REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 355ª
Sesión 81ª, en miércoles 3 de octubre de 2007
(Ordinaria, de 10.42 a 14.57 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Meza Moncada, don Fernando.
Presidencia accidental de los señores Latorre Carmona, don Juan Carlos,y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.


ÍNDICE
I.-ASISTENCIA
II.-APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS
IV.-CUENTA
V.-ORDEN DEL DÍA
VI.-PROYECTOS DE ACUERDO
VII.-INCIDENTES
VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA


ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia9
II.Apertura de la sesión13
III.Actas13
IV.Cuenta13
-Autorización a Comisión de Defensa Nacional para sesionar simultáneamente con la Sala13
-Envío de proyecto a Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones13
V.Orden del Día. 
-Generación de energía eléctrica con fuentes renovables no convencionales. Modificación de la ley general de Servicios Eléctricos. Primer trámite constitucional14
-Investigación del delito de maltrato habitual. Primer trámite constitucional41
-Modificación de ley N° 19.284, sobre plena integración social de personas con discapacidad. Primer trámite constitucional44
-Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta51
VI.Proyectos de acuerdo. 
-Solidaridad con el pueblo y las fuerzas democráticas de Myanmar53
-Creación de comuna de Pillanlelbún54
-Sistema de asociación entre privados y el Estado para reactivar zonas económicamente deprimidas56
VII.Incidentes. 
-Medidas para evitar femicidios. Oficios58
-Eliminación de descuento por salud a pensionados. Oficios59
-Recordatorio sobre necesidades de Pichilemu. Oficios59
-Información sobre proyecto de Empresa Nacional del Petróleo que afecta a poblaciones de la comuna de Hualpén. Oficios59
-Subsidio compensatorio del aporte de Transantiago para locomoción en localidades rurales. Oficios60
-Evaluación crítica del plan cuadrante. Oficios61
-Pago de indemnizaciones a trabajadores de Empresa Nacional del Carbón S.A. (Enacar). Oficio62
-Información sobre efectos de construcción de central hidroeléctrica Trupán en comuna de Tucapel. Oficios64
Pág.
-Información sobre despido de funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Oficio65
-Información sobre proceso de solución de controversias entre el Ministerio de Obras Públicas y empresas concesionarias. Oficios66
-Descoordinación en nombramientos de autoridades de la Región de Los 
Ríos. Oficio66
-Eliminación de costos de desarchivo y de reinscripción en conservadores de bienes raíces de Temuco. Oficios67
-Ubicación de restos de ex combatiente de Guerra del Pacífico en monumento de los héroes de Atacama. Oficios68
-Felicitaciones a jóvenes precarabineros de Tierra Amarilla. Oficios69
-Información sobre gasto de recursos asignados a la Conadi e instalación de oficina en Región de Aisén. Oficio69
-Relocalización de viviendas por área de seguridad de refinería de Enap, en comuna de Hualpén. Oficios70
-Información sobre interconexión entre ruta interportuaria y puerto de San Vicente. Oficio71
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que “modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile”. (boletín N° 4322-07)72
2.Moción de los diputados señores Arenas, Bauer, Eluchans, Estay, Hernández, Lobos, Moreira, Uriarte, Urrutia, y de la señora Cubillos, doña Marcela, que “incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 698, del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a los plazos”. (boletín N° 5355-07)78
3.Moción de los diputados señores Lobos, Arenas, Bauer, Estay, Hernández, Melero, Moreira, Uriarte, Urrutia y Ward, que “modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, estableciendo la obligación del responsable de Banco de Datos o Registros Personales, de informar al propietario acerca de éstos y a quién ha sido entregada dicha información”. (boletínN° 5356-07)79
4.Moción de los diputados señores Uriarte, Álvarez, Arenas, Bauer, Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Moreira, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que “crea una nueva letra i) del artículo 6°, del D.F.L. N° 24, que fija normas sobre centro de formación técnica, incorporando un nuevo requisito relativo al estudio ocupacional de las carreras que imparten”. (boletín N° 5357-04)80
5.Moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bauer, Hernández, Lobos, Moreira, Rojas, Uriarte, Urrutia, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que “modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para los efectos de prohibir a los Ministros de Estado y Subsecretarios la autorización para la venta de bebidas alcohólicas”. (boletín N° 5358-11)80
Pág.
6.Moción de los diputados señores Rojas, Arenas, Estay, Hernández, Lobos, Paya, Recondo, Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock, que “incorpora un nuevo artículo 39-D a la ley N° 19.946, sobre protección a los derechos de los consumidores, estableciendo como infracción a la misma el publicitar créditos de consumo en diarios y revistas con letra inferior a la señalada en la ley.” (boletín N° 5359-03)81
7.Moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Arenas, Hernández, Lobos, Melero, Moreira, Norambuena, Uriarte, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “modifica el D.F.L. N° 458, de Urbanismo y Construcción, con el objeto de que los sitios eriazos, además de ser cerrados deban ser limpiados por sus propietarios”. (boletín N° 5360-14)82


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Oficios:
-De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 4 de octubre en curso, de 10,45, a 13 horas, con el objeto de continuar la discusión del proyecto que “moderniza el Ministerio de Defensa Nacional”. Boletín N° 3994-02. 
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita que el proyecto que “modifica la ley de tránsito estableciendo la prohibición para el juez de rebajar la multa al conductor que cometa infracciones gravísimas o graves”, sea remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por cuanto, debido a la fuerte carga de trabajo, no podrá analizar el referido proyecto. Boletín N° 5350-07. 
Ministerio de Interior:
-Diputado Alinco, responsabilidad administrativa y funcionaria.
-Diputado Mulet, reparación de establecimientos educacionales.
-Diputado Robles, ocupación de terrenos en el Parque Nacional Llanos de Challe. 
-Diputado De Urresti, tratamiento rehabilitación juvenil. 
-Diputado Lobos, Protocolo de Acuerdo Endesa-Conadi. 
-Diputado Galilea, transporte marítimo en el litoral de Aisén. 
-Diputado Robles, capilla ecuménica en hospital Monseñor Fernando Ariztía Ruiz. 
-Diputado Salaberry, remesas efectuadas al Gobierno Regional de la Séptima Región. 
-Diputado Monckeberg don Cristián, vigilancia otorgada a ex ministros de Estado. 
-Diputado Valenzuela, destino del hogar de la Fundación Niño y Patria. 
-Diputado García-Huidobro, pasarela en vía estructurante de Rancagua. 
-Diputado Urrutia, canal que atraviesa el sector Sur de Parral. 
-Diputado Delmastro, empleo en comunas de Valdivia, Lanco, Mariquina, Máfil y Corral. 
-Diputado Hernández, exonerado político. 
-Diputado Forni, extensión de matriz de agua potable para sector Tres Esquinas. 
-Proyecto de Acuerdo 382, seguro de vida para dirigentes vecinales. 
Ministerio de Relaciones Exteriores:
-Diputado Monckeberg don Cristián, acreditación del Cónsul General de Chile en Frankfurt. 
Ministerio de Educación:
-Diputada Valcarce, beca de estudio concedida por la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. 
-Proyecto de Acuerdo 328, declarar localidad de Coya, en Región del Libertador Bernardo O'Higgins, como zona típica o pintoresca.
-Proyecto de Acuerdo 323, reconocer por ley calidad de codocentes y regular su situación laboral. 
-Proyecto de Acuerdo 260 y 260-I, políticas públicas para el fortalecimiento de la familia. 
Ministerio de Defensa Nacional:
-Diputado Paredes, ocupación ilegal de espacio en borde costero. 
-Diputado Monckeberg don Nicolás, Hospital Militar de la Reina. 
-Diputado Recondo, dotación de carabineros en comuna de Puerto Varas. 
-Diputado Mulet, nota de mérito a carabineros. 
Ministerio de Obras Públicas:
-Diputado Delmastro, fondos que deben pagarse a la Empresa Vinci. 
-Diputado Delmastro, obras de asfaltado de carretera en acceso sur de la ciudad de Valdivia. 
-Diputado De Urresti, terrenos expropiados en la comuna de Corral. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, nudo vial existente en el camino a Melipilla. 
-Diputado García, inscripción de caminos en el Programa Anual de Vialidad. 
-Diputado Hales, inconvenientes vecinales derivados del Transantiago. 
-Diputada Valcarce, badén y camino de Sibitaya al Valle de Codpa. 
-Diputado Silber, camino San Miguel-Santa Ester. 
-Diputado Monckeberg don Nicolás, camino alternativo que va desde La Unión hasta Ninquihue. 
-Diputado Martínez, riego en Canal Laja Diguillín. 
-Diputado Robles, estudio hidrogeológico de la cuenca del río Huayco. 
-Diputado Farías, paso nivel en calles San José con Portales. 
-Diputado Estay, empresa de servicios sanitarios de la Araucanía. 
-Diputado Hernández, fecha de pago de expropiación. 
-Diputado Monckeberg don Nicolás, puente ubicado en camino a San Fabián. 
-Diputado Ascencio, doble vía entre Chacao y Quellón. 
-Diputado Monckeberg don Nicolás, puentes ubicados en la Ruta 31, camino de San Fabián. 
-Diputado Alvarado, puente sobre el Canal Dalcahue. 
-Diputado Correa, contaminación del río Mataquito. 
-Diputado De Urresti, obras en provincia de Valdivia. 
-Diputado Díaz don Marcelo, alcantarillado a ciertas localidades de la comuna de La Serena. 
-Diputado Jaramillo, asfalto camino Los Esteros-Ruta 5 y Chan Chan (Puerto Nuevo) a Itropulli, comuna de Paillaco. 
-Diputada Valcarce, problema que afecta a vecinos de población “Lloyllas” de Arica. 
-Diputado Vargas, embalse provincia de Petorca. 
-Diputado Quintana, mejoramiento integral de caminos del sector rural Bajo Lleuque, de la comuna de Vilcún. 
-Diputado Estay, plaza de peaje en la comuna de Freire. 
-Diputado Ascencio, doble vía entre Chacao y Quellón. 
-Proyecto de Acuerdo 386, subsidio tratamiento aguas servidas. 
Ministerio de Agricultura:
-Diputada Pascal, productores de paltas en las comunas del distrito número 31. 
-Diputada Turres, irregularidades administrativas en Indap de la Décima Región. 
-Diputado Peréz, indemnización a trabajadores forestales. 
-Diputado Venegas don Samuel, declaración de zona de catástrofe a San Antonio y Casablanca. 
-Diputado García, zona de emergencia comunas de Lonquimay, Pucón, Curarrehue, Cunco y Panguipulli. 
-Diputado García, RUC N° 0700164477-1. 
-Diputado Recondo, implementar agencia de área de Maullín. 
-Diputado Robles, ocupación ilegal de terrenos en el Parque Nacional Llanos de Challe. 
-Diputada Sepúlveda doña Alejandra, catastro e informe de caminos de responsabilidad del SAG. 
-Proyecto de Acuerdo 416, actividad forestal y de celulosa. 
Ministerio de Bienes Nacionales:
-Diputado De Urresti, licitación y protección de predio Llancahue. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-Diputado Venegas don Mario, relojes electrónicos. 
-Proyecto de Acuerdo 381, fiscalización laboral a empresas exportadoras. 
Ministerio de Salud:
-Diputado De Urresti, derramamiento de ácido sulfúrico. 
-Diputada Pacheco, Centro Comunitario Familiar. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, investigación sumaria ordenada instruir por el brote de hepatitis B. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, atención a menor. 
-Diputado Uriarte, niveles de metales pesados en la comuna de Alhué. 
Ministerio de Minería y Energía:
-Diputado Ward, Hospital del Cobre, en Calama. 
-Diputado Ulloa, atribuciones y competencias del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo. 
-Diputado Errázuriz, decreto N° 78. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
-Diputado Farías, trazado carretera internacional M13S. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
-Diputado Galilea, transporte marítimo en el litoral de Aisén. 
-Diputada Isasi, recursos asignados al Plan Transantiago afecte a inversión en regiones. 
-Diputado Latorre, recursos asignados al Plan Transantiago afecte a inversión en regiones. 
-Diputada Goic, proyecto de instalación de fibra óptica. 
-Proyecto de Acuerdo 441-A, transferencias de concesiones de radiodifusión sonora. 
Ministerio de Planificación y Cooperación:
-Diputada Pascal, factor de puntaje de fichas familia. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, Ficha de Protección Social. 
Ministerio Público:
-Diputado Espinoza don Fidel, fiscal de Puerto Varas. 
Comisión Nacional del Medio Ambiente
-Diputado Robles, proyectos generación termoeléctrica. 
-Diputado Accorsi, desastre ecológico río Mataquito. 
Comisión Nacional de Energía:
-Diputado Mulet, programas de electrificación rural. 
Consejo de Defensa del Estado:
-Diputado Bertolino, restitución de los fondos entregados a becario. 
Subsecretaría de Pesca:
-Diputado Alinco, compromisos adquiridos con pescadores artesanales. 
ChileDeportes:
-Diputada Rubilar, recursos para delegación. 
-Diputado Hernández, recursos para recintos deportivos de la Provincia de Osorno. 
Servicio Electoral:
-Diputado Sabag, mesas de sufragios en sectores de Guarilihue y Perales en comuna de Coelemu. 
Intendencia Región de Los Lagos.
-Diputado De Urresti, procesos de inversión pública que den trabajo en la Provincia de Valdivia.


I. ASISTENCIA

-Asistieron los siguientes señores diputados: 

-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René 
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René 
-Allende Bussi, Isabel
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo 
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Godoy Ibáñez, Joaquín 
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Herrera Silva, Amelia
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta 
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián 
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Mulet Martínez, Jaime
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel 
-Soto González, Laura
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tuma Zedan, Eugenio
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Vidal Lázaro, Ximena
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio 
-Ward Edwards, Felipe

-Asistieron, además, los ministros del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade; de Planificación, doña Clarisa Hardy, y el presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Marcelo Tokman.

-Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma, Hernán Larraín y Juan Pablo Letelier.

-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Maximiano Errázuriz.-


II. APERTURA DE LA SESIÓN

-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. 


III. ACTAS

El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 76ª se declara aprobada. 
El acta de la sesión 77ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. 


IV. CUENTA

El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. 

-El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.


AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.

El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Defensa Nacional para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 4 de octubre, de 10.45 a 13.00 horas, con el objeto de proseguir el estudio del proyecto de ley que moderniza el Ministerio de Defensa Nacional.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

El señor WALKER (Presidente).- La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita que el proyecto de ley que modifica la ley de tránsito, con la finalidad de prohibir al juez rebajar la multa al conductor que cometa infracciones gravísimas y graves, sea remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, porque no tienen ninguna posibilidad de estudiarlo dada la sobrecargada de trabajo que la afecta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes para referirse a un asunto de la Cuenta.

El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿en qué situación se encuentra la Comisión de Desigualdad y Salario Justo, ya que no se ha constituido?

El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, algunas bancadas todavía no designan a sus representantes. Los Comités acordaron ayer que, en caso de persistir esa situación, hoy debo nombrar a los integrantes de las bancadas que faltan.

El señor MONTES.- Muchas gracias, señor Presidente.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, también tenía esa preocupación, porque el tema de la equidad y de la igualdad nos inquieta mucho y queremos saber cuál ha sido el desarrollo que ha tenido durante todos los años de gobierno de la Concertación. En consecuencia, agradezco al diputado Montes su desvelo y lo compartimos.
He dicho.


V. ORDEN DEL DÍA


GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONIALES. Modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos. Primer trámite constitucional.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje y calificado con suma urgencia, que introduce modificaciones a la ley general de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovables no convencionales.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Jaime Mulet.

Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 4977-08, sesión 13ª, en 11 de abril de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Primer informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 80ª, en 2 de octubre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 3.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MULET.- Señor Presidente, tuve la suerte de ser designado por la Comisión de Minería y Energía como diputado informante de este importante proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley general de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales.
El proyecto es la concreción de una aspiración del Ejecutivo y de un grupo de diputados y senadores de todos los partidos políticos que presentamos mociones antes del envío de la iniciativa en estudio, las que buscaban el mismo objetivo, algunas de las cuales se aprobaron en la Cámara y otras en el Senado. Posteriormente, el Ejecutivo recogió esas inquietudes de los parlamentarios y envió este importante proyecto de ley, que se aprobó luego de una lata y concienzuda discusión en la Comisión de Minería y Energía.
Durante la discusión en Comisión, se contó con la colaboración del ministro de Energía, señor Marcelo Tokman, del abogado del área jurídica del Ministerio de Energía, señor Eduardo Escalona, y de los asesores de esa Secretaría de Estado señores Andrés Romero, Ignacio Santelices, Cristián Santana y de la señora Natalia González.
Además, concurrieron la directora ejecutiva de Chile Sustentable, señora Sara Larraín, quien hizo grandes contribuciones al debate; el gerente general de Endesa Eco; el presidente de la Empresa Nacional de Geotermia, por Enap; el gerente de comunicaciones de Enap Sipetrol; el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas, Acera; el gerente de la división Energía y Sistemas de Transportes de Siemens; el gerente general subrogante de AES Gener; el gerente general de Acciona, así como representantes de Renova, Pacific Hydro, Empresas Eléctricas A.G., del Colegio de Ingenieros, del Instituto Libertad de Desarrollo, el cual, sin duda, hizo un gran aporte, a través de su investigadora la señora María de la Luz Romper; de la Fundación Chile 21, del ex ministro de Economía y Energía, señor Jorge Rodríguez Grossi, y de consultores como la señora María Isabel González y el señor Fernando Araya.
Antecedentes generales. En la actualidad, nuestro país enfrenta grandes desafíos en materia energética. De hecho, en los últimos años se han producido acontecimientos que nos han afectado de manera importante, razón por la que es fundamental, desde un punto de vista estratégico, mantener los niveles de confiabilidad en nuestro sistema eléctrico, para cuyo objetivo se dictaron las leyes denominadas ley corta I y ley corta II, de las cuales el proyecto viene a ser consecuencia, pero en el ámbito de las energías renovables no convencionales.
Mediante la iniciativa, el Gobierno espera contribuir a crear las condiciones que permitan al sector eléctrico desarrollar nuevas inversiones dentro de un marco respetuoso con nuestro medio ambiente, pero sin desatender el principio de eficiencia que caracteriza a nuestra legislación.
En ese contexto, se desea diversificar las fuentes de suministro eléctrico, hecho muy importante a la luz de los acontecimientos que se desarrollaron a partir de 2004 con las restricciones de gas natural comprimido proveniente de Argentina.
Uno de los aspectos sustantivos del proyecto es la diversificación de la matriz energética a través del desarrollo de fuentes energéticas propias, como las energías renovables no convencionales, lo que nos permitirá mantener una relativa independencia energética.
Además, se desea estimular el desarrollo de las energías renovables no convencionales, para incorporar a la matriz de generación eléctrica nacional fuentes de energía primaria autóctonas y tecnologías de generación, aspectos que son de suma importancia.
Por otra parte, el establecer una mayor participación de este tipo de fuentes en la matriz energética, permitirá al país avanzar en el desarrollo sustentable de nuestra economía, pues ellas son menos invasivas para el medio ambiente, producen escasa o nula contaminación atmosférica local, son compatibles o complementarias con otras actividades económicas, como el turismo; permiten el desarrollo descentralizado y regional del sector energético, lo que es muy importante, pues evita la centralización de energías convencionales que se observa en la Región Metropolitana y en la Quinta Región.
La iniciativa es muy positiva, pues permitirá la existencia de proyectos de energías renovables no convencionales que debieran competir con las fuentes tradicionales de generación.
Ese aspecto es tremendamente relevante, pues se trata de una iniciativa equilibrada, que abre la puerta a las energías renovables no convencionales, dándoles determinadas ventajas, pero las obliga a que sean competitivas con las energías convencionales, de manera que el país no se embarca con una gran cantidad de recursos, sino que lo hace de una manera más racional y se alcanza un justo equilibrio, razón por la cual la Comisión de Minería y Energía recomienda a la Sala la aprobación del proyecto en los mismos términos en que lo hizo ella.
Se hace necesario constatar las bondades que tienen esos proyectos, a fin de promocionarlos y comercializarlos, para que puedan competir con proyectos energéticos tradicionales. Lamentablemente, ese tipo de proyectos no tiene las mismas posibilidades de suscribir contratos de largo plazo con clientes finales, no sujetos a regulación de precios o de empresas distribuidoras para la venta de su energía y, por consiguiente, es difícil que puedan optar a modelos de negocios que les otorguen certidumbre de ingresos durante plazos prolongados. Por eso, el proyecto establece una serie de beneficios que permiten sortear esa situación.
La iniciativa se enmarca en la normativa que regula el sector de generación eléctrica en Chile, mediante una modificación a la ley general de Servicios Eléctricos.
Consecuentemente, respeta los principios fundamentales contenidos en dicha ley, en cuanto cautela la eficiencia, la competencia y la libertad de emprendimiento.
Nuestro sistema eléctrico se basa en el principio de incorporar el proyecto eléctrico más competitivo, el cual debiera ser el más barato, de manera de permitir a los consumidores pagar un precio por la energía eléctrica lo más razonable y barato posible. El proyecto resguarda ese principio económico establecido en la legislación sobre la materia.
En virtud de la ley corta II, las empresas eléctricas deberán acreditar anualmente que la cantidad de energía equivalente al 5 por ciento del total de las energías que comercializan haya sido inyectada a los sistemas eléctricos por medios de generación renovables no convencionales, sean estos propios o contratados. El proyecto regula la forma de incorporar ese 5 por ciento y aumenta el porcentaje a 8 por ciento, de manera que su participación no sea tan pequeña, que fue una de las críticas que se le efectuó al proyecto.
En otro aspecto, se establece que los medios de generación renovables no convencionales que podrán establecer o contratar para acreditar el cumplimiento de la obligación serán los que se interconecten a los sistemas eléctricos con posterioridad al 31 de mayo de 2007, plazo que con posterioridad se extendió hasta agosto de ese mismo año, con el objeto de no establecer obligaciones hacia atrás.
Se ha fijado el 2010 como el año de inicio de la obligación, de manera de dar plazo a las empresas para seleccionar eficientemente la forma o los medios de generación con los que cumplirán el requerimiento.
La vigencia de la obligación está limitada a veinte años y se espera que en ese período de tiempo se dé el impulso inicial a las energías renovables no convencionales, es decir, que se les dé el plus que vamos a señalar más adelante para que parta con fuerza su desarrollo, sin perjuicio de que se espera que en el futuro las energías renovables no convencionales sigan desarrollándose sin necesidad de ese incentivo adicional.
Se establece un mecanismo de flexibilización y sanción por incumplimiento, de manera que si una empresa obligada a entregar el 5 por ciento de su energía proveniente de fuentes renovables no convencionales no lo hace, se le sanciona de la manera que explicaré más adelante. 
No se alteran los contratos vigentes. Como señalé, la ley empieza a regir a partir del 1º de enero de 2010. No se innova en fiscalización. Hay algunas adecuaciones normativas finales, en fin. 
En la discusión en general del proyecto, tuvimos la participación de importantes personas. A continuación, haré un resumen de algunos aspectos señalados por ellas.
El ministro de Energía, señor Marcelo Tokman, expuso claramente la postura del Gobierno explicando que éste ha debido enfrentar durante los últimos años una grave situación de estrechez energética, motivada por la situación relativa a las restricciones en los envíos de gas desde Argentina, que esta Cámara conoce. 
El ministro considera importante el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia energética para optimizar las medidas, particularmente de tipo preventivas, frente a nuevas contingencias de estrechez. 
Mencionó que con este proyecto se impulsará la diversificación de la matriz energética, tal como lo indiqué.
Además, se busca ampliar la cobertura, esto es, que la energía eléctrica llegue a la mayor cantidad de población posible. Chile tiene una cobertura en el área rural de 93 por ciento. Con estas fuentes alternativas y la promoción que se hace de la energía eléctrica renovable no convencional es posible llegar a los chilenos que habitan en lugares apartados, ya que se viabilizan proyectos, por ejemplo, de generación minihidráulica, eólica, y otras, en lugares apartados, fuera de las líneas de transmisión. 
El ministro agregó que el Gobierno está decidido a impulsar una política de eficiencia energética para lograr desacoplar o disociar el crecimiento de la economía respecto del incremento de la demanda energética, situación muy grave. En Chile, la demanda energética crece más que la economía. Ello ha sido casi invariable durante los últimos años. Entonces, el Gobierno pretende que el crecimiento de la economía más bien sea inferior al de la energía, y eso se logra con políticas de eficiencia energética.
El ministro hizo otros aportes. Sus señorías los podrán encontrar en el texto del informe.
Por ejemplo, señaló que actualmente el 4 por ciento de la capacidad instalada total en el mundo, es decir, unos 182 gigawatt, corresponde a energías renovables no convencionales, y dentro de ese universo, algunas son minihidrahúlicas, otras provienen de fuentes eólicas, otras son de biomasa, asociadas fundamentalmente a las empresas de celulosa. En Chile tenemos algunas de fuentes eólicas, como las ubicadas en Aisén y unas pocas minihidráulicas instaladas en distintas regiones de nuestro país.
Lo concreto es que este proyecto de ley viene a complementar un trabajo que se hizo en la materia con las leyes cortas I y II, que permitieron ir avanzando en esta materia, la primera de ellas, liberando de pago de subtransmisión a los productores de energías renovables, y la segunda, estableciendo el 5 por ciento de suministro obligatorio de energías renovables no convencionales, etcétera. 
Por su parte, la directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable -una experta, por lo demás-, señora Sara Larraín, hizo grandes aportes y proposiciones a la iniciativa. 
Entre otras cosas, le pareció poco el 5 por ciento de suministro obligatorio de energías renovables no convencionales que establece nuestra legislación. También considera muy tibio el plazo, la multa muy baja, etcétera. 
En definitiva, ella hizo una serie de críticas constructivas que buscan la manera de complementarse con el proyecto propuesto por el Ejecutivo. 
Entre otras cosas, la señora Larraín propuso un aumento de la multa para las empresas que no cumplan con el porcentaje de suministro de energía no renovable no convencional -es la sanción, la multa, la que obligará en definitiva a que la empresa tenga que comprar o generar esa energía-, y que el 5 por ciento obligatorio sea inicial hasta llegar al 20 por ciento, a partir de 2025. 
Asimismo, plantea un incentivo más claro al desarrollo de proyectos; o sea, que haya recursos asociados a proyectos concursables, etcétera.
La señora Sara Larraín entregó grandes aportes a la Comisión. 
Al gerente general de Endesa Eco, la división ecológica de la empresa, también le pareció un proyecto adecuado. Lo que le incomoda es la definición de minihidráulicas y que sean renovables no convencionales las centrales hidráulicas de 20 megawtt o menos, por razones obvias. En general, a las hidráulicas les interesa que se consideren renovables no convencionales las que son un poquito más grades de 20 megawtt porque tienen centrales de 20 y más megawtt. Pero, en suma, el señor Jara estima que se trata de un proyecto razonable, propositivo, que constituye un avance. También considera que la obligación del 5 por ciento es insuficiente y dice que, ojalá, sea aumentada, etcétera. 
El presidente de la asociación gremial Acera, que reúne a los pequeños generadores de energía minihidráulica, señor Rolf Fiebig, planteó que le parece tibio el proyecto, que le gustaría más, pero que, sin perjuicio de ello, lo considera una ayuda. O sea, reconoce que hay un avance en materia de energías renovables no convencionales al establecer multas, la obligación del 5 por ciento, en fin. De manera que, siendo una organización que promueve el desarrollo de energías renovables, esto le parece poco, pero bueno; es decir, quisieran un proyecto con más incentivos, con más recursos, etcétera. Pero en general les parece bueno. 
El presidente de la Empresa Nacional de Geotermia -empresa que en Chile está estudiando la energía geotérmica que, por cierto es renovable no convencional-, don Nelson Muñoz Guerrero indicó que el proyecto le parece atendible, que está en el camino correcto, sin perjuicio de hacer algunas críticas constructivas. 
Señaló que, según las proyecciones, desgraciadamente, el mundo seguirá dependiendo de los combustibles fósiles y que las energías renovables constituirán un aporte, pero no tan grande. De todas maneras, hizo algunas observaciones a la iniciativa. Señaló que le gustaría que se aumentara el 5 por ciento de energía renovable no convencional.
Debo recordar que ese porcentaje, que establece la actual legislación -lo introdujo la ley eléctrica corta II- es el 5 por ciento de las energías licitadas, es decir, de las energías de los clientes regulados. Este proyecto de ley amplía ese 5 por ciento a los regulados y a los no regulados, de manera que en la práctica implica más que duplicar la cantidad de megawatt. 
Además, con algunas indicaciones presentadas, entre otros, con los diputados Leal y Encina, logramos aumentar a 8 por ciento. O sea, partimos con el 5 por ciento de las energías reguladas, o menos el 40 por ciento del parque, y durante la discusión llegamos al 8 por ciento del total de las energías, lo que constituye un incremento interesante. Para muchos de nosotros eso sigue siendo poco, pero hubo disposición del Ejecutivo a abrirse a ese 8 por ciento que consideramos adecuado.
El gerente general de Acciona Energía Chile S.A., empresa con mucha experiencia en energías renovables, en particular la eólica, se refirió derechamente a las ventajas que este proyecto tendría respecto de dicha energía. También lo considera un paso positivo, relevante, pero planteó algunas cuestiones de orden técnico que, sin duda, son razonables. Hay que considerar que la energía eólica tiene un factor de potencia bastante bajo, ya que genera durante aproximadamente el 35 por ciento del tiempo, en que una central a carbón lo hace el ciento por ciento, o una hidráulica, el 70 u 80 por ciento del tiempo, en promedio, mientras pasa o cae agua, dependiendo de su calidad.
En fin, el señor Solar señaló que les gustaría que se hicieran algunas adecuaciones especiales al proyecto relativas a la energía eólica, lo que es razonable, porque para instalar 1 megawatt permanente de energía eólica uno necesita tener 3 megawatt de esa energía, ya que produce el 35 por ciento del tiempo; en cambio, para instalar un megawatt de energía a carbón, necesita instalar un megawatt, y lo mismo respecto de la energía minihidráulica. 
En fin, las personas que asistieron a la Comisión hicieron sus aportes, aun cuando, legítimamente, tienen sus desviaciones naturales en pro de sus proyectos y de sus propios intereses, pero, en general, les gustó el proyecto.
También concurrió el gerente de la empresa Acciona Energía Chile S.A., que tiene mucha experiencia en la materia; el gerente de la Unidad de Negocios de Siemens, quien hizo sus aportes y también algunas críticas relacionadas con los dispares factores de planta, que es a lo que hice referencia hace un rato, en cuanto a qué pasa con la energía eólica y con otras plantas que tienen una diferencia muy grande en los factores de planta, de 02 a 08.
Una opinión más negativa no respecto de impulsar las energías, sino del proyecto, fue la del Instituto Libertad y Desarrollo. Su experta, la señora María de la Luz Romper, propone una alternativa distinta. Propician también las energías renovables, pero desde una lógica diferente. En definitiva, plantean que ojalá hayan recursos para un concurso público donde los proyectos renovables no convencionales puedan concursar y, en definitiva, ganen los más eficientes. No son partidarios de introducir la modificación que promueve el proyecto, ya que, a juicio de ellos, distorsiona en parte el precio, lo que es efectivo, pero creo que es necesario para que el país avance en estas energías que, como todos concuerdan, son las energías del futuro, algunas del más cercano y otras del más lejano.
Concurrieron otros expertos a la Comisión, de cuya intervención no haré referencia en razón del tiempo. Todos han concordado en que el proyecto es bueno, pero les gustaría más. Esa es la lógica de muchos de los expertos.
El proyecto, en lo fundamental, establece que las empresas eléctricas, con capacidad instalada superior a 200 megawatts, deberán acreditar anualmente que la cantidad de energía equivalente al 5 por ciento del total de las energías que comercializan, haya sido inyectada a los sistemas por medios de generación renovables no convencionales, propios o contratados, sea en el Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing) o en el Sistema Interconectado Central (SIC). Es el primer paso que se está dando en esta materia con claridad y decisión.
Si las empresas no entregan ese 5 por ciento -es el otro aspecto fundamental del proyecto-, tendrán que pagar una multa a beneficio fiscal, la que después se cambió, de 0,4 unidad tributaria mensual por cada megawatt/hora de déficit respecto de su obligación, lo que pasa a ser un incentivo. El costo de la multa obliga a la empresa a producir la energía renovable no convencional.
Otro punto en discusión fue si la multa es suficiente incentivo o habrá empresas que van a preferir pagar la multa y meter sólo energía convencional, contaminante.
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que el monto de la multa era un buen índice de obligatoriedad, en lo que, en general, todos coincidieron. Nos hubiera gustado subir su monto, pero más adelante se estableció una fórmula para aumentar la multa al que no cumple.
Los diputados señores Aedo, Álvarez-Salamanca, Encina, Espinosa, don Marcos; Leal, Mulet, Rossi y Valenzuela, formularon una indicación para sustituir en el inciso primero, el guarismo “5%” por el guarismo “8%”, que fue aprobada. Se trata de un incremento de más del 60 por ciento por sobre la propuesta del Ejecutivo, que ya dobla la ley corta II, que era el 5 por ciento de la energía sólo de los clientes regulados. De manera que, durante la tramitación del proyecto, se produce un avance notable.
Luego, los diputados señores Aedo, 
Álvarez-Salamanca, Espinosa, don Marcos; Leal, Mulet, Rossi y Valenzuela, formularon una indicación para reemplazar el inciso cuarto del artículo 150 bis, que se propone, por el siguiente:
“La empresa eléctrica que no acredite el cumplimiento de la obligación a que se refiere este artículo al 1º de marzo siguiente al año calendario correspondiente, deberá pagar un cargo, cuyo monto será de 0,4 UTM por cada megawatt/hora de déficit respecto de su obligación. Si dentro de los tres años siguientes incurriese nuevamente en incumplimiento de su obligación, el cargo será de 0,6 UTM por cada megawatt/hora de déficit.”.
El Ejecutivo se abrió a subir la multa, lo que nos da la seguridad de que podrán entrar los proyectos de energías renovables no convencionales, ya que las empresas optarán por evitar la multa.
Los diputados señores Encina, Espinosa, don Marcos; Leal, Mulet, Rossi y Valenzuela, formularon una indicación, que señala en su inciso primero: 
“Los cargos señalados en el inciso cuarto se destinarán a los clientes finales y a los clientes de las distribuidoras cuyos suministros hubieren cumplido la obligación prevista en el inciso primero de este artículo.”
Ello significa que la multa va en beneficio del competidor y de los clientes del competidor que no cumple. O sea, es una multa doblemente gravosa para el que no cumple, porque paga la multa, pero, además, va en beneficio de los clientes y de las empresas que cumplieron, lo que es muy inteligente, ya que sin ser más alta la hace más onerosa.
Sé que hay algunos colegas que no les gusta mucho el tema, pero hay otros aspectos fascinantes contenidos en el proyecto de ley. 
En virtud del número 4) se agrega, en el artículo 225, a continuación de la letra z), una letra aa), nueva, que se refiere a los medios de generación renovables no convencionales, que me voy a permitir leer. 
“aa) Medios de generación renovables no convencionales: Los que presentan cualquiera de las siguientes características:
1) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgánica y biodegradable de origen vegetal o animal y que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento.
2) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía hidráulica y cuya potencia máxima sea inferior a 20.000 kilowatts.
3) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía geotérmica, entendiéndose por tal la que se obtiene del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de fluidos inyectados artificialmente para este fin.
4) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía solar, obtenida en forma directa de la radiación solar.
5) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía eólica, correspondiente a la energía cinética del viento.
6) Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de los mares, correspondiente a toda forma de energía mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las corrientes, y
7) Otros medios de generación determinados fundamentalmente por la Comisión, que utilicen energías renovables para la generación de electricidad, contribuyan a diversificar las fuentes de abastecimiento de energía en los sistemas eléctricos y causen un bajo impacto ambiental, conforme a los procedimientos que establezca el reglamento.”
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión y las normas definitivas están contenidas en el informe que tienen los señores diputados en sus pupitres.
En general, no hubo votos en contra; sólo algunas abstenciones de quienes plantearon una fórmula diferente para incentivar este tipo de generación de energía. En todo caso, el resultado de la votación figura en el informe.
Termino agradeciendo a todas las personas que concurrieron a la Comisión, al Secretario y a los ayudantes de la Comisión de Minería y a todas las personas que están impulsando la generación de energía con fuentes renovables no convencionales. En lo que respecta a mí, daré mi opinión cuando me corresponda intervenir durante el debate del proyecto.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el honorable diputado Antonio Leal.

El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero aprovechar la presencia del ministro Marcelo Tokman para darle a conocer la preocupación que han hecho presente muchos usuarios, porque durante los últimos meses no se les ha pagado el subsidio de electricidad prometido por el Gobierno para compensar el alza de las tarifas eléctricas.
En verdad, resulta bastante incomprensible que el decreto correspondiente todavía esté en la Contraloría General de la República y que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y los ministros de Energía y de Economía no se hayan movilizado con toda su fuerza para que los usuarios reciban dicho subsidio, a pesar de que muchos parlamentarios lo consideramos insuficiente, tanto en la versión anterior como en la reformulada. Por eso, quiero manifestarle al ministro mi gran interés en que esto se concrete, dado el alto nivel que han experimentado las tarifas eléctricas, lo que está golpeando fuertemente los bolsillos de los usuarios.
El informe entregado por el diputado Mulet me ahorra hacer una larga exposición sobre el tema. Creo que estamos ante un proyecto que calificaría de histórico, porque estamos abriendo las puertas a la energía renovable no convencional. Con ello, por una parte, diversificamos la matriz de generación eléctrica y, por otra, accedemos a una forma de generación limpia que resguarda el medio ambiente y permite internacionalizar la generación de energía eléctrica, puesto que la energía renovable no convencional ya está siendo utilizada ampliamente en diversos lugares del mundo.
Este proyecto de ley tiene por objetivo generar un mecanismo de incentivo similar al implementado en otros países para garantizar el desarrollo de la energía renovable no convencional. 
En primer lugar, considero muy importante subrayar, como lo hizo el ministro Tokman en la Comisión durante el debate del proyecto, el significado que tiene la diversificación de la matriz energética. Nosotros ya vivimos la dependencia del gas argentino. Felizmente, a fines de los años 90, nuestro país comenzó a impulsar una mayor diversificación de la matriz energética y el gas argentino fue parte de ella. Pero estamos frente a un proceso permanente, porque los altos precios de los combustibles y de los insumos de generación de energía eléctrica nos obligan y nos obligarán, en forma permanente, a diversificar cada vez más la matriz energética, sobre todo, en un país que necesita disponer de 500 a 600 megawatts anuales adicionales, atendido el actual nivel de nuestro desarrollo económico. Por lo tanto, el proyecto traza la perspectiva para que la energía renovable no convencional contribuya a diversificar la matriz energética en nuestro país.
Buscamos ampliar la cobertura, de manera que la energía eléctrica llegue a la mayor parte de la población, y entrar en este mundo en que, actualmente, el 4 por ciento de la capacidad instalada total, es decir, 182 gigawatts, corresponden a energías renovables y, dentro de ese universo, el 36 por ciento corresponde a minihidráulicas, el 32 por ciento a eólicas, el 24 por ciento a biomasa, el 5 por ciento a geotermia y el 0,1 por ciento a mareomotriz. En cambio, en Chile -este dato fue entregado por el ministro en el debate en la Comisión-, sólo el 2,4 por ciento, es decir, 290 megawatts de la energía total, corresponde a este tipo de fuentes de generación. De manera que tenemos por delante un desafío mayúsculo. De ahí que este proyecto sea necesario, entre otras cosas, para concretar una mayor utilización de la energía renovable no convencional y el acuerdo que se estableció en las leyes cortas I y II, en cuanto a disponer de un 5 por ciento de generación de energía eléctrica de fuentes renovables y a la obligación de las generadoras de comprar ese porcentaje.
El proyecto en discusión que vamos a votar en esta sesión, en primer lugar, reemplaza la posibilidad que hoy tienen los propietarios de fuentes de energía renovables no convencionales de suministrar a las empresas concesionarias de distribución hasta el 5 por ciento de su demanda, por la obligación de acreditar que se ha generado cierto porcentaje de energía renovable no convencional equivalente al 5 por ciento de la energía retirada por las empresas eléctricas que la comercializan en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 megawatts, independientemente de si ella es comercializada por empresas distribuidoras con clientes libres. Hay que tener presente que, en este caso, las generadoras se transforman en empresas comercializadoras, es decir, se abre un espacio de comercialización muy importante.
En segundo lugar, las empresas eléctricas deberán acreditar anualmente que la cantidad de energía equivalente al 5 por ciento del total de la energía que comercializan ha sido inyectada a los sistemas eléctricos por medio de generación renovable no convencional, sean éstos propios o contratados. Esto plantea una exigencia a la industria que ha sido establecida en todos los lugares del mundo donde se ha desarrollado la energía renovable no convencional.
Si la tendencia de la industria es no incorporar la energía renovable no convencional, por problemas de costo, de transmisión u otras dificultades, quiero subrayar, para tranquilizar a los inversionistas, que si en este momento hay alrededor de 35 proyectos de energía renovable no convencional ingresados al sistema de evaluación, ello se debe a las condiciones actuales del mercado -y es el mercado el que decide este paso-, con los precios proyectados del barril de petróleo, o sea, del costo del diesel, del gas, de los combustibles y de los insumos de generación. 
No hay ninguna duda de que los precios, las tarifas finales a las cuales puede acceder la energía renovable no convencional comienzan a ser competitivas.
De cualquier modo, se deben establecer normas que obliguen a las empresas generadoras a comprar el 5 por ciento, y nosotros elevamos ese monto a un rango de 8 por ciento en determinadas condiciones.
Los medios de generación que podrán establecerse o contratarse para acreditar el cumplimiento de la obligación serán los que se interconectan a los sistemas eléctricos con posterioridad al 31 de mayo de 2007, y corresponderán a centrales hidroeléctricas pequeñas o a proyectos que aprovechen la energía eólica, solar, geotérmica, de los mares o de la biomasa, es decir, aquellas tecnologías que utilicen fuentes renovables, que produzcan un bajo impacto ambiental y que aún no se han desarrollado significativamente en el país.
Se ha fijado el año 2010 como inicio de la obligación, con la finalidad de dar plazo a las empresas para seleccionar de manera eficiente la forma y los medios de generación con que cumplirán el requerimiento. La vigencia de la obligación está limitada a veinte años, contados desde el 1 de enero de 2010, pues la intención es dar un impulso inicial a las energías renovables no convencionales, luego de lo cual podrán continuar desarrollándose de manera natural en el mercado de generación eléctrica.
Esta cifra no es arbitraria. Veinte años es lo que se ha demorado más o menos la instalación de la energía renovable no convencional en muchos países de Europa.
Finalmente, quiero señalar que para asegurar la eficacia de la norma se establece una multa, como ha dicho el diputado Mulet, a beneficio del desarrollo del sistema eléctrico.
No hay ninguna duda de que estamos dando un paso que se puede calificar de histórico. Hay un importante estímulo para la incorporación a la industria de generación de la energía renovable no convencional en nuestro país, y proyectos prácticamente en todas las regiones de Chile.
Con esto, internacionalizamos la generación. Con posterioridad podremos trabajar la interconexión con países como Brasil y otros que tienen energía renovable en materia de etanol y biodiesel, muy importante desde el punto de vista de la generación.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención contando una anécdota importante, que tiene que ver con el proyecto en análisis.
En la provincia de Talca, los regantes de la Asociación Canal Maule elaboramos en 1992 -soy un regante más- un proyecto hidroeléctrico del cual fui coautor, con el apoyo técnico de la empresa Colbún-Machicura, para la construcción de una central en el canal Maule bajo, que denominamos en ese entonces Central Los Temos, hoy Central Lircay.
Según el proyecto, esta mini central generaría unos 15 megawatts, la cual, felizmente, hoy se encuentra en construcción y esperamos que inicie su puesta en funciones a fines del próximo año o a más tardar a principios de 2009. Con ello, más de 2.200 regantes podrán ver reducidas a prácticamente cero sus cuotas anuales de servicio de riego. Además, podrán reparar y mantener en buenas condiciones sus sistemas de regadío, pudiendo alternarse en la dirección de la Central Lircay, de manera de optimizar y fiscalizar su funcionamiento.
La iniciativa hace posible que el proyecto eléctrico del canal Maule, en Talca, y otros en el país, sean viables, porque las generadoras estarán obligadas a comprar su energía, cosa que no ocurre en la actualidad, dado que la compra de energía por las generadoras es optativa.
Entonces, el proyecto no sólo favorece el aporte de nuevas fuentes de energía, sino que beneficia, en el caso del ejemplo que he puesto en conocimiento de la Sala, a miles de pequeños propietarios agrícolas que disminuirán sus costos de riego, y estoy seguro de que esto mismo ocurrirá en diversas zonas del país.
La iniciativa no disminuirá el costo de la energía, sólo asegurará su disponibilidad. Aumentar la diversificación de las fuentes de energía incrementará también la seguridad en el suministro del sistema eléctrico.
Lo importante es que se adopten acciones concretas para mejorar la seguridad del abastecimiento, porque así enfrentaremos mejor la escasez de energía que puede afectar notoriamente la economía nacional.
El proyecto crea mecanismos de incentivo para promover un ingreso sostenido a las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico, tal como lo ha hecho el Estado en el desarrollo minero, energético, forestal y agroexportador en el pasado.
Dado que las energías renovables no convencionales tienen bajo costo de operación pero alto costo de inversión, cualquier apoyo financiero resulta eficaz. Entre estos, los prioritarios son introducir metas de inserción de energías renovables no convencionales en la matriz y establecer incentivos a la inversión o tarifas que reduzcan los riesgos de las inversiones en estas nuevas tecnologías.
El proyecto no considera financiamiento para la puesta en marcha de nuevas centrales hidroeléctricas con energías renovables no convencionales. El Ejecutivo no tomó en cuenta los dos proyectos que se presentaron, uno en el Senado y el otro en la Cámara de Diputados. Tampoco consagra mecanismos de promoción, sino sólo perfecciona la ley corta II, en lo referido al suministro obligatorio del 5 por ciento de energías renovables no convencionales, vinculando su incumplimiento al pago de una multa y acotando dicha obligación a veinte años.
La iniciativa no es una respuesta al contenido de las mociones parlamentarias, tal como dije en 2006, pues las mociones del Senado y de la Cámara de Diputados incluía mecanismos de apoyo a las energías renovables no convencionales, a través de la opción tarifaria, proponiendo elevar el precio promedio de las licitaciones para estas energías.
Nosotros creemos que podemos revisar el tema en la Comisión y tratar de convencer al Gobierno de que agregue un subsidio que estimule la creación de nuevas fuentes de energías renovables no convencionales. Si no lo hacemos acá, espero que el Senado tenga la ocurrencia de incluirlo.
Desde el punto de vista estrictamente eléctrico, no debiera esperarse mejores ganancias del desarrollo de estos proyectos. Básicamente, sustituirán la instalación de otros más baratos, aportarán por razones ambientales pero no eléctricas. No debieran cifrarse grandes esperanzas de diversificación energética en ellos, pues el sistema seguirá basándose en agua, carbón, gas y petróleo en la gran producción eléctrica, y, quizás, en unas décadas más, en energía nuclear.
Nadie puede dejar de pensar que en el norte de Chile debiéramos tener una central nuclear. Las centrales nucleares requieren grandes cantidades de aguas. Una planta salinizadora en el norte podría ocupar las aguas del Pacífico y tendríamos un abastecimiento seguro por muchísimos años para desarrollar nuestro norte, así como en el centro hay que usar energías hidráulicas.
Luego, si el proyecto trata de responder a la crisis del gas con Argentina, debo recordar que ésta ha aumentado el riesgo de abastecimiento eléctrico de Chile, porque hay demoras para reemplazar las plantas que han quedado obsoletas económicamente, pero no porque nuestra matriz no se pueda reforzar sola, a través de mecanismos de mercado normal.
En consecuencia, la diversificación energética debe pensarse sirviendo al objetivo de seguridad. No es claro que pequeños proyectos por el solo hecho de ser amistosos con el medio ambiente, sean de gran ayuda. Tienen otros méritos, pero no el mencionado.
Si el sistema eléctrico chileno logra internalizar debidamente en sus precios los riesgos hasta ahora conocidos por la experiencia argentina, debiera ser perfectamente capaz de lograr los niveles de seguridad que se desean, sin ayudas especiales.
Ello también se vería favorecido si se dan todas las facilidades para la exploración de recursos energéticos en nuestro territorio y si se dan pasos financiados por el Estado para construir catastros de información sobre recursos naturales energéticos que ayuden a los proyectos eólicos, hidroeléctricos, geotérmicos y de biomasa, entre otros.
En todo caso, el proyecto es un buen avance en materia energética. Renovación Nacional lo respaldará en forma mayoritaria.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.

