REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 356ª
Sesión 33ª, en martes 3 de junio de 2008
(Ordinaria, de 11.10 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Bustos Ramírez, don Juan, y Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE
I.-ASISTENCIA
II.-APERTURA DE LA SESIÓN
III.-ACTAS
IV.-CUENTA
V.-ORDEN DEL DÍA
VI.-PROYECTOS DE ACUERDO
VII.-INCIDENTES
VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA


ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia11
II.Apertura de la sesión15
-Minuto de silencio en memoria del General Director de Carabineros de Chile y de su comitiva15
III.Actas15
IV.Cuenta15
-Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala15
-Acuerdo de los Comités15
-Suspensión de sesión especial15
V.Orden del Día. 
-Informe de la Comisión Revisora de Cuentas año 200716
-Perfeccionamiento de la ley Nº 19.968, sobre Tribunales de Familia. Proposición de la Comisión Mixta19
-Modernización del Estado y calidad de la política. Primer trámite constitucional21
VI.Proyectos de acuerdo. 
-Supresión de doble cotización de salud que afecta a jubilados con pensiones exiguas43
-Información sobre financiamiento de plan habitacional para ex obreros de la empresa portuaria de Chile45
VII.Incidentes. 
-Calidad y transparencia de información sobre productos financieros. Oficios46
-Denominación de subcomisaría de carabineros de Rahue de la comuna de Osorno como subcomisaría “General Director José Bernales Ramírez”. Oficios47
-Reiteración de oficios por viáticos cobrados por prefecto de la Policía de Investigaciones de Aisén. Oficios48
-Información sobre establecimiento de responsabilidades en accidente del rally de Valdivia. Oficios49
-Normativa para instalación de antenas de telefonía móvil en comunidades indígenas rurales. Oficios49
-Investigación de antecedentes de respaldo para la construcción de sala cuna en Pargua, comuna de Fresia. Oficio50
-Distribución de agua de pozos profundos a comunidades de la Región de Los Lagos. Oficio51
Pág.
-Contratación de médicos para el hospital de Huasco. Oficio51
-Responsabilidad política de intendente de la Sexta Región en construcción de defensas fluviales de río Tinguiririca. Oficio52
-Reparación de puentes Coinco, Coya y Chacalle de la sexta región. Oficios53
-Irregularidades en oficina de intermediación laboral de municipalidad de Arica. Oficio54
-Reiteración oficios de fiscalización. Oficio55
-Revisión de contrataciones en Municipalidad de Arica. Oficio55
-Rechazo a expresiones vertidas por diputada señora María Antonieta Saa sobre vecinos de comuna de Renca. Oficios55
VIII.Documentos de la Cuenta. 
-Mensajes de S. E. la Presidenta de la República, por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 
1.“Acuerdo marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur y las Repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006. (boletín N° 5884-10)
2.“Otorga bono extraordinario para los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital”. (boletín N° 5885-05)
3.Oficio de la S. E. Presidenta de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota, y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas regiones”. (boletín N° 5867-06). (306-356)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República, por los cuales comunica que hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: 
4.“Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral”. (boletín N° 4724-06)
5.“Otorga bono para los pensionados que indica, efectúa un aporte extraordinario al fono común municipal y rebaja los aranceles para la importación de bienes de capital”. (boletín N° 5885-05)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República, por los cuales comunica que retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
6.“Regula el “Lobby”. (boletín N° 3407-07.- (309-356)
7.“Modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio y aumentar las penas aplicables a este delito”. (boletín N° 4937-18 y 5308-18, refundidos)
8.“Establece la ley general de educación”. (boletín N° 4970-04)
Pág.
9.“Crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros”. (boletín N° 5849-15)
10.“Sobre sistema de inscripciones electorales”. (boletín N° 3586-06)
11.“Introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y a otros cuerpos legales”. (boletín N° 4438-18)
-Oficios de S. E. la Presidenta de la República, por los cuales comunica que retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
12.“Establece impedimentos para ocupar cargo en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo”. (boletín N° 4186-07)
13.“Modifica la ley N° 19.067 y establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz”. (boletín N° 5068-10)
14.“Crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones en el decreto ley N° 2.224, de 1978, y a otros cuerpos legales”. (boletín N° 5766-08)
15.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que “crea cargos en la 
Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota, y dicta norma relativa a partidos políticos en nuevas regiones”. (boletín N° 5867-06)
16.Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto, con urgencia “suma”, que “introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia”. (boletín N° 4438-07)
17.Primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto que “modifica el Código del Trabajo en lo referente a la jornada de trabajo de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva rural”. (boletín N° 5156-13) (S)
18.Primer informe de la Comisión Especial de la Juventud recaído en el proyecto que “otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país”. (boletín N° 4237-04) (S)
19.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que “otorga beneficios a deudores de crédito universitario que indica, por la prestación de servicios remunerados en las comunas de menor desarrollo del país”. (boletín N° 4237-04) (S)
20.Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el “Proyecto de Acuerdo que aprueba el Reglamento Sanitario Internacional (2005), adoptado en la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante la Resolución WHA 58.3, de 23 de mayo de 2005.” (boletín N° 5841-10)
Pág.
21.Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el “Proyecto de Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de Bélgica sobre el ejercicio de actividades remuneradas para ciertos miembros de la familia del personal de los misiones Diplomáticas y de las oficinas consulares”, suscrito en 
Bruselas el 6 de diciembre de 2007”. (boletín N° 5854-10)
22.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el oficio N° 526, de la Presidenta de la República, por el cual formula reserva al tratado que aprueba el “Protocolo de Montreal N° 4 adoptado el 25 de septiembre de 1975, por los Estados Miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional y que fuere aprobado por el Congreso Nacional el 12 de octubre de 2006. (boletín N° 4439-10)
23.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto; Araya, Arenas, Cardemil, Eluchans, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Quintana y Walker que “modifica el artículo 19 N° 4, de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar, como garantía constitucional, la protección de los datos personales y su resguardo legal”. (boletín N° 5883-07)
24.Proyecto iniciado en moción de los diputados Recondo, Álvarez, Alvarado, Barros, Bauer, Estay, Norambuena, Rojas, Uriarte y Ward que “modifica el artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de otorgarle carácter de permanente a la Comisión Especial de Turismo. (boletín N°5888-16)
25.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bobadilla, García-Huidobro, Kast, Lobos, Masferrer, Melero, Rojas, Ulloa, y de las diputadas señoras Cubillos, doña Marcela y Nogueira, doña Claudia, que “establece la existencia de “kioscos saludables” en los establecimientos educacionales”. (boletín N° 5889-11)
26.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lobos, Arenas, Bobadilla, Estay, Forni, Hernández, Masferrer, Melero, Salaberry, y de la diputada señora Isasi, doña Marta, que “regula las cirugías plásticas en menores de edad”. (boletín N° 5890-11)
27.Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia en el proyecto de ley aprobado, por la Cámara de Diputados, que “crea cargos en la Dirección Regional del Servicio Electoral de la Región de Arica y Parinacota y establece normas relativas a los partidos políticos en las nuevas regiones”. (boletín N° 5867-06). Rol N° 1135-08-CPR. (Oficio N° 1981)


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Licencias médicas.
-Licencias médicas de la diputada señora Muñoz, mediante la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 15 días, a contar del 13 de mayo próximo pasado; del diputado señor Ceroni, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de 30 días a contar del 18 de igual mes, y del diputado señor Tuma a contar del 30 de mayo (sin fecha de término). 
2.Comunicaciones.
-Comunicaciones del jefe de la bancada de diputados de la Democracia 
Cristiana, mediante las cuales informa que, en la Comisión de Hacienda, el diputado señor Duarte reemplazará en forma permanente al diputado señor Ortiz, y en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, el diputado señor Ortiz reemplazará de igual forma al diputado señor Duarte, y en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el Diputado señor Burgos reemplazará en forma permanente al diputado señor León, y en la Comisión de Defensa Nacional el Diputado señor León reemplazará de igual forma al diputado Jorge Burgos. (El cambio del Diputado Ortiz, en Hacienda, es a contar del 10 de junio en curso). 
-Comunicación del jefe de bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana el Diputado señor Acorsi reemplazará, en forma permanente, al diputado señor Quintana. 
-Comunicaciones de las diputadas señoras Allende, doña Isabel y Vidal, doña Ximena, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 26 de mayo y 1° de junio en curso, respectivamente, para dirigirse a Vietnam y China y Nueva York. Autorizados por el señor Presidente de la Corporación, en virtud de las disposiciones constitucional y reglamentarias vigentes.
3.Oficios
-Oficio de la Comisión de Salud, en su calidad de “Comisión Especial Investigadora para reunir antecedentes y establecer las causas que han originado la crisis hospitalaria”, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día martes 3 de junio en curso, de 12 a 13 horas, con el objeto de adoptar acuerdos que dicen relación con su mandato. 
Contraloría General de la República:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, establecimientos de salud que no tienen autorización sanitaria y están funcionando. 
-Diputado Álvarez, requisitos para que el Servicio Agrícola y Ganadero ordene clausura de un predio agrícola. 
-Diputado Olivares, cobros indebidos y traslado de ambulancias en Centro de Salud Médico de Capredena, Valparaíso. 
-Diputado Espinoza don Marcos, proceso de zona saturada de contaminación de Calama. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
-Diputado Espinosa don Marcos, alteraciones entre lobos marinos, pescadores y acuicultores. 
-Diputado Ulloa, aplicación de ley N° 19.798, que beneficia a voluntarios del Cuerpo de Bomberos. 
Ministerio de Hacienda:
-Diputado Galilea, créditos de enlace que otorgaba Conaf y políticas que se adoptarán para continuar con ese beneficio. 
Ministerio de Defensa Nacional:
-Diputado Monckeberg don Cristián, viaje a la Antártica Chilena, por ex Presidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar en aviones de la Fuerza Aérea de Chile. 
Ministerio de Obras Públicas:
-Diputado Mulet, calidad de agua potable de Copiapó. 
-Diputado Ortiz, cierre del puente viejo sobre el Biobío. 
-Diputado Egaña, sobre "Puente Viejo", que une a Concepción con la comuna de San Pedro de la Paz. 
-Diputado Urrutia, trabajos en río Longaví, para evitar inundaciones. .
-Diputado Ojeda, reparación de caminos rurales. 
-Diputada Pascal, bermas en camino de la localidad de callejón Carrera, en Mallarauco. 
-Diputado Bauer, bypass de Graneros a Rancagua. 
-Diputado Jaramillo, avance de la construcción del camino Rucatrehua-Choshuenco, en Panguipulli. 
-Diputado Jaramillo, estado del puente Collileufu, en Los Lagos. 
-Diputado García, factibilidad de construir puentes en Loncotraro Alto y 
Putúe, en camino Villarrica a Pitrufquén. 
-Diputada Valcarce, sobre embalses de Livilca y Chironta. 
-Diputada Valcarce, mejoramiento del camino del valle de Azapa. 
-Diputado Farías, Empresa encargada de la mantención del puente Maipo. 
-Diputado Espinoza don Fidel, problemas de acceso en pasarela del sector de Copihue, de Frutillar. 
-Diputada Turres, sistema de climatización de edificios del Centro de Justicia de Santiago. 
-Diputado Uriarte, implementación de un acceso oriente a comuna de 
Talagante. 
-Diputado Mulet, mejoramiento acceso hospital de Vallenar. 
-Diputado Martínez, vía alternativa entre Quinchamalí, Confluencia, 
Chonchoral, Santa Cruz de Cuca, con Nueva Aldea. 
-Diputado De Urresti, seguridad vial en rotonda de Mariquina. 
-Proyecto de Acuerdo 568-B, Medidas para enfrentar situaciones de heladas, sequías e inundaciones. 
-Proyecto de Acuerdo 571, emergencia en Provincia de Palena por erupción de volcán Chaitén. 
Ministerio de Agricultura:
-Diputado Robles, prácticas laborales en el Servicio Agrícola y Ganadero. 
-Diputado Galilea, recursos asignados en Programa de Recuperación de Suelos Degradados, durante el año 2008. 
Ministerio de Bienes Nacionales:
-Diputado Meza, propiedades lacustres regresen al dominio del Estado de Chile. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
-Proyecto de Acuerdo 538, situación de profesores que deben jubilar en marzo cuyos ahorros previsionales han disminuido por crisis bursátiles. 
Ministerio de Salud:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, funcionamiento de consultorios de la comuna de Cerrillos. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, operación de cataratas de señor que se indica.
-Diputado Lobos, si alimento "ADN" es producido en Chile o es importado por empresa Braun Medical Chile S.A. 
-Diputado Aedo, convenios existentes entre Isapres y recintos hospitalarios. 
-Diputado Ceroni, egresados de enfermería del liceo Guillermo Marín. 
Ministerio de Minería:
-Diputado De Urresti, legalidad de procedimientos de nuevas concesiones mineras por parte de la empresa Celulosa Arauco.
Comisión Nacional de Energía:
-Diputado Sabag, encendido de luminarias de cargo de los municipios. 
-Diputado Bobadilla, promesas formuladas a la comunidad de Coronel, en particular a habitantes de la isla Santa María. 
-Proyecto de Acuerdo 553-C, fiscalización en el cobro de tarifas eléctricas y subsidio para las personas de escasos recursos. 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, antenas de telefonía celular emplazadas en las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. 
Ministerio de Planificación y Cooperación:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, reevaluación de ficha de protección social de señora que indica. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, creación de ficha de protección social de señora que indica. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, reencuesta de ficha de protección social de señora que indica. 
-Diputado Urrutia, reestudio de términos en que se realiza ficha de protección social. 
-Proyectos de Acuerdo 553-D, 555 y 555-B, cobro de tarifas eléctricas y subsidio para las personas de escasos recursos. 
Comisión Nacional del Medio Ambiente:
-Diputada Cristi, si empresa Alsacia, del Transantiago, cumple con la exigencias de instalaciones del Terminal de Buses Santiago, que opera en Peñalolen. 
-Diputada Goic, desarrollo de actividades acuícola, de pesca artesanal y turística en provincia de Última Esperanza. 
-Diputado Díaz don Marcelo, calidad del aire en localidad de Andacollo. 
-Diputado De Urresti, proyectos de centrales hidroeléctricas en Región de Los Ríos. 
-Proyecto de Acuerdo 545, proyecto "Sistema de respaldo de distribución de gas natural zona oriente de la región metropolitana". 
Subsecretaría de Carabineros:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, accidentes ocurridos en intersección de Las Rejas con Río Quetro, en comuna de Estación Central. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, medidas para hacer frente a la delincuencia, comercio ilegal y narcotráfico en sector de avda. Primera Transversal y avda. Central Alcalde Gonzalo Pérez Llona, en Maipú. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, patrullajes nocturnos permanentes en calle Placilla, entre la Alameda Bernardo O´Higgins y calle Ecuador. 
-Diputado Sepúlveda don Roberto, medidas adoptadas para la prevención de actos delictuales en sector de Villa Las Flores de Cerrillos. 
Policía de Investigaciones:
-Diputado Sepúlveda don Roberto, sobre construcción de cuartel institucional en comuna de Cerrillos. 
-Diputado Espinoza don Fidel, identificación en aduana de Pajaritos de joven puertomontino que indica. 
Gendarmería de Chile:
-Diputado Espinoza don Fidel, evaluación médica practicada a señor que se indica.


