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El señor CERONI (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , estamos en la etapa final de la tramitación del proyecto, que en su momento fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional y en la Sala de la Cámara de Diputados. Luego, fue al Senado, que introdujo algunas modificaciones que no varían sus contenidos centrales. Por tanto, llamo a su aprobación.
En el debate anterior, me correspondió intervenir sobre el valor de la iniciativa. Ahora, quiero dejar consignado lo siguiente.
Estamos hablando de la creación de una planta de tropa profesional y de la modificación de la ley de servicio militar obligatorio, creado a principios del siglo XX, más exactamente en 1901. Desde ese entonces el país viene funcionando con este modelo.
Esta reforma se realiza después de cien años, de manera que Chile esté acorde con los cambios tecnológicos, del tipo de amenazas y de las necesidades de los medios humanos y materiales. En consecuencia, no parece razonable que las Fuerzas Armadas se resten de una modificación sustancial.
La creación de una tropa profesional significa un tránsito desde el tradicional soldado conscripto hacia un nuevo personal que garantice operatividad en las unidades, más capacidad de trabajo en forma conjunta, de acuerdo con la visión y tendencia mundial; capacidad de contar con un poder disuasivo mínimo eficiente, con comprensión tecnológica y disponibilidad inmediata de fuerzas dotadas de gran eficiencia de combate e integradas, que podrían ser rápidamente desplegadas ante cualquier necesidad.
En el caso de desencadenarse algún conflicto y -después de cien años de paz, en los que ha funcionado correctamente el modelo-, éste sería rápido, duraría dos o tres días. No por casualidad el Ejército ha modificado su tradicional funcionamiento, localizado territorialmente, para pasar a un esquema funcional, en el cual la formación de brigadas acorazadas es el elemento central de la capacidad disuasiva.
El sistema de personal de tropa profesional que se crea liberará a personal del cuadro permanente y de gente de mar de determinados puestos para que pueda asumir funciones de mando, otorga más flexibilidad a las instituciones armadas, optimiza los estándares de eficiencia en operación y mantenimiento, y, en el caso del Ejército, mejora de manera significativa sobre todo las posibilidades de interoperar con las otras ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, la Fuerza Aérea y la Armada, ya que se neutraliza la limitación que se produce en la defensa. En efecto, en la actualidad, cuando los soldados conscriptos terminan de hacer el servicio militar, existen algunos meses en que Chile no tiene soldados profesionales y sólo cuenta con ciudadanos que recién se están incorporando a dicho servicio. En otras palabras, en términos de capacidad de combate, ¡Dios nos libre de un conflicto armado en los meses en que los soldados ingresan al servicio militar! Con tropas profesionales se tiene la capacidad de operar de manera permanente, lo que también se hará con soldados conscriptos durante un largo tiempo, porque no desaparecen.
Siempre he considerado que el servicio militar contempla no sólo la formación del soldado -el subsecretario García , quien ha conducido todo esto, conoce perfectamente mi opinión-, sino también el vínculo de las fuerzas armadas con la sociedad civil por medio de personas que ingresan al Ejército por un corto período. Algo similar ocurría antes con los cadetes de la Escuela Militar, que hacían una parte de su enseñanza media y de su formación en la institución armada y después volvían a la sociedad civil.
El conscripto que hace el servicio militar proviene de una familia y de un barrio determinados, y está contento de hacerlo, porque es de manera voluntaria. Después esa persona vuelve a la sociedad civil. Pero eso no ocurrirá si se pierde el servicio militar. De manera que el compromiso es contar con una tropa profesional, pero manteniendo el servicio militar que, sin duda, es valioso.
Reitero que soy defensor del vínculo entre fuerzas armadas y sociedad civil, que antes existía mediante la formación de los cadetes de la Escuela Militar, muchos de los cuales terminaron siendo oficiales, pero otros volvían a la vida civil y mantenían un laso de afecto y de comprensión hacia la tarea de las fuerzas armadas, práctica que ya no existe en ese caso, pero que sí seguirá existiendo respecto de quienes hacen el servicio militar.
Respecto de la sustitución del actual modelo, particularmente de la conscripción para cubrir grados, se otorgará mayor estabilidad, habrá una serie de condiciones que harán más atractivo desempeñarse en esa función y existirá temporalidad en el desempeño. El proyecto contempla nombramientos de cinco años, estimados técnicamente satisfactorios por las fuerzas armadas desde el punto de vista de la operatividad, y convenientes, desde el punto de vista económico.
En cuanto al régimen estatutario, no haré mayores comentarios.
Se abre una nueva manera de mirar a las fuerzas armadas en su desempeño, lo cual, como señalé en mi intervención durante el primer trámite constitucional del proyecto, se hace en un momento en que se realiza la gran transformación del Ministerio de Defensa. Es decir, una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República, se contará con una tropa profesional. De hecho, nunca ha habido una ley orgánica constitucional de dicha Cartera, pero ahora se aprobará.
El tercer aspecto del trípode que se formará para sostener la nueva mirada de las fuerzas armadas estará marcado por la derogación de la ley reservada del cobre, que mantiene los dineros empozados y divididos en tres tercios y, además, constituye un anacronismo que coloca en el limbo al Congreso Nacional, porque no se cuenta con el visto bueno de las autoridades democráticamente elegidas. En efecto, el pueblo elige a sus representantes, pero éstos no pueden decidir sobre la provisión de fondos que necesitan las fuerzas armadas para material bélico. Y no pueden hacerlo porque la ley reservada del cobre establece que el 10 por ciento de las ventas de dicho metal debe pasar directamente a las fuerzas armadas. Además, la tontera más grande -discúlpenme por usar ese calificativo- es dividir esos recursos en tres tercios. Eso es un absurdo. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son ramas muy diferentes, por lo cual no se puede dividir aritméticamente las necesidades de la defensa. Algún día se hará un estudio sobre la apreciación global político-estratégica que corresponde, luego se definirán los medios humanos y materiales y, finalmente, se hará en forma seria una ley plurianual. Muchas veces he propuesto que sea de cinco años, no de cuatro, para que no se politice con cada gobierno. De lo contrario, se dirá que el gobierno que comienza su mandato recién comenzará a pensar. Lo mejor es que pase de un gobierno a otro. Si la duración del período presidencial se cambia a cinco años, es preferible que la ley sea plurianual, pero de seis años, para que exista ese desfase.
Espero que algún día se cumpla con la promesa de derogar la ley reservada del cobre. Al respecto, el actual gobierno y los anteriores están en deuda.
En suma, se contará con la futura ley que modernizará el Ministerio de Defensa Nacional; la derogación de la ley reservada del cobre y el establecimiento de una planta de tropa profesional. Esos tres pilares sustentarán la nueva manera en que el pueblo de Chile mirará a sus fuerzas armadas, visadas por el régimen democrático, con parlamentarios responsables, preocupados que las ramas de la defensa tengan la capacidad disuasiva que Chile necesita para conservar la paz. Si no existe capacidad disuasiva, no hay paz y, a falta de ésta, no hay desarrollo ni bienestar para nuestro pueblo.
He dicho.
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