El señor ENCINA.- Señor Presidente, dado el completísimo entregado informe por el diputado señor Mulet y el aporte de otros colegas, seré lo más breve posible a fin de que alcancen a intervenir otros parlamentarios y también estudiar otros proyectos de la tabla.
Las leyes cortas I y II contemplaban por primera vez en el sistema eléctrico chileno la posibilidad de que contáramos con un porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales, tales como las minihidráulicas, eólicas, biomasa, geotermicas y otras. Pero, desgraciadamente, eso no funcionó.
En las matrices energéticas de casi todos los países, en especial de los desarrollados, existe un porcentaje de energías renovables no convencionales con las que se pretende combatir la contaminación del mundo y contrarrestar el calentamiento global, tan en boga a nivel internacional.
Por eso, la iniciativa, sin pretender dar solución a todos los problemas energéticos, porque no es posible, significa un gran avance. El Ejecutivo la tomó como suya y la reformuló. Recuerdo que había dos proyectos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, que apuntaban en esta dirección. Por desgracia, no pudimos ponernos de acuerdo y surgió esta interesante iniciativa del Ejecutivo.
El actual modelo de desarrollo del mundo, basado en el uso y explotación de recursos energéticos de origen fósil, está produciendo un altísimo problema de contaminación. Por eso, es necesario dictar políticas sobre energías renovables y sobre política energética en general.
El proyecto se basa en una de las alternativas posibles para incentivar el uso de energías renovables no convencionales. Las empresas que comercialicen energía deberán acreditar anualmente hasta un 8 por ciento de energía, propia o comprada en el mercado, proveniente de energías renovables no convencionales.
Quien no lo haga tendrá que pagar una multa, originalmente de 0,4 UTM por megawatt-hora no producido o de déficit. Si en los tres años siguientes no normaliza la situación, la multa sube a 0,6 UTM por MW/h.
No cabe duda de que este proyecto marcará historia dentro de los sistemas energético y eléctrico. Lógicamente, debemos considerarlo como un punto de partida.
Se ha abierto una gran discusión sobre el tema energético, sobre todo a raíz de las falencias de nuestro sistema basado durante años en el gas argentino, que ya no llega pero que en su momento fue positivo para el país. Esto es normal. Con seguridad, la proposición del Ejecutivo no reemplazará gran parte de la matriz, pero ayudará en forma sustancial.
A modo de ejemplo, puedo decir que en algunos países europeos, como Alemania, Dinamarca y España, el 20 por ciento de la matriz energética proviene de energías renovables no convencionales. A saber, Alemania tiene 18.427 megas de producción eólica; España, 10 mil. Así, podría dar a conocer una gran cantidad de ejemplos sobre energías que han demostrado ser competitivas y, técnicamente, factibles de implementarse en cualquier sistema eléctrico en el mundo.
Respecto de la competitividad, cuando usamos diesel, el precio del megawatt hora se dispara a 250 dólares, en circunstancias de que con gas natural podría costar 50 ó 60 dólares, y con energía hidráulica mucho menos.
Aquí se presenta un desafío que debemos abordar. Nuestra matriz está en crisis. Tendremos que reemplazar el gas natural argentino. ¿Se hará por plantas a carbón? Eso ha producido una gran discusión por la contaminación que produce. ¿Por centrales hídricas o hidráulicas? Éstas también han despertado gran debate por el tema ambientalista. ¿O por energía nuclear?
Mientras tanto, es importante contar con una matriz basada en energías renovables no convencionales.
Se han probado distintos sistemas en el mundo, como el de bonos verdes -utilizado por Australia-, los subsidios directos a la compra de energía renovable no convencional o fondos de apoyo a la producción de energía verde o renovable no convencional. El impacto que produzca en el precio será menor en comparación con la finalidad de que el país cuente con una ley que incentive el uso de tales energías.
Debemos estar abiertos a toda discusión respecto del tema. A mi juicio, el proyecto tiene una tremenda importancia para el país, porque es el punto de partida de una discusión pendiente. Ojalá podamos profundizar en él, a fin de ampliar las posibilidades de diversificar la matriz. Al margen de eso, también se podrá contar con energía renovable, que está en la naturaleza y sin la negatividad que aportan los otros combustibles, sobre todo los fósiles.
La bancada del Partido Socialista apoyará el proyecto -algunas normas son perfectibles-, porque va en la dirección correcta desde el punto de vista de la matriz energética. Esperamos que pronto sea aprobado por la Cámara y el Senado, a fin de contar con un instrumento legal que incentive el uso de las energías renovables no convencionales, pues son un gran camino para tener los elementos energéticos de los cuales hoy carecemos.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente, ¿quién va a estar en desacuerdo con la posibilidad de diversificar la matriz energética, más aún con la experiencia palpable, a la luz de una situación compleja, en la que no se respetó un protocolo ni al país en materia energética?
Por ello, nos hemos visto en la obligación de analizar en detalle algunas propuestas legislativas. Al respecto, lamento mucho que esto sea respuesta a una situación crítica más que un incentivo y la voluntad de buscar soluciones a los problemas de la matriz energética, utilizando energía renovable no convencional.
En la Comisión propusimos analizar dos proyectos, uno presentado por diputados, y otro, por senadores, en los cuales aparecen nuestras propuestas. Lamento que el Ejecutivo no los haya tomado, asumido y fusionado.
¿Por qué digo esto? Porque nosotros queríamos que no sólo hubiese una exigencia, como se establece en esta iniciativa, un castigo para quien no cumple, sino también un incentivo, que es lo que se necesita para implementar este tipo de energía. He visto in situ que el uso de energía no convencional es positivo para la comunidad. Sin embargo, su implementación inicial es bastante compleja. Ocurre que una inversión de esa magnitud debe ser pagada por alguien, y no me cabe duda alguna de que en este minuto la pagan los clientes.
El diputado Leal inició su intervención preguntando al ministro Tokman por qué no se han pagado los subsidios. Hoy existe un problema energético y el proyecto en debate claramente indica que habrá un incremento en las tarifas. En consecuencia, el día de mañana el aumento de la inversión en estas fuentes energéticas traerá consigo el problema de quién paga el costo. Si bien es cierto que puede haber un incentivo desde el punto de vista medioambiental, debemos tener claro quién asumirá el alto costo que significa implementar este tipo de energía. 
Estamos de acuerdo en que debemos buscar fuentes alternativas, pero el proyecto no abarca todas las alternativas ni todas las necesidades del país. Por eso, uno reclama que siempre hacemos las cosas a medias, que buscamos que el Senado corrija o que después se modifique la ley para ajustarla. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo necesario para vaciar en un proyecto, con voluntad política de todos los sectores, las soluciones al problema de la crisis energética? ¿Por qué no se pensó en un fondo de incentivo? Hoy existe un impuesto a la minería que lamentablemente está mal gastado. Todos los sectores reclaman por el uso de esas platas. ¿Por qué no utilizamos el impuesto a la minería para el desarrollo de proyectos energéticos?
Para implementar este tipo de energía se necesita una fuerte inversión inicial; pero alguien tiene que asumirla. Hoy tenemos dos tipos de clientes: el cliente regulado y el cliente libre. Dada la crisis energética que afecta al norte -lo he visto en la Segunda Región, en Antofagasta-, los clientes libres ya negociaron sus contratos. Pero sucede que a los clientes regulados les subieron las tarifas y posiblemente se seguirán incrementando. Ante ello, el Gobierno entrega un subsidio, que me parece correcto cuando se presentan estas eventualidades, pero también hace una discriminación -lo planteé en la Comisión-, porque al norte se le entregan menos recursos que al sur.
El proyecto establece una multa para las empresas que no cumplan con la obligación impuesta. ¿Por qué el dinero recaudado por concepto de esa multa tiene que destinarse a gasto fiscal? ¿Por qué no puede destinarse a un fondo de incentivo para buscar energías alternativas?
Un señor diputado dijo que en otros países este sistema ha funcionado bastante bien. Debo decir al colega que emitió esa opinión que la energía no renovable en España -la conocimos in situ- funciona ciento por ciento. Incluso, muchos españoles invierten en paneles solares para colocarlos en huertas solares que produzcan energía. ¿Por qué lo hacen? Porque el gobierno de ese país subsidia fuertemente ese tipo de energía. Así, invertir en un panel solar resulta mucho más conveniente y más barato, debido al subsidio. Por lo tanto, si queremos copiar ese mecanismo para producir energía en Chile, debemos analizar la forma de incentivar a la gente para que invierta en él.
Respecto de la fuerte inversión inicial, quiero agregar lo siguiente. El diputado Álvarez-Salamanca mencionó un ejemplo del uso de energía alternativa en su distrito. Él está muy motivado al respecto. Lo comprendo y lo acepto, porque en la zona sur existen canales que permiten la construcción de centrales hidroeléctricas de pasada. Pero sucede que en el norte la situación es distinta. Es cierto que tenemos energía solar y que se están haciendo prospecciones en el sector del altiplano de la Segunda Región, en Tatio, para obtener energía térmica; pero los costos de inversión inicial de ese tipo de energía son altísimos. También existe la energía eólica. Pero ocurre que en la Segunda Región, para la gran industria minera se necesita energía firme y continua, y que no se produzcan los black out que estamos sufriendo. Si implementamos energía eólica, que es bastante positiva, también tendremos que implementar un mecanismo de respaldo para cuando no haya viento, pues -hay que decir las cosas por su nombre- si no hay viento, no funciona el sistema.
Éste es otro gran desafío para el Gobierno. Creo que deberíamos hacer, en conjunto, la planificación energética del país para desarrollar proyectos de uso de recursos eólicos, geotérmicos, mareomotrices, etcétera.
Reconocemos que el proyecto da un paso, y lo aceptamos, pero es un paso muy débil para enfrentar el desafío de hacer de la energía renovable no convencional una alternativa real de diversificación energética.
Respecto de la obligación de las empresas de acreditar un 5 por ciento de energías renovables no convencionales -presentamos una indicación para incrementar la exigencia a 8 por ciento- y de la multa que se establece en caso de incumplimiento, quiero señalar lo siguiente. El diputado Álvarez-Salamanca mencionó las centrales de pasada y las centrales hidroeléctricas, que son mecanismos para cuya implementación existe madurez en el país, y que pueden tener mayor desarrollo en ciertos sectores. Lo considero positivo. A ello se agrega que existe una tendencia y un acomodo por la industria y por el Gobierno a buscar ese tipo de energía antes que otras alternativas. Sin embargo, no es lo mismo instalar una central de pasada en un canal de regadío que implementar los grandes molinos de viento o buscar generación térmica en sectores de la Segunda Región o en el sur. Tampoco es lo mismo colocar una celda fotovoltaica, que tiene un alto costo, que construir esas centrales, para cuyo funcionamiento, gracias a Dios, aún existe agua que está corriendo.
Por lo tanto, si bien es cierto que el proyecto da un paso, considero necesario que se profundice y que haya voluntad política efectiva en orden a buscar incentivos para que la energía renovable no convencional sea parte real de la matriz energética del país.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.

El señor AEDO.- Señor Presidente, el proyecto en comento reforma la ley general de servicios eléctricos para permitir la incorporación de fuentes de energías renovables no convencionales a nuestra matriz energética.
Chile necesita crecer en sus fuentes de energía, debido a las dificultades que ha tenido en los últimos años con el suministro de gas desde Argentina. En ese sentido, el proyecto incorpora el uso de fuentes de energías renovables no convencionales como la eólica, la mini hidráulica y la geotérmica. Nuestro país tiene condiciones geológicas especiales para la incorporación de la energía geotérmica, especialmente en zonas del sur y en sectores cercanos a la cordillera. También tiene condiciones especiales en la cordillera para la implementación de sistemas mini hidráulicos. Además, el viento que existe en ciertos sectores permite incorporar la energía eólica.
El proyecto dispone que las empresas con una capacidad instalada superior a 200 megawatts deban acreditar la inyección al sistema de 8 por ciento de energías renovables no convencionales. En caso de incumplimiento de dicha obligación, se aplicará a la respectiva empresa un cargo de 0,4 UTM por cada megawatt/hora de déficit, y en caso de reincidencia, ese cargo se elevará a 0,6 UTM. Cabe aclarar que los montos que se perciban por concepto de dichos cargos no irán a beneficio fiscal, sino que se destinarán a los clientes finales y a los clientes de las distribuidoras cuyos suministros hubieren cumplido con esa obligación.
Hoy, el consumo energético del país alcanza a alrededor de 3.500 kilowatt/hora por habitante al año. Por lo tanto, para que de aquí a diez años se duplique la matriz energética, será necesario que el sistema experimente un crecimiento anual de, al menos, 7 por ciento. 
La incorporación de este tipo de energías significará un aumento en el uso de tecnologías diferentes de las que se emplean hoy, con las consecuentes externalidades positivas.
Por lo indicado, considero que el proyecto es positivo y, una vez que se convierta en ley de la República, permitirá al país avanzar en ese sentido.
He dicho. 

El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, sin duda, la situación energética del país es cada día más crítica.
En una información aparecida en “El Mercurio” de ayer, se expresa que a abril del próximo año, el alza de las cuentas de la luz llegará a más de 50 por ciento, situación que golpeará con más fuerza los bolsillos de los chilenos, fundamentalmente de la gente más humilde y necesitada.
Sin duda, esas alzas tienen su origen en el aumento del costo del petróleo a nivel mundial, pero también en la falta de previsión de los gobiernos de la Concertación, que, en materia de diversificación de fuentes energéticas, confiaron absolutamente en el gas natural argentino, del cual hoy se carece por completo. Por lo tanto, hacia el futuro sólo cabe esperar la pronta entrada en funcionamiento de la planta de gas natural licuado, GNL, que significará algún paliativo a la difícil situación de abastecimiento en materia energética.
Valoro el hecho de que el país decida contar con una diversificación energética, porque eso dará mayor seguridad.
Desde el punto de vista ecológico, las energías renovables no convencionales son más factibles de desarrollar. Ojalá se pueda contar con el máximo posible de ellas.
En ese sentido, se está adoptando una decisión de Estado. El problema pasa por establecer quién pagará la cuenta por concepto de desarrollo de ese tipo de energías, que son más caras. En el futuro, en la medida en que el precio del petróleo continúe subiendo, es posible que ellas puedan ser competitivas. Sin embargo, es preciso aclarar que, hasta el momento, ningún país basa su seguridad energética en ese tipo de energías, que sólo son complementarias.
La UDI ha formulado críticas al proyecto, no en relación con la diversificación de energías, sino respecto del sistema de incentivos. Por eso, insistimos en que, por tratarse de una decisión de país, éste debe poner los recursos para hacer factible el desarrollo de tales energías. Asimismo, en lugar de castigar a las empresas que no logren acreditar la inyección de 8 por ciento de energías renovables no convencionales al sistema, se debería establecer un fondo concursable para incentivarlas. 
En mi opinión, los recursos para innovación tecnológica de que se dispone gracias al establecimiento del royalty a la minería deberían destinarse al desarrollo de energías renovables no convencionales. De lo contrario, la iniciativa en estudio significará un mayor costo adicional para los usuarios de energía eléctrica.
Reitero que si el país resuelve contar con ese tipo de energías, su costo debería pagarlo el erario o, en su defecto, que se utilicen los recursos adicionales que están aportando las empresas mineras debido al elevado precio del cobre, pero que no se siga metiendo la mano al bolsillo de los más pobres. En ese sentido, solicitamos que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de establecer incentivos más que castigos. De lo contrario, el día de mañana la ciudadanía responsabilizará a los parlamentarios -no sé si también al señor ministro- del mayor costo de la energía eléctrica. Pido que los colegas hagan un análisis muy profundo al respecto.
Cabe preguntarse por qué la referida acreditación se estableció en 8 por ciento y no en 7, 10 o 1 por ciento, y por qué la iniciativa establece cargos, en circunstancias de que perfectamente podría establecer incentivos. A mi juicio, el país requiere avanzar sin castigos, sino con incentivos concretos en este sentido, como parte de una política de Estado. 
Por lo tanto, por muy buenas intenciones que tenga el proyecto, a la larga producirá distorsiones en el mercado.
Advierto que, a partir de la obligación de acreditar que una cantidad equivalente al 8 por ciento de los retiros debe ser inyectada, por ejemplo, al Sistema Interconectado Central o al Sistema Interconectado del Norte Grande, Sing, muchas personas deben estar pensando en hacer pingües negocios. Además, cabe recordar que ninguno de esos costos es gratuito, porque todos se traspasan. Por lo tanto, se traspasará el relativo al 8 por ciento por concepto de acreditación y también los derivados de las multas que se apliquen a las empresas eléctricas.
En virtud de las observaciones formuladas, anuncio que vamos a presentar algunas indicaciones.
Insisto en que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de establecer algún subsidio para el desarrollo de energías renovables no convencionales, de manera que los recursos los ponga el país, no los más pobres mediante alzas en las cuentas de la luz.
A la espera de alguna respuesta del Ejecutivo, anuncio que algunos diputados nos vamos a abstener y otros van a votar en contra del proyecto como una señal de protesta ante la posibilidad de que se siga metiendo la mano al bolsillo de la gente más pobre, en circunstancias de que el costo de la energía eléctrica ha venido experimentando un alza sostenida que, según se calcula, a abril del próximo año alcanzará a más de 50 por ciento.
Repito que las platas para innovación tecnológica derivadas del royalty a la minería deberían destinarse al desarrollo de ese tipo de energías. 
Aquí hay un caso concreto que perfectamente puede ayudar a la diversificación energética, al tema ecológico, cual es reinvertir las platas de los recursos no renovables, como el cobre, en recursos renovables como la energía eólica, mareomotriz, geotérmica u otras.
Por eso, señor Presidente, le pido al Gobierno una segunda discusión sobre la materia, porque de esa forma vamos a ayudar a la gente que más necesita y a asegurar también nuestro abastecimiento energético.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Jaime Mulet.