I. ASISTENCIA

-Asistieron los siguientes señores diputados: 

-Accorsi Opazo, Enrique
-Aedo Ormeño, René 
-Aguiló Melo, Sergio
-Alinco Bustos, René 
-Alvarado Andrade, Claudio
-Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
-Álvarez Zenteno, Rodrigo
-Araya Guerrero, Pedro
-Arenas Hödar, Gonzalo
-Ascencio Mansilla, Gabriel
-Barros Montero, Ramón
-Bauer Jouanne, Eugenio
-Becker Alvear, Germán
-Bertolino Rendic, Mario
-Bobadilla Muñoz, Sergio
-Burgos Varela, Jorge
-Bustos Ramírez, Juan
-Cardemil Herrera, Alberto
-Correa De la Cerda, Sergio
-Cristi Marfil, María Angélica
-Cubillos Sigall, Marcela
-Chahuán Chahuán, Francisco
-De Urresti Longton, Alfonso
-Delmastro Naso, Roberto
-Díaz Del Río, Eduardo
-Díaz Díaz, Marcelo
-Dittborn Cordua, Julio
-Duarte Leiva, Gonzalo
-Egaña Respaldiza, Andrés
-Eluchans Urenda, Edmundo 
-Encina Moriamez, Francisco
-Enríquez-Ominami Gumucio, Marco
-Errázuriz Eguiguren, Maximiano
-Escobar Rufatt, Álvaro
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Estay Peñaloza, Enrique
-Farías Ponce, Ramón
-Forni Lobos, Marcelo
-Fuentealba Vildósola, Renán
-Galilea Carrillo, Pablo
-García García, René Manuel
-García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
-Girardi Briere, Guido
-Godoy Ibáñez, Joaquín 
-Goic Boroevic, Carolina
-González Torres, Rodrigo
-Hales Dib, Patricio
-Hernández Hernández, Javier
-Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
-Isasi Barbieri, Marta 
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos Abel
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Latorre Carmona, Juan Carlos
-Leal Labrín, Antonio
-León Ramírez, Roberto
-Lobos Krause, Juan
-Lorenzini Basso, Pablo
-Martínez Labbé, Rosauro
-Masferrer Pellizzari, Juan
-Melero Abaroa, Patricio
-Meza Moncada, Fernando
-Monckeberg Bruner, Cristián 
-Monsalve Benavides, Manuel
-Montes Cisternas, Carlos
-Moreira Barros, Iván
-Muñoz D'Albora, Adriana
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Olivares Zepeda, Carlos
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Palma Flores, Osvaldo
-Paredes Fierro, Iván
-Pascal Allende, Denise
-Paya Mira, Darío
-Pérez Arriagada, José
-Quintana Leal, Jaime
-Recondo Lavanderos, Carlos
-Robles Pantoja, Alberto
-Rojas Molina, Manuel
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Rubilar Barahona, Karla
-Saa Díaz, María Antonieta
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Suárez, Eduardo
-Salaberry Soto, Felipe
-Sepúlveda Hermosilla, Roberto
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel 
-Sule Fernando, Alejandro
-Súnico Galdames, Raúl
-Tarud Daccarett, Jorge
-Tohá Morales, Carolina
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Valcarce Becerra, Ximena
-Valenzuela Van Treek, Esteban
-Vallespín López, Patricio
-Vargas Lyng, Alfonso
-Venegas Cárdenas, Mario
-Venegas Rubio, Samuel
-Verdugo Soto, Germán
-Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Walker Prieto, Patricio 
-Ward Edwards, Felipe

-Diputado en misión oficial señor Nicolás Monckeberg Díaz.

-Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio 
Viera-Gallo.

-Concurrió, también, el senador señor José García Ruminot. 

-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron las diputadas señoras Isabel Allende Bussi y Ximena Vidal Lazaro. -


II. APERTURA DE LA SESIÓN

-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor BUSTOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DE CHILE Y DE SU COMITIVA.

El señor BUSTOS (Presidente).- Solicito a las señoras y señores parlamentarios un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del general director de Carabineros, don José Alejandro Bernales Ramírez; de su esposa, señora Teresa Bianchini Frost; del teniente coronel Oscar Tapia Baccigalupo y de su esposa, señora Carolina Reyes Cruz; del teniente coronel Ricardo Orozco Ugalde y del capitán Mauricio Fuenzalida Ayala, en el infausto accidente aéreo ocurrido en Panamá.
-Los señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.


III. ACTAS

El señor BUSTOS (Presidente).- El acta de la sesión 28ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 29ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA

El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.


AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.

El señor BUSTOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Salud, en su calidad de Comisión especial investigadora para reunir antecedentes y establecer las causas que originaron la crisis hospitalaria, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala, hoy 3 de junio, de 12 a 13 horas, con el objeto de adoptar acuerdos en relación con su mandato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


ACUERDO DE LOS COMITÉS.

El señor BUSTOS (Presidente).- Informo a la Sala que, por acuerdo de los Comités, se suspendió la sesión citada para mañana miércoles 4 de junio, de 16 a 17.45 horas, con el objeto de “analizar los alcances del informe del Consejo Asesor Presidencial sobre equidad y trabajo, recientemente entregado”, en atención a que el señor Patricio Meller, invitado para entregar antecedentes sobre la materia, no podrá asistir a la sesión.


SUSPENSIÓN DE SESIÓN ESPECIAL.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Debo informar a las señoras diputadas y a los señores diputados que la sesión especial que estaba citada para hoy en la tarde, de 15.30 a 17.15 horas, con el propósito de analizar las condiciones laborales de los trabajadores del nuevo Sistema de Transporte Público para la Región Metropolitana, ha sido pospuesta para una fecha y hora que se dará a conocer oportunamente.


V. ORDEN DEL DÍA


INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS AÑO 2007.

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde considerar el informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio presupuestario 2007.

Antecedentes:
-Informe de la Comisión Revisora, sesión 30ª, en 15 de mayo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 6.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la Comisión Revisora de Cuentas designada por la Corporación, integrada por los diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Roberto Delmastro Naso, Carlos Abel Jarpa, Francisco Encina Moriamez, José Miguel Ortiz Novoa y quien habla, en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del articulo 54 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha procedido a revisar y a evaluar la liquidación y el balance de las cuentas del Departamento de Finanzas, presentadas por su director, señor Orlando Catalán González, correspondientes al ejercicio financiero y contable 2007.
Los antecedentes generales y particulares se encuentran en el sistema computacional de las señoras diputadas y de los señores diputados. El director de Finanzas de la Corporación, don Orlando Catalán González, manifiesta que, para una mayor transparencia, la documentación que respalda todas las operaciones contables y demás antecedentes que dieron origen a las partidas registradas en la contabilidad de la Corporación se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en el Departamento que dirige.
Nos acompaña el señor Patricio Leiva, profesional del Departamento de Finanzas, quien, por intermedio del señor Presidente, aclarará las dudas que pudieran surgir de la lectura de este informe.
En primer lugar, la Comisión Revisora de Cuentas examinó una copia del oficio Nº 008/2008. Las comprobaciones se hicieron con la documentación contable y se corroboraron con los informes mensuales presentados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda 
-Dirección de Presupuestos-, por lo cual éstos son parte integral del presente informe.
El texto definitivo de la Ley de Presupuestos de la Nación, aprobado por el Congreso Nacional, consultó para la Cámara de Diputados la cantidad de 35.964.255.000 pesos, que posteriormente se complementó, en el transcurso de 2007, con las cantidades asignadas por los decretos que se detallan a continuación:
En resumen, los recursos en moneda corriente alcanzaron a 36.943.215.025 pesos y los egresos a 36.604.932.045, lo que dejó un saldo final de caja de 338.282.980 pesos, el cual se descompone de la siguiente manera: depositado en la cuenta corriente Nº 901386-5, Cuenta Única Fiscal del Banco Estado, 319.272.300 pesos; anticipos varios y cajas chicas para gastos menores, 19.010.680 pesos; saldo final de caja, 338.282.980 pesos. El saldo final de caja incorpora 300.000.000 de pesos, que corresponden al presupuesto para muebles del Congreso Histórico en Santiago, compra postergada para este año.
A continuación, se adjunta una copia de la conciliación bancaria, fotocopia de la última cartola al 31 de diciembre de 2007 y certificado entregado por el Banco Estado que acredita el saldo de la cuenta a esa misma fecha. Como en el caso anterior, en las mismas copias se evidencian las revisiones y comprobaciones efectuadas.
Una tercera etapa estuvo constituida por una revisión efectuada a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento respecto de los pagos habituales, mensuales y esporádicos que deben hacerse, tales como dietas, asignaciones, sueldos del personal y de secretarios de diputados; asignación de combustibles, mantenciones, etcétera. Estos exámenes fueron practicados de acuerdo a los procedimientos contables para el sector público e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de revisión en la medida en que se consideró necesario para el objetivo perseguido.
Se pudo comprobar que se dio entero cumplimiento a los acuerdos de esa Comisión y que se encuentran archivados los comprobantes originales que respaldan todos los pagos. Hago hincapié en este aspecto ante eventuales preguntas que deseen formular las señoras diputadas y los señores diputados.
La revisión alcanzó a un ciento por ciento de la materia examinada y representa razonablemente la situación financiera de la Corporación por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007. Los resultados de sus operaciones fueron registrados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y debidamente aplicados.
La Comisión Revisora de Cuentas, en consideración a las razones expuestas, recomienda a la honorable Cámara prestar su aprobación al siguiente proyecto de acuerdo:
“Artículo único.- Apruébese el Balance de las Cuentas del Departamento de Finanzas de la honorable Cámara de Diputados, correspondiente al año Presupuestario y Contable 2007.- que presentó el Director de Finanzas de la Corporación, don Orlando Catalán González. El presupuesto final con que contó la Corporación en moneda nacional alcanzó a la suma de $ 36.943.215.025.- (treinta y seis mil novecientos cuarenta y tres millones doscientos quince mil veinticinco pesos), de acuerdo al siguiente detalle:
Período 1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.
Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de $ 36.604.932.045.- (Treinta y seis mil seiscientos cuatro millones novecientos treinta y dos mil cuarenta y cinco pesos), y se desglosan de la siguiente manera:
Es cuanto puedo informar.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos: 

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2007.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.


PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY Nº 19.968, SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA. Proposición de la Comisión Mixta.

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde conocer la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 4438-07. Documentos de la Cuenta Nº 16 de esta sesión.

El señor BUSTOS (Presidente).- Reglamentariamente, sobre la proposición de la Comisión Mixta se pueden pronunciar hasta tres discursos, de diez minutos cada uno.
Tiene la palabra el diputado señor 
Walker.

El señor WALKER.- Señor Presidente, deseo hacer presente que la Comisión Mixta, reunida antes del receso parlamentario, arribó a un acuerdo prácticamente unánime a fin de resolver las discrepancias surgidas entre la Cámara y el Senado durante la tramitación del proyecto.
No considero necesario dar a conocer los detalles porque aparecen en el informe que los señores diputados tienen a su disposición.
En consecuencia, sólo resta expresar que la Comisión Mixta recomienda la aprobación de sus proposiciones.
He dicho. 

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, después de escuchar la opinión del colega Walker, miembro de la Comisión Mixta, todo indica que llegó la hora de despachar este importante proyecto, que, una vez convertido en ley de la República, posibilitará un mejor funcionamiento de los tribunales de familia.
Por desgracia, no se encuentra presente el ministro de Justicia, a quien deseaba hacerle una consulta en relación con la materia que paso a exponer. 
Es muy probable que, en días pasados, varios diputados presentes en la Sala recibieran un correo electrónico de 150 funcionarios de los tribunales de familia, particularmente de Santiago y también de algunas capitales regionales, en que señalan que son todas personas que fueron contratadas -no estoy seguro si a honorarios o a contrata; pero no son de planta- en este período de funcionamiento especial de los tribunales de familia, como consecuencia de la falta de personal, de funcionamiento a medias de la reforma y de la necesidad de atender mejor a las personas durante este período de dos años. Aparentemente, la corporación que maneja económicamente al Poder Judicial, o quien haya sido, decidió contratar a otras personas. 
Quienes envían el correo electrónico señalan que esta iniciativa los margina absolutamente, porque todas las normas sobre contratación de personas se refieren a aquellas que están en la planta y que pasan a esos tribunales.
Entiendo que a estas alturas de la tramitación del proyecto es imposible hacer modificaciones, pero todo indicaría tener alguna consideración respecto a esas 150 personas, algunas de las cuales están trabajando desde hace más de dos años, y que se ven impedidas de competir, ya que las agregaciones están amarradas a personas de la planta. Eso parece injusto.
Tal vez, legislativamente, ahora no hay oportunidad para solucionar el problema acá, pero sería bueno que, de parte del Ejecutivo, se entregara alguna posición sobre eso para informarle a los ciudadanos que nos han mandado los e-mail. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a considerar algún privilegio en futuros concursos o cuando se les contrató se les dijo, derechamente, que no tenían ningún derecho adquirido ni posibilidad de incorporarse a las plantas definitivas? 
Señor Presidente, sería bueno clarificar eso antes de votar el proyecto.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ortiz.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento que no esté en la Sala el ministro de Justicia.
Los tribunales de familia son importantes. Algunos parlamentarios, como quien les habla, por lo conductos regulares y en mi intervención, que realicé en la Cámara, planteamos la necesidad de aumentarlos en Concepción, Chihuayante y San Pedro de la Paz. El actual subsecretario de Justicia me expresó al respecto que, como hay un número grande de jueces, tres serán destinados a la provincia de Concepción, pero no especificó a qué comunas.
Considero que esa contestación no fue adecuada y, por eso, lamento que no esté presente el ministro.
Por lo tanto, quiero reiterar, especialmente para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que no se está cumpliendo como corresponde la creación de más tribunales de familia en las comunas del distrito 44, que represento en esta Corporación.
En segundo lugar, en cuanto a los funcionarios mencionados por mi colega Jorge Burgos, durante esta última semana distrital, también me pidieron una entrevista. En verdad, es algo muy injusto, de una inequidad increíble, que en vez de tener la seguridad en el cargo o empleo, especialmente por la labor que les tocó cumplir en momentos duros, difíciles, cuando hubo exceso de trabajo en esos tribunales, ahora prácticamente quedan en cero.
Me parece bien lo que dice el diputado Jorge Burgos, en el sentido de no votar hoy, sino que terminar la discusión y votar mañana, pero que exista una contestación del ministro de Justicia a la inquietud de esos 150 funcionarios, dentro de los cuales hay también un número importante de la provincia de Concepción.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alvarado.

El señor ALVARADO.- Señor Presidente, me adhiero al planteamiento de revisar previamente el proyecto antes de la votación de la proposición de la Comisión Mixta. Si bien la iniciativa está en su etapa final, existe una serie de situaciones que, lamentablemente, no están cubiertas y puede ser necesaria una evaluación o, por último, una clara y debida explicación. Una de ellas, el aumento de jueces en tribunales no debidamente fundamentado.
Eso se explica por sí solo por el tiempo que pasa -tres o cuatro meses- entre la presentación de una demanda y la realización de la audiencia correspondiente.
En ese sentido es razonable atender los planteamientos de los colegas y de alguna u otra forma evaluar la situación.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Advierto, de todas maneras, que se discute el informe de la Comisión Mixta. O sea, las diferentes observaciones ya se resolvieron en dicha Comisión. En este trámite nos corresponde aprobar o no ese informe, sin perjuicio de considerar sumamente grave que 150 personas queden fuera y habría que buscarles alguna solución.
Tiene la palabra el diputado Alvarado.

El señor ALVARADO.- Señor Presidente, entiendo que estamos en la fase final del proyecto donde es imposible efectuar modificaciones, pero, a lo mejor, sería importante demorar un poquito la votación del informe de la Comisión Mixta con el fin de obtener una respuesta adecuada del Ministerio de Justicia respecto de un tema que es razonable plantear -debidamente fundamentado- y que afecta a personas cuya situación no quedó resuelta.
Entonces, podríamos tener un compromiso serio y formal en orden a reparar ese error a través de un proyecto adicional.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, pida la unanimidad de la Sala para suspender la votación.

El señor BUSTOS (Presidente).- El señor Secretario me dice que hay un problema: hoy vence la urgencia del proyecto.
Todos quieren que se vote mañana; por lo tanto, se requiere retirar la urgencia.
Tiene la palabra el señor ministro.

El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor Presidente, si la voluntad de la Sala es que esté presente el ministro de Justicia para aclarar, sobre todo, lo referente a las personas contratadas a honorarios, no tenemos ninguna dificultad en cambiar la urgencia de la iniciativa, ojalá sí con el compromiso de que vote mañana.

-Varios señores DIPUTADOS.- No hay problema.

El señor BUSTOS (Presidente).- De acuerdo.
Entonces, la votación de la proposición de la Comisión Mixta se efectuará mañana. En todo caso, le pedimos al señor ministro que concurra para responder a las observaciones que se han hecho.


MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE LA POLÍTICA. Primer trámite constitucional.

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde considerar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional y originado en mensaje, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Edmundo Eluchans.

