REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 356ª Sesión 97ª, en jueves 6 de noviembre de 2008 (Ordinaria, de 10.37 a 12.44 horas) Presidencia de los señores Encina Moriamez, don Francisco, y Ceroni Fuentes, don Guillermo. Presidencia accidental del señor Delmastro Naso, don Roberto. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-INCIDENTES VII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 -Integración de Comisión Mixta9 V.Orden del Día. -Medidas de protección por uso de productos fitosanitarios. Tercer trámite constitucional9 -Extensión de permiso a madre por adopción de menor. Primer trámite constitucional23 -Postergación de tratamiento de informe de Comisión Especial sobre libertades de pensamiento y expresión, derecho a la información y medios de comunicación25 VI.Incidentes. -Suspensión de autorizaciones para instalar antenas de telefonía móvil. Oficio25 -Información sobre aplicación de plan Cuadrante en La Unión. Oficios25 -Aumento de dotación de carabineros en la comuna de Andacollo. Oficios. 26 -Investigación de procedimiento aplicado por carabineros en detención de ciudadano de Frutillar. Oficios26 -Información sobre mecanismo para llenar vacante de médico en Carabineros de Chile, Región de Los Lagos. Oficios29 -Saludo a nuevas autoridades del Ministerio de Salud29 -Rechazo a creación de “bono auge”. Oficio29 -Incumplimiento de medida en favor de agricultores de comuna de Chimbarongo, Sexta Región. Oficio30 -Situación de becarios del programa Beca Técnicos al Extranjero. Oficios31 -Obras contratadas por gobierno regional del Biobío impagas. Oficio32 -Pago de cotizaciones provisionales a profesores de Región del Biobío. Oficio33 -Información sobre pavimentación de vías en comunas de Talcahuano y Hualpén. Oficios33 VII.Documentos de la Cuenta. -Mensajes de S. E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la a tramitación de los siguientes proyectos: 1.“Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile”. (boletín N° 6191-19) 2.“Permite la introducción de la televisión digital terrestre”. (boletín N° 6190-19) 3.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual comunica que retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que “modifica sanción por no pago de tarifas o peajes de obras concesionadas”. (boletines N° 4838-09; 4840-09 y 4826-07) 4.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha rechazado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que “otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país”, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta para resolver las discrepancias producidas. (boletín N° 4237-04) 5.Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que “aprueba la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares”. (boletín N° 5935-10) 6.Informe de la Mesa Directiva que participó en la Reunión Tripartita de las Mesas Directivas de la Comisión Interparlamentaria Conjunta Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo-Congreso de la Unión de México 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto, y Aedo, que “modifica la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para permitir el cierre de pasajes, en condiciones que indica”. (boletín N° 6188-06) 8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Galilea, Bertolino, Delmastro, García, Vargas, Verdugo, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “establece que el Concejo Municipal elegirá al alcalde en caso de empate en elecciones”. (boletín N° 6192-06) 9.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán, Barros, Bertolino, Jaramillo; Sepúlveda, don Roberto, y de la diputada señora Valcarce, doña Ximena, que “modifica el artículo 63 N° 17 de la Constitución Política de la República, con el objeto de fijar quórum que indica para la modificación o derogación de leyes relativas a ciudades de residencia de autoridad y funcionamiento de órganos constitucionales autónomos que señala”. (boletín N° 6193-07) VIII.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación. -Comunicación de los diputados señores Chahuán y Sepúlveda, don Roberto, por la cual informan que retiran su firma del proyecto que “modifica disposiciones de la ley N° 19.779, con el objeto de establecer la obligatoriedad del examen para detectar el virus de inmuno deficiencia adquirida”. boletín N° 6171-11. 2.Oficios. -Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica la integración de las siguientes delegaciones oficiales al extranjero: 1)Convocatoria del Parlatino a sesiones de Comisiones en Brasilia, entre los días 17 y 18 de noviembre: a) Reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas a la cual asisten los Diputados señores García-Huidobro y Encina, en su calidad de Presidente de la Comisión, y b) Reunión Extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, y asisten los Diputados señores Venegas, don Mario y Sule; 2)La Diputada señora Vidal, doña Ximena, asistirá a la Sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Parlatino, a realizarse en Panamá el 3 de diciembre del año en curso; 3)El Diputado señor Urrutia asistirá a la X Reunión de la Comisión de Agricultura del Parlatino a efectuarse en Montevideo, los días 20 y 21 de noviembre, y 4)El Diputado señor Martínez asistirá, en su calidad de Vicepresidente del Parlatino, a las siguientes actividades: X Reunión de la Comisión de Educación, a efectuarse el 3 diciembre; Junta Directiva, a realizarse el 4 de diciembre, y XXIV Asamblea Ordinaria a desarrollarse entre los días 5 y 6 de diciembre, en Panamá. (Oficio N° 248). Ministerio de Educación: -Proyecto de Acuerdo 595, incorporación de la enseñanza del lenguaje audiovisual en planes y programas de estudio. Ministerio de Obras Públicas: -Diputado Bertolino, obras asignadas a “Empresa Santana Hermanos” en Vicuña. -Diputada Turres, camino de acceso a Paso Fronterizo Río Manso, X Región. -Diputado Espinoza don Fidel, contratos adjudicados a constructora San Felipe entre 2004 y 2008. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: -Diputado De Urresti, condiciones de seguridad y tránsito entre localidades de Pishuinco, Ariques, Huellelhue, comuna de Valdivia. Comisión Nacional del Medio Ambiente: -Diputado Espinoza don Fidel, cierre de la empresa Unisur. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Accorsi Opazo, Enrique -Aedo Ormeño, René -Allende Bussi, Isabel -Alvarado Andrade, Claudio -Álvarez Zenteno, Rodrigo -Araya Guerrero, Pedro -Arenas Hödar, Gonzalo -Ascencio Mansilla, Gabriel -Barros Montero, Ramón -Bauer Jouanne, Eugenio -Bertolino Rendic, Mario -Bobadilla Muñoz, Sergio -Schilling Rodríguez, Marcelo -Cardemil Herrera, Alberto -Ceroni Fuentes, Guillermo -Correa De la Cerda, Sergio -Cristi Marfil, María Angélica -Cubillos Sigall, Marcela -Chahuán Chahuán, Francisco -De Urresti Longton, Alfonso -Delmastro Naso, Roberto -Díaz Díaz, Marcelo -Dittborn Cordua, Julio -Duarte Leiva, Gonzalo -Egaña Respaldiza, Andrés -Encina Moriamez, Francisco -Enríquez-Ominami Gumucio, Marco -Errázuriz Eguiguren, Maximiano -Escobar Rufatt, Álvaro -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Estay Peñaloza, Enrique -Farías Ponce, Ramón -Forni Lobos, Marcelo -Fuentealba Vildósola, Renán -Galilea Carrillo, Pablo -García García, René Manuel -García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -Girardi Briere, Guido -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Hales Dib, Patricio -Hernández Hernández, Javier -Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge -Isasi Barbieri, Marta -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos Abel -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Latorre Carmona, Juan Carlos -Leal Labrín, Antonio -León Ramírez, Roberto -Lobos Krause, Juan -Lorenzini Basso, Pablo -Martínez Labbé, Rosauro -Melero Abaroa, Patricio -Meza Moncada, Fernando -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Montes Cisternas, Carlos -Mulet Martínez, Jaime -Muñoz D'Albora, Adriana -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Olivares Zepeda, Carlos -Ortiz Novoa, José Miguel -Palma Flores, Osvaldo -Paredes Fierro, Iván -Pascal Allende, Denise -Quintana Leal, Jaime -Recondo Lavanderos, Carlos -Robles Pantoja, Alberto -Rojas Molina, Manuel -Rossi Ciocca, Fulvio -Rubilar Barahona, Karla -Saa Díaz, María Antonieta -Sepúlveda Hermosilla, Roberto -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Sule Fernández, Alejandro -Súnico Galdames, Raúl -Tarud Daccarett, Jorge -Tohá Morales, Carolina -Ulloa Aguillón, Jorge -Urrutia Bonilla, Ignacio -Valcarce Becerra, Ximena -Valenzuela Van Treek, Esteban -Vallespín López, Patricio -Vargas Lyng, Alfonso -Venegas Rubio, Samuel -Verdugo Soto, Germán -Vidal Lázaro, Ximena -Von Mühlenbrock Zamora, Gastón -Ward Edwards, Felipe -Por contar con permiso constitucional, no estuvo presente el diputado señor Mario Venegas Cárdenas. -Diputados en misión oficial señores Germán Becker, Iván Moreira y Eduardo Saffirio. - II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.38 horas. El señor ENCINA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ENCINA (Presidente).- El acta de la sesión 92ª se declara aprobada. El acta de la sesión 93ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ENCINA (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA. El señor ENCINA (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta, encarga de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley que otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país, boletín Nº 4237-04, con los diputados señores Gastón Von Mühlenbrock, Marco Antonio Núñez, la señora Ximena Valcarce y los señores Gabriel Silber y Fidel Espinoza. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. Tercer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 2596-13, sesión 86ª, en 8 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 3. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, esta moción inició su trámite legislativo el año 2000 y se hace cargo de una situación grave dada a conocer por los dirigentes de la Organización de Trabajadores de Temporada y por distintos actores sociales, quienes han manifestado su inquietud por el impacto en la salud de las personas, fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras de temporada, la utilización de productos fitosanitarios. Quiero recordar -dado que ha transcurrido mucho tiempo- que esta moción propone modificar la ley Nº 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, en el sentido de incorporar, entre las enfermedades cuya pesquisa reviste especial importancia en el examen de la medicina preventiva, aquellas afecciones derivadas del uso de productos fitosanitarios, químicos o nocivos, de modo de detectarlas oportunamente, tanto para su adecuado tratamiento, como para la adopción de medidas tendientes a evitar que otros trabajadores enfermen. Entre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto está la incorporación de la rotulación de los productos, de modo de establecer claramente la sintomatología básica derivada del mal uso de los plaguicidas, con el objeto de facilitar el tratamiento en la atención de salud. Se propone realizar una clasificación de los productos fitosanitarios y la elaboración de un catastro de fácil acceso y consulta instalado en internet por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Se perfecciona la legislación laboral en materia de prevención de riesgo y derecho de los trabajadores en caso de peligro inminente para su salud. En cuanto a la comercialización, se establecen nuevas normas y se incorpora la prohibición de expender estos elementos en lugares que puedan contaminar vegetales o cualquier otro tipo de productos para el consumo humano. Es muy importante que un reglamento disponga los requisitos que deberán exigirse a los establecimientos destinados al expendio de dichos productos. Un tema importante que ha quedado establecido en esta iniciativa es lo que se relaciona con la fumigación aérea. Aun cuando sabemos que es de enorme necesidad para la agricultura, su uso entra en contradicción con la seguridad en la salud de las personas, cuando se realiza en el momento en que los trabajadores se hallan al interior del predio, o si vuelven a su lugar de trabajo en forma inmediata, una vez que se ha llevado a cabo. Otro aspecto negativo es la fumigación aérea en lugares muy cercanos a establecimientos educacionales o a conjuntos de viviendas. Por lo anterior, es muy importante que exista un reglamento que regule la forma en que se debe llevar a cabo la fumigación aérea. Desde ya, anuncio que me ocuparé en forma personal de que el Servicio Agrícola y Ganadero realice fiscalizaciones permanentes. Por lo expuesto, recomiendo a los colegas -dado que no hemos tenido el tiempo para conocerlas con mayor profundidad- dar su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto, ya que son complementarias y perfeccionan en varios aspectos la propuesta de la Cámara. Ello, con el propósito de no dilatar más el despacho de este proyecto, que ya lleva ocho años de tramitación y cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que se ven expuestos a riesgos por el uso de plaguicidas, como asimismo, de la comunidad, ya que también utiliza y aplica en forma permanente este tipo de productos fitosanitarios en la vida doméstica, sin mayor conocimiento sobre los peligros que corre. Por tanto, insisto, recomiendo a esta Sala dar su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto. Agradezco al diputado don Ramón Barros su constante colaboración durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Agricultura para lograr su rápido despacho, así como en el trabajo conjunto realizado con el Senado. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Recuerdo a los señores diputados que la Comisión Mixta de Presupuestos no está funcionando. Por tanto, este proyecto se va a votar una vez que termine su debate. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, como bien decía la diputada Adriana Muñoz, éste es un proyecto muy antiguo. En forma transversal, diversos parlamentarios han hecho presente su preocupación por la situación de inseguridad que viven a diario quienes trabajan en el área agrícola por el manejo, operación y aplicación de pesticidas. Nuestro país cuenta con una normativa legal y administrativa confusa, dispersa, insuficiente y retrasada, donde la protección de la vida y la salud del trabajador aparece claramente desprotegida frente a situaciones de grave riesgo. Quiero ser muy honesto. Muchas veces en este hemiciclo, algunos se permiten atacar a los autores de ciertas iniciativas. Hoy, quiero reconocer el trabajo realizado y su gran aporte a los colegas Adriana Muñoz y Antonio Leal, dos de los autores del proyecto. Además, en la Comisión de Agricultura, reiteradamente junto con la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Ignacio Urrutia acordamos exigir al Senado que apurara el tranco en el despacho de este proyecto porque norma, en general, todo lo relacionado con los pesticidas. Por eso, estábamos muy atentos a su despacho por esa Cámara. En la Comisión de Agricultura se han presentado numerosos proyectos que buscan limitar el uso de determinados pesticidas, pero nosotros congelamos su tramitación a la espera de éste, que engloba todo lo relacionado con el uso de los pesticidas en nuestro país y con la protección de los trabajadores temporeros. El proyecto aborda la exportación, producción, distribución, ventas, tenencia y aplicación de pesticidas, para lo cual se modifican numerosos cuerpos legales. No me voy a extender en esta materia, porque la diputada Adriana Muñoz ya se refirió al decreto ley Nº 3.557, de 1981, al decreto con fuerza de ley Nº 725, de 1968, sobre salud pública, al decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a las leyes Nºs. 19.300, 16.744 y 18.469. En nuestro país, la agricultura ha incorporado el uso de diversos productos y tecnologías que elevan sustantivamente los estándares fitosanitarios, con la consiguiente mejora de rentabilidad y competitividad en los mercados internacionales. Pero, esto no implica soslayar situaciones que deben ser corregidas, en particular, la protección de las personas que trabajan en el sector agrícola. Las actuales normas legales, aparte de ser confusas, están muy dispersas, con lo cual se desprotege la vida y la salud de los trabajadores ante situaciones de mucho riesgo que han sido resueltas en muchos países. Es decir, en Chile estamos muy atrasados en esta materia. Los principales vacíos de nuestra legislación son la falta de complementación de los entes involucrados, la dispersión de las normas, la regulación deficiente del uso de los productos fitosanitarios e insuficiencias en la información, la pesquisa y análisis estadístico de los casos de intoxicación. Por lo tanto, lo que busca este proyecto es avanzar, así como lo han hecho muchos países, en la asesoría profesional para el uso de pesticidas, a fin de disminuir el riesgo excesivo y, al mismo tiempo, prohibir el uso de productos altamente nocivos. En la Comisión de Agricultura hemos tratado algunos proyectos que prohíben el uso de ciertos pesticidas. Con este proyecto, en virtud de la modificación del artículo 35 del decreto ley Nº 3.557, de 1981, quedamos -por decirlo de alguna manera- en línea con el mundo. El SAG queda facultado para cancelar el registro de un producto que esté prohibido en cualquier país, a pesar de haber sido registrado en Chile, incluso, para requisarlo y destruirlo. Aquí hablamos de la destrucción de envases y de las aplicaciones aéreas. Es un proyecto que, de alguna manera, norma en forma definitiva el uso de los pesticidas, su aplicación segura, su manipulación, almacenaje y venta y que protege la salud de quienes trabajan en el área agrícola. Hago un llamado a los colegas para que aprueben, ojalá, en forma unánime, las modificaciones del Senado. Podríamos enviar el proyecto a comisión mixta, pero no vale la pena hacerlo por un par de enmiendas. El Senado lo redactó en forma distinta, pero, en lo sustancial, no se introdujeron modificaciones que ameriten ese trámite, porque es importante avanzar en su pronto despacho. Mi deseo es que hoy despachemos el proyecto y que nos sintamos muy orgullosos del trabajo que realizamos. Considero que estamos ante un proyecto tremendamente importante, y agradezco, en particular, la actuación de Antonio Leal y Adriana Muñoz, porque en algún momento la iniciativa pudo haber naufragado, si las distintas posiciones no hubieran coincidido. Recuerdo una intervención que realicé en la Comisión de Trabajo, relacionada con las aplicaciones aéreas de pesticidas que se iban a prohibir. Entonces, hice presente el problema de los pinos, de los paltos y de una viña de 2 mil hectáreas: después de una lluvia de 50 milímetros, ocurrida un 10 de noviembre, sólo era posible fumigar por vía aérea. Pero, obviamente, tenemos que ver la forma de regular estas aplicaciones para resguardar la seguridad de las personas. Debo reconocer que se depusieron algunas de las posiciones iniciales en aras de la aprobación del proyecto, cuestión que agradezco sobremanera. Así da gusto trabajar. Ese es el espíritu que debe prevalecer en los debates, y dejar de lado los aspectos ideológicos. En la Cámara uno se topa con personas muy valiosas, más allá de que la aproximación que podamos tener sobre ciertos temas venga de distintas vertientes. Por lo tanto, pido a los colegas que voten a favor las modificaciones del Senado, de manera que el proyecto se convierta en ley de la República, porque traerá muy buenas consecuencias para todo el sector agrícola, desde el punto de vista de la seguridad de las personas. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, en realidad, es una alegría que esta iniciativa esté a punto de ser despachada. Tal como lo han hecho otros colegas, felicito a la diputada Adriana Muñoz, al diputado Antonio Leal, al ex diputado y actual senador Juan Carlos Letelier, y a muchos otros, que trabajaron este proyecto y cuya tramitación legislativa comenzó el año 2000. Después de asumir como diputados, muchos propusimos algunos proyectos de acuerdo relacionados con la materia. Sin duda, quienes representamos zonas rurales consideramos que ciertos plaguicidas y productos fitosanitarios causan problemas alarmantes. El objetivo de este proyecto es, precisamente, regular esa materia y, esencialmente, proteger a los trabajadores. Como dijo el diputado Barros, en el camino fue necesario ponernos de acuerdo sobre varios temas, con el objeto de facultar al SAG para que prohíba la utilización y la venta de plaguicidas y productos fitosanitarios que estén prohibidos. Además, el proyecto perfecciona atribuciones que tiene el Ministerio de Salud para que pueda regular, vía reglamentaria, las fumigaciones aéreas, sus condiciones y restricciones de seguridad tendientes a resguardar la salud de las personas, así como los requisitos y condiciones para el expendio de pesticidas. En las pequeñas comunas rurales, muchas veces veremos que, junto con alimentos y productos vegetales, también se venden plaguicidas, precisamente, porque no existen grandes centros para su distribución. Ahora, se evitará la contaminación que podría perjudicar directamente a quienes adquieren aquellos productos. Por otra parte, el empleador de trabajadores agrícolas permanentes y transitorios estará obligado a cumplir ciertos requisitos. Sabemos positivamente que, muchas veces, en nuestras zonas estos plaguicidas son usados por trabajadores contratados por uno o dos días, que no disponen de la indumentaria adecuada para manipularlos. Quienes vivimos en dichas zonas hemos conocido los problemas provocados por las fumigaciones aéreas a estudiantes de colegios aledaños a plantaciones. Por ejemplo, hace dos años, en la comuna de María Pinto se produjo la intoxicación masiva de todos los alumnos de una escuela. Por eso, este proyecto viene a llenar un vacío legal, relacionado con el uso de plaguicidas que, muchas veces, son muy necesarios para obtener productos de exportación, pero si su uso no es controlado, podrían afectar a la población. Las modificaciones del Senado me parecen adecuadas, por lo tanto soy partidaria de aprobarlas ahora y de que el proyecto no vaya a comisión mixta, porque ya hace muchos años está en el Congreso Nacional. Es importante que una vez promulgada esta iniciativa se fiscalice su cumplimiento. Muchas veces tramitamos proyectos que resguardan los derechos de los trabajadores, que luego, convertidos en leyes, se transforman en letra muerta, porque no se efectúan las fiscalizaciones necesarias. Por lo tanto, debemos velar para que se efectúe la fiscalización, de manera de favorecer a la ciudadanía, que en innumerables oportunidades permanece ajena a estos temas por desconocimiento. También es esencial que los productos importados sean etiquetados en español, puesto que muchas veces vienen en otros idiomas y las personas desconocen las implicancias colaterales que su uso puede acarrear. Reitero mi felicitación a los autores de la moción propuesta en el año 2000. Los diputados que durante los últimos años hemos presentado proyectos de acuerdo para solucionar los problemas que resuelve el proyecto nos alegramos de haber llegado a buen término, y ojalá aprobemos las modificaciones del Senado. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Agricultura, donde en varias ocasiones recibimos a la diputada Adriana Muñoz para que defendiera el proyecto, me sumo a las felicitaciones que han emitido los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hacia los autores del proyecto en análisis. La iniciativa compatibiliza el resguardo de la salud de las personas con la atención de necesidades del sector agrícola. Hemos llegado a una visión más global respecto del uso de los pesticidas y cómo hoy Chile se hace cargo de un problema grave. Varios diputados que representamos sectores agrícolas conocemos las distintas complicaciones producidas por el uso de pesticidas. El proyecto busca soluciones que resguarden la salud humana y es adecuado a lo que el mundo ha avanzado en la materia. Pocas veces felicitamos al Senado, pero ésta es una buena ocasión para hacerlo -pese a la insistencia de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para agilizar la tramitación del proyecto- ya que amplió la aplicación de la iniciativa e incorporó otras medidas que en la Cámara no logramos enfocar. Por ejemplo, no se limitó a la prohibición de fabricar, almacenar o transportar plaguicidas, sino también a expenderlos en locales o transportarlos en vehículos en que puedan contaminar. En definitiva, utilizó conceptos mucho más amplio de los que consideró la Cámara de Diputados. Respecto de las modificaciones al Código Sanitario, plantea que el servicio de salud elaborará un catálogo y notificará no sólo de aquellas complicaciones producidas por contaminación, sino también de aquellas afecciones que puedan derivarse de intoxicaciones producidas por el uso de plaguicidas o productos fitosanitarios. Al mismo tiempo, en el Senado se efectuaron algunas modificaciones de redacción que hacen mucho más clara las disposiciones y facilitan su fiscalización. Sin embargo, me preocupan dos cosas. Primero, el reglamento que se dicte para la utilización de los productos, porque puede que no necesariamente se condiga con el espíritu de la ley. Cada vez que deba dictarse un reglamento para aplicar una ley -lo he pedido innumerables veces y lo reitero ahora- la Cámara debería conocer dicho reglamento, o al menos la Comisión correspondiente, en este caso la de Trabajo o la de Agricultura, porque al minuto de aplicación del proyecto o de su fiscalización, además de la demora en su concreción, no se condicen con las leyes para cuya aplicación se dictaron. También me preocupa la fiscalización. Hoy estamos en el proceso de estudio de los presupuestos para las instituciones. Al SAG le hemos incorporado muchas otras funciones relacionadas con la recuperación de suelo, con la fiscalización en aduanas, etcétera. Hoy la fiscalización es mucho más acuciosa y detallada, por eso es muy importante que el SAG cuente con más recursos para que tenga un departamento de plaguicidas más especializado, con personal capacitado especialmente en fumigaciones aéreas, donde vamos a tener algunas dificultades, sobre todo porque el tiempo que transcurre entre que se produce la aplicación y la emergencia es muy corto y las decisiones deben adoptarse con prontitud. Por lo tanto, la fiscalización y la autorización del SAG también deben hacerse rápidamente. Ojalá se asignen más recursos al Servicio Agrícola y Ganadero, de modo de dotarlo de más funcionarios y de recursos logísticos que permitan fiscalizar el cumplimiento de la ley, que es mucho más compleja pero absolutamente necesaria. Luego de que se apruebe el proyecto, tendremos una estructura legal más acorde con lo que está viviendo el mundo, pero podemos mejorarla con algunas propuestas y mociones que están en la Comisión de Agricultura. Invito a los colegas a aprobar la iniciativa sin mayor discusión, ya que las modificaciones del Senado son muy pertinentes. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, han pasado ocho años desde que presentamos este proyecto con la diputada Adriana Muñoz, el senador Juan Pablo Letelier y el ex diputado Leopoldo Sánchez. Es decir, la iniciativa ha tenido un largo recorrido. Quiero agradecer a los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura, en especial a la diputada señora Alejandra Sepúlveda, al diputado Ramón Barros y a otros señores diputados, por la tramitación y su aporte, que han permitido enriquecer el proyecto. La iniciativa surge a raíz de una denuncia que recibimos hace ocho años de temporeras y temporeros de malformaciones congénitas que se estaban produciendo por la utilización de pesticidas. Después, a través de un estudio que realizó la Universidad de Atacama, logramos establecer qué productos estaban prohibidos a nivel mundial, y que ingresaban a Chile desde el mercado norteamericano con otros nombres. Es decir, se comprobó cómo ese mercado mandaba al resto del mundo productos prohibidos en Estados Unidos, con otros nombres. Una acuciosa investigación de la Universidad de Atacama determinó que cerca de sesenta pesticidas y plaguicidas ingresaron al mercado nacional con nombres de fantasía, muchos de los cuales provenían de Estados Unidos. Esos productos estaban prohibidos por diversas organizaciones internacionales, en particular por la Organización Mundial de la Salud y algunas relacionadas con los temas agrícolas. Dicho eso, este proyecto, enriquecido con los argumentos esgrimidos por los diputados de la Concertación y de la Alianza, plantea, en primer lugar, la existencia de deficiencias en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Éstas se derivan de la utilización de productos fitosanitarios, como plaguicidas o pesticidas, algunos de los cuales, nos percatamos durante su debate y por las investigaciones realizadas, provocan un grave impacto en la salud de los trabajadores. También propone la modificación de la ley Nº 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, en el sentido de incorporar entre las enfermedades cuya pesquisa reviste especial importancia en el examen de medicina preventiva, aquellas afecciones derivadas del uso o la exposición a productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud. La idea es detectar las afecciones en forma oportuna, sea para su adecuado tratamiento o para adoptar las medidas tendientes a evitar que se reiteren en nuestros trabajadores. Como muy bien señalaba la diputada Adriana Muñoz, quien ha jugado un rol relevante en la búsqueda de la aprobación de esta iniciativa durante estos ocho años, el proyecto también modifica el Código Sanitario. Se obliga a los establecimientos sanitarios a notificar a la autoridad sanitaria de todas las afecciones que, “aún presumiblemente”, se originen por la aplicación de plaguicidas o productos fitosanitarios. Antes esto no era obligatorio y muchas veces las denuncias sólo se hacían a los medios de comunicación. Por lo tanto, no eran recibidas oficialmente por la autoridad sanitaria. Por ello, se propuso una enmienda a la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de incluir entre las atribuciones de los comités paritarios de higiene y seguridad, la investigación de las causas de las afecciones que en forma reiterada o masiva padezcan los trabajadores y sea presumible que su origen esté en la utilización de productos fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud. Esta norma es muy importante, porque genera un cuadro de protección a las temporeras y temporeros hasta ahora no consignado. Con seguridad, contribuirá a una relación nueva, preventiva -porque, al final, las leyes, más que represivas, deben ser preventivas-, entre el empleador, sobre todo los grandes exportadores de fruta y de otros productos agrícolas, y los trabajadores de temporada. En segundo lugar, se perfecciona la legislación laboral en materia de prevención de riesgos de los trabajadores en caso de peligro inminente para su salud. Se ha constatado que la legislación laboral resultaba insuficiente en la protección de los trabajadores expuestos a un peligro inminente para su salud. Con el objeto de corregir esa situación, se precisa claramente que una de las obligaciones principales del empleador -la establece una de las modificaciones que propone este proyecto- es la de informar al trabajador de los riesgos que corre en la ejecución de sus labores. Es decir, debe educar a la persona que estará en contacto con pesticida o cualquier otro producto químico. Eso es esencial, independientemente de que los productos sean permitidos. Como lo manifestó muy bien el diputado Ramón Barros, en ese ámbito hay un tema de cultura, información y prevención, sobre el cual el trabajador debe tomar medidas para garantizar que su salud sea cautelada cuando trabaja con productos de esa naturaleza. Asimismo, se agrega que el empleador deberá mantener lugares destinados a la higiene personal de los trabajadores en los casos de la utilización de pesticidas, plaguicidas o productos fitosanitarios, informar sobre su correcto uso y manipulación, proporcionar implementos y medidas de seguridad para protegerse de ellos, como también los productos de aseo indispensables para su completa remoción. Lo anterior obedece a que se encuentra comprobado que la exposición de esos productos por períodos largos sobre la piel es causa directa de daño o de agravamiento. A raíz del debate habido sobre esta iniciativa, por lo menos en la Región de Atacama y en muchos otros lugares donde las condiciones higiénicas eran