REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 355ªSesión 116ª, en jueves 13 de diciembre de 2007(Ordinaria, de 10.42 a 14.22 horas) Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Díaz Díaz, don Marcelo. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel; Lorenzini Basso, don Pablo, y Jarpa Wevar, don Carlos. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 4 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 V. Orden del Día. - Resguardo de derechos laborales y libre competencia en provisión de bienes y servicios al Estado. Modificación de la ley N° 19.886. Primer trámite constitucional 12 VI. Proyectos de acuerdo. - Sueldo mínimo para trabajadores del sector público. (Votación) 37 - Reformulación de política de fondos solidarios de vivienda 38 - Modificación de la ordenanza general de urbanismo y construcciones en materia de recepción final de obra 40 VII. Incidentes. - Declaración de zona de emergencia para comuna de San Pedro. Oficios 41 - Construcción de corredores de transporte urbano en Coronel. Oficios 42 - Medidas contra delincuencia en Llanquihue. Oficios 42 - Cuestionamiento a recurso de protección interpuesto por Codelco 43 - Habilitación de cárcel de Collipulli. Oficios 44 - Postergación de definición de norma de televisión digital. Oficios 45 - Intervención de sección urgencia del hospital regional de Rancagua. Oficio 47 - Preocupación por los jóvenes. Oficios 48 - Información sobre reconstrucción de viviendas afectadas por terremoto en región de Tarapacá. Oficios 49 - Reflexiones sobre recurso de protección interpuesto por Codelco. Oficio 50 - Reposición de ferrocarril entre Victoria y Puerto Montt. Oficios 52 - Cobro de IVA a artículos usados transados en ferias persas. Oficio 53 - Reubicación de comerciantes discapacitados del centro de Santiago. Oficios 53Pág. VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto de acuerdo que “Aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia”, que constituye un Protocolo Adicional al ACE N° 24, adoptado en Santiago el 27 de noviembre de 2006. (boletín N° 5000-10) 55 - Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificación y enmienda, los siguientes proyectos: 2. “Modifica las leyes N°s 19.378 y 20.157, y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud”. (boletín N° 5393-11) 55 3. “Incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos”. (boletín N° 5151-02) 56 4. Primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que “establece como feriado el día 31 de diciembre de 2007”. (boletín N° 5256-06) 57 5. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que “reforma el artículo 51 de la Constitución Política de la República, en lo referido a la elección de Diputados y Senadores”. (boletín N° 5429-07) 61 6. Informe de la Delegación Oficial que, en representación de la Cámara de Diputados, asistió a la XXIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 70 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Araya; Díaz, don Eduardo; Espinosa, don Marcos; Olivares, Sule, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que “autoriza construir monumento en honor a la vida y obra del ex diputado señor Raúl Barrionuevo, en la ciudad de Caldera”. (boletín N° 5550-24) 71 8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jiménez, Alinco, Arenas, Bustos; Díaz, don Marcelo, Enríquez-Ominami, Escobar; Espinosa, don Marcos; Núñez y Jaramillo, que “reforma la Constitución Política de la República derogando la facultad presidencial de otorgar indultos particulares”. (boletín N° 5561 -07) 74 9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Jiménez y Valenzuela, que “modifica la ley N° 19.884, en materia de plazos para la rendición de cuentas de campañas en los términos que indica”. (boletín N° 5562-06) 76 10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Valenzuela, que “modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo responsabilidad solidaria entre los candidatos y su administrador electoral en los términos que indica”. (boletín N° 5563-06) 78 11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Valenzuela, que “modifica la ley N° 19.884, estableciendo la imposibilidad de asumir los cargos de elección popular en el caso que indica”. (boletín N° 5564-06) 79 Pág.12. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Ascencio, Bustos, De Urresti, Escobar, Rossi y Silber, que “deroga el artículo 373 del Código Penal”. (boletín N° 5565-07) 80 13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Álvarez-Salamanca, Escobar y Galilea, que “obliga a notificar la demanda antes de enviar al deudor al Boletín Comercial”. (boletín N° 5566-07) 86 14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz y Escobar, que “faculta sólo a la madre para girar en libreta de ahorro de niños pobres de Montegrande, abierta para recibir derechos de autor de Gabriela Mistral”. (boletín N° 5567-18) 86 15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica la ley N° 18.216, agregando a su aplicación el artículo 390 del Código Penal”. (boletín N° 5568-07) 87 16. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Pascal, doña Denise y Sepúlveda, doña Alejandra, que “modifica la ley de violencia intrafamiliar estableciendo la inhabilidad para desempeñar cargos públicos de quienes resultaren condenados como autores de violencia intrafamiliar”. (boletín N° 5569-18) 89 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Certificado médico. Certificado médico acompañado por el diputado señor Bauer por el cual acredita que deberá permanecer en reposo el día 13 de diciembre en curso para realizarse una operación oftálmica. 2. Oficios. - Oficio del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento acordó crear nuevamente la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, cuyo vencimiento se producirá al término del actual periodo legislativo. (Oficio N° 468). - Oficio del señor Presidente de la Cámara de Diputados mediante el cual informa que la Comisión de Régimen interno, Administración y Reglamento acordó integrar las delegaciones que participan en misiones oficiales, de la manera que a continuación se indica: a) El diputado señor Tuma reemplazará al Diputado señor González en la Sesión Extraordinaria del Parlamento del Mercosur, que se realizará el 18 de diciembre en Montevideo, Uruguay, y b) Los diputados señores Meza, Tuma y Martínez han sido ratificados para asistir al Seminario Regional para Parlamentarios de América del Sur “Liberalización del Comercio y Desarrollo -la OMC y la Ronda Doha”, que ha sido postergado para los días 1 al 3 de abril de 2008. (Oficio N° 457). 3. Comunicaciones. - Comunicación del Grupo Interparlamentario Chileno-Noruego por la cual informa que eligió como Vicepresidente al diputado señor Enríquez-Ominami. - Comunicación del Diputado señor Meza quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 36 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 13 de diciembre en curso, para dirigirse a China. Contraloría General de la República: - Diputado Sepúlveda don Roberto, programa “Chilebarrio”, en la comuna de Maipú. - Diputado Sepúlveda don Roberto, relleno sanitario existente en la comuna de Maipú. - Diputado Martínez, dependencia transitoria en la municipalidad de Chillán para realizar la licitación pública de la concesión de activos municipales ubicados en las Termas de Chillán. - Diputado Pérez, “Contrato Especial de Operación Petrolera Ceop”. Ministerio de Agricultura: - Diputado Arenas, mandato extendido por la señora Rosa Agustina Ancapi Painiqueo, de la comuna de Los Sauces. Comisión del Medio Ambiente: - Diputado Rojas, instalación de vertedero industrial en el sector La Negra, en la ciudad de Antofagasta. - Diputado Espinosa don Marcos, traslado de sustancias peligrosas por Ferrocarril Antofagasta-Bolivia y medidas tomadas por la Corema. - Diputado Melero, planta de transferencia de basuras en la comuna de Quilicura. - Diputado Silber, planta de transferencia de basuras en la comuna de Quilicura. Colegio de Abogados de Chile. - Diputado Monckeberg don Nicolás, alcances del premio recibido por ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (100)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Allende Bussi, Isabel PS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15 Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Briere, Guido PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13 González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2 Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23 Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Silber Romo, Gabriel PDC RM 16 Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Sergio Aguiló Melo. -Diputados en misión oficial señores Enrique Accorsi Opazo, Roberto Delmastro Naso, Fernando Meza Moncada y Osvaldo Palma Flores.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.41 horas. El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. III. ACTAS El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 111ª se declara aprobada. El acta de la sesión 112ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.-o- El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Fernando Meza para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 13 de diciembre en curso, para dirigirse a China. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- No hay quórum. Se repite la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- No hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BURGOS.- Señor Presidente, hay más de 31 diputados en la Sala. Le pido que aplique el Reglamento. El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, el Reglamento, si bien establece que los diputados tienen que votar, salvo el Presidente de la Corporación, no establece sanción para el incumplimiento de esa norma. En consecuencia, estamos estudiando una reforma al Reglamento en la Comisión de Régimen Interno para este efecto. Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, punto de Reglamento. Si no hay quórum en este momento para aprobar una materia de esta naturaleza, ¿no corresponde suspender la sesión? ¿Cambió el Reglamento en esta materia? El señor WALKER (Presidente).- No ha cambiado, señor diputado. Lo que sucede es que cuando esto ocurre en el Orden del Día, fracasa la sesión. Si no es el Orden del Día, no corresponde que fracase. El señor MONTES.- ¿Y esto qué es? El señor WALKER (Presidente).- No tiene ningún efecto. Vamos a pasar al Orden del Día. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, ¿se ha rechazado la solicitud? El señor WALKER (Presidente).- No, señor diputado. No hubo quórum de votación. Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, permanentemente hay parlamentarios que salen dos, tres o cuatro días del país y, para bajar los quórum, solicitan justamente esto. Éste es un tema de fondo. El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, no es cuestión de Reglamento. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Es lamentable que se soliciten este tipo de permisos para bajar los quórum. El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, es un juicio de valor legítimo, pero tenemos que ceñirnos a lo que establece la Constitución y aplicar la ley y el Reglamento. Tiene la palabra el diputado Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, sobre este punto, ¿el diputado Meza se encuentra en el país? El señor WALKER (Presidente).- No lo sabemos, señor diputado. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, ¿me dice que no lo sabe? Pero un parlamentario no puede ausentarse del país sin su conocimiento. Por lo tanto, le pido que me dé una respuesta. El señor WALKER (Presidente).- No es así, señor diputado. V. ORDEN DEL DÍARESGUARDO DE DERECHOS LABORALES Y LIBRE COMPETENCIA EN PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO. Modificación de la ley Nº 19.886. Tercer trámite constitucional. El señor WALKER (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, de origen en moción, que modifica la ley Nº 19.886, asegurando la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado, con urgencia calificada de suma. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín Nº 3620-05, sesión 97ª, en 7 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, se ha solicitado, en conformidad al Reglamento, votar proyecto a proyecto. En consecuencia, les solicito que estén presentes en la Sala, porque, una vez que hablen todos los inscritos, procederemos a la votación. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, tengo entendido que hay comisiones que están sesionando en paralelo con la Sala y, si se procede en los términos explicados, se interrumpe su trabajo. ¿Por qué no se vota al final del Orden del Día como lo hemos hecho siempre? El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, si convence a su bancada, lo podemos hacer así. Comenzando con la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, el proyecto demuestra cómo una negociación juiciosa también genera un resultado que, junto con ser ecléctico y justo, cautela los legítimos intereses de los trabajadores. Tampoco se convierte en un dogal ominoso para la pequeña y mediana empresa, porque derechamente establece algunos estándares al respeto laboral que deben primar en las empresas que van a licitar prestación de servicios con el Estado. En ese sentido, nos referimos a pequeñas y medianas empresas que, obviamente, van a requerir de cierto grado de flexibilización al momento de cumplir con todas las normas. El Senado mantuvo intactas las ideas matrices aprobadas por esta Cámara. En el artículo único del proyecto, sustituye su número 1 en el siguiente sentido. A través de la letra a), agrega al final del inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.886, después del punto aparte, la siguiente oración: “Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”. Por supuesto, debe tratarse de una condena efectiva y no de una mera denuncia.” A través de la su letra b), que también modifica el artículo 4º de la ley Nº 19.886, se mantiene también el resguardo para los trabajadores, no obstante agrega un grado de flexibilidad a la norma en favor de las pymes. Dice así: “b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los incisos segundo a séptimo a ser cuarto a noveno, respectivamente: “En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.”. Con la modificación, muchas pequeñas empresas que se encuentran en un estado de morosidad respecto de las obligaciones para con sus trabajadores, van a poder participar en la licitación, lo que es muy importante, porque -hay que decirlo claramente-, muchas veces estas licitaciones constituyen la tabla de salvación para un pequeño empresario que tiene que seguir subsistiendo y dando trabajo. También va a ser un incentivo para los trabajadores que allí laboran, porque van a mantener su fuente de empleo. Asimismo, en la redacción del Senado se introduce un incentivo para que la empresa mejore las condiciones de pago de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, lo que le va a permitir participar en licitaciones con un mejor puntaje. El Senado también sustituye la letra b) del número 2 del artículo único del proyecto que introduce modificaciones al artículo 6º de la ley Nº 19.886, por la que sigue: “b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Asimismo, en los contratos de prestación de servicios para establecimientos escolares y preescolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deberán contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero.”. Como los contratos son por diez meses, muchas veces, en enero y febrero estas trabajadoras quedan sin recibir una remuneración. Por ello, esta norma me parece de suma justicia y algo que todos estábamos esperando, principalmente, por aquellas personas que sufridamente se desempeñan en los establecimientos escolares y preescolares. Finalmente, en la letra a) del número 3 del artículo único, que modifica al artículo 11 de la misma ley, se incorpora la siguiente oración: “Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.” En virtud de esta norma, los jefes de servicio deben garantizar el cumplimiento laboral de parte de las empresas contratadas; les hace responsable de custodiarlas a fin de que realmente puedan hacerse efectivos estos impedimentos para que, por una parte, estas empresas cumplan con la legislación laboral, sigan dando empleo, pero respetando los derechos de los trabajadores. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista va a votar favorablemente las modificaciones del Senado. Se trata de una iniciativa que viene a rectificar una situación de evidente injusticia. Hay un conjunto de empresas que prestan servicios al Estado, al interior de las cuales se producen prácticas antisindicales, se vulneran derechos fundamentales de los trabajadores, se pagan salarios mínimos; muchas veces, quedan pendientes saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones provisionales. En definitiva, constituyen un espacio para el trabajo precario. El ejemplo más emblemático lo constituye la situación de treinta y tres mil mujeres que trabajan como manipuladoras de alimentos a través de empresas contratadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, para prestar el servicio de manipulación de alimentos en los establecimientos escolares y preescolares. Tiene que ver con mujeres que, si bien prestan servicios al Estado, tienen una condición laboral precaria, porque son contratadas por diez meses del año, quedando los meses de enero y febrero sin ingresos y sin previsión. Además, se les contrata con el sueldo mínimo y, muchas veces, al interior de la empresa se realizan prácticas antisindicales para causar temor a estas trabajadoras e impedir su sindicalización. Pero esto se viene a rectificar con estas disposiciones. En el último tiempo, se ha generado en el país un punto de vista muy emblemático, respecto de la necesidad de que exista el sueldo ético y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. El proyecto originado en moción, que sufrió modificaciones en el Senado y que hoy se discuten en la Cámara de Diputados, contribuye a fortalecer los derechos de los trabajadores. En primer lugar, va a impedir que aquellas empresas que han sido sancionadas por prácticas antisindicales o vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores, puedan ser contratadas por el Estado para la prestación de servicios. La medida me parece de enorme relevancia, ya que parecía inconcebible que al interior de empresas que estaban trabajando para el propio Estado hubiera prácticas antisindicales. En segundo lugar, viene a proteger las remuneraciones y el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Aquellas empresas que tengan saldos insolutos de remuneraciones o deudas previsionales y que sean contratadas para prestar servicios al Estado, deberán regularizar sus estados de pago antes de cumplir la mitad de su contrato o en un período máximo de seis meses. Si no demuestran que han cumplido en forma efectiva con esa obligación, el Estado deberá poner término al contrato y llamar a una nueva licitación. Además, va a premiar a aquellas empresas que hagan un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales y de empleo de los trabajadores, a través de un sistema que les permita obtener un mayor puntaje cuando postulen a la licitación para ser contratadas por el Estado. Sin duda, lo más importante de estas modificaciones se refiere a los contratos de empresas que prestan servicios en establecimientos escolares y preescolares, ya que los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deberán contemplar el pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero. Esto va a terminar con una situación de trabajo precario que hoy afecta a treinta y tres mil mujeres. En este ámbito, debo reconocer que el proyecto ha tenido un motor fundamental, que han sido las dirigentas del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de Chile, quienes, con esfuerzo, sacrificio, mucho valor y valentía, se han sindicalizado y han iniciado esta lucha necesaria y justa que hoy tiene expresión en el Congreso Nacional. Ellas han sido el motor fundamental para dar agilidad y para colocar en la agenda del Gobierno y del Congreso esta moción. Hoy, sin duda, ese sacrificio, esfuerzo y valentía, se van a ver recompensados con el -espero- respaldo unánime que le va a dar esta Cámara a esta moción para hacer justicia a treinta y tres mil mujeres. Por eso, quiero saludar a las dirigentas de sindicatos que hoy nos acompañan, entre ellas, la señora Irene Caprinao, que representa al Sindicato de Manipuladoras de la empresa Osiris, de Lota; Ana Osses, presidenta del Sindicato de Manipuladoras de la empresa Hendaya, provincia de Arauco; a Lidia González y a Margarita Paredes Delgado, junto a otras dirigentas de Valdivia. Asimismo, agradezco al Gobierno, porque el lunes recién pasado ellas tuvieron una reunión con el ministro José Antonio Viera-Gallo, oportunidad en que consiguieron que el Gobierno le pusiera al proyecto una urgencia calificada de “suma”, lo que va a hacer que en el país exista más justicia para treinta y tres mil mujeres trabajadoras, quienes van a tener mejores condiciones laborales. Por ello, estoy seguro de que esta iniciativa va a tener el respaldo unánime de la Cámara de Diputados. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para limitar el tiempo de las intervenciones, ya que hay una gran cantidad de inscritos para hacer uso de la palabra. ¿Habría acuerdo? El señor DUARTE.- No, señor Presidente. El señor WALKER (Presidente).