Antecedentes:
-Mensaje, boletín 4716-07, sesión 106ª, en 12 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 24ª, 6 de mayo de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 12.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, originado en mensaje.
Para el despacho de esta iniciativa, la Jefa de Estado ha hecho presente la urgencia, que ha calificado de suma para todos sus trámites constitucionales.
Ideas matrices o fundamentales. 
La idea central del proyecto es modificar la Constitución Política con el propósito de implementar la llamada agenda de probidad, transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
Para ese fin, el Ejecutivo propuso una indicación sustitutiva del proyecto, que se reseña de la siguiente manera: 
a) Junto con declarar pública la declaración de intereses y patrimonio que pudiere exigir la ley, dispone la entrega de la administración de los bienes de las autoridades que indica a un tercero, cuando esa ley así lo establezca; 
b) Dispone que la ley establecerá un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral;
c) Señala que una ley orgánica constitucional establecerá un sistema voluntario de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular; 
d) Hace aplicables a los ministros de Estado las incompatibilidades que afectan a diputados y senadores, como también determinadas inhabilidades durante su desempeño; 
e) Dispone la cesación de las funciones del Congreso Nacional treinta días antes de una elección presidencial, salvo convocatoria del Jefe del Estado o que se autoconvoque; 
f) Declara los cargos de senador y de diputado como de dedicación exclusiva; 
g) Incluye dentro de las inhabilidades parlamentarias la de actuar como lobbista; 
h) Aumenta de dos a cinco años el período de inhabilitación para ocupar cargos o desempeñar funciones públicas, que afecta a quienes han perdido su calidad parlamentaria como consecuencia de una inhabilidad;
i) Eleva a rango constitucional la prohibición de que un parlamentario promueva o vote asuntos que sean de su directo y personal interés, sancionándolo con la inhabilidad para postular a cargos de elección popular por un período de cinco años, y 
j) Prohíbe la presentación o tramitación de proyectos de reforma constitucional dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial o en el período que medie entre la primera y segunda votación, de ser ello procedente. 
Ese es el resumen de la indicación sustitutiva que nos envió el Ejecutivo, de cuyo texto fueron aprobadas muchas disposiciones. Al final del informe me referiré expresamente al texto definitivo que se somete a la consideración de la Sala. 
Quórum de votación. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 127, inciso segundo de la Carta Política, las modificaciones introducidas a los artículos 8º, 19 Nº 15º y 127, por los números 1, 3 y 7 del artículo único, requieren para su aprobación el voto favorable de los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, por corresponder a los capítulos I, III y XV de la Constitución. Las demás modificaciones requieren quórum de aprobación de los tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Constancias reglamentarias. 
Para los efectos de lo establecido en los números 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente: 
Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Saa, Soto y Turres y los diputados señores Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Eluchans y Monckeberg, don Cristián y don Nicolás. 
Que la Comisión rechazó la letra a) del número 6 del texto sustitutivo del Ejecutivo y la indicación de los diputados señores Araya y Walker para reemplazar la letra a) propuesta para el artículo 60, por la siguiente: “a) El cargo de Senador y Diputado es de dedicación exclusiva. La ley orgánica del Congreso Nacional determinará la forma en que se ejercerá dicha exclusividad.”.
Antecedentes.
El mensaje parte señalando que, como consecuencia de una serie de irregularidades acaecidas en algunos servicios públicos, el Gobierno asumió el compromiso público de elaborar una agenda de probidad, transparencia, eficiencia y modernización, que pretende extender a todo el Estado, a todos los sectores políticos y a la sociedad en general. 
A la discusión del proyecto fueron invitados profesores y autoridades de diversas instituciones y organismos. Dignas de mencionar son la presencia de Guillermo Larraín Ríos, superintendente de Valores y Seguros; de don Pablo Ruiz-Tagle Vial, profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Chile; de Francisco Zúñiga Urbina, profesor de derecho constitucional de la Universidad Diego Portales; de Salvador Valdés Prieto, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), y de Edgardo Palacios Angelini, profesor de derecho Constitucional de las Universidades Adolfo Ibáñez y Andrés 
Bello.
En el debate participaron activamente el ministro señor Viera Gallo y su equipo.
El proyecto está referido, en primer lugar, a la publicidad de la declaración de patrimonio e intereses de las autoridades.
La finalidad de esta modificación es conocer la actividad económica y profesional en que participa la autoridad o funcionario y, en consecuencia, sus intereses como también sus bienes y sus pasivos más relevantes, es decir, su patrimonio. Este conocimiento permitirá exigir objetividad y abstención al momento de decidir sobre asuntos que puedan significar ventajas para él o para su entorno familiar más cercano; asimismo, permitirá protegerlo de acusaciones sobre posibles enriquecimientos ilícitos mientras desempeñó su cargo.
En segundo lugar, comprende la autorización para que la ley regule elecciones primarias.
Esta modificación constitucional sigue el mismo criterio que se emplea para el sistema general de elecciones, y tendría las mismas características de taxatividad y precisión propias de las votaciones populares; se aplicaría tanto dentro de un determinado partido político o entre varios unidos transitoriamente en virtud de un pacto y no tendría cabida para candidaturas independientes, ya que en tales casos no existiría competencia; se podría emplear para cualquier tipo de candidaturas de los partidos o pactos a cargos de elección popular, vale decir, presidenciales, parlamentarias, concejales y alcaldías y, por último, dado que la constitución encomienda a la ley su regulación, ésta podrá diseñar un mecanismo para su financiamiento, sea público o privado, y establecer controles y topes máximos de gastos.
Es importante destacar que el proyecto original disponía que las declaraciones de intereses y de patrimonio que deben efectuar las autoridades serán siempre públicas. 
En la Comisión, algunos diputados de Renovación Nacional, particularmente el diputado Alberto Cardemil, presentaron indicación para establecer el marco jurídico en la Constitución, a fin de que una ley posterior regule lo que en los medios de prensa y políticos se conoce como fideicomiso ciego, que en estricto rigor es una figura jurídica distinta de lo que entendemos, de acuerdo con nuestra legislación, por fideicomiso. En definitiva, se pretende que una ley regule el que determinadas autoridades, antes de asumir el cargo, en función de la cuantía de los bienes de que son propietarios, los entreguen en administración a un tercero, el que tendría prohibición de informar al interesado el manejo que se está haciendo de sus bienes. 
La situación que surge de la disposición, que es sumamente importante, es la creación de una figura enteramente nueva, originada en una iniciativa del diputado Jorge Burgos, para que cuando resulte insuficiente la entrega de la administración de ciertos bienes a lo que se conoce como fideicomiso ciego, se exija a las autoridades que señala la ley vender sus bienes, muebles o inmuebles, aunque esto está referido fundamentalmente a bienes muebles, acciones e inversiones en determinadas áreas del quehacer nacional, cuando impliquen un conflicto de intereses; es decir, están impedidas de ser propietarias de esos bienes.
Estas tres ideas, la primitiva del Gobierno, la indicación de los diputados de Renovación Nacional y la del diputado Burgos, fueron recogidas en este tercer inciso que se agrega al artículo 8º de la Constitución.
Como resulta claro de la lectura que hice de esta disposición, se hace necesaria la dictación de una ley orgánica constitucional.
Al respecto, en la Comisión adoptamos el acuerdo de que no íbamos a enviar a la Sala este proyecto de reforma constitucional hasta que no llegase la iniciativa del Ejecutivo en que figurara la modificación legal respectiva. Revisada la Cuenta de hoy, ese proyecto no ha ingresado hasta esta mañana. No obstante, el ministro secretario general de la Presidencia me acaba de confirmar y en este momento me hace gestos de que el proyecto está llegando.
Lo único que quiero decir, señor ministro, por intermedio del señor Presidente, es que tengo la obligación de informar sobre ese acuerdo. No quiero decir que existen obstáculos para que discutamos esta reforma constitucional; pero, reitero, la exigencia era debatirla, siempre y cuando llegara el proyecto del Ejecutivo. En consecuencia, si viene en camino, me parece muy bien que avancemos, porque ésta es una materia de enorme trascendencia. Quizás hubiese sido preferible haber legislado sobre el tema hace tiempo, porque cada día que pasa nos aproximamos más a las elecciones, y siempre es inconveniente hacerlo cerca de fechas de su realización.
Éste es el primer punto.
En segundo lugar, se agrega lo siguiente al inciso primero del artículo 18: ”Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.”
Reitero que esto ya está regulado en una ley, pero se ha querido darle rango constitucional.
En tercer lugar, en el inciso quinto del número 15º del artículo 19 se sustituyen las expresiones “la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido”, por las siguientes: “la nómina de los militantes deberá ser pública y se registrará en el servicio electoral del Estado”.
Asimismo, en este artículo se regula el sistema de elecciones primarias, en los términos a que he hecho mención.
En cuarto lugar, se intercala el siguiente artículo 37 bis: “A los Ministros de Estado les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el artículo 58. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro de Estado cesará en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.
Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros de Estado estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.”
En quinto lugar, en el inciso segundo del artículo 60 se eliminan las expresiones “contra el Fisco”.
La actual prohibición señala sólo que no podían litigar en contra del Fisco. Si se acoge la reforma en los términos aprobados por la Comisión, los parlamentarios tampoco podrán actuar como apoderados, procuradores o abogados en cualquier clase de juicio.
Se suprime el inciso tercero del artículo 60, que señala: “La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.”
En el mismo artículo 60, se sustituye el actual inciso cuarto por el siguiente: “Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades judiciales a favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes.”
En sexto lugar, se agrega el siguiente inciso tercero al artículo 74: “Sin embargo, el Presidente de la República, de acuerdo a lo establecido en dicha ley orgánica constitucional, no podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial, a menos que la funde en exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad nacional.”
Por último, se agrega en el artículo 127, el siguiente inciso tercero pasando el actual a ser cuarto: “No podrán presentarse ni tramitarse proyectos de reformas constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial. Esta prohibición se extenderá por el período que medie entre la primera y segunda votación, en el caso de existir esta última, de conformidad al inciso segundo del artículo 26.”
Éste es un proyecto al que la comisión le ha dedicado mucho tiempo y trabajo. Entre el proyecto original, la indicación sustitutiva del Ejecutivo y lo que se despachó en la Comisión existen modificaciones de cierta significación, lo que se ha logrado gracias a que el debate ha sido interesante y rico, y a que han existido buenas ideas y sugerencias de sus integrantes, incluso de los invitados.
En esta forma, señor Presidente, doy por terminado el informe que, por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tengo la obligación de rendir a la Sala.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, el informe del diputado señor Eluchans ha sido lo suficientemente amplio y claro como para radicar las intervenciones en temas puntuales de los elementos políticos que hay detrás de un proyecto de esta naturaleza que, a mi juicio, es muy importante.
Aquí no se puede hablar de que existió un acuerdo político o prelegislativo. Hemos llegado a un acuerdo político-legislativo en la Comisión, lo que, en mi opinión, demuestra que a veces resulta más ventajoso encontrar estos acuerdos en la sede parlamentaria que en actos previos.
Desde luego, felicito al Gobierno y al ministro secretario general de la Presidencia por el impulso y el empeño que han dado al proyecto, que considero importante desde varios puntos de vista: en transparencia, en el establecimiento de normas más claras sobre la dicotomía o problemática entre el dinero y la política, y también en temas que permiten, en determinadas circunstancias, la intervención electoral, hecho que causa reproches públicos cuando los ciudadanos deben elegir a sus autoridades en forma libre e informada.
Quiero detenerme un segundo en el número 1) del artículo único, que dice relación con el tema del dinero y la política, el cual quedó redactado de la siguiente forma por acuerdo unánime de la comisión.
“Agrégase en el artículo 8º, el siguiente inciso tercero:
“El Presidente de la República y demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública, encomendar la administración de sus bienes y obligaciones a terceros y transferir la propiedad de todo o parte de ellos cuando aquella ley así lo exija y en las condiciones y plazos que señale.”
Una primera consideración es que esta norma rompe el candado constitucional, cuestión que no deja de ser importante. No entra en detalle alguno, simplemente indica al legislador que en una ley orgánica puede establecer determinadas cosas, sin chocar con la norma constitucional. Es decir, la ley señalará los elementos pertinentes. Tenemos que estudiarla y despacharla.
Como dijo el diputado informante, todo indica que hoy ingresa la iniciativa que va a legislar, al menos, sobre dos de estas materias.
Al respecto, quiero hacer tres alcances sobre el proyecto de reforma constitucional en discusión.
El primero, de manera definitiva establece que las declaraciones de interés y de patrimonio deben ser públicas.
Al respecto, se generó un debate en virtud de un fallo del Tribunal Constitucional relacionado con la ley que obligó a que fueran públicas.
De hecho, en estos días, por primera vez, la ciudadanía ha conocido las declaraciones de patrimonio de los senadores, pues vino un medio de comunicación -me parece que se denomina Ciper, Centro de Investigación e Información Periodística- que las tomó, las leyó, las copió y las publicó. No es el caso de los diputados que, respondiendo a un acto voluntario, publicaron tal información en sus respectivas páginas web.
En consecuencia, los chilenos, por primera vez, después de dos o tres años de vigencia de la ley, pueden conocer las declaraciones de los senadores de nuestro país.
Por lo tanto, a partir de la aprobación de esta norma constitucional no habrá más discusión sobre el asunto y tendrán que ser públicas.
En segundo lugar, establece la posibilidad de que determinadas autoridades, por los montos que la ley señale, entreguen sus bienes en administración ciega a terceros.
La ley tendrá que preceptuar cuáles son dichas autoridades, si es obligatorio o voluntario, los montos y cómo se realizará el mandato, que popularmente se denominó fideicomiso ciego.
Es mucho más correcta la terminología que usa el anteproyecto del Ejecutivo, que habla de administración ciega. Es un mandato, especialísimo, pero con características que la ley definirá.
En tercer lugar, la misma ley, a la que tantas veces me he referido, podrá establecer que, en determinadas ocasiones, aquellas autoridades que deban hacer mandato ciego, obligatorio, enfrenten la situación jurídica de enajenar.
Por ejemplo, la posición relevante de dominio sobre determinada empresa o determinadas acciones, hace imposible que, incluso, la declaración de patrimonio o el mandato a terceros sea suficiente para distinguir entre la función política y la función empresarial. Es la ley la que señalará cuándo y cómo. En consecuencia, los legisladores quedamos con el encargo del constituyente de determinar cuándo se dan esos supuestos. Simplemente, se abre un candado constitucional que debe ser regulado por la ley orgánica que, como todos sabemos, requerirá de un acuerdo político, por cuanto los quórum de aprobación que establece dicha ley no se alcanzan con la mayoría que existe en la Cámara.
Me pareció importante precisar estas cuestiones, por eso les he destinado buena parte de mi intervención. 
En cuanto al resto de las normas, que tienen que ver con transparencia -primarias, evitar riesgos de intervención electoral mediante la limitación de las urgencias-, me parece que están bien y significan un avance en sede constitucional de ese tema central que el Gobierno y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia han impulsado.
Sin embargo, hubo algunas cosas que no se aprobaron, particularmente una. Por eso, en conjunto con algunos diputados, especialmente con el señor Gonzalo Duarte, vamos a insistir, por lo cual hemos presentado una indicación.
El Ejecutivo, en su proyecto de ley, propuso establecer en la Constitución que los cargos de senadores y diputados sean de dedicación exclusiva.
Tal norma fue rechazada en la Comisión, en una votación estrecha, seis votos contra cuatro.
Como el proyecto no tiene urgencia, vamos a insistir en dicha norma. Las razones están indicadas en el informe. Simplemente quiero agregar una.
La dedicación exclusiva, a mi juicio, es absolutamente procedente. Ello no significa que a través de la dedicación exclusiva queramos evitar que los parlamentarios tengan otros ingresos económicos. Pueden tenerlos, legítimamente, de su ámbito profesional o empresarial, de sus inversiones, en fin.
Sin embargo, la dedicación es otra cosa; debe ser exclusiva.
No he recibido respuestas específicas a una presentación que realicé hace un tiempo en el Colegio de Abogados y en la Corporación Chile Transparente sobre la situación de los abogados, particularmente del Senado que, teniendo estudios particulares, votan a la hora de designar a los miembros de la Corte Suprema y al fiscal nacional del Ministerio Público. Sin embargo, en algunas de ellas se avalaba la situación de la exclusividad, no sólo respecto de los abogados, sino en general.
En una sociedad como la nuestra, donde diputados y senadores -seamos francos- le cuestan al Estado de Chile del orden de los 25 mil dólares mensuales -la justa remuneración y asignaciones de todo tipo, suman, más o menos, 23 ó 24 mil dólares mensuales, lo cual equivale a 300 mil dólares anuales-, pretender que un costo de esa naturaleza no importe dedicación exclusiva, creo que es una cuestión que no se explica.
La lógica del artículo 62 de la Constitución Política, que establece la remuneración para el parlamentario, tuvo ese sentido en su origen. Es cuestión de revisar las actas y lo que han manifestado los constitucionalistas sobre la materia. En consecuencia, se debe establecer de esa manera, de una vez por todas, por cuanto no sólo es más prístino y transparente, sino que ayuda, profundamente, en la opinión que la ciudadanía se forme sobre la política en general. Debemos avanzar en este sentido. Por eso, hemos insistido en dicha indicación.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de Presidencia).- Señor Presidente, la prensa, de tanto en tanto, editorializa que la Agenda de Probidad no avanza. En verdad, cuesta avanzar, no es fácil; son temas de fondo y hay que poner de acuerdo muchas voluntades.
Este proyecto, como han manifestado los diputados Eluchans y Burgos, representa un avance muy importante de la Agenda de Probidad y toca temas centrales, tanto para hacer más transparente la actividad política como para separar el dinero de la política y evitar maniobras que pudieran determinar intervenciones disruptivas en los procesos electorales.
Alguna prensa también suele decir que cuando se presentan las iniciativas se hace con afanes persecutorios, mezquinos. Por el contrario, lo que se busca es, justamente, el bien del país.
Este proyecto viene a subsanar un problema señalado por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que las declaraciones de patrimonio de intereses no podían ser públicas, salvo que el interesado quisiera. Esa era una limitante muy grande, porque cuando reformamos el Código Penal para configurar el delito de enriquecimiento ilícito, partíamos de la base de que se podía exponer la declaración de patrimonio al comenzar y al terminar el mandato de la autoridad, y si no había alguna justificación lógica de un incremento exacerbado de ese patrimonio, entonces operaba esa norma penal. El propio Presidente de la Cámara intervino en esa ocasión con su sabiduría de profesor de derecho penal.
Eso se veía impedido por la sentencia del Tribunal Constitucional que decía que las declaraciones de patrimonio no eran públicas. Aquí queda claro que son públicas. Pero surgió un problema ulterior: personas que tienen una fortuna significativa y que aspiran a tener cargos de representación popular, lo cual puede generar, más allá del problema de patrimonio, una confluencia indebida entre el interés privado y el público. Para eso se crea la figura mal llamada fideicomiso ciego, que en el fondo es un mandato de administración de patrimonio de una autoridad.
Por último, aunque se otorgue ese mandato puede haber algún tipo de participación accionaria decisiva en ciertas empresas e igualmente se podría producir esa confusión de intereses, se propone que, cuando la ley lo determine, se enajenarán obligatoriamente esas empresas.
Consecuentemente con esos principios, que esperamos que la Cámara ratifique hoy, el Gobierno ha confeccionado un proyecto de ley estableciendo el mandato de administración de patrimonio ciego de autoridades, el cual ingresará al Congreso dentro de la próxima media hora.
Ese proyecto establece que, cuando se trate de presidente de la república, senador, diputado, ministro de Estado o consejero del Banco Central con fortunas mayores a 20 millones de dólares, obligatoriamente tendrán que otorgar un mandato de administración de patrimonio desde que asuman el cargo. No es obligatorio para los candidatos, aunque voluntariamente lo pueden constituir.
Lo más importante es que se establece una serie de disposiciones que no voy a detallar, en las que se señala qué tipo de instituciones pueden ser mandatarias, que son del ámbito financiero que quedan bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Por otra parte, se establece un muro entre el mandante y el mandatario, de tal manera que el mandante no sepa dónde va a estar invertido su patrimonio, salvo las instrucciones de orden general que puede entregar en el momento de constituir el mandato.
No voy a entrar en detalles, porque el proyecto es muy técnico en esta materia.
Además, en esa iniciativa se establece la obligación de enajenar la participación decisiva accionaria de determinadas empresas, y se entiende por tal aquella que permite nombrar un directorio, en primer lugar, de aquellas empresas que vendan servicios o productos al Estado en forma permanente por un monto que se determina en el proyecto; en segundo lugar, de aquellas empresas cuyas tarifas estén reguladas por ley y, en tercer lugar, de aquellas en que se haga uso de una concesión o si han requerido algún permiso especial de la autoridad.
Esos serían los tres tipos de empresas respecto de las cuales el Gobierno estima necesario enajenar la participación accionaria de las autoridades que indiqué.
El artículo aprobado unánimemente en la Comisión sirve de marco constitucional al proyecto, mal llamado fideicomiso ciego, que la Cámara empezará a discutir dentro de poco y que tiene por objeto separar patrimonio e intereses individuales del interés general.
También se establece que habrá un sistema de financiamiento, de transparencia, de límites y de control del gasto electoral. Al respecto, en la Comisión de Gobierno Interior hay un proyecto que perfecciona todas esas materias. Hoy deberían votarse las indicaciones del Ejecutivo para establecer un financiamiento razonable, acotado, respecto del funcionamiento estable de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público.
El Ejecutivo ha enviado a la Cámara un proyecto de ley que sustituye la ley orgánica de partidos políticos.
Junto con eso, se establece la voluntariedad de un sistema de elecciones primarias para la nominación de los candidatos a cargos de elección popular. Sin embargo, los resultados de esas primarias son vinculantes. Eso se debe a que el Tribunal Constitucional había determinado que no se podían hacer primarias usando la estructura del Servicio Electoral.
También es útil que se apliquen a los ministros de Estado las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 58 para los parlamentarios.
Hubo un punto controvertido, porque propusimos eliminar -y así lo decidió la Comisión- que no cese en el cargo el parlamentario que intervenga en actividades estudiantiles. Hay quienes piensan que eso es algo que muchos consideramos un poco anacrónico y que no debería tener vigencia. Sé que el diputado Cardemil presentó un caso sobre la materia fundado en ese precepto, pero la voluntad del Gobierno era que eso desapareciera.
Por último, hay dos limitaciones que al Gobierno le parecen pertinentes respecto de trámites de proyectos de ley o de reforma constitucional.
En algún momento se habló de que el Congreso calificara las urgencias. Evidentemente, el Ejecutivo no iba a aceptar una decisión de ese tipo, porque ya en 2005 se hicieron reformas que equilibraron las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. No me voy a alargar señalando cuánto más poder tiene el Parlamento respecto de lo que se estableció en la Constitución original.
Si el Ejecutivo renuncia a calificar las urgencias, se altera por completo el equilibrio de relaciones entre los poderes colegisladores.
Sin embargo, con el objeto de evitar cualquier actuación disruptiva en un proceso electoral, estuvimos dispuestos a establecer la prohibición al Presidente de la República para hacer uso de la urgencia durante los treinta días anteriores a una elección presidencial, salvo que esté comprometido el interés general de la nación o la seguridad del país, cosa que calificará soberanamente el Ejecutivo. También se establece que el Ejecutivo no podrá promover ni tramitar proyectos de reforma constitucional dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial. Esto es bastante lógico, porque cuando se está al final de un mandato presidencial no parece el momento adecuado para hacer cambios a la estructura del sistema político, sobre todo cuando tanto el Presidente de la República de turno como el Congreso Nacional -que también está por concluir sus funciones- han tenido casi tres años para debatir esas materias.
Queda para discusión lo que ha planteado el diputado Jorge Burgos, respecto de la dedicación exclusiva a su cargo de los parlamentarios, cosa que el Ejecutivo comparte. A la vez, promovió que los parlamentarios abogados no pudieran pleitear. Otra cosa es que ocasionalmente realicen alguna función relativa a su profesión, pero no podrán pleitear, porque el magistrado lo podría interpretar como una suerte de interferencia de un Poder del Estado en las decisiones de la Magistratura.
Esperamos que la reforma se despache rápidamente, ya que constituye un avance al proyecto de ley llamado de fideicomiso ciego y a la nueva ley de Partidos Políticos.
Muchas gracias.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en este proyecto hemos tenido numerosas coincidencias con el Ejecutivo, lo que nos ha permitido -creo que con un buen resultado- construir una serie de disposiciones que arrojarán como resultado una mayor transparencia y una modernización de la actividad política que la ciudadanía está pidiendo a gritos. 
Creo que la Cámara va a hacer bien en dar su aprobación en general al proyecto. Hay algunas imperfecciones menores que habría que corregir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a través de indicaciones para despacharlo finalmente, con lo cual esta Cámara estaría cumpliendo con su obligación.
Me voy a referir primero a una disidencia. No estuvimos de acuerdo con el Ejecutivo en eliminar en el inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución Política una causal de cesación en el cargo de diputado o senador. Dicha disposición establece que cesará en su cargo el diputado o senador que intervenga en actividades estudiantiles. Pero, ¡atención! Esto no es una intervención como la que puede tener cualquier ciudadano, sino con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento. Por ejemplo, incitando, llamando o presionando a la huelga en alguna rama de la enseñanza secundaria o universitaria. Para cualquier Gobierno es bueno contar con esta disposición; es bueno para la mantención del orden público y para el funcionamiento de las instituciones. No le corresponde a los parlamentarios participar en este tipo de actividades que, en definitiva, producen un daño mayor al normal desenvolvimiento del país y al bien común.
Por eso, no estamos de acuerdo en eliminar este punto y así lo hemos planteado en la Comisión de Constitución y también lo vamos a sostener en la Sala. Al respecto, vamos a presentar las indicaciones que corresponda. En cambio, estamos de acuerdo con una serie de normas que, a nuestro juicio, constituyen un avance. Voy a citar algunas.
En primer lugar, intercalar un artículo 37 bis en la Constitución que norme la actividad de los ministros de Estado. En la actualidad no existe norma alguna que regule su actividad privada, pero sí está establecida respecto de los diputados y senadores. Teóricamente, los ministros de Estado pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, un ministro de Hacienda puede ser dueño de un banco, lo que no corresponde.
Por tanto, estamos pidiendo que a los ministros de Estado les sean aplicables las mismas incompatibilidades que establece el artículo 58 de la Constitución Política para los senadores y diputados. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el ministro de Estado debe cesar en el cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe. Por ejemplo, director de una empresa. Una vez que esta iniciativa se transforme en ley de la República, un ministro de Estado no podrá ser director de una empresa, al igual que hoy no lo pueden ser los parlamentarios. Asimismo, quedarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio o como procurador o agentes de gestiones particulares de carácter administrativo; no podrá ser director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas actividades. Y esto no es teoría. En todos los regímenes ha habido ministros de Estado que han sido directores de bancos, de sociedades anónimas, que han ejercido cargos de similar importancia o han sido abogados o mandatarios en juicios 
contra el fisco. Lo que se quiere es la aplicación de una ley que sea pareja para todos los servidores públicos.
En segundo lugar, es extraordinariamente importante la norma que modifica el inciso quinto del número 15º del artículo 19 de la Constitución, que establece que la ley orgánica constitucional regulará un sistema de elecciones primarias para que los partidos políticos nominen a sus candidatos a cargos de elección popular. Las primarias son un vehículo de modernización política, tanto de los partidos como de las coaliciones, extraordinariamente importante. Los partidos, las coaliciones -la Alianza y la Concertación-, si así lo deciden pueden tomar este mecanismo y designar sus candidatos a diputados, a senadores, a Presidente de la República a través de una elección primaria. Pero, ¡atención! Si se escoge este sistema, sus resultados serán vinculantes para los partidos políticos. Es decir, si un partido o coalición toma esa alternativa, debe seguir hasta el final y el Estado va a tener que apoyar la decisión de ese partido, entregándole los recursos que correspondan en virtud de lo establecido en la norma legal, con todos los resguardos y certezas que una decisión de esta importancia requiere. 
En resumen, sistema voluntario para el partido o coalición; si lo toma, es vinculante, obligatorio y estará protegido por el Estado, el que, además, le entregará ayuda financiera, lo que me parece un avance extraordinariamente importante y una modernización muy efectiva.
He dejado para el final lo que, a mi juicio, constituye una audacia saludable en nuestra institucionalidad, que es la modificación del artículo 8º de la Constitución Política.
La norma establece que la declaración de intereses y de patrimonio debe ser siempre pública para todos los servidores públicos. Me parece extraordinariamente importante que esté recogido en la Constitución. 
Segundo: si el servidor público, sea Presidente de la República, ministro, senador o diputado, es un persona que tiene muchos recursos, mucha plata, la ley fijará un tope para que pueda ejercer su cargo. Además, para ejercerlo, deberá encomendar a terceros la administración de sus bienes y obligaciones. Es lo que se llama popularmente fideicomiso ciego. ¿Por qué digo que es una audacia? Porque si aprobamos esta modificación al artículo 8º, Chile sería el primer país, entre los que conozco, donde estaría establecida constitucionalmente la administración de los bienes por terceros, cuando un servidor público sea acaudalado. Ahora bien, podemos estar de acuerdo o no con la cuota que establezca la ley anunciada por el ministro. Nosotros preferiríamos un límite muy inferior a los 20 millones de dólares, porque consideramos que es mucho. En algún momento planteamos que una cifra razonable serían 10 millones de dólares. Otros piensan que 5 millones, por envergadura e influencia, constituyen una razón suficiente para entregar la administración de los bienes a un tercero. Será una discusión perfectamente lícita y legítima que tendremos cuando nos corresponda discutir la ley orgánica constitucional respectiva; pero, desde ya, nos gustaría bajar la cuota.
Por último, una audacia aún mayor: podríamos establecer -es un tema que ha sido aceptado por nuestra bancada- que aun cuando se encomiende la administración de los bienes a un tercero, es posible pensar, en ciertos casos, que el interés particular podría chocar con el interés general cuando se trate de propiedad, de manejo o de posición dominante en ciertas empresas que, por su naturaleza, signifiquen un eventual conflicto de intereses entre el bien común y el bien particular. Asimismo, hemos aceptado la idea de que sea una ley orgánica constitucional la que determine cuando ocurre esto, caso en el cual, incluso, sería necesario transferir las propiedades.
Estamos hablando de transferencia de propiedad. En esta materia hemos sido objeto de críticas, incluso, al interior de nuestro sector, porque se dice que podría afectar el derecho de propiedad. Estamos hablando de que una persona debe vender ciertos bienes, lo que no es algo menor. Con todo, creemos que es un buen punto de partida, si queremos que haya transparencia, si queremos tender una muralla china entre los negocios y la política, entre el interés particular y el interés general, para todos los servidores públicos: sea Presidente de la República, ministro, diputado o senador. 
Por eso, con todas las dificultades que podría implicar, es positivo aprobar esta norma, confiando en que una discusión desapasionada, inteligente e ilustrada la irá mejorando en sus sucesivos trámites constitucionales en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Por eso, anuncio que votaremos a favor, en general, esta reforma constitucional.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, creo que con esta reforma constitucional estamos dando pasos muy contundentes en relación con la transparencia, la modernización del Estado y la calidad de la política.
Tal como lo han dicho los colegas, hay aspectos muy importantes. Cada uno de los puntos que contiene el proyecto implica mayor transparencia, pero quiero referirme a uno en particular.
Cuando discutimos el proyecto sobre financiamiento político y control del gasto electoral, quedó un vacío muy grande relacionado con la fiscalización y penalización de los candidatos que no cumplen la ley. Según la modificación del artículo 18 de la Constitución, “Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.” De esta forma, se eleva a rango constitucional una regulación legal, agregándose dos aspectos adicionales vinculados a la infracción de la normativa sobre gasto electoral. Esto es lo que me parece importante: disponer la cesación en el cargo de quien fue electo mediante votación popular, contraviniendo gravemente tal regulación, por la vía de la comisión de delitos, y establecer causales de inhabilidad para postular a cargos de elección popular respecto de quienes fueren condenados por dichas infracciones.
Esto le da imperio a la ley y democratiza nuestras elecciones. Creo que la ley sobre financiamiento y límite del gasto electoral fue un paso importante. Sin embargo, al no establecer sanciones ni contener una regulación clara, sin duda, se convirtió prácticamente en letra muerta. Uno de los grandes problemas de diferencias, desigualdades y falta de equidad que se producen en las elecciones parlamentarias y municipales dice relación con el gasto electoral. 
Por eso, considero muy importante que el proyecto disponga que este tipo de irregularidades será sancionado, y que el candidato quede inhabilitado para postular a futuro, porque posibilita que personas con menos recursos puedan postular a un cargo de representación popular. Como digo, esto democratiza la posibilidad de llegar a desempeñar un cargo de representación popular, porque la cantidad de dinero de un postulante se convierte en una limitante para algunas personas que aspiran a ocupar estos cargos.
Este es un gran avance, así como también las demás reformas que contiene el proyecto. Por ejemplo, darle rango constitucional a la prohibición de un parlamentario de promover o votar asuntos que sean de su directo y personal interés. Asimismo, se le inhabilita para postular a cargos de elección popular por cinco años. Estamos dictando normas a nivel constitucional que aportan mucho a la transparencia de la política.
Por todas estas razones, es muy importante aprobar las reformas constitucionales contenidas en el proyecto, de manera que la futura ley orgánica constitucional que se dicte sobre la materia recoja estos planteamientos, y así avancemos en la calidad de la política.
Hubo una discusión muy interesante relacionada con las características que debe tener nuestra representación política, y estuvimos de acuerdo con la participación de los parlamentarios en los conflictos estudiantiles. Dimos como ejemplo la revolución de los pingüinos, movimiento en el cual participamos diversos parlamentarios, conversamos con los estudiantes y representamos algunos de sus planteamientos. Por eso, fue muy positivo que la Comisión estuviera de acuerdo en que estas actuaciones no constituyen una causal de inhabilidad.
En fin, con este proyecto de reforma constitucional damos pasos importantes, razón por la cual anuncio que los parlamentarios del PPD lo aprobaremos plenamente. 
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me sumo a la aprobación general del proyecto. 
Veo que se van a presentar algunas indicaciones, pero lo que me hace fuerza es que “la transparencia, la luz -así lo dicen los antecedentes del proyecto-, es el mejor antídoto contra la corrupción, por cuanto una de las sanciones más severas sería el juicio de la comunidad rechazando los actos irregulares.” Frase para el bronce diría más de algún ilustre castellano.
Cuando hablamos de modernizar el Estado y la administración pública, solemos pensar en mejorar la eficiencia y la flexibilidad de los servicios, olvidando que parte importante de esta modernización dice relación con la capacidad de hacer más transparente y probo el actuar de los órganos y de los funcionarios de este aparato público tan complejo, masivo e importante, y muy especialmente de quienes tenemos la calidad de representantes populares.
Sin duda, estamos avanzando en ello, y si analizamos el proyecto veremos que contiene parte de lo que en el reciente debate público se ha denominado Agenda de Probidad. 
Entonces, se trata de un conjunto de modificaciones a la Constitución Política de la República que servirán de base para normar posteriores reglas que la implementarán.
Hay que destacar el hecho de que entre ellas se vislumbra la implementación del denominado fideicomiso ciego, que tanto se debatió durante las anteriores elecciones presidenciales y que hoy comienza a salir a la luz, a fin de que, en el futuro, el Presidente de la República y demás autoridades que determine la ley, traspasen la administración de sus bienes en tanto ejercen su mandato.
Me hubiera gustado que el diputado informante nos dijera si hubo alguna mención de qué autoridades se pueden agregar a las ya mencionadas, como el Presidente de la República, los parlamentarios y los ministros de Estado, y cómo se agregarán.
Del mismo modo, es rescatable que se establezca constitucionalmente la publicidad de la declaración de intereses y patrimonio de tales autoridades. Por eso, es interesante saber hasta dónde puede llegar nuestra regulación.
Me hago parte del comentario del diputado Cardemil, que escuché con mucha atención, en el sentido de que es importante en esta reforma el reconocimiento de un sistema de elecciones primarias voluntarias para elegir a los postulantes a los cargos al interior de las coaliciones y de los partidos. Además, que se reconozca un sistema de financiamiento y transparencia al límite de ese gasto electoral, estableciendo sanciones de cesación e inhabilidad en el cargo para quienes contravengan tales disposiciones.
Como no está presente el diputado informante, me pregunto si los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia podrían señalar si se hizo mención a un proyecto que se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior, sobre gasto electoral, para no tramitar iniciativas paralelas.
Por otro lado, existe una materia que ha sido debatida en la Sala y que está en una especie de nebulosa, en el sentido de que existen elementos de coacción para el parlamentario infractor. Ésa es la prohibición para que un parlamentario promueva o vote en asuntos que sean de su interés directo y personal. Para ello está nuestro Reglamento, que hace mención a lo anterior y hoy se traspasa al proyecto de reforma constitucional.
Ésa es una de las materias que afectan directamente la probidad parlamentaria y su estricta regulación. Por lo tanto, requiere de una preocupación principal del Congreso Nacional, no sólo porque somos parte del problema, sino también porque, como legisladores, somos los encargados de dar una recta solución.
Por otra parte, es interesante señalar que el establecer y hacer aplicables a los ministros de Estado las mismas incompatibilidades que afectan a los parlamentarios, no sólo constituye un acto de justicia, sino un elemento necesario para la mantención del adecuado equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado, lo que me parece sumamente interesante.
Por último, establecer restricciones al Ejecutivo para calificar con urgencia de suma o de discusión inmediata las reformas constitucionales en fecha próxima a las elecciones presidenciales constituye, una vez más, una declaración de la voluntad de la Presidenta de la República de evitar que se pueda considerar, utilizar o mal utilizar esas actuaciones como una forma de intervención electoral.
Estoy seguro de que esta reforma, más otras que se encuentran en trámite, aunque se diga que no existe probidad y de los malos comentarios al respecto, integra una amplia gama de iniciativas que forman parte de la agenda de probidad y transparencia que constituyen la base fundamental para el mejoramiento, perfeccionamiento y fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el cual hay que cuidar y preservar, en especial, por medio del actuar probo y transparente de sus órganos y de sus autoridades.
Por lo tanto, sin lugar a dudas, éste es uno de los proyectos emblemáticos del actual período presidencial y su aprobación es sin discusión.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, el proyecto forma parte de la agenda de transparencia y probidad propuesto por la Presidenta de la República. Quizás su tramitación ha sido lenta, pero esperamos que sea fructífera. El hecho de que demore su tramitación no se debe a que los proyectos duerman, sino, por el contrario, porque se trabaja en ellos, se presentan buenas ideas y buenas indicaciones. Los proyectos ya tramitados dan cuenta de ello.
En este caso, la reforma constitucional apunta claramente a mejorar la calidad de la política. Podemos haber tenido diferencias de opinión al interior de la Comisión, todas muy respetables y bien argumentadas, pero aquí ya hay una base de acuerdo que también puede ser objeto de segundas revisiones. Sabemos que se han presentado de nuevas indicaciones, lo que nos parece razonable, sobre todo cuando se reforma una Constitución en materias tan relevantes como la que nos convoca, que requiere de segundas y terceras vueltas si es necesario, a fin de promulgar un buen texto constitucional, porque las reformas no se hacen para semanas ni meses, sino para años, por lo que no deben ser objeto de modificaciones permanentes.
Entrando al fondo del proyecto, quiero hacer algunos comentarios. En relación con el fideicomiso, es necesario indicar que surge como un acuerdo parlamentario, al cual el Ejecutivo, en buena hora, se sumó.
Entendemos que es importante separar o delimitar de buena manera todo lo que dice relación con el ejercicio de la actividad política con el ejercicio de las actividades económicas o empresariales, sin que eso signifique, como se ha señalado, que un empresario o una persona que tiene dinero no pueda ejercer la actividad política. Al revés, es bueno y es sano que así sea y ojalá mucha gente a la que le va bien en el mundo privado quiera incorporarse a la actividad política. Pero también es sano y es bueno -y es lo que ha surgido de la discusión en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- que existan límites, reglas y leyes que así lo establezcan.
En ese escenario, la reforma constitucional y el acuerdo parlamentario al cual arribamos -lo reitero, porque es transversal y de mucha importancia- tiene tres ideas centrales. 
La primera de ellas se refiere a la publicidad en la declaración de patrimonio de intereses. La segunda, al concepto o noción de fideicomiso, y la tercera, planteada originalmente por el diputado Jorge Burgos, que fue muy discutida, de que el fideicomiso, en determinado momento, no se basta por sí solo. En esas circunstancias, no queda otra alternativa que la autoridad transfiera ciertos derechos que forman parte de su patrimonio -que le hacen incompatible el ejercicio del cargo con la propiedad de ese patrimonio- o ejerza el cargo. Entonces, es discutible pero sano que hayamos llegado a esa conclusión.
Por otro lado, quiero hacer dos comentarios respecto del proyecto que crea la figura del fideicomiso ciego, recién presentado a la Cámara y que no forma parte de esta discusión, pero que pronto será tratado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En primer lugar, surgen algunas preguntas. ¿Desde cuándo estoy obligado a ser regulado por las normas de administración por parte de un tercero? Con claridad, hemos señalado que estamos absolutamente convencidos de que debe ser desde el momento en que se ejerce el cargo o cuando se asume, en el caso de una autoridad designada como ministro de Estado.
También entendemos que la cantidad que se señala, el ministro hablaba de alrededor de 20 millones de dólares, puede ser un poco excesiva y quizás haya que estudiar la reducción de su monto.
Dejando de lado este tema, deseo celebrar la actualización de la norma constitucional en lo que dice relación con los militantes. Me alegro que las nóminas de militantes dejen de ser secretas. Es bueno, necesario y prudente que sean públicas. Está a tono con la actual legislación de transparencia que hemos aprobado.
Las elecciones primarias son un capítulo aparte. El país ha vivido una serie de episodios electorales marcados por las primarias. El gran problema que existía era la ausencia de normativa y de regulación por parte de una institución, en este caso, por el Servicio Electoral.
Hace poco, Renovación Nacional también tuvo la oportunidad de efectuar una primaria, la cual fue bastante provechosa. Se sacan muchas enseñanzas, pero es menester que exista una regulación legal que controle ese sistema, que establezca su funcionamiento, que se refiera al límite de gastos, etcétera.
La normativa es necesaria si fomentamos la participación en la elección final, llegando al extremo de consignar que los candidatos sean elegidos por la ciudadanía, pero con tres principios clarísimos: que sea voluntario acogerse a la primaria; que sirva para todos los cargos de elección popular y, lo más importante, que sea vinculante, que nadie desconozca los resultados de una elección primaria.
Ahora, voy a hacerme parte de algo que planteó el diputado Cardemil en cuanto a los inconvenientes que pueden surgir con la eliminación de alguna de las causales de cesación en el cargo que afectan a los diputados y senadores.
El inciso cuarto del artículo 60 de la Constitución dice lo siguiente: “Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o en representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes”.
Hoy, no es prudente ni conveniente quitar causales de cesación en el cargo a parlamentarios, pues no se condice con las normas de transparencia que hemos aprobado. Al contrario, es inconveniente cuando el Tribunal Constitucional ya está conociendo el asunto, se está pronunciando sobre esta misma materia, pero quizás por otros hechos. Tal vez no es una señal correcta hacia esa entidad que fallará asuntos pendientes sobre el particular.
Por último, deseo celebrar el tratamiento legislativo, con rango constitucional, que hemos dado a las urgencias en períodos electorales y respecto de la presentación de proyectos de reforma constitucional.
Con mucha fuerza y sólidos argumentos, se sostuvo que eso significaba “restarse de facultades que le corresponden a la Presidenta de la República”. Puede ser, pero eso se puede conjugar con mínimas normas de transparencia en materia electoral, sobre todo en el período inmediatamente anterior a una elección.
Por lo tanto, es absolutamente prudente establecer que no se presente urgencia en el despacho de un proyecto durante los treinta días anteriores a una elección presidencial. Sin embargo, siempre existe la excepción y esta vez estamos de acuerdo con ella. La urgencia podrá hacerse presente en el caso de que se funde en exigencias provenientes de los intereses generales o de la seguridad nacional.
El Ejecutivo de turno podrá utilizar esa excepción en la forma más razonable posible y sin buscar segundas o terceras intenciones. Por lo mismo, el hecho de restarse de la posibilidad de presentar reformas constitucionales noventa días antes de una elección presidencial, creo que va por el camino correcto.
Por lo tanto, me corresponde anunciar que, en general, la bancada de Renovación Nacional está conforme con esta iniciativa. También entendemos que se han presentado indicaciones, las cuales serán objeto de análisis en la Comisión. Creemos que vamos por una buena línea en cuanto a mejorar la calidad de la política, sobre todo cuando esto implica que los cambios legales y constitucionales quedarán consignados en nuestra Carta Fundamental.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.

