar a una empresa. Nuestro prop�sito ha sido beneficiar a miles de chilenos evitando que se produzca un problema que puede afectarlos si no legislamos adecuadamente, dado que todo el mundo aqu� coincidi� en que exist�a un vac�o legal que ten�amos la obligaci�n de llenar. Y ello es responsabilidad incluso de nosotros, porque cuando se discuti� la Ley Corta II no previmos que pudiera producirse tal situaci�n. Segundo, como se han formulado varias indicaciones, en especial una del Ejecutivo, en atenci�n a que la iniciativa fue calificada de "discusi�n inmediata", lo ideal ser�a que las discuti�ramos ahora aqu�. Sin embargo, considerando su naturaleza y alcance, solicito que la Comisi�n se re�na ma�ana para los efectos de informar posteriormente a la Sala acerca de ellas. Entiendo que ha llegado otra, que debi�ramos analizar m�s adelante. Entonces, se�or Presidente, pido que no tratemos las indicaciones ahora, sino ma�ana, y que se fije plazo para su recepci�n hasta las 19 horas de hoy a fin de cumplir con las normas reglamentarias sobre la materia. Voto a favor de la idea de legislar. El se�or HOFFMANN (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votaci�n. --Se aprueba en general el proyecto (25 votos afirmativos y 9 abstenciones). Votaron por la afirmativa los se�ores Allamand, Arancibia, �vila, Bianchi, Escalona, Espina, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, G�mez, Letelier, Longueira, Mu�oz Aburto, Naranjo, Navarro, N��ez, Orpis, P�rez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, V�squez y Zald�var. Se abstuvieron las se�oras Alvear y Matthei y los se�ores Chadwick, Coloma, Garc�a, Kuschel, Larra�n, Novoa y Romero. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijar� como plazo para formular indicaciones hasta las 19 horas de hoy. --As� se acuerda. )----------( El se�or GAZMURI.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a. El se�or GAZMURI.- Pido autorizaci�n para que la Comisi�n Mixta de Pesca pueda funcionar paralelamente con la Sala a partir de las 18:30, para analizar el proyecto sobre pesca artesanal. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acceder� a lo solicitado. --As� se acuerda. )----------( El se�or HOFFMANN (Secretario General).- El se�or Presidente anuncia para la tabla de F�cil Despacho de la sesi�n ordinaria de ma�ana los siguientes proyectos de ley: -El que crea el Consejo de Auditor�a Interna del Gobierno; -El que establece que los requisitos y condiciones de los contratos especiales de operaci�n sean fijados mediante un procedimiento previsto en la ley; -El relativo al saneamiento y regularizaci�n de loteos; -El tocante a la regularizaci�n en la inscripci�n de armas de fuego, y -El concerniente a la salida de menores desde Chile. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminado el Orden del D�a. VII. TIEMPO DE VOTACIONES PREOCUPACI�N ANTE COMPRA DE CADENAS DE RADIOEMISORAS POR GRUPO ESPA�OL. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por diversos se�ores Senadores, mediante el cual se manifiesta preocupaci�n por la situaci�n referida a la compra de ocho cadenas de radioemisoras por parte de un grupo radial espa�ol, la que no se ajustar�a a lo dispuesto en la ley N� 19.733, sobre libertades de opini�n e informaci�n y ejercicio del periodismo, en lo concerniente al principio de reciprocidad y el pluralismo y la diversidad, particularmente en el �mbito de la radiodifusi�n regional. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 996-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 43�, en 14 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. El se�or LETELIER.- �S�, se�or Presidente! --Se aprueba. CERTIFICACI�N DE INEXISTENCIA EN MERCADO DE PRODUCTOS CON CONCENTRACIONES PELIGROSAS DE DIETILENGLICOL. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores se�ores Navarro, �vila, Horvath y Mu�oz Aburto, por medio del cual se solicita al Ministerio de Salud y, por su intermedio, al Instituto de Salud P�blica que certifiquen la no existencia en el mercado nacional de productos de uso humano que contengan dietilenglicol en niveles que resulten perjudiciales para la salud de las personas. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 997-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 43�, en 14 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. SOLICITUD DE SUSCRIPCI�N DE CONVENIO N� 188 DE OIT REFERIDO A TRABAJO MAR�TIMO. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores se�ores Navarro, �vila y Mu�oz Aburto, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica la suscripci�n del Convenio N� 188 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, sobre trabajo mar�timo. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 998-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 43�, en 14 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. NECESIDAD DE PROYECTO RELATIVO A VALORACI�N DE DIVERSIDAD FORESTAL, A R�GIMEN JUR�DICO DE CONAF Y A SNASPE. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por el Honorable se�or Horvath y otros se�ores Senadores, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que env�e a tr�mite legislativo un proyecto relativo a la protecci�n y valoraci�n de los distintos tipos de especies forestales del pa�s, al r�gimen jur�dico de la CONAF y al Sistema Nacional de �reas Silvestres Protegidas del Estado. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 999-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 43�, en 14 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. ATENCI�N PSICOL�GICA Y ASESOR�A JUR�DICA PARA GENDARMES AFECTADOS POR MALTRATOS O AMENAZAS EN ACTOS DE SERVICIO. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por diversos se�ores Senadores, por medio del cual se pide a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que env�e a tramitaci�n legislativa un proyecto que asegure la atenci�n sicol�gica y la asesor�a jur�dica para el personal de Gendarmer�a que sufra maltrato de obra o amenazas en actos de servicio. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1001-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 44�, en 28 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. IMPLEMENTACI�N EN TRANSANTIAGO DE TARIFA ESPECIAL PARA ADULTOS MAYORES. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores se�ores Naranjo, Alvear, Letelier y Sabag, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica la implementaci�n en el Transantiago, para los adultos mayores, de una tarifa especial del mismo monto que pagan los estudiantes. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1006-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 44�, en 28 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. ESTABLECIMIENTO DE INGRESO M�NIMO �TICO FAMILIAR GARANTIZADO PARA QUINTIL M�S POBRE. PROYECTO DE ACUERDO El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Proyecto de acuerdo, presentado por diversos se�ores Senadores, por medio del cual se pide a Su Excelencia la Presidenta de la Rep�blica que establezca un ingreso m�nimo �tico familiar garantizado que permita a los chilenos que a�n viven en la pobreza liberarse de esa condici�n. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1002-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesi�n 44�, en 28 de agosto de 2007. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar�. --Se aprueba. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones. VIII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. )---------------( --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or BIANCHI: Al se�or Ministro de Hacienda, solicit�ndole antecedentes sobre ASIGNACI�N PRESUPUESTARIA 2007 PARA �LTIMO TRAMO DE PAVIMENTACI�N ENTRE PUENTE PICANA Y CERRO CASTILLO, COMUNA DE TORRES DEL PAINE (Duod�cima Regi�n). Del se�or ESPINA: Al se�or Presidente de la Excelent�sima Corte Suprema, pidi�ndole informaci�n en cuanto a ESTADO DE PROYECTO PARA CONSTRUCCI�N DE NUEVO JUZGADO EN COMUNA DE TRAIGU�N (Novena Regi�n); al se�or Fiscal Nacional del Ministerio P�blico, requiri�ndole hacer un estudio referente a IMPLEMENTACI�N DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN CUANTO A CONDICIONES PARA REHABILITACI�N DE MENORES AUTORES DE DELITOS GRAVES; al se�or Ministro de Obras P�blicas, acerca de estudio de prefactibilidad para INSTALACI�N DE PASARELA PEATONAL JUNTO CON RECONSTRUCCI�N DE PUENTE LAUCHA, EN VILC�N (Novena Regi�n); a los se�ores Ministro de Obras P�blicas, Director Nacional de Vialidad, Secretario Ministerial de Obras P�blicas de la Novena Regi�n y Director de Vialidad de La Araucan�a, solicit�ndoles la ejecuci�n de obras de CONSERVACI�N Y ASFALTADO DE RUTA R-50 TRAIGU�N-ERCILLA; al se�or General Director de Carabineros, pidi�ndole EQUIPAMIENTO PARA CARABINEROS EN COMUNA DE ERCILLA; al se�or Defensor Nacional, a fin de que se realice estudio relativo a IMPLEMENTACI�N DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE EN CUANTO A CONDICIONES PARA REHABILITACI�N DE MENORES AUTORES DE DELITOS GRAVES; a los se�ores Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de La Araucan�a y Gerente General de Aguas Araucan�a S.A., con el objeto de que se solucione COLAPSO DE ALCANTARILLADO EN CALLES DE COMUNA DE LOS SAUCES, y al se�or Director de la JUNAEB, solicit�ndole PARKAS PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE MALALCAHUELLO