El señor MULET.- Señor Presidente, si bien para quienes hemos propiciado el uso de las energías renovables en el país desde hace mucho tiempo en la Comisión de Minería y Energía, el proyecto no satisface todo lo que uno quisiera, es bueno. Debo recordar que discutimos durante un año completo, una moción que presenté junto con los diputados Rossi, Encina y Leal, y otra que se trató y aprobó en el Senado, firmada por los senadores Prokurica y Orpis, entre otros.
Lo que señala el diputado García-Huidobro, que planteó también en la Comisión con mucha claridad el Instituto Libertad y Desarrollo y algunos analistas, es otro camino. Sin duda, el Gobierno y los parlamentarios debemos definir un camino cuando queremos, como en este caso, promover el uso de la energía. Dicho planteamiento es un camino legítimo; pero hay otros. La forma cómo lo recoge el proyecto de ley es diferente y, sin duda, afecta en una pequeña parte la tarifa de los usuarios. Eso es verdad. Lo más probables es que la fórmula que contiene este proyecto signifique, en definitiva, un alza en las tarifas, pero pensando en el país, pensando en el largo plazo, en lo que viene por delante, ese mayor costo inicial puede significar menor precio de la energía eléctrica en el futuro, porque si hoy no somos capaces de colocar un incentivo para desarrollar las energías renovables no convencionales, no las vamos a desarrollar nunca. Si optamos por un fondo, que es la lógica del planteamiento del Instituto Libertad y Desarrollo y del diputado García-Huidobro, eso puede ser claro hoy, con una Presidenta dispuesta a ello, pero mañana, puede que ese fondo quede en cero a raíz, por ejemplo, de una restricción presupuestaria -todos sabemos acerca de los ciclos de la economía-, y no haya desarrollo por no disponer con seguridad de energías renovables no convencionales.
La fórmula del Ejecutivo me da más garantía. Entiendo y acepto que la otra es legítima también, pero la propuesta del Ejecutivo va por el camino correcto.
Me pregunto qué pasaría, por ejemplo, si hubiésemos propuesto hace diez años un proyecto de ley como éste, y hoy la matriz energética nacional contara con un diez por ciento de energía renovable no convencional. En la actualidad, estamos pensando en que la energía mini hidráulica, en los términos del proyecto, cueste 70 dólares el megawatt. Estamos pagando 200 dólares por megawatt debido a que tenemos que producir con diésel, en lugar de ocupar gas natural comprimido que no nos está llegando desde Argentina. Entonces, urge promover la diversificación de la matriz energética; abrir la puerta a la energía renovable no convencional aunque, teóricamente, pueda costar un poco más cara e incidir en las tarifas, hasta en uno por ciento, como ha dicho el Ejecutivo. O sea, si hace diez años hubiésemos pagado un mayor precio por energía renovable, hoy sería mucho más barata. Todo indica que, en el futuro, las energías renovables no convencionales se abaratarán. Por ejemplo, la energía eólica ocupa una parte importante de la matriz energética de países como Alemania, Dinamarca y España, y se va a ocupar, en el futuro cercano, en China y en Estados Unidos. Además, el costo del sistema de generación de energía eólica ha disminuido -si mal no recuerdo y el ministro podrá corregirme- a menos de la mitad de su valor en los últimos diez años. Se calcula que en los próximos años, en la medida en que haya más turbinas y aerogeneradores, sin duda, va a disminuir más y se van a ir abriendo y haciendo más competitivas las energías renovables. Pero, en Chile es necesario abrir la puerta, incluso, en esta situación de crisis. 
Más que el alza de precios, creo que lo que molesta al Instituto Libertad y Desarrollo -una molestia legítima-, es el hecho de que se introduce un cierto factor de distorsión en el precio; o sea, no deja al mercado la energía eléctrica completamente libre, en cuanto entre siempre la central más barata. Aquí, en determinado momento, van a entrar por obligación las renovables no convencionales, aunque no sean las más baratas, lo cual, efectivamente, producirá una distorsión. Pero, no hay que ser tan cerrados en esto.
Si el país quiere desarrollar la tecnología, innovar, si quiere tener ingenieros, técnicos, gente capaz de impulsar este tipo de energía; si quiere que haya discusión, seminarios; en las universidades; si quiere capacitar y formar gente en esta materia, se tiene que dar el paso, porque, si no, no la vamos a tener nunca y, tarde o temprano -a lo mejor, muchos de nosotros no vamos a estar-, estoy convencido por lo que he visto, he estudiado y he tenido la oportunidad de conocer durante los últimos años, la matriz energética va a variar, se va a invertir, y los combustibles fósiles como gas, diesel, carbón, etcétera, van a tener una incidencia relativa o cada vez menor. Será en diez, veinte o treinta años más; pero así va a ser. El país debe prepararse con tiempo y, para ello, tener la capacidad de promover con claridad y decisión proyectos como éste que, por lo demás, es transitorio, pues la vigencia de la obligación que establece dura veinte años. Espero que después de veinte años sea más barata la energía renovable, eólica, hidráulica, geotérmica, solar -Dios mediante-, y contemos con ella, ciento por ciento chilena, no dependiente de la voluntad del señor o de la señora Kirchner, sino más bien de la del Señor, de factores climáticos, como también de la seguridad nacional y de otros asociados.
Estamos dando un primer paso al exigir un 5 por ciento de uso de energías renovable no convencionales de 2010 en adelante para llegar a 8 por ciento en 2024. Sí, puede que subamos más del 50 por ciento como consecuencia de no tener una matriz diversificada y de la crisis del gas, pero de ese porcentaje el uno por ciento va a corresponder a la nueva energía. Estamos apostando a ello. Pero mañana no vayamos a decir a la gente -en eso hay que tener mucho cuidado y responsabilidad- que la cuenta le está subiendo porque los señores parlamentarios aprobaron en el Congreso una ley que promueve la energía renovable. Eso no es cierto. Va ser así en la quincuagésima parte de lo que puede suceder. Va a subir la energía, puesto que no tenemos gas por el problema argentino, en particular, y por el alza del petróleo.
Por último, la Oposición siempre atribuye al Gobierno o a la Concertación la crisis actual. Sin embargo, la falta de gas es responsabilidad de todos. El Gobierno no le puso la pistola en el pecho a las empresas para que se cambiaran de carbón a gas o para que no hicieran inversiones: fue una decisión compartida del sistema eléctrico. Tanto es así, que las empresas, pudiendo hacerlo, no han demandado a los proveedores argentinos. Seamos claros, la responsabilidad en la crisis es de todos. Para qué hablar de la de Metrogas. Si hoy falta gas en Santiago es porque esa sociedad, que compraba a 1 ó 2 dólares el millón BTU y lo vendía a 24, no hizo la inversión a su tiempo en el sector alto de la capital para asegurar el abastecimiento mediante algún combustible alternativo en caso que faltara el gas natural comprimido. 
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, después de la completa intervención de mi colega Jaime Mulet, es poco lo que puedo resaltar. Con todo, el que estemos discutiendo sobre generación de energía es un paso muy importante. 
La diversificación de las fuentes de suministro eléctrico y el desarrollo de fuentes propias permiten mantener una relativa independencia energética. Lamentablemente, Chile no ha desarrollado estas estrategias para tener seguridad y autonomía, lo que nos ha llevado a depender de una sola fuente de energía para la generación de electricidad, con las consabidas consecuencias por los persistentes recortes de gas desde Argentina. No nos dimos cuenta que poner todos los huevos en una canasta no era un buen negocio para todos. Sin embargo, para algunos fue tan buen negocio -como dijo el diputado Mulet- que ni siquiera fueron capaces de tomar las medidas necesarias para enfrentar un escenario como el actual. No olvidemos que compraban el gas a precio de huevo en Argentina, pero las cuentas de los clientes -de esos miles de clientes de la Región Metropolitana que hoy están en riesgo de quedarse sin energía eléctrica- subían. Ni hablar de la crítica situación del Norte Grande. Las alzas tarifarias de los clientes regulados de la Primera y Segunda regiones, la posible quiebra de Gas Atacama y los problemas de la industria minera relacionados con el reemplazo del gas por el diésel, lo que ha encarecido los costos de producción, todas situaciones originadas por los recortes de gas desde Argentina, nos demuestran la importancia de diversificar la matriz energética. 
Por eso, felicito al Gobierno por haber recogido la iniciativa que planteamos un grupo de parlamentarios el año pasado, a fin de diversificar la matriz energética para avanzar hacia la autonomía, la seguridad y la eficiencia energéticas.
Estamos hablando de energía limpia, de energía no contaminante, con un impacto ambiental acotado. Lo destaco, porque hoy estamos viviendo la destrucción de ambientes muy queridos por los chilenos, como consecuencia de la construcción de las megarepresas en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, en la Undécima Región. Pero, además, nos enfrentamos a la discusión de la utilización de la energía nuclear, como si esa fuera la solución a los problemas. Por eso, es bueno hablar de la energía geotérmica, de la energía eólica, de la energía mareomotriz, porque sabemos que son limpias y porque dependen de nuestros recursos naturales que abundan. Parte de la matriz energética de Alemania está basada en la energía eólica, con lo que cubriría tres o cuatro veces nuestras necesidades. España espera satisfacer el 30 por ciento de sus necesidades de electricidad con energía eólica. Italia partió con la energía geotérmica a principios del siglo pasado. Es decir, existen experiencias que nosotros podemos imitar.
Respecto de la energía nuclear, quiero llamar la atención del Ejecutivo. Entiendo que la Presidenta Bachelet se comprometió a no avanzar en ese ámbito. Sin embargo, en la embajada de Francia se ha planificado, con recursos públicos, un seminario acerca de la energía nuclear. El presupuesto de la Comisión Nacional de Energía contempla un millón y medio de dólares para responder las preguntas del informe Zanelli. ¿No sería más justo gastar esos recursos en planificar una estrategia global, incluyendo todas nuestras alternativas de generación de energía, porque la nuclear es bastante inviable en Chile? ¡Pero si Francia y Canadá están desmantelando 13 grandes centrales nucleares y sólo Finlandia está construyendo una! Todas esas centrales nucleares han sido financiadas o subsidiadas con aportes estatales. ¿Los chilenos, el Estado, estarán dispuestos a subsidiar una energía de esas características? Cuando se habla del impacto del CO2, no se dice lo que se gasta cuando se tiene que sacar el uranio del granito y tampoco del tratamiento de los desechos, que sólo se hace en cuatro países.
Pienso que el debate ha sido un tanto sesgado. Por eso, llamo formalmente al ministro Tokman a invertir los recursos no sólo en la investigación de un programa nuclear, sino también en el desarrollo de todas las fuentes de generación de energía limpia. 
Una vez más, felicito esta iniciativa, fundamental para que dentro de 10 ó 15 años tengamos mayor autonomía y una matriz energética diversificada, que asegure el suministro eléctrico.
He dicho. 

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban 
Valenzuela.

El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, este es un muy buen proyecto, porque se logró la ecuación virtuosa para una apuesta estratégica. El país tiene que dar un paso en esta materia, tal como lo ha dado en otras. Recuerdo el debate que tuvimos para que Enap invirtiera en un terminal de regasificación de gas natural comprimido; y lo hicimos. En este caso, es lo mismo. Se trata de una apuesta estratégica, pero sin dañar al consumidor porque obliga a las empresas generadoras a suministrar un 5 por ciento de energías renovables no convencionales, porcentaje que irá aumentando en el tiempo, y que entre todos pagaremos. Lo pudo haber asumido el Estado, pero finalmente el costo se distribuye entre los consumidores regulados y no regulados.
Además, la apuesta contempla un fondo especial, multas a beneficio fiscal que lo incrementarán y una lógica de fortalecimiento de una nueva industria en Chile. Tengo la certeza, porque se nos informó cómo han crecido los proyectos, de que esta apuesta va a permitir, en el corto o mediano plazo, que la industria de la energía renovable sea fecunda, creando microcentrales, etcétera. Ojalá que las universidades se interesen en esta materia; los recursos del royalty minero pueden servir para que tengamos algo que decir a nivel mundial sobre la energía solar, por ejemplo. Estamos frente a buen proyecto, porque prioriza los intereses estratégicos del país, razón por la cual lo apoyamos entusiastamente.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, éste es un tema absolutamente delicado para la población.
Por intermedio del señor Presidente, quiero decir al señor ministro que era absolutamente falsa la información que se le dio a la gente de que la cuenta de la luz iba a subir en 5 por ciento, ya que las personas que pagaban habitualmente 6 mil pesos por este concepto, tuvieron que desembolsar 9 mil o 10 mil pesos, lo que representa un aumento superior al 30 ó 40 por ciento. Es cosa de mirar las boletas de la luz a la gente de la Región de La Araucanía para comprobar lo que afirmo.
Hemos conversado largamente esta situación con mi compañero de distrito, el diputado Meza, debido a la gran cantidad de reclamos que se nos han hecho por esta tremenda alza del suministro eléctrico.
Lo anterior demuestra que no es un tema menor para nosotros. No aceptamos que se diga que hubo un aumento del 5 por ciento en el precio del suministro eléctrico domiciliario. La gente debe saber la verdad; este servicio subió en algunas partes hasta en 50 por ciento, lo que se puede comprobar con sólo comparar las boletas que pagaban los usuarios antes y después del anuncio de esta alza del 5 por ciento, que, como dije, no se ajusta a la realidad.
Entonces, señor ministro, por intermedio del señor Presidente, aquí la discusión no es que si construimos centrales eólicas, geotérmicas o lo que usted quiera. Lo que debemos decidir es una política energética clara para el país, ya que no la tenemos.
Los diputados no se atreven a hablar claramente, porque les gusta estar bien con Dios y con el diablo; pero la verdad es que los chilenos deberíamos tener el suministro eléctrico más barato del mundo si aprovecháramos como corresponde nuestros recursos hídricos.
Hace un par de meses estuvimos en Canadá. En Ottawa, la capital de ese país, se producen 40 millones de kilovatios; en cambio, Chile, 8 millones de kilovatios. Un porcentaje de esa producción se exporta a Estados Unidos, el cual cancela a Canadá 100 mil millones de dólares por concepto de electricidad.
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, en algunas cuencas de nuestros ríos ya se han construido centrales hidroeléctricas. En consecuencia, falta decidir una política energética que nos permita decir, por ejemplo, que debemos sacrificar tal cuenca a fin de generar la energía que el país necesita para su producción. Hoy eso no se hace, porque temen los problemas que se pueden producir con los ecologistas.
Entonces, señor ministro, por intermedio del señor Presidente, le propongo derechamente, como estamos en democracia, que se haga un plebiscito, que tanto les gustan, para preguntar a la gente si está dispuesta a seguir pagando cuentas que van a subir todos los años 50 por ciento o prefieren que se sacrifique una cuenca para generar más electricidad. Si la gente se decide por lo primero, no será necesaria la construcción de represas en el Biobío o en Aisén. No estamos pidiendo que destruyan las cuencas, pero va a llegar el momento en que tendremos que enfrentar este tema.
Se habla de utilizar energía nuclear para generar electricidad, pero el problema que produce es la eliminación de los desechos radiactivos.
Reitero, estamos tratando un proyecto realmente sensible para la estabilidad, para la producción y para los hogares de menores ingresos, por lo que tenemos que llegar a definiciones claras y precisas con respecto a lo que queremos para Chile.
Aquí se ha señalado que el gas argentino se compraba a precio de huevo y que subió el petróleo. Eso ya lo sabemos. Ningún país puede basar su economía en quienes no cumplen sus compromisos. Claramente, Argentina no ha cumplido sus compromisos respecto de la venta de gas. A su vez, el petróleo está a más de 80 dólares el barril. No obstante, Dios ha puesto en nuestras manos una gran riqueza hídrica, lo que nos convierte en el segundo país con más reservas de agua dulce, por lo que tenemos el deber de dar a la población energía barata.
Se habla de invertir en pequeñas plantas de generación eléctrica, pero nos encontramos con un tremendo problema para instalar los cables de alta tensión. Hay que solicitar permisos, hacer estudios de impacto ambiental, etcétera.
Por lo tanto, aquí la cosa es bien clara. Cualquiera sea el gobierno, tendrá que tomar medidas drásticas al respecto. Si hay que expropiar y pagar para que pasen las líneas, deberá hacerlo, tal como ocurrió con la construcción de la doble vía en la ruta 5, respecto de lo cual se dijo que iba a producir mucha cesantía, debido a la desaparición de los restaurantes que estaban en sus orillas. Sin embargo, hoy todo el mundo está contento con esta carretera y nadie se acuerda de los restaurantes que tuvieron que cerrar.
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, echamos de menos políticas claras, que indudablemente van a traer conflictos y problemas, pero mucho más grave que los conflictos que genere la construcción de una represa, va a ser el alza desmedida de las cuentas por consumo de electricidad en los hogares más humildes y en las empresas que no van a poder trabajar, debido a que no hemos aprovechado la capacidad hídrica del país. Eso es lo que duele.
Podemos seguir discutiendo el problema con los ecologistas verdes, amarillos o rojos; pero las cuentas por suministro de energía eléctrica seguirán subiendo y el país no podrá contar con la energía necesaria para su desarrollo. Como dijimos, hoy producimos 8 millones de kilovatios, pero tenemos que generar 12 millones o 15 millones de kilovatios para sustentar nuestra economía en los próximos.
Como las centrales eólicas, geotérmicas y otras fuentes de energías renovables no convencionales requieren de grandes inversiones y para que esta futura ley no sea letra muerta, me gustaría un pronunciamiento –que el país espera- del señor ministro, en el sentido de que el Gobierno dará la cara y dirá derechamente cuál es la política que adoptará para construir centrales generadoras de electricidad.
Aquí se ha hablado de las inundaciones producidas en la zona del Biobío, las que se achacaron a las empresas generadoras de electricidad. Al respecto, se acaba de publicar una ley para que tomen las medidas necesarias que eviten situaciones como esas en el futuro.
Dios nos ha entregado el agua y tenemos las empresas y la gente experta en producir electricidad. Por lo tanto, sólo falta que el gobierno fije una política, porque, señor ministro, por intermedio del señor Presidente, es preferible ponerse una vez rojo, que cien veces colorado. El país y la gente más humilde están esperando esa política que impida que el valor del suministro eléctrico siga subiendo.
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, tengo en mi mano un diario que señala que las cuentas de la luz han subido 50 por ciento. Es decir, no digo esto por molestar, sino para que se vea la realidad. El subsidio de 800 pesos que da el gobierno a la gente de escasos recursos no cubre el aumento de la tarifa, ya que éste alcanza a 4 mil o 5 mil pesos.
La gente tiene derecho a saber que el Gobierno negocia directamente con las empresas respectivas las tarifas eléctricas, de teléfonos y de agua, acuerdos que duran cuatro años.
Existe otro problema con las cuentas del suministro eléctrico, ya que cuando los pobladores modestos de este país reciben sus viviendas en mayo, por ejemplo, las empresas de distribución eléctrica les cobran consumo de invierno, que cuesta entre 60 y 80 pesos el kilovatio. Esto es absolutamente injusto, ya que esas personas no tienen ningún consumo de verano, pues recibieron sus casas en invierno, no obstante les cobran un disparate por la luz, lo que se puede comprobar con sólo ver las boletas de consumo de esa gente.
Por eso, como señalé, es muy necesario que decidamos de una vez por todas la forma en que generaremos energía eléctrica, ya sea mediante centrales hidroeléctricas, eólicas o de otra naturaleza; pero siempre que sea producida en nuestro país, sin mirar la cara a nadie.
Siempre hemos defendido nuestra agricultura y lo seguiremos haciendo. Hemos dicho que un país que no tiene despensa, depende de los productos que importa. El trigo, la avena, el maíz, la leche vienen de afuera y miren los precios que tenemos por no cuidar nuestra agricultura. Por eso, el país requiere una despensa provista por una buena agricultura y también de recursos energéticos propios, pues eso permitirá a las empresas generar fuentes de empleo para nuestra gente, sin necesidad de mirar la cara a nadie.
En consecuencia, por su intermedio, quiero señalar al ministro de Energía, en forma muy respetuosa, que es preferible que se ponga una vez colorado y no cien veces rojo.
He dicho.
-Aplausos.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Energía, señor Marcelo Tokman.

El señor TOKMAN (ministro de Energía).- Señor Presidente, tanto en la discusión llevada a cabo en la Comisión de Minería y Energía sobre el proyecto como en las intervenciones que se han hecho en la Sala, existe gran coincidencia respecto de la necesidad de contar con una política energética con una mirada de largo plazo, de anticiparse a los problemas que se pueden generar a futuro y de no confiar exclusivamente en las decisiones individuales de cada empresa.
Estamos absolutamente convencidos de lo anterior, razón por la que hemos trabajado arduamente en el desarrollo de una política energética de largo plazo que cumpla con tres objetivos: asegurar el suministro de energía -para que el país pueda seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora se requiere que la energía esté disponible-, que la energía sea eficiente -que no sea a cualquier costo- y que sea sustentable, puesto que de nada sirve contar con energía y que no nos preocupemos del futuro ni de nuestros recursos naturales.
Para llevar a cabo esa política de largo plazo hemos incorporado ajustes en el presupuesto, a fin de demostrar con claridad cuál es el énfasis del Gobierno. Se destinan muchos recursos para la elaboración de estudios que permitan responder las dudas existentes, determinar que pasará no sólo en los años de estrechez, sino en el largo plazo, y efectuar el análisis de todas las opciones disponibles, no sólo de energías renovables no convencionales, sino también de las convencionales, así como un análisis sobre el futuro que podría tener el uso de la energía nuclear.
El proyecto que discutimos, sobre la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales, se enmarca en nuestra política de diversificación de la matriz energética, cuya renovación a través de ese tipo permitirá lograr un avance significativo en los distintos objetivos planteados para nuestra política sobre la materia.
En primer lugar, como lo señalaron en sus exposiciones los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, las energías renovables no convencionales utilizan nuestros recursos, lo cual significa que en la medida que aumente su participación dentro de nuestra matriz estaremos cada vez menos expuestos a lo que pueda acaecer en los países que nos venden energía. Por ejemplo, a los riesgos de suministro que tenemos en la actualidad por las distintas situaciones ocurridas en Argentina o a las alzas de los combustibles que hoy se observan en los mercados internacionales. El petróleo, el gas y el carbón han subido sus precios fuertemente, pero si tuviéramos mayor presencia de recursos autóctonos no estaríamos expuestos a esos mayores costos.
Además, se podrán aprovechar los recursos propios y las tecnologías que reducen el impacto ambiental. Tenemos responsabilidad no sólo a nivel local –por los impactos internos-, sino también en el contexto mundial, en el combate contra el calentamiento global. En la mayoría de los casos esas tecnologías tienen cero emisiones, con lo cual contribuiremos de algún modo a enfrentar ese problema que afecta a la humanidad.
El Gobierno está haciendo diversos esfuerzos por fomentar el desarrollo de esas energías, lo cual se reflejará claramente en el presupuesto para el próximo año.
Por primera vez contamos con un programa presupuestario que destina 2.500 millones de pesos a apoyar directamente el desarrollo de ese tipo de energías. En tal sentido, la idea planteada por el diputado señor Alejandro García-Huidobro fue discutida en la Comisión de Minería y Energía y el Gobierno la recogió en el proyecto de ley de Presupuestos.
Creamos ese programa presupuestario que destina 2.500 millones de pesos para subsidios e incentivos y, reitero, para apoyar directamente el desarrollo de energías que permitan eliminar los cuellos de botella que enfrenta su implementación.
Entre otras cosas, prestaremos apoyo a las centrales minihidráulicas, en especial del sector agrícola, porque hay personas que poseen derechos de aguas, pero no saben cómo aprovecharlos en la generación de energía, razón por la que asignaremos recursos y apoyo directo al desarrollo de ese tipo de proyectos.
Por otra parte, en terrenos fiscales que no están destinados a otro uso, estamos efectuando mediciones sobre el potencial de la utilización del viento, para ponerlos a disposición de los interesados en desarrollar proyectos eólicos.
A su vez, estamos generando la información que requieren los inversionistas, subsidiando los estudios de inversión y destinando recursos al diseño de un buen incentivo para la promoción de la geotermia.
Estamos utilizando energías renovables no convencionales para llevar energía a las familias del mundo rural que actualmente no tienen acceso a la electricidad, mediante la utilización de energía solar en el norte, de energía eólica en las islas de Chiloé y minicentrales de pasada para los habitantes de los sectores cordilleranos. Tal como se señaló en la Comisión, aplicaremos medidas concretas de subsidio y beneficios para el desarrollo de energías renovables no convencionales.
Lamentablemente, no basta con lo anterior. De hecho, a partir de las mociones presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, así como por la experiencia de otros países sobre la materia, se determinó que un aspecto dice relación con el apoyo vinculado a la innovación que tiene la energía renovable no convencional y otro, con las restricciones que enfrentan los promotores de esos proyectos energéticos para acceder al mercado eléctrico, de manera que es muy difícil que un promotor de uno de esos proyectos pueda vender electricidad en las mismas condiciones que las grandes empresas comercializadoras. El objetivo del proyecto apunta a eliminar el cuello de botella que representan las restricciones que enfrenta ese tipo de energías para su comercialización.
Quiero señalar que la iniciativa no tiene como propósito entregar subsidios e incentivos, porque para eso se incorporó un programa en la ley y contamos con distintos instrumentos. Sin embargo, hemos pedido colaboración internacional, de manera que a partir del próximo año esperamos contar con 85 millones de euros que la cooperación alemana nos ha ofrecido para financiar los créditos asociados a los proyectos de energías renovables no convencionales. No obstante, eso no implica que tengamos que disponer con diferentes instrumentos y políticas para los distintos problemas que se identifican.
Mediante el proyecto nos hacemos cargo del problema de la comercialización.
Durante los cinco meses en que sesionó la Comisión de Minería y Energía para el tratamiento de la iniciativa se recibieron las opiniones de representantes de distintos organismos, quienes concordaron en la necesidad de apoyarla. Las diferencias surgieron en términos de cuáles deberían ser sus parámetros.
Al respecto, quiero reiterar que el debate llevado a cabo en esa instancia fue muy enriquecedor, puesto que se escucharon las opiniones de muchas personas relacionadas con la materia y los diputados presentaron indicaciones que por cierto mejoraron el proyecto, las que fueron aprobadas sin votos en contra, como el caso de la que establece el aumento gradual de 5 a 8 por ciento, el incremento de las multas para los reincidentes y que éstas no fueran destinadas a beneficio fiscal. Además, el Ejecutivo recogió la idea de crear un fondo financiado a través del programa presupuestario, de modo que la iniciativa se mejoró de manera muy significativa durante su tramitación en la Comisión.
Lo señalado no es lo único que estamos haciendo, porque también estamos tratando de identificar cuáles son las distintas trabas que enfrenta el desarrollo de ese tipo de energías.
Sin embargo, como no sólo se trata de energías renovables convencionales, sino también de energías no convencionales, estas últimas no están en nuestra matriz, de manera que cada día surgirán nuevos proyectos, lo que nos permitirá identificar dónde están las trabas que requieren modificaciones legales y si se hace necesaria la creación de nuevos subsidios, proceso que entendemos como de aprendizaje continuo.
A nuestro juicio, la iniciativa resuelve de buena manera uno de los problemas que hemos identificado.
Probablemente a través de la experiencia de la gente que está montando parques eólicos, centrales minihidráulicas y de quienes están experimentando con biomasa, biogas y energía solar descubramos nuevos problemas, para lo cual existe el compromiso del Gobierno de sentarse a discutir y proponer soluciones alternativas.
En este momento el objetivo del proyecto es hacerse cargo exclusivamente del problema de comercialización que enfrentan los promotores de energías renovables no convencionales, lo cual creemos que hace muy bien.
Lo que está pasando con las energías renovables no convencionales no solamente en el resto del mundo, sino también en Chile, implican buenos augurios.
Actualmente, hay 25 proyectos con 327 megawatt operando. Si vemos los proyectos que han ingresado estos últimos años al sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos 34, con 636 megawatt. Además, si tomamos en cuenta los estudios de inversión financiados por la Corfo, hablamos de 120 proyectos. Es decir, tanto los proyectos que se están llevando a cabo en el resto del mundo, que han reducido los costos de estas tecnologías, como los mayores costos que lamentablemente deberemos enfrentar por el alza de los precios y la escasez de los combustibles fósiles, indican que esto sea algo que se irá desarrollando de todas maneras.
Proyectos como el que hoy votarán sus señorías y las otras medidas que estamos tomando, aceleran este proceso, identificando y superando los cuellos de botella, a fin de que esto se lleve a efecto lo más rápido posible. 
De que este mercado y estas energías van a llegar, no hay escapatoria, eso es algo que va a ocurrir. Necesitamos concretar esto lo antes posible para reducir los riesgos que enfrentamos con nuestra matriz.
Por eso, agradezco el apoyo y el trabajo de los parlamentarios en este proyecto. 
Muchas gracias.
-Aplausos.