El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero formular una valoración general positiva respecto del proyecto en discusión, pues apunta en la buena dirección de profundizar la modernización del Estado y de mejorar el ejercicio de la política. En particular, es muy destacable lo que se consigna sobre la publicidad de las declaraciones de intereses.
Al respecto, hago presente que junto con otros parlamentarios hace tiempo presentamos un proyecto que tenía por objeto, precisamente, tal como lo han hecho en forma voluntaria las autoridades de esta Corporación, que todas las autoridades públicas pusieran en la página web de su respectivo servicio sus declaraciones de patrimonio y de interés. A mi juicio, hay un avance notable en ese ámbito. Celebro que esta materia haya logrado un amplio consenso en la Comisión.
Sucede lo mismo con el tema del financiamiento de la política, más allá de los argumentos no muy razonables que escuchamos a veces. No me gustaría decir que se debe financiar la política para evitar la corrupción. No se trata de eso, sino de reconocer la importancia de la actividad política en una sociedad democrática.
Desde esa perspectiva, como toda actividad trascendente para el país, más aún si es un bien público general, debe contar con el apoyo del Estado. En este caso, el financiamiento de la política permite, precisamente, mejorar su calidad y, por esa vía, que el tratamiento de los asuntos públicos sea realizado en propiedad por los actores políticos.
Esto es muy importante por lo que estamos viviendo, algo que no se veía desde hace una década. En 1997, recuerdo momentos de deslegitimación de la política y de los políticos, en particular. Desde ese punto de vista, esto resulta importante. En ese sentido, el establecimiento de elecciones primarias también es un gran aporte.
Sin embargo, tengo reparos y dudas en dos materias. En ningún caso el ejercicio de una atribución constitucional puede ser vista como una posible intervención electoral. Tengo la impresión de que podemos perfeccionar nuestra normativa constitucional y legal sobre muchas materias para evitar el uso ilegítimo del aparato del Estado y de una función pública en favor de una opción política. Eso es muy relevante y siempre contará con mi respaldo. Mientras más barreras existan para contener la intervención electoral, mejoraremos mucho más el ejercicio de la función pública.
No obstante, no comparto dos materias del proyecto: la limitación a la fijación de las urgencias y a la presentación de proyectos de reforma constitucional. En la actualidad, la Constitución establece un período presidencial de cuatro años. De un período de ocho años, fijado en la Carta Fundamental de 1980, pasamos a uno de seis, para luego dejarlo en cuatro.
Esas facultades tan relevantes, como la fijación de las urgencias legislativas y la posibilidad de tramitar reformas constitucionales, se verán limitadas durante los treinta y noventa días anteriores a una elección presidencial, respectivamente.
A mi juicio, esas no son fuentes de intervención electoral; por el contrario, constituyen el ejercicio legítimo de atribuciones establecidas en la Constitución. El gobierno debe tener la facultad de gobernar en plenitud, en el ejercicio de sus atribuciones, hasta el último día de su mandato. Eso incluye, por cierto, un período electoral y un período entre la primera y segunda vuelta, en el caso de existir la última, porque los gobiernos han sido elegidos precisamente para eso.
El hecho de que nuestra Carta Magna establezca la no reelección inmediata de los Jefes de Estado es acorde con esta idea de que este tipo de materias y de facultades las mantiene hasta el último día de su mandato.
Con esas limitaciones estamos instaurando una disminución no razonable de las facultades del Ejecutivo, que no tiene que ver con las limitaciones a la intervención electoral. A mi juicio, ese aspecto es una reforma que surge más bien de una experiencia pasada. Pero los beneficios que puede traer una limitación de esta naturaleza es infinitamente menor a que, por ejemplo, el Ejecutivo deba renunciar, noventa días antes de una elección presidencial, a ejercer funciones básicas y elementales, y fundar y calificar si una determinada reforma constitucional obedece al interés general o a asuntos relacionados con la seguridad nacional. Eso, en la práctica, significa que un gobierno culmina su mandato noventa días antes del término señalado por el ordenamiento jurídico, lo que, a mi juicio, no tiene ningún sentido.
Tengo entendido que sobre esta materia se han presentado indicaciones. De no ser así, anuncio que suscribiré las que estime pertinentes para perfeccionar la iniciativa.
Coincido en que el proyecto apunta en el sentido correcto de modernizar el Estado, disminuir los focos de intervención electoral y separar fuertemente la política de los negocios, materia que requiere de un tratamiento urgente. También valoro y celebro el esfuerzo del Gobierno por resolver esos asuntos; sin embargo, el proyecto es susceptible de ser perfeccionado, en particular en lo que se refiere a las facultades que debe poseer el Jefe de Estado, pues -como he dicho- éste debe gobernar en plenitud hasta el último día de su mandato.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a mi juicio, no le hemos tomado el peso al significado del proyecto de reforma constitucional en discusión. Como bien señalaba el diputado señor Jaramillo, a partir de ahora, la transparencia no sólo se apoderará del sistema público electoral, sino también de los partidos políticos, a través de la consagración del mecanismo voluntario de primarias para la nominación de candidatos a cargos de elección popular. Se trata de un avance muy importante en el marco del compromiso de la Presidenta Bachelet de impulsar una agenda de probidad.
El proyecto llena vacíos importantes en nuestra legislación, en especial en lo relativo a las prohibiciones a parlamentarios para promover o votar asuntos de su interés directo, cuestión que se ha debatido muchas veces en esta Sala, pero que normalmente termina siendo subestimada. Ésta es la oportunidad de regular esa materia en forma adecuada.
El diputado señor Burgos señaló que la iniciativa abre un candado constitucional, expresión que refleja muy bien la naturaleza del proyecto. Éste será complementado por otros cuerpos legales, algunos de los cuales ya se tramitan en la Cámara, como el proyecto relativo al gasto electoral, radicado en la Comisión de Gobierno Interior, o el que regula el mandato de administración ciega de patrimonio.
En cuanto a evitar la intervención electoral, el proyecto plantea materias tan importantes como la relativa a las urgencias y a la prohibición de presentar o tramitar reformas constitucionales dentro de los noventa días anteriores a una elección presidencial. Con todo, el grueso de los temas relacionados con esta materia se encuentra regulado por el proyecto referido al gasto electoral.
Sin embargo, hay que ser claros: el debate en materia de transparencia comenzó hace bastante tiempo, de modo que nadie puede señalar que el Gobierno no ha hecho nada al respecto. Por ejemplo, para las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en 2005 ya funcionaba la Alta Dirección Pública. Podemos dar pasos muy sustantivos en esta materia -el proyecto en discusión sin duda constituye uno-, pero es necesario utilizar con responsabilidad las normativas e instrumentos desarrollados en este ámbito y valorar lo que tenemos como país. Como señalaba el ministro señor Viera-Gallo -lo felicito por su dedicación y el empuje dado a esta reforma-, no existe ningún país en Latinoamérica que cuente con un sistema como el descrito. En Europa son muy pocos los que lo han adoptado; en cambio, los países anglosajones sí se han atrevido a dar el paso que hoy impulsa nuestro sistema democrático.
Hace una semana, a propósito del cierre de la investigación llevada a cabo en Chiledeportes de la Región Metropolitana, un fiscal señaló a través de un diario -la información aparecía destacada en una línea- que no hubo desvío de fondos a ninguna campaña política. Sin embargo, durante ocho meses el país debatió exactamente lo contrario. 
En relación con el mandato de administración ciega de patrimonio hay un punto sumamente relevante que, con seguridad, generará debate. El ministro señor Viera-Gallo nos ha anticipado que podrían incluirse en esa figura legal las empresas que proporcionan servicios al Estado; aquellas cuyas tarifas estén reguladas por ley, y las que hagan uso de alguna concesión. El proyecto señala que el Presidente de la República y otras autoridades -ministros, senadores, diputados y consejeros del Banco Central- deberán encomendar la administración de sus bienes a un tercero cuando su valor iguale o supere los 20 millones de dólares. A mi juicio, se trata de una cifra muy elevada. Por otro lado, supongamos que existe un empresario que posee una fortuna de 4 millones de dólares y que provee de papelería al Estado. ¿Puede dedicarse a la política una persona de esas características, toda vez que los intereses públicos y privados entran claramente en colisión?
Por lo anterior, es necesario echar una mirada a las empresas de carácter estratégico. En el marco de la crisis energética que vive el país, se hace necesaria esta tarea en relación con las empresas distribuidoras de combustibles, por cuanto las tarifas que manejan no son reguladas por ley ni son fruto de negociación. Es cierto que no venden servicios al Estado, pero tienen un rol importante, en ocasiones monopólico, en épocas de crisis. Por otra parte -lo conversábamos con el diputado señor Hales, miembro de la Comisión de Defensa-, las empresas portuarias están concesionadas, pero muchas navieras no lo están. ¿No existe allí un riesgo de colisión de intereses públicos y privados?
Es necesario continuar el debate de estas materias; sin embargo, repito, las medidas relativas a evitar la intervención electoral, limitar las urgencias y hacer públicas la declaraciones de patrimonio e intereses constituye un paso fundamental. Desde hace dos años que los diputados han hecho públicas estas últimas. También es una parte muy importante de la iniciativa la regulación de las elecciones primarias.
Por último, me asalta una duda.
La Derecha siempre ha subordinado la aprobación de proyectos como el que otorga derecho a voto a los chilenos que residen en el exterior, el que modifica el sistema binominal y el relativo a la inscripción automática en los registros electorales, a la sanción de otros, como el que se encuentra en discusión. Una vez despachado este proyecto, ¿cuál será la excusa de la Oposición, en particular de algunos sectores, para no aprobar los proyectos que he señalado, toda vez que su aprobación constituye un paso político potente en términos de democratizar nuestras instituciones?
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.