Y ALEJO TASC�N DE MANZANAR, COMUNA DE CURACAUT�N (Novena Regi�n). De los se�ores ESPINA, ALLAMAND, ALVEAR, �VILA, BIANCHI, G�MEZ, KUSCHEL, NARANJO, N��EZ, PIZARRO Y ROMERO: Al se�or Presidente de la Excelent�sima Corte Suprema, requiri�ndole informaci�n acerca de FUNCIONAMIENTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE, y al se�or Ministro de Justicia, pidi�ndole ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LEY SOBRE MEDIDAS ALTERNATIVAS A PENAS PRIVATIVAS O RESTRICTIVAS DE LIBERTAD. Del se�or FREI: Al se�or Ministro del Trabajo, acerca de RECLAMO DE SE�OR JOS� MIRANDA RODR�GUEZ POR PROBLEMA EN C�LCULO DE BONO DE RECONOCIMIENTO; al se�or Ministro de Agricultura, sobre AUTORIZACI�N A PROFESIONALES NO INGENIEROS FORESTALES PARA PRESENTAR PLANES DE MANEJO DE BOSQUE NATIVO, y al se�or Director Nacional del SAG, requiri�ndole CERTIFICADO PARA SE�OR JUAN TOLEDO MAC�AS TENDIENTE A OBTENER PENSI�N COMO EXONERADO POL�TICO. )-----------( El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comit� Socialista. Tiene la palabra el Senador se�or Naranjo. CONMEMORACI�N DE D�A INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO El se�or NARANJO.- Se�or Presidente, el d�a 30 de agosto de cada a�o el mundo conmemora el D�a Internacional del Detenido Desaparecido como una forma de recordar a quienes han sido v�ctimas de cr�menes de lesa humanidad y de alertar a la comunidad mundial que este tipo de violaciones a los derechos humanos sigue ocurriendo d�a tras d�a en diversos pa�ses. Ayer, estos delitos fueron cometidos dentro del marco de la denominada "Guerra Fr�a", ya fuera en nombre de la lucha contra el comunismo, o bien en virtud de la doctrina de la Seguridad Nacional, o para derrotar al fascismo o al capitalismo. Hoy las personas son detenidas y desaparecidas en nombre de la guerra contra el terrorismo, encabezada por Estados Unidos. Quienes creemos en la causa de los derechos humanos debemos hacer todo lo que est� a nuestro alcance para terminar con esta forma de terrorismo de Estado. Y debemos tener clara conciencia de que la desaparici�n forzada de personas es un modo especial de violencia del Estado en contra de su propio pueblo; de que es y sigue siendo planificada desde las m�s altas esferas de los gobiernos dictatoriales o totalitarios, ya que, dada su complejidad, no puede ser producto de la conducta de unos pocos elementos aislados. En efecto, unos detienen, otros torturan, algunos hacen desaparecer a las v�ctimas. Pero, al mismo tiempo, organismos del aparato estatal, como los propios tribunales de justicia, amparan que eso suceda. Es decir, la desaparici�n forzada de personas exige el accionar coordinado del Estado. Por tanto, no resulta v�lido que algunos que formaron parte de esos reg�menes dictatoriales o totalitarios despu�s se�alen que no sab�an ni ve�an nada. La desaparici�n forzada de personas viola un sinn�mero de derechos humanos, pero principalmente el derecho a la vida, pues la inmensa mayor�a -por no decir la totalidad- de quienes son secuestrados y desaparecidos finalmente mueren asesinados. Se trata de hombres y mujeres de todas las edades, incluso de ni�os, que son detenidos. Sin embargo, esta condici�n nunca es reconocida por el Estado, raz�n por la cual se desvanecen -como lo dec�a la doctrina hitleriana- "en la noche y en la niebla". Adem�s, y esto no es un hecho menor, las desapariciones forzadas tienen un segundo objetivo: causar temor en el conjunto de la sociedad y, principalmente, angustia en los familiares de las v�ctimas, ya que a estos les resulta imposible determinar qu� pas� finalmente con sus seres queridos. Es decir, se les produce un estado de incertidumbre y tortura sicol�gica permanentes, pues nunca podr�n tener la certeza de si sus familiares est�n vivos o muertos. Es por eso que los tribunales internacionales consideran esta pr�ctica como una violaci�n continua de los derechos humanos. En tal sentido, nuestro pa�s no estuvo ajeno a esa situaci�n. M�s de mil chilenas y chilenos, seg�n la Comisi�n de Verdad y Reconciliaci�n, fueron detenidos y hechos desaparecer durante la dictadura militar. Si bien es cierto se ha avanzado en los �ltimos a�os en materia de justicia, ya que se ha condenado a diversos violadores de derechos humanos, estableciendo el criterio de que en estos casos no es posible aplicar la Ley de Amnist�a, debemos admitir que poco hemos progresado en recuperar los restos de las v�ctimas o en conocer realmente qu� pas� con ellas. Nos falta verdad, y -aunque algunos no quieran reconocerlo- esta en alguna parte existe. Es cierto que ser� muy dif�cil recuperar los restos de la inmensa mayor�a de los detenidos desaparecidos, porque fueron