El señor LEAL.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.

El señor LEAL.- Señor Presidente, varios diputados formulamos una consulta, que no fue contestada por el ministro, respecto de una situación gravísima, la no entrega de los subsidios establecidos en la ley.
Me gustaría que el ministro respondiera.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, el señor ministro hará nuevamente uso de la palabra.
¿Habría acuerdo?
Acordado. 
Tiene la palabra señor ministro.

El señor TOKMAN (ministro de Energía).- Señor Presidente, hay varias consultas pendientes, pero como hay otros proyectos en tabla y su señoría me pidió que fuera breve en mi discurso, por eso pensé referirme sólo a la iniciativa y luego acercarme a cada uno de los diputados para responder las distintas preguntas que formularon.

El señor WALKER (Presidente).- Puede contestar ahora, señor ministro.

El señor TOKMAN (ministro de Energía).- Muy bien, señor Presidente.
El Gobierno asumió el compromiso de que, cada vez que las cuentas de electricidad suban más de 5 por ciento, utilizaría la facultad que le otorga la ley: subsidiar a las familias de ingresos más bajos. 
Respecto de las alzas, cada vez que se estima que alguna va a ser superior a 5 por ciento hemos decretado la entrega de los subsidios. Además, hemos trabajado arduamente con las empresas, con Mideplan y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para asegurar la mayor cobertura posible en la entrega de esos subsidios. 
Ahora, para que efectivamente se pueda aplicar lo que establece la ley y entregar los subsidios, el decreto que genera el alza en los precios nudo debe cumplir toda la tramitación exigida. Sólo después de ello se puede hacer la entrega del subsidio. 
En este momento estamos analizando la forma de hacer más expedita la tramitación, de manera de entregar a la brevedad los subsidios que faltan. Los últimos y los que hemos anunciado para diciembre y marzo se pueden entregar con una tramitación paralela, seguir trabajando con la SEC, con Mideplan y con las empresas para asegurar la mayor cobertura posible y que efectivamente ellos lleguen a las personas lo antes posible. 
Muchas gracias.

El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley general de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable no convencionales.
Tiene la palabra el diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que me inhabilito en esta votación.

El señor WALKER (Presidente).- Muy bien, señor diputado. Yo también me inhabilité y así ha quedado consignado en actas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 22 abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobado en general el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones queda aprobado también en particular.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena.

-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Bobadilla Muñoz Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos Marcelo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Uriarte Herrera Gonzalo; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en realidad, se presentaron indicaciones, pero como el Ejecutivo calificó el proyecto con suma urgencia no es posible tratarlas ahora, salvo que exista unanimidad para ello. 

El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría unanimidad para votar las indicaciones?
Varios señores DIPUTADOS.- No.

El señor WALKER (Presidente).- No hay acuerdo.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Entonces, se tratarán en el Senado.

El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.


INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE MALTRATO HABITUAL. Primer trámite constitucional.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Bustos.

Antecedentes:
-Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Boletín Nº 5200-07, sesión 72ª, en 4 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BUSTOS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en moción, que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual.
El objetivo del proyecto es modificar la ley de violencia intrafamiliar, que justificó el delito de maltrato habitual.
Sin embargo, en contradicción e infracción a lo que establece la Constitución, la cual señala que el Ministerio Público es el encargado de investigar todos los delitos que se cometan en el país, la ley de violencia intrafamiliar estableció que dicho órgano sólo podía investigar en la medida en que el tribunal de familia respectivo le remitiera los antecedentes correspondientes, con lo cual, evidentemente, esos hechos quedaron en la impunidad con bastante frecuencia y las víctimas sin la protección adecuada. 
Por eso, en este proyecto se ha señalado que corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos, sin ninguna restricción.
En la Sala se presentaron dos indicaciones, que posteriormente fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión, precisamente para compatibilizar las disposiciones de la ley de violencia intrafamiliar con la que creó los tribunales de familia. Se sustituye el inciso primero del artículo 81, que señala su competencia, para precisar que cuando se trata de maltrato habitual, su conocimiento corresponderá al juzgado de garantía dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. En el artículo 83 se agrega un inciso tercero para establecer que cuando hay una denuncia ante los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones por el delito de maltrato habitual, los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público.
Pero para evitar cualquier vacío en la ley, si el Ministerio Público estima que no concurren los requisitos de delito de maltrato habitual, deberá enviar los antecedentes al tribunal de familia competente. 
De esa manera, se evitará la impunidad y la desprotección a las víctimas.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, seré breve en mi intervención, pues el informe fue lo suficientemente conciso y claro respecto de las novedades en relación con el primer informe en cuanto a las indicaciones presentadas en la Sala con los objetivos señalados por el diputado informante.
Ayer, en este mismo hemiciclo analizamos la violencia intrafamiliar, el aumento, desgraciadamente, de los delitos respecto de ese sujeto pasivo, la mujer. En cuanto a los hombres, ocurre en mucho menor medida.
Ésta es una iniciativa sencilla que busca, igual que los proyectos de acuerdo presentados en la sesión especial de ayer, crear condiciones procesales que permitan una mejor atención a la víctima tanto desde el punto de vista de la prevención como de la represión. Es tan sencillo como eso, pero tan necesario como eso.
En consecuencia, ojalá que en este segundo informe logremos la misma unanimidad que los autores de la moción tuvimos en el primer informe. 
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, me parece que la discusión de la sesión de ayer dio cuenta de esta motivación transversal y, por lo tanto, propongo que el proyecto se apruebe sin más trámite.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se cerrará el debate.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de ley que modifica el artículo 14 de la ley Nº 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para facilitar al Ministerio Público el inicio de la investigación del delito de maltrato habitual.
Hago presente a la Sala que, por no haber sido objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe ni de modificaciones durante el segundo, se declara aprobado el artículo 1º del proyecto.
En consecuencia, corresponde votar la letra a) del artículo 2º, que tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requiere el voto afirmativo de 67 señores diputados y señoras diputadas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule 
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).- En votación la letra b) del artículo 2º nuevo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.


MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.284, SOBRE PLENA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad.
Diputado informante de la Comisión Especial de Discapacidad es el señor Jorge Sabag.

Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Discapacidad, Boletín N° 3875-11, sesión 77ª, en 12 de septiembre de 2007. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para, una vez rendido el informe, cerrar el debate y luego votar el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial de Discapacidad, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “simple”.
La Comisión contó con la valiosa colaboración de los asesores del Ministerio de Planificación, Andrea Soto, María Eugenia Mella y José Muñoz.
Cabe hacer presente que se presentaron más de sesenta indicaciones, en su gran mayoría por parlamentarios de la Alianza, las que fueron latamente analizadas. El espíritu de la Comisión Especial de Discapacidad, que presido, ha sido siempre discutir todas las iniciativas tendientes a lograr mayores oportunidades para las personas con discapacidad, las que en Chile ascienden a cerca de dos millones, para que se incorporen plenamente a nuestra sociedad, en la premisa fundamental y el convencimiento de que es el medio el que hace a una persona discapacitada. Las deficiencias pueden ser superadas, por una parte, por el entorno amigable en lo social, económico y cultural; y, por la otra, por las ayudas técnicas que le permitan un apoyo directo tanto en rehabilitación como respecto de su núcleo familiar y comunitario, pilares en los que se sustenta el proyecto de ley que nos convoca.
En la Comisión se llegó a la conclusión de que algunas de las indicaciones apuntaban en sentido contrario a la accesibilidad universal que plantean los nuevos paradigmas de la Organización Mundial de la Salud y que el proyecto recoge. En particular, aquellas indicaciones que dejaban fuera las condiciones que deben cumplir los espacios privados.
En vista de lo anterior, cabe precisar que la diputada señora Marisol Turres, en representación de las bancadas de la Alianza por Chile, quienes presentaron casi la totalidad de las indicaciones que originaron el segundo informe, se reunió con los representantes del Ejecutivo con el propósito de alcanzar acuerdos. Ello, debido a que a través de la primera indicación se pretendió sustituir el artículo 1º del proyecto, que para el Ejecutivo constituye el marco referencial que informa todo el texto, porque define cuál es el objeto de la ley. 
Finalmente, fue aprobada por una mayoría de 3 votos a favor, del diputado Bobadilla, y de las diputadas señoras Turres y Valcarce, y 2 votos en contra, de las señoras Allende y Muñoz.
El Ejecutivo hizo presente que la indicación en cuestión se apartaba de la idea central del proyecto, ya que se volvía a incorporar conceptos y redacciones propias de la actual ley que se estaba tratando de modificar.
Por lo anterior, se informó a la Comisión sobre los acuerdos alcanzados, los que, por una parte, permitieron volver a discutir y votar el artículo 1º, que sostiene todos los demás; y, por la otra, introducir modificaciones concordadas al resto del texto en cuanto fue posible acercar las posiciones.
La Comisión, en consecuencia, acordó modificar los artículos que se señalan en el informe, por la unanimidad de los integrantes, los cuales, en lo sustancial recaen en las siguientes materias:
En primer lugar, en cuanto a los principios y definiciones, en términos generales, las indicaciones mejoran sustancialmente el proyecto. Cabe mencionar la definición de entorno, que se incorpora gracias al consenso alcanzado, como el medio ambiente natural y artificial en el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural, a lo largo de todo su ciclo vital.
En materia de prevención y rehabilitación, la Comisión acogió las indicaciones coincidentes presentadas, por una parte, por los diputados señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi y Valenzuela, y, por la otra, las señoras Cristi, Herrera, Turres y Valcarce, y los señores Kast, Bauer, Lobos, Arenas, Masferrer y Rojas, respecto a disipar la incertidumbre en torno a los parámetros para determinar la existencia de una discapacidad y su calificación -como había sido aprobada en el primer informe-, y aprobó la redacción propuesta, porque genera un piso mínimo. Así se dio al texto el enfoque de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, readecuándose el concepto de persona con discapacidad al agregar a las personas con discapacidad mental, ajustando los contenidos de los reglamentos y precisando que la incorporación de estos conceptos de ninguna manera vulneran o disminuyen los estándares que hoy se aplican a las personas con discapacidad, optándose siempre por la norma más beneficiosa.
La Comisión coincidió en que no todos los estándares internacionales validados por la Organización Internacional de la Salud son completamente aplicables, por lo que se hace necesario que el Ministerio de Salud regule esta materia.
Concordaron en que este reconocimiento normativo permitirá que, en Chile, en materia de discapacidad se hable el mismo lenguaje que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, sumándonos así en forma global a las políticas de discapacidad.
En cuanto a medidas de accesibilidad, significativa es la mejora en este trámite, en cuanto a la incorporación y reconocimiento de la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda, como asimismo, la formación y capacitación que en esta materia deberá fomentar el Estado con el objeto de uniformar una lengua de señas chilena.
Dicha indicación obedece a una presentación de los diputados señores Escobar, Accorsi, De Urresti, Enríquez-Ominami, García, Insunza, Rossi y Valenzuela. 
También se incorpora la obligación de los canales de televisión abierta de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual en la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales, de esa manera se acogió una indicación de los diputados señalados anteriormente.
Se incorpora la posibilidad de que las direcciones de obras municipales puedan celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, corporaciones o fundaciones, con el objeto de mejorar el cumplimiento de sus tareas de fiscalización, y se establece la posibilidad de que cualquier persona formule denuncias por incumplimiento de estas normas ante los juzgados de policía local. Esto es, se otorga una acción popular.
Lo anterior obedeció a una iniciativa de las diputadas señoras Cristi, Muñoz, Sepúlveda y Turres, y del diputado que habla.
La Comisión acordó agregar la exigencia de las señalizaciones adecuadas para personas con discapacidad en todos los medios de transporte en general, sin establecer ninguna excepción especial debido a su difícil implementación.
Además, respecto del mal uso de los estacionamientos para personas con discapacidad, la Comisión estimó conveniente generalizar el tema de las denuncias, y estableció que éstas deberán efectuarse ante la autoridad competente. Asimismo, la Comisión acordó no limitar los medios por los cuales puede identificarse el vehículo de una persona con discapacidad, y dejó el texto aprobado en el primer informe. Cabe aclarar que no hubo inconvenientes para agregar las que se estimaran necesarias, en virtud de la ley del Tránsito.
En materia de exenciones arancelarias, en la Comisión de Hacienda, en lo sustancial, se presentaron y aprobaron las indicaciones que a continuación señalo:
Se incorpora en el inciso primero, entre las expresiones “discapacidad” y “sus cuidadores o sus guardadores” la frase “o representados por”. 
Sus autores señalaron que es necesario dejar bien establecido que los beneficiarios de la ley son las personas con discapacidad, quienes, para efectuar ciertos trámites, podrán actuar representados por sus cuidadores o guardadores.
Hubo indicaciones del Ejecutivo, las que dicen relación con ampliar los valores de importación, tanto de vehículos como de implementos para rehabilitación de las personas con discapacidad. Se aumenta el valor FOB de vehículos para el uso de las personas con discapacidad de US$ 20.000 a US$ 27.500, y el valor FOB para importación de vehículos de transporte de mercancías de US$ 25.000 a US$ 32.500. Se agrega la posibilidad de que las personas jurídicas sin fines de lucro que tengan por objeto la asistencia, cuidado o apoyo de las personas con discapacidad puedan impetrar los beneficios establecidos como exenciones arancelarias para importar vehículos destinados exclusivamente al transporte de personas con discapacidad y que atiendan en el cumplimiento de sus fines.
La Comisión aprobó, sin debate, por la unanimidad de sus integrantes presentes, las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda por diversos diputados y por el Ejecutivo, toda vez que apuntaban en la dirección correcta al otorgar mayores y mejores beneficios y derechos a las personas con discapacidad.
En cuanto a las acciones especiales, la Comisión recogió parte de las indicaciones presentadas, tendientes a incorporar un nuevo inciso tercero al artículo 62, con el fin de reforzar las sanciones, en caso de que no se cumpla con lo ordenado por el juzgado de policía local. En este sentido, la Comisión concordó que se implementará una medida de clausura cuando se trate de un establecimiento.
Del mismo modo, la Comisión acogió, en lo medular, una indicación de diversos diputados y diputadas tendiente a garantizar los derechos de las personas con discapacidad al comparecer ante los tribunales. Se agrega que si comparecieren personas con discapacidad sensorial, el tribunal velará por que se utilicen medios idóneos que les permitan comunicarse clara y transparentemente, y acceder a los antecedentes del proceso, de manera que se garanticen adecuadamente sus derechos.
En lo relativo al Fondo Nacional de la Discapacidad, los directores regionales serán elegidos de acuerdo al sistema de alta dirección pública. 
Los representantes del Ejecutivo expresaron sus reparos ante esta indicación por considerar que correspondía a materias que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Justificaron su posición argumentando que cada vez que se han incorporado servicios al sistema de alta dirección pública se ha hecho mediante normas originadas en mensaje. Por otra parte, los llamados a concurso implicarían una serie de gastos para el erario, lo que tampoco es materia respecto de la cual los parlamentarios puedan presentar iniciativas. Sin embargo, la Comisión dedujo que al estar incorporado el Fonadis al sistema de alta dirección pública, lo que corresponde es que, obviamente, los directores regionales también sean nombrados por esta vía, dado que son cargos del segundo nivel jerárquico, de acuerdo con lo establecido por la ley. En conformidad con el inciso primero de la norma mencionada, su nombramiento también debe ser entregado al mismo procedimiento, es decir, deben ser elegidos por concurso público.
Se debatió también sobre la conveniencia de establecer un plazo para la implementación de la norma, concretamente, para el llamado a concurso de los directores regionales.
En relación con las disposiciones transitorias, el artículo primero establece que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.
La razón de esto obedece a la imperiosa necesidad de que se implementen medidas de aprendizaje y la certificación correspondiente tendientes a dotar al país de una sola lengua común y universal, indispensable tanto para la comunidad con discapacidad auditiva como para quienes no la padecen, de manera que, a futuro, en una sociedad en que existe igualdad de oportunidades, cualquiera persona pueda aprender un lenguaje de señas que permita interactuar e integrar a quienes no pueden escuchar.
Para terminar, hago presente a la Sala que las indicaciones que no fueron acogidas por la Comisión fueron rechazadas por la unanimidad de sus integrantes. 
Agradezco a la Secretaria de la Comisión, señora María Eugenia Silva, y a quienes colaboran con ella por los completos informes que prepararon y, por cierto, a todas las organizaciones del mundo de la discapacidad, cuya contribución a este proyecto también valoramos.
Por todas estas razones, solicito a la Sala que apruebe el texto en la forma que he señalado.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Gracias, señor diputado.
Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que modifica la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en el segundo, se declaran aprobados los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80 y 2º, 3º y 4º transitorios.
En votación los artículos 27, 48, 65, 66 y 72, que tienen el carácter de orgánico constitucionales, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).- En votación los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 13, 17, 19, 21, 22 nuevo, 24, 25, 29, 30, 40, 51, 55, 62, 63, 73 y 1º y 5º transitorios, que han sido objeto de modificaciones en este segundo trámite reglamentario.
Las normas señaladas son de quórum simple.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).- En votación los artículos 6º, 7º, 37, 39, 46, 52, 59, 65 y 66, que han sido aprobados sin modificaciones, pero que fueron objeto de indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto.


CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde despachar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 
Ayer, los Comités parlamentarios acordaron por unanimidad votar sin debate las modificaciones del Senado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Un señor diputado ha solicitado votar separadamente algunos artículos.
El acuerdo de los Comités fue votar las modificaciones al proyecto como un todo. En esas circunstancias, se requiere unanimidad para votarlos en forma separada.
No hay unanimidad.
En votación el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 1 abstención.

El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal 
Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvo el diputado señor Saffirio Suárez Eduardo.

El señor WALKER (Presidente).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación de este proyecto con los diputados señores Gastón Von Mühlenbrock, Tucapel Jiménez, Germán Verdugo, Sergio Ojeda y José Pérez.
¿Hay acuerdo?
Acordado.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no hay ningún integrante de la bancada del Partido Socialista en la Comisión Mixta. El diputado que habla preside la Comisión de Derechos Humanos.

El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, para la integración de la Comisión Mixta la Mesa ha considerado el sistema de turnos entre el Partido Radical y el Partido Socialista.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, nunca ha habido un sistema de turnos.

El señor WALKER (Presidente).- Existe, señor diputado.

El señor AGUILO.- Entonces, señor Presidente, le pido que me cite el artículo pertinente del Reglamento por el cual nos regimos.

El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, le sugiero que solicite reemplazo al Partido Radical para integrar la Comisión Mixta.

El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, es posible que su señoría se haya referido a alguna norma consuetudinaria o a alguna práctica a la que se haya recurrido en alguna ocasión, pero no a una disposición del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, tengo en mi poder el sistema de turnos entre el Partido Socialista y el Partido Radical sobre integración de Comisiones Mixtas, firmado por todos los jefes de bancada.
Si su señoría quiere alternancia sobre el momento que le corresponde ocupar un espacio al Partido Socialista, está en su derecho, por lo que le recomiendo que a través de su jefe de bancada solicite al Partido Radical un cambio. De esa manera, usted puede integrar la Comisión Mixta.

El señor AGUILÓ.- No estoy pidiendo integrarla, sino que la bancada del Partido Socialista decida quien la integra.

El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, así es el Reglamento.
Despachado el proyecto. 


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DE MYANMAR.

El señor WALKER (Presidente).- Por acuerdo de los Comités, se va a tratar el proyecto de acuerdo Nº 466.
El señor Secretario le dará lectura.

El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 466, de los señores Jarpa, Allende, doña Isabel; Fuentealba y Moreira, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Expresar ante la Conferencia Interparlamentaria a reunirse en Ginebra, en el curso de este mes, su solidaridad con el pueblo y las fuerzas políticas democráticas de Myanmar, proponiéndole que apruebe una declaración de los Parlamentos del mundo allí reunidos de absoluto rechazo a la violenta represión que el Gobierno Militar de Myanmar ha desarrollado para acallar las demandas democráticas de su pueblo, y
2. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la delegación de Chile ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que sume su voto a cualquiera resolución que se proponga en ese Foro Mundial para condenar al Gobierno de Myanmar y apoyar a su pueblo en sus reivindicaciones democráticas”.

El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma electrónica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, cero voto. Hubo 1 abstención.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Masferrer Pellizzari Juan; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Delmastro Naso Roberto


CREACIÓN DE COMUNA DE PILLANLELBÚN.

El señor WALKER (Presidente).- Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 424, de los señores Estay, Forni, Ward, Girardi, Vargas, Lobos, Arenas, García, don René Manuel; Saffirio, Galilea y Walker, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley cuya idea matriz sea la creación de la comuna de Pillanlelbún y, a su vez, instruir al Ministerio del Interior, por su intermedio, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para que se hagan llegar los estudios, análisis y determinaciones necesarios para la creación de la nueva comuna”.

El señor WALKER (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra su autor, el diputado señor Enrique 
Estay.

El señor ESTAY.- Señor Presidente, no es primera vez que nos vemos enfrentados a votar un proyecto que tiene como objeto iniciar estudios para la creación de una nueva comuna. El tenor de estas intervenciones también suelen ser parecidos, porque responden a necesidades similares.
Sin embargo, en este caso particular de la localidad de Pillanlelbún, Región de La Araucanía, se dan condiciones objetivas que ameritan la consideración de los colegas presentes y que de ser aprobado, deberán también considerar las autoridades administrativas de gobierno encargadas de los estudios técnicos de factibilidad.
No se trata de sumar una iniciativa más a los datos históricos o estadísticos o la simple pretensión de sacar algún dividendo mediático y electorero, sino que nos encontramos ante una realidad que no puede sernos indiferentes y que debiera golpear la conciencia de todos quienes somos autoridades públicas, y más aún de quienes hemos sido mandatados por la voluntad general o popular, como diría Rousseau.
Un primer aspecto a considerar es que Pillanlelbún es equidistante a las comunas de Lautaro, de la que depende administrativamente, y de Temuco, capital de la Región de La Araucanía. Esto es, en aproximadamente 15 kilómetros de uno y otro punto, y no obstante encontrarse prácticamente adyacente a la ruta 5 sur, que en tiempo significa estar a sólo siete minutos de la capital regional, es como si retrocediéramos en el tiempo, en 50 u 80 años de nuestra historia.
De no ser por el esfuerzo de sus habitantes organizados en sus comités de vivienda y de pavimentación, de sus reclamos y protestas, no se estarían efectuando las pavimentaciones de algunas de sus calles, puesto que por generaciones completas, el polvo y el lodo han sido sus compañeros inseparables.
Un segundo argumento a considerar es que estamos refiriéndonos a una localidad con capacidades reales de autosustentabilidad. Es cierto que se trata de un poblado por ahora pequeño, con cinco mil personas, pero no está de más recordar que en nuestro país existen otras 37 comunas con menos de cinco mil habitantes. La diferencia radica en que pese el abandono en que ha estado sumido este pueblo, existen 24 empresas o industrias instaladas, a lo que habría que sumar que se encuentra ubicado a sólo diez kilómetros del parque Industrial y Tecnológico de Lautaro, que será el principal polo de desarrollo industrial de La Araucanía. O sea, estamos hablando de fuentes de trabajo seguras, cuyos beneficiarios provendrán en número importante de Pillanlelbún.
Un tercer aspecto digno de considerar es que no se trata de desmembrar a una comuna madre, como es Lautaro, o sea, de desvestir a un santo para vestir a otro, porque en términos de aporte del Fondo Común Municipal, los habitantes de Pillanlelbún significan a Lautaro sólo 200 millones de pesos, de los cuales debe destinar 180 precisamente al mantenimiento de los servicios básicos de Pillanlelbún. Vale decir, que en cuanto a disminución de recursos para la comuna madre, el impacto no es significativo, más aún si consideramos que Lautaro comenzará a percibir los beneficios económicos por concepto del pago de patentes comerciales e industriales, como resultado de la instalación de las nuevas empresas del referido Parque Industrial, que se encuentra en pleno estado de desarrollo.
Un cuarto argumento válido se refiere a que Pillanlelbún merece una oportunidad. La tuvo y la perdió tristemente en el tiempo, porque, a mayor abundamiento, ya fue comuna, incluso antes que Lautaro, hace casi un siglo. Así y todo, cuenta con servicios e instituciones básicas para la conformación de la futura comuna; con una posta de salud, con correo, con una tenencia carretera y un retén de Carabineros, con una oficina de Servicio de Registro Civil, con un metrotrén, que esperamos que prontamente se detenga en Pillanlelbún, así como lo hace en otros poblados de características similares.
Pero aún falta mucho más. Jóvenes de sus más de diez comunidades indígenas, como Blanco Lepín, Antonio Millalén, Monico Ancurril, Ignacio Cayupán, Antinao Paillal, Mateo Ñirripil, José Calvío, Juan Llancaqueo, Manuel Rodríguez, Huaiquilao Morales, Marco Neilaf, Juan Bautista Jineo y Manuel Quintrileo, merecen tener la posiblidad de continuar sus estudios y no tener que interrumpirlos en su instrucción básica, como ocurre hoy.