El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, nuestra bancada considera que el proyecto en discusión es positivo. Como señalé en el informe rendido hace algunos minutos, esta reforma constitucional introduce figuras jurídicas nuevas en el sistema institucional, como el mal llamado fideicomiso ciego, y la obligación de determinadas personas de transferir bienes en circunstancias excepcionales antes de asumir un cargo. Todas esas materias serán reguladas por una ley orgánica constitucional que comenzará a debatirse a partir de mañana.
Me referiré a tres puntos específicos abordados por los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
El proyecto de reforma constitucional suprime, en el inciso segundo del artículo 60, la expresión “contra el Fisco”. Eso significa que los parlamentarios que son abogados no pueden actuar como patrocinantes, procuradores, representantes o apoderados de cualquier persona que litigue en contra del fisco, lo que estimo razonable, pues se pueden producir conflictos de intereses. En el caso de los senadores, esta situación es mucho más determinante, pues en muchos casos deben actuar como jueces.
Con todo -he escuchado críticas sobre el particular-, debe hacerse lo propio con el inciso tercero del artículo 60. De lo contrario, los abogados no podrían tener ni siquiera una comunidad de techo con otro profesional del derecho porque, a través de la disposición vigente, se aplicaría la inhabilidad.
En consecuencia, concuerdo con esa modificación en los términos propuestos, esto es la supresión de las expresiones “contra el Fisco” y la supresión del inciso tercero del artículo 60.
En segundo lugar, deseo referirme al texto que sustituye el inciso cuarto del artículo 60, una de las pocas disposiciones que voté en contra porque no me parece adecuada.
El proyecto establece que “Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia ante las autoridades judiciales a favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes”.
Cuando la materia se debatió en la Comisión, muchos diputados expresaron que, dado que todos los días parlamentarios intervienen ante autoridades administrativas o en diferentes conflictos, incluso estudiantiles, lo mejor sería suprimir la norma. A mi juicio, si pese a la existencia de ella eso ocurre todos los días, cabe preguntarse qué sucedería en caso de su supresión. En mi opinión, sencillamente ese tipo de práctica sería más descarada y vergonzosa.
En consecuencia, soy de opinión de mantener la norma en sus términos vigentes en la actualidad.
Por último, deseo referirme a una materia que no viene en el proyecto, pero respecto de la cual el diputado Jorge Burgos anunció la reposición de una indicación del Ejecutivo, a fin de exigir que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva. 
Considero inconveniente una disposición de esa naturaleza, porque entiendo que quienes desempeñamos funciones como diputados o senadores lo hacemos con dedicación fundamental y casi exclusiva, no obstante lo cual a veces tenemos otro tipo de quehaceres y obligaciones. A mi juicio, de aprobarse una norma como la mencionada, podrían producirse situaciones tremendamente injustas. Resulta inconveniente establecer una norma tan rígida, a menos que, junto con ella, inmediatamente se cree la fórmula para su evasión e incumplimiento. En consecuencia, creo mucho más sano, correcto y transparente mantener la norma en los términos en que se encuentra hoy.
Todos los que estamos en este hemiciclo y en el Congreso Nacional como legisladores entendemos que lo hacemos como nuestra tarea principalísima, y a eso estamos dedicados.
He dicho.