desenterrados y lanzados al mar, a alg�n volc�n o en la cordillera, a fines de la d�cada de los setenta, en una operaci�n ordenada directamente por el general Pinochet con el fin de esconder sus cr�menes. Pero, a lo menos, sus familiares requieren conocer con certeza cu�ndo, c�mo y d�nde ocurri� aquello. Los chilenos tenemos el deber moral, por nuestros detenidos desaparecidos y sus familiares, de continuar luchando porque nunca m�s en el mundo se d� este tipo de cr�menes. En este aspecto, me parece fundamental que nuestro pa�s ratifique la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada ya por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es cierto que este tipo de instrumento en un primer momento puede tener solo un car�cter testimonial. Pero no podemos negar que inician un camino de toma de conciencia por parte de la Humanidad y de los pueblos. La historia nos demuestra que esto ocurri� as� con la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos y otros tratados firmados y ratificados por diversos pa�ses en el mundo. Por lo tanto, considero que la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de ser ratificada y adoptada -como lo se�al�- por la inmensa mayor�a de los pa�ses miembros de las Naciones Unidas, debe ser capaz de convertirse en un activo instrumento que nos ayude a prevenir este tipo de cr�menes, o a establecer la verdad sobre todas las desapariciones forzadas, o a garantizar la reparaci�n de las v�ctimas y exigir justicia para los responsables. En este recuerdo del D�a Internacional del Detenido Desaparecido que se hace en nuestro pa�s y en el concierto internacional y que se celebra el 30 de agosto, no me queda m�s que rendir un homenaje a los m�s de mil chilenas y chilenos detenidos desaparecidos y se�alar a sus familiares que no los olvidaremos y que esos cr�menes no quedar�n en la impunidad. He dicho. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- En el tiempo que resta al Comit� Socialista, ofrezco la palabra. Como no intervendr�n los Comit�s Dem�crata Cristiano y Mixto (Partido Por la Democracia, Partido Radical Social Dem�crata e Independiente), corresponde su turno al Comit� Uni�n Dem�crata Independiente. Tiene la palabra la Honorable se�ora Matthei. FALTA DE ENERG�A EL�CTRICA EN VIVIENDAS DE LIGUA DE COGOT�. OFICIO La se�ora MATTHEI.- Se�or Presidente, en la Ligua de Cogot�, comuna de Combarbal�, Chile Barrio construy� hace cuatro o cinco a�os alrededor de 35 � 40 casas, las cuales fueron entregadas sin energ�a el�ctrica. A la gente se le dijo en ese momento que los fondos estaban pero que a�n no pod�an ser utilizados. Hace aproximadamente dos a�os el Concejo Municipal, con la asistencia del se�or Alcalde, sesion� en esa localidad y los vecinos plantearon sus problemas. Todo el mundo pregunt� qu� pasaba con Chile Barrio. Se se�al� que se hab�a destinado dinero para dotar de energ�a el�ctrica a dichas viviendas pero que todav�a no pod�a ser usado. Sin embargo, ya han transcurrido cinco a�os y esa gente, cuyas casas fueron construidas por Chile Barrio, sigue sin luz. Por lo anterior, solicito que pueda buscarse una soluci�n para su problema el�ctrico. Los vecinos est�n dispuestos a hacer un peque�o aporte, porque las condiciones en que se hallan son, realmente, muy malas. Por lo tanto, pido que se env�e un oficio a Chile Barrio nacional para ver qu� est� sucediendo con dicho villorrio. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre de la se�ora Senadora, conforme al Reglamento. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or P�rez Varela. El se�or P�REZ VARELA.- Se�or Presidente, me referir� a tres materias. PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y URBANIZACI�N EN CAMPAMENTO "VILLA G�NESIS", DE LOS �NGELES. OFICIO Se�or Presidente, d�as atr�s, la se�ora Ministra de Vivienda nos hizo llegar a los miembros de la Comisi�n de Vivienda y Urbanismo del Senado el nuevo catastro de campamentos que se espera abordar a trav�s de Chile Barrio. No est� dem�s recordar que dicho programa conclu�a el 31 de diciembre de 2005 y que el 2006 solo se ejecutar�an remanentes de aquel. Por lo tanto, se hac�a necesario abordar una segunda etapa que considerara los campamentos que, por distintas razones, quedaron fuera de ese catastro. El mencionado estudio concluy� en julio de 2007 -reitero: dicha Secretaria de Estado tuvo la gentileza de enviarnos la informaci�n-, y en �l se observa un conjunto de dificultades. Pero s�lo me referir� a dos de ellas. En la comuna de Los �ngeles existe un campamento que se denomina "Villa G�nesis", donde viven m�s de 500 familias, que no tienen alcantarillado ni ning�n tipo de urbanizaci�n. El agua potable que