El señor WALKER (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor diputado.

El señor ESTAY.- Por eso, solicito a los miembros de esta Corporación tomar en consideración estos argumentos y votar favorablemente el proyecto para que se estudie y se inicie en forma la factibilidad de crear la futura comuna de Pillanlelbún.
He dicho.

El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvo el diputado señor Bauer Jouanne Eugenio.


SISTEMA DE ASOCIACIÓN ENTRE PRIVADOS Y EL ESTADO PARA REACTIVAR ZONAS ECONÓMICAMENTE DEPRIMIDAS.

El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 425.

El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 425 de las señoras Pacheco, doña Clemira, y Pascal, doña Dense; y de los señores Encina, De Urresti, Jiménez, Súnico, Venegas, Rojas, Lobos y Hernández, que en su parte resolutiva dice: 
“La Cámara de Diputados acuerda: 
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley cuya idea matriz sea el establecer un mecanismo de intervención económica en el ámbito productivo en asociación con el sector privado en zonas geográficas deprimidas económicamente”.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco.

La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Presidenta de la República que envíe un proyecto que establezca un mecanismo de asociación entre privados y el sector público para promover iniciativas que se orienten a revitalizar comunas o provincias deprimidas, cuya falta de desarrollo conlleva a la cesantía y a la pobreza.
La economía del país ha estado en crecimiento. Así lo demuestran los indicadores a nivel nacional. Las estadísticas también indican que ha disminuido la cesantía. Sin embargo, aún existen provincias y comunas que por más de una década han mantenido un porcentaje de cesantía de dos dígitos. Algunas de ellas, en la provincia de Concepción, se pelean los primeros lugares a nivel nacional por ese concepto. Es el caso de las comunas de Tomé, Lota, Coronel y Talcahuano, que tienen entre un 13 y un 15 por ciento de cesantía.
Antiguamente, hubo inyecciones de recursos a partir de acuerdos mixtos entre privados y el sector público, a través de la Corfo. Ello permitió la creación de la Compañía de Aceros del Pacífico, para lo cual los privados aportaron el 53 por ciento y el Estado, el 33 por ciento. Como consecuencia, aún existe la planta siderúrgica Huachipato.
Cabe mencionar las experiencias internacionales, como el sistema de cooperación alemana a través de una asociación de instancias públicas y privadas, y el caso de Estados Unidos, que mediante el trabajo conjunto entre el Estado y particulares, busca revitalizar regiones industriales en declive.
Basándonos en nuestra historia y en los ejemplos que he mencionado, solicitamos al Ejecutivo que estudie esta alternativa para impulsar el desarrollo de zonas deprimidas económicamente, como las provincias de Arauco y de Concepción. La asociación entre los sectores público y privado para alcanzar ese objetivo permitirá construir un futuro socialmente más justo y ecológicamente sostenido.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.

El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, adhiero con entusiasmo a este proyecto de acuerdo, porque uno de los temas que debemos resolver es qué papel va a jugar el Estado para apoyar los procesos de desarrollo en aquellas regiones y provincias que históricamente han mostrado una situación de retraso, como es el caso de la Novena Región de La Araucanía, a la que pertenece el distrito que represento. Si bien es cierto los datos indican que en materia de pobreza e indigencia dejamos de ser la última región del país y nos ubicamos en el penúltimo lugar, las estadísticas demuestran que entre la provincia de Cautín y la de Malleco, esta última -que represento a mucha honra- tiene indicadores muy superiores, desde el punto de vista negativo, a los de Cautín, donde está ubicada la capital de la Novena Región.
Por eso, la propuesta que se hace, en términos de que el Estado, a través de su institucionalidad pública, implemente acciones para apoyar el desarrollo económico y productivo de regiones deprimidas, es muy importante y es la única forma en que esas regiones podrán salir adelante. Dado que estamos a más de 600 kilómetros de Santiago, alejados de los grandes centros compradores, no podemos seguir esperando que las leyes del mercado hagan que empresarios lleguen a la región a instalarse para provocar el efecto beneficioso que queremos. Esto es, que haya trabajo, emprendimiento y actividades productivas que generen una situación virtuosa y, por tanto, dignidad para la gente que allí habita.
Por lo expuesto, apoyo con entusiasmo el proyecto de acuerdo.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo reglamentario.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 425.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum.
Por lo tanto, el proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.

-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/


VII. INCIDENTES


MEDIDAS PARA EVITAR FEMICIDIOS. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.

El señor MEZA.- Señor Presidente, la Cámara celebró ayer una sesión especial para tratar el problema del femicidio en Chile.
La existencia de ese flagelo, que se asocia en forma directa a la violencia intrafamiliar y a un fenómeno despreciable y condenable que, como dije ayer, nos acerca más que todo a la prehistoria de la sociedad, amerita que la Cámara y las autoridades de Gobierno involucradas en su solución adopten una actitud seria y responsable.
Por eso, en esta hora de Incidentes, me permito insistir en la necesidad de que la educación esté presente desde la cuna hasta la vejez. Por lo tanto, es necesario que la sociedad se responsabilice, en el sentido de enseñar a los chilenos y a las chilenas, a partir de la educación parvularia y, después, en colegios, escuelas y universidades, en fin, en todos los niveles educacionales, la importancia del amor, la tolerancia y el respeto al sexo opuesto y a las minorías. De esa manera, se dará un paso para terminar con la lacra de la violencia intrafamiliar y la muerte de mujeres a manos de individuos que no deberían formar parte de esta sociedad.
Por eso, en nombre del Partido Radical, pido que nuevamente se incluya en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales la asignatura de educación cívica, que tanta falta hace a jóvenes y adultos, y que ella considere también la enseñanza de los principios y valores que expresé.
Pido oficiar al ministro de Justicia para que responda a la solicitud que paso a exponer.
En su momento, el denominado “juez express” obtuvo su divorcio en pocos días. Por lo tanto, me gustaría que existiese una especial atención para los casos de violencia intrafamiliar reiterada corroborados por los órganos judiciales. Asimismo, dado que en el país existe el divorcio, sería bueno que las mujeres víctimas, tras formular la respectiva petición, contaran con facilidades para acelerar el término del vínculo una vez que ha fracasado el amor.
Por otro lado, insisto en las casas de acogida, cuyo número, según me comentó la ministra del Sernam, alcanza a 17. Ellas no dan abasto para atender a las mujeres que lo requieren en las 53 provincias que hoy tiene Chile.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Hacienda, con copia a la ministra del Sernam, a fin de que se entreguen los recursos necesarios, que no superan los 3 mil millones de pesos, es decir, la irrisoria suma de 6 millones de dólares, para poner en funcionamiento una casa de acogida en cada provincia del país, donde puedan llegar las mujeres violentadas síquica o físicamente. De esa forma, se evitará su sufrimiento y el de su familia y no habrá que lamentar más muertes.
Estoy de acuerdo con la idea de instalar un brazalete a los condenados por violencia intrafamiliar o femicidio. Si a eso se agrega el aumento de las penas y su cumplimiento íntegro a quienes cometen esos crímenes deleznables, y la necesaria educación en relación con este problema, se podrá satisfacer al menos en parte esa necesidad de justicia.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


ELIMINACIÓN DE DESCUENTO POR SALUD A PENSIONADOS. Oficios.

El señor MEZA.- Señor Presidente, en segundo lugar, dado que hoy existe bonanza económica en Chile, deseo volver a referirme a un asunto que los radicales venimos planteando de manera insistente desde hace muchos años, como es la eliminación del descuento de 7 por ciento por concepto de salud a los pensionados. 
De esa forma, esos chilenos y chilenas que realizaron su contribución a la patria, entregaron su trabajo y hoy no pueden decir que cuentan con una salud gratuita porque todos los meses, a sus exiguas pensiones, se resta el 7 por ciento para salud, podrían disfrutar mensualmente, por ejemplo, de diez kilos de pan adicionales.
Pido oficiar a la Presidenta de la República para que tome nota de que la ciudadanía pide fijarse más en los que están sufriendo más, y menos en quienes tienen su vida económica asegurada.
Finalmente, pido oficiar al ministro del Trabajo y Previsión Social, adjuntando copia íntegra de mi intervención, para que se dé solución al problema planteado.
He dicho. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.


RECORDATORIO SOBRE NECESIDADES DE PICHILEMU. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Esteban Valenzuela.

El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, los líderes del nuevo movimiento “Chile Primero” Mauricio Ramírez y Alfonso Cornejo, además de dirigentes de la Cámara de Comercio, me han pedido, en 
Pichilemu, que envíe tres oficios vinculados a ese balneario sobre promesas incumplidas.
En primer lugar, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fin de solicitarle un informe sobre la calidad del agua potable.
En segundo lugar, a la Tesorería General de la República, en relación con la oficina, de ese importante servicio público, que el tesorero se habría comprometido, en abril, instalar en la capital provincial Cardenal Caro. Finalmente, al Ministerio de Transportes, cuyos representantes habrían tomado el compromiso de informar acerca de la recuperación de una planta de revisión técnica, al menos, básica, para esa ciudad.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se les adjuntará el texto de su intervención.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EMPRESA NACIONAL DEl PETRÓLEO QUE AFECTA A POBLACIONES DE LA COMUNA DE HUALPÉN. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Jorge Ulloa.

El señor ULLOA.- Señor Presidente, en la comuna de Hualpén, que integra el distrito que represento, se ha generado mucha inquietud por un estudio que habría efectuado y pagado la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, con el objeto de establecer una especie de línea de seguridad, en un perímetro dentro del cual quedaría un número importante de viviendas. Ese estudio fue conocido tardíamente por muchos pobladores que han manifestado su inconformidad con él, básicamente por la nula información que habrían recibido. Además, señalan que el estudio carece de rigurosidad y que ellos mismos han elaborado otros estudios, los cuales acompañan, incluso, con una recopilación de antecedentes, vivienda por vivienda.
En primer lugar, pido que se oficie, formalmente, en mi nombre, pero también en nombre del otro diputado de mi distrito, colega Raúl Súnico, a la refinería de Enap, con el fin de que nos envíe ese estudio, de manera de que contemos con los antecedentes claros y oficiales respecto de él.
En segundo lugar, pido que se oficie, también en nombre de ambos, al señor alcalde de la comuna de Hualpén, en el sentido de que tenga la gentileza de hacernos llegar toda la información que obre en su poder respecto de esos antecedentes y nos diga cuál es, finalmente, su opinión ante un proyecto como éste, que ha generado tanto inquietud, por cuanto se habla, incluso, de erradicación. Normalmente, una erradicación se lleva a cabo para regularizar sitios o propiedades que no están legalizadas. En este caso, las viviendas a que me refiero corresponden, entre otras, a las poblaciones “Arturo Prat”, “18 de septiembre” que no están en situación de tenencia irregular del terreno y por eso es inaceptable que se hable de erradicación.
Podemos entender que una empresa determinada quiera cumplir con requisitos de seguridad que exigen hoy los niveles de exportación, pero eso de ninguna manera significa pasar a llevar los legítimos derechos de los pobladores que son dueños de sus propiedades.
En ese sentido, varios de sus dirigentes me han entregado algunos de sus estudios que revelan, por ejemplo, que un número importante de gente podría efectivamente aceptar una oferta por su propiedad, si se la hicieran; pero, claramente, a través de una negociación individual; es decir, por dueño de casa y no por un valor del terreno estimado por alguien.
Un número importante de los legítimos dueños de las viviendas estiman que la planta se encuentra en franca deuda con los pobladores, con su vecindario y, por lo tanto, exigen que cualquier situación que se quiera plantear debe ser previamente conversada con ellos, porque, si no, claramente se estaría abusando -así lo entienden- de una situación respecto de la cual no han sido debidamente informados ni notificados.
Por esa razón, señor Presidente, pido, en nombre de mi colega Raúl Súnico y del mío, que se envíen esos oficios al directorio de Enap y al señor alcalde de la comuna de Hualpén, respectivamente, para poder tener claridad y emitir opiniones fundadas sobre esta materia.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a nombre suyo y del diputado Raúl Súnico, con la adhesión de los parlamentarios que así lo están indicando.


SUBSIDIO COMPENSATORIO DEL APORTE DE TRANSANTIAGO PARA LOCOMOCIÓN EN LOCALIDADES RURALES. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA.- Señor Presidente, recientemente, el Gobierno, a través del ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo, ha dado a conocer el hecho de que se entregaría un subsidio permanente al Transantiago. Desde luego, anunció que en la ley de Presupuestos del 2008 se considerarían 145 millones de dólares más para subsidiar los errores y todas las falencias que ha representado la puesta en marcha del sistema de transporte público en la región Metropolitana.
La verdad es que un subsidio permanente para el Transantiago nos hace pensar, a quienes somos de regiones, en los justos derechos que corresponden también a la locomoción pública en los sectores rurales. Permanentemente, cuando uno recorre las comunas rurales del distrito, recibe diversas peticiones de los vecinos que viven en localidades muy aisladas, para que se arregle o busque una solución al problema del transporte público.
Tengo en mis manos una carta, con diversas firmas, referida a una situación que ocurre en las localidades rurales de Rauco y de Palquibudi, en mi distrito. Me piden que ponga coto a un alza de precio del pasaje que han dispuesto los empresarios de la locomoción rural, como consecuencia del aumento del petróleo. Eso es absolutamente impresentable cuando uno ve lo que está ocurriendo con el Transantiago en la capital. En sectores aislados, ése es el único medio con que cuentan sus habitantes para llegar a pequeñas localidades, donde, incluso, están las escuelas en que estudian sus hijos. 
Por eso, vemos con molestia que nuevamente se esté considerando un aporte extra para el Transantiago. Hace poco, esta Cámara aprobó inyectar 290 millones de dólares al Transantiago y, a modo de compensación, una inyección por igual monto para las regiones, recursos que hasta este momento no se sabe en qué se van a invertir, amén de que no aparecen por ningún lado. 
En ese contexto, si se piensa en un subsidio permanente para el Transantiago, es de justicia que también se considere un subsidio para el transporte de las localidades rurales, cuyos habitantes tienen serias dificultades para poder movilizarse.
Por eso, pido que se oficie a los ministros secretario general de la Presidencia y de Transportes para que consideren un subsidio para el transporte de localidades rurales, en compensación al aporte estatal permanente que están estudiando para el Transantiago. Se trata de localidades apartadas y aisladas que requieren del aporte estatal para mejorar su transporte.
He dicho. 

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando a la Mesa. 


EVALUACIÓN CRÍTICA DEL PLAN CUADRANTE. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En seguida, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.

El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, hace pocos días, la comunidad de Osorno fue testigo de la puesta en marcha por el propio general director de Carabineros, señor José Bernales, del plan cuadrante para la ciudad, iniciativa que a todas luces era muy necesaria. La exposición del general Bernales fue muy técnica y completa. La autoridad asumió que el notorio incremento de la actividad delictual en nuestra región ameritaba medidas concretas. Por eso, mucho nos alegramos cuando vimos más carabineros en las calles. 
Lamentablemente, a poco andar nos enteramos de un crítico diagnóstico del plan cuadrante de seguridad preventiva de Carabineros entregado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. El estudio de evaluación del plan -práctica muy sana para el buen funcionamiento del país- se encargó a un panel de expertos. Para sorpresa de muchos, la evaluación fue crítica, lo que ha provocado una serie de declaraciones públicas: algunas para defender el estudio y, otras, el plan. 
Si se gasta dinero en evaluar, más que trenzarse en discusiones públicas, hay que asumir los problemas y solucionarlos. 
Toda obra es perfectible. Es indudable que el plan cuadrante ha servido; es una de las pocas señales concretas para combatir la delincuencia. Sin embargo, por sí solo no basta, ya que las índice demuestran que el problema sigue avanzando. 
Preocupa que el estudio indique, entre otras cosas, que el plan “no presenta un diagnóstico sistemático de los problemas que pretende resolver. No hay claridad en la definición de los problemas claves identificados en el diagnóstico: victimización y sensación de inseguridad”. 
Se destaca en el informe que el diseño principalmente ha buscado reforzar una mayor dotación de recursos policiales en las comunas que cubre. En cuanto al accionar de Carabineros, el panel “no observa que ha desarrollado una metodología práctica orientada hacia la comunidad, como lo requiere el programa”. 
A juicio del panel, el diseño actual del plan cuadrante “no presenta acciones destinadas hacia un enfoque de policía comunitaria”, que inspiró su creación. 
El tema es preocupante y debe ser abordado. Los expertos evaluadores plantean que existe una falta de interacción con la comunidad y que “no existen mecanismos directos de participación ciudadana en el programa, lo que se traduce en falta de retroalimentación por parte de los usuarios en temas tales como: calidad, eficacia, eficiencia y otros”. Esto me parece grave y debe solucionarse. 
Por todo, pido que se oficie al subsecretario del Interior, don Felipe Harboe, y a la subsecretaria de Carabineros, señora Javiera Blanco, que ha defendido a ultranza el plan, para que informen a esta Cámara acerca de las medidas tomadas post informe. 
Asimismo, pido que se oficie a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para que informe acerca de su política respecto del plan cuadrante, luego de la evaluación recibida. Esto, porque si la Dirección es la que finalmente propone la entrega de los dineros, es importante saber cuál va a ser su criterio respecto de este programa, luego de conocido el informe, aunque tengo claro que las autoridades de los sectores relacionados con la seguridad, continuarán solicitando los recursos necesarios para mantener y extender el plan cuadrante a más comunas. 
Pido que copia de mi intervención se envíe al general director de Carabineros.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. 


PAGO DE INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES DE EMPRESA NACIONAL DEL CARBÓN S.A. (ENACAR). Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.

El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, todo Chile conoce la situación que viven 50 mil familias en la ciudad de Lota. Cuantas veces hemos tenido que levantar nuestra voz para acudir, de acuerdo con nuestros medios, en ayuda de esta, nuestra gente, que tanto han sufrido. 
Por todos es conocido que la Empresa Nacional del Carbón S.A., (Enacar), cerró definitivamente, el año 1997, los yacimientos carboníferos, por estimar que los altos costos operacionales de la empresa hacían inviable mantener la producción del mineral. 
Hago presente que el año anterior al cierre de las minas, Enacar estimó necesario despedir a 426 trabajadores, certificándoles en un protocolo de acuerdo firmado con los dirigentes mineros que con esta medida se aseguraba el futuro funcionamiento de la empresa.
Todos sabemos que aquello no ocurrió, y Enacar, meses después, despidió a todos sus trabajadores, cerrando la única fuente laboral de los lotinos. De eso han transcurrido 10 años, y todo lo que se les ofreció a esos trabajadores aún no se cumple. 
Por eso, un grupo de los 426 trabajadores despedidos el año 1997, procedió, en septiembre del año recién pasado, a demandar a Enacar, porque se detectó que al momento de firmar los finiquitos, bajo intensa presión, la indemnización por años de servicios fue pagada en forma absolutamente ilegal. 
El juzgado del Trabajo lotino, con fecha 17 de julio del presente año, falló la causa, determinando que, si bien existió la ilegalidad, se aplicaba la prescripción, lo que permitió a la empresa del Estado no tener que pagar la indemnización por daño emergente que los trabajadores entablaron en su contra. 
En el segundo punto del fallo, la jueza subrogante expresa: “No se condena al pago de costas a los demandantes, por haber tenido motivos plausibles para litigar”.
Pues bien, señor Presidente, queda de manifiesto entonces que sí hubo ilegalidad por parte de Enacar, ya que sólo el transcurso del tiempo pudo salvarla de una condena judicial. Pero no se podrá salvar de la condena pública que los chilenos debiéramos hacerle al comprobar, a través de los propios tribunales de justicia, que no sólo se mintió a los trabajadores con el despido engañoso y con los incumplimientos a los protocolos de acuerdo, sino que también se les trató de engañar con sus míseros pagos por la indemnización de sus años trabajados después de veinticinco o treinta años de sacrificados servicios que cada uno de ellos realizó en una empresa minera de honda repercusión nacional.
Por ello, señor Presidente, solicito oficiar a su excelencia la Presidenta de la República, para que se busque una alternativa, ya sea administrativa o legal, que permita que se les cancele con fondos estatales una indemnización a estos ex trabajadores de Enacar por los daños causados, consistente en los montos que a cada uno les correspondía al momento de finiquitarlos, ya que esa cantidad fue cancelada en sesenta cuotas mensuales, lo cual causó, como ya lo explicara, un fuerte daño patrimonial a los mineros, hecho constatado en el propio fallo judicial que tengo en mi poder.
Los ex trabajadores del carbón, enterados de esta situación, nos han invitado, junto al senador Víctor Pérez Varela, para participar en reuniones de análisis de este tema, que tienen por objeto buscar los canales que permitan repararles en pequeñísima parte el grave daño causado y que arrastran por tantos años.
Señor Presidente, espero que como todos están al tanto de la situación que sufren esos hombres y mujeres de Lota después de una sacrificada vida laboral destinada a extraer el mineral de las entrañas de la tierra y luego de reconocer que no se ha cumplido lo acordado con ellos y que los programas de reconversión laboral fueron un rotundo fracaso y un derroche de millones de dólares, es hora de demostrar con el apoyo a esta iniciativa de que existe realmente interés en devolver la mano a esas sacrificadas familias de nuestro pueblo, al hacernos cargo de un error de la época, cual fue no cancelarles su indemnización por años de servicio como está dictaminado en las leyes laborales vigentes.
Finalmente, aprovecho de agradecer al Comité de Renovación Nacional por cederme dos minutos para completar mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo están indicando.


INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA TRUPÁN EN COMUNA DE TUCAPEL. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, por la magnitud de la inversión y por su impacto social, el proyecto Laja-Diguillín era la obra de riego más importante del país.
Por diferentes circunstancias, el proyecto original sufrió grandes modificaciones. La más importante fue dejar sin efecto la construcción del embalse Diguillín, que era fundamental para el logro de los objetivos de crear un verdadero sistema de riego en una vasta zona precordillerana de Ñuble.
Señor Presidente, como lo expresé en esta Cámara en 2003, ocurre que dos meses después de haber presentado el estudio de impacto ambiental del embalse Diguillín, el director general de Obras Públicas de la época lo retiró sin expresión de causa. Así, sin más, se le cercenó un pilar central del proyecto.
¿Qué había pasado? No lo sabemos, pero sí hay antecedentes que explican aquello tan misterioso. Ocurre que la Dirección General de Aguas había constituido a favor de la Dirección de Obras Hidráulicas un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales y detenidas del lago Laja por un caudal de 65 metros cúbicos por segundo. De ese modo, la autoridad administrativa derivó el agua desde la cuenca del río Laja a la cuenca del río Diguillín, con el propósito de abastecer el canal Laja-Diguillín y darle viabilidad en el tiempo.
Pero había un problema debido a la existencia de una disposición del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, que había declarado, en el año 1952, agotado el “caudal del Río Laja y sus Afluentes”. Y el lago Laja es uno de ellos, de manera tal que la resolución de la Dirección de Aguas era imposible de materializar y, lo que es peor, se trataba de una ilegalidad.
Más aún, había otro problema, cual es la existencia de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, que cuentan con un caudal de 45 metros cúbicos por segundo del río Laja, equivalente a 3 mil regadores, situación ratificada y ampliada en 2001 a 4.330 regadores de 15 litros cada uno, derechos inscritos en el Registro de Aguas de 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Yumbel.
El efecto principal de aquello era que materializar el derecho de aprovechamiento consuntivo que la Dirección General de Aguas constituyó a favor de la Dirección de Obras Hidráulicas, implicaba dejar sin ese recurso a los beneficiarios del canal Zañartu, quienes, como dije, tienen derechos constitutivos anteriores.
Frente a esa situación, lo más a la mano que tenía la autoridad era no construir el embalse. Por eso no había explicaciones.
En aquella oportunidad señalé que el proyecto canal Laja-Diguillín sufría de una falta de transparencia total. Años después tengo que repetir lo mismo, porque los canalistas y agricultores beneficiarios del Laja-Diguillín están preocupados por los efectos que producirá la central hidroeléctrica Trupán que se proyecta construir en la comuna de Tucapel, provincia de Biobío, la que se abastecerá con los recursos hídricos del canal Zañartu. La preocupación surge porque los efectos que puede tener aquello en el canal Laja-Diguillín son enormes, a tal punto que no es exagerado decir que su caudal podría quedar reducido a la mínima expresión. Lo curioso es que la Corema aprobó la declaración de impacto ambiental, con el beneplácito de las autoridades de Riego y de Obras Públicas, sin consultar a los directamente involucrados, los canalistas y regantes del canal Laja-Diguillín.
Más aún, sorprende que a una obra de esta envergadura, como es una central hidroeléctrica, la Corema no le exija el estudio de impacto ambiental.
Es más, en el informe consolidado de la evaluación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, de fecha 20 de septiembre de 2007, no existe opinión de algún organismo estatal al respecto, ni siquiera del Ministerio de Agricultura, a través de su ente regional, a pesar de que el Laja-Diguillín es fundamental dentro de las metas que tiene el país en materia agropecuaria.
Señor Presidente, se ha hecho una inversión millonaria, del orden de los 150 millones de dólares, y se crearon enormes expectativas; pero considero que aquí se está actuando irresponsablemente y, lo que es peor, con una falta de claridad y transparencia que abisma.
Por esos motivos, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que informe, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas, los efectos que tendrá para el abastecimiento de canal Laja-Diguillín la construcción de la central hidroeléctrica Trupán y nos señale si el Ministerio de que es titular garantizará la existencia de recursos hídricos suficientes para regar las 43 mil hectáreas correspondientes a las comunas de Yungay, Pemuco, San Ignacio, El Carmen y Bulnes; al ministro de Agricultura, a fin de que nos dé a conocer la opinión de su cartera y de la Comisión de Riego que preside sobre las eventuales consecuencias que tendrá la construcción de la central hidroeléctrica en el cumplimiento de la política de riego del país en lo referente al canal Laja-Diguillín, y al secretario de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío, con el objeto de que informe las razones por las cuales no se invitó a entregar su opinión, en el marco de la evaluación de la declaración de impacto ambiental, a la junta de vigilancia del río Diguillín y a los representantes de los canalistas del canal Laja-Diguillín, así como las razones por las que no se exigió el estudio de impacto ambiental para ese proyecto.
Por la tranquilidad de todos y las metas del país en materia agrícola, espero que lo planteado se aclare a la brevedad.
He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


INFORMACIÓN SOBRE DESPIDO DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, para que informe a esta Cámara respecto de la situación que ha afectado al ingeniero civil Carlos Uribe, importante ejecutivo del área de Concesiones del MOP, quien denunció en la prensa que fue despedido sobre la base de acusaciones que no fueron objeto de sumario previo.
El ingeniero Carlos Uribe es una persona con una larga trayectoria en ese Ministerio -fue director general de Obras Públicas hace algunos años-, de modo que no deja de ser preocupante su denuncia en cuanto a que se pidió su renuncia debido a presiones de algunos ejecutivos externos, los que se habrían molestado por algunas sanciones que habría impuesto.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.


INFORMACIÓN SOBRE PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS CONCESIONARIAS. Oficios.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, en los últimos días ha aparecido reiteradamente en distintos medios de comunicación una publicación de tres destacados profesionales de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica -Eduardo Engel, Alex Galetovic y Ronald Fischer-, quienes señalan que el proceso de solución de controversias que se ha aplicado en el Ministerio de Obras Públicas en los últimos años ha alcanzado una cifra aproximada de 2.500 millones de dólares de una inversión total de 8.200 millones de dólares a través del sistema de concesiones, proceso que, a su juicio, ha sido resuelto a través de procedimientos monopólicos impuestos por las empresas concesionarias o bien a través de mecanismos poco transparentes, que no figuran en los contratos originales.
Como esa información no deja de llamar la atención, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, con el objeto de que nos informen respecto de lo que representan esas cifras dadas a conocer a través de la prensa, que efectúen un desglose de ellas y que nos expliquen, con exactitud, cómo se ha llegado a esos montos, antecedentes que, según entiendo, fueron entregados a esos profesionales por fuentes de los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas.
Asimismo, solicito que me informen si los señores Eduardo Engel, Alex Galetovic o Ronald Fischer, quienes han utilizado esa información pública, tienen algún contrato directo o indirecto -a través de sociedades o instituciones en las cuales trabajan- con el Ministerio de Hacienda o con el Ministerio de Obras Públicas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


DESCOORDINACIÓN EN NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.

El señor DUARTE.- Señor Presidente, quiero manifestar mi sorpresa como partidario de este Gobierno y responsable con mi voto de la creación de las nuevas regiones frente a una publicación aparecida en un diario de hoy, en la que se señala “Bochornoso debut tuvo la Región de Los Ríos”, debido a que no pudieron asumir los gobernadores de Valdivia y de Ranco por tener un sumario administrativo pendiente o por enfrentar cuestionamientos de distinto orden.
En una situación similar se encuentra el recién designado gobernador de Tamarugal, en la nueva región de Arica y Parinacota, quien se encuentra sometido a una serie de diligencias a raíz de una querella presentada por el Colegio de Profesores.
Los errores antes mencionados nos mueven a preguntar a la Presidenta de la República qué ha ocurrido y cómo es posible que se cometan esos errores.
La descripción del proyecto de ley sobre la materia tramitado en el Congreso Nacional señala, respecto del proceso de instalación de la estructura administrativa de la Región de Los Ríos, que a contar de la fecha de publicación de la ley, corresponderá al ministro del Interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, coordinar la acción de los ministerios para instalar las secretarías regionales ministeriales en la región de Los Ríos y, en los casos que procediere, en la Región de los Lagos y, asimismo, la de los servicios públicos, con el mismo objeto. Agrega que además deberá prestar asesoría y coordinar la acción del gobierno regional de Los Lagos para los efectos de obtener la información y antecedentes que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y ejercicios de las atribuciones propias del gobierno regional de Los Ríos, así como los derechos y obligaciones que le correspondan.
En mi opinión, constituye una vergüenza pública que reparticiones públicas como la Subdere no cumplan con la tarea mínima de revisar los nombramientos que la ley expresamente le entregó como parte de su responsabilidad, al establecer que ese organismo deberá prestar asesoría y coordinación al gobierno regional y que deberá obtener la información y antecedentes que sean necesarios para el cumplimiento de eso. Sin embargo, al parecer esa parte de la ley no ha sido leída ni cumplida por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
En consecuencia, pido que se oficie a la Presidenta de la República, con el objeto de darle a conocer la necesidad de tomar las acciones pertinentes para corregir el grave incumplimiento en que incurrió la Subsecretaría de Desarrollo Regional y para que disponga se nos informe respecto de las medidas que se adoptarán para evitar que situaciones de esa naturaleza se vuelvan a repetir, porque los habitantes de las regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota no se merecen la desprolijidad del trabajo llevado a cabo por esa repartición pública.
He dicho.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Saffirio, Robles y de quien preside.


ELIMINACIÓN DE COSTOS DE DESARCHIVO Y DE REINSCRIPCIÓN EN CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO. Oficios.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.

El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia, a la subsecretaria de esa cartera y al intendente de la Novena Región para ponerlos en antecedentes de lo siguiente.
Hace algún tiempo se creó un segundo conservador de bienes raíces en la ciudad de Temuco, para los efectos de cubrir necesidades de varias comunas, entre ellas Padre Las Casas, la que forma parte del distrito que representó en esta Cámara.
Esto, obviamente, fue considerado por los vecinos como un motivo de alegría, porque veían la posibilidad de contar con un servicio más expedito, más rápido y, eventualmente, con un costo menor. Sin embargo, se ha producido una situación que reviste caracteres de extrema gravedad para muchos habitantes de Padre Las Casas, comuna donde viven más de 60 mil personas, la mayoría de ellas de ingresos bajos; es gente modesta, de trabajo.
Cuando algunos de ellos acuden al Conservador de Bienes Raíces antiguo se les dice que deben reinscribir sus propiedades en el nuevo conservador. Pero para ello deben acompañar copia de sus títulos de dominios y otras inscripciones, documentos que en el antiguo conservador tienen un costo de desarchivo de aproximadamente 14.500 pesos. Y en el nuevo conservador les dicen que para reinscribir y poder pedir cualquier nuevo documento relativo a las nuevas inscripciones deben pagar 12.500 pesos más. Eso significa que para solicitar cualquier copia de inscripción o certificado tienen que pagar una cantidad cercana a los 27 mil pesos, lo que, a mi juicio, claramente es un abuso. 
Todos sabemos del cuestionamiento de los conservadores de bienes raíces en todo el país. En esta Cámara han ingresado proyectos de ley para cambiar la situación actual de estas oficinas, las que en la mayoría de los casos imponen precios monopólicamente. No es un secreto para nadie que el cargo de conservador de bienes raíces es sumamente apetecido porque significa honorarios altísimos para quienes desempeñan esa función. 
Dadas los enormes ingresos de la mayoría de los conservadores de bienes raíces, lo mínimo sería que el costo de desarchivo en el antiguo conservador de Temuco fuera asumido por el prestador del servicio, y del costo de la reinscripción por el nuevo conservador. No cabe ninguna duda de que este, en el transcurso de sus funciones, va a tener la oportunidad, debido a los aranceles que actualmente se cobran por cualquier trámite, de recuperar con creces ese no ingreso.
Por último, quiero poner en antecedente la situación expuesta a las autoridades que mencioné: al ministro y al subsecretario de Justicia y al intendente de la Novena Región, como representante de la Presidenta de la República, a fin de que ponga coto a esta situación, porque -insisto- lo mínimo es que los costos de copias autorizadas en el antiguo conservador y los de reinscripción en el nuevo sean asumidos por quien, en el primer caso, ha tenido enormes ganancias por el cargo que desempeña y, en el segundo, por quien no me cabe duda que en el corto plazo verá ingresos millonarios, por los altos costos de los aranceles.
He dicho.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Robles, Duarte, Súnico y quien preside.


UBICACIÓN DE RESTOS DE EX COMBATIENTE DE GUERRA DEL PACÍFICO EN MONUMENTO DE LOS HÉROES DE ATACAMA. Oficios.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco al Comité Partido por la Democracia el tiempo que me ha cedido.
Hace algún tiempo supimos que en las afueras de Lima fue encontrado el cuerpo de un soldado que pertenecía al Ejército de Chile, cuyas vestimentas, además de los antecedentes que se recolectaron en la investigación que se hizo al respecto, confirmaron que se trataba de uno de los héroes de Atacama. Se piensa que el cuerpo podría corresponder a don Miguel Mena. 
Efectivamente, en la Guerra del Pacífico el Ejército chileno reclutó en Atacama a una cantidad muy importante de mineros que participaron en el combate por los territorios del norte. El batallón de Atacama participó en la acción bélica con un gran porcentaje de personas que vivían en la ciudad.
Hoy día levanto mi voz por lo siguiente: 
El cuerpo de ese soldado del Ejército está siendo repatriado, pero la información que tengo es que lo trasladarían a Santiago y que sería sepultado en la capital. Ese cuerpo corresponde a un héroe de Atacama.
En nuestra avenida Manuel Antonio Matta, en Atacama, tenemos un simbólico homenaje a todos sus héroes: el Monumento a los Héroes de Atacama, el cual distingue la acción de los mineros, de los soldados en el conflicto. Y nos parece relevante que ellos duerman su sueño eterno en Atacama, no en otro lado. 
Señalo lo anterior porque entiendo que lo lógico es que el Ejército de Chile, institución a la cual se enviarán los restos de este héroe, quiera sepultarlo en Santiago. Sin embargo -repito-, el cuerpo de don Miguel Mena es el de un soldado de Atacama que dio su vida por la patria, y a quien su familia esperó, quizás durante años, en Copiapó. 
Me llama mucho la atención que el Ejército no realice la debida correspondencia con el batallón Atacama entregando los restos mortales de don Miguel Mena a quienes, de una u otra manera, son sus legítimos herederos: el pueblo de Atacama. 
Por eso, en primer lugar solicito oficiar al ministro de Defensa y al comandante en Jefe del Ejército, a fin de que evalúen la opción de que ese héroe descanse donde debe hacerlo: en compañía de los suyos, de aquellos que participaron en el conflicto bélico en Atacama, con el batallón Atacama, en la avenida Manuel Antonio Matta, en Copiapó, en el recinto dispuesto para los héroes de Atacama en la región.
Quiero que el señor ministro me dé cuenta clara y precisa de dónde van a descansar los restos del combatiente y que interceda ante el comandante en Jefe del Ejército para que el soldado Miguel Mena termine siendo honrado en la región de Atacama, específicamente en Copiapó, en el monumento dispuesto para sus mártires de la guerra del Pacífico. 
Ello porque considero muy importante que el patrimonio de Atacama, sobre todo el cultural, se quede en Atacama. 


FELICITACIONES A JÓVENES PRECARABINEROS DE TIERRA AMARILLA. Oficios.

El señor ROBLES.- El próximo viernes está de aniversario una de las acciones más interesantes que tenemos en Tierra Amarilla y que no he visto en ninguna otra parte del país. 
Se trata de una actividad que Carabineros de Chile ha desarrollado en la ciudad con jóvenes de entre 12 y 17 años. Es un grupo que se reúne con el nombre de Precarabineros y que trabajan en Tierra Amarilla apoyando las acciones de Carabineros en la comuna. 
Los Precarabineros tienen una banda instrumental y realizan actividades relacionadas con la seguridad social, con el orden y la seguridad pública. Los jóvenes son instruidos en derecho y ética, desde el punto de vista del actuar social. 
Quiero rendir un homenaje a este pequeño cuerpo de Precarabineros de la Región de Atacama ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, porque con su accionar están dando un ejemplo a la juventud de dicha ciudad. 
En consecuencia, solicito oficiar al general director de Carabineros y al ministro de Defensa, con copia de mi intervención, como una manera de destacar la labor que cumplen los Precarabineros de Tierra Amarilla. De la misma manera deseo felicitar a este grupo, a través del funcionario de mayor graduación del retén de la comuna, por el trabajo que han desempeñado.
He dicho.


INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE RECURSOS ASIGNADOS A LA CONADI E INSTALACIÓN DE OFICINA EN REGIÓN DE AISÉN. Oficio.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido por la Democracia, más 2 minutos adicionales cedidos por el Partido Socialista, tiene la palabra el diputado don René Alinco.

El señor ALINCO.- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Mideplan, y por su intermedio al Director Nacional de la Conadi, con el objeto de que esta Cámara fiscalice la información que se nos ha entregado. Extraoficialmente me he enterado de que habría una falta de gestión -por no decir de una mala gestión-, toda vez que dicho organismo contaría con una suma cercana a los 3 mil millones de pesos que aún no gasta al mes actual, teniendo como plazo diciembre del presente año.
La información a requerir es la siguiente:
La totalidad de los recursos asignados a la Conadi el 2007; el gasto desglosado de dichos recursos a la fecha actual, incluyendo todos los convenios con instituciones y reparticiones públicas; el monto pendiente por invertir o gastar, cifrada en los respectivos ítem y su suma total; el listado completo de su directorio, con los respectivos sueldos mensuales de los funcionarios de la Conadi Nacional y el de los de las oficinas en regiones.
Respecto del Presupuesto para los años 2008-2009, pido que se incorpore la creación de una oficina de la Conadi en la Región de Aisén, por cuanto no nos sentimos considerados en la zona sur -entiéndase oficina Conadi Osorno-, toda vez que nuestros compatriotas de descendencia indígena no están representados en el consejo nacional. Incluso, la conformación futura contempla la representación de la Región de Aisén por consejeros de Osorno, lo que va en contra del proceso regionalizador e integrador de la problemática indígena en nuestro territorio. Creo que los dos objetivos planteados por la Conadi deben hacerse carne al resto del país. En este sentido, claramente están excluidos los habitantes, dignos descendientes de las etnias del sur.
Con ello, pretendemos que la eficiencia y la gestión que debe velar en la Conadi redunde en beneficio y en igualdad de oportunidades para que otro número importante de nuestros compatriotas sean integrados.
La instalación de una oficina regional de la Conadi en Aisén es una necesidad creciente, cuya gestión permitiría ampliar su abanico de beneficios y convenios regionales con otras instituciones como el Sename, Sernam, Servicio de Salud, Sernapesca, Secretaría de Educación y el INE, entre otras tantas posibilidades.
Respecto de dicha petición, espero que esta vez logre una respuesta de parte de las autoridades del Gobierno.
He dicho.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Súnico y de quien habla.


RELOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS POR ÁREA DE SEGURIDAD DE REFINERÍA DE ENAP, EN COMUNA DE HUALPÉN. Oficios.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado don Raúl Súnico.

El señor SÚNICO.- Señor Presidente, existe gran intranquilidad, incertidumbre y angustia en un importante sector de la comuna de Hualpén, ya que la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, Refinería Bíobío, estaría realizando estudios para relocalizar viviendas por establecimiento de una eventual área de seguridad, lo que afectaría aproximadamente a mil familias.
Por tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda y, por su intermedio, al gerente general de Enap, con el objeto de que se nos informe sobre las siguientes materias:
En primer lugar, copia de los estudios habitacionales y de perímetro de seguridad de las instalaciones de la Refinería Enap Biobío, que harían exigible la relocalización de viviendas.
En segundo lugar, que la empresa Enap nos haga saber su voluntad para concurrir con el financiamiento para negociar directamente con los propietarios de las eventuales adquisiciones de sus viviendas. Muchos propietarios quieren desarrollar ampliaciones, mejorar el colegio de sus hijos; no obstante, están ante la incertidumbre de si la población va a seguir en dicho lugar o no.
En tercer lugar, si la empresa Enap cuenta con los recursos necesarios para establecer una negociación directa con los propietarios de dichas viviendas, con el propósito de constituir esa área de seguridad.
Además, es importante informar a la empresa Enap que, hasta ahora nadie se ha contactado con los vecinos, lo que es importante realizar, toda vez que, por ser propietarios, se debe conversar con ellos en forma directa y no a través de intermediarios.
Además, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que informe a esta Cámara si han tomado conocimiento de esta situación y si existen los recursos destinados a compartir el financiamiento de alguna solución habitacional para las familias afectadas por una eventual relocalización.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


INFORMACIÓN SOBRE INTERCONEXIÓN ENTRE RUTA INTERPORTUARIA Y PUERTO DE SAN VICENTE. Oficio.

El señor SÚNICO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe a esta Cámara sobre el estado del diseño de ingeniería y las soluciones definitivas para la interconexión portuaria entre la ruta interportuaria y el puerto de San Vicente.
En reunión con los vecinos de las poblaciones Gaete y Libertad, nos plantearon que no estaban dispuestos a que dicha ruta pase por el medio de dichas poblaciones. Entendemos que existen alternativas y fajas viales disponibles para que se construya esa ruta interportuaria, tan importante para el desarrollo de la región y del país, pero ello debe hacerse manteniendo la identidad y el desarrollo urbano que tienen ambas poblaciones y evitando su división con carreteras de alto tráfico de camiones.
He dicho.

El señor LATORRE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.


-Se levantó la sesión a las 14.57 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.


VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA


1.Informe de la Comisión Mixta, encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producida entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir funciones administrativas de Carabineros de Chile. (Boletín Nº 4322-07)

“Honorable Cámara de Diputados:
Honorable Senado:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la suma, iniciado en mensaje de la señora Presidenta de la República y que tuvo origen en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados, en sesión de fecha 11 de julio de 2007, rechazó todas las enmiendas introducidas al proyecto por el Senado en el segundo trámite constitucional y designó como integrantes de la misma a los Honorables Diputados señores Pedro Araya Guerrero, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Edmundo Eluchans Urenda y Patricio Hales Dib. Con posterioridad, el Honorable Diputado señor Hales fue reemplazado por el Honorable Diputado señor Jaime Quintana Leal.
El Senado, por su parte, en sesión de fecha 17 de julio de 2007, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela y señores Alberto Espina Otero, José Antonio Gómez Urrutia, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto.
Convocada por el señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 12 de septiembre de 2007, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero, José Antonio Gómez Urrutia, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto, y Honorables Diputados señores Juan Bustos Ramírez, Edmundo Eluchans Urenda y Jaime Quintana Leal. En la oportunidad indicada se eligió por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor José Antonio Gómez Urrutia y, de inmediato, la Comisión Mixta se abocó al cumplimiento de su cometido.
Se deja constancia de que el proyecto de ley en informe no contiene normas de quórum especial ni que afecten la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

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NORMAS JURÍDICAS VINCULADAS CON EL PROYECTO

La iniciativa legal en informe se relaciona con los siguientes cuerpos normativos:
1.De la Constitución Política de la República, los artículos 76 y 83, que facultan a los tribunales y al Ministerio Público para impartir a la policía órdenes directas.
2.Código de Procedimiento Penal, artículo 196, notificación de los testigos. 
3.Código Procesal Penal, artículo 24, sobre notificaciones.
4.Código del Trabajo, artículo 430, primera notificación al demandado.
5.Decreto con fuerza de ley N° 216, de 1931, salvoconducto para mudanza.
6.Ley N° 18.290, Ley de Tránsito, artículo 184, sobre constancia de accidentes en que sólo hay daños materiales.
7.Ley N° 18.490, sobre seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos, artículo 22, relativo al certificado para la aseguradora con los datos de un accidente.
8.Decreto ley N° 3.557, de 1981, sobre protección agrícola, artículo 6°, notificación de resoluciones de control de plagas.
9.Ley N° 18.755, del Servicio Agrícola y Ganadero, artículo 19, notificación de determinadas resoluciones en procedimientos administrativos y judiciales de aplicación de sanciones por infracciones a esa normativa.
10. Ley N° 19.693, que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
11. Ley N° 19.419, que regula actividades relacionadas con el tabaco, artículo 15, relativo a la fiscalización del cumplimiento de la ley y a las denuncias ante el tribunal competente.
12. Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.