El señor BUSTOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo el consenso alcanzado entre parlamentarios de Gobierno y de Oposición en relación con el proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política, analizado en forma amplia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. 
De paso, anuncio que soy menos optimista respecto de la parte relacionada con la calidad de la política. A mi juicio, existe un conjunto de normas que contribuyen a ello, pero la calidad de la política es un tema bastante más profundo.
También saludo el hecho de que, a partir de este proyecto de reforma constitucional y de las modificaciones legales que se impulsan por medio de iniciativas especiales, autoridad alguna podrá invocar el derecho a la privacidad en relación con la publicidad de las declaraciones de intereses y patrimonio. En ese sentido, considero muy importante imitar el ejemplo de esta Corporación, que desde hace mucho tiempo incorporó en su página web la declaración de intereses y patrimonio de los diputados. Asimismo, considero fundamental la renovación permanente de dichas declaraciones en la medida en que se accede a nuevos bienes o fuentes de ingreso, y su establecimiento como obligación para todas las autoridades del Estado es una cuestión esencial en materia de transparencia.
En segundo lugar, considero importante que la reforma constitucional establezca una normativa relacionada con las elecciones primarias. Todos estamos interesados en mejorar el contacto de las instituciones políticas con la ciudadanía y generar cuadros en que existan regulaciones en relación con la forma como se realiza la elección de los candidatos a presidente de la República, a parlamentarios y a concejales. Es decir, se trata de establecer una consulta a las bases partidarias, pero también a la ciudadanía. En ese sentido, considero relevante que la iniciativa fije un marco en forma previa a la tramitación de la legislación especial en la materia que, de acuerdo con el anuncio formulado por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pondrá el acento en la necesidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de selección política de quienes deseen postular al Congreso Nacional o a la Presidencia de la República.
También considero importante el establecimiento de un marco en torno al financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral, y de sanciones como la cesación en el cargo a quien viole la normativa. Aclaro que soy partidario de que el Estado entregue recursos a las campañas electorales y a los partidos, porque eso redundará en mejorar la transparencia de la política. Pero eso debe ir aparejado del respectivo control y de sanciones como la cesación en el cargo y el establecimiento de inhabilidades a quienes incumplan las respectivas disposiciones.
También considero importante elevar a rango constitucional la prohibición de que algún parlamentario promueva o vote asuntos de su directo y personal interés, sancionándolo con la inhabilidad para postular a cargos de elección popular por un período de cinco años. Se trata de un clamor de la población en materia de transparencia.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la mantención de una norma que prohíbe a los parlamentarios su vinculación con conflictos de carácter social. A mi juicio, eso es bastante engañoso. He recibido llamadas 
-probablemente, algo similar ocurre con los demás colegas- de dirigentes estudiantiles de Copiapó y de mi Región de Atacama, en torno al conflicto estudiantil y a la toma de colegios. En ese sentido, a mi juicio resulta legítimo que parlamentarios escuchen, atiendan, orienten y participen en la solución de conflictos de esa naturaleza, porque somos quienes legislamos, por ejemplo, en relación con la derogación de la Loce y la implementación de la futura ley general de Educación.
Por lo tanto, considero que se trata de una norma anticuada. Incluso más, no conozco precedente de parlamento alguno en que exista una norma que establezca ese tipo de rigidez.
Finalmente, me parece muy relevante la inclusión de la actuación como lobbista 
dentro de las inhabilidades parlamentarias. Se trata de una materia que será sancionada mediante una legislación especial, pero es muy importante su inclusión en el marco constitucional.
En síntesis, considero que estamos dando un paso adelante y que este proyecto de reforma constitucional es coincidente con una serie de iniciativas que se están presentando a tramitación legislativa, a fin de profundizar la transparencia y modernización del Estado.
He dicho. 

El señor BUSTOS (Presidente).- Cerrado el debate.
Ha llegado a su término el Orden del Día.

-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: 

El señor BUSTOS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.
Hago presente que para la aprobación de los números 1), 3) y 7) del artículo único se requiere el voto favorable de los dos tercios de los diputados en ejercicio, esto es 78 votos; y para la aprobación de los números 2), 4), 5) y 6), el voto afirmativo de los tres quintos de los señores diputados en ejercicio, es decir, 70 votos.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.

El señor BUSTOS (Presidente).- Aprobado en general.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor BUSTOS (Presidente).- El proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


SUPRESIÓN DE DOBLE COTIZACIÓN DE SALUD QUE AFECTA A JUBILADOS CON PENSIONES EXIGUAS.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 574, de los señores Bertolino, Martínez, Galilea, García, Urrutia, Ward y García-Huidobro; de la señora Herrera, doña Amelia; del señor Masferrer, y de la señora Cristi, doña María Angélica, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimine la doble cotización de salud que está afectando a aquellos jubilados que, por tener una exigua pensión, deben continuar trabajando, y que el único descuento por concepto de salud se efectúe de la pensión o remuneración más baja”.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bertolino.

El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo recoge una aspiración muy sentida de los jubilados. Muchos nos creamos una gran expectativa de que la medida se comunicaría al país en el discurso de la Presidenta del 21 de mayo pasado. Desgraciadamente, no ocurrió.
Por eso, este proyecto de acuerdo cobra mucha vigencia. Con él pretendemos que quienes reciben una pensión de jubilación, por haber entregado toda una vida de esfuerzo, en beneficio del país y también de sus familias, puedan gozar de la exención del 7 por ciento. Lamentablemente, el gobierno dio a conocer que, por el momento, no es partidario de eliminar ese gravamen que se les descuenta para salud y, ante esa negativa, un grupo de parlamentarios consideramos atendible solicitarle que, en el caso de jubilados con muy baja pensión, que se vean en la obligación de seguir trabajando, el descuento solamente se efectúe en una de sus pensiones, en la más baja, para que no deban tributar doblemente.
Obviamente, el ánimo de todos quienes suscribimos este proyecto es que ojalá se les diera una señal, a lo menos, en el sentido de crearse una escala de reducción, porque no es lógico ni justo, repito, que quienes entregaron una vida de trabajo y se les descontó para salud, hoy se les siga gravando con ese descuento.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra la señora Carolina Goic.

La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, quiero reafirmar lo que plantea el proyecto en su fondo.
Como lo señalaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, todos esperábamos la eliminación del descuento de 7 por ciento para salud como uno de los anuncios de la Presidenta. Sólo quiero recordar que, cuando discutimos la reforma previsional, una de las indicaciones, firmada por diputados de la bancada demócrata cristiana, proponía que para todas las pensiones básicas, aquellas que recibieran aporte solidario, lo lógico también es que la salud fuera efectivamente gratuita y que no tuvieran ese descuento del 7 por ciento.
Ésta es una materia sobre la cual podemos seguir trabajando y debemos hacerlo. Incluso, sobre el 2 por ciento destinado al pago de licencias médicas, que hoy se les descuenta a los jubilados. Hablamos respecto de gente que no debería seguir trabajando y que, sin embargo, parte de su cotización de salud está destinada al pago de licencias médicas.
Señor Presidente, apoyo esta iniciativa y reitero el compromiso de la bancada de la Democracia Cristiana para seguir trabajando por los jubilados del país.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.


INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DE PLAN HABITACIONAL PARA EX OBREROS DE LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- El señor prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 576, de los señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto, y de la señora Herrera, doña Amelia, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones se sirva informar acerca del destino del patrimonio que tenía por objeto financiar un Plan Habitacional de los ex Obreros de la Empresa Portuaria de Chile, establecido por el artículo 7º de la ley Nº 16.250, de 1965, modificado por la dictación del decreto ley Nº 2878, de 1979”.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a quien sostenga el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, tal como se señala en la fundamentación de este proyecto de acuerdo, en el año 1965, cuando existía la Empresa Portuaria de Chile, se promulgó la ley Nº 16.250, en virtud de la cual se estableció un fondo especial que el Tesorero General de la República debía poner a disposición del Director de la citada empresa, el cual estaba conformado por el 38,4% del total de las remuneraciones de las Plantas Administrativa y de la de Auxiliares de la misma empresa.
De este fondo, un 7,81% del mismo se destinaría a financiar un plan habitacional para los obreros portuarios, tanto para adquirir viviendas, o bien para servir créditos ya obtenidos por los beneficiarios con dicha finalidad.
Se reglamentó posteriormente la administración de este fondo, de manera que los obreros tuvieran participación en el mismo, pero posteriormente, en el año 1979, en virtud de la dictación del decreto ley Nº 2878, además de dejar a los beneficiarios sólo con una participación de asesoría en la administración de este fondo, se declararon íntegramente cumplidas todas las obligaciones que la Empresa Portuaria tenía con respecto a los planes habitacionales para los obreros.
Asimismo, y mediante un reglamento dictado en el año 1980, se dispuso que al Director de la Empresa Portuaria le correspondería administrar este patrimonio, debiendo dar cuenta escrita anual de su gestión, para que fuera examinado por auditores independientes y puesto en conocimiento del Ministerio de Transportes, sin perjuicio de que los beneficiarios podrían exigir cuentas parciales.
Desde esa época no se ha tenido noticia alguna sobre el destino de este fondo, ni se hizo mención del mismo en la ley Nº 19.542 que modernizó el sector portuario estatal.
Entonces, señor Presidente, es muy probable que estemos frente a una más de las múltiples irregularidades que se han ido descubriendo, a raíz de la modernización del sector portuario estatal, muchas de las cuales han sido incluso objeto de procesos penales, que aún se encuentran en tramitación.
Por esta razón, y dados los numerosos requerimientos que en tal sentido han formulado los beneficiarios de este plan habitacional, se hace necesario que se conozca fehacientemente el destino de este fondo, para establecer que no haya tenido otra aplicación, por lo cual se precisa que el ministro de Transportes nos informe en tal sentido, razón que me lleva a solicitar a los colegas la aprobación de este proyecto de acuerdo.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a quien lo impugne.
Ofrezco la palabra.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación. 
Insto a los señores diputados y a las señoras diputadas presentes en la Sala a manifestar su voto.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- No hay quórum nuevamente.
Se va a llamar a los señores diputados y a las señoras diputadas por cinco minutos.

-Transcurrido el tiempo reglamentario:

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. 
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.

-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/


VII. INCIDENTES

CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, en la prensa escrita de los últimos días se viene publicando profusamente un aviso 
-entregaré copia a la Mesa- mediante el cual un banco de la plaza promueve la apertura de cuentas corrientes. 
Hasta ahí nada debiera llamar la atención, por ser esa la forma como, en el mercado libre, las instituciones financieras captan a sus posibles clientes; sin embargo, el aviso de marras da cuenta, a la hora de justificar las eventuales ventajas del banco avisador, de un cuadro comparativo basado, según se señala en la misma publicación, en un estudio realizado a través de consultas en páginas web de cuatro bancos, considerando los siguientes conceptos: valores de planes banca personas; sobregiro no pactado; comisión por uso mensual de tarjetas de crédito; comisión por avance en efectivo de tarjeta de crédito; comisión por giro en cuotas de tarjetas de crédito; comisión por giro internacional de tarjetas de crédito y comisión por compras internacionales con tarjetas de crédito (porcentaje sobre el valor de compra). 
Los bancos comparados no son identificados por su nombre, sino por un número, de manera que el lector no tiene forma de saber cuál es el banco que cobra 400 por ciento más por comisión por giro internacional con tarjeta de crédito. 
Por eso, pido que se oficie al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que informe sobre la rigurosidad con que se construye la información contenida en el aviso de marras. En el evento de existir esa rigurosidad, para que señale la razón por la cual esa institución fiscalizadora no informa a los usuarios, de manera clara y profusa, con nombre y apellido, de los montos asociados a las comisiones por mantención de cuentas corrientes o por compras realizadas con tarjeta de crédito que aplican las entidades financieras, entre otros cobros. 
Los organismos estatales informan directamente o a través de obligar a los fiscalizados los montos involucrados en esas comisiones, lo que no ocurre con la banca. 
La transparencia de los cobros debiera constituir obligación; de lo contrario, seguiremos enterándonos de las grandes diferencias sólo a través de la competencia, pero de manera incompleta, pues no es posible identificar a los más caros o a los más baratos, elemento esencial para decidir la opción comercial.
Pido que copia de mi intervención se envíe al director del Servicio Nacional del Consumidor. 
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz y de quienes así lo están manifestando a la Mesa. 


DENOMINACIÓN DE SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS DE RAHUE DE LA COMUNA DE OSORNO COMO SUBCOMISARÍA “GENERAL DIRECTOR JOSÉ BERNALES RAMÍREZ”. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.- Señor Presidente, deseo transmitir el clamor ciudadano de mi zona, concretamente de la comuna de Osorno, para que la subcomisaría de Carabineros de Rahue lleve el nombre del General Director de Carabineros José Alejandro Bernales Ramírez, como homenaje a ese gran hombre fallecido en acto de servicio en la lejana Ciudad de Panamá; a ese gran general de Carabineros que impuso su sello, una verdadera doctrina de orden y seguridad, y que supo dar respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos que imponen las complejidades de la sociedad moderna. 
Pedimos que el nombre de esta unidad policial se mantenga en el tiempo, aunque sea elevada a la categoría de comisaría en caso de que Rahue llegue a ser comuna. Queremos que las nuevas generaciones conozcan su legado, que sepan de su vida institucional y de lo que aportó como general de Carabineros.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Defensa y a la subsecretaria de Carabineros para que transmitan al Alto Mando institucional ese gran anhelo ciudadano y se denomine a la Subcomisaría de Rahue como Subcomisaría “General Director de Carabineros José Alejandro Bernales Ramírez”, destacando con grandes letras en la placa conmemorativa que se coloque en el frontis del edificio que alberga a la unidad policial el nombre de este gran general, quien mucho hizo por su construcción y equipamiento y mucho dijo en su inauguración. 
Es de justicia honrar a ese gran hombre denominando con su nombre a una unidad policial. 
He dicho. 

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz y de quienes así lo están manifestando a la Mesa.


REITERACIÓN DE OFICIOS POR VIÁTICOS COBRADOS POR PREFECTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE AISÉN. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.- Señor Presidente, muchos chilenos creen que cuando los diputados pedimos información o hacemos denuncias serias en este hemiciclo somos escuchados y obtenemos respuestas sobre esas materias. Lamentablemente, el tiempo me ha demostrado que muchas de las preguntas que hemos formulado no tienen respuestas o que los antecedentes que hemos solicitado no nos llegan jamás.
Por lo tanto, deseo insistir en la denuncia que efectué en relación con el mal uso de viáticos fiscales, cuyo responsable es el señor prefecto de Investigaciones Pedro Antonio Rosseau Santini, de la Región de Aisén.
Entiendo que ya concurrió a Coihaique el prefecto inspector David Mesa Fuentes, jefe de la Brigada Antinarcóticos, quien entrevistó el jueves 22 de mayo por la tarde a los tres jefes de máquinas de los carros policiales y a los oficiales más antiguos que fueron parte de la comitiva, compuesta por nueve funcionarios en total, que el 13 de mayo de 2008 trasladó ayuda por aproximadamente 400 mil pesos a los damnificados de Chaitén y que cobró 500 mil pesos en viáticos.
Entiendo que entre los entrevistados se logró comprobar la efectividad de lo que ya denuncié el pasado 20 de mayo del presente en este hemiciclo; es decir, se reconoció que el prefecto de la Policía de Investigaciones de Aisén ordenó a sus funcionarios retornar a Coihaique ese mismo día 13 de mayo a las 19 horas aproximadamente, pero ordenó que en el libro de novedades que la salida se estableciera el 13 de mayo al amanecer y el regreso el 14 de mayo a las 14 horas. Con esa orden se permitió respaldar el cometido de servicio y cobrar ilegalmente el viático individual por ciento por ciento y por 40 por ciento.
El tema no es menor si consideramos que se trata nada menos que de un jefe policial de alto rango, próximo a recibir la medalla por sus treinta años de servicio de manos de nuestra propia Presidenta de la República de Chile, doctora Michelle Bachelet Jeria.
Insisto en los oficios al señor director general de Investigaciones don José Arturo Herrera Verdugo, al señor ministro del Interior y a la Presidenta de la República. De comprobarse la efectividad de la denuncia, exijo que no se baje el perfil a la falta de probidad y al delito por el mal uso de fondos fiscales, agravado en el contexto de la desgracia de los chaiteninos.
Por intermedio del señor Presidente, me dirijo al señor Herrera, director de Investigaciones, porque él debe demostrar que la Policía de Investigaciones de Chile no tolera en sus filas a funcionarios de alto rango que no corresponden a una imagen íntegra y transparente. De ser efectiva esta denuncia, el señor Rosseau Santini debe dar un paso al lado para terminar con esta situación que enloda a la institución y no esconderse tras ella.
Señor Presidente, termino diciendo que no cesaré en cumplir con mi rol fiscalizador, guste a quien guste, duela a quien duela.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se reiterará el envió de los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Fidel Espinoza.


INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN ACCIDENTE DEL RALLY DE VALDIVIA. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el domingo recién pasado, los valdivianos recibimos una desagradable noticia relacionada con el rally que se está efectuando en nuestra ciudad, ya que uno de esos vehículos produjo un accidente en el que resultaron siete personas heridas, particularmente dos de ellas, los señores Claudio Muñoz y Claudio Sepúlveda, quienes permanecían al menos hasta ayer en el hospital, donde los visité personalmente.
Como consecuencia de ese rally, que es un acontecimiento atractivo para Valdivia y para muchas otras ciudades, se congrega una gran cantidad de personas y de sus familias a observar el transcurso de esas actividades. No obstante, en una curva, precisamente por no estar dispuestas todas las medidas de seguridad, se produjo ese lamentable accidente que, reitero, dejo heridas a siete personas.
Es posible que ocurran accidentes en estos eventos, pero lo que resulta inaceptable son las declaraciones que hizo en la prensa local el conductor del vehículo que ocasionó el accidente, el señor Jordi Serón, quien señaló que el accidente se produjo por culpa del público.
Aún más inaudito resulta que este señor siguiera conduciendo luego del accidente y que sólo fuese detenido una vez concluida la carrera, ya que se estableció claramente la omisión de socorro para las víctimas.
Los rallies dentro de nuestro territorio deben realizarse considerando a las comunidades indígenas, locales y estableciendo medidas de seguridad para quienes van a presenciar estos eventos, en coordinación con Carabineros, con distintas instancias de Vialidad y con los municipios locales.
Por eso, debemos tomar las medidas necesarias, sobre todo porque el rally París-Dakar 2009 se va a realizar entre Chile y Argentina.
Por lo tanto, solicito oficiar a Carabineros de Chile, para que informe cuál es el procedimiento adoptado respecto de ese accidente. Asimismo, al Ministerio Público, con el fin de que indique los procedimientos que se encuentran en curso para establecer la responsabilidad de la administración y del piloto.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Fidel Espinoza.


NORMATIVA PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES. Oficios.

El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y al director regional de la Conadi, respecto de una denuncia que me ha hecho llegar la asociación comunal Kallfulikán, en la cual expresa que se ha visto enfrentada a las instalaciones de antenas de empresas telefónicas en comunidades mapuches desde 2008, específicamente en la comunidad Malahue Huane, perteneciente al Lof Malahue, de la comuna de Lanco. En muchos territorios se están instalando antenas que permiten la comunicación de esas localidades, pero afectan derechos ancestrales y a las comunidades. Muchas veces los comuneros se enteran del hecho prácticamente al ver la antena instalada. En consecuencia, se necesita una regulación sobre la materia.
La Presidenta de la República ha anunciado el envío de un proyecto que regulará la instalación de las antenas en radios urbanos; hemos presentado proyectos de ley sobre este asunto, pero creo importante establecer una regulación particular sobre la materia para las comunidades indígenas, especialmente la ubicada en los sectores rurales.
Además, solicito el envío de copia de esta intervención a la asociación Kallfulikán, de la comuna de Lanco.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Fidel Espinoza.


INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES DE RESPALDO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA CUNA EN PARGUA, COMUNA DE FRESIA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito oficiar a la Contraloría General de la República, con el objeto de que investigue una situación que ha llegado a conocimiento de este diputado a través de una gran cantidad de habitantes de la comuna de Fresia.
Tenemos entendido que la Junji -debo destacar que ha desarrollado una gran labor en nuestra región, a cargo de su director Cristián Figueroa- habría financiado la construcción de una sala cuna en la localidad de Pargua, que pertenece a la comuna de Fresia, supuestamente por mal uso de la información entregada por la municipalidad.
En consecuencia, pido que se oficie a la Contraloría General de la República, a fin de que investigue sobre qué base y antecedentes se financió dicho proyecto, qué requisitos exige la Junji para financiar obras de este tipo y si es efectivo que lleve más de un mes sin funcionar debido, paradojalmente, a que no hay lactantes en el sector, ni uno solo, lo cual es realmente irrisorio.
Según los antecedentes que hemos recogido, en dicha localidad no hay niños, no hay lactantes que le den vida y soporte al proyecto, lo cual ha provocado que el municipio pretenda modificarlo, entre gallos y media noche, con el propósito de dar sustentabilidad a una iniciativa en la que, supuestamente, se utilizaron antecedentes falsos, proporcionados por la municipalidad de Fresia a la Junji. En esta iniciativa se invirtieron 46 millones de pesos.
Por eso, pido que se haga una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que considero graves. Desde el punto de vista ético, atentan contra un programa fabuloso creado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cual es crear salas cuna en aquellos lugares en que sea necesario, a fin de dar oportunidades a las madres de lactantes.
De aprobarse la iniciativa, por parte del Gobierno, para cambiar el destino de esta obra, se estaría enviando al resto de los alcaldes el mensaje de que pueden pedir salas cuna y después modificar los proyectos originales con el propósito de desviar los recursos aportados por el Estado.
Además, pido que investigue qué documentos presentó la municipalidad de Fresia para respaldar una solicitud de recursos tan millonaria para realizar esta obra.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alberto Robles y Gabriel Ascencio.


DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE POZOS PROFUNDOS A COMUNIDADES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficio.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por otra parte, el Gobierno ha dispuesto una cantidad millonaria de recursos para construir pozos profundos en localidades rurales de nuestra región que fueron afectadas gravemente por la sequía.
Felicitamos y aplaudimos la iniciativa, por cuanto permitirá la construcción de pozos, sobre todo en las escuelas, para proveerlas de agua en momentos de emergencia, cuando falte el vital elemento.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad?
Así como hay alcaldes que tienen una excelente predisposición para hacer la conectividad hacia localidades vecinas que no cuentan con distribución de agua aprovechando las mismas inversiones -de 25 ó 30 millones de pesos que cuesta la construcción de un pozo profundo-, hay otros, como el de Río Negro, en la provincia de Osorno, que no quieren hacerlo. Es decir, quieren construir el pozo para que esté allí, pero para ser utilizado sólo en diez o quince años más, cuando haya sequía.
Sin embargo, lo que quieren comunidades como las de Salca, Buenaventura o Chifin, en Río Negro, es que, con el mismo pozo, financiado con recursos del Estado, se las nutra de agua, cuestión que nos parece obvia.
Por lo tanto, pido que se oficie a la subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Claudia Serrano, a fin de que aclare a los alcaldes que si bien los pozos tienen un destino de emergencia, cuando hay recursos del Estado, a través del Programa de Infraestructura Rural, PIR, u otros, deben permitir la distribución de agua de un mismo pozo hacia los vecinos que nunca la han tenido y que han debido acarrearla en baldes desde otros sectores, recorriendo kilómetros de distancia.
Nos parece increíble que haya alcaldes, como el de Río Negro, que tengan tales limitaciones -porque no tiene otro nombre-, e impidan este tipo iniciativas, cuando el resto de los ediles actúa en función de los intereses de su comunidad.
Por lo tanto, pido que la subsecretaria emita un pronunciamiento oficial al respecto y permita que desde esos pozos profundos, que, como dije, tienen un valor promedio de 25 millones de pesos, se distribuya agua hacia las comunidades vecinas, que la necesitan con tanta urgencia.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Alberto Robles y Gabriel Ascencio.


CONTRATACIÓN DE MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE HUASCO. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES.- Señor Presidente, desde el lunes en la mañana el hospital de Huasco ha paralizado sus funciones debido, en gran parte, a una movilización de sus funcionarios apoyada por la ciudadanía toda.
También la respaldo, pero no me parece que se tenga que adoptar este tipo de medidas para que la autoridad de Salud tome cartas en un asunto que es prioritario. Me parece inaceptable.
La comunidad de Huasco y los funcionarios del hospital paralizaron sus acciones, porque no cuentan con médicos para atender a la población.
De cuatro cargos que ha tenido permanentemente, hace algún tiempo la dirección del Servicio autorizó que dos de ellos se cambiaran de ubicación dentro de la región, pero no tomó la precaución de reemplazarlos en forma adecuada y rápida. Por eso, hoy hay un solo médico atendiendo a toda la población, pues hay una facultativa con licencia médica debido a embarazo, otro está con vacaciones y el cuarto cargo no ha sido llenado.
Para colmo de males al hospital de Huasco llegó una resolución de la directora del Servicio por el cual se entregaba la administración de todas sus funciones al director del hospital de Vallenar.
En verdad, no tiene sentido que un establecimiento hospitalario sea administrado por otro distante a 60 kilómetros. La administración de una institución de Salud debe hacerse ahí mismo, in situ, porque es la única forma de resolver los problemas que se suscitan a diario en los establecimientos de salud.
Por ello, la decisión de tales funcionarios me parece muy compleja, pues tuvieron que llegar a una movilización para que la autoridad modifique algunas de sus decisiones y solucione problemas que son evidentes para la población.
Ellos solicitan que se anule la resolución -que me parece absurdo- que traslada la administración del hospital de Huasco hacia el de Vallenar; que se complete la dotación de médicos y se tomen todas las medidas necesarias para que estos profesionales desarrollen su labor en la mejor forma posible.
Los funcionarios dicen que han planteado esta cuestión durante meses, pero no han tenido respuesta de la autoridad.
Por ejemplo, hace poco tiempo atrás, un directivo del hospital de Vallenar fue despedido debido a que informó que había problemas con la construcción de algunas áreas del nuevo hospital de Vallenar y que tenían que ser mejoradas. Como la información salió por la prensa, fue despedido de su cargo por el subdirector administrativo.
No es entendible que en democracia sucedan estas cosas. El diálogo es muy importante para que funcionen los hospitales y los servicios de Salud.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud, adjuntando copia de mi intervención, a fin de que tome cartas en el asunto, solucione a la brevedad el problema del hospital de Huasco y, desde ya, incorpore a los médicos necesarios para atender a la población de la comuna.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención a la presidenta de la Fenats del hospital de Huasco, al director del mismo, a la directora del servicio de Salud y al intendente de la región de Atacama. 
Finalmente, solidarizo con los funcionarios y con la población de Huasco. Estoy plenamente de acuerdo con su movilización y sus peticiones.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención a las autoridades que ha mencionado.


RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE INTENDENTE DE LA SEXTA REGIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES DE RÍO TINGUIRIRICA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, es por todos conocido lo ocurrido en el río Tinguiririca, comuna de San Fernando, hecho debido al cual me siento muy molesta, por cuanto, precisamente, en esta Sala, en muchas oportunidades, planteé el tema relacionado con las defensas fluviales, que no fueron construidas en el lugar que correspondía. Las que fueron hechas de una forma bastante simple, no sirvieron para nada.
Quiero ser muy responsable y solicitar que se complementen los oficios enviados por la Cámara, relacionados con las defensas fluviales y la instalación de una mesa de trabajo que tenía por finalidad determinar cuáles eran los puntos más relevantes que, a nuestro juicio, eran alrededor de 18, según lo planteado por los agricultores y los pobladores.
Se hizo un análisis del río Tinguiririca, del Zamorano y del Antivero, con los agricultores y los pobladores, para determinar cuáles eran los puntos donde tendrían que realizarse las defensas fluviales. No se hicieron donde correspondía y las que se construyeron, se hicieron en mala forma, porque el río se salió y dejó la “escoba”.
Señor Presidente, quiero hacer responsable en esta sala al intendente de la región de O’Higgins, Héctor Huenchullán, por las complicaciones ocurridas en el río Tinguiririca, en relación con los oficios que se enviaron en 2005, 2006 y 2007, cuyas respuestas fueron que tales defensas no se harían porque iba a ser un año seco. Quiero hacerlo responsable políticamente.
Además, quiero saber lo que ocurrió en el sector Lo Donoso de San Vicente; en el sector Los Huertos de San Fernando; y en el sector de Cunaco de Nancagua.
Solicito oficiar para que el intendente explique lo que ocurrió; por no construir las defensas fluviales en base a la mesa de diálogo que debería haberse realizado el año pasado.
Además, quiero saber cuáles son las inversiones que se hicieron en el río en los años 2005, 2006 y 2007 y en qué sectores.
Adicionalmente, quiero saber cuáles van a ser las futuras inversiones que se van a hacer en San Fernando, San Vicente y Nancagua.
Señor Presidente, está por comenzar el invierno, ¿qué va a ocurrir en junio, julio y agosto?
En Los Huertos, sector de más de 90 familias, la gente perdió todo. Ni siquiera había un lugar donde pudiera dormir ni tenía uniformes para mandar a los niños al colegio. Entonces, ¡no me vengan a decir que nadie es responsable de eso!
Uno tiene un rol de fiscalización y de apoyo, pero en esto se acabó. Aquí hay una irresponsabilidad institucionalizada y quien paga el pato son las familias más pobres. 
No estoy sólo realizando un discurso aquí. Lo dije allá en la zona y se lo dije en su cara al intendente; pero hoy quiero respuestas oficiales.
A mi petición quiero que se incorporen todos los oficios enviados en 2005, 2006 y 2007, porque el intendente dijo en un minuto que nadie le dijo nada. No sé si a él, que ha vivido toda su vida en esa región, hay que decirle las cosas o no es capaz de determinar los puntos críticos de un río que tiene complicaciones todos los años.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en los términos solicitados por su señoría, a las que se adjuntará su intervención.
Supongo que la explicación que usted está buscando apunta al señor ministro de Obras Públicas.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, lo que ocurre es que los oficios fueron enviados al intendente y al Ministerio de Obras Públicas, pero la única persona que conoce la historia de lo que ha ocurrido es la autoridad regional, porque el seremi, el director de Obras Públicas y los que sabían del tema, ya se fueron.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Señora diputada, sus oficios cuentan con la adhesión de los diputados Masferrer, Bauer, de las diputadas Rubilar y Valcarce, y de quien habla.


REPARACIÓN DE PUENTES COINCO, COYA Y CHACALLE DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Bauer.

El señor BAUER.- Señor Presidente, el mes pasado solicité que se oficiara al ministro de Obras Públicas, en el que expongo tres puntos, y sólo me contestó uno. Por lo tanto, quiero reiterar el envío del ordinario Nº 1.498 y de mi intervención.
Nosotros hablamos muchas cosas, pero parece que se las dijéramos al desierto.
Los temporales de la semana antepasada fueron muy duros en el distrito que represento. Llovió con mucha temperatura, lo que originó un fuerte volumen de agua que afectó a los ríos Tinguiririca, Cachapoal y Coya.
El primer puente que cayó fue el Coinco, que ha tenido una historia bastante tétrica, porque antiguamente, cuando era de madera, siempre fallaba en las crecidas. En la actualidad es de concreto; sin embargo, igual cayó.
Lo que es más lamentable es que falleció un vecino de Doñihue que diariamente pasaba por ese puente para ir a su trabajo y ese día no se dio cuenta de que no estaba y cayó al torrente. Su familia lo supo después, porque no llegó a su lugar de trabajo y al día siguiente apareció su cadáver.
Se instaló un puente mecano en el acceso sur y está mal puesto, porque quedó muy alto y cuando la gente sube a él no ve si viene un vehículo en contra, porque es de una sola vía, lo que ha generado muchos problemas.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que ordene revisar el puente mecano de Coínco.
Por otra parte, en Coya, pueblo cordillerano y orgullo de la Sexta Región, en 1985 -año muy lluvioso- el puente que une las dos partes de la comuna colapsó y se instaló un puente mecano, por supuesto, provisorio. Pero este año el torrente se lo llevó. Por lo tanto, en la actualidad Coya está dividida y, lo que es más grave, la gente que vive en el sector sur está transitando por una pasarela que es de 1930 y no se sabe cómo está su base. 
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que responda cuándo y cómo se va a solucionar ese problema.
El tercer puente afectado se llama Chacalle, en la cordillera, que se construyó porque ha dado un auge turístico muy importante a la región.
Todos los puentes que construye Vialidad son cortos, con muchos terraplenes, porque dicen que es para que cuando haya crecidas grandes hagan de fusible y no se rompan. Aquí se dio el caso y el acceso norte colapsó. Pero lo más grave es que no se ha hecho nada. Los niños van a la escuela de Coya y actualmente no pueden asistir. No ha habido ninguna respuesta de Vialidad de cuándo van a reponer ese acceso.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe lo que ocurrirá con los puentes Coínco, Coya y Chacalle.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


IRREGULARIDADES EN OFICINA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DE MUNICIPALIDAD DE ARICA. Oficio.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce.

La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, quiero oficiar a la Contraloría General de la República, porque entre octubre y noviembre de 2007 se presentaron irregularidades en la Oficina de Intermediación Laboral de la ilustre Municipalidad de Arica cuando estaba a cargo de ella la señorita Paola Maureira.
Se realizaron inscripciones de personas que postulaban a trabajos del Programa Pro Empleo sin que se presentaran personalmente en la oficina, como se indica. Se confeccionaban credenciales y certificados con sus respectivos folios, los cuales eran retirados por la encargada y no por los beneficiarios, como debería haber sido. A los usuarios que no cumplían con el requisito de antigüedad en la Bolsa Nacional de Empleo, se les adulteraban las fechas de inscripción en treinta días hacia atrás.
El encargado del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en Arica, señor Patricio Sanhueza, iba diariamente a la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Arica, por lo que se cree que él estaba en conocimiento de tal situación. 
La denuncia fue hecha en diciembre de 2007 a través del encargado posterior de la Omil y hasta la fecha no ha tenido respuesta de parte del señor Simón Henríquez Guiñez, Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Tarapacá, porque recién este año tendremos Sence en la nueva Región de Arica y Parinacota-.
En virtud de lo expuesto, pido que se oficie al Contralor General de la República para que se efectúe una revisión respecto de la denuncia que se hizo a través del encargado del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, señor Octavio Taquias; asimismo, de los formularios de las personas que fueron inscritas de manera irregular y que se verifique si dichas personas recibieron algún tipo de beneficio en virtud de esta inscripción en Pro Empleo.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Karla Rubilar.


REITERACIÓN OFICIOS DE FISCALIZACIÓN. Oficio.

La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, pido que se oficie al Contralor General de la República, a fin de que envíe respuesta a quince oficios que le fueron enviados para su conocimiento y revisión entre el 24 de abril de 2007 y el 28 de abril de 2008, respecto de los cuales hasta el momento no he recibido respuesta.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Karla Rubilar.


REVISIÓN DE CONTRATACIONES EN MUNICIPALIDAD DE ARICA. Oficio.

La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, pido que se oficie al Contralor General de la República para que certifique la validez de la contratación del señor Ceferino Fabre en la Municipalidad de Arica, el 2008. Él es dueño de la empresa Servicec e interpuso una demanda en contra del Municipio; asimismo, de la señora Crimilde Riveros, a quien se le terminó el contrato el 31 de diciembre. Aun cuando, posteriormente, inició acciones legales en contra de la Municipalidad, ha sido nuevamente contratada. Además, que se verifique el trabajo realizado por la señora Paola Maureira, quien está contratada en la Municipalidad de Arica desde el 19 de mayo de 2008 como coordinadora de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, Omil. No obstante, ayer, personas de planta y a contrata de esa misma oficina me señalaron que ella no ha estado presente desde el 19 de mayo hasta la fecha y lo más probable es que su pago salga el 31 de mayo, ya que su contrato es a honorarios.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la señora Karla Rubilar.


RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR DIPUTADA SEÑORA MARÍA ANTONIETA SAA SOBRE VECINOS DE COMUNA DE RENCA. Oficios.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.

La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, hace unos días, en un reportaje que salió por las pantallas de Televisión Nacional y de Chilevisión, se denominaba a Puente Alto como “Puente Asalto” y otras situaciones similares.
Esto originó una gran conmoción entre los habitantes de la comuna. Las autoridades salieron en su defensa, empezando por su alcalde, el señor Ossandón. El argumento fue que esto produciría la estigmatización de la comuna y un retroceso en los inmensos pasos que se habían dado. 
Eso fue dado a través de canales de televisión. No obstante, lo que me parece incomprensible es que autoridades irresponsables realicen acciones que estigmatizan a su gente. Esto sucedió hoy en la comuna de Renca. Un titular de la prensa de hoy decía: Saa acusa que Vicky Barahona tiene red de mujeres matonas. Sistema de matonaje protagonizado por pobladoras fornidas y secuaces; organización social que, incluso, ha ganado proyectos municipales; asimismo, denuncia también que hace unos años la habrían agredido. ¿Quieren saber qué año fue esa agresión? El 2004. Curiosamente, el anterior al año electoral.
No hay que tener dos dedos de frente para revisar la prensa y darse cuenta de que la diputada María Antonieta Saa normalmente realiza este show en los años electorales, con el único objeto de denostar la imagen alcaldicia con pequeños fines electorales.
Efectivamente, en la entrevista que se le hace reconoce que tiene una tremenda votación -la comuna es enorme y la alcaldesa dobla en votación a la diputada-; pero acusa a la gente de clientelismo. Hablemos las cosas como son. La gente de Renca, en especial las mujeres, son matonas, son secuaces, es decir, delincuentes, y se venden, o mejor dicho, la gente de Renca que vota por la alcaldesa, que tiene un 62 por ciento de los votos, o es tonta o se puede comprar.
¡No, señora Saa! Debo decirle, en esta Cámara, que la gente de Renca no es eso. Es gente de esfuerzo, trabajadora, que se levanta todos los días muy temprano; saca a sus hijos adelante y reconoce con su voto a las personas que trabajan por ella con dedicación y no a las personas como usted, que hacen salir a Renca sólo por malas noticias, no hacen nada por la comuna y contribuyen a denostar la imagen de cada una de sus vecinas y vecinos.
Por eso, para que de una vez por todas se sepa la verdad y porque los renquinos no están solos, los invito a manifestar su enorme molestia por la forma en que la diputada señora María Antonieta Saa los trata por cartas y mails, en la misma forma como se hizo con Puente Alto.
Por ello, pido que mi intervención se envíe a los presidentes de todas las organizaciones comunitarias de la comuna de Renca -cuyos datos haré llegar a la Mesa- para que sepan cómo la señora Saa abusa de su fuero para denostar y hablar mal de la gente que se supone debe representar.
He dicho.

El señor ULLOA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.


-Se levantó la sesión a las 14.27 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.


VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA


1.Oficio del Senado.