utilizan en sus viviendas precarias la obtuvieron a trav�s de un proyecto financiado por los propios vecinos. Sin embargo, dicho campamento no se halla incorporado en el catastro que nos remiti� la se�ora Ministra. Eso, ciertamente, genera una gran duda. Porque si bien pueden existir aspectos t�cnicos, como la propiedad del terreno, que impiden ayudar a las personas con marginalidad habitacional a trav�s de ese programa especial del Gobierno, es obvio que el campamento Villa G�nesis requiere una acci�n de parte de Chile Barrio, y en particular del Ministerio de Vivienda. As�, en un inicio podr�a abordarse, a lo menos, el problema relacionado con el alcantarillado y la urbanizaci�n, para posteriormente recurrir a la normativa que pr�ximamente aprobar� el Senado sobre loteos irregulares, a fin de que tales personas puedan acceder a subsidios. En consecuencia, solicito que se oficie a la Ministra de Vivienda para que d� a conocer cu�les son las acciones que desarrollar� su Cartera en relaci�n con ese campamento, donde viven m�s de 500 familias. Lamentablemente, seg�n el criterio de Chile Barrio, Villa G�nesis no es campamento, pero en la realidad s� lo es. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. SITUACI�N DE MARGINALIDAD HABITACIONAL EN CAMPAMENTO "EL CARDAL", DE YUNGAY. OFICIO En ese mismo orden de ideas, se�or Presidente, en la comuna de Yungay, provincia de �uble, Regi�n del Biob�o, a la cual represento en el Senado, existe un campamento similar al que acabo de mencionar compuesto por alrededor de 400 familias. Se denomina "El Cardal" y est� constituido por tres villas: Luna, Laguna Azul y La Esperanza. A diferencia del caso anterior, en este no existe ni alcantarillado ni agua potable. La gente hace pozos para sacar agua, los cuales se ubican al lado de las fosas que utilizan como ba�os. Y, por lo tanto, hay un alto riesgo de que se afecte la salud de esas personas. De hecho, los habitantes de El Cardal, en cualquiera de sus villas, tienen que hervir el agua para d�rselas a sus hijos. De lo contrario, las posibilidades de enfermedades son verdaderamente importantes. Sin embargo, llama la atenci�n que en el catastro de la comuna de Yungay tampoco aparezcan las aproximadamente 400 familias que viven en dicho campamento, que no tienen alcantarillado, ni agua potable, ni ning�n tipo de urbanizaci�n. Son viviendas extraordinariamente precarias. Por eso, a nuestro juicio, resulta fundamental conocer de parte de la Cartera de Vivienda cu�les ser�n las l�neas de acci�n que se utilizar�n para enfrentar la situaci�n de marginalidad habitacional en que se encuentran esas personas. En virtud de lo anterior, pido que se oficie a la se�ora Ministra de Vivienda sobre el particular. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. RECONOCIMIENTO PREVISIONAL A EX TRABAJADORES DE PEM Y POJH Y PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES. OFICIO Por �ltimo, se�or Presidente, solicito oficiar a la Presidenta de la Rep�blica respecto de lo siguiente. En mayo de 2006, los Diputados de la UDI presentaron un proyecto de acuerdo -n�mero 74-, que fue aprobado en la sesi�n 49�., de 19 de julio de 2006 y mediante el cual se pide a la Primera Mandataria -tengo en mis manos dicho documento; lo dejar� en Secretar�a- el env�o al Congreso Nacional de una iniciativa legal que establezca el reconocimiento previsional de los a�os trabajados por parte de los hombres y mujeres que se desempe�aron en el Programa de Empleo M�nimo (PEM) y en el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH), incluyendo el pago de las asignaciones familiares correspondientes. Ese proyecto de acuerdo -que, como dije, dejar� en la Secretar�a-fue aprobado en la fecha indicada y su destinatario era la Presidenta de la Rep�blica. Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre, a la Primera Mandataria para saber cu�l es la opini�n del Gobierno frente a ese proyecto de acuerdo, toda vez que diversas personas -por lo menos en la Octava Regi�n- se han organizado de manera muy importante en torno a ese objetivo. Se trata de gente que particip� en dichos programas en las d�cadas de los 70 y de los 80 y a la que hoy d�a se le presentan dificultades al momento de jubilar, porque tienen lagunas previsionales, las que, sin duda, son de responsabilidad del Estado. En esa �poca, a trav�s de los mencionados programas, el Estado entregaba una especie de remuneraci�n a esas personas, la cual, para los efectos legales, no constitu�a renta. Y eso les ha significado ahora muchos problemas. El proyecto de acuerdo que mencion� y que fue acogido por la C�mara de Diputados da cuenta, de manera bastante acertada, del diagn�stico de aquella situaci�n y la forma de resolverla. Adem�s, las distintas organizaciones con las que me he reunido est�n dispuestas a entregar su apoyo en tal sentido. Por lo anterior, como ha transcurrido m�s de un a�o desde que el proyecto de acuerdo fuera enviado a la Presidenta de la Rep�blica, ser�a oportuno conocer la opini�n del Gobierno sobre la materia. He dicho. --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or NAVARRO.