REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 106ª, en miércoles 16 de diciembre de 2015 (Ordinaria, de 10.37 a 13.56 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio. Presidencia accidental de la diputada señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra, y del diputado señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario accidental, el señor Smok Kazazian, don John. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- HOMENAJE VIII.- INCIDENTES IX.- ANEXO DE SESIÓN X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 12 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 15 REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9939-14 Y 10076-14) ............................................................. 15 ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DEL MÚSICO, CANTAUTOR Y DRAMATURGO VÍCTOR JARA MARTÍNEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9776‐24) [CONTINUACIÓN] ................................................................................................... 38 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN SITIOS ERIAZOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9988-14) .................................................................................... 44 OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CIERROS EXTERIORES TRANSPARENTES EN SITIOS ERIAZOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9989-14)..................... 48 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ................................................................. 51 RETIRO DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES INSTITUCIONALES DE CONDENADOS POR ACTOS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y MEDIDAS PARA NO REPETICIÓN DE DICHOS ACTOS.......................................................................................... 51 MODIFICACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE ........................................................... 55 VII.- HOMENAJE....................................................................................................................................... 58 HOMENAJE A ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN ..................................................... 58 VIII.- INCIDENTES ................................................................................................................................... 67 IX.- ANEXO DE SESIÓN .......................................................................................................................... 68 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 68 INSPECCIÓN DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN MEJILLONES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (OFICIO)........................................................................................................ 68 SOLICITUD DE ANTECEDENTES Y SOLUCIÓN DE IRREGULARIDADES EN MATERIA DE COTIZACIONES Y REMUNERACIONES DE PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE ESCUELA SANTA ANA DE LA LUZ, COMUNA DE LA FLORIDA (OFICIOS) ...................................................................................................... 68 INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN SECTOR DE CHENQUECO, COMUNA DE ALTO BIOBÍO (OFICIO) .................................................................................... 70 Pág. INVESTIGACIÓN POR PRECIOS DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES (OFICIOS) ............. 70 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DE EMPRESA ENCARGADA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE VILLA SAN LUIS, COMUNA DE LOS ÁNGELES (OFICIO) .................................................................................................................................... 71 INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE TENENCIA DE CARRETERAS EN LOS ÁNGELES (OFICIO) ........................................................................... 71 REMISIÓN DE PLANTEAMIENTO DE POBLADORES DE DIEGO DE ALMAGRO A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA (OFICIO) ........................................................................... 72 SOLICITUD DE CAMBIO DE LUMINARIA PÚBLICA EN POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO) ................................................... 72 INFORMACIÓN SOBRE OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN DE REGISTROS BIOMÉTRICOS POR EMPRESAS PRIVADAS (OFICIO) .......................................................... 73 X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA..................................................................................................... 75 1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10406-11) ............................ 75 2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10043-04) ......................................................................... 75 3.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9729-03) ........................................................................... 75 4.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9455-06) ........................................................................... 75 5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON IGNACIO; ÁLVAREZ-SALAMANCA, HASBÚN, KORT, SANDOVAL, TRISOTTI Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, NOGUEIRA Y SABAT, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE ESTABLECER INHABILIDADES PARA SER CANDIDATO A ALCALDE Y CONCEJAL”. (BOLETÍN N° 10445-06) ............................................ 75 6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NÚÑEZ, DON DANIEL; CARMONA Y GUTIÉRREZ, DON HUGO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, QUE “ESTABLECE NORMAS SOBRE TRANSMISIÓN DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONAL Y ACCESO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS ESTADIOS”. (BOLETÍN N° 10446-24) ............................ 75 XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Licencias médicas: Otorgada al diputado señor Morano por la cual se acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de doce días, a contar del 16 de diciembre de 2015. 2.- Notas: Del diputado señor Rivas, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 16 de diciembre, por actividades propias de la función parlamentaria. Del diputado señor Espejo, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión ordinaria del día martes 22 de diciembre de 2015 por actividades propias de la función parlamentaria. Del diputado señor Farías, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 17 de diciembre de 2015 por actividades propias de la función parlamentaria. Del diputado señor Arriagada, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión del día jueves 17 de diciembre de 2015 por actividades propias de la función parlamentaria. Del diputado señor Arriagada, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el día de hoy, 16 de diciembre, por actividades propias de la función parlamentaria. 3.- Oficios: De la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades administrativas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Pilowsky. De la Comisión Especial Investigadora de las condiciones generadas por el Estado a través de la política forestal expresada en el decreto ley N°701, como factores que favorecieron un escenario de colusión por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Nuñez, don Daniel. De la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos en lo que respecta a la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al diputado señor Castro. Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que el diputado señor Silber reemplazará al diputado señor León en la delegación que participará en el Foro Parlamentario Asia Pacífico, que se llevará a cabo entre los días 16 y 21 de enero de 2016, en Vancouver, Canadá. (417). Respuestas a Oficios Ministerio de Interior Diputado Sandoval, Solicita informar el estado de avance en los procesos de licitación y ejecución de las siguientes obras de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: hospitales de Cochrane y de Chile Chico, Centros de Salud Familiar de La Junta y de Melinka y Centro de alta resolución para la ciudad de Coyhaique (2376 al 14097). Ministerio de Relaciones Exteriores Proyecto de Resolución 432, Solicita a S.E. la Presidenta de la República establezca relaciones diplomáticas, a fin de negociar tratados bilaterales o multilaterales con países de la Región, con el objetivo de que nuestro país sea una oferta laboral atractiva y para facilitar la llegada de médicos especialistas extranjeros en Chile. (13750). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Diputado Robles, Posibilidad de reunirse con las olivicultores de la provincia de Huasco con el propósito de consensuar medidas y fiscalizaciones para detener los efectos que genera la contaminación por hierro emanado de la Compañía Minera del Pacífico y asegurar su producción, haciéndose cargo de las denuncias que plantean en la carta que se acompaña. (177 al 10823). Diputado Letelier, Acciones y avances obtenidos para superar la prohibición que impone la Unión Europea a la comercialización como alimento del alga durvillaea antártica, conocida comúnmente como “cochayuyo”. (2043 al 13012). Ministerio de Educación Diputado Silva, Informe a esta Cámara sobre el Comité de Ministros de la Discapacidad, sus normas de funcionamiento, fechas de reuniones desde 2014 con la nómina de asistentes, adjuntando sus respectivos informes finales y resultados de las distintas evaluaciones. (1563 al 9863). Diputado Robles, Disponga que en las comunas de la región de Tarapacá afectadas por aluviones, se mantengan los recursos entregados a los municipios en su calidad de sostenedores de establecimientos educacionales ya que, debido a los aluviones que afectaron a la región, muchos alumnos debieron cambiar su domicilio. (1577 al 10588). Ministerio de Justicia Diputado Trisotti, Disponer que el Ministro Visitador del Juzgado de Policía Local de Alto Hospicio, realice una investigación por eventuales problemas existentes en dicho Tribunal. (844 al 1344). Ministerio de Defensa Nacional Diputado Pilowsky, Contratos celebrados, durante 2015, con empresas involucradas en el caso del fraude al uso de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, su continuidad en el registro de contratistas, las modificaciones a su reglamentación y los plazos para proceder a su eliminación. (2808 al 13190). Diputado Rocafull, Reiterar el oficio N° 10.014, de esta Corporación, de fecha 8 de julio de 2015. (5552 al 13406). Ministerio de Trabajo y Previsión Social Diputado Espinosa don Marcos, Se sirva informar el estado de tramitación de la solicitud efectuada por el señor Roberto Ricardo Vega Reveco, de deuda por cambio de sistema previsional, dando cuenta de la respuesta definitiva a dicha petición. (37624 al 13242). Diputado Jaramillo, Se sirva remitir la póliza de inscripción en el Ex Servicio de Seguro Social, las cartolas de carga, las estampillas microfilmadas y la cartola histórica de cotizaciones previsionales de las personas individualizadas en el documento adjunto. (57328 al 13408). Ministerio de Salud Diputado Sandoval, Informar sobre las interrogantes que plantea respecto al plan de inversiones en materia de infraestructura de salud en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2377 al 14227). Diputado Monckeberg don Nicolas, Informe a esta Cámara sobre todas las licitaciones que este servicio ha declarado desiertas desde enero de 2014, especificando su objeto, las ofertas y causas de la declaración. Asimismo, indique todas las compras directas superiores a 10 millones de pesos efectuadas desde enero de 2014, individualizando al proveedor, los montos, fechas y productos de cada operación. (2497 al 13593). Diputado Monsalve, Evaluar la posibilidad de realizar una colonoscopía de manera particular a la señora Sonia Marcelina Díaz Navarro de la comuna de Cañete, a través de algún convenio que mantenga su institución, informando a esta Cámara su resultado. (3818 al 12714). Diputado Monsalve, Se sirva disponer, a la brevedad posible, de una hora de atención médica oftalmológica para la señora Ana del Carmen Gutiérrez Aguilera, informando a esta Corporación las medidas adoptadas en la materia. (3821 al 13375). Diputado Monsalve, Se sirva disponer, a la brevedad posible, de una hora de atención para la realización de los exámenes médicos que requiere el señor Juan Antonio Benítez Almeida, informando a esta Corporación las medidas adoptadas en la materia. (3822 al 13374). Diputado Sandoval, Solicita informar el estado de avance en los procesos de licitación y ejecución de las siguientes obras de la Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo: hospitales de Cochrane y de Chile Chico, Centros de Salud Familiar de La Junta y de Melinka y Centro de alta resolución para la ciudad de Coyhaique. (3824 al 14096). Diputada Molina doña Andrea, Se sirva informar sobre los motivos que justifican la exclusión de la patología “Creutzfeldt Jakob” en las enfermedades consideradas de alto costo por la ley N° 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. (3827 al 13528). Diputado Monsalve, Informar, al tenor de la solicitud que se acompaña, sobre la situación de la señora Valeria Cristina Ramírez Miranda, respecto a la posibilidad de investigar el procedimiento de esterilización quirúrgica a la cual fue sometida en el Hospital Doctor Rafael Avaria, de la comuna de Curanilahue, ya que a pesar de esta intervención, posteriormente fue informada de que se encontraba con estado de embarazo, y se le negó la posibilidad de que le realizaran los exámenes que lo comprobaran. (3829 al 11138). Diputada Cariola doña Karol, Informar sobre la situación en que se encuentra el área de matronas y matrones del Hospital de Lebu, especialmente respecto a la implementación de una redistribución del personal técnico (Técnicos de Enfermería TENS) en el Servicio de Maternidad del hospital. (3831 al 13120). Diputado Melo, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el estudio de factibilidad de condición experimental, que este ministerio habría realizado en el Hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón. (3832 al 9149). Diputada Rubilar doña Karla, Se sirva disponer las medidas que permitan superar el déficit de ambulancias que afecta a la unidad de emergencias del Hospital de Talca, en los términos que señala en la intervención cuya copia se acompaña, informando a esta Cámara sus resultados. (3833 al 13261). Diputada Rubilar doña Karla, Se sirva disponer las medidas que permitan superar el déficit de ambulancias que afecta a la unidad de emergencias del Hospital de Talca, en los términos que señala en la intervención cuya copia se acompaña, informando a esta Cámara sus resultados. (3833 al 13264). Diputado García don René Manuel, Informar sobre las medidas protocolares, administrativas y financieras adoptadas para controlar el brote de influenza de la cepa “A” y la cantidad de antivirales, vacunas y test con que cuenta cada centro hospitalario de la Región de la Araucanía. (3854 al 12992). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la apelación presentada por la señora Edila de las Mercedes Pérez Silva de la comuna de San Vicente, ante el rechazo de sus licencias médicas. (4189 al 8547). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la apelación presentada por el señor Bruno Verdugo Cavieres de la comuna de Chimbarongo, por el rechazo de cinco licencias médicas. (4190 al 8548). Ministerio de Minería Diputada Hernando doña Marcela, Solicita dar cumplimiento al compromiso que contrajo el Ministerio de Minería con la comuna de Taltal, en orden a trasladar la planta de la Empresa Nacional de Minería que se ubica en el centro de esa ciudad y constituye una fuente de contaminación ambiental, informando las medidas que se adopten para lograr l objetivo señalado. (868 al 12549). Ministerio de Vivienda Y Urbanismo Diputada Girardi doña Cristina, Realizar las gestiones necesarias para un óptimo cruce de los peatones, particularmente adultos mayores, discapacitados y coches de bebés, en el cruce peatonal de Carrascal y Costanera Sur, que comprende las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, informando a esta Cámara sus resultados. (14204 al 13231). Diputado Farcas, Proyectos de construcción de colectores de aguas lluvias, en ejecución o por ejecutarse, en las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca. (14205 al 13450). Diputado Farcas, Informe a esta Cámara, en forma detallada, sobre los comités de allegados beneficiados con viviendas en los últimos años, en las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca y acerca de los planes de pavimentación de calles y veredas en la misma zona. (14206 al 13448). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diputado Teillier, Informar sobre el trabajo realizado por el Comité de Ministros y la Comisión Científico Técnica para el Desarrollo Espacial, respecto a la actualización de las necesidades geosatelitales del país y discusiones para una institucionalidad espacial definitiva, remitiendo la documentación respectiva. (9104 al 14098). Diputado Farcas, Se sirva informar la factibilidad de extender el recorrido de la locomoción colectiva “B3” de la comuna de Renca (9110 al 11439). Diputado Farcas, Se sirva informar la factibilidad de extender los recorridos de las líneas B03 y B20, en la comuna de Renca, para que hagan ingreso por calle Errázuriz hasta José Miguel Infante, indicando las medidas que se dispongan en este orden. (9110 al 14159). Diputado Fuentes, Informar sobre el subsidio terrestre para estudiantes de la provincia de Capitán Prat, indicando el número e individualización de los beneficiarios, el monto de este, los requisitos para su adjudicación, forma de entrega y fiscalización del uso del mismo. (998 al 14114). Ministerio de Desarrollo Social Diputado Santana, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la capacitación y formación de líderes al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (958 al 9526). Empresas del Estado Diputado Robles, Informe acerca del tratamiento que se ha dado a las distintas denuncias de incumplimiento del contrato suscrito entre la empresa Soquimich Comercial S.A. y la Corporación de fomento de la producción (Corfo) para la explotación de litio en el salar de Atacama y las actuaciones de este organismo durante los últimos cinco años para garantizar el cumplimiento del señalado contrato. (14747 al 9971). Intendencias Diputado Berger, Se sirva verificar el estado de construcción de los inmuebles pertenecientes al comité de mejoramiento de viviendas “Cayumapu”, de Villa Rocura, en Las Ánimas, comuna de Valdivia e informe las medidas que se adoptarán ante eventuales fallas de construcción. (3267 al 14068). Servicios: Diputado Arriagada, Medidas paliativas que adoptará esa superintendencia, para proteger los fondos de pensiones frente a las fluctuaciones del mercado financiero en el que se encuentran invertidos. (28937 al 13288). Varios: Diputado Rincón, Se sirva informar, en relación con el contrato suscrito entre la junta de vecinos de Caimanes, de la Región de Coquimbo, y la oficina de abogados “Ossa y Cía” sobre el plan de seguridad y devolución de aguas, las condiciones de contratación, la experiencia comprometida, el rol de la junta de vecinos y de los abogados que originalmente se oponían a la explotación minera del sector. (001 al 14245). Diputada Núñez doña Paulina, Informar la cantidad de denuncias recibidas durante los últimos cuatro años relativas a ilícitos cometidos en el Cementerio General de Antofagasta desglosadas por delito y las medidas que se han tomado para prevenirlos. (1418 al 14103). Diputado Silber, Se sirva informar las medidas que se han adoptado para proteger los intereses de los cotizantes en las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con las denuncias de colusión que recaen sobre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S.A., y se dé respuesta a los demás requerimientos señalados en el documento adjunto. (28938 al 14208). Municipalidades Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1002 al 13735). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1020 al 13936). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1068 al 13727). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1459 al 13733). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1669 al 13644). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (168 al 13774). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1701-1951 al 13896). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (1745 al 13792). Diputada Vallejo doña Camila, Se sirva informar los motivos que impiden habilitar el tránsito en ambos sentidos en el último tramo de la calle Consistorial, dando cuenta a esta Corporación de las medidas que se tomarán en la materia. (254 al 13161). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (276 al 13923). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (325 al 13847). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (35 al 13721). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (525 al 13645). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (655 al 13724). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (675 al 13947). Diputado Fuenzalida, Reitera el oficio N° 4.432, de esta Corporación, de fecha 12 de septiembre de 2014. (870 al 14170). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (914 al 13836). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (915 al 13893). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (930 al 13897). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (950 al 13768). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga; el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido, y el ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz. -No estuvieron presentes por encontrarse con licencia médica: La diputada señora Cristina Girardi Lavín, y los diputados señores Pedro Browne Urrejola, Celso Morales Muñoz y Juan Enrique Morano Cornejo.- * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.37 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 97ª se declara aprobada. El acta de la sesión 98ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES DESTINADAS A MICROEMPRESAS O EQUIPAMIENTO SOCIAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIOAL. BOLETINES NOS 9939‐14 Y 10076‐14, REFUNDIDOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social. Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Fidel Espinoza. Antecedentes: -Proyecto del Senado, sesión 98ª de la presente legislatura, en 19 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7. -Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 104ª de la presente legislatura, en 15 de diciembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En reemplazo del diputado Fidel Espinoza, rinde el informe el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley en estudio, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, originado en mociones refundidas, la primera, de los honorables senadores señores José García, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón y Víctor Pérez (boletín N° 9939-14), y la segunda, del honorable senador señor Eugenio Tuma (boletín N° 10076-14). El proyecto consiste en establecer procedimientos especiales para regularizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, contando con este, no han obtenido su recepción definitiva. La comisión contó con la asistencia de la señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, y de los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señora Jeannette Tapia y señor Enrique Rajevic. Discusión general y particular La ministra Paulina Saball hizo presente que el propósito del proyecto es reconocer una situación de hecho que afecta a numerosas edificaciones construidas sin el correspondiente permiso y/o recepción, y posibilitar su regularización, garantizando la estabilidad, habitabilidad y seguridad de las edificaciones. En este caso, se trata de regularizar construcciones completas y no solo sus ampliaciones, como se ha hecho en otras oportunidades, como en la denominada “ley del mono”. El proyecto consta de cuatro títulos. El primero de ellos se refiere a la regularización de viviendas; el segundo, a la de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social; el tercero, a la de viviendas financiadas con subsidio y destinadas a los damnificados del 27-F (las llamadas “viviendas tipo”), y el cuarto contiene disposiciones generales. En el primer caso, las viviendas que se desee regularizar deben cumplir con los siguientes requisitos: -Haber sido construidas antes de la publicación de la ley en proyecto; -No estar emplazadas en áreas de riesgo, de protección, declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público; -No tener reclamaciones por incumplimiento de normas urbanísticas; -Cumplir con las normas mínimas de habitabilidad, de seguridad y de estabilidad que se establecen en el mismo proyecto según los casos (más exigentes para viviendas de más de 90 y hasta 140 metros cuadrados construidos), y con las aplicables a las instalaciones interiores que correspondan (agua, luz, etcétera); -Solicitar la regularización dentro del plazo de tres años contado desde la fecha de publicación de la ley, y -Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento, tratándose de viviendas de hasta 90 metros cuadrados, o de hasta 2.000 unidades de fomento, si la superficie construida excede esa cantidad y no sobrepasa los 140 metros cuadrados, distinción que obedece fundamentalmente a las distintas situaciones socioeconómicas de las familias. Para efectos del pago de derechos municipales, se vuelve a distinguir en función del tamaño de las viviendas. Así, las de hasta 90 metros cuadrados, cuyo avalúo fiscal no supere las 400 unidades de fomento, pagarán el 25 por ciento de esos derechos, mientras que las que excedan las 400 unidades de fomento de avalúo fiscal pagarán el 50 por ciento de ellos, salvo si sus propietarios son adultos mayores de 60 años o más, o personas con discapacidad, pues todos ellos estarán exentos de pago. En tanto, las viviendas de hasta 140 metros cuadrados pagarán la totalidad de los derechos municipales, que equivalen al 1,5 por ciento del valor del respectivo proyecto, porque se entiende que lo que sus propietarios requieren son facilidades para efectuar el trámite de regularización y no un subsidio al pago de los derechos municipales correspondientes. Intervinieron en el debate los diputados señores Tuma, Sandoval, Fidel Espinoza, la señora Alejandra Sepúlveda y quien habla, quienes pidieron aclarar cuáles serán las normas urbanísticas aplicables a la regularización de viviendas en este caso y su diferencia con las “leyes del mono” anteriores y cómo se asegurará su cumplimiento. Asimismo, solicitaron conocer detalles sobre la regularización de viviendas rurales, especialmente en lo que atañe a la exigencia de contar con conexión a redes de agua potable, ya que muchas de ellas se proveen de este elemento mediante pozos individuales. La ministra de Vivienda y Urbanismo señaló que las normas urbanísticas aplicables a este nuevo proceso de regularización de construcciones son las establecidas en el artículo 1° del proyecto, que son mucho más flexibles que las exigibles por aplicación de las reglas generales. En cuanto a la forma de asegurar su cumplimiento, hizo notar que el Título IV de la ley en proyecto contempla la posibilidad de destinar recursos públicos asociados al Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios a familias que necesiten adecuar sus viviendas para cumplir con los requisitos que les permitan regularizarlas. Por otra parte, en los artículos 2° y 6° (este último para el caso de las edificaciones destinadas a microempresas y equipamiento social), se establece que un arquitecto u otro profesional competente, según las definiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será el responsable de suscribir las especificaciones técnicas, croquis de emplazamiento y demás documentos que se mencionan en la letra b) de los referidos preceptos, así como de certificar el cumplimiento de los requisitos que enumera la letra c) de ambas disposiciones. Respecto de las anteriores “leyes del mono”, recordó que ellas tenían por objeto regularizar la ampliación no autorizada de viviendas, y no viviendas completas, como ahora, pero se relacionan con el proyecto en análisis porque las exigencias de estabilidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones que ahora se establecen son las mismas que se impusieron antes, rebajándolas al mínimo indispensable para no poner en riesgo a sus habitantes. En cuanto a las viviendas rurales, señaló que ellas deberán cumplir las mismas normas urbanísticas mínimas que establece el proyecto para las emplazadas en zonas urbanas, pero no se innova en cuanto a las normas sanitarias exigibles, pues unas y otras deben observar aquellas relativas a las instalaciones interiores que corresponda. Esto quiere decir que las viviendas rurales están abiertas a toda la gama de soluciones posibles, según la normativa vigente, en materia de agua potable y evacuación de aguas servidas. La ministra de Vivienda y Urbanismo se refirió al contenido del Título II del proyecto. Destacó que los requisitos que deben cumplir las edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y a equipamiento social son los mismos que los establecidos para las viviendas a que se refiere el Título I, salvo en lo relativo a su tamaño (superficie no superior a 250 metros cuadrados para las microempresas y hasta 400 metros cuadrados para equipamiento social), sin consideración del avalúo fiscal. El diputado señor Fidel Espinoza consultó por la regularización de aquellas edificaciones emplazadas en terrenos ajenos entregados en comodato por largo tiempo. La ministra de Vivienda y Urbanismo acotó que el proyecto no innova en cuanto a la regularización de la propiedad raíz, pero en cualquier caso las edificaciones podrán ser regularizadas a solicitud del dueño del terreno. Continuando con su exposición, señaló que el Título III del proyecto se refiere a una situación muy específica, que tiene que ver con las casas construidas en el marco del proceso de reconstrucción de aquellas viviendas que resultaron dañadas por el terremoto del 27-F. Estas deben corresponder a proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por los Serviu o el Minvu; cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), conforme a las cuales se aprobó el permiso (viviendas tipo); estar emplazadas en las zonas de catástrofe a que se refiere el decreto supremo Nº 150, de 2010, del Ministerio del Interior, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados. Por último, el Título IV se refiere a las funciones de las direcciones de obras municipales y a la responsabilidad de los profesionales en los términos ya descritos. Añadió que tratándose de copropiedades se deberá acompañar el acuerdo de la respectiva asamblea para efectuar el trámite de regularización; que el Minvu podrá otorgar subsidios e invertir recursos para hacer posibles las regularizaciones -exigencia de la Contraloría General de la República para tomar razón del decreto que modifica el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios-, y que la División de Desarrollo Urbano (DDU) podrá capacitar e impartir instrucciones para la aplicación de la ley, exigencia del Senado de educar a los usuarios para prevenir la irregularidad. El proyecto fue aprobado en general por siete votos a favor y una abstención. Puesto en votación en particular, el proyecto fue aprobado por las diputadas señoras Cariola, doña Karol, y Carvajal, doña Loreto, y por los diputados señores Espinoza, don Fidel; García, don René Manuel; León, don Roberto; Sandoval, don David, y Tuma, don Joaquín. Se abstuvieron la diputada Sepúlveda, doña Alejandra, y el diputado Pilowsky, don Jaime. Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda la aprobación del texto del proyecto de ley que figura en el informe que cada uno de los diputados tiene en su poder. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, no pertenezco a la Comisión de Vivienda, pero me parece muy bien que el diputado informante haya sido mi colega de bancada señor René Manuel García. Uno de los grandes problemas que tiene la Región de La Araucanía es el alto nivel de vulnerabilidad y pobreza. Su gente, con esfuerzo, ha podido mejorar sus viviendas, tanto en el sector urbano como en el rural. El proyecto viene a entregar una solución a ese tipo de problemas. Por lo tanto, manifiesto desde ya que lo votaré favorablemente, a fin de que se pueda convertir en ley y beneficie a mucha gente, particularmente de la Región de La Araucanía, zona vulnerable, caracterizada por su pobreza, bajo crecimiento y, actualmente, por sus niveles de cesantía. Este tipo de iniciativas, que vienen a mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, son las que van en el sentido correcto y las que quisiéramos permanentemente respaldar en el Congreso Nacional, porque benefician sin distinción ni discriminación a todas las personas. Antes de terminar, quiero saludar a la ministra, quien se encuentra presente en la Sala. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero saludar a la ministra de Vivienda, señora Paulina Saball, y felicitarla por su activa participación en la solución de problemas importantes y básicos de la ciudadanía, en especial de los más vulnerables. Luego de aprobar dos “leyes del mono”, hoy aprobaremos una solución para aquellas viviendas sociales que se construyeron entre 1965 y 1973, época en la que se fomentó la denominada autoconstrucción individual, lo que dio lugar a la edificación de viviendas que no cuentan con permisos ni recepción de las respectivas municipalidades. Lo anterior ha provocado que queden al margen de toda legislación, manteniéndose, hasta la fecha, en una condición postergada. Esos inmuebles han perdido valor económico por estar en la situación descrita, y muchas veces constituyen el patrimonio total de la familia, tras una vida de esfuerzo. La imposibilidad de regularizar la vivienda en que habitan profundiza las condiciones de vulnerabilidad social de las familias, porque ven disminuido su patrimonio y, a la vez, cuentan con menos oportunidades para elevar su nivel de vida a partir de la libre disposición o mejoramiento de su bien raíz. Es posible apreciar que se encuentran en esta situación emprendimientos de menor tamaño, microempresas y pequeñas empresas que se emplazan en o junto a las viviendas mencionadas, al igual que diversas infraestructuras destinadas al uso comunitario, como sedes sociales. Luego de fusionar ambos proyectos de ley, el 28 de agosto de 2015 el Ejecutivo presentó una indicación que sustituyó los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas. Los requisitos para la regularización de viviendas son: -Haber sido edificadas antes de la publicación de la ley; -No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público; -Tener un avalúo fiscal inferior a 1.000 unidades de fomento; -Que su superficie no sea superior a 100 metros cuadrados construidos; -No tener reclamaciones por incumplimiento de la normativa urbanística; -Cumplir con las disposiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad que se expresan, y -Presentar la solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley. En este procedimiento de regularización los propietarios deberán entregar su petición acompañada de una declaración simple que los identifique como tales y en que atestigüen que no hay reclamaciones en contra a causa del bien raíz. Las especificaciones técnicas resumidas son las siguientes: -Un plano firmado por un arquitecto; -Un informe de un profesional que certifique el cumplimiento de las normas ya mencionadas; -La Dirección de Obras Municipales, dentro del plazo de 90 días, verificará exclusivamente que la vivienda no esté situada en zonas antes consignadas y que se ha presentado la documentación exigida. Como se aprecia, el procedimiento es bastante simple. La finalidad es que todas las personas puedan regularizar su situación. En cuanto a los derechos municipales, se consideraron rebajas por tramos. Las viviendas cuyo avalúo fiscal sea de hasta 400 UF pagarán 25 por ciento de los derechos municipales; las viviendas que superen dicha suma, 50 por ciento. Además, se incorpora un factor novedoso: los adultos mayores cuya edad supere los 60 años y las personas con discapacidad estarán exentos del pago de derechos municipales. Los mismos requisitos exigidos para regularizar viviendas se aplican a la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social. Sin embargo, en cuanto a la superficie, se exige que la microempresa no supere los 250 metros cuadrados, superficie suficiente para que funcione una microempresa que no ha regularizado su situación. El límite será de 400 metros cuadrados en el caso de equipamiento social. Tenemos muchas sedes sociales que no cuentan con recepción municipal regularizada. Hasta hoy, viviendas, sedes sociales y microempresas no pueden acceder a muchos de los beneficios a que se puede postular a través de distintas entidades fiscales. En el caso de las microempresas y el equipamiento social, el procedimiento es muy similar al que acabo de explicar, con la diferencia de que, en este caso, el director de Obras Municipales contará con 180 días para otorgar el certificado, si fuere procedente. En estas situaciones no se harán rebajas en el pago de derechos municipales, pero la municipalidad deberá otorgar la patente correspondiente que permita a la empresa seguir operando. Esto es muy importante, porque la microempresa familiar muchas veces no puede obtener patente ni tampoco resoluciones sanitarias cuando no tiene regularizada la situación ya descrita. En el caso de la regularización de viviendas financiadas con subsidios otorgados para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010, este proyecto de ley también incluye una solución. Primero, debe tratarse de proyectos de viviendas unifamiliares aprobados por el Serviu o el Minvu. Segundo, deben cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, conforme a las cuales se aprobó el permiso. Por último, deben estar emplazadas en zonas de catástrofe, de acuerdo al decreto supremo N° 150 del Ministerio del Interior, de marzo de 2010, y haber sido destinadas a una persona inscrita en el registro de damnificados. Por todo lo anterior, me parece de suma importancia que votemos a favor el proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente, este es un gran proyecto. Lo voté a favor en la comisión, pero quiero dejar constancia, para los efectos del acta, que en esta ocasión no podré votar, porque le otorgué pareo al colega Celso Morales, que se encuentra delicado de salud. Espero que tenga una pronta recuperación. Con todo, no por eso voy a dejar de hablar a favor del proyecto. Este proyecto representa un avance en la solución de una actividad que ocurre en distintas partes de nuestro país. Me refiero a la autoconstrucción o a la construcción “en la medida de lo que yo puedo”. Vemos que se han ido construyendo distintas villas, pero cuando llega el minuto de postular a beneficios nos damos cuenta de que no están regularizadas. Por eso esta iniciativa, presentada por distintos parlamentarios -el Ejecutivo presentó indicaciones-, sin duda va en la línea correcta. Otros señores parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra han destacado la importancia que esto tiene para La Araucanía. Sin embargo, en mi condición de presidente de la Comisión de Vivienda, me he dado cuenta de que la iniciativa será de utilidad también en otras zonas del país. Por ejemplo, el diputado Juan Morano me ha hablado varias veces sobre la importancia de la misma para Magallanes. Hay zonas históricas de Punta Arenas, como la población Dieciocho de Septiembre, el barrio Prat Sur y la Villa Croata, que acarrean los problemas descritos en la iniciativa y que deben avanzar en solucionarlos. Para eso es vital que rápidamente el proyecto se transforme en ley. Me llamó la atención y me gustó la condición que establece el proyecto, cual es que debe tratarse de viviendas que no se ubiquen en zonas de riesgo de desastres. Si bien es cierto que la prevención de riesgos de desastres empieza a manifestarse con mayor claridad desde el terremoto del 2010, es un criterio que siempre deberíamos mantener. En Chile deberían existir normas para que, antes de autorizar la construcción de viviendas, escuelas, policlínicas u hospitales, se emita un informe que certifique que el emplazamiento elegido está exento del riesgo de desastres, con las excepciones que sean del caso. Los beneficiarios de la solución consignada en el proyecto deberán presentar su solicitud dentro de los tres años contados desde que entre en vigencia la ley en proyecto. Esperamos que el cuerpo normativo avance en la línea de ir favoreciendo a las distintas familias que, a lo largo y ancho de Chile, recurrieron a la autoconstrucción y aún no tienen sus viviendas regularizadas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a la ministra Paulina Saball, quien nos acompaña en la Sala. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho para llegar a este punto. Me correspondió participar en la discusión de este proyecto en la Comisión de Vivienda. En diversas audiencias planteamos a la ministra la realidad que vive mucha gente a lo largo del país, en particular de la Región de Aysén, donde la autoconstrucción fue la solución para que muchas personas pudieran tener sus viviendas. Si muchos de quienes viven en sectores rurales, fronterizos y aislados no hubieran resuelto sus problemas de habitabilidad aplicando esa modalidad de construcción, todavía estarían viviendo bajo taperas, como se dice en la zona. Recuerdo una serie de reportajes que se emitieron sobre los famosos “pueblos de plástico”, entre ellos Puerto Gala, Isla Toto o Puerto Gaviota. Mucha gente llegó a esas localidades motivada por el uso de los recursos marítimos, pero se instaló en condiciones de mucha precariedad y marginalidad habitacional. Este es un problema que, en nuestro caso, afecta prácticamente a casi toda la región; a comunidades como Guaitecas, Melinka, Repollal, Islas Huichas, Puerto Aysén, Tortel y Cochrane. Creo que no hay comuna en la Región de Aysén en la que sus pobladores no hayan tenido que construir su solución habitacional, porque si esperaban al Estado, obviamente se les iba a generar una situación de absoluta precariedad en su calidad de vida. También hay que agregar que esas personas construyeron sus casas sin ningún aporte del Estado; ni siquiera pidieron un clavo para ello. Las construyeron, las arreglaron y a lo largo de los años las ampliaron en función de sus posibilidades. Por eso, me parece absolutamente válido, legítimo y razonable que el Estado les retribuya ese esfuerzo con un mecanismo que les permita regularizar sus viviendas. Este proyecto permitirá que todas las familias que viven en autoconstrucciones, a lo mejor con dificultades de diversa naturaleza, ya que, por su antigüedad, muchas de ellas presentan problemas estructurales -comienzan a caerse los cimientos, las puertas no cierran y se les cuela el viento por todos lados porque no cuentan con las condiciones básicas de aislación térmica-, mejoren su calidad de vida. Particularmente, esta futura ley tendrá gran efecto en la Región de Aysén. Pero ¿cuál es el sentido profundo del proyecto? Que permitirá a las familias no solo regularizar sus viviendas, sino también -lo más importanteacceder a la red de beneficios y de subsidios que el Estado está diseñando para que muchos chilenos mejoren su calidad de vida. Si una familia vulnerable postula a una vivienda social, la que en el caso de Aysén y de Coyhaique alcanza el valor de 1.200 UF, puede acceder a un gran subsidio mediante el cual el Estado resuelve su problema habitacional. Sin embargo, las personas que ya construyeron sus casas no pueden acceder a ningún beneficio. Por eso este proyecto es relevante. No me cabe la menor duda de que, tal como le dimos una rápida tramitación en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, será aprobado por nuestra bancada. Con esta iniciativa lograremos regularizar una situación de hecho. Pero lo más significativo es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ya está construyendo una batería de soluciones, permitirá a muchas familias acceder a subsidios para que mejoren de manera sustantiva las viviendas que autoconstruyeron con sus propios medios. No me cabe la menor duda de que este proyecto contará con el respaldo de nuestra bancada, porque es evidentemente social y porque resolverá muchos problemas de familias de adultos mayores y de habitantes de sectores rurales y de sectores costeros, quienes podrán dar un salto en su calidad de vida, lo cual necesitan, merecen y debe ser propiciado por el Estado. Espero que este proyecto salve las dificultades que tiene actualmente la apertura del nuevo programa en materia de mejoramiento de vivienda, en el que estamos entrampados por temas reglamentarios en la Contraloría. A través de este mecanismo podrán abrirse las puertas para que muchas familias de la Región de Aysén postulen a beneficios del Estado y resuelvan sus condiciones de precariedad habitacional. Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada votará unánimemente a favor este proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, agradezco que este proyecto haya sido puesto en el primer lugar de la Tabla de esta sesión, como lo solicitamos, porque, tal como le consta a la ministra Paulina Saball, a quien aprovecho de saludar, es muy importante para la Región de Coquimbo en razón de los subsidios que en ella está entregando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la Región de Coquimbo existen muchas viviendas antiguas, muy bonitas, grandes, de adobe, que no fueron construidas con apoyo de subsidio habitacional del Serviu y que no son viviendas sociales, sino viviendas de autoconstrucción, edificadas con mucho esfuerzo por sus propietarios. Cuando aprobamos la “ley del mono” -fui el principal autor de una de las iniciativas que disponía la prórroga de esa ley hace tres años-, esas viviendas no pudieron acogerse a dicha normativa porque no son viviendas sociales, sino de autoconstrucción. En ese momento, los propietarios de esas edificaciones tampoco pudieron regularizar, en virtud de la “ley del mono”, las ampliaciones de veinticinco metros cuadrados que hicieron a las mismas, porque las viviendas originales no tenían la recepción final ni el permiso de edificación. De manera que felicito a los autores de este proyecto, a la ministra por haberlo patrocinado y haberle introducido indicaciones, y a los diputados miembros de la Comisión Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, especialmente a los diputados Roberto León, Jaime Pilowsky y Claudio Arriagada, por la celeridad y seriedad con que lo aprobaron, pues permitirá que muchas viviendas de autoconstrucción que fueron afectadas por el terremoto y que sufrieron daños parciales se regularicen y que sus propietarios accedan al nuevo subsidio que el ministerio ha dispuesto para la reconstrucción parcial de la vivienda o para la reconstrucción de viviendas con daños menores, con asistencia técnica. Como señalé, muchos propietarios no podían hacerlo porque no contaban con la recepción final de la edificación original. También existen viviendas de autoconstrucción en sectores rurales antiguos, como Tierras Blancas. Hay casas grandes en Ovalle que son de adobe y que sufrieron mucho daño con el último terremoto, cuyos propietarios tampoco pudieron acogerse a las sucesivas “leyes del mono” que permitían regularizar la ampliación de la vivienda. Mediante esta iniciativa estamos enfrentando esa situación con prontitud, pero también con seriedad, toda vez que esta nueva normativa exige que, al momento de la regularización, las viviendas cuenten con condiciones de habitabilidad y de seguridad; por ejemplo, que tengan cortafuegos, y que intervengan profesionales para los efectos de certificar aquello. No me cabe duda de que los municipios tendrán que jugar un rol muy importante a través de los departamentos de obras municipales en orden a facilitar a la gente el acceso a este nuevo beneficio. Espero, ministra -por intermedio del señor Presidente-, que al igual como lo hicimos con la “ley del mono”, se elaboren, por ejemplo, formularios que faciliten a la gente el trámite respectivo a través de la página web del ministerio, y que con la ayuda y la asistencia de las direcciones de obras de los municipios, las personas de menores recursos puedan acceder a la regularización de sus viviendas con la mayor facilidad posible. Por último, el proyecto permitirá que, al regularizarse, las viviendas estén afectas al impuesto territorial, lo que implicará un beneficio para los municipios. Las viviendas de autoconstrucción dejarán de estar en tierra de nadie y podrán ser bien catastradas para los efectos del pago de los derechos de aseo cuando corresponda, etcétera. Estamos ante una excelente iniciativa, que espero que sea votada y aprobada en el día de hoy. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull. El señor ROCAFULL.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo y felicito a la ministra Paulina Saball y a todos quienes integran el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los cincuenta años que cumple este organismo. Ha sido un ministerio relevante en materia de superación de la pobreza en nuestro país. Creo que el primer ministro fue el señor Modesto Collados, durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Es importante recordarlo. También quiero celebrar junto con mis colegas el significado que tiene este proyecto para la gente de escasos recursos. Sin embargo, señora ministra -por su intermedio, señor Presidente-, a usted, que ha recorrido todo el país y que está consciente de toda la problemática de cada una de las regiones de Chile, que ha hecho propia, quiero hacerle presente que en nuestra Región de Arica y Parinacota hay un tema adicional que debemos abordar, más allá de la regularización de las viviendas de autoconstrucción, que entrega tranquilidad a la gente. Por cierto, regularizar las viviendas es regularizar una deuda que Chile tiene con sus habitantes. Recodemos que la mayoría de las poblaciones en regiones como la de Arica y Parinacota y la de Tarapacá se construyeron a partir de la entrega de terrenos en los cuales se emplazaron las viviendas, las que debían ser construidas a costo de las familias. Solo se les instaló una caseta sanitaria. La materia que debemos abordar es la siguiente: en mi región -creo que también en la de Tarapacáhay sectores como el cerro La Cruz, la población Miramar, la población Ciudadela y la población Baquedano, que están emplazados en sitios de suelo salino. Por lo tanto, si bien es necesaria la regularización de las viviendas, nuestra región también requiere de un apoyo transversal, es decir, no solo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino también de otras instituciones, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto de la regularización del suelo en el que se emplazan las viviendas. Cabe señalar que las viviendas de los sectores señalados no pueden ser ampliadas ni mejoradas porque existe un informe que establece que están emplazadas en suelo salino. Por lo tanto, solicito que la señora ministra tome en consideración esta particularidad que tiene mi región. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me siento bien por la presencia de la ministra Paulina Saball en esta sesión. Su empuje en este proyecto ha sido muy importante. La felicito por ello y también a quienes estuvimos detrás de esta iniciativa. No entraré en el detalle técnico del proyecto. Sí debo decir que el problema que le dio origen está presente en casi todo Chile. De acuerdo con algunos catastros hechos en su momento, existen 705 lotes irregulares; pero cabe advertir que son alrededor de 31.000 familias las que tienen el problema que el proyecto busca solucionar. Por eso, me alegro de que el Ejecutivo, en su propuesta, no se limite a exigir estándares, sino que también se comprometa a brindar apoyo técnico y económico a aquellas familias que por su situación de vulnerabilidad estén impedidas de financiar las obras o reparaciones necesarias que viabilizan la regularización de sus viviendas. De esta forma, se plantea facultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que pueda otorgar subsidios e invertir recursos destinados a ello, lo que permitirá generar programas en que no sea menester tener la recepción municipal para ser beneficiario, ya que su propósito será, precisamente, conseguirla. Por lo anterior, agradezco una vez más, en nombre de muchas familias de la Región de Los Ríos, lo que significará este proyecto, iniciado en moción, apoyado por muchos de nosotros y muy considerado por la ministra Paulina Saball. Muchas gracias, señora ministra. Sin lugar a dudas, esta iniciativa contará con el respaldo de toda la bancada del Partido por la Democracia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, este proyecto de ley sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social tiene como objetivo abordar la situación de aquellas viviendas que no cuentan con recepción definitiva, ya sea total o parcial, y que se encuentran emplazadas en áreas urbanas o rurales. Quiero destacar la disposición de la ministra y de sus asesores respecto de este proyecto, que, si bien tuvo su origen en mociones refundidas, incluyó una indicación del Ejecutivo que permitió mejorarlo y darle un cauce rápido. El proyecto dispone que podrán obtenerse permisos de edificación y recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan los siguientes requisitos: 1. Haber sido construidas antes de la publicación de esta ley en proyecto. 2. No estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. Tratándose de áreas urbanas, deberán estar emplazadas en suelo que admita el uso residencial. 3. Tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento. 4. Tener una superficie cuyos recintos habitables, incluidos baños y cocina, no exceda de 90 metros cuadrados. 5. No tener a la fecha de ingreso de la solicitud de regularización, reclamaciones escritas pendientes por incumplimiento de normas urbanísticas ante la dirección de obras municipales o el juzgado de policía local respectivo. 6. Cumplir con las normas exigidas para garantizar habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas, que correspondan. La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados no debatió mayormente este proyecto, sino que acordó someterlo a votación rápidamente, pues consideró que aborda una materia que requiere una solución urgente, que beneficiará a muchas personas. Debido a lo anterior, fue aprobado en general y en particular en la misma sesión en que fue sometido por primera vez a la consideración de la comisión. El proyecto también irá en ayuda de los adultos mayores y de las personas con capacidades diferentes, quienes quedarán exentos del pago de contribuciones. El resto pagará 25 por ciento de los derechos municipales. Lo más importante es que al regularizar sus viviendas de autoconstrucción, muchas familias podrán optar a subsidios para mejorar, ampliar o reparar sus casas. Esta nueva normativa no solo ayudará a muchas personas de las comunas de la provincia de Arauco, que conforman el distrito que represento, sino también a las autoridades de la zona, pues los subsidios que se otorgarán a las familias que regularicen sus viviendas de autoconstrucción permitirán que no se distraigan recursos de las comunas para esos efectos. En nuestro país, muchas personas construyen sin solicitar un permiso previo; es más, varias no cuentan ni siquiera con la recepción definitiva de sus viviendas. Esa es una realidad. Las regularizaciones son útiles no solo para obtener beneficios destinados al mejoramiento de las viviendas, sino también por motivos de seguridad urbanísticos, toda vez que permiten a las autoridades respectivas conocer en qué situación material habitan las personas de determinadas zonas geográficas. No obstante lo anterior, una vez más hacemos presente que este tipo de leyes deben ser excepcionales. Se debe avanzar en entregar incentivos para promover que los ciudadanos, especialmente aquellos de zonas más vulnerables, obtengan los correspondientes permisos antes de iniciar cualquier proceso de construcción o ampliación en sus inmuebles. No tengo ninguna duda de que la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar favorablemente este proyecto, porque va en el camino correcto y se orienta hacia lo que todos queremos en nuestras iniciativas: ayudar al que más lo necesita. Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, agradezco la presencia de la ministra Paulina Saball en la Sala y su constante concurrencia a la Comisión de Vivienda. Ello permite mejorar los proyectos de ley relacionados con la vivienda y lograr una mejor comprensión de las situaciones que se observan en terreno respecto de esta materia. Luego de conocer esta iniciativa en la Comisión de Vivienda, mi voto fue favorable en la votación general. Sin embargo, en la votación particular me abstuve por una razón bien especial y lógica, que seguro entenderán los colegas presentes: no tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad los distintos artículos ni de hacer las invitaciones respectivas. La mayoría de la comisión estuvo de acuerdo -respetamos esa decisión en votar este proyecto de ley en general y particular en la misma sesión. Sin embargo, no me sentí con la capacidad ni la propiedad de votarlo conscientemente, como corresponde a una iniciativa con las implicancias que esta tiene. Pero, además, estoy absolutamente consciente de que se trata de un proyecto importante, pues aborda un tema que, por lo menos, a quienes trabajamos con el mundo rural nos preocupa. Anuncio que votaré favorablemente el proyecto tanto en general como en particular. No obstante, quiero hacerle algunas preguntas a la ministra. Ello, a la luz de la lectura del texto propuesto y de la reflexión sobre esta materia, que no pude hacerla en la comisión y que ojalá sea factible realizarla hoy en esta Sala. Me parecen bien los cuatro títulos en que se estructura la iniciativa, pues corresponden a lo que se busca lograr con ella y tienen un hilo conductor general, desde el punto de vista de las exigencias. Señor Presidente, por su intermedio quiero hacerle dos preguntas a la ministra relacionadas con el artículo 15, que faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios e invertir recursos destinados al financiamiento de los gastos y las obras necesarias para la regularización de viviendas. En primer lugar, si una vivienda, después de ser evaluada por el profesional correspondiente en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad, no cumple estos requisitos, ¿es posible que el ministerio otorgue un subsidio para complementar aquello que falte? En este sentido, no me refiero a los subsidios para reparación y mejoramiento de la vivienda, sino a uno especial para que aquella que no cumple con las referidas exigencias lo pueda hacer. Entonces, quiero que la personera nos aclare cuál es el alcance de los subsidios a que se refiere el artículo 15, pues, a mi juicio, deberían destinarse a dos fines: primero, a los gastos que signifique la contratación del profesional, con la finalidad de reunir toda la documentación requerida para obtener la aprobación de que se trata; segundo, para que la vivienda cumpla con los requisitos exigidos. Eso como primera pregunta. Mi otra consulta se relaciona con los profesionales que realizarán tales certificaciones. Ello, porque además, según entiendo, el director de Obras Municipales no tendrá todas las atribuciones que hoy posee, sino que solo deberá chequear que estén todos los antecedentes. Y tendrá 180 días para verificar si determinada vivienda está o no emplazada en un lugar de riesgo. Si eso es así, quiero saber si habrá -ello ha sido así en otras situaciones tanto en el Ministerio de Obras Públicas como en el de Vivienda un listado de profesionales acreditados en la cartera del ramo, cuestión que no advertí en el proyecto. Ese listado permitirá a la gente acudir no a cualquier profesional, sino a aquellos calificados por dicho ministerio. Por ejemplo, que se diga: “Estos son los diez, quince, veinte profesionales facultados para hacer este tipo de certificación en la Sexta Región.”. Ojalá que el Ministerio de Vivienda pudiera tener también un tipo evaluación, no sé si aleatoria, a fin de chequear si efectivamente las viviendas cumplen los requisitos que fija este proyecto, por lo menos en cuanto a habitabilidad, seguridad y estabilidad, y, además, todas las normas propuestas. En esta iniciativa se establecen las características de las viviendas en los títulos I, II y III, que permiten clasificarlas y entender qué se les exigirá. Esto, a diferencia de lo que disponen las leyes más generales. Por lo tanto, me gustaría que la ministra respondiera mis preguntas relativas al artículo 15, y en lo referente al registro de profesionales, si este existirá, y de ser ello efectivo, cuáles serán sus características y exigencias. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo. En verdad, no puedo estar más contento por el proyecto de ley en debate, porque dice relación con una antigua preocupación que comparto con otros colegas. En el primer gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet fui promotor de un cuerpo legal que hoy conocemos como “ley del mono”. Cuando en ese gobierno la primera mandataria creó dos nuevos subsidios, los de reparación y de ampliación de vivienda, hubo una condición básica para acceder a tales beneficios, cual es que las viviendas tuvieran el respectivo permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales. Con el apoyo del gobierno, y en particular de la Comisión de Vivienda, logramos aprobar la mencionada iniciativa. Desgraciadamente, esa ley se quedó corta en cuanto a sus alcances, toda vez que en el Senado se restringió el ámbito de su aplicación hasta solo 25 metros cuadrados de ampliación. Así, quedaron fuera del beneficio una enorme cantidad de viviendas que corresponden a la etapa de autoconstrucción que señala el informe del proyecto, la cual ha sido especialmente importante en regiones como la que represento, que tiene un fuerte y marcado carácter rural. La migración campo-ciudad hizo que en los márgenes de nuestras ciudades -por ejemplo, Angol, Traiguén, Collipulli; cualquier otra ciudad puede ser representativa de esto se generara un cordón de viviendas de personas que llegaron del campo e hicieron autoconstrucción, las que no han podido ser regularizadas. Sin embargo, en este proyecto se aborda ese problema, porque llega hasta los 140 metros cuadrados, haciendo una escala que me parece razonable y justa: pagan más lo que tienen mayor superficie construida. Asimismo, se establece una graduación para efectos del pago de derechos municipales: 25 por ciento y 50 por ciento de ellos, en función del tamaño de las viviendas. En el plano práctico, con la finalidad de no hacer burocrático el trámite de regularización, el Ministerio de Vivienda podría dar una instrucción a todos los directores de obras municipales, que son personajes que viven en una situación de limbo. ¿Por qué? Porque para efectos técnicos se reconocen dependientes del ministerio, y no necesariamente de los alcaldes. He visto cómo directores de obras municipales contradicen lo que quiere hacer el alcalde para regularizar en esta materia y así resolver problemas tan urgentes, como los ocasionados por el terremoto del 2010. En consecuencia, dicha cartera debería dar una instrucción muy clara a los directores de obras municipales para que faciliten, no entorpezcan la entrega del beneficio que estamos intentando establecer mediante este proyecto de ley. En esta materia estoy pensando en El Cañón, en Angol, y El Retiro, sectores habitados por esforzados campesinos que construyeron sus viviendas, a quienes debemos resolver problemas como falta de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, porque no tienen regularizadas sus construcciones y por esa razón no pueden acceder a muchos beneficios del Estado, entre ellos, los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda. Hay otro tema que me preocupa y que planteó la diputada Alejandra Sepúlveda. Quiero que las cosas se hagan con facilidad y que con esta futura ley lleguemos al mayor número de beneficiarios. En una ley anterior no limitamos a los arquitectos la firma de los planos que hay que presentar en la dirección de obras municipales (DOM), porque hay comunas pequeñas donde, a veces, es inexistente la presencia de un arquitecto, ya que encarece los costos del proceso. Por eso agregamos a otros profesionales competentes en este proyecto. Recuerdo un proyecto de ley -la señora ministra lo debe de conocer en que incorporamos a los ingenieros constructores y a otros profesionales para que pudieran firmar los planos que se deben presentar en la DOM. En este caso, ello facilitará, ayudará, abaratará los costos, porque una carpeta de arquitecto hoy perfectamente puede llegar a costar 100.000 o 150.000 pesos -eso me consta-, lo que para muchas familias constituye una barrera de entrada muy importante. Por su intermedio, señora Presidenta, invito a la ministra a mirar ese aspecto que –insisto en una ley anterior se amplió a profesionales más allá de los arquitectos. Otro elemento que, con todo respeto, me gustaría mencionar como sugerencia, dada la importancia que le asigno a este proyecto de ley, es la realización de una campaña de carácter comunicacional para que la gente lo conozca, pues el plazo para hacer la regularización de que se trata es de solo tres años. Al respecto, me consta que a pesar del proyecto -creo que es del 2008que ayudé a impulsar en el gobierno de la Presidenta Bachelet, como el que promovieron recientemente el diputado Matías Walker y otros parlamentarios, aún hay mucha gente que se quedó fuera del beneficio por desconocimiento. Esas personas no supieron del beneficio y, por tanto, no accedieron a él. Este proyecto da una mejor respuesta al problema, pues amplía la regularización de viviendas mucho más grandes: de 90 hasta 140 metros cuadrados. Por tanto, deberíamos publicitarlo lo suficiente para que ojalá resolvamos de una buena vez estos problemas que se generaron hace muchas décadas, tal como lo menciona el mismo mensaje. En definitiva, se trata de un gran proyecto, por lo que felicito a sus autores. Asimismo, felicito al Ministerio de Vivienda por acogerlo y por presentar una indicación sustitutiva con muchas aclaraciones que lo hacen más viable. Por último, señalo que, modestamente, hice tales sugerencias para que ojalá esta iniciativa tenga el éxito que todos esperamos. Así, desde ya anuncio mi voto favorable, porque la considero muy pertinente y tremendamente necesaria. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señora Presidenta, por su intermedio quiero saludar a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo. Los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ahondaron bastante en las bondades de este proyecto, que, aun cuando una vez que se encuentre vigente tendrá un plazo finito de tres años, viene a solucionar un problema que en nuestra sociedad es recurrente. Quiero, sí, manifestar una preocupación. De la lectura del texto de la discusión general y particular del proyecto llama la atención que se trata de obras que no han iniciado el proceso de regularización formal, es decir, no cuentan con permiso de edificación previo, o bien presentaron problemas al momento de la recepción porque tuvieron algún tipo de observación o no han podido completar lo requerido de acuerdo a la ley vigente para ser recepcionadas por las respectivas direcciones de obras municipales. ¿Por qué planteo esto? Porque represento a un distrito que si bien es bastante urbano y tiene una densidad habitacional muy grande, es antiguo y también posee comunas rurales. En la zona urbana se halla lo que se denomina construcción de viviendas en sitio residente, en terrenos que se heredaron, pues se trata de urbanizaciones bastante antiguas: los abuelos los dejaron a sus hijos, se hicieron subdivisiones, y hay una serie construcciones al interior de esos sitios, que son bastante grandes, lo que actualmente consideramos como lotes de viviendas. Este proyecto viene a solucionar ese problema, y especifica de forma muy clara las condiciones en que se puede regularizar. No vale cualquier cosa. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque, si no, después vienen los reclamos y los desencantos de la ciudadanía. Me preocupan particularmente las zonas rurales o zonas de expansión urbana en distintas partes de Chile, en especial en mi distrito. Lo digo, porque en la comuna de Pirque, fundamentalmente en los últimos diez años, más de la mitad de la población ha estado viviendo en situaciones bastante irregulares por loteos irregulares. Si bien ellos cuentan con servicios, no se cumple ninguna norma de urbanización o de aprobación de loteos por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, las construcciones que ahí se han llevado a cabo no cumplen con ninguno de los elementos básicos exigidos para iniciar un proceso de regularización. Eso, día a día, por el hecho de que no existe un control, ya que se trata de ventas de derechos, complica mucho a la autoridad municipal e imagino que también al seremi de Vivienda y Urbanismo, al menos, en muchas zonas de la Región Metropolitana que poseen tales características, porque son demasiadas las construcciones. No creo que esa gente pueda acceder con esta ley en proyecto a regularizar sus viviendas, porque tiene un problema de raíz: su lote, o sea, su terreno no cumpliría con lo básico para poder realizar dicho proceso. Por tanto, hago un llamado a la señora ministra para que tenga a bien, a partir de la implementación de una política pública desde su cartera hacia abajo, tomar en cuenta la situación descrita, dado que, al menos en la Región Metropolitana, se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. Además, porque a futuro eso conlleva un perjuicio bastante complicado, pues generará una serie de problemas no solo desde el punto de vista del cumplimiento de esta ley en proyecto, que votaremos a favor, sino también desde las perspectivas social, hereditaria y de otra tipo. Solo quise manifestar lo anterior a objeto de que podamos ir complementando la legislación sobre la materia, porque esto no es un “perdonazo”, sino que debemos preocuparnos de la parte previa de este asunto: los loteos irregulares. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señora Presidenta, quiero saludar y felicitar a nuestra ministra de Vivienda y Urbanismo. Cuando discutimos el presupuesto de la nación hubo una opinión transversal y consolidada respecto de la gestión que está haciendo el ministerio, particularmente quien lo encabeza. Eso conlleva a que hoy tratemos temas como el que nos ocupa, que dicen razón con el sentido común. A raíz de diferentes circunstancias que ha vivido nuestro país, como catástrofes naturales -terremotos y aluviones, entre otras-, surge la necesidad de normalizar determinadas viviendas y edificaciones que han sido construidas sin contar con el respectivo permiso o que, pese a contar con este, no han obtenido su recepción definitiva por parte de la municipalidad. Aquí ya se mencionó que muchas poblaciones históricas tanto en sectores urbanos como rurales surgieron fruto de su propio esfuerzo, con una importante inversión por parte de las familias, las cuales mediante distintos mecanismos, como el sistema de autoconstrucción, han podido avanzar y mejorar las condiciones de habitabilidad en sus diferentes hogares. Hoy, muchas de esas construcciones no cuentan con el permiso respectivo ni con la recepción definitiva, lo cual entorpece el ejercicio del derecho de propiedad, por supuesto deprecia el valor comercial de tales inmuebles y, a la vez, también inhibe la inversión, el mantenimiento y el mejoramiento respecto de dichas viviendas porque constituye derechamente una barrera para acceder a los beneficios del Estado, como mejoramientos, subsidios y otros que se están haciendo carne de manera masiva en las distintas comunas de nuestro país, los cuales se canalizan a través del Ministerio de Vivienda. Con este proyecto se trata justamente de regularizar viviendas completas y no solo sus ampliaciones. Hace algunos años eso se regularizó mediante las denominadas “leyes del mono”, lo que en este proyecto tiene otra connotación. Pero en esa época se entendió el hecho de que era necesario normalizar dichas construcciones. Así, el 28 de agosto de 2015, mediante mensaje, el Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar los textos propuestos en las dos iniciativas parlamentarias refundidas, contenidas en los boletines Nos 9939-14 y 10076-14, respectivamente, con el objeto de consolidarlos en un solo articulado. Para los efectos técnicos, es importante también destacar, a través de esta instancia, cuáles son los contenidos principales del proyecto. La propuesta del gobierno comprende cuatro títulos. El primero define los requisitos para la regularización de viviendas, a saber, que hayan sido edificadas antes de la publicación de esta futura ley; no estar emplazadas en áreas de riesgo o protección, en terrenos declarados de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público; tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 unidades de fomento; tener una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 90 metros cuadrados; no tener reclamaciones pendientes por incumplimiento de la normativa urbanística; cumplir con las condiciones que se expresan en el proyecto para garantizar la habitabilidad, seguridad y estabilidad de las viviendas, y con aquellas aplicables a las instalaciones interiores de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas que correspondan. Los propietarios interesados deberán presentar su petición dentro de los tres años siguientes a la publicación de la futura ley, acompañada de una declaración simple que los identifique como titulares del derecho de dominio sobre el inmueble y que señale que no hay reclamaciones en su contra a causa de incumplimientos de normas urbanísticas en relación con el bien raíz que se intenta regularizar. También deberán acompañar un documento que contenga las especificaciones técnicas resumidas, un croquis de ubicación y un plano de emplazamiento, así como planos que grafiquen todas las plantas, la elevación principal y un corte representativo, y un cuadro de superficie total construida y superficie del terreno. Todos estos documentos deberán acompañarse suscritos por un arquitecto o profesional competente. También se debe agregar el informe de un arquitecto o de un profesional competente que certifique que la vivienda cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que se mencionan en el proyecto, y que no se emplaza en los terrenos que indica la iniciativa. Por último, se debe acompañar un certificado de avalúo fiscal. La dirección de obras municipales respectiva, dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a la presentación, verificará que la vivienda no esté situada en las zonas antes consignadas y que se presentó la documentación exigida. El procedimiento de regularización que establece el Título I del proyecto también podrá utilizarse por propietarios de viviendas que tengan una superficie habitable que, incluidos baño y cocina, no exceda los 140 metros cuadrados, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2.000 unidades de fomento. En el caso de los propietarios de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o a equipamiento social emplazadas en áreas urbanas o rurales, que hayan sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción definitiva o que hayan materializado de hecho el cambio de destino de las edificaciones existentes en forma no concordante con los usos de suelo permitidos por los planes reguladores, podrán, dentro del plazo de tres años contados desde la publicación de esta iniciativa, regularizar su situación cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Título II del proyecto. Si se tratare de viviendas financiadas con subsidios otorgados en llamados especiales, entregados a través del Ministerio de Vivienda para atender la catástrofe del 27 de febrero de 2010 -terremoto y posterior tsunami-, que no cuenten con los permisos de edificación o con recepción de obras definitiva, los respectivos servicios de vivienda y urbanización podrán, en el plazo de dos años contados desde la publicación de esta iniciativa como ley, obtener para su propietario el respectivo permiso de edificación y la recepción definitiva en forma simultánea, siempre que las viviendas cumplan con los requisitos que establece el proyecto en su Título III. Como expresó el diputado Venegas, se hace necesaria la participación, la proactividad y la eficiencia de los directores de obras municipales, quienes estarán sujetos a las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo relativo al cumplimiento de la normativa que se establece, particularmente por el cumplimiento de los plazos que se fijan para emitir sus pronunciamientos. Los profesionales que certifiquen el cumplimiento de las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores que menciona el proyecto responderán por la veracidad de sus informes y les serán aplicables las responsabilidades contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En el entendido de que estos mecanismos vienen a solucionar una situación de hecho y que se establecen procedimientos bastante acotados y simples para asegurar el entendimiento del común de las personas, me atrevería a decir que estamos ante un excelente proyecto de ley, que busca, justamente, garantizar la estabilidad, la habitabilidad y la seguridad de las viviendas y demás edificaciones que considera. En consecuencia, hago un llamado a quien corresponda para que esta información se entregue, a través de los mecanismos pertinentes, a todos los vecinos y municipios, porque en la medida en que todos regularicen sus edificaciones, las familias obtendrán algo que es muy importante para ellas: tranquilidad en lo que respecta a su propiedad. Muchas personas que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para reconstruir sus viviendas no saben si pueden acceder a beneficios. Incluso algunos adultos mayores se preguntan qué pasará si su vivienda no está regularizada ni cuánto les costará contratar a un arquitecto para estos fines y pagar el impuesto correspondiente. Este es un proyecto que valoro, pues es de tremenda utilidad, y no me cabe duda alguna de que, dado lo que se ha expresado en este debate, contará con el apoyo de toda la Corporación, ya que alude a algo que debiéramos tener muy presente en estos días: el sentido común. Felicito a los autores de la iniciativa por la gestión eficiente que han realizado. Espero que una vez aprobado el proyecto, el ministerio ponga rápidamente en ejecución sus disposiciones. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, hay proyectos de ley en los que debemos explayarnos mucho para que se comprendan, pero no es el caso de este, pues es de muy fácil explicación: quienes se acojan a sus disposiciones y regularicen la situación de sus viviendas o demás edificaciones que se mencionan en la iniciativa, podrán optar a otros beneficios fiscales. ¡Tan fácil como eso! Hoy, cuando la gente quiere optar a un subsidio, por ejemplo, le exigen que acompañe los documentos que acreditan la regularización de su terreno, esté en el campo, en la ciudad o donde sea. Estábamos muy contentos cuando la ministra dijo que se habían aumentado los subsidios rurales a 5.000; sin embargo, vemos que las exigencias o requisitos para obtener esos subsidios son exactamente los mismos que para obtener uno urbano, por lo cual si un señor tiene un abasto de agua, por ejemplo, le piden que sea de agua potable, y si tiene fosa común, le piden alcantarillado. La señora ministra nos ha dicho que con la aprobación de esta iniciativa eso ya no se exigirá, porque se tomarán en consideración las condiciones de vida de las personas que viven en sectores rurales. Indudablemente, es mucho mejor tener agua potable, luz y alcantarillado; eso no se pone en cuestión. Pero hay que tener en cuenta que la gente del campo jamás podrá regularizar una vivienda ni optar a los subsidios de ampliación o de mejoramiento térmico si no tiene su vivienda regularizada, porque es uno de los requisitos principales que exigen los programas respectivos. Una vez que analizamos la parte rural, nos trasladamos a la parte urbana. Hay mucha gente que hace ampliaciones en sus viviendas, pero cuando las quiere regularizar, suelen encontrarse con que no cumplen la normativa correspondiente. El caso más común es que no cuentan con cortafuegos. Hay muchos que piensan que da lo mismo ser correcto o incorrecto; pero si uno lee el proyecto de los senadores José García, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez y Eugenio Tuma, verá que dice que deben cumplir los requisitos que establece la ley para regularizar. Cuando vamos a la ciudad, vemos algo que nos preocupa: terrenos y casas que se encuentran en condiciones de peligro desde el 27F. Esa situación se debe arreglar, pero bajo los requerimientos que se establecerán con esta iniciativa. También se le dice a la gente que construyó mal y que debe hacerse responsable si pasa algo. Hay muchas personas que han vivido gran parte de su vida en una casa, y ahora se les dice que deben abandonarla, aunque sea la primera vez que sufren los efectos de un terremoto. Por otra parte, tenemos las edificaciones destinadas a empresas inofensivas o a equipamiento social. Uno se pregunta cómo regularizarán las edificaciones que, por ejemplo, funcionan como talleres. A los señores parlamentarios les recuerdo que hay una ley anterior que ya puso condiciones para estos casos, como que no pueden emitir ruidos molestos o malos olores que provengan del funcionamiento de esos talleres. Es decir, esas edificaciones deberán cumplir con todos esos requerimientos y, además, con todas las condiciones que exigirá esta nueva ley en proyecto. Me preocupa esa situación, y lo he conversado largamente con los senadores. De hecho, esta mañana me llamó el senador José García para pedirme que apoyáramos esta iniciativa. Otra cosa que me preocupa del proyecto es que hasta ahora dábamos la posibilidad de que un funcionario de la dirección de obras municipal es respectiva firmara los planos exigidos para la regularización. En este caso no me queda muy claro si seguirá operando ese mecanismo, ya que contratar a un arquitecto o a un ingeniero cuesta bastante plata. En los municipios que cuentan con arquitectos o ingenieros no habrá problema, pero en las municipalidades chicas no tienen ese tipo de profesionales, lo cual podría dificultar o impedir la regularización de las edificaciones que nos preocupan, con el consiguiente perjuicio para mucha gente que está muy esperanzada en que la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de ley. No obstante estas aprensiones, creo que el paso que estamos por dar es importante. La señora ministra demuestra mucho interés en que esto salga luego. Prueba de ello no es lo que yo pueda decir, sino que ha calificado con suma urgencia esta iniciativa. Eso demuestra claramente cuál es la intención de la ministra y del gobierno: contar lo más luego posible con este proyecto aprobado, para que se otorguen los beneficios que se establecen en favor de la gente que necesita regularizar sus propiedades. Raya para la suma, para no alargar más mi intervención, Renovación Nacional apoyará este proyecto de ley porque consideramos que es sumamente necesario para miles y miles de chilenos que esperan poder normalizar la situación de sus propiedades y terminar con ese verdadero dolor de cabeza que les produce el no poder optar a ningún subsidio por esa situación. Nuevamente felicito a los senadores José García, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez y Eugenio Tuma. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball. La señora SABALL, doña Paulina (ministra de Vivienda y Urbanismo).- Señora Presidenta, por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas. Agradezco a los parlamentarios que presentaron esta moción, pues nos ha permitido realizar un trabajo muy interesante entre el Ejecutivo y el Legislativo. También agradezco las opiniones vertidas por las señoras y los señores diputados en el curso de este debate. Estamos ante un proyecto de ley que, como bien se ha dicho, afectará directamente el bienestar de muchas familias, por la vía de darles seguridad respecto de las viviendas que habitan. También permitirá resolver la situación pendiente de las viviendas no regularizadas después del 27F, y pondrá un piso de seguridad al proceso de reconstrucción que estamos emprendiendo en el sector rural de la Región de Coquimbo. Lo expresado permite comprender por qué como Ejecutivo le hemos puesto urgencia a la tramitación del proyecto, que es de la mayor importancia para miles de familias, pero que es de suma urgencia para quienes resultaron damnificados a consecuencia de la catástrofe del 27 de febrero de 2010. En cuanto a los temas que se han planteado en el debate, en primer lugar considero necesario hacer una aclaración respecto de la pregunta formulada por la diputada Sepúlveda, sobre si el subsidio habitacional que posibilita esta futura ley para regularizar las viviendas es complementario o no. La respuesta es que sí es complementario. La idea es que con este subsidio del Estado se favorezca el trámite administrativo de la regularización, en tanto se cumplan los requisitos de mejoramiento y de habitabilidad de las viviendas que se establecen. Respecto de la consulta del diputado Rocafull, es precisamente la regularización la que posibilitará que en el caso de Arica, con el subsidio de mejoramiento de vivienda y barrio, podamos intervenir los suelos salinos sobre los cuales se han instalado viviendas que presentan importantes niveles de inestabilidad e inseguridad. En cuanto a la otra pregunta de la diputada Sepúlveda, también formulada por el diputado Venegas, aclaro que cuando hablamos de profesional competente para certificar las condiciones de habitabilidad, seguridad, estabilidad, nos referimos al profesional que se define en el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, no solo hablamos de arquitectos, sino de todos los profesionales que la ley faculta para esos efectos, quienes, para ejercer esa función, deben tener la patente profesional correspondiente. Lo que planteó el diputado Venegas es un tema importante. En la discusión de este proyecto de ley, la comisión del Senado citó a los representantes de la Asociación de Directores de Obras, donde tuvieron una activa participación. Fue de gran importancia lo que convinieron sobre el rol que se asigna en esta iniciativa a las direcciones de obras para simplificar los trámites, asegurar que las viviendas no estén emplazadas en zona de riesgo y que se cumplan todos los requisitos que establece el proyecto, a fin de no llenar a esas reparticiones municipales de trámites que luego no podrán despejar. Finalmente, respecto de lo que planteó el diputado Leopoldo Pérez sobre la existencia de loteos irregulares en algunas comunas de su distrito, es una dificultad que se extiende a otras regiones. En tal sentido, debo señalar que este proyecto se complementa con una ley que promulgamos hace poco, que tiene que ver con mejorar las condiciones para abordar la situación de esos loteos irregulares. Para ese caso, entonces, haremos confluir lo establecido en la ley sobre loteos irregulares y en el subsidio de mejoramiento de viviendas y barrios con lo que dispone este proyecto. En definitiva, lo que buscamos es alinear normas, recursos y gestión para que las condiciones de habitabilidad de las familias chilenas, tanto del sector urbano como del rural, mejoren sustantivamente. Asumo absolutamente lo que se ha planteado acá, porque dada la importancia de este proyecto, y porque sabemos que es extraordinario y que no queremos que fomente la irregularidad, nos haremos cargo de lo planteado en el sentido de que es necesario acompañarlo con una campaña educacional y comunicativa que no solo convoque a las familias a usar este mecanismo, sino también a prevenir futuras irregularidades. Señora Presidenta, señoras diputadas y señores diputados, solo me queda agradecer la gestión que se ha dado a esta iniciativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre regularización de viviendas de autoconstrucción, otras viviendas y edificaciones destinadas a microempresas o equipamiento social, con excepción de las normas que requieren quórum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el inciso segundo del artículo 2°, el inciso cuarto del artículo 3°, el inciso cuarto del artículo 7°, el inciso primero del artículo 8° y el inciso segundo del artículo 10, que requieren para su aprobación el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado además en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Despachado el proyecto. -Aplausos. ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DEL MÚSICO, CANTAUTOR Y DRAMATURGO VÍCTOR JARA MARTÍNEZ (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9776‐24) [CONTINUACIÓN] La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza a erigir en la comuna de Lo Espejo un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo Víctor Jara Martínez. Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones se rindió en la sesión N° 86, del 22 de octubre, y que de conformidad a los acuerdos adoptados ayer por los Comités se ha cerrado la inscripción para intervenir en el debate de esta iniciativa. Antecedentes: -La discusión de proyecto se inició en la sesión 86ª de la presente legislatura, en 22 de octubre de 2015. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Daniel Melo. El señor MELO.- Señora Presidenta, en el inicio del horror de la dictadura pinochetista, exoficiales del Ejército de Chile, de manera cobarde y atroz, intentaron segar la voz, el canto, la infinita sabiduría y belleza de los versos de Víctor Jara para narrar la historia y lucha del movimiento popular chileno. Creían que mediante el asesinato y la tortura podrían acallar, aterrorizar y relegar al olvido las esperanzas de millones que acompañaron al gobierno popular de Salvador Allende. Cuarenta y dos años después, el canto valiente de Víctor sigue siendo una canción nueva. Crecí en la población Santa Oriana, en la comuna de Lo Espejo, donde jugué y recorrí en innumerables oportunidades los rincones de las poblaciones Clara Estrella y Santa Olga, por lo que desde niño concurrí al lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de este cantautor nacional, en la comuna de Lo Espejo. A un costado del Cementerio Metropolitano, junto a la vía del tren, los cuerpos de Víctor Jara y de Littré Quiroga, exdirector de Gendarmería del gobierno popular, quedaron abandonados a su suerte, probablemente como un lúgubre mensaje para aterrorizar a los pobladores de la zona. ¡Cuán profundamente equivocados estaban los asesinos! El lugar que se pretendía condenar al olvido, gracias al trabajo de diversas organizaciones sociales y de pobladores, además de parlamentarios, de alcaldes y, lo más relevante, de más de 3.000 firmas de vecinos y de organizaciones sociales de la comuna de Lo Espejo, hoy es un sitio de memoria histórica. Así, a un costado del Cementerio Metropolitano, al lado de la línea férrea, día a día miles de personas rinden homenaje al cantautor, en defensa de la vida y de los derechos humanos. La iniciativa legal que autoriza erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo Víctor Jara no solo constituye un acto de justicia y reparación necesaria: este reconocimiento, así como otros de la misma índole, permitirán que las nuevas generaciones tengan siempre presente lo que pasó en Chile, para que nunca más volvamos a vivir los horrores de la dictadura. También es un gesto para sus familiares y para todos quienes conocieron a Víctor Jara o que han sido tocados por su canto truncado y por sus ganas de que Chile fuera un país justo, libre y con conciencia social. Aprovecho esta ocasión para destacar y saludar el largo trabajo realizado por la Coordinación de Organizaciones Sociales de Lo Espejo y la Escuela Artística Comunitaria, el aporte de los centros culturales Víctor y Violeta, así como el apoyo y respaldo de las juntas de vecinos del sector, los que cada 13 de septiembre se reúnen y realizan un carnaval en memoria de Víctor Jara, justamente en el lugar donde fue encontrado su cuerpo. En consecuencia, desde mi perspectiva, es allí donde debiese levantarse el monumento que se propone erigir. Por último, en razón del legado de Víctor Jara, que vive en todos los chilenos y en todas las chilenas, pero sobre todo en el corazón de los pobladores de los sectores más populares, a quienes dedicó su vida y obra, propongo a la Sala que apruebe un proyecto de resolución para solicitar a la dirección de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que la futura estación del proyecto Rancagua Express que se instalará a escasos metros del sitio donde se encontró el cuerpo de Víctor Jara, lleve el nombre de nuestro gran cantor popular: “Estación Víctor Jara Martínez”. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier. El señor TEILLIER.- Señora Presidenta, septiembre es un mes en el que nuestra patria vive en forma intensa; es el mes en que, como pueblo, nos encontramos y, lamentablemente, aún nos desencontramos, porque en ese mes festejamos los más de doscientos años del nacimiento de nuestro país y de su consolidación como nación libre y soberana; pero, a la vez, se alza como antítesis de lo anterior la desgarradora experiencia que se vivió en 11 de septiembre de 1973, que puso en juego a nuestro sistema democrático y provocó la muerte y desaparición violenta de muchas chilenas y de muchos chilenos, por el solo hecho de plantear una visión distinta dentro de los cauces democráticos, los cuales felizmente se empiezan a restablecer en nuestra convivencia ciudadana, sin perjuicio de que quedan muchos casos por esclarecer, especialmente en materia de detenidos desaparecidos, y avanzar en verdad y en justicia. Víctor Jara es de los chilenos que recordamos especialmente en septiembre, porque fue vilmente asesinado el 16 de septiembre de 1973. Lo recordamos con orgullo y admiración por su intensa labor creadora y portadora del mensaje popular, así como por la valentía y consecuencia con que enfrentó a quienes intentaron silenciarlo para siempre. Sin embargo, rememorar a Víctor Jara es aún una tarea difícil para quienes no olvidamos las circunstancias que rodearon su muerte. Víctor Jara nos fue arrebatado, pues pertenecía a todos, y su tortura y asesinato son y serán siempre una ofensa para toda la humanidad. En septiembre pasado diferentes organizaciones sociales integradas por los vecinos y vecinas de la comuna de Lo Espejo, en un trabajo conjunto con el Cementerio Metropolitano y con autoridades, y luego de tres años de investigación histórica, consiguieron que el Consejo de Monumentos Nacionales reconociera y declarara monumento nacional el lugar donde se encuentra un modesto, pero enaltecedor y digno memorial erigido en honor a Víctor Jara, en la categoría de Sitio Histórico, pues 42 años atrás la calle Clotario Blest recibió el cuerpo sin vida de Víctor Jara, militante comunista, quien había sido trasladado durante la madrugada hasta allá junto con otros cuerpos, entre ellos, el de otro militante comunista, Littré Quiroga, quien fue detenido y asesinado mientras se desempeñaba como director de Gendarmería, y los de otras cuatro personas de las cuales ni siquiera se ha logrado establecer su identidad. Creemos que la mejor manera de recordar a Víctor Jara es la que va emergiendo de entre el pueblo, al que dedicó su vida, como lo es la construcción de este memorial y la masiva concurrencia de personas que llegan año a año de manera espontánea hasta ese sitio de memoria para encontrarse con su recuerdo y comprometerse con la búsqueda de la verdad y de la justicia, y el “nunca más”. El proyecto de ley en discusión responde a la necesidad colectiva de recordar, al ejercicio del derecho a tener memoria y a construir la historia a partir de fuentes propias, vivas y conscientes de sí mismas. Un monumento a Víctor Jara en el lugar donde se encontró su cuerpo torturado y masacrado es un hito para la comunidad, que será la principal encargada de acogerlo, diseñarlo, construirlo y preservarlo, pues las abuelas y los abuelos de los lugares aledaños fueron testigos del hallazgo de los restos de Víctor Jara y han compartido su testimonio entre sí y lo han transmitido de generación en generación, transformándolo en memoria activa, en símbolo cultural y de vida. Creo que votar favorablemente el proyecto es un gran acto de humanidad y de reencuentro. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete. El señor POBLETE.- Señora Presidenta, hay aspectos desconocidos en la vida de Víctor Jara, por ejemplo, haber sido mimo, seminarista, avezado bailarín de cueca y director teatral. Son luces de él que han permanecido lejanas y, como tales, muchas veces invisibles. Hoy necesitamos hacer una mención de la faceta más importante que tuvo desde el punto de vista profesional: la de director teatral. Víctor Jara se inició en las artes escénicas en la pantomima, fue parte de la ya conocida y famosa Compañía de Mimos de Enrique Noisvander. Si bien hoy se conoce y recuerda algo su trabajo de director teatral, labor desarrollada desde antes y simultáneamente con su más conocida faceta musical, poco se sabe que como director de teatro fue el responsable de la puesta en escena de tres obras consideradas clásicos absolutos del teatro chileno: Ánimas de día claro, Los invasores y La remolienda. Esto por sí solo configura una dimensión de su trabajo, su obra y su existencia. En catorce años de ejercicio profesional dirigió diez montajes profesionales, hizo giras internacionales por todo el mundo, estudió becado en Gran Bretaña y trabajó junto con los más importantes directores y actores de la época. Vemos cómo a veces el cantautor fue obligado a quedar en suspenso para dar paso al examen de esta dimensión de director teatral, uno de sus principales legados artísticos. La dimensión de su trabajo escénico es maciza, relevante y poderosa en el desenvolvimiento del Chile artístico de la década del 60. En 1959, mientras preparaba un musical para participar en un festival de teatro estudiantil, el curso de Víctor decide no seguir con la obra que preparaba. En ese momento él le pide a su amigo y compañero de curso Alejandro Sieveking escribir una obra especialmente para el concurso. El montaje se llamó Parecido a la felicidad, y ganó el encuentro. Luego, fue llamado para integrar y suplir una caída del programa del famoso Instituto de Teatro de la Universidad de Chile (Ituch), ex Teatro Experimental, que hoy funciona en la Sala Antonio Varas, con un éxito arrollador. Ese estudiante de teatro era ya un exitoso director. La consagración de Víctor Jara fue rápida, meteórica. Debutó en 1959, como dije, y tuvo un éxito instantáneo. Luego, reafirmó ese éxito con Ánimas de día claro, en 1962. Posteriormente, vendrían Los invasores, en 1963. En 1964 se inicia como cantante y folclorista con el grupo Cuncumén. Sin embargo, cabe recordar que ya en 1961 fue contratado como director de planta del teatro de la Universidad de Chile, a la sazón uno de los más importantes de Latinoamérica. Entre 1956 y 1969 dirige a lo menos diez obras en los teatros institucionales más importantes del país, los de las universidades de Chile y Católica, donde también se desempeña como profesor de actuación. Dirige emblemáticas compañías independientes como Ictus y Los Cuatro, esta última de los hermanos Duvauchelle. Asiste al gran director uruguayo Atahualpa del Cioppo y al director alemán Peter Weiss. Realiza giras como director teatral por todo el mundo, es becado por el British Council para que se perfeccione en Inglaterra. Obtiene en tres oportunidades el reconocimiento como mejor director del año por parte de la crítica especializada. Dirige a Quilapayún e Inti-Illimani, y colabora con Celso Garrido, Luis Advis, Sergio Ortega, Los blops, en fin. Además, fue uno de los cuatro miembros de la Peña de los Parra. Durante dos años consecutivos ganó el primer lugar en el Festival de la Nueva Canción, organizado por la Universidad Católica. Dirigió programas en Televisión Nacional y Canal 9, y compuso la música de continuidad de la señal estatal. Finalmente, ocupó el cargo de embajador cultural del gobierno popular, y durante la Unidad Popular fue profesor de folclore en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago. Por todo lo anterior, el proyecto en discusión es, en cierto sentido, infructuoso, quizás impotente, pues para la universalidad de su creación no existe monumento que la contenga ni homenaje que la trasluzca. Sin embargo, parece tener otro sentido inesperado: el que estemos hablando hoy en el Congreso Nacional de alguien tan importante como don Víctor Jara no hace más que ennoblecer el oficio del legislador, el cual, de tanto en tanto, debe volver la cabeza hacia donde descansan quienes aun muertos siguen escondidos en los pliegues de la memoria y que respirando, logran hacernos respirar para que estemos seguros de que de alguna manera siguen aquí, en medio de su pueblo. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señora Presidenta, qué tienen en común estas letras de canciones de Víctor Jara: “El derecho de vivir en paz”, “Sopla como el viento la flor de la quebrada” “Luchín”, “Usted no es na’, ni chicha ni limoná, se lo pasa manoseando, caramba zamba, su dignidad”. Que el artista habló al mundo, al país, a la vida y a la gente a través de sus versos y de sus canciones. También les habló a través de la expresión teatral. Como dijo muy bien mi amigo y diputado señor Roberto Poblete, se le conoce como compositor y cantante, pero también fue un gran dramaturgo y director de teatro. Lideró, junto con otros, la innovación teatral a fines de la década de los 60 y principios de los 70 en Chile. Participó de la nueva canción chilena, vinculado a Inti-Illimani y Quilapayún. Creó uno de los grupos señeros, que aún existe, liderado por mi amiga Mariela, que se llama Cuncumén, que recopiló canciones a lo largo de todo el territorio chileno. Pero más allá de eso, Víctor Jara se convirtió en una figura universal. Él había comenzado a hacerlo antes de los luctuosos sucesos de 1973. Cantaba en Lima, en La Paz, en Caracas, en París. Y sus canciones ya empezaban a formar parte del cancionero mundial de la canción de expresión social. Por supuesto, es difícil de explicar la manera como la dictadura se ensaña con su figura, porque es muy complejo. Ayer discutimos sobre la tortura. Es muy difícil explicarse a estas alturas de la vida el ensañamiento con que fue asesinado Víctor Jara, quien jamás había empuñado un fusil, que no era un teórico de la revolución, pero sí era un emblema del cambio social. Ese ensañamiento está relacionado con eso. Al matar a Víctor Jara, querían matar el anhelo de cambio. Naturalmente, fue un asesinato infructuoso, porque siempre es ilusorio matar las esperanzas de la gente por la vía de asesinar al mensajero, ya que lo adecuado es hacerse cargo del mensaje. Víctor Jara llegó a Santiago y comenzó a componer sus primeras canciones en el barrio Estación Central, en la población Los Nogales, de la Región Metropolitana, territorio que me corresponde representar en la Cámara. De hecho, realizamos una campaña para modificar el nombre de una calle señera para rebautizarla como Víctor Jara. Sin embargo, ningún homenaje que implique denominar una calle o un lugar con su nombre o erigir una escultura será más grande que el homenaje que le tributan los pueblos chileno y del mundo al entonar sus canciones a diario. Estoy seguro de que en este instante en que estoy hablando hay personas cantando o tarareando alguna canción de Víctor Jara en algún lugar del planeta. Estoy seguro de que ese es el principal homenaje que se puede hacer a la vida y a la lucha de Víctor Jara. He dicho. -Aplausos. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza a erigir un monumento en memoria del músico, cantautor y dramaturgo don Víctor Jara Martínez. Hago a presente a la Sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Edwards Silva, José Manuel; Squella Ovalle, Arturo; Turres Figueroa, Marisol; Urrutia Soto, Osvaldo. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, pido agregar mi voto a favor. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Quedará constancia de su voto en el acta, señor diputado. Despachado el proyecto. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN SITIOS ERIAZOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9988‐14) La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para disponer la iluminación de sitios eriazos. Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Jaime Pilowsky. Antecedentes: -Moción, sesión 13ª de la presente legislatura, en 13 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13. -Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y bienes Nacionales, sesión 98ª de la presente legislatura, en 19 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 8. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor PILOWSKY (de pie).- Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto, iniciado en moción de los diputados señores Claudio Arriagada, Pedro Browne, Sergio Espejo, Daniel Farcas, Tucapel Jiménez, Jaime Pilowsky y Osvaldo Urrutia, que tiene por objeto lograr que los propietarios de sitios eriazos instalen sistemas de iluminación que funcionen de manera regular, sobre todo en los sitios que colindan con poblaciones, villas, condominios o cualquier conjunto habitacional en general, para resguardar la seguridad de los vecinos del sector. Expusieron en la comisión la señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, y los señores Enrique Rajevic, asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Marco Venegas, subsecretario subrogante de Prevención del Delito, y Marcelo Segura, abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades. En la moción se hace presente que es frecuente ver en diversas comunas del país la existencia de sitios eriazos o baldíos, que en muchas ocasiones presentan un grave problema de seguridad para los vecinos y vecinas de las poblaciones o villas aledañas, motivo por el cual se han impulsado diversos programas tendientes a su reducción o eliminación. Adicionalmente, la actual legislación en materia de sitios urbanos -artículo 81, letra b), de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que para prevenir el deterioro progresivo de un sector o barrio, la municipalidad podrá ejercer la facultad de “Ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las características que señale el Plan Regulador y su Ordenanza Local, o las que se fijen a falta de aquellos”. Las municipalidades, a través de las ordenanzas municipales, en virtud del artículo 65, letra k), de la Ley Orgánica de Municipalidades, pueden establecer las características y requisitos de los cierres perimetrales. Sin embargo, en muchas ocasiones, ordenar el cierre perimetral no ha sido suficiente para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas que viven en terrenos aledaños. En opinión de los autores del proyecto de ley en informe, se hace necesario que, además de los cierres perimetrales, los sitios eriazos cuenten con la iluminación necesaria para evitar que, siendo vulnerados los cierres, los terrenos eriazos se conviertan en lugares que sirvan para cometer delitos. Por lo tanto, a través de esta modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones se busca que las municipalidades puedan dictar ordenanzas que obliguen a los propietarios de los sitios eriazos a instalar sistemas de iluminación. Discusión del proyecto En la discusión del proyecto, la señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, destacó que la norma propuesta es pertinente con lo señalado en los fundamentos de la moción respectiva y se manifestó de acuerdo con el propósito de ella. El subsecretario subrogante de Prevención del Delito se manifestó de acuerdo con la moción que exige la iluminación de los sitios eriazos, pues está en línea con lo que ese organismo está impulsando a través de los planes comunales de seguridad y de las orientaciones técnicas sobre la materia. El señor Marcelo Segura, subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, se refirió al proyecto y a los problemas de seguridad que se generan en los sitios eriazos, por lo que concordó en que es respecto de estos y de propiedades abandonadas que se debería legislar. Consideró que los sitios eriazos que no se iluminen también deberían ser sancionados con una multa. Puesto en votación el artículo único del proyecto, que reemplaza en la letra c) la palabra “zonas” por “áreas”, fue aprobado por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes. Es cuanto puedo informar, señor Presidente. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señora Presidenta, en primer lugar, valoro esta iniciativa que un conjunto de diputados ha promovido. Es habitual que el Estado chileno traspase responsabilidades a otros organismos y exija a los ciudadanos aquello que no es capaz de cumplir. Afirmo mis dichos en el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado no solo de velar por el patrimonio nacional, en este caso, de terrenos que pertenecen a todos los chilenos, sino, además, de administrarlos. Existe gran cantidad de terrenos residuales pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son administrados por el Serviu a lo largo de Chile, y numerosos sitios eriazos, ubicados particularmente en la periferia de las ciudades, cuyo propietario es el Instituto Nacional de Deportes. Por lo tanto, el Estado tiene abandonados, sin iluminación y transformados en basurales una enorme cantidad de sitios eriazos a lo largo del país. El Estado es el principal propietario de esos sitios que afectan la calidad de vida y la seguridad de la población, además del daño que provocan al medio ambiente. Si bien concurriré con mi voto favorable al proyecto, que además es respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quiero dejar planteado que la iniciativa debió contar con el beneplácito de todos los ministerios que poseen terrenos a lo largo de Chile y que los han dejado abandonados desde hace mucho tiempo. El proyecto no pretende hacer recaer en los privados una responsabilidad que el propio Estado no es capaz de cumplir; por el contrario, su propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos, particularmente de aquellos de sectores que presentan mayores carencias en áreas verdes, en iluminación y en seguridad. Por eso, anuncio que los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana concurriremos, con mucho agrado, con nuestro voto favorable al proyecto. No obstante, estaremos atentos para exigir al Estado que cumpla con aquello que también reclama a los privados. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para disponer la iluminación de sitios eriazos. Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Becker Alvear, Germán; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Edwards Silva, José Manuel; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farcas Guendelman, Daniel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gahona Salazar, Sergio; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Lorenzini Basso, Pablo; Macaya Danús, Javier; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Molina Oliva, Andrea; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Núñez Urrutia, Paulina; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paulsen Kehr, Diego; Pérez Arriagada, José; Pérez Lahsen, Leopoldo; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sabat Fernández, Marcela; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Silva Méndez, Ernesto; Soto Ferrada, Leonardo; Squella Ovalle, Arturo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Trisotti Martínez, Renzo; Tuma Zedan, Joaquín; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Walker Prieto, Matías; Ward Edwards, Felipe. El señor LETELIER.- Señor Presidente, pido que quede constancia de mi voto a favor. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Así se hará, señor diputado. Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular. Despachado el proyecto. OBLIGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CIERROS EXTERIORES TRANSPARENTES EN SITIOS ERIAZOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9989‐14) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de cierre de sitios eriazos. Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Osvaldo Urrutia. Antecedentes: -Moción, sesión 13ª de la presente legislatura, en 15 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 14. -Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y bienes Nacionales, sesión 98ª de la presente legislatura, en 19 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor URRUTIA, don Osvaldo (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Pedro Browne, Roberto León, señora Claudia Nogueira, señores Iván Norambuena, Jaime Pilowsky y de quien habla, que consiste en consignar, por ley, que los sitios eriazos ubicados en áreas urbanas construyan en la parte que enfrenta un bien nacional de uso público, cierros exteriores y transparentes, que permitan un mayor control ciudadano de esas zonas y de la actividad que en ellas se produce. En la comisión expusieron la señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo; los señores Marco Venegas, subsecretario subrogante de Prevención del Delito; Marcelo Segura, subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, y Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. En la moción se hace presente que con la dictación de la ley N° 20.033, de 2005, que modifica varios cuerpos legales, entre ellos el decreto ley sobre Rentas Municipales, se incorpora un artículo 58 bis al referido decreto, por el cual se obliga al pago de una multa, a beneficio municipal, a las propiedades abandonadas ubicadas en el radio urbano. Según señala el artículo 58 bis, “se entenderá por propiedad abandonada, el inmueble no habitado que se encuentre permanentemente desatendido, ya sea por falta de cierros, protecciones adecuadas, aseo o mantención, o por otras circunstancias manifiestas de abandono o deterioro que afecten negativamente su entorno inmediato.”