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CONTENIDO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS DISCREPANCIAS
ENTRE AMBAS CÁMARAS

Esta iniciativa de ley tiene por objetivo suprimir funciones administrativas que desempeña Carabineros por mandato de diversas disposiciones legales, de manera de destinar el mayor número de funcionarios posible al cumplimiento de labores netamente policiales, con particular énfasis en el rol preventivo.
Los tres primeros artículos excluyen a Carabineros de la práctica de determinadas notificaciones judiciales. El 1º modifica el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de notificaciones a los testigos en el juicio penal anterior a la Reforma. El 2º hace lo propio en el artículo 24 del nuevo Código Procesal Penal. Y el 3º prescinde de la intervención de la policía uniformada en la primera notificación en juicios del trabajo, establecida en el artículo 430 del Código del ramo.
En el Senado, el Ejecutivo propuso eliminar estos artículos, anunciando el próximo establecimiento de un sistema unificado de notificaciones para las justicias penal, laboral y de familia, del que la Corporación Administrativa del Poder Judicial está desarrollando un plan piloto en la Región Metropolitana. Una vez que se ponga en marcha aquel sistema de notificaciones, se suprimirán las disposiciones que imponen a la policía la realización de esas actuaciones judiciales.
El artículo 4º regula el salvoconducto que Carabineros otorga a quienes se mudan de domicilio. El texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional sustituía la intervención de la policía por la de la municipalidad respectiva, ante la cual el interesado debería hacer una declaración jurada simple. El Senado lo reemplazó por una declaración jurada ante el notario del lugar o el Oficial Civil, allí donde no haya notario, pues estimó conveniente que la diligencia se cumpla ante un ministro de fe.
El artículo 5º, que sustituye el artículo 184 de la Ley de Tránsito, Nº 18.290, regula el caso de los accidentes de tránsito en que sólo se producen daños materiales y los conductores acuden a Carabineros para dejar una constancia de los hechos, sin formular denuncia 
infraccional, pues recurrirán a la compañía de seguros que haya asumido los riesgos. La norma de reemplazo aprobada por la Cámara de Diputados preceptúa que Carabineros sólo hará denuncia ante el Juzgado de Policía Local en caso de un accidente de tránsito en que únicamente ha habido daños materiales, si alguno de los interesados lo requiere.
El Senado, oyendo al Ministerio del Interior, que argumentó que esta norma encubre un subsidio a las compañías aseguradoras, resolvió mantener las cosas como están y eliminó el artículo 5º, en vista de que la disposición vigente proporciona certidumbre sobre hechos que serán materia de un proceso judicial y de que el Ejecutivo informó que las aseguradoras han ofrecido dotar a Carabineros de una plataforma tecnológica que aliviane estas tareas y permita ejecutarlas ocupando el mínimo de funcionarios posible.
El artículo 6º modifica el artículo 22 de la ley 
N° 18.490, que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados. La enmienda consiste en trasladar de Carabineros al tribunal competente o al Ministerio Público la función de certificar gratuitamente los datos de un accidente de tránsito
El artículo 7º reforma el inciso tercero del artículo 6° del decreto ley N° 3.557, de 1980, que dispone que la notificación de resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero que declaran de control obligatorio una plaga vegetal podrán ser practicadas por carabineros, además de los funcionarios del Servicio. La modificación consiste en eliminar la referencia a la policía uniformada.
El artículo 8º suprime la mención de carabineros en el artículo 19 de la ley N° 18.755, que regula un procedimiento especial para sancionar infracciones a las normas legales o reglamentarias que tengan por finalidad promover el desarrollo agropecuario del país, tarea que también compete a los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero.
Los tres artículos anteriores no fueron modificados por el Senado.
Por último, el artículo 9º opera varios cambios en el artículo 15 de la ley N° 19.419, cuerpo legal que regula actividades relacionadas con el tabaco, de modo de circunscribir la función de fiscalización del cumplimiento de la misma a la Autoridad Sanitaria y excluir de ella a Carabineros de Chile. 
El Senado rechazó el artículo 9º porque estimó que exceptuar a la policía de esta tarea puede constituir una señal que debilite la Ley del Tabaco, que es muy frágil, en cuanto supone un cambio cultural.
La Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, rechazó todos los cambios introducidos por el Senado en la iniciativa de ley en informe, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por los Comités de dicha Corporación, para revisarla en una Comisión Mixta, en atención a que las enmiendas hechas por la cámara revisora reponían varias de las funciones que se pretendía restar a Carabineros.

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DISCUSIÓN Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

Artículos 1º, 2º y 3º
En lo que respecta a los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto, la Comisión Mixta acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, reponer las disposiciones que en su oportunidad aprobó la Cámara de Diputados y que el Senado suprimiera en el segundo trámite constitucional. Son las que sustraen a la policía de la práctica de notificaciones en la justicia criminal y en la laboral.
Para ello se basó en que eliminar de las disposiciones legales que aquellos preceptos modifican la referencia a la policía uniformada debiera tener la virtud de incentivar el más pronto establecimiento del sistema unificado de notificaciones anunciado por el Ejecutivo y de disuadir a los tribunales de recurrir a la policía para esos menesteres. 
También se tuvo presente que distraer funcionarios policiales para apoyar la función judicial, si bien es algo que se ajusta al ordenamiento constitucional, que permite a los tribunales y al Ministerio Público impartir órdenes directas a la policía para el cumplimiento de sus resoluciones, al menos en el caso de la policía uniformada resulta contrario a la lógica del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que propende a fortalecer los vínculos entre la población y Carabineros de Chile, mediante un programa de vigilancia que garantice la seguridad ciudadana y una buena convivencia social, y que además permita conocer y solucionar los problemas reales que aquejan a las personas en esos ámbitos.
-El acuerdo se adoptó con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Espina, Gómez y Larraín y los Honorables Diputados señores Bustos, Eluchans y Quintana.

Artículo 4º
En lo que atañe al artículo 4º, la Comisión Mixta prefirió el texto formulado por el Senado, que respalda la emisión del salvoconducto con la intervención de un notario u Oficial Civil, porque da mayores garantías de certeza y validez y no recarga a los municipios con una nueva tarea.
-Acordado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz, don Pedro, y los Honorables Diputados señores Bustos, Eluchans y Quintana.

Artículo 5º
En el caso del artículo 5º se siguió igual predicamento, en el sentido de optar por el criterio del Senado, que mantiene el texto vigente del artículo 184 de la Ley de Tránsito, de modo que las constancias en caso de accidentes de tránsito en que sólo haya daños materiales se sigan practicando ante Carabineros de Chile.
-El acuerdo se adoptó con igual votación que el anterior.

Artículos 6º, 7º y 8º
Los artículos 6º, 7º y 8º, que el Senado no había modificado, pero que el acuerdo de la Cámara de Diputados rechazara de todos modos, fueron repuestos, también de forma unánime, por los miembros presentes de la Comisión Mixta.
-Así lo resolvieron los Honorables Senadores señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz, don Pedro, y los Honorables Diputados señores Bustos, Eluchans y Quintana.

Artículo 9º
En lo tocante al artículo 9º, la Comisión Mixta, por mayoría, decidió conservarlo y desestimar lo acordado por el Senado en el segundo trámite constitucional, que había eliminado dicho precepto del proyecto, de tal suerte que Carabineros de Chile será eximido de las labores de fiscalización de las normas de la Ley del Tabaco, Nº 19.419.
Para obrar de este modo se tuvo en consideración que no es conveniente dejar un margen tan amplio para que la policía ingrese e intervenga en el diario funcionamiento de locales como restoranes y bares, pues ello puede dar lugar a situaciones aún más complejas de manejar que una simple infracción a la Ley del Tabaco. Por lo demás, el control puede ser ejercido por el responsable del establecimiento, por el público mismo o por la autoridad sanitaria y, en todos esos casos, si se genera un incidente de mayores proporciones, de todos modos se invocará la presencia de carabineros en razón del desorden en lugar público.
El Honorable Senador señor Gómez anunció su voto diferente a la mayoría, y mantuvo la posición asumida al rechazar el artículo 9º en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
-La inclusión del artículo 9º del proyecto de la Cámara de Diputados recibió el voto favorable de los Honorables Senadores señores Espina, Larraín y Muñoz, don Pedro, y de los Honorables Diputados señores Bustos, Eluchans y Quintana. Por eliminarlo se manifestó el Honorable Senador señor Gómez.

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PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En mérito del debate y resoluciones precedentemente expuestos, a fin de resolver la discrepancia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional, la Comisión Mixta somete a la consideración del Senado y de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, para que se pronuncien sobre ella en una sola votación:

“Artículos 1º, 2° y 3°
Aprobar la proposición de la Cámara de Diputados.

Artículos 4º y 5°
Aprobar la proposición del Senado, que comprende la eliminación del 5°, de tal manera que cambia la numeración de los preceptos siguientes.

Artículos 6º, 7° y 8°
Aprobar, como artículos 5°, 6° y 7°, respectivamente, la proposición de la Cámara de Diputados, también aceptada por el Senado en el segundo trámite constitucional.

Artículo 9º
Aprobar la proposición de la Cámara de Diputados, como artículo 8° del proyecto.”.

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A título ilustrativo, se consigna enseguida el texto del proyecto de ley que como queda si es aprobada la proposición de la Comisión Mixta:
 
“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Suprímese, en el inciso segundo del artículo 196 del Código de Procedimiento Penal, la oración “, y, excepcionalmente y por resolución fundada, un agente de la policía”.
Artículo 2°.- Suprímese, en el inciso segundo del artículo 24 del Código Procesal Penal, la oración “o, en casos calificados y por resolución fundada, por un agente de la policía”.
Artículo 3°.- Suprímese, en el inciso segundo del artículo 430 del Código del Trabajo, la oración “Excepcionalmente y por resolución fundada, podrá ser practicada por Carabineros de Chile.”.
Artículo 4°.- Reemplázase el artículo único del decreto con fuerza de ley Nº 216, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sustituido por el artículo 2° de la ley N° 19.866, por el siguiente:
“Artículo único.- El propietario u ocupante a cualquier otro título de una vivienda, para cambiar su domicilio, deberá efectuar una declaración jurada ante el notario con competencia en la comuna en que el declarante tiene actualmente su morada, o ante el Oficial del Registro Civil competente en el mismo lugar, si allí no hubiere notario, en la cual dejará constancia del domicilio del cual se mudará y de aquél al cual lo hará. En esta declaración jurada se deberá dejar constancia, además, de que el declarante no tiene impedimento legal, judicial ni contractual para efectuar la mudanza.
El Notario o el Oficial Civil ante el cual se realice la declaración señalada en el inciso precedente, solicitará al declarante antecedentes que acrediten la calidad invocada, para lo cual bastará exhibir los recibos del impuesto territorial o del pago de los servicios, extendidos a su nombre. Si quien se trasladará no es el propietario, deberá presentar la autorización de éste o de quien haya recibido la tenencia del inmueble, o el recibo que acredite el pago de la renta de arrendamiento correspondiente al último mes, así como las constancias de encontrarse al día en el pago de los servicios con que cuente el inmueble. 
El arancel por la declaración jurada señalada en el inciso primero no podrá ser superior a dieciocho milésimos de unidad tributaria mensual. 
Si no se ha dado cumplimiento a las disposiciones precedentes, Carabineros impedirá que se efectúe la mudanza. Sin perjuicio de ello, la infracción será castigada con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, por el respectivo juzgado de policía local.”.
Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 22 de la ley 
N° 18.490:
1)Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:
“A solicitud de la misma entidad aseguradora, de un liquidador de siniestros, de la víctima del accidente de tránsito o familiar o beneficiario contemplado en esta ley o de cualquier persona o institución beneficiaria del seguro, el tribunal competente o el Ministerio Público, en su caso, otorgará un certificado en el cual se consignen los datos del accidente de tránsito.”.
2)Derógase el inciso tercero.
Artículo 6°.- Suprímese, en el inciso tercero del artículo 6° del decreto ley N° 3.557, de 1980, la frase “o de Carabineros de Chile”.
Artículo 7°.- Suprímese, en el artículo 19 de la ley N° 18.755, la frase “o de Carabineros de Chile”.
Artículo 8°.- Introdúcense, en el artículo 15 de la ley N° 19.419, las siguientes modificaciones:
1)Suprímese la frase “y Carabineros de Chile”.
2)Reemplázanse las palabras “fiscalizarán” y “denunciarán” por “fiscalizará” y “denunciará”, respectivamente.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2007, con asistencia de los HH. Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia (Presidente), Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández y Pedro Muñoz Aburto y los Honorables Diputados señores Juan Bustos Ramírez, Edmundo Eluchans Urenda y Jaime Quintana Leal.

Valparaíso, a 27 de septiembre de 2007.

(Fdo.): FERNANDO SOFFIA CONTRERAS, Secretario”.


2.Moción de los diputados señores Arenas, Bauer, Eluchans, Estay, Hernández, Lobos, Moreira, Uriarte, Urrutia, y de la señora Cubillos, doña Marcela.
Incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 698, del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a los plazos. (boletín N° 5355-07)

“Considerando:

1°Que, en la actualidad, las normas procesales que reglamentan los juicios de menor y mínima cuantía se encuentran consagradas en el Libro III título XIV del Código de Procedimiento Civil, y a falta de regulación procesal expresa en estos juicios, se aplican subsidiariamente las normas del juicio ordinario, en especial en lo relativo a la aplicación de las medidas para mejor resolver.
2°En efecto, el juez en este tipo de juicios cuenta con un plazo de 15 días para la dictación de la sentencia definitiva, por otro lado el plazo establecido por la ley para llevar adelante las diligencias de medidas para mejor resolver es de 20 días. Esta situación de temporalidad hace que no coincidan las normas procesales tanto en el uso de la facultad del juez de solicitar una medida para mejor resolver con la dictación de la sentencia definitiva.
3°Con el objeto de entregarle concordancia legislativa y una adecuada aplicación de los tiempos en este tipo de procedimientos, es que se hace imperioso contar con una legislación completamente conteste en lo que respecta a plazos y facultades, lo anterior a objeto de no dejar en indefensión a ninguna de la partes que solicita el acceso a la justicia, como, asimismo, hacer justo y objetivo el procedimiento especial de menor y mínima cuantía.

Proyecto de Ley:
Artículo único: Incorpórese un nuevo inciso segundo al artículo 698 disposición 6ª en el sentido que indica.
Sustitúyase el punto y coma con que termina la señalada disposición por un punto aparte seguido del siguiente inciso segundo: “En el caso de solicitarse una medida para mejor resolver esta no podrá ser superior al plazo que reste para la, dictación de la sentencia”.


3.Moción de los diputados señores Lobos, Arenas, Bauer, Estay, Hernández, Melero, Moreira, Uriarte, Urrutia y Ward.
Modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, estableciendo la obligación del responsable de Banco de Datos o Registros Personales, de informar al propietario acerca de éstos y a quién ha sido entregada dicha información”. (boletín N° 5356-07)

1.Sin duda, que para los efectos de resguardar el Orden Público Económico resulta indispensable un sistema adecuado y moderno de publicación de antecedentes sobre mora y protestos de ciertos documentos mercantiles, ya que le da seguridad a todo el sistema comercial e impide que personas inescrupulosas o que no tengan un buen comportamiento de pago accedan a operaciones comerciales.
2.No obstante, en la actualidad existe un desconocimiento por parte de las personas de quienes son las empresas dedicadas al rubro del tratamiento y almacenamiento de datos personales, las más conocidas son el Dicom y en menor medida la Cámara de Comercio, pero sin duda existen otras instituciones que se dedican a este rubro y que son desconocidas en su gran mayoría.
3.Que, la mayoría de las personas poseen tarjetas de crédito, distintas a las bancarias, a modo de ejemplo tarjetas de farmacias, tiendas comerciales, zapaterías etc y al momento de acceder a este dinero plástico deben firmar un contrato donde autorizan que sus antecedentes sean almacenados en banco de datos, pero todos sabemos que contratos tan extensos y detallados no son leídos en su gran mayoría por la gente, son contratos de adhesión donde no existe ninguna posibilidad de negociar alguna cláusula.
4.Por ello y reafirmando el principio de transparencia que debe existir en una materia tan sensible como es el tratamiento de datos personales, es que creemos que sería beneficioso y útil para las personas que las empresas que se dediquen a este rubro le informen una vez al año a los “propietarios” de tos datos que información poseen de su persona, el propósito de su almacenamiento y quienes han consultado por sus datos.

Proyecto de Ley:
Incorpórase al artículo 12 de la ley N° 19.628, sobre Protección de Vida Privada, la siguiente oración después del punto a parte que pasa a ser seguido.
Artículo único: Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Para estos efectos el responsable del banco de datos deberá comunicar una vez al año a dicha persona esta información, la cual le será enviada al domicilio que tenga registrado en dicho registrote datos personales.



4.Moción de los diputados señores Uriarte, Álvarez, Arenas, Bauer, Bobadilla, Estay, Hernández, Lobos, Moreira, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela.
Crea una nueva letra i) del artículo 6°, del D.F.L. N° 24, que fija normas sobre centro de formación técnica, incorporando un nuevo requisito relativo al estudio ocupacional de las carreras que imparten. (boletín N° 5357-04)

“Considerando:

1°Que, en la actualidad nuestra legislación permite la creación de establecimientos de educación superiores bajo el amparo y alero de la ley orgánica constitucional de Educación.
2°Conforme a lo anterior, y en el caso de los Centros de Formación Técnica, se hace indispensable para que dentro de la solicitud de funcionamiento que se debe enviar al Ministerio de Educación exista información con relación a la proyección del campo ocupacional que tendrán las carreras que se impartirán.
3°Lo anterior, creará certeza respecto del mercado laboral de los futuros egresados evitando con ello que se distorsione el objetivo principal de la naciente institución de formación técnica.
4°Lo anteriormente expuesto, contribuirá a que tanto la institución de formación técnica que se crea como los futuros alumnos que estudiarán en sus aulas tengan claridad del campo ocupacional y profesional que le depara su formación.

Proyecto de Ley:
ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórase una nueva letra i) al artículo 6° del DFL Nº 24, sobre Centros de Formación Técnica con el siguiente texto: “Un estudio detallado acerca de la proyección del campo ocupacional de las carreras que impartirá dicho centro de formación técnica”


5.Moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bauer, Hernández, Lobos, Moreira, Rojas, Uriarte, Urrutia, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela.
Modifica la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, para los efectos de prohibir a los ministros de Estado y subsecretarios la autorización para la venta de bebidas alcohólicas”. (boletín N° 5358-11)

1.Que, la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas establece la prohibición a ciertas personas que con ocasión del ejercicio de ciertas funciones públicas, por razones de edad o por haber sido sancionado ya sea administrativamente o penalmente, no se les puede otorgar la autorización para los efectos de la comercialización de bebidas alcohólicas.
2.Que, estas prohibiciones entre otros motivos, tienen el objetivo de evitar la posible obtención de permisos utilizando la influencia del cargo, tratándose de autoridades públicas, a de evitar que menores de 18 años se dediquen a este negocio sin contar con la suficiente madurez intelectual y emocional para ello y, por último, evitar que personas que han cometido infracciones a la ley penal o administrativa puedan acceder a la venta de estas bebidas ya que con conducta los inhabilita legal y moralmente para ello.
3.Que, siguiendo este orden de ideas y con los mismos criterios señalados precedentemente, esta ley adolece de un vacío legal ya que no se incorpora a esta prohibición a los ministros de Estado y subsecretarios quienes por ley son autoridades públicas que pueden ejercer presiones por la sola investidura del cargo, quedando el funcionario encargado de autorizar la venta de alcohol en una situación de una eventual presión para el otorgamiento de la misma.

Proyecto de Ley:
Incorporase al numeral 1 del artículo 4 de la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas a los ministros y subsecretarios.
Artículo único: “1. Los miembros del Congreso Nacional, intendentes, gobernadores, alcaldes, miembros de los tribunales de Justicia y los ministros y subsecretarios”.


6.Moción de los diputados señores Rojas, Arenas, Estay, Hernández, Lobos, Paya, Recondo, Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock.
Incorpora un nuevo artículo 39-D a la ley N° 19.946, sobre protección a los derechos de los consumidores, estableciendo como infracción a la misma el publicitar créditos de consumo en diarios y revistas con letra inferior a la señalada en la ley.” (boletín N° 5359-03)

“Considerando:

1°Que, en la actualidad la publicidad como medio de información que utilizan los bancos e instituciones financieras para informar al públicos de sus productos en medios de comunicación escritos como diarios y revistas, le significan a dichas instituciones una gran captación de futuros clientes para lo cual se requiere que la información que proporcionen sea clara y transparente en términos de saber todas y cada una de las condiciones que se tendrán presentes al momento de contratar.
2°En muchas oportunidades, los insertos en este tipo de medios de comunicación hacen que los consumidores finales sean informados de manera directa y clara, ya que los procedimientos utilizados por dichas instituciones se apartan del espíritu de ley que protege los derechos de los consumidores.
3°En la práctica, la forma de publicitar este tipo de créditos al consumidor se reduce a explicar las condiciones más importantes de los créditos en letra poco legible por sus dimensiones lo que hace impracticable, finalmente, la idea del legislador en esta ley de entregar la mayor y más clara información al consumidor de este tipo de productos.
4°La propia ley en el artículo 17 señala, cuando se refiere a los contratos de adhesión, señala que “... deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.”
5°Conforme a lo anterior, se hace indispensable, y por tratarse de información que es esencial para celebrar un contrato de este tipo, que esta información sea legible, clara y transparente a objeto de no dejar lugar a la incertidumbre y ambigüedades en el tratamiento de la información que recibirá el consumidor de este tipo de productos.



Proyecto de Ley:

ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórase un nuevo artículo 39-D de la ley sobre protección de los derechos del consumidor con el siguiente texto: “Comete infracción a las normas de la presente ley los proveedores que publiciten sus créditos de consumo, en cualquier medio de comunicación escrito a través de insertos en diarios o revistas, con un tamaño de letra inferior a lo señalado en el artículo 17 inciso primero de esta ley”.


7.Moción de los diputados señores Estay, Alvarado, Arenas, Hernández, Lobos, 
Melero, Moreira, Norambuena, Uriarte, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia.
Modifica el D.F.L. N° 458, de Urbanismo y Construcción, con el objeto de que los sitios eriazos, además de ser cerrados deban ser limpiados por sus propietarios”. (boletín 
N° 5360-14)

“El D.F.L N° 458, en su articulo 81 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señala que para prevenir el deterioro progresivo de un sector o barrio faculta a las municipalidades ordenar múltiples acciones a los propietarios y multarlos en caso que no lo realicen.
Este artículo en la letra b, regula la facultad que tiene la municipalidad competente de ordenar construir cierros exteriores a los propietarios de un sitio eriazo, pero el problema se genera porque muchas veces el abandono y el descuido conciente o inconcientemente de los propietarios del terreno terminan derivándose en:
Basurales clandestinos, poniendo en juego la salud de la comunidad, especialmente en niños y adultos mayores.
Contaminación ambiental y estético, que provocan los residuos que encuentran en el sitio eriazo.
Peligros de infección, que generan plagas de roedores y otras especies.
Todo lo señalado contribuye a que estos sitios eriazos o abandonados se transformen en verdaderos focos de infección insertos en lugares poblados, con el consiguiente peligro para la salud y para la integridad física de los lugareños.
Es por esto, que la presente moción pretende que, además de la orden de construir cierros externos al sitio eriazo también se limpien y así no poner en peligro la salubridad y la seguridad de las personas.

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Agréguese la siguiente frase ala letra b) del artículo 81 del D.F.L 458, de Urbanismo y Construcción, de la siguiente forma:
Letra b): ordenar la construcción de cierros exteriores “y la limpieza” en los sitios eriazos, en un plazo máximo de seis meses, con las características que señale el Plan Regulador y su Ordenanza local, o las que sean a falta de aquéllos”.