deplorables, puedo manifestar que ellas han mejorado considerablemente. Es decir, ha provocado cambios importantes, porque ha significado diálogo con los empleadores, con las organizaciones de temporeras y temporeros y mejoras en las condiciones sanitarias. Pero el tema aún está pendiente. Con la promulgación de la ley, todo el mundo tendrá que ajustarse a la nueva realidad. En cuanto a la comercialización de los productos, se incorpora la prohibición de su expendio en lugares que puedan contaminar productos vegetales u otros de consumo humano. Asimismo, se dispone que un reglamento señalará los establecimientos comerciales aptos para el expendio de estos productos y las condiciones de seguridad que deban cumplir. Sin perjuicio de ello, se adelanta, como criterio general, que deberán encontrarse en los supermercados, almacenes, bazares u otros comercios no especializados en la materia, en áreas totalmente separadas de los alimentos, destinadas exclusivamente al almacenamiento de esos productos. Participo de la idea de las diputadas Alejandra Sepúlveda, Adriana Muñoz y Denise Pascal y del diputado Barros y otros que han intervenido, de aprobar las modificaciones del Senado y de que el proyecto no vaya a comisión mixta. Es cierto que en la Cámara de Diputados se hicieron algunas modificaciones un poco radicales, como la posibilidad de someter a evaluación de impacto ambiental los proyectos o actividades en que se apliquen en forma masiva productos químicos o fitosanitarios. Obviamente, eso retrasa una inversión; al respecto, me parece que, más bien, debemos tomar medidas preventivas de otra naturaleza. En ese sentido, es muy importante la modificación del Senado que faculta al Servicio Agrícola y Ganadero para “regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas. Asimismo, por resolución fundada, el Servicio podrá ordenar la retención o comiso de plaguicidas prohibidos, no registrados o registrados que no cumplen con los requisitos que permitieron su autorización”. Ahora, me gustaría saber con cuántos fiscalizadores cuenta el SAG para hacer cumplir esta norma, lo que es otro cuento. Al respecto, he conversado con la diputada Alejandra Sepúlveda y otros diputados que tienen permanente contacto con los temas agrícolas, y me han dicho que se requiere aumentar el número de fiscalizadores. Así lo amerita esta disposición que le entrega esta gran facultad al SAG para visitar los predios y fiscalizar la actividad productiva y agrícola. También es importante consignar la dictación de un reglamento que establecerá “la forma en que tendrán lugar las fumigaciones aéreas, las condiciones y restricciones de seguridad para la salud de las personas;”. Al igual que la diputada Sepúlveda, estimo que es necesario que estos reglamentos, por lo menos, sean conocidos por las comisiones respectivas. El que se redacte para esta futura ley tendría que ser conocido por las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Salud de la Cámara de Diputados. Otra modificación relevante que introdujo el Senado es la que se refiere a la distribución de plaguicidas. Señala que deberá hacerse “en envases sellados, en el tipo de recipiente aprobado para el producto” y etiquetados “en español, en forma indeleble, la composición del producto, las instrucciones para su uso correcto y seguro, la forma de eliminar los envases vacíos, las precauciones que deban tomarse, el nombre del fabricante o importador, y las demás menciones que se establezcan por resolución del Servicio”. Estos detalles a los cuales recurre la Cámara Alta, que se agregan al texto despachado por esta Corporación, son muy relevantes y parte de la normativa internacional. Por eso, la felicito por esa incorporación. De las diez modificaciones formuladas por el Senado, varias son muy importantes; otras me merecen algunos reparos, pero eso no significa que debamos mandar el proyecto a comisión mixta y lo retengamos por otro año más, enterando nueve o diez años de tramitación. Espero que se convierta en ley durante la administración de nuestro querido Presidente, Francisco Encina, y podamos celebrar ese acontecimiento en Ovalle, en su distrito. Como diría mi amigo Pablo Lorenzini, la aprobación de este proyecto de ley, va a tener un efecto muy importante en materias de prevención, higiene y salud. Asimismo, la iniciativa va a incidir en las materias que regulan el Código Sanitario, el Código del Trabajo y la ley Nº 18.469, que trata temas relativos a la prevención de riesgos y derechos de los trabajadores. Por lo tanto, la aprobación de este proyecto va a significar un aporte muy importante para la producción agrícola de nuestro país y la protección de los derechos laborales. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, luego de escuchar a mi colega Antonio Leal, quiero añadir que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene un reglamento que incluye el 90 por ciento de las propuestas de esta iniciativa. ¿Qué materias no contempla? La fumigación aérea, que se incorporará ahora. En la actualidad, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo prepara a los trabajadores agrícolas, con el objeto de que aprendan a manipular los pesticidas, a usar los trajes protectores y a respirar con máscaras. Dicho servicio dicta cursos para que los agricultores y trabajadores aprendan a cumplir con la reglamentación del SAG. No estoy en contra de este proyecto de ley, sino a favor. Encuentro fantástico que se legisle al respecto, ya que se dará mayor fuerza al reglamento del SAG, que además incluye listados de los productos que pueden ingresar al país, de cuáles se pueden usar y cuáles no. Esos listados se modifican regularmente. Reconozco que con la actual normativa se pueden pasar “goles”. Como dijo el diputado Leal, un envase puede venir con otro nombre, o pueden cambiar la letra chica de los ingredientes. Al respecto, no sé cómo se podría evitar eso. El reglamento también indica los trajes y las mascarillas que deben usar quienes fumigan. En cuanto a los envases, señala que una vez vacíos deben destruirse. En definitiva, el reglamento del SAG es bastante claro en esta materia. El problema es otro y lo mencionó el diputado Antonio Leal al final de su intervención: la fiscalización. Debemos reconocer que algunos agricultores cumplen y otros no. Las cosas deben ser claras como el agua. Nuestro país tiene un largo territorio y mucha agricultura, y para que el SAG pueda fiscalizar, necesita recursos. Sin embargo, nunca se le han asignado para estos fines. Este proyecto de ley le va a otorgar un mayor sustento al reglamento y a las funciones del SAG. Sin embargo, si no se le asignan los recursos necesarios, lo más probable es que la iniciativa termine en letra muerta. El proyecto ley de Presupuestos, que se acaba de aprobar en la Comisión Mixta, le asigna un incremento. El SAG verá aumentados sus recursos debido a una peste que apareció en las viñas, que se llama Lobesia Botrana, y que debe combatirse. Los diputados patrocinantes de esta iniciativa tienen razón, en el sentido de proteger a los trabajadores de los agricultores inescrupulosos. Voy a decirlo con todas sus letras: algunos agricultores hacen mal su trabajo y no cumplen con la reglamentación vigente. Lo más probable es que tampoco cumplan con esta futura ley si no se les fiscaliza adecuadamente. Me parece bien abordar el tema de las fumigaciones y que se consigne en un reglamento. Encontraba absolutamente ilógico prohibirlas, como se planteó en la Cámara de Diputados en un momento, porque eso podría llevarnos a un desastre gigantesco si aparece alguna plaga o se produce una emergencia en nuestro país. Por lo tanto, lo lógico es reglamentar las fumigaciones, especialmente las aéreas, las que deben hacerse cuando no haya viento, de lo contrario -con viento-, el pesticida va a caer en cualquier parte, menos donde debe, por ejemplo, en los vecindarios, en las escuelas, etcétera. Esa materia tendrá que estudiarla el SAG, ya que sus funcionarios saben cuál es el sistema más apropiado para no correr riesgos. En general, las modificaciones del Senado perfeccionan algunas materias que abordó la Cámara de Diputados. Como dijeron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, tal vez podría perfeccionarse más el proyecto, pero ello significaría demorar su trámite legislativo. Por lo tanto, voy a votar a favor de la iniciativa, y espero que también lo haga mi bancada. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, como la importancia del proyecto se ha mencionado, quiero agregar que resulta imperioso y necesario abordar la aplicación de los plaguicidas en nuestra agricultura, ya que queremos continuar siendo una nación exportadora de alimentos. Hace ocho años, los colegas señores Antonio Leal, Leopoldo Sánchez y Juan Pablo Letelier, junto con la diputada señora Adriana Muñoz, propusieron legislar sobre esta materia, es decir, se adelantaron en el tiempo. En cuanto a las modificaciones propuestas por el Senado, me parece muy interesante la frase del artículo 34, que dice: “respetando los plazos que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, y en el plazo correspondiente al período de reingreso de las personas y los animales a los sectores tratados,...”. Como conozco muy bien el tema agrícola, sé que los agricultores se anticipan en el tiempo, especialmente los del sector ganadero. Se ha regado con plaguicidas, pero falta talaje. Por lo tanto, se debe evitar que los plaguicidas afecten a los animales y a los seres humanos. Esta futura ley deberá ser conocida por los liceos agrícolas donde se capacita a los trabajadores agrícolas, quienes reciben el título de técnico agrícola. Ellos son los verdaderos trabajadores del agro de hoy y deben quedar protegidos. Desde el comienzo de su educación deben tomar conocimiento de esta iniciativa, que es adelantada en el tiempo. Como dijo mi colega Urrutia, la zona central de Chile es privilegiada, porque allí se conoce mucho, debido a su calidad de zona exportadora. Por lo demás, quienes allí laboran conocen muy bien los reglamentos relacionados con productos fitosanitarios, algunos de los cuales condicionan el uso de plaguicidas. Sería positivo que otras zonas del país fueran informadas de los adelantos que incluye la iniciativa en relación con esta materia. Como he señalado, el proyecto se adelantó a su tiempo. Así las cosas, ¿cómo hacer efectivo el artículo 34 si no se cuenta con el número de funcionarios necesarios para hacer cumplir lo que allí se señala? Se trata de un tema a considerar una vez promulgada la ley. El germen del proyecto se encuentra en la iniciativa que buscó mejorar las condiciones laborales de las madres temporeras. Sin embargo, éste apunta mucho más lejos, se relaciona con nuestros productos de exportación agrícola. Me alegra abordar un proyecto de la calidad del que se debate en esta oportunidad. Sin embargo, echo de menos un artículo que señale que las materias contenidas en esta iniciativa deben ser enseñadas en los liceos agrícolas, a fin de que los miles de alumnos que estudian en esos establecimientos educacionales tengan información de primera mano, la que les será muy útil como sujetos de la iniciativa. Felicito una vez más a los autores del proyecto, quienes hace ocho años tuvieron la visión de diseñar un proyecto que recién ahora se convertirá en ley. Por último, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente la iniciativa. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, tal como lo han expresado colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, estamos frente a una gran iniciativa parlamentaria, consecuencia de una moción presentada hace bastante tiempo por un grupo de parlamentarios. Recuerdo que durante el primer trámite constitucional hice uso de la palabra por la importancia que reviste el tema desde el punto de vista de la protección y de la seguridad de las trabajadoras y trabajadores del campo en la realización de sus faenas; de las buenas prácticas laborales; de la modernización y calidad de la agricultura chilena y del prestigio de los productos que provienen de esa actividad. Proteger como corresponde a las trabajadoras y trabajadores ennoblece al país e implica colocar mayor valor agregado a nuestros productos, en especial a los que se exportan. El proyecto significa un avance, por cuanto entrega mayor seguridad y protección de la salud a quienes trabajan en los campos. Por tal razón, esperamos que no se repitan casos relacionados con enfermedades originadas en el uso de plaguicidas. Parlamentarios y medios de comunicación han denunciado en reiteradas oportunidades afecciones en mujeres embarazadas por el contacto con plaguicidas. Siempre queda un manto de duda sobre si esos químicos son los responsables de malformaciones en recién nacidos o abortos espontáneos en mujeres que habitan los campos de la Sexta Región, de Atacama, del valle de Copiapó o del valle del Huasco. Como no existen investigaciones profundas respecto de esa materia, no es posible arribar a conclusiones definitivas. Por ello, es un paso muy importante establecer una regulación que proteja a los trabajadores y trabajadoras en relación con la utilización de productos fitosanitarios. Todo el mundo sabe -su señoría, que representa el valle del Limarí, está enterado de ello- que los trabajadores y trabajadoras del campo, en especial los temporeros, laboran en condiciones muy precarias, y que la protección de su salud no está bien custodiada. Hay agricultores muy responsables; sin embargo, otros no se preocupan de la salud y protección de sus trabajadores. Por otro lado, sabemos que existen empresas subcontratistas; -sin perjuicio de las responsabilidades del agricultor contratante- que violan normas o ponen en mayor riesgo la salud y la protección de trabajadores y trabajadoras del campo. Se trata de una situación que es posible constatar en forma recurrente en los valles transversales de mi región, donde fundamentalmente hay parronales y primores, lo que genera trabajos muy intensivos en determinadas temporadas. Todos conocen las migraciones de trabajadores y trabajadoras de temporada desde la zona central y centro sur del país hacia el norte, y viceversa. En tal sentido, no sólo exhiben precariedad en sus trabajos, sino también en sus vidas, por cuanto se han transformado en verdaderos nómadas. De ese modo, viajan entre las distintas regiones según corresponda época de corte, brota o cosecha de los distintos productos. En otras palabras, no viven como cualquier chileno, que, luego de cumplir con su trabajo, llegan casa a compartir con su familia e hijos. A ello hay que agregar que sus remuneraciones son regulares o malas. El proyecto en debate entrega una protección adicional a esas personas -lo que, sin lugar a dudas, es importante- y complementa otras medidas adoptadas en el pasado, como la extensión de los beneficios de la tarjeta del Fonasa y las relativas a la protección de la radiación solar. Sin embargo, es necesario avanzar aún más. Quizás, debería existir un estatuto del trabajador temporero o un compendio que recoja claramente las normas relacionadas con su actividad, a fin de distribuirlo entre quienes la llevan a cabo, con el objeto de que conozcan en plenitud sus derechos en materia de salud, de protección y de integridad física. Felicito a los autores de la moción, pues, repito, el proyecto constituye un avance en la materia. Tal como lo anunció Alejandra Sepúlveda, diputada líder en materia agrícola de la bancada PRI-Independientes, también votaré favorablemente el proyecto. Sin embargo, no por ello dejaré de plantear una cuestión adicional. Existen problemas de organización de estos trabajadores. La formación de sindicatos o federaciones en ese ámbito es muy precaria. En efecto, hay empresarios modernos, interesados en que los trabajadores se organicen; sin embargo, la mayoría no comparte esa idea. Hay que poner atención especial en eso. Hace unos meses, en Copiapó hubo un enfrentamiento por un problema laboral entre los trabajadores y trabajadoras temporeras y la autoridad; se organizaron para exigir condiciones laborales mínimas, que no tienen que ver con la materia de este proyecto de ley, pero sí con sus condiciones de higiene, de desplazamiento y de alimentación. Ese es un tema sobre el cual debe seguirse trabajando. En segundo lugar -lo planteaban algunos parlamentarios-, estas normas, para que se hagan carne y sean cumplidas, deben ser fiscalizadas y mi impresión respecto de la Región de Atacama que represento, es que el Servicio Agrícola y Ganadero, por una parte, el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, y el Ministerio de Salud, a través de la secretaría regional ministerial de salud, por otra, no tienen el número de funcionarios y especialistas suficientes para cumplir con esa función. De hecho, dos días atrás, funcionarios de una de esas reparticiones me planteaban que hace tres o cuatro meses no podían salir a fiscalizar, porque no tenían recursos para desplazarse. Añadían que en agosto se acabó la plata para viáticos, de manera que los profesionales que están en la capital regional, Copiapó, y que deben ir, por ejemplo, al valle del Huasco o a Tierra Amarilla a fiscalizar, no pueden hacerlo, por lo tanto, no se está fiscalizando. Esta normativa debe ir acompañada de la posibilidad de fiscalizar su cumplimiento, de lo contrario va a ser letra muerta en una parte, por lo menos, ya que hay empresas que se rehúsan a ejecutar lo que les impone. Por último, señor Presidente, hago notar también un hecho tangencial. Es creciente, en particular en el valle de Copiapó, la contratación ilegal de trabajadores extranjeros, especialmente ecuatorianos. Allí no está regularizada su situación laboral; no hay planillas, ni contratos de trabajo; los hechos no se pueden fiscalizar, porque, formalmente, no existen. Hay que poner especial atención en esas personas extranjeras que están siendo abusadas y que sufren las mismas consecuencias de una serie de hechos -plaguicidas, seguridad laboral, alimentación, desplazamiento-, en sus condiciones laborales y que perjudican asimismo, de manera indirecta, el mercado laboral de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Señor Presidente, con esas aprensiones voy a votar favorablemente el proyecto de ley. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, éste es un proyecto que varios señores diputados presentaron hace ya bastante tiempo y con el cual se busca incorporar la variable protección de salud a aquellos que laboran en actividades silvoagropecuarias, reguladas por el decreto ley Nº 3.557; sin embargo, esta iniciativa no consideraba aspectos extraordinariamente importantes. El proyecto de ley incluye a los productos químicos fitosanitarios en la legislación actual y, además, se pretende que los servicios fiscalizadores -llámese Servicio Agrícola y Ganadero, autoridad sanitaria o inspección del trabajo- tengan algunos elementos que les permitan actuar en concordancia con el espíritu de los legisladores: preservar la salud de las personas. Esta iniciativa representa un progreso en la materia; pero el Senado introdujo modificaciones a prácticamente todo su articulado, con una mirada tal vez, a mi juicio, un poco más restrictiva en relación con la de la Cámara de Diputados, cuyos planteamientos avanzan mucho más en la protección de la salud de las personas y dan más atribuciones a los distintos servicios. El Senado las disminuye; ha tenido una visión menos proteccionista que esta Corporación. Me llama particularmente la atención la supresión del artículo 4º de la Cámara de Diputados, modificación para la cual pido votación separada. Dicho artículo incorpora la aplicación masiva de productos fitosanitarios en aquellos proyectos que deben ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental. No entiendo por qué el Senado suprimió este artículo, cuando uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para aprobar iniciativas agrícolas es que efectivamente no se apliquen en forma masiva este tipo de elementos. Y, si se aplican, debe evaluarse el impacto ambiental que representa para la población. Hoy, las regulaciones ambientales no sólo van en beneficio del trabajador, sino también de la salud de quienes viven en las comunidades aledañas a las faenas o empresas que utilicen estos elementos. Por lo tanto, cuando deban aplicarse, por ejemplo, en forma aérea, la única forma de prever sus efectos en la población es que antes se haga un estudio de impacto ambiental. Este proyecto, reitero, es un avance en la protección de la salud de los trabajadores y trabajadoras temporeras, es decir, de quienes desarrollan actividades agrícolas. En ese plano, cuando se pone el acento en la protección de la salud del ser humano y en entregarle mejores condiciones de trabajo, evidentemente se beneficia la sociedad. Algunos parlamentarios han pedido que se aprueben las modificaciones del Senado. Me parece que hay diferencias importantes entre los planteamientos de la Cámara y del Senado y sería conveniente que la comisión mixta lo revisara. En todo caso, insisto, avanza en un área importante; pero votaré en contra de la eliminación del artículo 4º propuesto por la Cámara, que obliga a que las actividades que consideren la aplicación masiva de productos fitosanitarios sean sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental. La bancada del Partido Radical viene planteando desde hace bastante tiempo la necesidad de establecer normas destinadas a proteger a los trabajadores. Por eso, y aprovechando la nueva reforma laboral, es tremendamente importante entregarles esta herramienta que les permitirá defender su derecho a la seguridad y salud laboral. He dicho. El señor ENCINA (Presidente).