. Así, de acuerdo a la normativa, corresponde a los municipios declarar, mediante decreto alcaldicio, una propiedad como abandonada, lo cual debe ser notificado al propietario, a fin de que ejerza un recurso de reclamación, en caso de optar por ello. Una vez que la propiedad ha sido declarada como abandonada, los municipios respectivos podrán intervenir en ella, con fines de cierro, higiene o mantención, lo que será de cargo del propietario. Por su parte, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, decreto N° 458, dispone en su artículo 81 que con el fin de prevenir el deterioro progresivo de un sector o barrio, los municipios pueden fijar plazos a los propietarios para efectuar las reparaciones necesarias, de manera de evitar el colapso parcial o total de la construcción, o bien, ordenar la construcción de cierros exteriores en los sitios eriazos, en plazos no inferiores a seis meses, con las características que señale el plan regulador y su ordenanza local, o las que se fijen a falta de aquellos, entre otras medidas. Estas facultades pueden ser ejercidas bajo apercibimiento de multas a beneficio municipal. Como se ve, lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones está en estrecha relación con lo señalado en el decreto que fija la Ley sobre Rentas Municipales, pues ambas normas tienen por objeto resguardar las condiciones de seguridad, de higiene o de mantención de aquellas propiedades que se encuentran en situación de abandono. En la práctica, la existencia de sitios eriazos o de propiedades abandonadas da lugar, en muchos casos, a situaciones de apropiación ilegal, por no contar con cierres perimetrales, lo que genera el establecimiento de poblaciones en condiciones precarias, sin cumplimiento de normas de urbanización y sanitarias, sin presencia de servicios básicos y en situación de riesgo ante posibles emergencias, tal como ha ocurrido muchas veces en nuestro país. Además de las situaciones de precariedad y de riesgo ante desastres naturales, la falta de cierros puede ocasionar el establecimiento de focos delictuales, que ponen en peligro la seguridad de los vecinos. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en concordancia con la Ley General y la Ley sobre Rentas Municipales, señala en su artículo 2.5.1 que los sitios eriazos y propiedades abandonadas, ubicados en áreas urbanas, deben tener cierros levantados en su frente hacia el espacio público. No obstante, no habla de la materialidad que corresponde a ello. Como se puede observar de los antecedentes expuestos, la normativa se encontraría conteste en materia de regulación de los cierros de las propiedades abandonadas, dotando para ello de facultades a los municipios. Sin embargo, se echa de menos en nuestra legislación la consideración de los cierros transparentes o cercos vivos, como una medida que permita un mayor control de estas zonas y de la actividad que en ellas se produce, así como una medida que apunte a mantener una armonía entre los sitios abandonados y las edificaciones vecinas a ellos. Discusión del proyecto La señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, observó que la iniciativa exigiría la instalación de cierros transparentes o cercos vivos en aquellas propiedades situadas en áreas urbanas que se encuentren abandonadas. Compartiendo los fundamentos y objetivos del proyecto, estimó, sin embargo, que no es necesario incorporar en la ley el concepto de “propiedades abandonadas”, pues ya está contemplado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, como también ya está regulado en ella el tema de la transparencia de los cierros perimetrales. Con respecto a los cercos vivos, la ministra planteó que ellos requieren mantención, la cual resulta compleja en aquellas zonas donde hay escasez de agua, pudiendo eventualmente deteriorarse y empeorar la situación de inseguridad e insalubridad de los sitios eriazos. El subsecretario subrogante de Prevención del Delito, en relación con la moción relativa a los cierros perimetrales y particularmente con los cercos vivos, además de lo expresado por la ministra de Vivienda y Urbanismo, advirtió que estos impiden la visibilidad hacia el interior de los predios, además de generar zonas oscuras cuando no existe una buena poda, por lo que podrían aumentar los niveles de inseguridad de quienes viven o circulan en los alrededores de tales sitios. El diputado señor Osvaldo Urrutia anunció la presentación de una indicación al proyecto, justamente para eliminar la referencia a los cercos vivos, ya que estos estaban pensados para los parques urbanos, los cuales debían tener cierros translúcidos de esas características para que la gente pudiera apreciar su interior. Manifestó que el objetivo del proyecto era promover la vigilancia natural, estableciendo la posibilidad de ver y ser visto, lo que es esencial para crear o mantener un espacio seguro, ya que la visibilidad de un lugar aumenta el control ciudadano sobre este y disminuye las probabilidades de que ocurran delitos. El señor Marcelo Segura, subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, se refirió al proyecto y a los problemas de seguridad que se generan en los sitios eriazos, por lo que concordó en que se debería legislar respecto de estos y de las propiedades abandonadas. También sugirió sancionar a quienes incumplan tales medidas, pero consideró muy baja la multa de 5 UTM. Explicó que la sanción, en el caso de propiedades abandonadas, es el equivalente al 5 por ciento de su avalúo fiscal. En la discusión particular del proyecto se acogieron los puntos antes señalados, presentándose las respectivas indicaciones. Puesto en votación el artículo único del proyecto con las indicaciones ya señaladas, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Tratado y acordado en sesiones de fechas 19 de agosto, 2 de septiembre, 9 de septiembre y 11 de noviembre de 2015, con asistencia de los diputados señoras Karol Cariola, Loreto Carvajal; señores Fidel Espinoza, Daniel Farcas; señora Maya Fernández; señores René Manuel García, Carlos Abel Jarpa, Roberto León (Presidente); señora Claudia Nogueira; señores Iván Norambuena, Jaime Pilowsky, señora Alejandra Sepúlveda y señores Joaquín Tuma y Osvaldo Urrutia. Es todo cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día. En consecuencia, la discusión de este proyecto y su votación quedan pendientes para una próxima sesión ordinaria. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN RETIRO DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES INSTITUCIONALES DE CONDENADOS POR ACTOS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y MEDIDAS PARA NO REPETICIÓN DE DICHOS ACTOS El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 453. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 453, de los diputados señores Sergio Ojeda, Ricardo Rincón, Tucapel Jiménez; señora Yasna Provoste, y señores Hugo Gutiérrez, Carlos Abel Jarpa, Roberto Poblete, Juan Enrique Morano e Iván Fuentes, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que adopte las medidas necesarias instruyendo a las autoridades pertinentes, a fin de: 1) Ordenar el retiro inmediato de todas las dependencias públicas, de fotografías y toda imagen referidas a las personas que en el uso de funciones y poderes públicos hayan sido condenados como autores, cómplices o encubridores de actos de violación de derechos humanos, con independencia de si han sido o no degradados, tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas, como una forma concreta, expresa y explícita de satisfacción a las víctimas en cumplimiento del deber de reparación plena. 2) Instituir como una regla administrativa permanente de un Estado respetuoso de los derechos humanos, el retiro de toda imagen referida a las personas que, en el uso de funciones y poderes públicos, hayan sido condenados como autores, cómplices o encubridores de actos de violación de derechos humanos, con independencia de si han sido o no degradados, tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas, y su reemplazo por una imagen que simbolice un “no” rotundo a la violación a los derechos humanos, como una forma concreta, expresa y explícita de comenzar el cumplimiento de la garantía de no reparación, en cumplimiento del deber de reparación plena. 3) Instituir un homenaje a las víctimas de la violencia política estatal en las que se ha utilizado el poder de las armas del Estado en contra de las personas, y un compromiso público de no repetición, tanto del Presidente de la República, de los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, del Presidente de la Corte Suprema y de los respectivos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en el marco de la celebración nacional de las Glorias del Ejército de Chile, los días 19 de septiembre de cada año, como una forma concreta, expresa y explícita de satisfacción a las víctimas y garantía de no reparación, en cumplimiento del deber de reparación plena. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, aún están pendientes muchas reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero esas reparaciones no solo deben consistir en indemnizaciones, en compensaciones en dinero, sino que deben ir mucho más allá: deben apuntar a la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Por lo menos así lo consagra la Organización de las Naciones Unidas en sus principios y directrices relativos a los derechos de las víctimas en caso de violación a los derechos humanos, y también lo señala el derecho internacional humanitario, que considera que el concepto de satisfacción incluye, entre otras formas, una disculpa pública y conmemoraciones y homenajes a las víctimas. La motivación de este proyecto de resolución tiene su origen en la decisión de poner en la galería del Ejército un retrato del fallecido exgeneral y exjefe de la Dina Manuel Contreras Sepúlveda, hecho que el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, avaló y justificó. Sin duda, estamos frente a un hecho impropio, que podríamos considerar como una afrenta y una falta de respeto a los familiares y a las víctimas de los derechos humanos, que ven cómo se pretende resaltar y honrar la figura de una persona que fue condenada a perpetuidad por hechos crueles que significaron la muerte, el asesinato de muchos chilenos. Este hecho no sirve para reparar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Lo único que logra es acentuar el dolor, la ignominia y la humillación hacia las víctimas y sus familiares. No se puede argumentar con una supuesta autonomía de un órgano del Estado, como es el Ejército, para actuar con prescindencia del sentimiento y del dolor ajeno. Cuando esto proviene de un organismo del Estado, es tema de Estado e interesa a toda la nación. Este tipo de materias jamás podrán quedar a la libre determinación o arbitrio de autoridades e instituciones, sino del país, porque afectan precisamente al país. Por eso, pedimos el retiro inmediato de todas las dependencias públicas, de fotografías y de toda imagen referida a personas que en el uso de funciones o poderes públicos hayan sido condenadas como autores, cómplices o encubridores de actos de violación a los derechos humanos. Además, deseamos instituir como una regla administrativa permanente de un Estado respetuoso de los derechos humanos, el retiro de toda imagen referida a personas que, en uso de funciones y poderes públicos, hayan sido condenadas como autores, cómplices o encubridores de actos de violaciones a los derechos humanos. En tercer lugar, instituir un homenaje a las víctimas de la violencia política estatal en las que se ha utilizado el poder de las armas del Estado en contra de las personas y un compromiso público, de parte de todos los poderes del Estado, como también de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de todas las personas que tengan relación con este tipo de temas, de que esos hechos no se repetirán. Por lo tanto, solicito el apoyo de la Cámara de Diputados a este proyecto de resolución. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para intervenir en contra del proyecto de resolución. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, no hay dos opiniones respecto de la condena a las violaciones a los derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos, no hay discrepancias para condenar esos hechos. Sin perjuicio de lo anterior, este proyecto de resolución se funda en antecedentes que no son reales, y señalaré por qué. En primer lugar, se ha dicho -lo acaba de manifestar textualmente el autor del proyecto que hay una galería del Ejército que tiene esas fotografías. Eso no es real. La consulta que se hizo al señor comandante en jefe del Ejército en la Comisión de Defensa Nacional es por qué en el Regimiento Tejas Verdes había fotografías del fallecido general señor Manuel Contreras. La respuesta del comandante en jefe fue que se pone la fotografía de todas las personas que han comandado el regimiento. Además, esas fotografías corresponden a un mando establecido mucho antes del período en que se dictaron las condenas por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es esconder la historia. Al revés: hay que condenar las violaciones a los derechos humanos, pero no solo de un sector. No he escuchado a mis distinguidos colegas expresarse sobre cómo se violaron los derechos humanos de los soldados que fueron acribillados, de los carabineros que han sido asesinados, etcétera. Ellos también sufrieron violación de sus derechos humanos, lo que es condenable, y supongo que para mis colegas también lo es. Entonces, cuando estamos hablando de un proyecto que se funda en una información que no es real, me parece importante que no perseveremos en el error. Respecto de retirar toda imagen y reemplazarla por una que signifique un “no” rotundo a las violaciones a los derechos humanos, nadie entiende qué es eso. Finalmente, cuando todas las instituciones, partiendo por esta, han hecho innumerables gestos y signos de reconciliación, me parece que no podemos seguir profundizando una situación que todos queremos que se supere, de una u otra manera. Nosotros pensamos que, luego de que uno de los comandantes en jefe del Ejército, personal y públicamente, se refirió al “nunca más”, insistir en pedir que se haga más de lo mismo es una forma de humillar a una institución que intervino en un momento muy específico y especial de nuestra historia. Fuimos nosotros, los políticos, los que integrábamos el sistema político en aquel momento, los incapaces de mantener nuestra democracia. Los militares actuaron a solicitud de los civiles, que incluían a la mitad de la actual Nueva Mayoría, más todos nosotros. Sinceramente, partiendo de la base de que todos condenamos las violaciones a los derechos humanos, tenemos que enseñar e instruir en lugar de seguir enlodando o desprestigiando a una institución que, en su momento, creyó que hacía lo mejor -y que, a juicio de muchos chilenos, lo hizo en el momento que correspondía-; hoy estamos en otra etapa y todos estamos disponibles para que aquello no se repita, y tenemos que partir por nosotros: los actores políticos. Por esa razón y porque aquí se ha fundado este proyecto de resolución sobre bases que no son reales, llamo a votar en contra. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación el proyecto de resolución N° 453. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel; Álvarez Vera, Jenny; Andrade Lara, Osvaldo; Arriagada Macaya, Claudio; Auth Stewart, Pepe; Campos Jara, Cristián; Carvajal Ambiado, Loreto; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahin Valenzuela, Fuad; Chávez Velásquez, Marcelo; Cicardini Milla, Daniella; Cornejo González, Aldo; De Mussy Hiriart, Felipe; Espejo Yaksic, Sergio; Espinosa Monardes, Marcos; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fernández Allende, Maya; Flores García, Iván; Fuentes Castillo, Iván; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Gutiérrez Gálvez, Hugo; Hernando Pérez, Marcela; Jackson Drago, Giorgio; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Sommerhoff, Felipe; Lemus Aracena, Luis; Lorenzini Basso, Pablo; Melo Contreras, Daniel; Meza Moncada, Fernando; Núñez Arancibia, Daniel; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Pilowsky Greene, Jaime; Poblete Zapata, Roberto; Provoste Campillay, Yasna; Rathgeb Schifferli, Jorge; Rincón González, Ricardo; Robles Pantoja, Alberto; Rocafull López, Luis; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Saldívar Auger, Raúl; Schilling Rodríguez, Marcelo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto Ferrada, Leonardo; Teillier Del Valle, Guillermo; Torres Jeldes, Víctor; Tuma Zedan, Joaquín; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo; Barros Montero, Ramón; Gahona Salazar, Sergio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hoffmann Opazo, María José; Kast Rist, José Antonio; Lavín León, Joaquín; Paulsen Kehr, Diego; Sandoval Plaza, David; Silva Méndez, Ernesto; Squella Ovalle, Arturo; Trisotti Martínez, Renzo; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Soto, Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Coloma Alamos, Juan Antonio; Edwards Silva, José Manuel; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Kort Garriga, Issa; Molina Oliva, Andrea; Nogueira Fernández, Claudia; Sabat Fernández, Marcela. MODIFICACIÓN DE LEY RESERVADA DEL COBRE El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 454, de los diputados señor Giorgio Jackson, señoritas Karol Cariola, Camila Vallejo; señores Lautaro Carmona, Juan Luis Castro; señorita Daniella Cicardini; señores Rodrigo González, Sergio Ojeda, Tucapel Jiménez y Marcelo Schilling, que en su parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados resuelve: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República: Que elabore y someta a consideración de esta Corporación un proyecto de ley con el objeto de modificar la ley reservada del cobre, la N° 13.196, de acuerdo a lo que se señala: Que establezca el carácter estratégico de la educación y la salud pública y, en este sentido, determine una nueva distribución de los recursos de la ley N° 13.196, reservada del cobre, que hasta la fecha han sido destinados a Defensa, todo lo cual se hará de la siguiente manera: El 10 por ciento de los recursos establecidos en la ley N° 13.196, reservada del cobre, destinado a Defensa, será distribuido del modo que sigue: 1. El 33,3 por ciento de dichos recursos se destinará a financiar la educación que provee el Estado en todos sus niveles. 2. El 33,3 por ciento de los recursos que contempla la ley reservada del cobre se destinará a salud pública, que provee el Estado, y 3. El 33,3 por ciento se destinará a Defensa. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, hace un tiempo, antes de conocerse la investigación del programa Informe Especial, un conjunto transversal de parlamentarios presentamos este proyecto de resolución para dar una señal al gobierno y a nuestra Presidenta de la República sobre la necesidad de comprender la inversión estratégica de nuestro país bajo otra lógica. Obviamente, la defensa es un área que no puede depender del mercado. El Estado tiene que financiarla, pero también debe tener sus resguardos. Nuestro país gasta más que cualquier otro de Latinoamérica en materia de defensa, sin estar en una situación de guerra. Por lo tanto, creemos que los recursos originados por la explotación del cobre, que son de todos los chilenos, deben destinarse a áreas de inversión estratégica que durante décadas han estado abandonadas en nuestro país, que tienen relación con derechos sociales fundamentales para nuestros ciudadanos y ciudadanas: educación y salud, a propósito de un escenario en que el decrecimiento económico ha puesto en riesgo mucho del avance de nuestras reformas, en cuanto a garantizar derechos sociales fundamentales, y no solo educación y salud, sino también vivienda, pensiones y otros, que los chilenos han estado esperando por décadas para que sean mejoradas por parte del Estado. Por lo tanto, este proyecto de resolución, que han firmado parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido Socialista, del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, incluso independientes, busca que el Ejecutivo se pronuncie sobre esta materia, que no solo permita avanzar en la investigación y transparencia del uso de los recursos en defensa por parte de las Fuerzas Armadas, sino que también permita destinar parte de esos recursos a otras áreas estratégicas, porque mientras en las Fuerzas Armadas se gastan miles y millones de dólares en un casino, en autos o en otros lujos, hay pobladores que viven hacinados, jóvenes que esperan gratuidad en la educación, gente que espera una adecuada atención en salud y adultos mayores que esperan una pensión digna. Por ello, esperamos que la Sala apruebe el proyecto de resolución. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, no es primera vez que discutimos un proyecto de resolución como este, pero hoy es un tema que está en la agenda pública y política del país. No es razonable que en la actualidad el 10 por ciento de las ventas de Codelco sea destinado a las Fuerzas Armadas para la renovación de material bélico. Hoy tenemos problemas bastante más urgentes que ese. Ahora, si nos retrotraemos al período 2006-2010, el del superciclo del precio del cobre, durante esos cuatro años se recaudaron, en promedio, 4.500 millones de dólares, que se destinaron a gastos operacionales de las Fuerzas Armadas. Estamos contestes en que el financiamiento de las Fuerzas Armadas debe ser incorporado dentro de la discusión del presupuesto de la nación de forma razonable, para así transparentar lo que Chile gasta en renovación de material bélico. Como bancada del Partido Radical Social Demócrata, hemos insistido en reiteradas oportunidades sobre la indispensable y necesaria obligación de derogar la ley reservada del cobre, no solamente porque es poco transparente, sino además porque es un sistema desequilibrado y poco claro para financiar a las Fuerzas Armadas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para intervenir en contra del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, sinceramente, estoy sorprendido por el nivel de desconocimiento sobre este tema mostrado por la diputada y el diputado que me antecedieron en el uso de la palabra. Es tan grave el nivel de desconocimiento que ni siquiera se han enterado de que esta Corporación ya votó una iniciativa sobre el término de la ley reservada del cobre, que en este momento se encuentra en tramitación en el Senado. Lo que tienen que hacer los colegas es pedir a la Presidenta de la República que le ponga urgencia a ese proyecto, que –repito fue aprobado por la Cámara de Diputados y que duerme en el Senado desde hace más de dos años. ¡Es una vergüenza que hoy estén planteando esto con ese nivel de desconocimiento! ¡Francamente, es una vergüenza! Independientemente de que me guste mucho que 33,3 por ciento de esos recursos sea destinado a educación y que otro 33,3 por ciento se destine a salud, en ese proyecto se propone entregar todo a la hacienda pública y que el Congreso Nacional defina los montos con un proyecto plurianual. Se llegó a ese consenso entre muchas personas, entre ellas el actual subsecretario de Defensa, quien opinó como un especialista en el tema. Por lo tanto, este proyecto de resolución no solo está perdido en el tiempo y demuestra un desconocimiento colosal, sino que, además, está equivocado, porque quien tiene que definir los porcentajes para la hacienda pública es el Ejecutivo y no a través de una ley. Por esa razón, vamos a rechazar este proyecto de resolución. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar los proyectos de resolución. Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, queda tiempo para hablar en contra del último proyecto de resolución, por lo que solicito que no se vote ahora y quede pendiente su discusión y su votación para la próxima sesión. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- ¿Habría acuerdo para permitir que el diputado René Manuel García intervenga ahora en contra del proyecto de resolución, con el objeto de votarlo hoy? No hay acuerdo. En consecuencia, queda pendiente el proyecto de resolución N° 454. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. HOMENAJE HOMENAJE A ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde rendir homenaje a la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, con motivo de conmemorarse los 150 años desde su fundación. Presidirá este homenaje un exalumno de dicha universidad, el diputado señor José Miguel Ortiz. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana y de los partidos de la Nueva Mayoría, rindo homenaje a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción, mi escuela, mi universidad, mi formación, instalada y construida en el corazón del Biobío para el desarrollo cultural y el progreso de esa región. Se encuentra enclavada en el barrio universitario, en un bello paraje, con hermosas flores, con el campanil, símbolo del saber y el conocimiento. El 5 de mayo último la escuela de derecho de la Universidad de Concepción cumplió 150 años de existencia. Su historia comienza con el Curso Fiscal de Leyes. Hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales integra las carreras de derecho y la de ciencias políticas y administrativas. Se trata de una evolución tremendamente impactante y beneficiosa. La escuela de derecho de la Universidad de Concepción es una de las más prestigiosas del país y conocida en el mundo entero. Es la segunda facultad de derecho más antigua de Chile. Me siento orgulloso -lo he sentido siempre a través de los años de haber cursado mis estudios de derecho en esa escuela y de ser hoy un abogado que utiliza su formación y sus conocimientos jurídicos en labores legislativas. Es el mismo orgullo que deben sentir los egresados de distintas épocas que concurrieron a los festejos de un nuevo aniversario de su fundación. El derecho al servicio de la gente; la defensa en el marco del ejercicio libre de la profesión nos lleva -nos insta a poner la ley al servicio del bien común. El acervo jurídico, la sustancia que impregna la ley; la filosofía y la doctrina, que nos ayudan a comprender y a darle fuerza a las normas jurídicas para hacerlas más humanas, alejándolas de la frialdad que puede implicar la simple aplicación o la mera técnica, son relevantes en los estudios de derecho. Ello lo comprendí con claridad y convicción. La ley es la ley. Ella es la nomenclatura de las normas jurídicas creadas para regular la conducta humana dentro de la sociedad y constreñirla a su cumplimiento; pero también es fundamental, tiene mayor valor y se legitima cuando va a la par con el concepto de justicia. Estudié en la escuela de derecho de la Universidad de Concepción entre 1964 y 1970. Era una época difícil, de encuentros y de muchos desencuentros, donde la sociedad política parecía partirse en dos. Se trenzaban feroces enfrentamientos entre férreos y marcados grupos políticos que lidiaban por hacer predominar sus esquemas, sus filosofías políticas y sus sistemas de organización del Estado o sus intentos y propósitos de instaurar una justicia social en un Chile que se sumía en el subdesarrollo y la pobreza. Había necesidad de grandes cambios. Sosteníamos que el derecho debía ir en paralelo a las transformaciones; que no debía constituirse en un dique de contención de las grandes reformas que exigía el país. Hubo, en ese tiempo, grandes y encendidos debates en la escuela de derecho, donde los estudiantes y académicos fuimos también protagonistas de los grandes acontecimientos sociales y políticos que se producían en el país. Los orígenes de la carrera de derecho se remontan a 1830, cuando el rector del entonces denominado Instituto Literario en Concepción, junto a otros profesores del Instituto Nacional, iniciaron en Concepción un curso de Derecho Civil, sostenido por suscripción pública. Ese nuevo instituto, que después se llamó Liceo de Hombres de Concepción, prosiguió con la enseñanza jurídica hasta que el 5 de mayo de 1865 se creó el Curso Fiscal de Leyes de Concepción. Ese curso fiscal es integrado a la Universidad de Concepción por don Enrique Molina Garmendia, constituyéndose como facultad de la universidad en 1929. Hasta el 10 de junio de 1953, el control de programas y exámenes correspondió a la Universidad de Chile, fecha desde la que obtuvo su plena autonomía. Cabe recordar a su primer decano, el ministro, embajador y uno de los fundadores de la universidad, don Alberto Coddou Ortiz. En la época en que estudié leyes ejerció como decano don Manuel Sanhueza Cruz, mi profesor de historia del derecho; posteriormente, don Sergio Jarpa Fernández, mi profesor de economía política; también lo fueron don René Vergara Vergara y don Julio Salas Vivaldi, profesor de derecho procesal. En sus 150 años de existencia, la escuela de derecho no ha sido indiferente a los escenarios y acontecimientos políticos vividos por el país. Profesores y alumnos fueron protagonistas de un Chile cambiante, que a veces se tornó violento. ¿Cómo vieron los alumnos y profesores la guerra civil de 1891? ¿Cómo participaron o vivieron la modificación de la Constitución de 1925? ¿Cómo reaccionaron frente al cruento golpe de estado de 1973? Hubo también reacciones frente a las sucesiones políticas o presidenciales. En 2005 se abrió una sede en la ciudad de Chillán, siendo su primer decano don Sergio Carrasco Delgado. Su primera promoción egresó en 2009. ¿Cuál es el aporte de la Universidad de Concepción, aparte de ser un centro de estudios superiores que forma y prepara abogados? Es también un espacio de docencia, de investigación y de difusión, con publicaciones de sus docentes en todas las áreas del derecho. Existe excelencia académica de alto nivel. Los profesores se perfeccionan en el exterior en las mejores universidades; se realizan seminarios y congresos, y conviven promociones de pre y posgrado. La escuela de derecho ha sido importante para conformar y consolidar nuestro Estado de derecho; ha irradiado el perfume de la ley, con aplicaciones de esta por quienes egresaron y son profesionales del derecho. De la escuela han egresado grandes personalidades, como el Presidente Juan Antonio Ríos; ministros de Estado, senadores, diputados, ministros de la Corte Suprema y jueces; pero también grandes abogados que han ejercido libremente la profesión; grandes y conocidos juristas, pensadores, penalistas, civilistas y grandes alegadores antes los tribunales superiores de justicia. En 2012, de los 27 abogados nominados a integrar la corte de apelaciones de Concepción, 26 resultaron ser egresados de la Universidad de Concepción. Hoy quiero saludar a las autoridades, a los alumnos, a los profesores, a los no docentes, al personal administrativo, a toda la comunidad universitaria de la escuela de derecho. Saludo, también, a su actual decano, don José Luis Diez Schwerter, y a su vicedecano, don Gonzalo Cortez Matcovich; a sus 85 profesores; al presidente del centro de alumnos, don Julio Bustos, y a toda la comunidad universitaria de esa escuela, que se merece este homenaje y muchos reconocimientos más. Quienes hemos pasado por sus aulas hemos recibido el saber y el reconocimiento que aprendimos en pluralidad y tolerancia, y a entendernos, lo que nos permitió conocer la sociedad real y cruda, percibir los conflictos sociales y el valor que tenemos para resolver las controversias que se producen entre partes y tener la convicción plena de que en el derecho, la justicia -siempre la justicia es consustancial a la naturaleza humana, a los derechos humanos y al patrimonio universal, que debe ser reconocido y protegido por el derecho, las normas de conducta social y por las instituciones que se crean para ese efecto. Saludo a la gran escuela de derecho de la Universidad de Concepción, que para mí es la mejor del mundo. He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Jorge Rathgeb, también egresado de derecho de la Universidad de Concepción. Rinde homenaje en representación del Partido Renovación Nacional y de la UDI. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, para quien habla es realmente sobrecogedor rendir este homenaje. Estudie en la Universidad de Concepción y me titulé como abogado en las aulas de la escuela de derecho. Saludo en primer lugar a la delegación de la escuela de derecho de la Universidad de Concepción que nos acompaña en las tribunas, encabezada por su decano, mi excompañero José Luis Diez Schwerter. Desde este hemiciclo le envió un tremendo saludo. Su presencia me trae hermosos recuerdos de los años vividos en la escuela de derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción se funde, en sus raíces, con los principios y primeros pasos de nuestro pueblo, y con los años en que se inicia el Chile independiente. Nuestra escuela es la segunda más antigua del país. Su sello e identidad son tan intensos que basta mencionar a sus alumnos quiénes han egresado de ella para ahorrar mil preguntas a cualquier interlocutor y disipar cualquier duda de las que hoy lamentablemente abundan respecto de otras universidades y escuelas, en particular sobre la formación académica, competencia, apego a valores y ética de sus abogados. Ser abogado de la escuela habla de entrada de una vocación con la vida y desarrollo de las regiones, de identidad con la ciudad de Concepción y con todo el sur de Chile, que resistió y resiste la pretendida hegemonía política, social y cultural de Santiago, con su ceguera e insaciable vocación centralista. Nuestra actitud orgullosa no es injustificada. Se construye sobre una trayectoria histórica, el temple visionario de sus rectores, decanos y profesores, el aporte generoso de la comunidad penquista y la calidad profesional y humana de sus exalumnos, en un compromiso inalterable con la institución universitaria, la cultura y la libertad humana. Los primeros años son una conjunción maravillosa de sucesos, personalidades y, sobre todo, convicciones que se reúnen en forma virtuosa para dar origen a una institución que contribuye a forjar personas que han sido actores relevantes en episodios admirables de nuestra historia y de sus progresos, por cierto, sin la estridencia ni el marketing de las facultades santiaguinas. El origen de nuestra escuela de derecho se remonta a 1830, en el lejano Instituto Literario creado por decreto del director supremo Ramón Freire, y en la iniciativa de profesores del Instituto Nacional que imparten en Concepción un curso de Derecho Civil, sostenido por la contribución de penquistas que distinguían claramente entre las cosas que solo tienen precio de aquellas que tienen valor. En torno al mismo instituto, que dio origen al Liceo de Hombres de Concepción, se prosiguió la enseñanza jurídica, hasta que en 1865 se crea el Curso Fiscal de Leyes de Concepción. Sorteando enormes dificultades, pero siempre contando con el apoyo decidido de la comunidad, cuando ya parecía que no había solución, el rector Enrique Molina, con certera visión, acogió al Curso Fiscal de Leyes, incorporándolo a la Universidad de Concepción. El encuentro de aquel curso fiscal, que subsistió contra todas las adversidades propias de la actividad educativa y universitaria de las provincias, con la figura inconmensurable de Enrique Molina, es el detonante de la potente proyección de la escuela como referente nacional, no solo como formadora de abogados, sino como protagonista en las discusiones jurídicas más trascendentes de nuestro país. No se puede olvidar que don Enrique, al igual que el Presidente Pedro Aguirre Cerda, además de maestro, era también abogado, lo que lo hacía aquilatar la importancia de una escuela de derecho en el seno de la Universidad de Concepción. Cuando el historiador Gonzalo Vial, refiriéndose en su Historia de Chile al fortalecimiento cultural de nuestro país entre 1938 y 1964, pasa revista a los más notables rectores de nuestra historia universitaria, nombra a Juvenal Hernández, a Juan Gómez Millas y a monseñor Carlos Casanueva; pero en primer lugar a dos rectores de la Universidad de Concepción, ambos abogados: Enrique Molina y David Stitchkin. Del primero dice: “Destacada figura intelectual de la primera mitad del siglo. Las casi cuatro décadas de su mandato imprimirían al establecimiento el carácter ponderado y el alto nivel ético y académico de don Enrique.”. La impronta del rector Enrique Molina inunda nuestra escuela hasta sus cimientos, le infunde la mística y el sentido de sacrificio que abundaban en los esfuerzos para la instalación de la universidad, que se inició en 1917. Entre los episodios memorables de aquellos años se encuentra el que nos relata Armando Bazán en su libro Vida y obra del maestro Enrique Molina, donde señala: “Puesto que no había posibilidad de obtener apoyo oficial alguno, ¿por qué no atenerse a su propio esfuerzo y buscar como fuera los medios económicos que hacían falta? Pues veremos. Y manos a la obra. Le tocó al liceo de hombres, dirigido por Enrique Molina, dar el primer paso, romper los primeros fuegos. Su centro dramático, dirigido por el estudiante Juvenal Hernández, salió hacia el sur en gira artística en busca de dinero.”. Curiosa coincidencia: el joven estudiante que con tanto entusiasmo bregó por la creación de la Universidad de Concepción, llegó a ser en repetidas ocasiones rector de la Universidad de Chile. Sin esperar nada desde el gobierno central, se impulsa la creativa modalidad de donaciones por sorteo, que fue el principio de la actual Lotería y la salvación de la universidad. Recién en 1925 se recibe una modesta subvención en el presupuesto nacional. Así comenzó la escuela de derecho. Su primer decano fue el hombre público, ministro, embajador, abogado y uno de los fundadores de la universidad, don Alberto Coddou Ortiz. Molina marca el estilo, la misión y el objetivo que tendrán todas las facultades de la Universidad de Concepción y, por cierto, la escuela de derecho. Don Enrique señala: “Porque lo verdaderamente fundamental en la vida es que los hombres sepan reaccionar con actitud creadora ante las exigencias del día, creadora en verdad, pero movida por una conciencia clara de nuestros deberes y limitaciones, de los derechos de los demás y de las consideraciones que debemos guardarnos para embellecer nuestro tránsito por la tierra. Además de una preparación científica y técnica, enseñamos a nuestros futuros abogados a ser sacerdotes incorruptibles de la justicia.”. La tolerancia, la libertad y el respeto se respiran en nuestra escuela. En ese sentido, vale desvirtuar la estigmatización simplista y primitiva que se pretende hacer de ella en términos de que tendría una supuesta posición antagónica con la religión. Lo aclaró magistralmente el propio don Enrique, quien manifestó: “Pienso que frente a la idea de Dios no caben sino dos actitudes respetables: la de quienes, iluminados por la fe, creen en él, y la de los que lo buscan motivados por una inquietud metafísica insaciable ante el misterio que nos rodea.”. Como consecuencia de un esfuerzo constante y admirable, en 1953 la escuela dio un paso importante y significativo, cual fue lograr su plena autonomía y libertad para determinar el control de sus programas y exámenes. Hemos recibido de nuestra escuela y de nuestra universidad no solo conocimientos y el manejo de una técnica, sino también una actitud que nos caracteriza y enorgullece: no nos amilanamos frente a la dificultad; somos fieros en el litigio, honestos en el argumento, justos y ecuánimes en la conciliación; somos depositarios de un legado que nos obliga. La actitud en la que nos reflejamos es aquella que tuvo el rector Molina en la contundente precisión que le hiciera al senador Salvador Allende respecto del lema de nuestra universidad “Por el desarrollo libre del espíritu”, cuando este le reclamó coherencia con él. Don Enrique le respondió que no había que olvidar la segunda parte del lema, que dice: “Sin verdad y esfuerzo no hay progreso”, y que ambos no se entienden independientemente, sino que se complementan. Luego añadió: “Aquel, por sí solo, proclamaría una libertad sin freno. Este le coloca el contrapeso del trabajo, de la honradez y de la disciplina, indispensables para que la libertad en su ejercicio se muestre sana y fructífera.”. No voy a agotar a la Sala con la inmensa lista de los exalumnos de la carrera: magistrados, hombres públicos y prestigiosos académicos, que han contribuido a Chile. Son muchos y, aunque resulte injusto, sería muy extenso nombrarlos, dado el tiempo de que se dispone en esta ocasión. Para finalizar, solo voy a reparar en otra característica de los alumnos y miembros de la escuela de derecho de la Universidad de Concepción: siempre perseguimos un sueño; algunos, a veces, son inalcanzables; otros los cumplimos. En mi caso, estoy cumpliendo uno: rendir en la Sala de la Cámara de Diputados un homenaje a mis rectores, a los decanos, a los profesores, a los administrativos, a los auxiliares y a los compañeros de mi querida escuela de derecho. Muchos ya partieron a la vida eterna. He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, señor José Luis Diez: Hoy, la Cámara de Diputados rinde homenaje a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción con motivo de los 150 años de su fundación. Se trata de una viva y exitosa expresión de nuestra mejor tradición académica. Nacida de la demanda ciudadana y plasmada en mayo de 1865, es decir, veintitrés años después de la creación de la Universidad de Chile, no solo sería la segunda escuela de derecho de nuestra historia republicana sino, además, y por mucho tiempo, la primera al interior del país. Muy pronto esta escuela demostró que poseía una capacidad académica y un alumnado altamente calificados que justificaron con creces su nacimiento e instalación. La escuela fue creada al alero y bajo la dependencia administrativa del Liceo de Concepción, calidad que mantuvo hasta 1929, año en el que fue incorporada a la Universidad de Concepción, pública en su esencia, patrimonio de la comunidad regional y fiel reflejo de los valores que inspiran nuestra vida republicana. No es casualidad, por lo mismo, que don Enrique Molina Garmendia, quien inició su carrera docente en el Liceo de Hombres de Chillán, en el que se desempeñó por diez años -entre 1893 y 1903-, haya sido a un tiempo rector del Liceo de Concepción, director del Curso Fiscal de Leyes y rector de la Universidad de Concepción. ¡Qué bueno es recordar aquello en estos días, en los que el ideal de una educación pública, laica, gratuita y de alta calidad renace! ¡Cuánto le debe el país y su democracia a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción! Para nosotros, los radicales, este homenaje tiene particular sentido. Militantes ilustres de nuestra colectividad se formaron en la carrera de derecho de la Universidad de Concepción. Muchos enseñaron en ella y no pocos fueron su decano o su director. La lista es larga; no obstante, los nombres de Juan Antonio Ríos, Raúl Rettig, Humberto e Inés Enríquez Frödden no pueden dejar de mencionarse en este breve recuerdo. Personalmente, quiero expresar mi reconocimiento y mi alegría porque, desde hace más de una década, la escuela de derecho de la Universidad de Concepción cuenta con un campus en Chillan, que aporta y enriquece nuestra vida jurídica, académica, social y cultural. En nombre del Partido Radical saludo a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción en su 150° aniversario, en la persona de su decano, señor José Luis Diez, que hoy nos acompaña. Deseo a la Facultad de Derecho así como a la Universidad de Concepción, en la que inicié mis estudios de medicina, múltiples y renovados éxitos, y les expreso mi gratitud personal y ciudadana por su fructífera trayectoria. He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ, don Hugo (de pie).- Señor Presidente, antes de comenzar mi intervención en este homenaje, quiero señalar que conozco y admiro su compromiso con la Universidad de Concepción. Por ello, sé la importancia que tiene para usted presidir la sesión en esta oportunidad. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por nuestra casa de estudios. Quiero iniciar este homenaje a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción por los 150 años de su fundación agradeciendo la presencia de don José Diez Schwerter, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios; de doña Beatriz Larraín Martínez, secretaria académica de dicha facultad, y de don Manuel Barría Paredes, integrante de la Comisión de Celebración de los 150 años. Agradezco la posibilidad de pronunciar, en nombre de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, este discurso conmemorativo por un nuevo aniversario de la que fue y seguirá siendo mi casa de estudios. Quiero comenzar homenajeando a esa intrahistoria de la que nos hablara Miguel de Unamuno, que comprende todo aquello que ocurre en la realidad, pero que no se publica en los periódicos y no se registra en la historia oficial ni en la historia de Chile. Me refiero a la unidad de miles de historias personales que crea la grandiosidad de una institución como la escuela de derecho de la Universidad de Concepción. Mi intrahistoria universitaria comenzó en 1980, en compañía de otros noventa alumnos, quienes ingresamos a la Universidad de Concepción en momentos complejos. Eran tiempos de dictadura militar. Quiero recordar a compañeros de mi generación que hoy no se encuentran entre nosotros: Rebeca Cortés, Luis Sepúlveda, Cristian Campos, Claudio Vada, Kemy Ríos, Flor Ramírez. Todos ellos -ya fallecidos fueron compañeros con quienes compartimos muchas jornadas especiales, sobre todo en aquellos días en que debíamos rendir exámenes. Quiero recordar cuando en 1980 hacía mi ingreso a la escuela de derecho y me encontré en el hall con un mitin de protesta porque habían exonerado a tres grandes profesores de dicha escuela. Vaya también para ellos mi homenaje: don Adolfo Veloso Figueroa, don Manuel Sanhueza Cruz y don Humberto Otárola Aqueveque. Fueron tres grandes hombres que, sin duda, hicieron grande a nuestra escuela de derecho. También quiero recordar a otros importantes profesores de la escuela que hoy tampoco nos acompañan: don Mario Cerda, don Sergio Galaz, don Telmo García, don Tarcisio Oviedo, don Waldo Otárola y don René Ramos. Vaya desde esta tierra nuestro homenaje a cada uno de ellos por su entrega. Uno no demora tiempo en pronunciar “150 años”; pero es difícil expresar en estos minutos todo lo que ello denota, porque estamos hablando de nada menos que de un siglo y medio de tradición académica y jurídica, y de una lucha constante contra la adversidad. Desde los primeros pasos de nuestra vida republicana, la escuela de derecho se constituyó en uno de los pilares del quehacer y de la formación jurídica en nuestro país. Su germinación como institución formadora en leyes comenzó en 1830. Por ese entonces, Concepción era una ciudad apartada, pero también con aspiraciones de jugar un rol protagónico en el quehacer nacional y republicano. Fue así como académicos penquistas tomaron la determinación de abrir un centro de estudios legales en el sur, lo que permitió la facilitación de la enseñanza del derecho a aquellos inquietos espíritus regionales que se mostraban ávidos por las leyes, el derecho y la justicia. Esto permitió la generación de pensamiento jurídico y social desde una perspectiva científica, moderna, regional y laica. En 1830, en Concepción se creó el denominado “Instituto Literario”, junto con profesores del Instituto Nacional, quienes iniciaron en esa ciudad un curso de derecho civil. Después, el Instituto Literario pasó a llamarse “Liceo de Hombres de Concepción”, el cual continuó la enseñanza jurídica, hasta que en virtud del decreto Nº 753, de 5 de mayo de 1865, se creó el Curso Fiscal de Leyes de Concepción, cuyas primeras clases se iniciaron a fines de diciembre del mismo año. Fueron largos años en los que dicho curso no estuvo exento de complejidades. Una de las principales fue de índole financiera. En 1903 se produjo el primer intento de suprimir el Curso Fiscal de Leyes: el Consejo de Ministros acordó su supresión por motivos económicos, cuestión que fue fuertemente resistida por la comunidad penquista. Finalmente, el curso fue suprimido en 1928 por las mismas circunstancias económicas aducidas anteriormente. Ante aquello, el rector Enrique Molina Garmendia, con visión estratégica y de futuro, no solo para su universidad, sino para toda la región y el país, incorporó la escuela de leyes a la joven universidad penquista, con lo cual se constituyó la actual escuela de derecho. Desde entonces, la escuela pasó a reposar su labor en la que luego se convertiría en el polo científico, académico, intelectual y pluralista más importante de las regiones de nuestro país: la Universidad de Concepción. Inicialmente, el control de los programas y exámenes de la escuela de derecho correspondió a la Universidad de Chile, hasta que, por ley, el 10 de junio de 1953 obtuvo su plena autonomía. Durante todos esos años, la escuela de derecho fecundó y multiplicó el pensamiento regional. Por décadas enseñó a sus alumnos a no renunciar a su capacidad de pensar regionalmente los problemas de nuestra sociedad. Practicó de forma constante el bello ejercicio de enlazar la realidad local, el espíritu y el entendimiento. Hoy, cuando el país se enfrenta a grandes problemas -a la vez, ventanas de oportunidades en relación con la probidad y la ética de algunos integrantes de los poderes del Estado y actores del sistema político, más que nunca cobra pertinencia la enseñanza afanosa de la autoconciencia, la doctrina, el derecho positivo y la jurisprudencia como instrumentos de prevención y corrección, aspectos que siempre fueron cultivados en la escuela de derecho de la Universidad de Concepción de manera amplia, dinámica y a la vez profunda. De forma perspicaz y racional se entremezclaron en las aulas de la escuela de derecho de la Universidad de Concepción el desarrollo del espíritu, la ética, el derecho y la justicia. Era una enseñanza que no fastidiaba ni concebía de forma pedregosa la visión acerca de las leyes y las instituciones del derecho. Muy por el contrario, en la escuela se instruía y se conminaba, más que a ser abogados, a ser personas de justicia por la justicia. La escuela de derecho prevalece y se destaca gracias a su trabajo serio, a su esfuerzo constante y a su honestidad científica y jurídica. Con la creación de esta escuela ganó el país, ganó el sur y ganó la ciudadanía. Hoy, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción es de primer nivel en nuestro país. Su escuela de derecho es una de las más prestigiadas de Chile y una de las más apreciadas por los alumnos que terminan la enseñanza media. De ella egresaron importantes y destacados profesionales de primer nivel en el ámbito jurídico, que hemos sido un aporte importante para el Poder Judicial. En efecto, muchos de sus egresados se han convertido en importantes autoridades del país a lo largo de su historia. No puedo terminar esta conmemoración sin hacer alusión a dos de sus egresados que aún están en calidad de detenidos desaparecidos: Fernando Álvarez Castillo, 40 años, egresado de derecho de la Universidad de Concepción, intendente de la provincia de Concepción, militante del Partido Comunista, y Jaime Emilio Eltit Spielmann, 27 años, egresado de derecho de la Universidad de Concepción, militante del Partido Radical, quienes seguro confiaron, tal como lo aprendieron, que el derecho y la justicia prevalecerían incluso ante la infamia y la violencia, porque el derecho consiste en asegurar no solo la justicia, sino también la paz y la libertad. Por todo esto, sin lugar a dudas, hoy podemos decir que realizamos un justo homenaje a esta más que centenaria escuela de derecho, la cual en sus 150 años ha contribuido de manera determinante a configurar el actual panorama jurídico, legal y, por tanto, político de nuestro país, desde una mirada regional, pública y laica, levantando su mirada a partir de la propia comunidad que la acoge en la ciudad de Concepción. Puedo decir con orgullo que si hoy estoy rindiendo este homenaje desde la Sala de la Cámara de Diputados, ello se debe a la Universidad de Concepción, y en particular a mi escuela de derecho. Para terminar mis palabras diré: continuemos practicando el desarrollo libre del espíritu, que seguirá haciendo grande a nuestra escuela de derecho. ¡Feliz 150° aniversario de nuestra escuela de derecho de la Universidad de Concepción! He dicho. -Aplausos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Antes de poner término a este justo homenaje a la escuela de derecho de nuestra Universidad de Concepción, con motivo de cumplirse 150 años de su fundación, quiero señalar dos hechos. En primer lugar, en la tribuna de honor se encuentran don José Luis Diez, decano de dicha facultad; la señora Beatriz Larraín, secretaria académica de la referida escuela, y el señor Manuel Barría, integrante de la comisión organizadora de todas las celebraciones de los 150 años de esa facultad. Puedo dar fe de que en la culminación de la celebración de los 150 años sucedió algo que ninguna universidad del país ha podido hacer: se realizó una cena de homenaje, a la que asistieron 1.300 exalumnos de la facultad de derecho de la Universidad de Concepción, quienes se encuentran a lo largo nuestro país, y algunos en el extranjero -eso me consta, porque me tocó ir al evento con algunos de ellos el jueves en la noche, y volver el domingo-, entre los cuales tenemos a ministros de la Corte Suprema, a exministros de Estado, a destacados abogados. Por tanto, hago un reconocimiento especial al decano de dicha facultad y a la citada comisión organizadora. En segundo lugar, haré mención al lema “Por el desarrollo libre del espíritu.”. Don Sergio Ojeda, democratacristiano, de Osorno; don Jorge Rathgeb, de Renovación Nacional, de Traiguén; don Carlos Abel Jarpa, radical, de Chillán, y don Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, de Iquique. ¿Qué indica esto? Que esa facultad de derecho sigue el lema “Por el desarrollo libre del espíritu”, pues ha formado profesionales de todas las visiones políticas, a lo largo del país, que es lo importante. Termino expresando, previa consulta al señor Patricio Vallespín, Primer Vicepresidente de la Cámara, y al señor Miguel Landeros, Secretario General de la Corporación, que haremos llegar a la facultad, como corresponde a un Poder del Estado, en este caso, la Cámara de Diputados, un oficio con los textos de las cuatro intervenciones realizadas en este homenaje. Además, enviaremos el video correspondiente, para que, dentro de diez, quince o veinte años más, lo puedan ver nuestros nietos, si ingresan a esa escuela. ¡Gracias por lo que han dado! Este es un reconocimiento, un recordatorio para los miles de exalumnos de esa universidad que hay en todo el país y en el extranjero, quienes nos llenan de orgullo. Ello da cuenta de que desde las provincias también podemos hacer mucho, lo cual se demuestra con los hechos. De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a la escuela de derecho de la Universidad de Concepción en los ciento cincuenta años de su fundación. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Quiero agradecer la presencia en la tribuna de honor del señor decano de la emblemática facultad de derecho de la Universidad de Concepción. Mi señora es abogada y también estudió en dicha universidad. Por lo tanto, en nombre de Margarita Tatiana Muga, hago un reconocimiento a esa noble escuela de derecho. VIII. INCIDENTES El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.56 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. IX. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.54 horas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INSPECCIÓN DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN MEJILLONES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (OFICIO) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, solicito oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios ante la mala calidad del agua potable que hoy está siendo suministrada a la población de Mejillones. Tanto los vecinos como el alcalde de Mejillones han manifestado su molestia y disconformidad por estar recibiendo en este minuto “agua potable” de color amarillento, turbia y con mal olor. Por lo expuesto, urge una inspección, la cual solicito que disponga la citada autoridad, para dar tranquilidad a la ciudadanía respecto de la calidad del agua que está bebiendo. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano y de quien preside. SOLICITUD DE ANTECEDENTES Y SOLUCIÓN DE IRREGULARIDADES EN MATERIA DE COTIZACIONES Y REMUNERACIONES DE PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE ESCUELA SANTA ANA DE LA LUZ, COMUNA DE LA FLORIDA (OFICIOS) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, quiero hacer una denuncia pública sobre varias situaciones que afectan gravemente a profesores y asistentes de la educación de la escuela particular subvencionada Santa Ana de la Luz, de la comuna de La Florida. Dicho establecimiento particular subvencionado cuenta con los niveles de prekínder hasta octavo año básico; tiene un total de 350 alumnos y alumnas, divididos en dos jornadas, y un copago de 34.000 pesos. Ello, hasta la fecha, porque para el próximo año su sostenedor decidió pasar a la gratuidad. Desde 1994 esa escuela ha presentado irregularidades en el pago de las cotizaciones de los trabajadores (AFP, AFC, isapres y Fonasa), razón por la cual ellos tuvieron que formar un sindicato para poder ejercer la presión necesaria para que se les regularizara su situación previsional. A la fecha, se adeudan a esos trabajadores las cotizaciones de 2012, 2013 y 2014. Hay meses en que ellas que no se declararon, mucho menos se pagaron, y cuentan como meses no trabajados, en circunstancias de que dicho personal sí los trabajó. También hay meses de esos años que fueron declarados y no pagados. Estas irregularidades, como señalé, vienen desde 1994. Se resolvieron las ocurridas hasta el año 2011. Las que no han tenido solución son las correspondientes al período 2012-2015. Según me manifestaron los mismos profesores, este año no se les ha pagado ninguna cotización y solo algunas fueron declaradas. Hay tres meses sin registro, porque las cotizaciones no se declararon, y ese tiempo aparece como no trabajado por los referidos profesionales. La escuela cuenta con cuatro auxiliares de aseo, tres administrativos, un asistente de la educación y dieciséis docentes. Con fecha 12 de diciembre de 2015, se sumó un nuevo problema para esos trabajadores: a nueve docentes se les suspendió el pago de la remuneración del mes de noviembre, lo cual generó un desconcierto y una preocupación severa en ellos. Esta situación había sucedido anteriormente, pero respecto de un menor número de profesores y por un período de atraso igual o mayor que el producido en esta oportunidad. El 27 de noviembre fue a la escuela un fiscalizador de la Superintendencia de Educación, el señor Javier Ovando, y pidió entrevistar a tres de los trabajadores afectados. En esa oportunidad se dieron cuenta de la existencia de nuevas y gravísimas infracciones: los anexos de los contratos de dos profesoras aparecían firmados por otras personas. Además, ni los referidos anexos ni los contratos correspondientes se encuentran en poder del fiscalizador porque, según la administradora, estaban en la Inspección del Trabajo. Los trabajadores acudieron al ente fiscalizador para pedirlos, pero les dijeron que doña Yolanda Quintanilla, la administradora, no había llevado los documentos que le habían solicitado. Por tal motivo, multaron una vez más al colegio. Cabe señalar que a causa de diversas irregularidades el colegio ha sido objeto de varias multas, en especial de la superintendencia. En otra oportunidad se mandó a hacer un timbre para estamparlo en las planillas, y por un tiempo les hicieron creer a los trabajadores que las cotizaciones estaban pagadas, pero la Caja de Compensación Los Andes no reconoció el timbre como propio. Los padres y apoderados decidieron apoyar a los profesores y a los asistentes de la educación, quienes se han visto perjudicados por las recurrentes irregularidades. Colaboraron con su causa no enviando a los alumnos a clases, pero debido a esa situación, se suspendieron las clases, como medida de presión. También han participado en reuniones con los trabajadores del colegio, para tenderles una mano y ayudarlos a superar, de algún modo, esta situación. El problema que denuncian es que si bien la superintendencia ha impuesto multas por algunas de las irregularidades detectadas, ello no soluciona el problema de fondo, porque no obliga a los sostenedores, administradores o equipo directivo a cumplir sus obligaciones. Además, prácticamente no aparecen por la escuela. Las multas no los obligan a regularizar la deuda previsional, lo que se suma al no pago de remuneraciones. De hecho, eso agrava la situación, porque acrecienta el déficit, dado que las multas se pagan con el dinero de las subvenciones, cuando lo que corresponde es que se utilice para el pago de las cotizaciones. Entonces, se ha formado un círculo vicioso no menor. Por lo tanto, me parece de suyo importante que las autoridades políticas se pronuncien al respecto, razón por la cual solicito que se oficie al director nacional del Trabajo, al superintendente de Educación y al jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación para que informen tanto de la situación que ocurre en dicho establecimiento como en cuanto a las medidas que se adoptarán al respecto, para dar solución a este problema, más allá de las multas que se han cursado a la escuela. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN SECTOR DE CHENQUECO, COMUNA DE ALTO BIOBÍO (OFICIO) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio al general director de Carabineros, a fin de solicitarle que para Alto Biobío, una de las comunas más pobres y extensas del país, se priorice la instalación de un retén en el sector de Chenqueco, donde se han producido conflictos de distinta naturaleza durante el último tiempo, como quema de viviendas y de maquinaria que se utiliza para la reparación de caminos, situación que perjudica especialmente a los habitantes de esa comuna. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. INVESTIGACIÓN POR PRECIOS DE VENTA DE TEXTOS ESCOLARES (OFICIOS) El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, respecto de la educación, estamos de acuerdo con el fin al lucro y al copago; pero hay mucha gente que no se ha preocupado de algo escandaloso que está sucediendo con los textos escolares para los alumnos de educación básica y media. Uno que cuesta entre 5.000 y 10.000 pesos, se vende a 40.000 o 50.000 pesos. Es un abuso, una situación desmedida, algo impresentable e inadmisible. No sé qué medidas puede tomar el Sernac al respecto, pero algo debe hacer, por lo que solicito que se oficie al director de dicho servicio para que realice un estudio del valor al que se venden los textos escolares a los alumnos de la educación básica y media de la enseñanza pública, quienes en muchos casos están obligados a comprar esos textos, y también a los estudiantes de colegios subvencionados. En los mismos términos, pido que se oficie a la ministra de Educación, para hacerle ver la necesidad de que se informe sobre esa situación. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican a la Mesa. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DE EMPRESA ENCARGADA DE REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE VILLA SAN LUIS, COMUNA DE LOS ÁNGELES (OFICIO) El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, estoy preocupado por una situación que se ha reiterado en la ciudad de Los Ángeles, en la Villa San Luis, conjunto habitacional de 366 viviendas que fueron construidas durante el gobierno del Presidente Piñera y quedaron en malas condiciones, ya que los muros son permeables y las ventanas no tienen buenos cierres. Las viviendas tienen una serie de inconvenientes que sus habitantes reclamaron insistentemente y por largo tiempo, hasta que consiguieron que se destinaran más de 2.000 millones de pesos para su reparación y la impermeabilización de los muros externos. Lamentablemente, para la realización de ese tipo de proyectos siempre se consideran empresas que no tienen suficiente espalda económica para responder por sus compromisos y, como suele suceder en estos casos, la empresa que se adjudicó las obras abandonó la faena, dejando a un sinnúmero de trabajadores sin el pago de sus sueldos. Solicito que se oficie a la señora ministra de Vivienda para que ponga debida atención al problema planteado y vea la forma de resolverlo en el más breve plazo. Llevamos años tratando de encontrarle una solución, y ahora que ya contábamos con los recursos, lamentablemente se suma este nuevo inconveniente. Para efectos de evidenciar la situación, dejo a disposición de la Secretaría un artículo del diario La Tribuna que se refiere al conflicto, para que se adjunte a los antecedentes. Hay que dar solución a los problemas; no podemos esperar que pasen los años sin que se resuelvan, especialmente los relacionados con las viviendas. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE TENENCIA DE CARRETERAS EN LOS ÁNGELES (OFICIO) El señor PÉREZ (don José).- Solicito que se envíe un oficio al general director de Carabineros para que nos informe respecto del estado de avance del proyecto de reconstrucción de la tenencia de carreteras de Los Ángeles, pues la que había colapsó en 2006, a consecuencia de las inundaciones que se produjeron ese año. Sabemos que se cobraron los seguros y que se ha avanzado en la parte administrativa del proyecto, pero necesitamos saber cuándo se instalará la nueva tenencia, cuándo se iniciarán las obras, pues ya ha pasado mucho tiempo desde que colapsó la anterior. Necesitamos la presencia de Carabineros en la zona y espacios para que sus efectivos cumplan adecuadamente sus funciones. He dicho. El señor ROBLES.- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican a la Mesa. REMISIÓN DE PLANTEAMIENTO DE POBLADORES DE DIEGO DE ALMAGRO A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA (OFICIO) El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, hace unos días me reuní con pobladores de la comuna de Diego de Almagro, quienes enviaron una carta a la Presidenta Michelle Bachelet con un planteamiento que dice relación con la forma en que les ha llegado la ayuda del Estado después del aluvión, sobre todo a los habitantes de la población José Miguel Carrera, una de las que quedó sepultada por el barro prácticamente en su totalidad. La carta viene firmada por la directiva de la junta de vecinos de la población José Miguel Carrera. Solicito que se oficie al ministro del Interior para que remita la carta a la Presidenta de la República y nos informe al respecto. Para estos efectos, dejo una copia de la misiva a disposición de la Secretaría El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. SOLICITUD DE CAMBIO DE LUMINARIA PÚBLICA EN POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO) El señor ROBLES.- Señor Presidente, estimo necesario dar cuenta de la falta de luminaria pública adecuada en la población José Miguel Carrera, pues la que existe en el lugar es de color rojo y no cumple con el propósito de alumbrar correctamente; es de baja eficacia. En el sector hay casas que están desocupadas y desprotegidas, por lo que los delincuentes aprovechan la situación para ingresar a ellas. De hecho, lo que antiguamente funcionaba como un hogar para adultos mayores, se ha trasformado en un importante foco de infección y delincuencia. Los vecinos piden que se cambie la luminaria pública, que se cierre el predio donde funcionaba el asilo y se evalúe la posibilidad de restaurar la obra, porque beneficiaba a una cantidad importante de adultos mayores cuando estaba a cargo de las Hermanas de la Caridad, quienes se preocupaban de su mantención. Solicito que se oficie al ministro del Interior para que se informe respecto de la petición que hace la junta de vecinos de la población José Miguel Carrera. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN DE REGISTROS BIOMÉTRICOS POR EMPRESAS PRIVADAS (OFICIO) El señor ROBLES.- Por último, señor Presidente, solicito que se envíe un oficio a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, para que nos informe respecto de una situación que llamó mi atención. Hace pocos días pagué con un cheque y, cosa rara, me pidieron la huella dactilar para verificar el documento. Luego de buscar en internet, encontré la página web de Portal Cheque S.A., empresa garantizadora de cheques que trabaja con los sistemas de la internacional Verisign Trusted. En dicha página se lee lo siguiente: “Verificación de Cheques, basado en un exhaustivo análisis del girador y de la cuenta corriente asociada. “Huella Dactilar Digital, usted podrá dar seguridad a sus transacciones con cheques a través del registro biométrico.”. Me llama la atención que esa empresa tenga el registro digitalizado de mi huella dactilar, porque el único que puede tener esa información es el Servicio de Registro Civil e Identificación. Se trata de información confidencial que no puede ser entregada a otras instituciones, menos a una empresa privada. Quiero que la ministra de Justicia nos informe si el Servicio de Registro Civil ha vendido sus bases de datos y, además, si tiene algún convenio con esa empresa. ¡Cómo el Registro Civil e Identificación puede poner a disposición para uso comercial las huellas dactilares de la gente! ¡Eso es inaceptable! No sé cómo puede hacerse legalmente. A mi juicio, hay una vulneración de información que es absolutamente personal. ¡Cómo esta empresa puede tener un sistema de registro biométrico como el que usan Gendarmería, la PDI o Carabineros! Entiendo que puedan estar asociados con el Servicio de Registro Civil e Identificación para utilizar el registro biométrico, pero no pueden hacerlo con fines comerciales. En consecuencia, solicito que la señora ministra nos informe de manera detallada sobre esa situación, porque aquí hay gato encerrado; me parece algo muy raro. He dicho. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.12 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.