- No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, cuando hay buenas noticias para los trabajadores lo conveniente es darnos el tiempo necesario para intercambiar opiniones al respecto. Quiero destacar que ésta es una muy buena noticia para todos los trabajadores subcontratados que prestan servicios a las empresas públicas. En definitiva, este proyecto de ley es la respuesta a prácticas que habíamos estado denunciando desde hacía mucho tiempo y que eran motivo de preocupación en la Cámara de Diputados. Quiero recordar, por ejemplo, que el tema relacionado con las manipuladoras de alimentos fue motivo de un proyecto de acuerdo, en agosto del año pasado, suscrito por un conjunto de parlamentarios, entre los que puedo mencionar al diputado Tuma, a la diputada Carolina Goic y a quien habla, que reconocía las injusticias cometidas en esta modalidad de subcontratación por parte del Estado y que terminaban agravando las condiciones laborales de los trabajadores. Ello con el objeto de disminuir los costos de la prestación de servicios a las empresas estatales. Quiero llamar la atención también, en el contexto de la discusión de este proyecto, sobre una demanda representada y sentida durante mucho tiempo por todos los trabajadores de las empresas de aseo. Todas las empresas que prestan servicios de extracción de basura a las municipalidades operan por tres, cuatro o cinco años, y después deben participar en una nueva licitación, porque los municipios también tratan de disminuir los costos de ese servicio. Pero quienes pagan ese menor costo son los trabajadores, que pierden su antigüedad en la empresa y ven reducidos sus salarios, para que ésta pueda competir con otras en condiciones de igualdad. Por eso, me alegro por la presentación de esta iniciativa que reconoce y premia a las empresas que, junto con prestar su oferta, mejoran las condiciones de empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Es decir, lo que se sanciona claramente es la precarización del trabajo y de las remuneraciones, como mecanismo para adjudicarse las licitaciones públicas de la Administración del Estado. En este sentido, considero extraordinariamente importante este proyecto de ley, porque creo que el Estado se debe convertir en el ariete que vaya mejorando las condiciones laborales y dar el ejemplo en este aspecto. Pero quiero llamar la atención sobre aquellos trabajadores que están en condiciones tanto o más precarias que los subcontratados, que hoy se desempeñan al interior de la Administración Pública. Me refiero a los trabajadores a honorarios, que se han mantenido en esa situación por años y años. Algunos llevan décadas sin poder acceder a previsión y sin estabilidad laboral. Por eso, es muy relevante que en esta oportunidad manifestemos nuestra preocupación sobre la materia y nuestro interés por que su situación cambie en forma radical. Si bien es cierto que las modificaciones del Senado son correctas, habríamos preferido que algunas hubieran sido mucho más radicales, como la relacionada con la exclusión de algunas empresas. El proyecto aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional establecía que quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción del contrato, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, registren saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social, así como aquellas empresas condenadas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años. Esto fue modificado en forma sustantiva por el Senado, que estableció que estas empresas también podrán participar en las licitaciones, pero les da un plazo -por decirlo así- para que paguen las deudas que puedan tener con sus trabajadores en materia de remuneraciones o de cotizaciones de seguridad social. En verdad, éste es un tema discutible. Me gustaba más la norma aprobada por la Cámara. En todo caso, es un paso en la dirección correcta al establecer que la empresa contratante, en este caso, la empresa estatal, podrá exigir a la empresa contratada que proceda a pagar, durante los primeros meses, las deudas que tiene con sus trabajadores. Creo que es mejor que lo que existe hoy. Vamos a aprobar las modificaciones del Senado, porque creemos que mejoran claramente la protección de los trabajadores e incrementan los niveles de una competencia justa y equitativa, porque ésta no puede fundarse en el atropello de los derechos de los trabajadores, sino en la eficiencia, la eficacia y la tecnología. No se puede abaratar el costo de la prestación de servicios en desmedro de las condiciones laborales más precarias y remuneraciones más bajas, porque ello atenta claramente contra la calidad y la equidad que debemos garantizar a nuestros trabajadores. En nombre de la bancada demócratacristiana, expreso nuestro respaldo a las modificaciones del Senado y saludo el hecho de que haya quedado resuelto un problema que, como ya lo expresé, veníamos planteando al Ejecutivo desde agosto de 2006 -fecha de presentación de la iniciativa de la diputada Carolina Goic- y que dice relación con el problema que afectaba a las manipuladoras de alimentos. Por eso, anunciamos nuestro voto favorable a las modificaciones. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, creo que estamos ante un proyecto de ley, originado en moción, de extraordinaria importancia porque resguarda los derechos laborales de los trabajadores, especialmente de aquellos que, indirectamente, prestan servicios al Estado. Creo que el Estado debería ser el empleador que mejor cumpliera y garantizara el respeto de los derechos laborales. Este proyecto de ley avanza en esa dirección y, por eso, les digo a los parlamentarios que participaron en la presentación de la moción y a los que colaboraron para mejorarla y perfeccionarla que, en efecto, se establecen obstáculos a los empresarios inescrupulosos que vulneran las normas laborales y que tienen todo un historial de incumplimientos, con el objeto de que no puedan participar en las licitaciones públicas y prestar servicios al Estado. Creo que el Senado ha hecho correcciones muy oportunas y justas, porque hay muchos pequeños empresarios, es decir, pymes, que prestan servicios al Estado a través del sistema Chile Compra, después de adjudicarse una licitación y de haber cumplido con todas y cada una de las disposiciones del contrato. Pero quien no cumple los contratos es el Estado, es decir, algún organismo, ministerio o repartición pública que no le paga oportunamente al contratista. ¿Qué ocurre? Que el contratista, que ha girado documentos a sus proveedores, no puede cubrirlos; entonces, se los protestan y van a Dicom. Y ocurre que los organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, tienen la obligación de poner término al contrato suscrito con un contratista que ha ido a parar a Dicom, pero sin considerar que ello se debe a que el propio Ministerio de Obras Públicas no cumplió con pagar oportunamente sus obligaciones. El proyecto sanciona a quienes no cumplan con los trabajadores; pero muchos no pueden hacerlo porque, a su vez, los organismos públicos no les pagan oportunamente. La corrección que hace el Senado es justa, al establecer que se permitirá que postulen, siempre que se pongan al día en el pago de las deudas previsionales y laborales durante el primer período de la ejecución de la obra adjudicada. Ahora, si no se adjudican una nueva licitación, lo más probable es que esas pymes desaparezcan. Y esto es muy cierto: a los trabajadores se les adeudan 319 mil millones de pesos, por concepto de deudas previsionales, porque las empresas en las cuales laboraban desaparecieron. Yo prefiero que esas empresas sigan prestando servicios, que continúen con su razón social y que tengan la posibilidad de ponerse al día en el pago de los derechos laborales que no habían podido enterar, de manera que los trabajadores puedan recuperar los recursos correspondientes a sus cotizaciones previsionales y sigan cumpliendo con sus faenas. Considero que el Senado introdujo modificaciones muy acertadas, lo que celebro porque también ayudan mucho a las pymes, que han caído en incumplimiento, lo que, muchas veces -como digo-, no se debe a una voluntad expresa de los empresarios, sino al impedimento que les pone el Estado cuando no cumplen en forma oportuna sus obligaciones. El proyecto tiene otro aspecto digno de aplaudir: el reconocimiento del Estado de numerosas actividades que se le están prestando permanentemente. Los trabajadores que laboran en esas actividades no tienen contratos permanentes de trabajo. Ocurre, por ejemplo, con las manipuladoras de alimentos que prestan servicios a los proveedores de alimentos del Ministerio de Educación o de la Junaeb. Todos los años, las mismas empresas, a los mismos trabajadores, les renuevan sus contratos de marzo a diciembre de cada año, pero los dejan sin trabajo en enero y febrero, quedando sin remuneraciones ni cobertura previsional ni de salud. No puede ser posible que el propio Estado cree condiciones para que, a través de la precarización de las condiciones laborales, determinadas empresas le sigan prestando servicios, percibiendo utilidades los 12 meses del año, mientras sus trabajadores están privados de remuneración durante dos meses, tomando en cuenta que los mismos trabajadores son los que les siguen prestando servicios. Me alegra esta modificación y felicito al Ministerio del Trabajo por impulsar esta justa medida. Quizás más adelante se pueda imitar en otros servicios. Lamento que las manipuladoras de alimentos no tengan la certeza de que durante enero y febrero del próximo año gozarán de este beneficio, porque los contratos de licitación ya se firmaron y no se pueden modificar con efecto retroactivo. Sin embargo, comprometo mis esfuerzos para trabajar con otros parlamentarios ante el Ministerio de Hacienda, buscando alguna fórmula que permita anticipar o modificar esos contratos en beneficio de los trabajadores, para que tengan contratos permanentes durante los 12 meses del año. Por último, aplaudo también la tercera idea que consagra el proyecto, en el sentido de establecer que las garantías dejadas por las empresas hasta 60 días después de terminada la obra, asegurarán el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. La bancada del Partido por la Democracia apoyará este gran proyecto en beneficio de los trabajadores. He dicho. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Para que todos los diputados que quieran intervenir en el proyecto puedan hacerlo, solicito que pida la unanimidad de la Sala para que reduzcamos a 3 ó 4 minutos las intervenciones. El señor WALKER (Presidente).- ¿Hay acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Fidel Espinoza? No hay acuerdo. El señor TUMA.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor TUMA.- Señor Presidente, solicito que acordemos una hora para votar este proyecto o que votemos todos los proyectos al final del debate. No sabemos a qué hora va a terminar el debate de este proyecto, entonces, debiéramos asegurar la asistencia de todos los señores diputados para aprobar la iniciativa al término de la discusión. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, según entiendo, votaremos los proyectos al término del debate de cada uno de ellos, de manera que cuando hayan intervenido todos los diputados inscritos, se votará. Le solicito que convoque a reunión de Comités. El señor WALKER (Presidente).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, es muy importante discutir esta mañana un proyecto tan anhelado por miles de mujeres trabajadoras que, a lo largo de Chile, se desempeñan como manipuladoras de alimentos y por miles de hombres y mujeres que trabajan en empresas que prestan servicios al Estado. La iniciativa incorpora, en primer lugar, una clara garantía para los derechos de los trabajadores y trabajadoras al establecer el impedimento del Estado de contratar servicios a empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales en los dos últimos años anteriores a la suscripción de los contratos. Es tremendamente importante que las normas laborales en nuestro país sean exigibles para las empresas, pero también que el Estado dé cumplimiento a las normas de resguardo de los derechos de los trabajadores. Igualmente importante es que en los contratos debe haber protección para los derechos previsionales de las personas que laboran con el Estado. No es posible que se siga produciendo un fraude con el pago de los derechos previsionales, con las imposiciones de muchas personas que trabajan o prestan servicios para el Estado, a las cuales no se les pagan esos derechos. Son dos aspectos sumamente importantes del proyecto. Quiero rendir un justo homenaje a las manipuladoras de alimentos, a los sindicatos de manipuladoras de Lota y de Valdivia, distrito que represento en esta Cámara de Diputados. Al Sindicato Regional de Manipuladoras de Valdivia, a las señoras Cecilia Nuñez y Jacqueline Lara; al Sindicato Interempresas de Manipuladoras de Valdivia, a las señoras Nelly Rodríguez, Sandra Alvarado, Paola Altamirano, María Teresa Mendoza. Son esas mujeres, esas organizaciones de trabajadoras, las que durante años y años han estado bregando por que a las manipuladoras de alimentos se les reconozcan efectivamente sus derechos, como a cualquier ciudadano de nuestro país, de tener contratos anuales. Me tocó recorrer muchos establecimientos y conocer muchas manipuladoras de alimentos, que llevan veinte y hasta treinta años trabajando en este oficio y a las que cada año les finiquitan sus contratos en diciembre y las envían a sus casas en enero y febrero, dejándolas en la incertidumbre de si serán o no llamadas de nuevo en marzo. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país, no puede ocurrir en un país que aspira a la protección social. Por eso, me enorgullezco de que hoy podamos votar este proyecto. Además, porque tenemos una Presidenta mujer, una Presidenta socialista que comprometió su palabra de que los contratos se iban a regularizar. Hoy, estamos cumpliendo ese cometido. Ése es un reconocimiento a nuestro Gobierno, es un reconocimiento al derecho de las mujeres, especialmente al de aquellas que vivían en la incertidumbre, año tras año, de tener que ganarse la vida durante enero y febrero como pudieran, porque su contrato no les regía esos meses. Hoy, a través del proyecto en análisis, eso se va a regularizar, lo que permitirá que esas mujeres, como manipuladoras de alimentos, tengan contrato durante todo el año, con derecho a vacaciones, con derecho a acceder a beneficios, con la posibilidad de contar con salud y educación para sus hijos. En definitiva, se reconocen sus derechos y se les hace justicia a más de 33 mil mujeres de nuestro país que sufrían condiciones laborales indignas. Esta será una buena noticia para miles de mujeres de las comunas de San José de la Mariquina, de Lanco, de Máfil, de Corral, de Panguipulli, de Valdivia y de todas las comunas a lo largo del país, quienes comprobarán que el Gobierno y sus legisladores están trabajando para mejorar sus derechos. Hago un llamado a que las empresas desde ya adecuen sus trabajos, de manera de empezar en 2008 con modificaciones que permitan a las manipuladoras de alimentos gozar de vacaciones como cualquier ciudadano de nuestro país y tener tranquilidad laboral. Vaya para ellas un gran abrazo. Termino mis palabras señalando que cuando el Congreso Nacional cumple sus objetivos, cuando el Ejecutivo recoge las iniciativas y las impulsa -en este caso, la suma urgencia al proyecto, como solicitamos al ministro Viera-Gallo el lunes pasado y que se está concretando hoy jueves-, se dignifica el trabajo parlamentario y se amplían las posibilidades de que el Congreso Nacional termine con las inequidades. Asimismo, deseo manifestar mi alegría por la organización sindical de las trabajadoras, porque gracias a esos sindicatos que hoy nos acompañan en las tribunas, que viajaron toda la noche y han estado decenas de veces en Santiago y en Valparaíso, hemos podido avanzar en esta iniciativa. Que esta organización sea un ejemplo para los trabajadores y las trabajadoras de Chile y vean que organizados se consiguen muchas cosas. También quiero saludar al ministro del Trabajo y a la ministra del Sernam, gracias a cuyo esfuerzo hoy estamos en condiciones de votar este proyecto. Sin duda, dignificará a las 33 mil mujeres manipuladoras de alimento que, día a día, preparan el almuerzo a miles de niños a lo largo de todo Chile. La bancada del Partido Socialista, que ha impulsado este proyecto, de manera unánime votará a favor de la iniciativa. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, como lo mencionaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto es de gran importancia para los trabajadores. Contiene algunas normas novedosas y otras largamente esperadas. Las novedosas se refieren a que el Estado decide, por primera vez, impedir que las empresas que no cumplen con los derechos de los trabajadores puedan participar en las licitaciones en que el Estado llama para proveerse de bienes y servicios. Nos parece bien que así sea. Sin embargo, hay un pequeño cambio que introdujo el Senado, en el cual también concordamos. Se refiere a las empresas medianas y pequeñas, a las que se les permite participar en estas licitaciones, siempre y cuando regularicen su situación de morosidad dentro de la primera mitad del período de ejecución del contrato que se ganen eventualmente con el Estado, con un tope de seis meses de plazo. Es decir, la legislación que estamos analizando ha sido severa con las empresas grandes y ha permitido un grado de flexibilidad con las empresas medianas y pequeñas. De esta forma, se compatibilizan dos objetivos. Por una parte, que las empresas cumplan fielmente con los derechos de los trabajadores, y por otra, que las pequeñas y medianas empresas, que permanentemente tienen graves problemas de subsistencia, puedan participar en esas licitaciones, ganarlas y salir de sus problemas en un plazo prudente. El segundo punto que se plantea en este proyecto se refiere a una norma largamente esperada. Resulta increíble que en un país como Chile no hayamos dado antes con esa solución. Se trata de una norma protectora de las remuneraciones de las trabajadoras que se desempeñan como manipuladoras de alimentos en establecimientos escolares, las que hasta hoy todavía no reciben remuneración en los meses de verano por estar de vacaciones los escolares. Nos alegramos por esta modificación propuesta por el Senado, la celebramos y anuncio el voto favorable de la UDI y, sin duda, de la Alianza por Chile en su totalidad. Por último, quiero comentar un aspecto que me impactó mucho, que debiera ser materia de un mensaje del Ejecutivo. Se trata del incumplimiento de la legislación laboral en el sector salud por parte del Estado. En la Comisión de Trabajo, escuchamos hace algunos días a dirigentas del sector salud de todo el país. Fue impresionante oírlas quejarse por el incumplimiento de la legislación laboral especialmente en los hospitales públicos de salud. Las trabajadoras mencionaron normas concretas. Por ejemplo, no cumplen con la norma de tener guarderías o jardines infantiles al contratar a más de veinte trabajadoras. Esa norma del Código del Trabajo está vigente desde hace muchísimos años para las empresas privadas. Sin embargo, las empresas públicas no la están cumpliendo, en circunstancias de que están obligadas a ello. Por eso, vamos a pedir formalmente que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social actúe como investigadora del cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector salud. Éste es uno de los muchos ejemplos que da cuenta de que no se está cumpliendo con la legislación laboral. En suma, celebramos como quedó redactado el proyecto con las modificaciones introducidas por el Senado y pedimos la creación de una comisión investigadora para que verifique el cumplimiento de la legislación laboral, específicamente en el sector salud estatal. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero expresar los fundamentos que me llevan a aprobar este proyecto de ley, que resuelve cuestiones bien fundamentales, muy a tono con el esfuerzo en que está empeñada la Presidenta de la República y su Gobierno, en particular en el sentido de ir mejorando sustantivamente las condiciones laborales. En esa perspectiva, es fundamental que el Estado vaya a la vanguardia de este proceso y establezca estándares mínimos de cumplimiento laboral a las empresas que quieran participar y obtener licitaciones del Estado. Me parece que el proyecto refleja un resultado bastante equilibrado que nos permite ir en esa dirección y, al mismo tiempo, generar condiciones para que las pequeñas empresas puedan ser parte creciente de negociación y contratación con el Estado. Lo más adecuado y pertinente es que se establezca un impedimento a la empresa condenada por prácticas antisindicales para contratar con el Estado o participar en esas licitaciones. Dada la información entregada por la Dirección del Trabajo, no estamos afectando a la pequeña empresa, sino a las que normalmente concentran a más de cincuenta trabajadores. Genéricamente, es ahí donde se presenta ese tipo de situaciones. Por lo demás, estamos hablando de condenas de prácticas antisindicales, ni siquiera de procesamiento por las mismas. Se mantiene un resguardo fundamental a los trabajadores al restringir la participación de las empresas con el Estado en el caso de no tener al día el pago de sus remuneraciones e imposiciones. Esto también es fundamental. Siempre he sostenido que cuando un empresario declara y no paga la remuneración acordada, es como meterle la mano en el bolsillo al trabajador, porque esos dineros le pertenecen. El Estado entrega una obligación, una responsabilidad, una carga al empleador para que retenga y pague. Por lo tanto, es correcto y legítimo que haya una sanción para aquellos que declaren y no paguen las cotizaciones previsionales, y que una de esas sanciones sea no poder participar en las licitaciones ni contratar con el Estado. Además, se ha establecido un plazo de seis meses para regularizar esa situación. Eso permite flexibilidad y en alguna medida cautela las preocupaciones que pudieren tener muchas pequeñas empresas. También es positivo que las modificaciones del Senado no impliquen sólo castigo, sino que también hayan incentivos, tales como la obtención de mejor puntuación para participar en los procesos de licitación a las empresas que mejoren las condiciones de remuneración. En definitiva, todas estas normas representan una mejora objetiva, real y tangible en un impulso por ofrecer mayores y mejores estándares en el cumplimiento laboral. Por último, quiero enfatizar en un punto bien fundamental mencionado por el diputado Manuel Monsalve. Vaya mi reconocimiento al Gobierno por acoger el planteamiento que le formulamos el lunes pasado, en el sentido de fijar urgencia a este proyecto que estamos discutiendo en este momento. Asimismo, a los diputados Alfonso de Urresti, Manuel Monsalve y Fidel Espinoza, quienes trabajaron fuertemente para que este proyecto saliera adelante. He nombrado sólo a estos parlamentarios, pero sé que otros han participado en esto. Por ejemplo, el diputado Fulvio Rossi, cuando se discutió el presupuesto, planteó que para nosotros es fundamental que esto se resuelva el 2008. Tanto es así, que esta posición se recogió en el protocolo que se firmó con el ministro de Hacienda. Por lo tanto, entendemos que esto está resuelto para el 2008 por la vía del compromiso político con el Gobierno. El proyecto resuelve el problema de manera estructural y definitiva. La futura ley garantizará que las manipuladoras de alimentos tengan contratos que cubran los meses de verano. En el futuro, sus contratos no serán precarios, porque son jefas de hogar y deben llevar el sustento a sus casas durante los meses de enero y febrero. De manera que el proyecto hace justicia a más de 33 mil mujeres responsables de sus familias y que tienen derecho a tener contratos decentes. Por eso, para mí es motivo de enorme satisfacción anunciar que apoyaré las modificaciones del Senado, sin perjuicio de reiterar mi reconocimiento a los diputados de la Concertación por la forma en que se avanzó en esta materia y saludar muy especialmente a las manipuladoras de alimentos de Valdivia y Arauco, que estuvieron el lunes pasado en La Moneda, se encuentran en las tribunas y que serán las beneficiadas por el proyecto. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, qué duda cabe que hoy es un día especial para muchos trabajadores y trabajadoras que, siendo contratados y contratadas por empresas que prestan servicios al Estado, tienen condiciones de empleo precario, lo cual es absolutamente inaceptable. Esta situación la conocí en forma directa en una reunión con un grupo de manipuladoras de alimentos en Puerto Montt. Primero tenían miedo de organizarse, pero les conté el ejemplo de gente de la Octava Región y de Valdivia. Desde mi oficina se les prestó asesoría para que se organizaran en sindicatos, porque es la única manera de estar unidas. Pero tenían temor, porque saben que con el sistema de contratación que las rige, a las manipuladoras que estuvieran sindicalizadas tal vez no se les renovarían sus contratos en marzo. Así, se inhibían a luchar por una causa súper justa. La pertinencia y los beneficios del proyecto son claros. Por fin, se terminará con el empleo precario de 33 mil manipuladoras de alimentos, que hoy ni siquiera tienen los derechos mínimos de los demás trabajadores, como dijo el diputado De Urresti. En general, además de las vacaciones, otros que son frutos de luchas históricas. Por eso, quiero pedir al Gobierno -creo que todos los colegas me apoyarán- que genere un mecanismo que permita destinar los recursos necesarios para que en enero y febrero de 2008 las manipuladoras de alimentos también sean objeto del beneficio de que se trata, ya que la futura ley se promulgará después. El Ministerio de Hacienda puede destinar los recursos del caso. De hecho, hace un rato, el director Nacional de Presupuestos me decía que no estaban considerados; que era complicado hacerlo en este momento. Pero, que si se pedía, se podía proveerlos. No quiero que se haga ahora, para no retrasar el despacho del proyecto. Pero pido a los parlamentarios que quieran suscribir un proyecto de acuerdo para que se destinen recursos, por parte del Gobierno, para que las manipuladoras de alimentos reciban el beneficio en enero y febrero de 2008. Para terminar, sólo quiero señalar que en este tipo de iniciativas queda claro que el trabajo corporativo, constructivo entre el Congreso Nacional y el Gobierno rinde frutos. Es fácil criticar y decir que los parlamentarios no nos preocupamos de los problemas de la gente. ¡Por Dios que no es cierto eso! Siempre estamos dispuestos para ello, pero, a veces, también hay que decirlo, no tenemos la requerida complicidad del Gobierno. En este caso, en atención a que para la Presidenta Bachelet es prioritaria la protección social de los trabajadores, tuvimos el apoyo del Gobierno, el que, además, le puso suma urgencia al proyecto para considerar las modificaciones del Senado. Seguramente, los medios no reconocerán el trabajo mancomunado entre el Gobierno y el Congreso, porque a ellos les interesan otras noticias. Pero debieran destacar el hecho de que con el proyecto se beneficiará a más de 33 mil manipuladoras de alimentos que, a pesar de prestar servicios a empresas del Estado y, en consecuencia, ser pagados con plata de todos los chilenos, tienen contratos precarios. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nos motiva el proyecto del debate, respecto del cual hoy nos corresponde analizar las modificaciones del Senado. Quiero hacer un reconocimiento a la autora de la iniciativa, mi colega Adriana Muñoz, quien, por motivos de salud, no puede estar presente hoy. Ella me invitó a trabajar en esta materia. El anhelado proyecto ha sido trabajado durante años. Hay que decirlo: día a día se nos consultaba a los parlamentarios, por lo menos a los que contamos con la confianza de quienes laboran en establecimientos escolares y representan a más de 30 mil manipuladoras de alimentos. Ellas, según me consta, en Paillaco, Panguipulli, Río Bueno, La Unión, Ranco, Futrono, Los Lagos, se reunían y llegaron a formar sindicatos, que duraron muy poco por la presión de los malos empleadores. Por eso, muchas veces tuvieron que abandonar sus trabajos. El temor a perderlos hizo que desapareciera su organización. Pese a todo, en mi distrito les pedí que tuvieran confianza, porque tarde o temprano, el proyecto que se requería, con el apoyo de todos, podría ser ley de la República. No se diga que todos estaban de acuerdo en legislar al respecto. Es más, varios parlamentarios demoraron la iniciativa y las manipuladoras de alimentos no entendían el porqué. La verdad hay que decirla. Cuando se trata de proyectos que inciden en el ámbito laboral, muchos colegas se niegan a legislar. No soy uno de ellos. Por eso, el proyecto no sólo recoge observaciones de las manipuladoras de alimentos, sino de todo el mundo laboral, porque son varias las empresas privadas proveedoras de bienes y servicios al Estado que no cumplen la normativa laboral, en el sentido de tener al días las imposiciones de sus trabajadores, de respetar los feriados legales, de pagar las horas extraordinarias, etcétera. Además, estas empresas realizan prácticas antisindicales. Por su parte, las entidades públicas que cumplen sus compromisos con los proveedores lamentan que ellos no procedan de igual forma con sus trabajadores. Esto provoca que el fisco también pierda en materia tributaria. El hecho de no cumplir con la normativa laboral permite a los malos proveedores reducir sus costos y, por tanto, postular a las licitaciones en mejores condiciones. En consecuencia, quedan fuera de la licitación los buenos empleadores, quienes, por respetar dicha normativa, ven aumentados sus costos, lo que les impide competir en igualdad de condiciones. El proyecto modificado por el Senado no producirá el efecto que todos quisiéramos, cual es que los diez meses de trabajo también sean correspondidos con las vacaciones respectivas. Además, el hecho de que falten dos meses no da continuidad a la cotización previsional, lo que constituye un daño previsional enorme para los trabajadores. El Senado no consideró ese hecho. Tenemos una tarea pendiente. Espero que los colegas que hoy aprobarán las modificaciones del Senado asuman un compromiso en orden a que, de una vez por todas, el trabajo de las manipuladoras de alimentos no sea temporal sino definitivo. En nombre de la bancada del Partido por la Democracia, felicito a los autores del proyecto. Estamos comenzando a trabajar por aquellas personas que han tenido que lamentar falencias y estrechez económica y que, muchas veces, han temido perder su fuente laboral. Éste es el comienzo de la justicia que debe imperar en el trabajo de las manipuladoras de alimentos. Muchas de ellas son jefas de hogar y siempre han debido soportar que sean miradas en menos por ser mujeres. A partir de esta futura ley cambiará la situación. Adriana Muñoz, desde este hemiciclo te hago llegar el saludo de tus colegas por esta gran iniciativa en la que trabajaste, que hoy nos da ánimo y deseos de seguir legislando en pro de hacer justicia en favor de los más desposeídos. Las manipuladoras de alimentos tienen el mismo derecho que todos los trabajadores de Chile están logrando en este Gobierno. Hay posibilidades de seguir avanzando en esta materia y las modificaciones del Senado dan una esperanza. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sólo para anunciar el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente a las modificaciones del Senado a este proyecto, que nos parece de gran importancia para el bienestar de muchos trabajadores, toda vez que da mayor estabilidad en sus relaciones contractuales y laborales y permite un mejor futuro para ellos y sus familias. Quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, nuevamente vemos que es imprescindible mejorar las prácticas laborales en que está involucrado el Estado. Reiteramos que, en nuestra opinión, en no pocas ocasiones el Estado ha sido un mal empleador o un mal contratante de servicios. Lo hemos manifestado cuando tratamos materias como el reajuste del sector público o las prácticas de las asociaciones de funcionarios y cuando discutimos diversas iniciativas legales, como aquella que establece que los ingresos que reciben los funcionarios pasen a ser no imponibles y no tributables. Por lo tanto, con las modificaciones del Senado se corrige una deficiencia del Estado como empleador. Pero queda mucho más por analizar. En segundo lugar, es importante aclarar que este proyecto modificado por el Senado, particularmente en lo relacionado con las manipuladoras de alimentos y categorías similares, fue largamente pedido por diputados de todas las bancadas. Recuerdo que durante la discusión del presupuesto de un año anterior, los diputados Lorenzini, Ortiz, Von Mühlenbrock, el entonces diputado Escalona y otros insistieron ante la Comisión Mixta de Presupuestos en la necesidad de solucionar el drama de las manipuladoras de alimentos y de trabajadores de otras categorías laborales similares, quienes veían afectadas sus fuentes laborales, su seguridad, su bienestar y la posibilidad de mantener a sus hijos durante los meses de verano. Por lo expuesto, reitero que nuestra bancada votará favorablemente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, estamos tratando las modificaciones del Senado a un proyecto que ha hecho que nos olvidemos un poco de los avatares de la política y de las diferencias de óptica que podamos tener y nos dediquemos a legislar en temas de la ciudadanía. Lo dijeron los diputados Álvarez y Jaramillo. Es una materia que cuenta con el respaldo de todas las bancadas. Quiero destacar dos temas específicos. En primer lugar, respaldo la propuesta del diputado Vallespín. Es cierto que las modificaciones del Senado solucionarán el drama que sufren las manipuladoras de alimentos especialmente en las zonas rurales, quienes, al igual que los temporeros, no reciben remuneración durante enero y febrero. Pero, ¿por qué no partimos ya? ¿Por qué esperar hasta el próximo año? El diputado Vallespín ha propuesto presentar un proyecto de acuerdo para hacer esta solicitud a la Presidenta de la República. Además, en ese sentido, haremos las gestiones correspondientes para que el ministro de Hacienda, que es quien pone el billete, disponga los mecanismos para que se provean los fondos -no son tantos los que se requieren- que permitan que este beneficio empiece a operar a partir de enero y febrero de 2008, y no esperar hasta la publicación de la ley. Me parece que la propuesta del diputado Vallespín contará con el respaldo unánime de todas las bancadas y consideramos que también debería ser aceptada por el Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, no se ha mencionado algo que tiene mucha importancia. La última modificación del Senado es de mucha relevancia. Sucede que en muchas comunas, luego de que las empresas terminan los trabajos y finalizan los contratos, los municipios van a revisar y encuentran problemas. Ahí empiezan los inconvenientes. Las empresas discuten: “que los resuelvo, que no los resuelvo”, etcétera. Pasan sesenta días y ¿qué sucede? Las garantías que entregaron esas empresas caducaron. Aunque después se considere que deben cumplir con las obligaciones laborales, no hay garantías para cumplirlas. Las empresas quiebran o se desarman. Al final, nos quedamos con un derecho sin respaldo económico. Por eso, el Senado, que a veces trabaja bien y se mete en la cosa detallista, ha hecho una modificación que me parece absolutamente pertinente. Dice: “Los jefes de servicio serán directamente responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.”. Recordemos lo que pasó con Inverlink. ¿Dónde estaban las garantías? Vencidas y guardadas en una caja fuerte. Nadie las había revisado ni auditado. Esto es de vital importancia porque no sólo basta con dar derechos. Lo que hay que hacer -uno lo aprende de los abogados- es garantizar que los derechos posteriormente se cumplan. Por eso, esta indicación del Senado me parece absolutamente pertinente. No basta con que los jefes de servicio expresen argumentos como que lo olvidaron, no entendieron, no supieron dónde quedó o que se pasó el tiempo, o bien que intenten escudarse en las vacaciones. Ahora serán responsables. Por lo tanto, deberán tener mucho cuidado, llevar un registro y, cada cierto tiempo, verificar que los trabajos u obras contratados cuenten con garantías vigentes. Si los trabajos se atrasan o, como suele ocurrir, se otorgan ampliaciones de plazo -estas cosas funcionan así-, se cobra un poquito más, pero muchas veces se olvida renovar las garantías correspondientes. Por lo tanto, existen dos conceptos básicos. En primer lugar, el expresado por el diputado Vallespín, que comparto, en el sentido de aplicar, a partir de enero y febrero de 2008, las compensaciones adecuadas. En segundo lugar, los jefes de servicio y los señores alcaldes deberán tener mucho cuidado, porque la referida modificación del Senado significará que el día de mañana se podrá perseguir su responsabilidad, a lo cual estaremos muy atentos. En consecuencia, el llamado a los jefes de servicio es a hacerse responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas, porque inciden en el cumplimiento de derechos laborales y sociales de los trabajadores contratados. De esa forma, si el día de mañana existen problemas, a lo menos se podrá echar mano a ellas para compensar en forma debida a trabajadores que cumplen su labor y no tienen responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de la empresa. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, me alegro de que la Derecha y la Izquierda, unidas, según lo escuchado en esta oportunidad, lleguen al acuerdo transversal que se necesita para proteger en mejor forma a los trabajadores. Ese ambiente de acuerdo político se vincula en forma directa con la comisión creada por la Presidenta Bachelet para aunar esfuerzos en ese sentido. Espero que se ponga el pie en el acelerador y los Comités acuerden poner en tabla el proyecto sobre acoso laboral, aprobado en general y particular en la Comisión de Trabajo, para avanzar y hacer realidad la agenda laboral pendiente. Deseo formular un comentario en relación con la intervención del diputado señor Álvarez. El Estado, en su condición de empleador, se hace cargo de sus debilidades, como queda demostrado mediante la iniciativa legal en discusión. Por lo tanto, espero que los privados también lo hagan, porque en esa materia están al debe. Al respecto, diputados miembros de la Comisión de Trabajo y de diferentes comisiones investigadoras creadas en la Cámara, hemos sido testigos de los abusos cometidos por empleadores inescrupulosos. Bien por el proyecto en estudio que, como expresaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, apunta en el sentido correcto porque implementa mejores herramientas, se orienta en pro de empleos más decentes y contribuye a la existencia de menos precariedad laboral. Se debe apoyar la productividad para que el país continúe en la senda competitiva, que abre más mercados y, por lo tanto, significa más trabajos para chilenos y chilenas. Pero no se debe hacer sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. No es justo que ellos dejen de percibir sus cotizaciones previsionales, porque en el futuro no podrán contar con jubilaciones dignas. Falta mucho por avanzar en materia de justicia laboral, pero se están dando pasos importantes, como lo demuestra el proyecto en estudio, cuya aprobación esperamos hoy. Deseo recalcar que las dos ideas aprobadas por la Cámara en el primer trámite constitucional se mantuvieron intactas en el Senado. En efecto, se mantiene el impedimento de contratar con empresas condenadas por prácticas antisindicales en los últimos dos años anteriores a la licitación. Es preciso recalcar que se trata de empresas condenadas y no de las sujetas a meras denuncias o procesos pendientes. Esa norma no afecta a la pequeña empresa, pues, de conformidad con los antecedentes que obran en poder de la Dirección del Trabajo, esas prácticas se concentran en empresas de cincuenta trabajadores o más. Sin embargo, los pequeños empresarios también deben colaborar y cumplir con sus obligaciones laborales. El Senado mantuvo el resguardo a los trabajadores aprobado por la Cámara de Diputados, restringiendo la participación de las respectivas empresas en caso de no tener al día sus pagos de remuneraciones e imposiciones. Sin embargo, por unanimidad, agregó una norma de flexibilidad en favor de las empresas pequeñas, que consiste en permitir su participación en tanto regularicen su situación de morosidad dentro de la primera mitad del período de ejecución del contrato, con un tope de seis meses de plazo. Es decir, se trata de buscar el equilibrio necesario, no de coartar las posibilidades productivas, pero resguardando a trabajadores y trabajadoras. La norma del Senado mantiene, con una redacción perfeccionada, el incentivo para que las empresas mejoren sus condiciones remuneracionales, lo que redundará en la obtención de un mejor puntaje en el proceso de licitación. Finalmente, el Senado incorporó una norma nueva en materia de responsabilidad de los jefes de servicio, haciéndolos responsables de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas, a fin de que, en caso de ser necesario, no exista impedimento legal alguno para hacerlas efectivas. Es decir, mediante dicha modificación se pide el compromiso de las personas involucradas en los procesos productivos y laborales del país, en especial cuando son prestados por los servicios del Estado. En virtud de lo expresado, anuncio mi voto a favor de las modificaciones del Senado. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, a juicio de nuestra bancada, que tomó esta causa como propia, es tremendamente significativo el hecho de que, a pocos días de la conmemoración del centenario de la masacre de la escuela Santa María, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, la Cámara se encuentre discutiendo en su tercer trámite constitucional una iniciativa legal que apunta a la forma de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, en especial de las trabajadoras. Se encuentran en las tribunas dirigentas que representan a más de 30 mil mujeres trabajadoras, quienes en su mayoría son esforzadas jefas de hogar que, con mucho trabajo y voluntad, sacan adelante a sus familias. Lamentablemente, como consecuencia de las injusticias existentes en el ámbito laboral, ellas tienen contratos a plazo fijo, porque, al parecer, algunos creen que en enero y febrero no comen, no pagan arriendo ni tienen gasto alguno. Incertidumbre laboral, injusticia, una forma de maltrato. Qué bueno que hoy estemos discutiendo este tema cuando el país ve con preocupación la disputa entre la Dirección Nacional del Trabajo y Codelco. Esperamos que la ley de subcontratación sirva, se cumpla realmente y no haya dobles discursos, porque las empresas del Estado deben, más que ninguna, cumplir con la ley, especialmente cuando se habla de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y si estamos hablando de empresas del Estado, con mayor razón debemos hacernos cargo de aquéllas que proveen de servicios a sus instituciones. En el caso de las amigas manipuladoras, hablamos de la Junaeb. Pero este proyecto de ley va mucho más allá. De hecho, contiene medidas muy claras contra el maltrato laboral, las prácticas antisindicales o cualquiera otra infracción de los derechos laborales, porque excluye de los procesos de licitación a aquellas malas empresas que hayan sido condenadas por esas contravenciones. Y este punto es fundamental, porque hoy la bancada del Partido Socialista está ad portas de presentar una agenda laboral que fortalece la negociación colectiva. Estamos ciertos de que más allá de cambios en el ámbito laboral, en la medida en que tengamos sindicatos fuertes, organizados, sin duda las condiciones de los trabajadores van a mejorar. En dicha agenda hemos trabajado intensamente con Arturo Martínez, presidente de la CUT. Como decía el diputado Díaz, con el proyecto no solamente se quiere sancionar, sino también establecer incentivos a las buenas empresas, a aquellas que tienen buenas prácticas laborales, que exhiben mejores condiciones de empleo y remuneraciones. Eso les da un puntaje especial y es bueno que el Estado los premie. Además, encara un problema muy serio que tienen muchos trabajadores y trabajadoras y que dice relación con los saldos insolutos en sus remuneraciones y cotizaciones previsionales. Todos sabemos que son parte del sueldo, pero muchas veces se adeudan; incluso, las empresas las descuentan, pero no se enteran; no benefician a los trabajadores. En adelante, los primeros pagos de las empresas serán para que respondan de sus deudas con los trabajadores, repito, de saldos salariales insolutos o de cotizaciones previsionales. Ésa también es una medida que garantiza más protección para nuestros trabajadores y trabajadoras. El proyecto avanza en la dirección correcta, pero sí debemos buscar la fórmula que se ha planteado, en el sentido de entregar recursos a las empresas que han ganado licitaciones recientemente para que la ley empiece a regir hoy y no cuando se haga una nueva licitación, porque pueden pasar dos o tres años, y durante enero y febrero las manipuladoras de alimentos también tienen que comer, pagar arriendo e incurrir en gastos. Ésta es la manera de avanzar, trabajando en conjunto. Felicito, sinceramente, a las dirigentas de las manipuladoras de alimentos de todo Chile, que se fueron agrupando. En algunos lugares estaban organizadas, como en Iquique; en otros se empezaron a organizar e hicieron posible, con su fuerza, con su apoyo a los parlamentarios que trabajamos en esto, que el proyecto se concrete y que exista la voluntad del gobierno de entregar los recursos para que ellas, y también los trabajadores de otras empresas que prestan servicios al Estado, tengan condiciones más dignas de vida. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, no podía dejar de intervenir en la discusión de este proyecto de ley por varias razones. En otros momentos, hemos alzado nuestra voz en este hemiciclo para hacer ver la injusticia que representaba el hecho de que las manipuladoras, a lo largo del país, se quedaran durante enero y febrero sin remuneraciones, con todos los daños que está de más indicar. Además, en mi condición de miembro de la Comisión especial de Pymes de la Cámara de Diputados, que conformamos varios diputados, siempre hemos estado preocupados por el tema de las pequeñas empresas, o de menor tamaño, muchas de las cuales establecen relaciones de negocios con el Estado. En ese sentido, a mi juicio, el proyecto apunta en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si estamos legislando y desde el gobierno se están enviando distintos cuerpos legales destinados a generar mejores condiciones laborales para el conjunto de trabajadores del país, una cuestión de toda lógica es que el primero que se obligue sea el propio Estado y, por tanto, el aparato público. En este caso, se norma la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado por la vía de las licitaciones. Aquí tenemos una herramienta muy adecuada para que, a través de la celebración de contratos entre el Estado y determinadas empresas, se impongan condiciones que apunten a corregir situaciones de injusticias, como las mencionadas. Celebro muy especialmente la condición específica de la vigencia de los contratos de las manipuladoras durante enero y febrero, con lo cual se resuelve una injusticia evidente. No es posible que un empresario que incumple sus obligaciones con los trabajadores, u otras de cualquier naturaleza, compita en las mismas condiciones con quienes las cumplen a la hora de proveer servicios o bienes del Estado. Las indicaciones o correcciones introducidas por el Senado mejoran claramente el proyecto original y, por esa razón, anuncio mi voto favorable. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que todos debemos poner de relieve este proyecto, porque el Estado es quien debe destacarse, más que nadie, en la protección de los derechos de los trabajadores. Debe ser el ejemplo en el cumplimiento de las normas que el mismo se da para los efectos de proteger los derechos laborales. Con esta iniciativa, que regula los contratos del Estado con empresas que le prestan servicios o le proveen de bienes, tenemos la gran posibilidad de dar esa señal clara. En cuanto a los requisitos de dichas empresas, me parece que también se puede aplicar una serie de exigencias para contratar con ellas. Me parece muy bien el planteamiento de la Cámara de Diputados, en cuanto a establecer cuáles son las empresas que deben quedar excluidas de la posibilidad de contratar con el Estado cuando se llame a una licitación para la prestación de un servicio determinado. Si bien la Cámara pretendió excluir a las que registren saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores en años anteriores, la modificación del Senado es más adecuada, porque se propone que queden excluidos de los procesos de licitación a los empresarios que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores. De igual forma, nos propone, para el caso de empresas que hayan obtenido la licitación y que registren saldos insolutos de remuneraciones o de cotizaciones previsionales, que los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones. Me parece mucho más eficaz, realista y positiva la modificación, porque estamos obligando a las empresas a saldar remuneraciones y cotizaciones previsionales impagas. Deseo destacar en forma muy especial el hecho de que en la prestación de servicios para establecimientos preescolares y escolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos deban contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero. En la actualidad ellas no reciben remuneración durante estos meses, situación tremendamente injusta. La Presidenta Bachelet manifestó su preocupación por el tema durante su campaña. Recuerdo que en una reunión con un grupo de parlamentarios en la Región del Maule planteó la urgencia de terminar con tal injusticia. Esta es la gran oportunidad de hacerlo, en la medida en que despachemos el proyecto y se convierta en ley, para que nunca más se cometa la injusticia de no pagarles remuneraciones a las manipuladoras en enero y febrero, creándoles un problema angustioso durante esos meses, amén de que tampoco se les enteraban sus cotizaciones previsionales, con lo cual se las perjudicaba para toda su vida. El proyecto es muy positivo y con mucho entusiasmo lo votaré a favor. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, deseo saludar a las dirigentas de las manipuladores de alimentos del sur de Chile, que han viajado por muchas horas, como decía el diputado De Urresti, para estar presentes en la discusión final de un proyecto que han anhelado por muchos años y que termina con la nefasta discriminación contra la mujer trabajadora. Digo nefasta discriminación contra la mujer trabajadora, porque no es posible que un mismo establecimiento educacional existan trabajadores de primera y de segunda categoría. Las de primera categoría, esforzadas por cierto, tenían contratos anuales y, las de segunda, contratos de 10 meses, lo que las dejaba absolutamente desprotegidas para enfrentar los meses de enero y febrero. Me refiero a las manipuladoras de alimentos de todo Chile, que hoy podrán sentirse más felices cuando se apruebe mayoritariamente el proyecto. No tengo dudas de que la Cámara de Diputados aprobará por amplia mayoría el proyecto, que modifica la normativa general en materia de adquisición de bienes y servicios por el Estado, de manera de exigir a sus proveedores el pleno cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social, protegiendo más eficazmente los derechos de las manipuladoras de alimentos. El sábado, en Frutillar, tuve la fortuna de reunirme con casi cien manipuladoras. Querían saber cómo iba el trabajo y el apoyo al proyecto. Durante esa reunión, conversé telefónicamente con el diputado señor Rossi sobre la posibilidad de despachar el proyecto esta semana. Nuestro jefe de bancada hizo las gestiones y aquí estamos, a punto de aprobar una iniciativa que obligará a que todas las manipuladoras de alimentos de establecimientos escolares, esas 33 mil mujeres esforzadas en su gran mayoría, tengan contratos como se merecen, de 12 meses, que les permitan, como a cualquier trabajador, enfermarse. Actualmente, si se enferman durante los meses de enero y febrero, por no tener contrato, quedan prácticamente desprotegidas. Desde esta Sala, envió un saludo a todas las manipuladoras no sólo de las comunas del distrito que represento, Fresia, Los Muermos, Puerto Varas, Llanquihue, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay y Purranque, sino también a todas las de Puerto Montt y de Chiloé, que hoy están felices al enterarse de la gran noticia: la aprobación de un proyecto de ley que hace más justicia. Sin embargo, quedan temas pendientes, como un reglamento que rija el diario quehacer de las manipuladoras de alimentos de los establecimientos escolares. Ellas tienen preocupaciones; todavía se sienten discriminadas, por ejemplo, con la tramitación de sus licencias médicas, las cuales deben entregar personalmente, a pesar de encontrarse enfermas, cuestión que nos parece improcedente y que atenta contra sus derechos. Otra preocupación es la falta de una norma que fije la cantidad de escolares que debe atender cada manipuladora. Hoy la relación es una por cada 80 alumnos y se pretende subir a 150 ó 200. Estas preocupaciones deben ser satisfechas por los órganos del Estado, de manera que el mejoramiento de sus condiciones laborales, que son fundamentales para el desarrollo del sistema educacional, sea real. Por eso, le pido a la ministra de Educación o a quien corresponda, que vele por satisfacer estas preocupaciones. Por otra parte, quiero saber qué va a pasar con las empresas que ya obtuvieron la licitación y esta protección a los derechos de los trabajadores que hoy aprobaremos. Pienso que como están en etapa de formalización de contratos, estas modificaciones deben ser incorporadas, de manera que no tengamos manipuladoras con un régimen laboral distinto. Me alegro que se contemple excluir a los malos patrones; excluir a los empresarios que no buscan el bien común, sino llenarse los bolsillos de dinero, violentando los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, excluir de los procesos de licitación o de adquisición directa a las empresas que tengan antecedentes laborales negativos, constituye un paso fundamental para ir terminando con estas prácticas, que en pleno 2007 todavía se dan. Cuando aprobamos este tipo de proyectos, estamos contribuyendo a la equidad que tanto anhela nuestra sociedad; cuando las 33 mil manipuladoras de alimentos lleguen hoy a descansar a sus hogares, podrán sentirse satisfechas porque su lucha ha sido bien encaminada y han dado hoy un paso fundamental en el Congreso en la búsqueda de equidad. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ.- Señor Presidente, es indudable que en los últimos años hemos ido avanzando en materia laboral, para que nuestros trabajadores tengan un poco más de tranquilidad, seguridad y estabilidad en sus fuentes laborales. Sin embargo, todavía falta mucho para que exista un mayor acercamiento, comprensión y entendimiento entre los empresarios y los trabajadores, así como para que los primeros solidaricen con los segundos. Tenemos buenos y malos empresarios; ojalá que los malos vayan mejorando para que nuestros trabajadores tengan un buen rendimiento y las empresas mejores resultados en sus operaciones. Estamos debatiendo en esa oportunidad la situación de las manipuladoras de alimentos que prestan servicios al Estado a través de empresas que ganan ese tipo de licitaciones. En el proyecto de ley en discusión quedará claramente estipulado que las empresas que tengan cotizaciones pendientes con sus trabajadoras, que no son pocas, no podrán participar en esas licitaciones para entregar esos servicios, lo que es muy importante. Por otra parte, no sólo las manipuladoras de alimentos quedan sin ingresos durante enero y febrero. No nos olvidemos que muchos profesores que trabajaban en establecimientos particulares y que tenían contratos de marzo a diciembre corrían igual suerte. Ha ido mejorando la situación de los trabajadores que se encuentran en esas situaciones, pero todavía quedan algunos que tienen que ir de vacaciones donde algún familiar porque no cuentan con ingresos durante esos dos difíciles meses, lo que les impide cumplir con sus familias, pagar el dividendo y los consumos de agua, luz y gas, lo que debemos corregir. No cabe duda alguna de que las empresas que prestan servicios al Estado pueden pagar esos dos meses a sus trabajadores, porque los recursos están contemplados en la licitación que ganaron. Sin embargo, considero que, como Estado, tenemos que predicar con el ejemplo e ir dando señales importantes respecto de los trabajadores de confianza que prestan servicios importantes en ministerios, gobernaciones, intendencias, quienes no tienen derecho a beneficios previsionales, porque sirven esos cargos durante muchos años mediante contratos a honorarios. También nos preocupa la subcontratación en los organismos del Estado, como sucede en el Banco del Estado y en algunos ministerios, donde empresas externas pagan a sus trabajadores que laboran en esos organismos la mitad, la tercera o la cuarta parte de lo que están recibiendo los funcionarios de planta, a pesar de que realizan un trabajo similar. Esta inequidad hay que abordarla con altura de miras y corregirla en forma urgente. En cuanto al tema que nos preocupa, el de nuestras manipuladoras de alimentos, me alegro que estemos tramitando este proyecto de ley, ya que es imperioso que ellas tengan la seguridad de que su trabajo será remunerado durante los doce meses del año. De manera que los radicales apoyaremos con entusiasmo el proyecto, para que las manipuladoras y sus familias tengan la garantía de que contarán con ingresos durante los doce meses del año. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, no deseo que quede la impresión de que sólo un sector apoya el proyecto, sino que también quiero dejar establecido que la bancada de la Unión Demócrata Independiente apoya el proyecto con mucho entusiasmo, porque creemos que pone claridad y lleva luz a donde no la hay. Lo mejor que puede suceder es que el Estado sea el primero en dar señales claras para que se respeten los derechos y las garantías de los trabajadores, lo que logra al privilegiar en las licitaciones públicas a las empresas que cumplen con la normativa legal vigente que otorga derechos y beneficios a los trabajadores. Por lo anterior, el proyecto debe ser aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, porque, como dije, el Estado debe privilegiar a los buenos empresarios, en lugar de convertirse en cómplice de los que no cumplen con la normativa laboral vigente. Muchas veces, la labor de las manipuladoras es ignorada, a pesar de que cumplen un rol importantísimo dentro de los establecimientos educacionales, como es proporcionar alimentos a nuestros niños. En consecuencia, considero que garantizarles sus sueldos por el año completo será un acto de justicia y traerá claridad en este tema, que es de trascendencia para miles de personas en nuestro país. Como diputado de la Unión Demócrata Independiente, y me atrevo a decirlo, en nombre de la UDI, anuncio que apoyaremos entusiastamente el proyecto, porque hace justicia a las manipuladoras de alimentos y privilegia a las empresas que cumplen con los derechos que les otorga la ley a sus trabajadores. He dicho. El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, con este proyecto se termina una larga historia de abusos en contra de las manipuladoras de alimentos. Resulta insólito que, a pesar de que esas empresas no pagan los sueldos de sus trabajadoras durante enero y febrero, de que realizan actividades antisindicales y de todas las denuncias que se realizan al respecto, sigan ganando las licitaciones a que llama el Estado. Por eso es muy importante la disposición del proyecto que establece que todas las empresas que han sido condenadas por prácticas antisindicales o por infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores, no podrán presentarse a una licitación. En verdad, no se trata de empresas pequeñas, pues operan a lo largo del país. Las mismas empresas que están en mi región, Valparaíso, cometen abusos en las regiones del Libertador General Bernardo O´Higgins, de La Araucanía, y otras, con las manipuladoras de alimentos que desarrollan una labor fundamental en materia educacional. Por eso, es fundamental establecer que deben pagar a sus trabajadoras los meses de enero y febrero, reconocer sus derechos de sindicalización, de seguridad y de previsión social. Hemos ganado algunos juicios a esas empresas en los tribunales de justicia de Valparaíso, pero han sido casos muy excepcionales. En consecuencia, es importante el establecimiento de una ley que haga justicia a las manipuladoras de alimentos, de manera que vamos a dar nuestro pleno apoyo a las modificaciones del Senado, porque la aplicación de las normas establecidas en este cuerpo legal permitirá terminar con los abusos de que son objeto de parte de las empresas que las contratan para la prestación de servicios en establecimientos escolares y preescolares. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, la iniciativa sobre la cual han recaído las modificaciones del Senado es fundamental, porque desde hace años que hemos insistido, a través de la presentación y aprobación de varios proyectos de acuerdo y la incorporación del tema en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, como lo explicó muy bien mi colega Rodrigo Álvarez, en la necesidad de cortar, de una vez por todas, con el círculo perverso que se genera cuando el Estado suscribe contratos con empresas que lo proveen de bienes y servicios que no cumplen con los derechos de sus trabajadores. Debido a eso, los buenos empresarios, que están al día en el pago de las cotizaciones y que se preocupan de ellos, quedan en desigualdad de condiciones para participar en los procesos de licitación con las empresas que no cumplen. Por otra parte, es importante que se efectúen fiscalizaciones permanentes a esas empresas, con el objeto de asegurar que las garantías respectivas están vigentes y evitar que surjan sorpresas a futuro. Es importante que el Estado dé una señal fuerte en ese sentido, como lo está haciendo con la tramitación de esta iniciativa, la cual debería haberse tratado y aprobado hace varios años. Sin embargo, más vale tarde que nunca. Lo esencial es que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, con el objeto de evitar que las empresas incurran en prácticas que atenten en contra de los derechos y las garantías de los trabajadores, mediante la aplicación de tolerancia cero en la fiscalización. Las disposiciones contenidas en la iniciativa aseguran la protección de este grupo de trabajadores, lo que constituye un ansiado sueño de las manipuladoras de alimentos. De hecho, en más de alguna de las visitas que efectuamos a nuestros respectivos distritos nos ha tocado reunirnos con manipuladoras de alimentos que, con mucho dolor y con el sentimiento de quienes han entregado su corazón y su cariño al cuidado de los pequeños estudiantes de nuestras regiones, nos han señalado que no reciben remuneraciones durante enero y febrero; que en algunos casos los subcontratistas no cumplen con el pago de sus cotizaciones provisionales o que las dejan sin trabajo antes del término de sus contratos. Con el objeto de poner término a la situación que afecta a esas trabajadoras, las modificaciones introducidas por el Senado establecen que en los contratos de prestación de servicios para los establecimientos educacionales escolares y preescolares, los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimento deberán contemplar el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero, lo que viene a hacer justicia, porque se garantiza que percibirán remuneraciones durante todo el año. Por lo tanto, debemos incentivar la elaboración y el envío a tramitación de más mociones y proyectos como el que asegura la protección de los trabajadores de la libre competencia en la provisión de bienes y servicios para la administración del Estado, puesto que constituye una señal clara y potente para los subcontratistas, al establecer que las empresas que no cumplan con los derechos de sus trabajadores quedarán excluidas de participar en licitaciones importantes. Por lo tanto, si bien todavía falta perfeccionar varios aspectos, la UDI apoyará con mucha fuerza y entusiasmo las enmiendas introducidas por el Senado, porque estamos seguros de que permitirán que a partir de hoy las manipuladoras de alimentos tengan un mejor futuro. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en los últimos días los temas laborales en el país han cobrado mayor fuerza, razón por la cual esta iniciativa, que modifica la ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, constituye un paso en la dirección correcta. En relación con lo señalado, ayer y anteayer hemos observado con preocupación el debate que se ha generado a raíz de los efectos que ha causado la ley de subcontratación, lo que motivó que la Dirección del Trabajo, de conformidad con la interpretación que efectuó de ese cuerpo legal, ordenara a Codelco contratar en su planta a cerca de cinco mil trabajadores y trabajadoras y que esa empresa del Estado, como es de público conocimiento, recurriera a los tribunales de justicia por la vía del recurso de protección, puesto que estima inadecuada esa interpretación. Las modificaciones introducidas por el Senado constituyen un avance significativo en materia de respeto a los derechos de los trabajadores por parte de las empresas contratistas, puesto que, como lo han señalado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, favorece especialmente a las manipuladoras de alimentos que prestan servicios en los establecimientos escolares y preescolares. Hace diez años tengo el honor de representar a uno de los distritos pertenecientes a la Región de Atacama, de la cual soy oriundo, y en cada recorrido que he efectuado por sus distintas zonas, durante las visitas a algunos de sus colegios, en las que he conversado con profesores y alumnos, las manipuladoras de alimentos de esos establecimientos se me han acercado para preguntarme hasta cuándo deberán seguir soportando la situación de injusticia que las afecta, debido a que sus contratos duran solamente hasta diciembre, de modo que en enero y febrero no perciben remuneraciones y carecen de protección social, con excepción de las pocas que en algunas oportunidades prestan servicio en los campamentos escolares de verano. Resulta indignante que durante tanto tiempo esas trabajadoras hayan debido soportar tan injustos atropellos a sus derechos, en circunstancias de que, en reiteradas ocasiones, aprobamos proyectos de acuerdo para solicitar, al menos a los Presidentes de la República que hemos tenido en los últimos diez años, que se corrija esa situación por la vía de una propuesta legislativa. Sin embargo, no fuimos escuchados. Quiero felicitar a los autores de este proyecto, cuyas modificaciones introducidas por el Senado estamos debatiendo. Si mal no recuerdo, es fruto de una moción de quienes tuvieron la capacidad de interpretar como corresponde la Constitución Política y, por la vía de la moción, establecer obligaciones y efectuar las correcciones pertinentes, con el objeto de asegurar la protección de los trabajadores y la libre competencia en la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado. En el caso de las trabajadoras indirectas de las empresas contratistas de la Junaeb, que son miles, y algunos hombres, en justicia merecen ser beneficiados. El Senado mediante sus propuestas perfecciona el proyecto. Sin duda, la Cámara tiene que aprobarlo y, al parecer, todo avanza en ese sentido, lo que me alegra mucho, porque a veces, y hay que decirlo, en temas de naturaleza laboral como éste, que impone obligaciones a la empresas contratistas que a la vez son mandantes del Estado, y del Ministerio de Educación en el caso de la Junaeb, muchas veces no existe unanimidad en el Parlamento. Pero hoy se ve una buena disposición, quizás porque la plata va a salir del Fisco. Ojalá se vea la misma disposición cuando los recursos tengan que salir de las empresas privadas, en situaciones similares, para corregir injusticias tan grandes. Me preocupa un aspecto, aunque es muy importante aprobar el proyecto. ¿Qué pasa con la gente que lleva 20 años en esta situación? Conozco muchos casos. A principios de este año una manipuladora, a quien conozco, me decía que llevaba 20 años trabajando desde marzo a diciembre, y ahora siendo una mujer adulta, sin la agilidad que tenía hace 20 años, fue discriminada brutalmente por la nueva empresa concesionaria que entrega la alimentación en mi región y no le renovaron el contrato, con la injusticia de no tener vacaciones. Le señalaron que no podía seguir trabajando porque estaba muy vieja o muy gorda -la verdad es que no recuerdo bien-; que no les servía. Esta persona, con el precario sistema previsional que se deriva de las injustas condiciones de contratación, optó por jubilar. Ya había pasado los 60 años de edad. Pero la jubilación que obtuvo después de 20 años de trabajo como manipuladora, con el ingreso mínimo y los vacíos correspondientes a los meses de verano, creo que en el nuevo sistema le correspondieron 11 ó 12 mil pesos mensuales. Eso fue lo que en definitiva obtuvo después de 20 años de trabajo. No me he olvidado de esa señora, porque insistí en una intervención en esta Cámara para que se estudiara la discriminación de la cual había sido objeto. No obtuve ningún resultado positivo. Al menos me desahogué, pero no ayudé a esa señora y se cometió esa injusticia. Veinte años en esa situación. ¿Cuántas otras habrá por todo Chile desde que la Junaeb optó por el sistema de privatizar la alimentación y a sus funcionarios durante el régimen militar? Entonces, aquí hay responsabilidades hacia atrás. Ya veremos de qué manera corregimos esas injusticias cometidas en contra de miles de mujeres trabajadoras. Seguramente, con la reforma previsional podremos hacerlo. El proyecto hace justicia al menos en este aspecto que he querido recalcar. Me he detenido en las trabajadoras de mi región, de Vallenar, de Huasco, de Freirina, de los sectores rurales de Tierra Amarilla, de Caldera, de todos los rincones de la región, porque donde hay una escuela hay una manipuladora. Estas personas a la vez tienen relación directa con la comunidad escolar e indirectamente son parte del proceso educativo, en especial de las escuelas más pequeñas. Incluso, muchas veces enseñan a alimentarse a los pequeños en los comedores, donde los atienden en el desayuno o sólo en el almuerzo, de acuerdo con la vulnerabilidad del establecimiento educacional. Termino mis palabras felicitando a los autores del proyecto, por la forma inteligente en que buscaron legislar, pues asumieron atribuciones parlamentarias para solucionar un problema que otros creíamos que sólo se podía hacer por la vía del mensaje. Además, nos alegramos de que en la Corporación tenga un amplio respaldo. Creo que las manipuladoras y algunos manipuladores, que son los menos, tienen algo que celebrar después de muchos años. Así como lo hizo cuando aprobó la ley de subcontratación, la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso Nacional, está dando un paso importantísimo en la búsqueda de la justicia social. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate. Se insertará el discurso del diputado señor Rodrigo González. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor WALKER (Presidente).- Despachado el proyecto. Se enviará el oficio respectivo a su excelencia la Presidenta de la República para su promulgación. -Aplausos. VI. PROYECTOS DE ACUERDOSUELDO MÍNIMO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. (Votación). El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 458. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Hales Dib Patricio; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.REFORMULACIÓN DE POLÍTICA DE FONDOS SOLIDARIOS DE VIVIENDA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 459, de los señores Sabag; Sepúlveda, don Roberto; señora Sepúlveda, doña Alejandra; Venegas, don Mario; Olivares, Forni, Araya, Bobadilla; Espinosa, don Marcos y Farías, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la Ministra de Vivienda y Urbanismo, y al Director Nacional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que reformulen la política de los Fondos Solidarios de Vivienda, estudiando los montos a pagar a las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) a costo real de los servicios prestados y sancionar a aquellas que exijan pagos adicionales a los beneficiados con esta política social”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, más conocidas como Egis, tienen por misión organizar a los comités de viviendas y asesorarlos en los trámites para obtener los subsidios habitacionales del Fondo Concursable. El servicio que prestan estas empresas es remunerado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo, con tarifas que fluctúan entre 5 y 10 unidades de fomento, por beneficiario, una vez que ellos han obtenido el subsidio habitacional. Resulta imprescindible sincerar esta cifra, puesto que hay empresas de gestión inmobiliaria social que le cobran a los beneficiarios por los servicios que prestan, lo que me parece absolutamente inconveniente. Se trata de familias que deben hacer un gran esfuerzo para juntar el ahorro previo de cerca de 10 unidades de fomento y, además, estas empresas les cobran por los trámites que deben realizar ante las notarías, los conservadores de bienes raíces y otras instituciones. A través del proyecto de acuerdo estamos pidiendo que el valor que el Servicio de Vivienda y Urbanismo le paga a las Egis sea reestudiado, de manera que a los beneficiarios de subsidios habitacionales no se les cobre ninguna prestación, puesto que todas ellas deben ser cubiertas por esa institución, con el objeto de que el único esfuerzo que deban realizar las familias sea el del ahorro previo. Esto permitirá regularizar una situación que estaba resultando francamente inaceptable, ya que, en algunos casos que he conocido en mi distrito, los cobros son muy elevados. Me parece de toda justicia que el Ministerio de la Vivienda sincere las cifras y que, en sus reglamentos, prohíba terminantemente cobrar alguna prestación a los beneficiarios de las viviendas sociales. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, con este proyecto de acuerdo se pretende solucionar una situación que enfrentan cotidianamente los grupos que se organizan para acceder a una vivienda definitiva, como se merece toda familia. Las Egis, que tienen un registro en el Serviu, en algunos casos pasan a ser casi usureras, porque terminan cobrando un monto que, muchas veces, va más allá de lo que cobra cualquiera empresa privada por iguales trámites. Además, a ellas se les asigna una cantidad que no es menor, de acuerdo con la localización de la vivienda, lo que les permite recibir recursos suficientes para cubrir los gastos de los trámites que deben realizar en favor de cada familia. Lo más preocupante es que, muchas veces, las Egis están relacionadas no sólo con organizaciones individuales, sino que con empresas constructoras que llevan la postulación de las viviendas y, en algunos casos, también con algunos funcionarios municipales. Se debe exigir que se establezca, con claridad, el rol que deben cumplir dichas entidades, el cual debe ser absolutamente diferente del que cumplen los municipios, ya que nos hemos encontrado con municipios que se están convirtiendo en verdaderas Egis, lo que ocasiona un problema mayor. Considero muy importante el proyecto de acuerdo y lo apoyo totalmente, porque es necesario aclarar estas situaciones que, a mi juicio, son preocupantes. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán.MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 461. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 461, de los señores Chahuán; Sepúlveda, don Roberto; señora Valcarce, doña Ximena; señores Monckeberg, don Nicolás; Martínez, González, Rojas; señora Herrera, doña Amelia; señores Palma y Barros, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que dicte un decreto modificatorio de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer -como requisito previo para la recepción final de cualquier obra de construcción por parte de de los respectivos Directores de Obras de las municipalidades- la entrega, por parte del ejecutor de la misma, de un certificado en que conste el lugar de depósito de sus excedentes, consignando la identificación del vehículo y del transportista que efectuó el depósito de que se trate, aunque sea en un vertedero municipal o autorizado por la municipalidad pertinente.» El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, todos los parlamentarios hemos sido testigos de un fenómeno bastante recurrente en las distintas ciudades y comunas, que es la existencia de microbasurales conformados por material excedente, el cual es depositado indiscriminadamente por las empresas constructoras durante o al término de las respectivas obras que ejecutan, que no son transportados hasta los vertederos o rellenos sanitarios autorizados oficialmente para dichos fines. Como es de comprender, estos microbasurales se encuentran situados en las cercanías de conjuntos residenciales. A fin de evitar la repetición de esta práctica malsana, a través de este proyecto de acuerdo solicitamos a la ministra de Vivienda y Urbanismo que dicte un decreto que introduzca a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones una norma que establezca, como requisito previo a la recepción final de cualquier obra que deba realizar el director de Obras Municipales respectivo, la entrega por parte del ejecutor de la misma, de un certificado en el cual conste el lugar de depósito de los excedentes de ella y la identificación del vehículo y del transportista que efectuó el depósito, aunque se trate de un vertedero municipal u otro autorizado para dicho efecto. Una cuestión adicional que hay que mencionar es que algunos municipios han dictado ordenanzas en tal sentido, como el de Viña del Mar. Esto permitirá a las autoridades municipales corroborar la información antes de efectuar la recepción final. En el caso de que ésta no fuere fidedigna, la recepción final podrá ser denegada, sin perjuicio de efectuar la denuncia pertinente ante la autoridad sanitaria o medioambiental que corresponda. Creemos que de esta forma estaremos conciliando el legítimo crecimiento del parque urbanístico y vecinal de las ciudades y comunas con la preservación del medio ambiente a que estamos obligados por mandato constitucional. Por lo tanto, pido a los colegas que den su aprobación a este proyecto de acuerdo, para que dicha norma, actualmente inexistente en Viña del Mar, sea incorporada a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones a la mayor brevedad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Nuevamente no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 461. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay quórum. Queda pendiente la votación del proyecto.VII. INCIDENTESDECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA PARA COMUNA DE SAN PEDRO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista. Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, algunos sectores de la comuna de San Pedro están pasando por una situación crítica, debido a la sequía originada por la falta de lluvias. Los habitantes de esa comuna han creado un Comité Pro Agua y le están solicitando a la Dirección General de Aguas que los autorice para efectuar el registro de algunos pozos, petición que les ha sido denegada, a fin de disponer de agua para beber y para solucionar otros problemas en sus hogares. Por eso, pido que se oficie a los ministros de Agricultura y de Obras Públicas, con el objeto de que den las instrucciones del caso para que esa comuna sea declarada a esa comuna zona de emergencia, de manera que esos pozos sean registrados y la comunidad de San Pedro solucione sus problemas de agua potable. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES DE TRANSPORTE URBANO EN CORONEL. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, hay un proyecto relacionado con la construcción de corredores de transporte urbano. Los estudios de ingeniería los está realizando el Ministerio de Vivienda, pero no me han confirmado si estarán a cargo de la ejecución del proyecto. Solicito que se oficie al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos, para que me informen qué ministerio se hará cargo en 2008 de la ejecución de la primera etapa de construcción de los corredores de transporte en la comuna de Coronel; la fecha de inicio del proyecto y los montos involucrados en su construcción. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.MEDIDAS CONTRA DELINCUENCIA EN LLANQUIHUE. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, quiero manifestar mi tremenda preocupación por un caso bastante grave y complejo que está ocurriendo en la comuna de Llanquihue. Muchas veces hemos intervenido en la Sala para manifestar nuestra preocupación por la delincuencia que está afectando a comunas pequeñas, cercanas a los principales centros urbanos. En este caso, me refiero a Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos, y a Osorno, capital de la provincia del mismo nombre. Hace unos días, vía correo electrónico, recibí una sentida carta de un ciudadano de Llanquihue. Como asunto, su misiva dice: “¿Qué haremos con Llanquihue?” Este ciudadano expresa todos los problemas que está viviendo Llanquihue debido a la delincuencia. Una comuna hermosa, con tremendas potencialidades, ubicada en medio de dos grandes polos turísticos: Frutillar y Puerto Varas, que hoy está viviendo una situación compleja. De hecho, el sábado en la mañana, con estupor, con indignación, con una enorme preocupación, fuimos testigos de cómo dos padres desesperados de la comuna clamaban por justicia, por cuanto el día anterior, dos de sus menores, literalmente habían sido raptadas y violentadas sexualmente por un delincuente. ¡Dos menores engañadas a la salida de su establecimiento educacional por un vil delincuente que probablemente quede libre en un par de meses y no cumpla las penas ejemplificadoras que corresponden al delito cometido! Para los padres no hay nada más indignante que situaciones como la señalada y que están ocurriendo en comunas donde antes no había delincuencia. Es cierto que los grandes centros urbanos, como Puerto Montt, han atraído a la delincuencia, la que se está esparciendo a las comunas vecinas. Pero no es justo que los planes cuadrantes sólo se apliquen en Puerto Montt, Osorno o las grandes ciudades, y allá llegue gran dotación policial, mientras que en Llanquihue apenas haya cinco o seis carabineros para atender a toda la comunidad. Eso no es posible ni tolerable. La carta del ciudadano de Llanquihue refleja lo que está pasando. Cuando uno va a echar bencina a su vehículo, el bombero del servicentro le dice que en las noches le da miedo atender. La frase “¿Qué haremos con Llanquihue?”, grafica lo que nos expresan cuando vamos a comprar a algún recinto comercial: “Mire diputado, aquí en las noches ya no podemos quedarnos hasta las 11, porque nos da miedo que nos asalten”. Entonces, efectivamente tenemos un problema complejo en Puerto Varas y en Llanquihue, respecto del cual espero solución. La ciudadanía de Llanquihue, como este señor que me envió el correo electrónico mencionado, necesita mayor seguridad. Él dice que es deber del Estado -y tiene razón-, proteger a la población. En Llanquihue, con una población de 15 mil habitantes, hay apenas seis, siete u ocho carabineros. De repente no queda nadie en la comisaría o en el retén, lo que, como es obvio, dificulta el otorgamiento de mayor seguridad a la ciudadanía. Solicito que se informe de la situación a su excelencia la Presidenta de la República, mediante el envío de copia íntegra de mi intervención. Asimismo, que se oficie al ministro del Interior y al subsecretario, para que adopten las medidas tendientes a resolver el problema de la delincuencia en nuestras comunas, que se provea de una mayor dotación de carabineros y de más fuentes de seguridad a nuestra población. Del mismo modo, que se oficie al general director de Carabineros. Confío en el trabajo que desarrolla y creo que tiene las mejores intenciones para tan noble institución, pero queremos que eso se traduzca en que comunas pequeñas, como Llanquihue, Frutillar, Puerto Varas, Fresia y Los Muermos sientan que la seguridad ciudadana no es un tema que debe abordarse sólo en las grandes ciudades, sino también en zonas más pequeñas, donde a lo mejor no hay grandes empresarios y la mayor parte de la población pertenece a la clase media o a sectores populares, pero tienen los mismos derechos que todos los chilenos, especialmente a la seguridad, de la que hoy carecen. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.CUESTIONAMIENTO A RECURSO DE PROTECCIÓN INTERPUESTO POR CODELCO. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Alejandro Sule. El señor SULE.- Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre el informe de la fiscalización realizada en los últimos diez meses por la Dirección del Trabajo respecto del cumplimiento de la ley de subcontratación por Codelco-Chile. Es difícil comprender la decisión de esa empresa de presentar recursos de protección en contra del informe de subcontratación elaborado por la Dirección del Trabajo, puesto que este organismo ha dado al menos 15 días para que Codelco haga sus descargos, discuta, haga propuestas o corrija la situación que ha determinado la Dirección del Trabajo. La actitud de Codelco se presta para cuestionar su interés por respetar realmente los derechos de los trabajadores y también por conservar la paz social. Creo que la Dirección del Trabajo realizó una labor muy exhaustiva, justificada y responsable, que ha obedecido a criterios muy bien definidos y homogéneos, tal como lo hiciera en el pasado con bancos o supermercados, por lo que no se puede entender que la empresa estatal más grande del país inicie procesos legales contra quienes cumplen con su labor en forma profesional y eficiente. Judicializar el proceso cuando existen otras alternativas más proclives al diálogo, no es la manera más indicada de enfrentarlo. Lo lógico habría sido que en el plazo que otorga el organismo fiscalizador para corregir, la empresa fiscalizada, Codelco, analice la información planteada, verifiquen lo que no corresponda o no se condiga con la información que ellos tienen, para llegar finalmente a un acuerdo entre ambas partes, o planteando propuestas concretas sobre la internalización del personal. Es decir, demostrar que se tiene la voluntad de cumplir con la ley de subcontratación. De repente, se discute que algunos trabajadores no están en este momento en la empresa. Pero hay que tener en cuenta de que la Dirección del Trabajo se basa en fotografías de una, dos o tres veces que haya entrado a la mina. Intentar desvirtuar a como dé lugar, atacar o destruir a toda costa el trabajo realizado por el órgano estatal, no es el camino. Quiero recalcar que la Dirección del Trabajo es el ente facultado para fiscalizar la relación entre la empresa matriz y los trabajadores de contratistas. Si no lo hace ella, ¿quién tiene la potestad para hacerlo? Mientras dure la tramitación de los recursos de protección, los trabajadores quedan en la indefensión más absoluta. Por lo expuesto, pido enviar copia de mi intervención a la Presidenta de la República, a la ministra de Minería y al presidente de Codelco. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se procederá de la manera solicitada por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.HABILITACIÓN DE CÁRCEL DE COLLIPULLI. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, en esta ocasión quiero referirme a la inexplicable situación que está ocurriendo en la comuna de Collipulli, provincia de Malleco, Región de La Araucanía. El 30 de marzo de 2001, las autoridades de Gendarmería de Chile ordenaron la evacuación de todos los internos que cumplían condena en la cárcel de Collipulli al nuevo centro de detención preventiva de la comuna de Angol, con la justificación de que se realizarían trabajos de reparación y mantención, los cuales efectivamente se hicieron. Sin embargo, a pesar de las promesas de los funcionarios de Gendarmería a los familiares de los internos de la cárcel de Collipulli, los más de cien condenados, que fueron trasladados a la cárcel de Angol, nunca volvieron a ocupar las nuevas dependencias remodeladas de la cárcel de Collipulli, la que está prácticamente abandonada desde 2001. Actualmente, sólo cuenta con una dotación de dos gendarmes al cuidado de quince personas que cumplen penas de reclusión nocturna. Esta situación ha afectado gravemente a más de cien familias de Collipulli, que deben trasladarse a Angol tres veces a la semana para visitar a sus familiares. El pasaje, ida y vuelta, vale 1.400 pesos. Al multiplicarse por tres, representa un costo bastante elevado para familias de escasos recursos, muchas de las cuales son atendidas por el programa Puente. Por esta decisión arbitraria y todavía inexplicable de Gendarmería, sus familiares reciben menos visitas y se encuentran en una situación más incómoda y perjudicial para sus derechos humanos, como detenidos en la cárcel de Angol. Cabe hacer presente que la cárcel de Angol se encuentra totalmente colapsada -algunos internos duermen en el suelo-, porque no fue diseñada para el número de reclusos que actualmente cumplen condena allí. Sin duda, se descongestionaría fácilmente con el traslado a la cárcel de Collipulli -que está en perfectas condiciones para recibirlos- de los más de cien internos provenientes de esa comuna. Por eso, pido oficiar al director general de Gendarmería, a través del ministro de Justicia, para que informe sobre el monto de las inversiones que se hicieron durante 2001 en la cárcel de Collipulli, las razones por las que no se han trasladado los internos de Collipulli que todavía permanecen en la cárcel de Angol y si ésta se encuentra sobrepoblada. Una vez contestadas estas inquietudes, formalmente pido realizar los estudios pertinentes para reabrir lo antes posible la cárcel de Collipulli, que se encuentra en buenas condiciones y tiene más de 110 celdas individuales. Por lo tanto, ayudaría a descongestionar la cárcel de Angol, confortaría a las familias de los presos de Collipulli, porque estos estarían mucho más cerca y, además, permitiría la llegada de nuevos funcionarios de Gendarmería a la provincia de Malleco, cuyo número aproximado a los 160, no da abasto para atender las siete unidades penitenciarias de toda la provincia, que atienden a cerca de 900 internos. Asimismo, pido enviar copia de mi intervención al alcalde de la comuna de Collipulli, a los concejales y en especial a las señoras Pamela Orellana Gómez, domiciliada en Crepusculario Nº 1145, y Rosa Huenupi Isla, domiciliada en avenida Marta González Nº 1337, de la población Pablo Neruda, ambas de Collipulli y dirigentes de la Agrupación de Familiares de Presos de Collipulli que se encuentran en la cárcel de Angol. De igual modo, a don Juan Suárez Montero, presidente provincial de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Malleco, domiciliado en avenida Prat, Nº 210, comuna de Victoria. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.POSTERGACIÓN DE DEFINICIÓN DE NORMA DE TELEVISIÓN DIGITAL. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en su visita a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Telecomunicaciones, don Pablo Bello, en nombre del Gobierno se comprometió a definir antes del 15 de diciembre de este año la norma de televisión digital que adoptaría nuestro país. Con increíble sorpresa, anoche me enteré de que dicha decisión de nuevo será pospuesta de manera indefinida. Ésta es la tercera postergación, algo que resulta sencillamente inaceptable y refleja falta de seriedad de parte del Gobierno. Anoche, en el programa “Última mirada”, de Chilevisión, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, afirmó que “se está en una fase de mayor recolección de información y estudio”, por lo que no se definirá la norma de televisión digital este viernes, como lo había anunciado la Subtel, a través del subsecretario. Quiero recordar que, desde el año 2000 a la fecha, la Subtel y el Consejo Nacional de Televisión vienen elaborando un cronograma de actividades para la adopción de la televisión digital en Chile. A fines de ese año, el cronograma se pospuso con el argumento de la necesidad de analizar en forma más acabada las implicancias de este nuevo sistema televisivo y de esperar la definición tecnológica en otros países de la región. Reconozco que la definición de la norma de televisión digital incidirá fuertemente en la industria local en los próximos 30 a 50 años. Por eso, la decisión que debe adoptarse en extremo importante y debe considerar todos los antecedentes técnicos, políticos y sociales que incidan en dicho proceso. No obstante, resulta poco serio para la imagen de nuestro país que el Gobierno realice sucesivos anuncios y no los cumpla bajo el argumento de contar con más informes y estudios técnicos que permitan tomar una buena decisión. Simplemente, la actitud del Gobierno se asemeja al cuento de “Pedrito y el Lobo”, y al final nadie creerá los futuros anuncios del Ejecutivo. Otro aspecto que me parece muy preocupante y necesario de abordar es que, de acuerdo con informaciones de prensa, una de las razones que tendría la Presidenta para escoger la norma europea sería la opinión favorable que de ésta tiene una comisión dirigida por el subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, a juzgar por la información publicada el viernes último en el diario “La Segunda”, esta comisión, más que técnica, a mi juicio, política, ya que entre sus miembros encontramos dos PPD, un PS, un DC y un radical, lo que evidencia un claro cuoteo político. No cuestiono la calidad profesional de los integrantes de esta comisión, pero resulta a lo menos extraña la forma en que fueron escogidos, ya que se logró un perfecto equilibrio político de la Concertación en su conformación. Insisto: no me parece que sea el camino más adecuado para tomar una decisión que comprometerá el desarrollo de nuestra industria televisiva en los próximos 50 años. Como decía anteriormente, las normas disponibles tienen muchas particularidades técnicas, por lo que me preocupa que una entidad experta, como el Colegio de Ingenieros, advierta que las distintas mediciones técnicas que se han realizado para evaluar los niveles de cobertura, tanto de video como de audio, no hayan tenido la rigurosidad ni la preocupación adecuadas. Por otra parte, frente a los reparos del Colegio de Ingenieros, el Dictuc, organismo dependiente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile y encargado por la Subtel de hacer las pruebas de campo, ha salido en defensa de la validez de las mediciones a las distintas normas de la TV digital. El resultado de dichas mediciones ya está en manos de la Subtel, pero ha recibido bastantes críticas por la información publicada ayer en la prensa. Una de esas críticas se refiere a que en dicho estudio no se hicieron las pruebas de recepción móvil a ninguna de las normas. Como se puede apreciar, la elección de la norma no ha sido ni será una decisión fácil, y si bien frente a una determinada norma se puede opinar favorable o desfavorablemente, lo que no es conveniente es que existan opiniones tan contrapuestas en relación a los resultados de las mediciones técnicas. Otro elemento de gran importancia para que la televisión digital llegue a todos los sectores de nuestro país es el costo del decodificador, tema respecto del cual también existen muchas versiones. Espero que los estudios de la Subtel sean los más ajustados a la realidad, ya que de lo contrario podría ocurrir lo sucedido en Brasil -país que se inclinó por la norma japonesa-, donde el costo de los decodificadores superó con creces el valor originalmente anunciado. He querido hacer esta intervención para expresar mi opinión como miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, a la que asistieron para exponer sus puntos de vista representantes de los diferentes canales de televisión, de la Asociación Nacional de Televisión y distintos expertos y técnicos en la materia, los que expusieron las características de cada una de las tres normas. También asistió el subsecretario de Telecomunicaciones, quien dio una completa charla de las medidas que se estaban tomando, las que serían muy rigurosas técnicamente y en las que participarían todos los actores involucrados. En esa oportunidad, el subsecretario anunció lo que dije al comienzo de mi intervención, que el día 15 de diciembre sería anunciada la norma de televisión. La llegada de la televisión digital permitirá a nuestro país tener más televisión y, esperamos, de mejor calidad, y a nivel regional, fomentar el desarrollo de los canales locales como promotores de la identidad cultural de cada rincón de Chile. Por esta razón y muchas otras que sería largo enumerar, la Subtel tiene una enorme responsabilidad en la elección de la norma de televisión digital, ya que marcará el desarrollo de nuestra televisión en las próximas décadas. Sin embargo, lo que no resulta aceptable es la falta de seriedad en que ha incurrido el Gobierno al postergar, en reiteradas ocasiones, la decisión que todos esperan, para así iniciar un largo proceso de cambios en la legislación televisiva y también en la forma de hacer televisión. Pido que copia de mi intervención se envíe al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien en definitiva es la autoridad encargada de elegir la norma, y a los presidentes de Anatel y del Consejo Nacional de Televisión. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.INTERVENCIÓN DE SECCIÓN URGENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en nombre de los habitantes de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, quiero protestar por la situación que se vive en la Sección Urgencia del hospital de Rancagua, que tiene nivel 1. Existe el proyecto de construir un nuevo hospital, pero actualmente esa sección, sin duda, está en una situación lamentable. No tiene el personal suficiente, incluidos los profesionales médicos, traumatólogos, internistas, etcétera, y los paramédicos, para atender en los diferentes turnos. Basta señalar que los baños de urgencia son comunes, es decir, no están divididos para hombres y mujeres. En general, faltan recursos. Muchas veces, se atiende a los pacientes en camillas, que se ubican en los pasillos. No es suficiente el esfuerzo que hacen los trabajadores para atender a las personas. El viernes de la semana pasada concurrí a ese establecimiento y pude constatar la desesperación de padres que llegaron con sus hijos fracturados. No había traumatólogo y tuvieron que esperar, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. Lo peor es que no se ve ninguna solución. Da la impresión que la única forma de solucionar los problemas es a través de la denuncia pública. Además, después de ciertas horas, el hospital de Rancagua atiende a todas las personas de la Sexta Región que lo requieren por cuya razón aumenta el problema. Si se inspeccionara cómo funciona Urgencia del hospital regional, la autoridad de salud tendría que cerrar esa sección. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud para que decrete la intervención en la sección urgencia del hospital regional de Rancagua. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará en oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas Karla Rubilar y Marta Isasi. PREOCUPACIÓN POR LOS JÓVENES. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, estoy tremendamente desilusionada de la Cámara de Diputados por una situación que afecta a los jóvenes. Por si no se sabe, los jóvenes constituimos el 25,6 por ciento de la población de Chile; es decir, poco más de un cuarto de la población, 3.742,031 personas. Si el 35 por ciento de las 36 primeras medidas de la Presidenta de la República se referían a los jóvenes, hubo mucha razón para crear la Comisión Especial de la Juventud en la Cámara de Diputados, la que, lamentablemente, ha tenido muchas dificultades, entre otras cosas, para su conformación. Fui nombrada miembro del Consejo Asesor Presidencial de la Juventud. Como parlamentaria de Oposición no me pude restar a esa iniciativa y me sumé entusiastamente. La Presidenta trató de dar un ímpetu que no se había dado en otros gobiernos de la Concertación a una población joven que se sentía desprotegida en sus derechos. Por primera vez y después de muchos años, se aumentaron los recursos para el Injuv. Lamentablemente, en su momento, la Cámara de Diputados se opuso a que se hiciera un homenaje para el Día Internacional de la Juventud, en circunstancias de que la Presidenta de la República había dispuesto que el Día Nacional de la Juventud se celebrara en la misma fecha que el día internacional. Después de más de un año de atraso, asumió como Presidenta de la Comisión Especial de la Juventud la diputada Carolina Goic, a quien ayudamos con mucho entusiasmo durante sus meses de trabajo. Posteriormente, ella hizo uso de la licencia maternal, razón por la cual me correspondió asumir la Presidencia de la Comisión. Ha sido un trabajo muy complejo. No obstante, quiero hacer diferencias, porque no corresponde que paguen justos por pecadores. Si bien hay diputados que no han asistido a la Comisión, hay algunos que han contribuido a su trabajo, como la diputada Valcarce y los diputados Rossi, Núñez y Lobos. En alguna medida, ellos han permitido que la Comisión Especial de la Juventud funcione. Decidimos trabajar en cuatro ámbitos. En primer lugar, en un proyecto de ley sobre las 36 medidas cuya aplicación debería haberse iniciado el 1 de enero de 2007, entre las que cabe mencionar el pago del crédito universitario, a través de una especie de Servicio País, a jóvenes de las comunas más pobres. Ese proyecto estaba relegado y fue asumido por la Comisión de la Juventud, la que lo está tratando. En segundo lugar, queríamos convocar a tres sesiones especiales. Una de ellas para analizar el problema de la cesantía juvenil. Al respecto, recuerdo a los señores diputados que titulares de diarios y estudios internacionales se refieren a la cesantía juvenil de este país. Pedimos una sesión especial y una jornada temática en Arica; sin embargo, la Comisión de Régimen Interno nos negó los recursos. Posteriormente, solicitamos una sesión en Aisén para tratar las dificultades educacionales de esa región. Los jóvenes que viven allí sólo pueden estudiar carreras técnicas, ya que si su vocación se orienta a otro ámbito, tienen que salir de esa ciudad. Se nos volvieron a negar los recursos. Queremos convocar a una sesión especial sobre educación sexual. En el país, el embarazo adolescente nos rebasa. Los jóvenes tienen relaciones sexuales en sus casas. Sin embargo, al parecer, esa situación no importa al Congreso Nacional. Diputados de la bancada demócratacristiana -lo que me asombra- nos dijeron que esta Comisión estaba legislando para la galería y que no tenía resultados. Cuando se establezca la inscripción automática y el voto voluntario, todos ellos estarán interesados en que los jóvenes los elijan. No legislamos para la galería, porque los jóvenes no están inscritos. Si uno trata de hacer algo es porque tiene el convencimiento de que los jóvenes son el presente y el futuro del país. Realmente estoy decepcionada del Congreso Nacional. Por eso, pido que se oficie a la Presidenta de la República, a la ministra del Mideplan y al director del Injuv, con copia de mi intervención a los presidentes de las federaciones de estudiantes, a fin de que conozcan qué está pasando en este Poder del Estado en relación con la juventud. Los parlamentarios se llenan la boca diciendo que les importan los jóvenes, pero eso no se condice con los hechos. Si los jóvenes pueden tomar alguna medida para expresar su molestia hacia el Congreso Nacional, lo agradeceré. Lamentablemente, los parlamentarios sólo van a estar preocupados cuando los jóvenes voten, lo cual considero insólito. Los jóvenes valen mucho más que un voto. Si no creemos eso, no sé para qué somos diputados. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada Marta Isasi.INFORMACIÓN SOBRE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TERREMOTO EN REGIÓN DE TARAPACÁ. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, hoy se cumplen dos años y medio desde que se produjo el terremoto que remeció con ferocidad a la Región de Tarapacá, a la que pertenece el distrito que represento. Las promesas que se hicieron a los pocos días de ocurrida la tragedia aún flotan en el ambiente. Sin embargo, muchas familias aún no ven sus casas reconstruidas y ni siquiera reciben los subsidios respectivos. También está en el ambiente la promesa que la Presidenta Bachelet hizo el año pasado -a pocos días de que celebráramos la sesión especial solicitada por mí-, en términos de agilizar el proceso de reconstrucción a través de una segunda etapa, la que comprometió para diciembre de 2006. Estamos en diciembre de 2007. Lamentablemente, muchas familias pasarán por tercera vez una Navidad muy triste. En Iquique, una ciudad que tiene una cantidad importante de población, muchas personas continúan viviendo en forma indigna. Es el caso de las poblaciones Matilla II, Mauque, Laguna Verde y Valle Central. Resulta vergonzoso comprobar que casi 6 millones de pesos se han destinado a levantar una pequeña pieza de material ligero y a efectuar alguna que otra reparación. ¿A dónde fue a dar el resto del subsidio? Muchos se preguntarán cómo puedo volver a hablar del mismo tema en este hemiciclo. Le contesto a cada uno de ellos que no me voy a cansar de seguir planteándolo, hasta ver a todas las familias de mi querida región de Tarapacá con sus casas como corresponde. Sin perjuicio de todo lo que he señalado, agradezco la buena disposición de la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, quien ha permitido que el proceso de reparación esté avanzando mucho más de lo que avanzó en el anterior Gobierno de la Concertación. En mi afán de sacar esto adelante, a dos años y medio de ocurrido el terremoto, pido que se oficie a la ministra y a la subsecretaria de Vivienda, a fin de que nos entreguen un informe detallado de todo lo que se ha hecho -con montos y empresas contratistas a cargo de las obras- y de lo que aún resta por hacer, y al Contralor General de la República, a fin de que verifique si los montos de los subsidios asignados se condicen con las reconstrucciones que han hecho las empresas contratistas, y si las Egis, Entidades de Gestión Inmobiliaria Social, han actuado correctamente tanto en Iquique como en el resto de las comunas de la Región de Tarapacá. Cuando celebremos Navidad y estemos en nuestras casas, con nuestras familias y ante una muy buena cena, será triste saber que hay más de 1.550 familias que todavía tienen sus casas en el suelo. Me refiero a más de 6 mil personas, que por tercer año consecutivo no pasarán una Navidad digna, como todo chileno merece pasar. Ha transcurrido mucho tiempo desde que se hicieron promesas por el Presidente Lagos en plena campaña presidencial. Incluso, se entregaron subsidios en la mano, pero, lamentablemente, las casas todavía están en el piso. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada que así lo indica.RECURSO DE PROTECCIÓN INTERPUESTO POR CODELCO. Oficio. El señor JARPA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, hace dos días, pese a no contar con todos los antecedentes del caso a la mano, con mucha alegría me referí, a través de las pantallas de Cámara de Diputados Televisión, a la decisión de la Dirección del Trabajo que, en cumplimiento de la ley de subcontratación y a propósito de la fiscalización llevada a cabo por dicha instancia, obligaba a Codelco a contratar a aproximadamente seiscientos trabajadores subcontratistas en la división El Salvador, ubicada en la Región de Atacama, en el entendido de que la cuprífera estatal, en su calidad de empresa principal, es su empleadora. Sin embargo, con frustración, ayer me enteré de que Codelco presentó un recurso de protección que desconoce abiertamente dicha resolución e, incluso más, dicha empresa se aparta de la posibilidad de discutir en el ámbito laboral sobre la contratación de alrededor de 5 mil trabajadores y trabajadoras subcontratados en sus diferentes divisiones, de los cuales 595 corresponden a la División El Salvador y otros a Chuquicamata, Radomiro Tomic, Andina, Ventanas y El Teniente. Resulta decepcionante que una empresa del Estado, administrada por el gobierno de la Concertación, colisione en forma tan fuerte con otro órgano del Estado como la Dirección del Trabajo, encabezada por una persona de confianza de la Presidenta de la República. Dicho sea de paso, deseo expresar que, en su proceso de fiscalización, esa Dirección cumplió en muy buena forma lo establecido en la denominada ley de subcontratación, que apoyamos con mucho entusiasmo en el Congreso Nacional, en especial quienes representamos a la Concertación. Recuerdo que en muchas oportunidades, cuando no se contó con los votos de la Derecha, reprochamos a dicho sector político su actitud, la calificamos como reaccionaria y poco progresista o antiprogresista. Por lo tanto, resulta decepcionante comprobar la reacción de Codelco tras la interpretación de la Dirección del Trabajo que ordenó la contratación de alrededor de 5 mil trabajadores. ¿Culparemos nuevamente a la derecha de que no existan avances en materia laboral? ¿Qué diremos a esos chilenos? Después de la aprobación de dicha ley, recorrí la Región de Atacama y expresé a su gente que se terminaría con el abuso que significa el jueguito de la subcontratación o, como se la denomina en forma despectiva, los contratos de carne. Me da vergüenza lo ocurrido. Deseo expresar a quienes ven el canal de la Cámara y, en especial, a la gente de Atacama, que no entiendo la actitud de Codelco. Por eso, junto a 42 colegas pedimos una sesión especial, que tendrá lugar el miércoles de la próxima semana, a las 16 horas. En la oportunidad, se contará con la presencia del ministro del Trabajo y de la directora del Trabajo -ojalá no existan problemas para su ingreso a la Sala-, de manera que expliquen lo que está pasando con la ley de subcontratación. Tengo en mi poder una minuta del informe de fiscalización de la ley de subcontratación entregado por la directora del Trabajo, ayer, en la Comisión de Minería. En él se advierten las prevenciones que hizo la Dirección del Trabajo. En forma textual, se expresa lo siguiente: “La fiscalización se focalizó sólo en el área de operaciones en aquellas labores de carácter permanente prestadas por empresas contratistas (insertas en el giro principal), excluyendo a las de obras o montaje industrial (faenas transitorias) así como los ámbitos del giro accesorio (aseo no industrial, transporte, alimentación, seguridad)”. Por lo tanto, se cuidó de despejar muy bien la paja del grano, lo accesorio de lo principal. Hubo una serie de etapas y se interactuó durante meses, día a día, con las autoridades de Codelco. Si hoy Codelco recurre de protección, me pregunto de qué manera se podrá exigir el cumplimiento de la legislación al resto de la industria minera, en la que existen abusos palpables, que la gente sufre y, por extensión, también sus representantes. Me ruboriza esa situación. Deseo expresar a la gente de El Salvador y Diego de Almagro que lo ocurrido no es responsabilidad del Congreso Nacional, sino del Ejecutivo. A mi juicio, la interpretación de la Dirección del Trabajo es correcta e, incluso más, diría un tanto restrictiva, porque quien habla esperaba la contratación de un mayor número de trabajadores en Codelco. En la actualidad, en dicha empresa existen 28 mil trabajadores de subcontratistas y cerca de 20 mil contratados. Por lo tanto, existen más de los subcontratistas que trabajadores de planta. En ese sentido, a la luz de las normas de la ley de subcontratación, se pidió la incorporación de 5 mil trabajadores, es decir, menos del 20 por ciento. Advierto que si la situación descrita no se corrige a la brevedad, se vendrán conflictos más graves que los ocurridos hace algunos meses, cuando los trabajadores de subcontratistas llevaron a cabo una paralización que costó muy cara al país. Estuve con ellos en Diego de Almagro y El Salvador, a fin de prestarles mi apoyo. Al respecto, sé que existe una norma constitucional medio complicada. Sin embargo, con inteligencia y sin vulnerar la Carta Fundamental, seguiré apoyando a esos trabajadores subcontratistas abusados en sus derechos. Lo ocurrido no es justo y puede ser caldo de cultivo para un conflicto social de mayor entidad. En efecto, si el problema no se resuelve en democracia, por un gobierno que se comprometió con los trabajadores, existe el peligro de un reventón social que originará problemas mayores, como los ocurridos en otros períodos de la historia del país. Es necesario corregir el modelo económico. En ese aspecto, la ley de subcontratación iba por el camino correcto. En virtud de lo expresado, pido oficiar a la Presidenta de la República para que resuelva de una vez el problema, en concordancia con lo obrado por la Dirección del Trabajo. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.REPOSICIÓN DE FERROCARRIL ENTRE VICTORIA Y PUERTO MONTT. Oficios. El señor JARPA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, durante los últimos días, los medios de comunicación informaron de manera profusa que la Empresa de Ferrocarriles del Estado repondrá tramos y licitará un servicio de buses entre Temuco y Santiago. Agregaron que dicha empresa concretará la reposición de recorridos para atraer demanda durante la temporada de verano, con servicios regulares entre Santiago y Temuco a partir del próximo 18 de enero. Desde luego, se trata de una buena noticia para la gente de las zonas favorecidas con la medida. Sin embargo, en relación con el servicio de dicho medio de transporte, la gente que vive más al sur de Temuco continúa en situación de orfandad. En su momento, se repuso el servicio de ferrocarriles hacia el sur, lo que originó mucha esperanza e ilusión en sus habitantes. Sin embargo, sabemos lo que ocurrió. Por eso, en la actualidad una comisión investigadora de la Cámara está abocada a determinar las causas de las irregularidades y las responsabilidades involucradas en que el servicio de ferrocarriles no funcione de la manera que queremos. Sin perjuicio del resultado del trabajo de esa Comisión, queremos saber qué ocurre realmente con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Es un medio que nace con la historia de Chile; es mucho lo que el progreso y el desarrollo del país le debe a esa empresa; su trayectoria ha sido maravillosa, desde que comenzó a funcionar el primer ferrocarril. Pero hoy se mira como algo pasado, y no queremos eso. Queremos que Ferrocarriles sea como el futuro de Chile, y que siga aportando, como lo ha hecho a través de muchos años. Al no funcionar, le resta desarrollo al país, produce un desequilibrio en los sistemas de transporte y damos paso a los grandes monopolios terrestres de buses. Es necesario que rescatemos este medio de transporte, porque es el único que puede unir algunos lugares, como pueblos y villas que nacieron alrededor de las estaciones de ferrocarril, que ahora están abandonadas. Ferrocarriles, reitero, es historia, es aporte y gran incidencia en el desarrollo de nuestra sociedad. Lo que digo es la interpretación fiel y cabal, de la inquietud ciudadana del sur de Chile; es el clamor de nuestros compatriotas que requieren de este medio de transporte. Y yo lo transmito a través de la Cámara de Diputados. Queremos que nos oigan, queremos ser escuchados y que haya una respuesta. No queremos que discursos como estos queden en el aire, en nada. Queremos que nos respondan qué es lo que va a pasar, en verdad, con la Empresa de los Ferrocarriles; si su servicio desde Victoria hasta Puerto Montt va a ser repuesto como se había programado, de acuerdo con los planes trienales que existían. Existe esperanza. Hay que recuperar la fe. Creo que es posible pasar del fracaso y de la frustración por lo que ha ocurrido, al éxito, y, si es necesario aunar fuerzas, entre todos, para el restablecimiento del ferrocarril sureño, debemos hacerlo sin egoísmos. Por ello, solicito que se envíe oficio a los ministros de Hacienda y Economía, como también al presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, señor Jorge Rodríguez Grossi, con el objeto de que nos informe sobre los planes y programas que se contemplan para la reinstalación y modernización definitiva de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Asimismo, que el Estado entregue todos los recursos e instrumentos a fin de que eso suceda cuanto antes y Ferrocarriles comience a funcionar como siempre quisimos. ¡No queremos seguir mirando las líneas del ferrocarril con tanta nostalgia y pesar por no haber sabido utilizar esa infraestructura tan valiosa! Quiero señalar, con mucha fuerza, que las autoridades no sólo deben preocuparse de lo que pasa en Santiago, en la zona central, sino también de una parte importante de Chile, de Victoria al sur, y una de las formas de hacerlo es la recuperación de nuestro ferrocarril. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.COBRO DE IVA A ARTÍCULOS USADOS TRANSADOS EN FERIAS PERSAS. Oficio. El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el tiempo cedido por el Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, en la comuna de San Carlos -como en muchas otras-, en la Octava Región, funciona una feria persa donde se venden productos usados. Ella es una gran oportunidad y un medio de subsistencia para muchas familias de escasos recursos que hacen grandes esfuerzos para sacar adelante a los suyos. La feria funciona los domingos y los vendedores deben pagar, por una sola vez, por día trabajado, un derecho al municipio que es llamado “la cábala”. Solicito que se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que indique en virtud de qué disposición legal está facultado para tasar los productos que se venden en esa feria persa. Ese Servicio, después de tasar los referidos productos, aplica y cobra un impuesto. Lo dudoso, a mi juicio, es que se trata de productos usados, por lo cuales ya, en su momento, se pagó el impuesto al valor agregado. Mi preocupación es que quienes trabajan en esa feria persa son, en general, mujeres, muchas de ellas embarazadas. Además, nadie se hace rico en esa actividad; son pequeñas y medianas trabajadoras que buscan un sustento. De manera que significaría un gran aporte que esos productos, de existir una norma legal que faculte al Servicio para tasarlos y aplicar impuestos, queden exentos de tal imposición. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.REUBICACIÓN DE COMERCIANTES DISCAPACITADOS DEL CENTRO DE SANTIAGO. Oficios. El señor SABAG.- Señor Presidente, como presidente de la Comisión Especial de la Discapacidad, quiero manifestar mi preocupación por la reciente campaña que la Intendencia de la Región Metropolitana y la Ilustre Municipalidad de Santiago han impulsado para erradicar el comercio ambulante del centro de Santiago. La medida me parece muy bien, pero está afectando la fuente de ingresos de cerca de trescientas personas que presentan discapacidades visual y física -comerciantes ciegos, usuarios de sillas de rueda y de bastones, principalmente-, y que están congregadas en distintas agrupaciones. Muchas trabajan sin permisos oficiales; contaron con la buena voluntad del ex alcalde, señor Joaquín Lavín, pero la actual administración ha cambiado la política y está procediendo a su erradicación. Durante este año, la Cámara aprobó la nueva normativa de la discapacidad mediante la cual hacemos un enorme esfuerzo para integrar a las personas con discapacidad al mundo del trabajo, de la educación, del deporte, etcétera. No logramos que se aprobara una suerte de disposición de cuotas que permitiera a esas personas ingresar a todos los organismos públicos, pero sí el compromiso de que el Estado va a hacer un esfuerzo para que todas ellas puedan integrarse, de acuerdo a sus posibilidades, a las diversas reparticiones estatales. Ese compromiso está en el espíritu de la norma, más que en su letra. Por eso, considero que la medida de la Intendencia y del municipio de Santiago va en contra del espíritu de esa ley, que permite dar un tratamiento distinto a las personas con discapacidad. Por eso, pido que se oficie a la intendenta de la Región Metropolitana y al alcalde de Santiago para que apliquen la ley y den ese tratamiento distinto a los comerciantes ambulantes discapacitados del centro de Santiago y los reubiquen o les busquen una alternativa, puesto que no están en igualdad de oportunidades con el resto de los comerciantes. Espero que consideren que la medida que tomaron no guarda relación con el espíritu de la ley de la discapacidad, que despachó el Congreso Nacional. He dicho. El señor JARPA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.22 horas. JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, el cual constituye un Protocolo Adicional al ACE Nº 24, adoptado en Santiago, el 27 de noviembre de 2006. (boletín Nº 5000-10). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 12 de diciembre de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica las leyes N°s. 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud, correspondiente al Boletín Nº 5.393-11, con la siguiente modificación:Disposiciones transitoriasArtículo Primero.- Ha sustituido su inciso primero, por los siguientes: “Artículo primero.- El personal que se acoja a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157, tendrá derecho, por una sola vez, a un incremento de la referida bonificación equivalente a diez meses y medio adicionales, a los que conforme a esa norma le corresponda, en la medida que dejen de pertenecer voluntariamente a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que sirven dentro de los noventa días siguientes a cumplir 65 años de edad los hombres y, en el caso de las mujeres, desde que cumplan 60 años de edad y hasta los 65 años. Con todo, las edades referidas precedentemente deberán cumplirse a más tardar al 31 de diciembre de 2010. Respecto a quienes a la fecha de la publicación de la presente ley se hubieren acogido a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157 o tuvieren 65 años de edad, sean hombres o mujeres, el plazo de noventa días se computará desde la data de la referida publicación. Con todo, el personal que no renuncia voluntariamente al total de horas que sirva en los períodos antes indicados se entenderá que renuncia irrevocablemente al incremento que trata este artículo.”.-o- Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto favorable de 30 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, y, en particular, los artículos 1°, numerales 2) y 3); tercero transitorio, inciso cuarto, y sexto transitorio, fueron aprobados con el voto afirmativo de 24 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.097, de 7 de noviembre de 2007. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado”; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3. Oficio del Senado. “Valparaíso, 12 de diciembre de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos, correspondiente al Boletín N° 5151-02, con la siguiente enmienda:Artículo 3°.- Lo ha sustituido, por el siguiente: “Artículo 3°.- Agrégase al artículo 191 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1997, Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, el siguiente inciso segundo: “La asignación de conscripto no podrá ser objeto de ningún descuento interno por parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas.”.”.-o- Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.000, de 6 de septiembre de 2007. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.4. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que establece como feriado el día 31 de diciembre de 2007. (boletín Nº 5256-06)“Honorable Cámara: La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, y que tiene su origen en una moción patrocinada por las señoras Goic y Sepúlveda, y por los señores Araya, Ascencio, González, Ojeda y Olivares. I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS. Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de esta iniciativa, lo siguiente: 1) La idea matriz del proyecto en informe es declarar feriado el día 31 de diciembre de 2007. 2) El artículo único de la iniciativa legal es de quórum simple. 3) No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. 4) El proyecto fue rechazado, por simple mayoría. Votaron en contra la señora Tohá (doña Carolina) y los señores Bauer, Becker, De Urresti, Egaña, Valenzuela y Ward; mientras que lo hicieron a favor los señores Duarte y Ojeda, en tanto que el señor Godoy se abstuvo. 5) Se designó Diputado informante al señor OJEDA, don Sergio.II. ANTECEDENTES. Al decir de los autores de la moción, el día 31 de diciembre de 2007 es día lunes y, por ende, hábil. Agregan que es de público conocimiento que en los días laborales que preceden a los festivos la jornada de trabajo en el sector público se reduce a la mitad. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 68 de la ley N° 18.883, que contiene el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Análoga situación se observa mayoritariamente en el sector privado. Sin embargo, como la norma antes mencionada no es obligatoria para los trabajadores particulares, se hace necesario, a su juicio, hacerla extensiva a todos. Señalan, por otro lado, que un feriado de esta naturaleza no producirá grandes pérdidas económicas para el país. Profundizando en la fundamentación del proyecto, los parlamentarios patrocinantes de la moción indican que la experiencia determina que en víspera de cada año nuevo se desplazan miles de personas a diversos destinos. Según informe de Carabineros de Chile, el 31 de diciembre del año 2006 cerca de 200.000 vehículos se desplazaron desde la Región Metropolitana hacia la Quinta Región y otras localidades, tanto del norte como del sur. En un plano diferente, no puede desconocerse el hecho de que en Chile la población presenta altos niveles de estrés, como lo atestigua un estudio del ministerio de Salud. En efecto, 1 de cada 4 personas se siente en un estado permanente de estrés, sensación que aumenta al efectuar desplazamientos fuera de Santiago. La circunstancia de contar con un feriado como el que se propone permitiría a la ciudadanía planificar sus salidas con calma, sin la ansiedad que caracteriza a los desplazamientos de última hora. Finalmente, aducen que, de aprobarse la presente propuesta, miles de personas tendrían 4 días de descanso seguidos, lo cual indudablemente fortalecerá las relaciones de familia.-o- En materia de feriados, resulta pertinente recordar que la ley Nº 2977, del año 1915, estableció los siguientes: a) Los domingos de todo el año; b) Los festivos correspondientes al 1º de enero, 15 de agosto, 1º de noviembre, 08 y 25 de diciembre; c) Los días viernes y sábado de la Semana Santa, y d) El 18 y 19 de septiembre y el 21 de mayo. El texto antes citado ha sido complementado por diversas leyes que han establecido feriados específicos atendiendo a diversas circunstancias (celebración de festividades, desarrollo de actos de alcance nacional, etc.) que el legislador, recogiendo la necesidad avalada por la experiencia, ha plasmado en el ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de feriados que, por lo general, si bien no tienen el arraigo de los antes referidos, responden a situaciones muy atendibles. En este orden de consideraciones, cabe señalar que la ley Nº18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, prescribe como feriado legal el día en que se lleven a efecto plebiscitos o elecciones de Presidente de la República o Parlamentarios. A su vez, la ley N° 19.668 trasladó los feriados -establecidos previamente en distintos cuerpos legales- correspondientes al 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo; 12 de octubre, día del Descubrimiento de Dos Mundos; y el día de la Fiesta de Corpus Christi, a los días lunes de la semana en que ocurren, en caso de corresponder a día martes, miércoles o jueves, o los días lunes de la semana siguiente, en el evento de que sean el viernes. Por otro lado, la ley N° 20.148, publicada en el Diario Oficial del 6 de enero de 2007, instauró como feriado el día 16 de julio de cada año, en honor a la Virgen del Carmen, en reemplazo del de Corpus Christi. En el ámbito del derecho laboral, cabe consignar que la ley N° 18.620, que contiene el Código del Trabajo, estipula como feriado el día 1° de mayo. Finalmente, el Estatuto Administrativo dispone que los funcionarios públicos no estarán obligados a trabajar las tardes de los días 17 de septiembre, como tampoco las del 24 y del 31 de diciembre, sin perjuicio de la facultad que confiere al Jefe Superior de la institución, al Secretario Regional Ministerial y al Director Regional, según el caso, de ordenar trabajos extraordinarios por razones de tareas impostergables que hayan de cumplirse.-o- En otro orden de consideraciones, es importante señalar que se ha suscitado entre los expertos en derecho constitucional la cuestión acerca de si la instauración de días feriados se trata de una materia que debe ser regulada a través de una ley, o puede serlo mediante una norma de rango inferior. Al respecto, algunos tratadistas han planteado las siguientes consideraciones: 1) En primer lugar, debe reconocerse que la Constitución Política no incluye expresamente, entre los asuntos propios de ley, el establecimiento o supresión de los días feriados. 2) No obstante lo anterior, existen asideros en la propia Carta Fundamental que llevan a concluir que una materia de tal naturaleza sí debe ser abordada mediante una norma legal: a) Así, el artículo 19 N° 3 inciso quinto declara que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Ahora bien, las actuaciones procesales sólo son válidas cuando se efectúan en días hábiles, y por regla general son días hábiles los no feriados. Por ende, si se aceptara que por una norma de jerarquía inferior a la ley se fijaran días feriados se perdería uno de los elementos del debido proceso, cual es su legalidad, pues su tramitación vulnerará un aspecto esencial del procedimiento, a saber, los plazos, incluyendo su cómputo. b) Por otra parte, el artículo 63 N° 4 de la Ley Fundamental señala que constituye materia de ley la regulación de las “materias básicas relativas al régimen jurídico laboral”. Cabe complementar dicho precepto con el artículo 35 del Código del Trabajo, que establece que “los días domingo y aquéllos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días”. Se infiere de esta disposición que la remuneración mensual pactada en el contrato de trabajo se paga independientemente del número de domingos y demás festivos incluidos en el mes. Por lo tanto, a mayor número de festivos, aumenta la remuneración proporcional por cada día efectivamente trabajado. De esta manera, los feriados son una materia que incide en el régimen jurídico que regula el ámbito laboral. 3) En un plano diferente, es discutible -asumiendo que lo relativo a días feriados es materia de ley- si el proyecto respectivo debe originarse exclusivamente en un Mensaje presidencial. De acuerdo al artículo 65 inciso cuarto, N° 4, de la Constitución, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen por objeto alterar las bases que sirven para determinar las remuneraciones y demás beneficios económicos de los trabajadores del sector público y privado. Desde este punto de vista, y en armonía con lo expuesto en la letra b) del N° 2, cabe concluir que los días feriados constituyen una base para el cálculo de remuneraciones de los trabajadores, y por lo tanto los proyectos de ley concernientes al establecimiento o supresión de aquéllos son de iniciativa exclusiva presidencial. Sin embargo, podría argumentarse en contra de lo dicho precedentemente que la base de cálculo a que alude el precepto constitucional es solamente la declaración de que los días festivos son de descanso, pero que la determinación de esos días no forma parte de la base de cálculo, sino únicamente su aplicación a casos concretos, o sea, el cálculo mismo. Adicionalmente, los beneficios económicos para los trabajadores son también materia de ley de iniciativa exclusiva presidencial, según el mismo precepto constitucional. Bajo esta perspectiva, el día feriado constituye un beneficio económico, pues se gana sueldo y no se trabaja. En otras palabras, hay una prestación a favor del trabajador, sin que medie por parte de éste una contraprestación directa. La circunstancia de que ese beneficio no se materialice en la entrega de una suma de dinero al trabajador no altera la esencia del asunto. No obstante, el tema es discutible, porque podría sostenerse en contra de lo expuesto en el párrafo que antecede que los beneficios económicos a que alude la Carta Fundamental deben entenderse en un sentido restrictivo, es decir, que se materialicen en pagos en dinero (sueldo, gratificaciones, bonos de producción, etc.), pero no en un beneficio indirecto como es el mantenimiento del sueldo pese a no trabajarse un día por ser feriado legal.III. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL. El proyecto en informe tiene por finalidad declarar feriado el día 31 de diciembre del año en curso.IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO. Por simple mayoría (7 en contra, 2 a favor y 1 abstención), según consta en la suma, la Comisión rechazó la idea de legislar sobre el tópico. De acuerdo al voto de mayoría resulta contraproducente instaurar más feriados durante 2007, máxime considerando que hace algunos meses se estableció el del día 17 de septiembre, como una forma de prolongar las celebraciones de Fiestas Patrias. Se argumentó también que muchas personas modestas, particularmente en zonas rurales, trabajan en forma independiente y el hecho que se cree un nuevo feriado los perjudica económicamente. La minoría, en cambio, reiteró los fundamentos planteados en la moción, destacando que declarar feriado el día 31 de diciembre de 2007 no afecta a la economía del país y, por otro lado, fortalece el desenvolvimiento de lazos familiares.Artículos e indicaciones rechazados. El artículo único, por idéntica votación con que fue rechazada la idea de legislar.Artículos e indicaciones declarados inadmisibles. No hay artículos o indicaciones que hubieren sido declarados inadmisibles. -o- Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda el rechazo del siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Declárase feriado el día 31 de diciembre de 2007.”. -o- Sala de la Comisión, a 12 de diciembre de 2007. Tratado y acordado, según consta en la sesión celebrada el 11 de diciembre de agosto del año en curso, con la asistencia de los señores Duarte, don Gonzalo (Presidente); Bauer, don Eugenio; Becker, don Germán; De Urresti, don Alfonso; Egaña, don Andrés; Ojeda, don Sergio; señora Pascal, doña Denise; señora Tohá, doña Carolina; Valenzuela, don Esteban; y Ward, don Felipe. (Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Abogado Secretario de la Comisión”.5. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de la República, en lo referido a la elección de diputados y senadores. (boletín N° 5429-07)“Honorable Cámara: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción del Diputado señor Edmundo Eluchans Urenda y copatrocinada por los Diputados señores Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera y Guillermo Ceroni Fuentes. En atención a la sencillez de la iniciativa, la Comisión acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el artículo 211 del Reglamento de la Corporación.IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO. La idea central del proyecto tiene por objeto modificar el artículo 51 de la Constitución Política, para limitar la reelección sucesiva de Senadores y Diputados, por una vez en el primer caso y por dos en el segundo.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS Para los efectos de lo establecido en los números 4°,5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente: 1.- Que la disposición única del proyecto no es de la competencia de la Comisión de Hacienda. 2.- Que se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos ( 7 votos a favor y 2 en contra). (votaron a favor los Diputados señores Araya, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Eluchans y Saffirio. En contra votaron los Diputados señora Turres y señor Arenas). 3.- Que la Comisión rechazó las siguientes indicaciones: a) La de los Diputados señoras Saa y Soto y señor Araya para reemplazar en la oración final del artículo único, la expresión “dos” por “tres”. b) La de los mismos Diputados, en subsidio de la anterior, para reemplazar en el artículo único la frase “ Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez; “ por la siguiente: “ Los Senadores no podrán ser reelegidos sucesivamente en su cargo;”.DIPUTADO INFORMANTE. Se designó diputado informante al señor Edmundo Eluchans Urenda.QUÓRUM DE VOTACIÓN. Conforme lo establece el artículo 127 de la Constitución Política, tratándose de una reforma constitucional que recae en su capítulo V, requiere de un quórum de aprobación de las tres quintas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES. El Presidente de la Comisión declaró inadmisibles las siguientes indicaciones: a) La de los Diputados señoras Saa y Soto y señor Araya para intercalar en el artículo único, después del punto seguido que sigue a la expresión “conjuntamente”, lo siguiente: “ Resultarán electos los Diputados y Senadores que obtengan las primeras mayorías individuales del proceso electoral.”. b) La de los mismos Diputados para derogar el artículo 109 bis de la ley N° 18.700.PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL RELACIONADOSCON LA MATERIA. La Comisión dejó constancia de que durante el análisis de esta iniciativa, tuvo a la vista los siguientes proyectos de reforma constitucional directamente relacionados con sus objetivos: 1) Limita reelección de parlamentarios. Boletín N° 2181-07. Moción del Diputado señor Maximiano Errázuriz Eguiguren. 2) Limita la reelección de Diputados e impide la de Senadores. Boletín N° 2652-07. Moción de los Diputados señores Sergio Aguiló Melo y Carlos Montes Cisternas. 3) Limita la reelección de los Diputados y Senadores. Boletín N° 4115-07. Moción de los Diputados señoras Karla Rubilar Barahona y Ximena Valcarce Becerra y señores René Aedo Ormeño y Francisco Chahuán Chahuán. 