- �Me permite, se�or Presidente? El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- A pesar que de que pas� el turno del Comit� Socialista, le conceder� la palabra a Su Se�or�a por 12 minutos, que es el tiempo que le resta. El se�or NAVARRO.- Y el del Partido Radical, , se�or Presidente. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- No es posible, se�or Senador. El se�or NAVARRO.- Conforme, se�or Presidente. Me referir� de manera muy sucinta a diversas materias. EXTENSI�N DE BIOTR�N A CORONEL Y LOTA. OFICIOS Se�or Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y tambi�n a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado respecto de la implementaci�n del Biotr�n en la provincia de Concepci�n, particularmente en el segmento que une Concepci�n-Talcahuano con Coronel. El Presidente de EFE ha se�alado, respecto de la situaci�n general de la Empresa, que esta tiene un d�ficit anual de 18 mil millones de pesos, lo que hace pr�cticamente imposible extender el servicio a Coronel y Lota. Cabe recordar que una de las promesas de los Gobiernos de la Concertaci�n, especialmente el del Presidente Lagos, y reiterada por el de la Presidenta Bachelet, ha sido que el Biotr�n se va a ampliar hasta Coronel y luego a Lota. Los trenes de mediana distancia son los �nicos que se financian en el mundo. Todos los dem�s se hallan subsidiados por el Estado. Es claro que Biotr�n ha realizado una gesti�n precaria, por no decir fracasada. Este -conforme hemos se�alado- debe tener una administraci�n p�blico-privada. O sea, que en la gesti�n puedan estar los privados y en la propiedad participe el Estado, sobre todo, en la entrega de subsidios. Por lo tanto, se requiere inversi�n para mejorar la red vial de intercomunicaci�n que va desde Concepci�n hasta Coronel y Lota, a fin de facilitar el desplazamiento de miles de trabajadores y estudiantes hacia los centros de trabajo y estudio. Pero han causado preocupaci�n las palabras del directorio de EFE, en cuanto a que es imposible llevar a cabo esa implementaci�n de infraestructura. Reitero que se trata de un compromiso. De modo que solicito a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que nos env�en los informes que acreditan las opiniones del Gerente General, los proyectos y programas que ten�an respecto de la extensi�n hacia Coronel, para saber los recursos que se requieren. Deseamos discutir en las Comisiones de Obras P�blicas y, en especial, de Transportes, con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos para el pr�ximo a�o, cu�nto dinero vamos a asignar al Biotr�n, por lo que requerimos contar con todos los antecedentes disponibles. No vamos a renunciar a la idea del Biotr�n, no solo por el hecho de ser un compromiso de nuestros Gobiernos, sino porque su funcionamiento es absolutamente necesario. Hay que innovar en el �mbito de la asociatividad p�blico-privada. Es claro que los empresarios de los taxibuses, del gremio del rodado, de la Regi�n del Biob�o, han planteado f�rmulas que permitan integrar el Biotr�n con la red o malla de recorridos intercomunal. No hay otra posibilidad. O el tren se pone al servicio de la red intercomunal, o el sistema no va a funcionar. No es al rev�s, como fue dise�ado por Biov�as, en que el tren ordenaba el transporte p�blico en Concepci�n. Es precisamente lo contrario. Por eso, pido todos los antecedentes que tengan a la vista sobre Biotr�n, particularmente, los estados financieros, las p�rdidas y las inversiones proyectadas para el a�o en curso y el pr�ximo en la comuna de Coronel. No renunciaremos en esta materia. Es un compromiso cuyo cumplimiento exigiremos en el Presupuesto del 2008. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. ASIGNACI�N DE CAPITAL SEMILLA A PESCADORES ARTESANALES DE OCTAVA REGI�N. OFICIOS Del mismo modo, se�or Presidente, pido que se oficie a la Subsecretar�a de Pesca y a SERNAPESCA, a fin de que nos informen sobre el monto y los mecanismos de asignaci�n de los capitales semillas a los pescadores de Coliumo, Cocholhue, Coronel, Lo Rojas, Quichiuto y, en general, a todos los de las caletas merluzeras de la Octava Regi�n que hoy d�a sufren la veda biol�gica, pero tambi�n la veda estructural; es decir, la p�rdida del recurso -en mi opini�n y tal como lo sostienen los informes cient�ficos- por una sobreexplotaci�n. A varios pescadores les han asignado capital semilla. Sin embargo, deseo contar con el listado general de los beneficiarios y saber, especialmente, si est�n todos los que lo necesitan. Porque hay gente de la caleta Coliumo que ha quedado excluida, ya que no se present� a tiempo, y existe otro sector que cuestion� la condici�n econ�mica de quienes recibieron dicho beneficio. Hablemos francamente: este es un subsidio. No hay una evaluaci�n detallada sobre qu� van a hacer con ese dinero. Se trata de un subsidio de continuidad para que los pescadores puedan alimentarse y subsistir mientras dura la veda, que va a ser larga: de tres a cuatro a�os. Estamos frente a una crisis mayor. Por ello, se requiere una suerte de "Estado Mayor de la Pesca" en Chile para enfrentar esa crisis casi terminal de la merluza en el sector artesanal industrial. Lo que necesitamos ahora, por cierto, es apoyo del Estado, pero transparente. Por lo tanto, pedimos informaci�n que nos permita ir en ayuda de aquellos pescadores de la caleta de Coliumo y de todos los de la Octava Regi�n que han quedado fuera de la postulaci�n a este aporte o subsidio que ha entregado nuestro Gobierno. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. COBRANZA TELEF�NICA A DEUDORES FINANCIEROS. OFICIOS Por otra parte, se�or Presidente, pido enviar un oficio a la Subsecretar�a de Telecomunicaciones y al SERNAC, pidi�ndoles que nos informen sobre las denuncias de los usuarios de muchas instituciones financieras acerca de las reiteradas llamadas de cobranza que reciben al d�a. Son 6 a 8 llamadas diarias que hacen al trabajo, a la casa o al celular. Se trata de una situaci�n del todo inaceptable. Asimismo, necesito que dichos organismos nos informen respecto de las regulaciones que protegen al consumidor, del mecanismo que se utiliza para efectuar la denuncia y de los procedimientos que se han llevado adelante para terminar con ese abuso. La ley establece como m�nimo una llamada semanal, pero no ocho diarias al trabajo y a la casa. As� est� dispuesto, incluso en la letra chica del contrato; pero no se cumple. Algunas financieras contratan a empresas externas para realizar estas llamadas de cobranza, las que lo hacen persistente e insistentemente. Y como trabajan a comisi�n, realizan muchas m�s llamadas de las legalmente autorizadas. Pido que la Subsecretar�a de Telecomunicaciones y el SERNAC nos remitan todos los informes de denuncias, particularmente, de regulaci�n, y los mecanismos para que los usuarios de cr�dito financiero puedan reclamar por esos abusos. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. SUICIDIOS DE RECLUSOS EN C�RCELES CONCESIONADAS. OFICIO Se�or Presidente, quiero dar a conocer un hecho grav�simo que est� ocurriendo en las c�rceles concesionadas. Estas, como he denunciado reiteradamente en esta Sala, han sido entregadas con serios problemas. Al interior de tales recintos penitenciarios se han producido a lo menos nueve suicidios de reos que se han colgado de los sprinklers, que son accesorios donde se instalan los servicios de agua de emergencia para los casos de incendio. Algunos de ellos son: Gabriel Segundo Figueroa, Hip�lito Navarro Marabol�, Alejandro del Carmen Valenzuela, Sebasti�n Andr�s Maturana, Milton Machuca Fern�ndez, V�ctor Marcelo Machuca. Son nueve muertes desde que las c�rceles han entrado en funcionamiento. �De d�nde se cuelgan? De los sprinklers. �Qu� dec�an los informes t�cnicos cuando se construyeron? Que deb�an instalarse sprinklers que se desprendieran con un peso de 5 a 10 kilos; es decir, si alguien intentara colgarse, no podr�a hacerlo. Pero se colocaron sprinklers de 1,5 d�lares la unidad y no los de 20 d�lares, como se�alaban las especificaciones t�cnicas. Esta anomal�a fue representada por los contratistas durante el proceso de construcci�n. As� aparece en los informes. Si la gente se est� suicidando al interior de las c�rceles concesionadas colg�ndose de los sprinklers se debe a que se cometi� un grave error, y el Estado ser� objeto de demandas -que yo, personalmente, voy a apoyar- por parte de las familias que han sido afectadas. Porque las especificaciones t�cnicas de construcci�n de Gendarmer�a se�alan los requisitos que deben reunir las celdas en cuanto a seguridad, los cuales no se han cumplido, porque la empresa constructora se ahorr� millones y millones de pesos utilizando material de mala calidad que no responde a tales especificaciones t�cnicas. Estamos ante un problema grav�simo, por lo que vamos a presentar acciones legales ante los tribunales de justicia, particularmente en Rancagua, donde se han producido seis suicidios. Es m�s, la �ltima