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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, como señalé en el debate de la sesión anterior, me parece inapropiado que se limite la facultad de aportar a las campañas solo a los mayores de 18 años. Sabemos que los jóvenes de 14 son imputables penalmente. Donan a la Teletón y hacen múltiples actividades, pero los dejamos fuera de la posibilidad de hacer aportes a candidatos, aun cuando queremos incorporarlos a la participación política.
Creo que esa es una inconsistencia relevante.
He manifestado ser partidario de que los mayores de 16 años puedan sufragar en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
Sobre el artículo 26 propuesto, hago presente que se debe garantizar la facilitación de las sedes de las organizaciones sin fines de lucro a todos los candidatos. Si no, va a ocurrir que, pedido el local por los distintos administradores de los partidos, a algunos se lo van a prestar y a otros no, tal como ocurre hoy día con el gimnasio municipal. En efecto, dependiendo del alcalde de turno, dicho recinto es facilitado o no. A veces la autoridad comunal deja instrucciones para que se autorice solo a algunas juntas de vecinos.
¿Cómo logramos que se cumpla la ley en esta materia, pero evitando que se discrimine a candidatos independientes, de Izquierda o de Derecha , cuando la junta de vecinos esté liderada por gente con una tendencia política contraria?
La norma no plantea que esto sea transversal. La autorización queda a criterio de la entidad. Sin embargo, en este ámbito debiera garantizarse la pluralidad.
Está bien que no sea considerada como aporte de campaña la facilitación de tales locales, por cuanto, si queremos que haya más contenidos en los períodos electorales, es necesario reunir más a la ciudadanía en espacios públicos y cerrados para poder informar. Pero si alguien decide prestar la sede solo a cierto tipo de candidatos, el objetivo de la norma se viene abajo.
Del mismo modo, se observa una diferencia entre parlamentarios y alcaldes, pues en este último cargo se debe renunciar treinta días antes de la elección.
A propósito de la indicación del Senador Larraín sobre un artículo posterior -estamos en el 26-, me pregunto: si uno se sube al auto de un alcalde para asistir a una actividad oficial o al de un Ministro , quien va a inaugurar algo, ¿cómo se regulará la situación?
¿Se va a considerar intervencionismo electoral acompañar a autoridades a actos oficiales o no oficiales? Tengamos presente que los primeros corresponden a las grandes ceremonias, pero también se desarrollan múltiples eventos más pequeños.
Es necesario dar ese debate. Si bien la norma en análisis busca regular una situación relativa a los aportes, se deberá estudiar también ese otro aspecto.
Por último, señor Presidente , tratándose de contratos onerosos, se habla de "diferencias manifiestas".
¿Quién va a decidir eso? ¡El SERVEL!
Dicho Servicio tendrá que analizar los contratos que realicen los cientos o miles de candidatos a concejales y alcaldes, para ver si hay o no "diferencias manifiestas entre el valor de la contraprestación y el precio de mercado".
A mi juicio, se está imponiendo una fórmula impracticable -¡absolutamente impracticable!-, porque el SERVEL no cuenta con la capacidad para llevar a cabo esa evaluación.
Por lo demás, no creo que sea esa la institución que deba determinar aquello. Tendría que ser el Servicio de Impuestos Internos u otro organismo especializado. ¿Por qué el SERVEL debería resolver materias que no le competen? Porque su función no es analizar si un contrato de prestación de servicios se halla o no a precio de mercado.
Otorgamos dicha facultad, pero va a ser impracticable en términos reales.
Si queremos evitar que haya contratos de contraprestaciones a bajo precio y mayor volumen -y, por tanto, que no exista una relación de mercado-, la propuesta tiene que ser distinta. De lo contrario, no se va a ejecutar.
Señor Presidente , la voluntad está expresa. Sin embargo, dada la premura con que se ha actuado -mi propio Gobierno ha impuesto este proyecto de ley a todos-, estamos despachando disposiciones bien iniciadas en su espíritu pero sin efecto práctico.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
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