- Cerrado el debate. En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la protección de los trabajadores y la comunidad respecto de la utilización de productos fitosanitarios, con excepción de la recaída en el artículo 4º para la cual el diputado señor Robles ha pedido votación separada. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- En votación la modificación del Senado, que suprime el artículo 4º del proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández Alejandro. El señor ENCINA (Presidente).- Despachado el proyecto. EXTENSIÓN DE PERMISO A MADRE POR ADOPCIÓN DE MENOR. Primer trámite constitucional. El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo y hace extensivo permiso a la madre en caso de adopción de un menor. Diputado informante de Trabajo y Seguridad Social es el señor Salaberry. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 4401-13, sesión 58ª, en 8 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 12. -Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 21ª, en 29 de abril de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 19. El señor ENCINA (Presidente).- Rendirá el informe el diputado Nicolás Monckeberg. Tiene la palabra su señoría. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, el proyecto en informe, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, corrige la redacción defectuosa del inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo por cuanto se entiende que se excluye a las madres del permiso que tiene el padre trabajador cuando adopta a un menor de edad mayor de 6 meses. El proyecto se inicia en moción de las diputadas señoras Karla Rubilar y Ximena Valcarce y de los diputados señores Nicolás Monckeberg, Cristián Monckeberg y Jorge Sabag. Dejo constancia que la iniciativa no contiene normas de quórum calificado ni de rango orgánico constitucional. La idea matriz de la moción es extender a la madre trabajadora el permiso que el artículo 195 del Código del Trabajo otorga al padre trabajador que adopta un menor, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 200, que otorga el derecho a permiso y subsidio hasta por 12 semanas cuando la trabajadora adopta a un menor de edad inferior a seis meses. Es decir, al extender ese permiso también a la madre adoptiva de un menor de edad mayor de seis meses se subsana la omisión que se deduce del inciso segundo del artículo 195 del Código del Trabajo. Reitero, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y esperamos que la Sala proceda de igual forma. Es todo cuanto puedo informar. El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor ENCINA (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular. Despachado el proyecto. POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. El señor ENCINA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para dejar la relación del informe de la Comisión Especial sobre las libertades de pensamiento y expresión, el derecho a la información y los medios de comunicación y su posterior debate para una próxima sesión, habida consideración de los escasos minutos que restan para el término del Orden del Día. ¿Habría acuerdo? Acordado. VI. PROYECTOS DE ACUERDO El señor CERONI (Vicepresidente).- Señores diputados, en consideración a que no hay proyectos de acuerdo a tratar… El señor ARAYA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor ARAYA.- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para considerar un proyecto de acuerdo que presentamos con los diputados Valenzuela y Escobar sobre HidroAysén. El señor CERONI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Araya? No hay acuerdo. En todo caso, ese proyecto de acuerdo está en tabla para la sesión del próximo martes. VI. INCIDENTES SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES PARA INSTALAR ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, ante la arremetida de la instalación de antenas de telefonía móvil en el país, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones para que suspenda la dictación de decretos que autorizan la instalación de antenas celulares -hay más de dos mil en espera- hasta el despacho del proyecto de ley que regulará la materia. Esto sería lo más sano para una población que está totalmente indefensa ante la indiscriminada instalación de esas antenas, amén del mensaje que se estaría enviando al Congreso para la pronto aprobación del citado cuerpo legal. Repito, pido que la Subtel congele la dictación de los decretos que autorizan la instalación de antenas de telefonía celular. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN LA UNIÓN. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, solicito oficiar al señor ministro de Defensa y, por su intermedio, al general director de Carabineros, con el objeto de que se nos informe sobre la forma y fecha en que se aplicará un plan cuadrante en la capital de la provincia de Ranco, Región de los Ríos, en el entendido de que se aprobará la indicación correspondiente que se ha formulado al proyecto de ley de Presupuestos. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. AUMENTO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN LA COMUNA DE ANDACOLLO. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, Andacollo está experimentando un aumento de la población residente como consecuencia del desarrollo del proyecto hipógeno, de gran envergadura, de la compañía minera Carmen, lo que está generando problemas de seguridad ciudadana que no son habituales en dicha comuna, como la aparición de pandillas, asaltos, circulación de un número muy significativo de vehículos. Uno de los principales problemas que se planteó en una reunión que congregó a dirigentes, vecinos de la unión comunal de juntas de vecinos y autoridades policiales, es que la dificultad para enfrentar estos fenómenos derivados del incremento de la población residente en Andacollo se debe a que no ha aumentado la dotación policial, lo que provoca una incapacidad operativa de Carabineros para hacerse cargo de dicha situación. Por lo tanto, solicito oficiar al subsecretario del Interior y al general director de Carabineros, con el objeto de que consideren la posibilidad de aumentar la dotación de Carabineros asignada a la comuna de Andacollo a fin de hacer frente a los problemas de seguridad ciudadana y de tránsito que inquieta a sus habitantes. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO APLICADO POR CARABINEROS EN DETENCIÓN DE CIUDADANO DE FRUTILLAR. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro del Interior, al subsecretario de Carabineros y al general director de Carabineros, con el objeto de que dispongan la investigación al interior de la institución de algunos hechos que ocurrieron hace un par de meses en el distrito que represento, los que, desde todo punto de vista, vulneran flagrantemente los derechos fundamentales de un ciudadano de Frutillar que ha sido acusado de un delito en el cual aún no se ha comprobado su participación directa. Se trata de don Jaime Mayorga Benavides, cuya detención afectó su vida sicológica, familiar, laboral y social. El 5 de agosto pasado, nuestro país se conmocionó con la noticia de la detención del ciudadano Jaime Mayorga por un caso de grooming, hecho que fue profusamente difundido en todos los medios de comunicación del país, sin siquiera haber existido antecedentes judiciales que avalaran la respectiva denuncia. No obstante, se hizo aparecer a esta persona en los medios de comunicación como un delincuente, un pervertido que habría cometido un delito grave. Sin embargo, según los propios antecedentes que obran en mi poder y que son parte de los documentos de la audiencia de control de detención, formalización, medidas cautelares y plazos judiciales, la propia fiscal de Puerto Varas ha determinado que es necesario investigar la forma cómo se procedió en este caso, debido a que hay antecedentes del organismo que detuvo a esta persona que demuestran que no se respetaron elementos básicos que establece la ley respecto de este tipo de delitos. De hecho, en la resolución de la fiscal de Puerto Varas se señala claramente que en la detención practicada en la mañana de ese 5 de agosto de 2008 se infringieron derechos, garantías y normas básicas de procedimiento que deben aplicarse en todas las ejecuciones de las órdenes que emanan de los respectivos órganos de justicia. Agrega la fiscal en su documento que hay una vulneración grave al artículo 92 del Código Procesal Penal, la que debe ser investigada, por cuanto la detención del imputado no aparece ejecutada en la hora en que fue establecida la orden verbal, es decir, aproximadamente a las 13 horas del 5 de agosto, ya que todos los procedimientos judiciales, incluida la detención que realizó Carabineros de Puerto Varas con presencia de medios de comunicación, se hicieron en la mañana de ese día. No obstante, lo más probable es que la investigación que ya dura seis meses demostrará que no hay elementos fundados que permitan establecer los delitos que se le imputan a ese ciudadano. Desde mi punto de vista, el actuar de Carabineros de Chile sobrepasó incluso la presunción de inocencia del imputado que establece el Código Procesal Penal, que dice: “Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.” Tengo en mi poder un e-mail firmado por el asesor comunicacional de Carabineros de la Décima Zona de Los Lagos, quien ya en la mañana de ese 5 de agosto se coordinaba con los medios de comunicación, con los canales de televisión, para llegar al lugar de trabajo del imputado, sin una orden judicial que permitiera detenerlo, para que apareciera en todos los noticieros del mediodía como una persona que había cometido el delito de grooming y que ya estaba siendo juzgado, lo que infringe abiertamente el principio de la presunción de inocencia. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, este e-mail firmado por el asesor comunicacional de Carabineros, el señor Carlos López y dirigido al mayor Joanis Peralta, de Puerto Varas, prueba claramente que Carabineros infringió gravemente un precepto básico: no coludirse con los medios de comunicación, tal como lo estableció la propia fiscalía, que en la orden de investigar determina que no puede haber contacto de ningún tipo con la persona investigada. No defiendo en particular a la persona involucrada en el hecho que se está investigando. La justicia es y debe ser siempre, en este tipo de actos, quien determine si se configuró o no el delito de grooming, motivo de la investigación. Siempre he afirmado en la Cámara de Diputados que este ilícito debe ser penalizado drásticamente, para evitar que mañana ocurran situaciones de este tipo que dañen a menores. Lo que defiendo es otro derecho ciudadano: que ninguna persona puede ser considerada culpable mientras la justicia y la investigación correspondiente no demuestren lo contrario. Y en este caso puntual, esa persona, el señor Jaime Mayorga, padre de una familia ejemplar, casado con una funcionaria pública de intachable conducta de Puerto Varas, fue mostrada a la opinión pública por el OS-9 de Carabineros de Chile sin haber tenido la posibilidad de demostrar su inocencia ante la justicia. Los reclamos de este ciudadano están dirigidos expresamente al accionar de algunos oficiales y subalternos de Carabineros de Chile que, claramente, de acuerdo con la lógica y las pruebas que han aparecido en el caso, se pusieron de acuerdo con los medios de comunicación para presentar un hecho delictivo antes de ser investigado como correspondía. Enumeraré algunos aspectos que, desde mi punto de vista, fueron irregulares y que, a pesar de haber sido ordenados, no fueron cumplidos con rigurosidad por el OS-9 de Carabineros. El 18 de julio del presente año, la fiscalía de Puerto Varas emitió una orden de investigar que en el punto d) prohibía tácitamente tomar contacto personal con el investigado. Dicha limitación no fue cumplida, ya que los investigadores de esa sección de Carabineros de Chile tuvieron contacto con la persona investigada el viernes 1 y el sábado 2 de agosto y llevaron a su trabajo, de manera encubierta, a un periodista para grabar imágenes que posteriormente fueron difundidas por los medios de comunicación. Solicito que se investigue esa forma de operar y que se me responda si Carabineros de Chile actuó de manera adecuada o no. A mi juicio, cuando se realizan acciones que no corresponden, el Alto Mando no debería justificar algo que es injustificable. Los carabineros a cargo de esa investigación fueron el capitán Nelson Merino y los cabos segundos Jorge Arancibia y Manuel Cavieres. Un segundo punto que merece una investigación es el siguiente. El día de la formalización -el 6 de agosto de 2008-, al otro día de la detención, el Ministerio Público, a través de la jueza señora Ximena Bertín, ofició a la jefatura del OS-9 a fin de que respondiera algunas preguntas relativas a una detención ilegal. El teniente coronel Erick Gajardo responde al Juzgado de Garantía mediante el oficio Nº 330, de 3 de septiembre de 2008, y menciona una serie de imprecisiones que es imperioso investigar, salvaguardando los derechos constitucionales del ciudadano involucrado, puesto que existen varias inexactitudes graves en su respuesta. Por ejemplo, señala que el señor Mayorga no estuvo detenido en la mañana, en circunstancias de que sí ocurrió por más de cinco horas y un subalterno lo acompañó durante toda la mañana. Incluso, fue desplazado en vehículos policiales. En definitiva, sí estuvo detenido. En el punto 13 del informe, el señor Gajardo cae en la más insólita de las afirmaciones al señalar que el señor Carlos López, asesor comunicacional de la Décima Zona de Carabineros “Los Lagos”, envía un correo electrónico a los periodistas para que se coordinen con el señor Peralta, jefe de la Primera Comisaría de Puerto Varas, para la detención de la persona investigada, acción que aún no estaba autorizada a la hora en que se envió ese correo electrónico. No quiero ahondar en la serie de situaciones irregulares ocurridas en las que, lamentablemente, incurrió carabineros de la sección a la que le correspondió investigar este caso. Tampoco es mi intención provocar una polémica con Carabineros de Chile. Por el contrario, siempre he destacado en esta misma Sala el gran rol que ha jugado el mayor Peralta en Puerto Varas. Pero en este caso puntual se han producido situaciones graves que no pueden repetirse en la región o en cualquier parte del país, porque hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, ya que, cuando a alguien se le acusa de un delito, deben existir pruebas suficientemente contundentes como para mostrarlo ante los medios de comunicación antes de que la justicia lo haya condenado o haya determinado su culpabilidad. En esta oportunidad, critico y reprocho con fuerza el hecho de que carabineros se hayan coludido con los medios de comunicación para generar un hecho noticioso que conmocionó al país respecto de una situación cuya investigación terminará el 6 de febrero. Espero que Carabineros de Chile aclare si en la situación descrita existe algún otro grado de relación, por cuanto la menor afectada tiene estrecho parentesco con personas que han desarrollado funciones importantes en el alto mando de Carabineros de la región. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE MECANISMO PARA LLENAR VACANTE DE MÉDICO EN CARABINEROS DE CHILE, REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, como ciudadano y como diputado que cumple su rol fiscalizador, me interesa conocer los antecedentes del concurso público o proceso que permitió que el señor Félix Raimann La Manna asumiera el cargo de médico de Carabineros de Chile de la región, que dejó vacante su padre hace algunos meses debido a su lamentable fallecimiento. ¿Son heredables los cargos al interior de la institución? ¿Hubo concurso? Si lo hubo, ¿cuándo y dónde se efectuó? ¿Bajo qué mecanismo se realizó? Sólo se supo que el hijo reemplazó al padre, sin que se conociera de concurso previo o mecanismo transparente que garantizara la forma de llenar esa vacante. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro del Interior, a la subsecretaria de Carabineros y al general director de Carabineros de Chile a fin de que respondan las consultas anteriormente formuladas. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados. SALUDO A NUEVAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, saludo al doctor Álvaro Erazo, recientemente nombrado ministro de Salud. El señor Erazo es una gran persona y un profesional que conoce mucho el sector. Anteriormente, se había desempeñado como subsecretario de Salud y, además, ha desarrollado una vasta labor en este campo, por lo que lo felicito por su designación. Además, saludo afectuosamente la designación del señor Julio Montt como subsecretario de Redes Asistenciales. El señor Montt es hijo de un ex ministro y es un hombre extraordinariamente competente que también ha desarrollado una labor muy importante en el sector de la salud pública, en el Servicio de Salud Sur Oriente. RECHAZO A CREACIÓN DE “BONO AUGE”. Oficio. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el diario El Mercurio de hoy se señala que el superintendente de Salud, señor Manuel Inostroza, plantea que para superar los problemas de incumplimiento en los tiempos de atención de las patologías Auge debiera crearse el “bono Auge”. Confieso que ese artículo me ha llamado poderosamente la atención, razón por la cual intervengo en esta oportunidad. Además, el superintendente planteó que su propuesta cuenta con el apoyo de los gremios de la salud, y por ese motivo llamé al presidente del Colegio Médico, quien me señaló que por ningún motivo apoyaría una idea de esa naturaleza. Asimismo, el señor Inostroza afirma que la proposición también es apoyada por el mundo de la salud privada, lo cual me parece totalmente razonable, porque esa medida busca aumentar las arcas de la salud privada con recursos públicos provenientes del sector salud. Es decir, se propone un subsidio portable relacionado con las patologías Auge. El superintendente de Salud pretende que una iniciativa que buscaba beneficiar a los pacientes ahora favorezca al mundo de la salud privada. En lugar de mejorar la salud pública, plantea la creación de este bono o subsidio que iría en directo provecho de las clínicas privadas. Realmente, no lo entiendo. Las palabras del Superintendente no representan ni el sentir ni el pensamiento de gran parte de la Concertación, sino que al sector privado. En mi opinión, el superintendente de Salud debería ser una persona ecuánime y no tomar partido en la materia. Es más, pone la cifra en El Mercurio. Reconozco que hay servicios que lo están haciendo relativamente mal, como ocurre en Antofagasta, donde hay un 20,5 por ciento de incumplimientos en el tiempo, en lo que respecta a prestaciones del Auge, pero hay otros servicios que lo están haciendo muy bien, como el del Bíobío, donde sólo hay un 1,19 por ciento. El superintendente de Salud está actuando y tomando partido en temas que ya fueron discutidos en esta Corporación en forma amplia cuando se aprobó el Auge. Muchos de nosotros fuimos partidarios de ello, por eso se aprobó el proyecto en esos términos; es decir, el Auge no podía convertirse en un subsidio transportable por la población porque, de ser así, desde el punto de vista de la acción del Estado, el sistema de salud sería una catástrofe. Eso no ocurre casi en ningún país, ni siquiera en aquellos más neoliberales, como el norteamericano, que ha dado una vuelta atrás en ese aspecto. Por tanto, no entiendo la posición del Superintendente de Salud y no sé a quién representa con estas expresiones. Si es al mundo privado, me gustaría saber qué hace en la Concertación. A mi juicio, tendría que revisar su permanencia en el cargo y en la Concertación. Asimismo, el Gobierno también debe revisar la mantención de una autoridad de salud que plantea este tipo de cosas por la prensa. Por tanto, pido que se envíe oficio al ministro de Salud para que clarifique si las afirmaciones del superintendente de Salud cuentan con su respaldo. En mi opinión, el señor Inostroza debería renunciar a su cargo, porque no representa el sentir de la Concertación. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Quintana y Jaramillo. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA EN FAVOR DE AGRICULTORES DE COMUNA DE CHIMBARONGO, SEXTA REGIÓN. Oficio. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del PRI e Independientes, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en la Comuna de Chimbarongo, sector de La Platina-La Lucana, se ha trasladado la vía férrea debido a la construcción del embalse Convento Viejo, lo que ha provocado un gran problema a los agricultores de la zona. Antes, para ir a sus parcelas a realizar las labores agrícolas recorrían diariamente unos quinientos metros y ahora deben cubrir más de diez kilómetros diarios. Hace dos meses sostuve una reunión con el ministro de Obras Públicas -también participaron su jefe de gabinete, el director de Vialidad y algunos representantes de concesiones- para analizar esta situación y él se comprometió a darle una solución a la mayor brevedad. Los agricultores de la zona están en pleno período de labores agrícolas, por tanto, necesitan en forma urgente tener este paso. Incluso, han señalado que es una situación momentánea, ya que sólo se va a utilizar durante el período de siembra y cosecha, dado los niveles de inseguridad que existen en el sector. Aun cuando el ministro de Obras Públicas se comprometió a dar una solución rápida a esta situación, aún no ha pasado nada al respecto, lo que significa que no ha sido cumplida por quienes corresponde la orden dada por él. Pienso que es importante hacer llegar al ministro nuestra protesta formal por este hecho, ya que una decisión que tomó en terreno aún no se ha cumplido, lo que ha ocasionado bastantes problemas a los agricultores, sobre todo, porque él estuvo totalmente de acuerdo con dicha petición. En la reunión que sostuvimos con el ministro se hizo un análisis de lo planteado. Lamentablemente, la decisión que el ministro tomó en forma rápida, precisa y compartiendo los argumentos de los agricultores, aún no se ejecuta. Debido a esta situación, los agricultores enfrentan un problema grave: deben pagar, por concepto de flete, 600 mil y 800 mil pesos. Hoy, algunos productos tienen mejor precio, pero si uno hace el estudio sobre el costo de los fertilizantes y otros elementos, pagar esa cantidad de dinero en fletes les resulta muy oneroso. Los agricultores me hicieron presente su preocupación por este hecho y me pidieron que, en la hora de Incidentes, insistiera ante el ministro. Por tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que dé instrucciones a fin de que se cumpla la decisión que tomó. He dicho. El señor CERONI (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Delmastro, García-Huidobro y Jaramillo. SITUACIÓN DE BECARIOS DEL PROGRAMA BECA TÉCNICOS AL EXTRANJERO. Oficios. El señor CERONI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro. El Señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en un diario de circulación nacional se informa de una situación bastante grave que afecta a becarios que resultaron elegidos a través del programa de Gobierno beca Técnicos al Extranjero. Más de setenta becarios partieron a Canadá a realizar estudios de posgrado en distintas áreas, como minería, gastronomía, turismo, acuicultura, finanzas, salud, etcétera. He tenido contacto con algunos de ellos, incluso con uno que retornó al país. En el Programa que aparece en la página web del Ministerio de Educación, se señala que al finalizar los cursos el beneficiario obtendrá un certificado de postítulo, basado en la profundización de las competencias técnicas practicadas y adquiridas en Chile. Es decir, se trata de profundizar los estudios realizados en su país. Tengo en mi poder la carta de uno de estos becarios, en la que me cuenta la situación que está viviendo producto de esta beca, ya que lo que se ofrece a través de la página web del Ministerio de Educación no concuerta con lo ocurrido en la realidad, si no que han llegado a distintas áreas. Hay becarios que iban a estudiar minería y cuando consultaron en el college sobre el programa que les correspondía, se enteraron de que allí no se impartían estudios de minería. Debido a esta situación, a las personas que viajaron a distintos países las han tenido que adecuar a otra realidad y, además, sin la posibilidad de obtener títulos de posgrado, sino que les han señalado que deben mejorar su capacitación y hacer cursos de inglés para luego participar sólo de oyentes en algunas carreras. La situación descrita me preocupa mucho porque me da la impresión de que aquí ha habido un engaño o, por decir lo menos, algo bastante distinto a lo señalado por el Ministerio de Educación a través de internet a jóvenes que sólo querían profundizar sus estudios, pero que se encontraron con algo muy diferente. Por ejemplo, un técnico en turismo, el joven Esteban Barrios, de la Sexta Región, que no podía creer que hubiera sido becado y estaba feliz de ir al College of the Rockies, ubicado a los pies de las montañas Rocallosas, en Canadá. Su intención era, precisamente, hacer un posgrado en turismo. Pero, tal como dije, a lo más, sólo podrá asistir como oyente a asignaturas que corresponden a primer año de la carrera que imparte el Inacap. Por lo tanto, más que profundizar en el desarrollo de su especialidad, nuestros estudiantes se han dado cuenta de que se trata de una improvisación. Me gustaría conocer la situación tanto de los estudiantes que fueron a Canadá como la de los que viajaron a Australia. En este caso, se preparan en inglés durante cinco meses, y en el de Canadá, durante cuatro. Me interesa saber lo ocurrido con cada uno de estos becarios del Bicentenario. Considero que si ahora se van a incrementar estos recursos -como informa hoy El Mercurio-, quienes postulen a otras becas deberían recibir el mismo beneficio, porque el apoyo económico es escaso y tampoco tienen posibilidades de trabajar, como lo hacen los jóvenes estudiantes de otros países. De manera que están en una situación económica muy complicada. Asimismo, los becarios me han dado a conocer lo relacionado con la salud. Ellos requieren un seguro de salud, porque deben pagar cualquier tipo de atención que reciban, en circunstancias de que sólo después de treinta o sesenta días reciben los recursos para tal objetivo. En verdad, ellos no están en condiciones de costear una emergencia. He querido denunciar aquí esta situación, porque considero que un proyecto que fue concebido con muy buenas intenciones, ha carecido de prolijidad en su aplicación, y quienes tienen la obligación de informar adecuadamente a los interesados no han sido responsables. Hay seis o siete becarios que han debido regresar a Chile desencantados porque, en la práctica, no se cumplió lo que se les ofreció. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Educación, que es una persona muy seria, a fin de que estudie la situación de estos becarios y ordene efectuar un sumario a los responsables de engañar a los jóvenes. Asimismo, al director del Sernac, con el objeto de que se haga una investigación sobre la publicidad engañosa que llevó a cabo el Ministerio de Educación, relacionada con becas para la realización de posgrados en universidades extranjeras, en circunstancias de que los becarios sólo están asistiendo en calidad de oyentes, incluso, a carreras a las cuales no habían postulado. Se han hecho dos reportajes sobre esta materia: uno por El Mercurio, y otro -tengo entendido-, por Canal 13. Considero que la Cámara debe apoyar las buenas iniciativas, pero siempre que éstas se hagan en forma responsable. En este caso, se trata de que los interesados puedan profundizar en sus estudios y no repetir los ya realizados en nuestro país. He dicho. El señor DELMASTRO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. OBRAS CONTRATADAS POR GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO IMPAGAS. Oficio. El señor DELMASTRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, el gobierno regional del Biobío y su ejecutiva, es decir, la intendenta de la región, señorita María Angélica Fuentes Fuentealba, han sido demandados públicamente para que hagan efectivos los pagos de distintas obras contratadas por ese gobierno regional, con el propósito de cumplir con su obligación de impulsar el desarrollo regional. Pues bien, lamentablemente, un contratista que realizó trabajos en Lota me ha informado que está próximo a quebrar porque el gobierno regional del Biobío no le ha pagado una obra ya ejecutada y recibida. Me parece que estas acciones son lesivas para los intereses de las personas; además, causan un enorme daño, porque un contratista que quiebra deja sin empleo a sus trabajadores y, por lo tanto, sin comer a muchas familias. Por eso, pido que se oficie a la contraloría regional del Biobío, con el fin de que, de inmediato, haga una fiscalización para determinar por qué las obras concluidas y recibidas, en particular, en Lota, asignadas por el gobierno regional, aún no son pagadas, lo que me parece insólito. Curiosamente, lo normal es que la gente empiece a creer que la deuda corresponde a los municipios. Nada más ajeno a la realidad: son obras que, en teoría, ha financiado el gobierno regional, pero que, en términos prácticos, no las ha pagado. A mi juicio, estas conductas deben ser sancionadas. Si es necesario realizar sumarios, que se hagan a través de la fiscalización que lleve a cabo la contraloría. El señor DELMASTRO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A PROFESORES DE REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio. El señor ULLOA.- En segundo lugar, he recibido información de que distintos departamentos de educación municipal de mi región han dejado de pagar las cotizaciones previsionales de los profesores. Por eso, pido que se oficie a la ministra de Educación, con el objeto de que los distintos departamentos de educación municipal que no han pagado las leyes sociales a sus profesores, se pongan rápidamente al día, porque, a veces los profesores necesitan pedir préstamos, los cuales, lamentablemente, no tienen acceso, porque las empresas, en este caso, incluso las cajas de compensación, por el solo hecho de no tener las cotizaciones al día, les niegan esa posibilidad a los profesionales de la educación que prestan servicios en las municipalidades y a los que se les paga con platas del fisco. Me parece tremendamente abusivo permitir que las leyes sociales estén impagas en distintos municipios, en particular de mi región, por ejemplo, en Talcahuano. Este problema debería resolverse rápidamente. Solicito que se oficie a la ministra de Educación, para que nos informe qué medidas se adoptarán para remediar esa situación, y al contralor general de la República, para que verifique el resultado del uso de recursos de los departamentos de educación municipal, específicamente, de Talcahuano, que no está pagando las imposiciones a los profesionales de la educación. El señor DELMASTRO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN COMUNAS DE TALCAHUANO Y HUALPÉN. Oficios. El señor ULLOA.- Señor Presidente, solicito que se oficie a los alcaldes de las municipalidades de Talcahuano y de Hualpén, con el objeto de que me informen cuáles son las calles, pasajes o avenidas que el próximo año 2009 deben ser pavimentadas en dichas comunas. Igualmente, pido que se oficie al director del Serviu y al director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, para plantearles la misma inquietud. Es de conocimiento público y notorio la innumerable cantidad de kilómetros cuadrados que necesitan ser pavimentados urgentemente en Talcahuano y en Hualpén, para mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en esas comunas. Talcahuano y Hualpén son comunas que hacen un gran aporte al país. Ambas son asiento de grandes industrias cuya actividad genera una gran cantidad de recursos para Chile. Por eso, el país debe ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes viven en esas comunas, que cumplen muchos roles. Talcahuano, por ejemplo, cumple un rol militar -con más del 35 por ciento de su territorio militar-, un rol industrial, un rol pesquero, un rol químico -el complejo petroquímico se encuentra allá- y también cumple un rol habitacional. Por eso, no puede quedar atrás. Por el contrario, hay que compatibilizar el beneficio país con el beneficio de aquellas comunas que en términos prácticos ayudan a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. He dicho. El señor DELMASTRO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 12.44 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.Oficio del Senado.