persona que se ahorc� lo hizo ayer al interior de su celda, lo que revela, por cierto, que la crisis carcelaria no va a dejar de cobrar v�ctimas. A la gente se la encarcela para pagar una deuda con la sociedad y no para maltratarla ni perseguirla, ni para que se suicide. Y si bien estamos aplicando mano dura contra la delincuencia, tambi�n debemos dar la oportunidad de rehabilitaci�n y de reinserci�n en la sociedad a quienes delinquen por primera vez o a los que se sientan arrepentidos. Pero estos recintos penitenciarios se han vuelto peligrosos. Estamos frente a un esc�ndalo de marca mayor. La situaci�n de las c�rceles concesionadas es abusiva con el Estado, con los reos, con los gendarmes. Se�or Presidente, solicito que Gendarmer�a de Chile efect�e una investigaci�n a fondo respecto de estos hechos y que nos env�en los informes realizados sobre el particular, en especial los relativos a las medidas de seguridad que se est�n adoptando para que tales acontecimientos no se repitan, evitando as� que otros reos se suiciden colg�ndose de los sprinklers, que son una invitaci�n al suicidio. Adem�s, pido que nos entreguen antecedentes acerca del comportamiento general del sistema de concesiones, porque se pagan 526 mil pesos mensuales por reo -�526 mil pesos mensuales!- al interior de las c�rceles concesionadas. Por lo tanto, lo menos que se les debe exigir es que efectivamente haya rehabilitaci�n, reinserci�n y el cumplimiento adecuado de las normas. Quisiera que esta informaci�n nos la hagan llegar a la brevedad. Con otros se�ores parlamentarios vamos a presentar acciones legales a fin de proteger la integridad f�sica de los reos, ya que por una negligencia inexcusable algunos han tenido la oportunidad de colgarse --Se anuncia el env�o del oficio solicitado, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. ANIVERSARIO DE LLEGADA DEL "WINNIPEG" CON INMIGRANTES ESPA�OLES. COMUNICACIONES En otro �mbito, se�or Presidente, cabe hacer notar que cada 3 de septiembre se recuerda en Chile la llegada del "Winnipeg". Nuestro poeta Pablo Neruda trajo al pa�s, en el barco de la esperanza, a un n�mero importante de inmigrantes espa�oles, entre quienes hab�a excelentes profesionales que han sido muy �tiles a la econom�a y al pueblo de Chile, y que hoy d�a tienen hijos, nietos y sobrinos en nuestro pa�s. Se ha escrito bastante rememorando esta obra humanitaria de Neruda. Son muchos los inmigrantes, sus hijos y nietos que actualmente viven en la Regi�n del Biob�o. Uno de ellos es don Pepe Gallego, quien, junto a su familia, ha incursionado en la pesca artesanal. Tal situaci�n llena de orgullo a aquellos hombres esforzados que llegaron al pa�s huyendo de una Espa�a que los expulsaba, siendo acogidos cari�osamente por los chilenos. Neruda conoci� de esa tragedia humana a trav�s de la correspondencia que manten�a con su amigo el poeta espa�ol Rafael Alberti -quien entonces se encontraba en Par�s- mientras se instalaba en Isla Negra, donde reposaba a causa de una fractura a la tibia y estaba en plena producci�n del Canto general. Al enterarse de ella, no puede quedarse inm�vil. As�, hace todos los esfuerzos necesarios para traer al pa�s a m�s de 2 mil 200 inmigrantes. Cerca de la partida, Pablo Neruda recibi� del Gobierno chileno una nota mediante la cual se le ordenaba abortar la misi�n. Pero su convicci�n era firme. Finalmente, el Winnipeg, un carguero del Partido Comunista franc�s que hubo que acondicionar, zarp� desde Burdeos el 4 de agosto de 1939 con cerca de 2 mil 200 inmigrantes legalizados con visa chilena y otros 240 a los cuales el vate permiti� subir a bordo como polizones. El 3 de septiembre, justo cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial, el Winnipeg arrib� a Valpara�so, trayendo a hombres y mujeres que se integraron plenamente a la vida nacional. Hago este recuerdo al cumplirse un a�o m�s de aquel acontecimiento, que sin duda marc� la vida de Chile. Hoy, los hijos y nietos de los inmigrantes espa�oles que vinieron en el Winnipeg trabajan para hacer m�s grande a esta naci�n. Por cierto, se han incorporado completamente y son tambi�n chilenos. Quiero resaltar la figura de nuestro poeta y nunca olvidar que su porf�a, valent�a y compromiso permitieron la llegada del Winnipeg, llamado "el barco de la esperanza". Pido que mi intervenci�n sea remitida tanto a la Fundaci�n Neruda como a don Jos� Gallego y su familia, en la Regi�n del Biob�o. He dicho. --Se anuncia el env�o de las comunicaciones pertinentes, en nombre del se�or Senador, conforme al Reglamento. El se�or FREI, don Eduardo (Presidente).- Se levanta la sesi�n. --Se levant� a las 19:7. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n