4) Establece un límite a la reelección para los cargos de Diputado, Senador y Concejal. Boletín N° 4499-07. Moción de los Diputados señora Ximena Vidal Lázaro y señores René Alinco Bustos, Marco Enríquez-Ominami Gumucio, Ramón Farías Ponce y Tucapel Jiménez Fuentes. 5) Limita la reelección de Diputados y Senadores. Boletín N° 4701-07. Moción del Diputado señor Rodrigo González Torres. 6) Modifica el artículo 51 de la Constitución Política de la República estableciendo reglas especiales en materia de reelección de cargos parlamentarios. Boletín N° 4891-07. Moción de los Diputados señoras Denise Pascal Allende y Clemira Pacheco Rivas y señores Marcelo Díaz Díaz, Fidel Espinoza Sandoval, Fulvio Rossi Ciocca, Raúl Súnico Galdames y Alfonso de Urresti Longton.ANTECEDENTES 1.- Los patrocinantes de la moción fundamentan la iniciativa señalando que el desprestigio de la política y de quienes actúan en ella es un fenómeno que va en aumento, circunstancia que hace que parte importante de la ciudadanía no confíe en las autoridades e, incluso, no manifieste interés en participar en los procesos eleccionarios. Agregan que es algo común que gente valiosa, preparada y con vocación de servicio público, se margine completamente de las actividades políticas y no asuma responsabilidades por considerar que se les niegan las oportunidades y porque las tareas en el servicio público estarían reservadas para quienes hacen carrera política y se afirman en los cargos para los que han sido elegidos, de manera tal que sólo excepcionalmente alguien que provenga del mundo privado puede llegar a desplazarlos. Agregan que, por otra parte, les parece algo fuera de toda duda, que el hecho que haya personas que ejercen determinados cargos por largos períodos de tiempo, atenta contra la renovación de las ideas y propuestas, en contra de la eficiencia y el correcto ejercicio de los cargos y en contra de la seriedad, respetabilidad e independencia de las instituciones en que se cumplen dichas funciones, sin perjuicio, además, de que pueda constituirse en una fuente de corrupción. Más adelante, señalan que desde la restauración democrática, se han presentado diversos proyectos de reforma constitucional destinados a limitar el número de reelecciones de los parlamentarios, todos los cuales, sea que se hayan archivado o rechazado, en la practica, se encuentran con su tramitación paralizada, lo que pareciera indicar que no existe mayor interés en el mundo político por ocuparse de este tema que, por el contrario, interesa sobremanera a la opinión pública, circunstancia que no hace más que aumentar el desprestigio de la política y de quienes se dedican a ella. Se declaran convencidos de la necesidad de evitar que los cargos de elección popular para el ejercicio de funciones parlamentarias, puedan convertirse en oficios o trabajos a que los elegidos dediquen toda su vida laboral, en circunstancias que lo que corresponde es que al servicio público se venga a aportar, para lo cual resulta primordial que lleguen a él los mejores, los que deberían poder competir sin tener que afrontar las trabas en que se traduce el hecho de que quienes detentan los cargos puedan mantenerlos indefinidamente. Estiman gravemente riesgosa para el sistema democrático, la reelección indefinida en los cargos de elección popular, por cuanto ello fomentaría el clientelismo político y la falta de renovación y de acceso de nuevas personas al servicio público. Se declaran partidarios de que en una democracia moderna exista una efectiva alternancia en el poder, facilitando la renovación de ideas y de personas, en beneficio de un régimen político que debe estar cada vez más cerca de la gente y al servicio de sus necesidades. 2.- El artículo 51 de la Constitución Política señala lo siguiente: “Artículo 51.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo. Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos. Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura. El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso. Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía. El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante. En ningún caso procederán elecciones complementarias.”.DISCUSIÓN DEL PROYECTO. a) Discusión en general. Durante el debate acerca de la idea de legislar, el Diputado señor Eluchans explicó los términos de la iniciativa, señalando que su finalidad era limitar la reelección indefinida de los parlamentarios, moción que se había complementado con otra que limitaba también la reelección de alcaldes y concejales y que se encontraba pendiente en la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara. Agregó que lo que se planteaba era que los Senadores pudieran ser reelegidos sucesivamente sólo por una vez, es decir, no podrían permanecer más de 16 años consecutivos en el Senado y para volver a él, tendrían que dejar pasar un período completo. En el caso de los Diputados, éstos podrían ser reelegidos hasta por dos veces, es decir, podrían desempeñar sucesivamente hasta tres períodos, debiendo dejar pasar uno para poder volver nuevamente. Al respecto, señaló haber recibido algunos comentarios de parlamentarios en el sentido de que sería conveniente hacer coincidir los tiempos de permanencia sucesiva en los cargos tanto para Diputados como para Senadores, permitiendo que los primeros pudieran ser reelectos hasta por tres veces consecutivas, con lo cual se completaría en ambos casos un lapso de 16 años. Fundamentando la conveniencia de establecer la limitación, señaló que quienes son parlamentarios y quienes se dedican a la política en general, no gozan de mucho prestigio ante la opinión pública, la cual los considera como personas que se mantienen indefinidamente en los cargos para los que han sido elegidos, impidiendo el ingreso de gente nueva y valiosa a la actividad. Dijo que le parecía poco acertado que quienes desempeñaran cargos parlamentarios vieran esto como una forma de hacer carrera política, siendo que la dinámica de las elecciones permite acoger a personas de diferentes estratos y profesiones que puedan aportar a la actividad pública. Creía necesario incentivar a gente valiosa para que participara en política, pero, precisamente, la situación actual de reelección indefinida, se constituía en uno de los principales escollos para ello, puesto que quienes mostraban interés, tenían conciencia de que para llegar al Congreso, deberían desplazar a personas que detentaban el cargo por dos, tres o más períodos, lo que resultaba demasiado dificultoso. El Diputado señor Araya dijo coincidir con las finalidades de la iniciativa, aun cuando no con sus fundamentos porque no veía razón para que se considerara que gente que había entregado sus esfuerzos y su tiempo a la actividad pública, pudiera dar lugar a que por ese sólo hecho no se produjera en el país una renovación de las ideas o se facilitara la corrupción. No obstante apoyar el proyecto, creía que el factor principal del descrédito de la actividad parlamentaria, residía en el sistema electoral vigente que permitía, en muchos casos, conocer anticipadamente quien sería electo o, existiendo sólo dos cupos, declarar elegido al que obtiene el tercer lugar. Asimismo, creía necesario efectuar una discusión completa sobre el tema, analizando un nuevo estatuto parlamentario que contemplara las causales de remoción, las atribuciones, las inhabilidades y también un sistema que previera la situación en que un parlamentario puede dejar su cargo, ya que luego de dedicar gran parte de su vida al servicio público, llegado tal momento, se ve afrontado a una situación de incertidumbre que, lógicamente, no lo induce al retiro. La Diputada señora Soto dijo no estar de acuerdo con la iniciativa por estimar, al igual que el Diputado señor Araya, que el factor principal del descrédito de la actividad política, provenía del sistema electoral binominal imperante, para el que obtener el 66% del apoyo electoral valía lo mismo que el 33% de ese apoyo. Creyó necesario analizar el término de tal sistema y su reemplazo por uno proporcional, como también la posibilidad de contemplar causales de renuncia a los cargos parlamentarios, sin tener que llegar a las situaciones extremas que prevé actualmente la Constitución. Por último, señaló que para ella era fundamental la soberanía popular por lo que pensaba que debería empezarse por el cambio del sistema electoral vigente y, luego, dejar al electorado que decidiera quienes serían sus representantes. La Diputada señora Turres discrepó asimismo de la iniciativa por cuanto creía que existía una renovación natural de la representación parlamentaria, la que en cada elección alcanzaba alrededor del 40%. En todo caso, en lo que se refería a la permanencia en el cargo, señaló que sólo 14 Diputados lo eran desde 1990. No veía la razón para limitar la permanencia por cuanto se trata de personas que aportan y, si bien era dificultoso competir con alguien que detenta el cargo, ello también dependía de la calidad del trabajo efectuado y de la decisión del electorado, el que siempre va a apoyar al parlamentario que lo representa bien. Por último, no creía que por medio de una ley pudiera enfrentarse el problema del desprestigio de la actividad política, como también que mucho tenía que ver en esto el factor desinterés, el que resalta más en situaciones de mayor estabilidad como la que se vive y que normalmente se revierte cuando se vive en estados de tensión. El Diputado señor Burgos junto con recordar que una iniciativa similar no había prosperado al tratarse la reforma constitucional del año 2005, explicó que los niveles de participación en los actos eleccionarios eran realmente preocupantes porque revelaban gran falta de interés, especialmente en la juventud. Más de la mitad de los chilenos que tenían derecho a votar no lo hacían, fundamentalmente, porque no estaban inscritos. Respecto de esta falta de interés, propia de países europeos y que contrastó con lo sucedido en el plebiscito de 1988 en que si hubo una alta participación, dijo que no creía que la reelección indefinida fuera su única causa, pero que estaba entre ellas y, si bien era cierto que había temas más importantes que éste, que podrían mejorar los niveles de participación como el cambio del sistema electoral, pensaba también que no se contaba con los votos necesarios para ello, por lo que se allanaba a tratar esta iniciativa ya que había más argumentos a favor de establecer límites a la reelección que los que se esgrimían para sostener lo contrario. El Diputado señor Cristián Monckeberg consideró necesario debatir sobre este asunto, pero, en todo caso, creía que debía tratarse en conjunto con las demás iniciativas tendientes no sólo a perfeccionar el sistema binominal, sobre el cual su colectividad política ya había hecho una proposición, sino también a tratar sobre la elección de los consejeros regionales, la autoridad regional y los mecanismos para evitar la intervención electoral. Respecto al problema de la falta de renovación de los cuadros políticos, pensaba que la razón podría residir en la falta del mecanismo de la inscripción automática y el voto voluntario. Creía que si la gente tuviera la posibilidad de votar, sea que lo hiciera o no, podría de por sí producirse dicho cambio, tal como sucedió en España en que la ocurrencia de un hecho doloroso, originó un cambio inesperado en las preferencias del electorado y el consiguiente cambio de gobierno, lo que fue posible dado que todos tenían la posibilidad de participar. Pensaba que la vigencia de la posibilidad automática de votar, podría traducirse en el cambio que se echaba de menos. En cuanto a la finalidad perseguida por el proyecto, dijo no estar de acuerdo con la limitación porque confiaba en la soberanía popular y en la libertad y si el electorado, disponiendo de su voto, quería mantener en el cargo a alguien que lo ocupaba por 4, 6 o más años, esa era una decisión que debería respetarse. El Diputado señor Ceroni dijo apoyar el proyecto porque lo creía conveniente para la realidad que se tiene y porque se encontraba entre las materias que era posible abordar desde el punto de vista político. Dijo que él también creía y respetaba la libertad y la soberanía popular, pero pensaba que ésta podía expresarse dentro de un sistema que permitiera la competencia, pero que ésta no se daba en forma adecuada con el sistema binominal, el que debería modificarse. No obstante, como la realidad demostraba que ello no era políticamente posible, creía que, al menos, podría cambiarse lo que aquí se trataba, de manera que mediante esta fórmula y en base a la limitación que se establecía, pudiera incorporarse gente nueva al Congreso. Por último, señaló que en la reelección indefinida, visualizaba un efecto perverso por cuanto obligaba a abandonar las actividades propias por largo tiempo. El Diputado señor Cardemil efectuó una serie de consideraciones destinadas a reconocer el papel que habían protagonizado los parlamentarios en este período, al que llamó de transición y que ya tocaba a su fin. A su juicio, ninguno de los parlamentarios estaba en política por motivos o intereses personales, sino por vocación de servicio, pero la política tenía dos caras: la puramente idealista y la personal, movida por el amor propio y el deseo de que se acogieran los aportes que se efectuaran. Esto último, constituiría el factor que llevaría a no dejar la actividad, razón por la que pensaba que el proyecto resultaba necesario y que se constituiría en una ayuda a la etapa que comenzaba. El Diputado señor Bustos dijo estar de acuerdo con la iniciativa y ser uno de sus patrocinantes, recordando, además, que su colectividad política había aprobado esta limitación en un congreso celebrado en 1998. Igualmente, se habían presentado en el mismo sentido varios proyectos de ley que no habían tenido mayor éxito, porque para eso se requeriría de un acuerdo entre todos los sectores. En todo caso, pensaba que esta modificación debería ser la que se hiciera al final, porque en primer lugar debería estar la sustitución del sistema binominal, lo que implicaría una modificación de fondo y abriría la posibilidad de participación a todos. Lo que se proponía sería un cambio, pero siempre dentro del sistema actual. Pensaba que en atención a la obligación que tiene el Estado de facilitar el ejercicio de los derechos, la inscripción en los registros electorales debería ser automática, ahorrándose los trámites y molestias que implica el actual procedimiento. Asimismo el voto debería ser voluntario ya que no era posible hacer efectiva la obligatoriedad por la imposibilidad de sancionar a todos los infractores. Insistió en la necesidad de buscar y acordar formas realistas de modificación del sistema binominal a fin de lograr mayor participación y permitir que la voluntad ciudadana pudiera expresarse realmente y no en la forma sesgada actual. El Diputado señor Saffirio dijo ser partidario del proyecto porque consideraba que el congelamiento de las clases políticas en cualquier sociedad era negativo, por el serio riesgo de autismo que ello implicaba. Citó al efecto un par de ejemplos históricos y añadió que hoy la situación era bastante más complicada que entonces, porque la sociedad actual era muy cambiante, circunstancia que comprobaba personalmente al resultarle difícil seguir los diálogos académicos con sus hijos en determinadas materias, cuestión que no atribuía a sus cinco años y medio como parlamentario, sino que a la edad y al desarrollo del conocimiento, el que se duplicaría cada cinco años. En cuanto al dato aportado por la Diputada señora Turres acerca de la mantención en el cargo desde 1990 de sólo 14 Diputados, estimaba que era una cantidad importante, equivalente a más del 10% del total, pero que no reflejaba la verdad porque muchos de quienes no seguían en la Corporación, lo hacían ahora en el Senado. Señaló que en Costa Rica existía un buen sistema consistente en que sus parlamentarios no pueden serlo por más de cuatro años, pudiendo, luego de vueltos a la sociedad civil, ser nuevamente candidatos. Esto permitía efectuar otras actividades. Asimismo, estimaba que en Chile, la combinación existente de un sistema binominal en un esquema de dos bloques que lograban casi el 90% del electorado y la reelección indefinida, constituía una barrera casi infranqueable para el ingreso de caras nuevas a la actividad política. Recordó que el sistema binominal había permitido que se supiera anticipadamente, en ciertos casos, quien sería electo por cuanto algunos candidatos figuraban solos en la lista respectiva. Creía que si no era posible el acuerdo para cambiar el sistema por uno proporcional corregido, por lo menos, debería aprobarse el cambio que proponía este proyecto, el que tenía el mérito de contar con el apoyo de integrantes de ambas coaliciones. A su juicio, la actual situación afectaba la legitimidad de las instituciones y de los grupos dirigentes, situación que iría en aumento y que no creía que pudiera corregirse con un mecanismo de inscripción automática y voto voluntario, ya que se trataría de un fenómeno que alcanzaría a todas las clases políticas, debido a la velocidad del cambio social, la corrupción y la banalidad. Citando a un sociólogo alemán, quien haciendo una comparación con la NASA, señaló que esto iría siempre para arriba, es decir, que haría imposible el retiro voluntario de quienes estuvieran en la actividad, convirtiéndose en verdaderos rehenes porque no les convendría retirarse. De ahí la necesidad de debatir sobre un estatuto parlamentario que contemplara la posibilidad de incentivar al retiro, ya que ello, desde el punto de vista del bien común, sería más conveniente que una eternización en los cargos. Por todo lo anterior, pensaba que cualquier autolimitación sería positiva ya que abriría las puertas a la competencia. Dijo, por último, ser partidario de períodos iguales para Diputados y Senadores, porque ya no existiría la razón del efecto moderador propio de la Cámara Alta que se argumentaba en el pasado. Propondría cinco años para todos y dos reelecciones. Finalmente, el Diputado señor Eluchans, refiriéndose a algunas críticas formuladas en relación con los fundamentos de la moción, precisó que lo que se decía en ellos, no era necesariamente su opinión personal, sino que expresaba más bien la opinión de la ciudadanía, como claramente se desprendía del texto. Procedió, en seguida, a dar lectura a algunos párrafos del citado texto y reiteró que no había acusado a nadie y que no se había incorporado a la actividad política buscando el desprestigio de persona alguna. Por el contrario, pensaba que esta era una actividad noble y que quienes se dedicaban a ella eran generalmente personas muy respetables. Cerrado finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. (7 votos a favor y 2 en contra). ( votaron a favor los Diputados señores Araya, Burgos, Bustos, Ceroni, Cardemil, Eluchans y Saffirio; en contra lo hicieron los Diputados señora Turres y señor Arenas). b) Discusión en particular. Durante la discusión en particular del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos.Artículo único. Esta disposición reemplaza el inciso segundo del artículo 51 de la Constitución Política para establecer que “Las elecciones de diputados y senadores se efectuarán conjuntamente. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez; los diputados, en cambio, podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por dos períodos.”. La Diputada señora Turres consideró que el texto propuesto no parecía lo suficientemente claro, por cuanto no especificaba si el tope de reelecciones se refería al cargo mismo de parlamentario o se establecía en relación al distrito o circunscripción que se representaba, de tal manera que bastaría con levantar la candidatura por un lugar distinto para que el tope quedara sin aplicación, dudas que sustentó también el Diputado señor Bustos, recordando lo que ocurría en la práctica con los fiscales regionales, quienes duraban en el cargo ocho años y no podían ser reelegidos, pero que soslayaban tal impedimento por la vía de postular antes del término de su período, por otra región. El Diputado señor Eluchans precisó que el tope afectaba al cargo, de tal manera que postular por un distrito o circunscripción diferente no habilitaba para postularse nuevamente en forma sucesiva, opinión que reforzó el Diputado señor Ceroni señalando que si bien el parlamentario era elegido por un sector determinado del país, su cargo era de Diputado o Senador de la República.. No era ese el caso de los fiscales regionales cuyo cargo estaba adscrito a un sector determinado del país. Los Diputados señoras Saa y Soto y señor Araya presentaron una indicación para reemplazar en la oración final del artículo único, la expresión “dos “ por “tres”, . y, en subsidio, para el caso de no acogerse la indicación señalada, propusieron sustituir la oración “ Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez.”, por la siguiente: “ Los senadores no podrán ser reelegidos sucesivamente en su cargo.”. El Diputado señor Araya fundamentó la proposición, señalando que tanto ella, como también la subsidiaria, siempre dentro de la idea de limitar las reelecciones, pretendían equiparar la duración en el cargo de Senadores y Diputados, es decir, en ambos casos, no podría permanecerse en dichos cargos por más de 16 años. Ante la observación del Diputado señor Eluchans en cuanto a que la propuesta contempla un máximo de 12 años para los Diputados, pero que había percibido cierta tendencia en el sentido señalado en la indicación, es decir, equiparar la duración máxima en 16 años, para lo cual los Diputados deberían poder ser reelegidos sucesivamente hasta por tres veces, el Diputado señor Burgos hizo presente que la cuestión en debate no decía relación con el establecimiento de simetrías en años de duración, sino que con el número de reelecciones, motivo por el cual se inclinaba por el proyecto original. El Diputado señor Ceroni señaló que para los efectos buscados por este proyecto, tres reelecciones sucesivas significaban mucho tiempo en el cargo, por lo que consideraba que dos, es decir, 12 años de permanencia, parecían suficientes, opinión con la que coincidió el Diputado señor Bustos, quien agregó que le parecía muy difícil que la indicación, especialmente la subsidiaria, fuera acogida en el Senado, lo cual daría lugar al trámite de comisión mixta y la correspondiente dilación en la aprobación de la reforma. Cerrado el debate, se rechazó la indicación, tanto la principal como la subsidiaria, por mayoría de votos. (3 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención). Los mismos Diputados señoras Saa y Soto y señor Araya presentaron una nueva indicación a este artículo, para intercalar después del punto seguido que sigue a la palabra “conjuntamente”, lo siguiente: “Resultarán electos los Diputados y Senadores que obtengan las primeras mayorías individuales del proceso electoral.”. El Diputado señor Eluchans hizo presente la inadmisibilidad de la indicación por no decir relación con las ideas matrices del proyecto, objeción que acogió el Diputado señor Burgos, Presidente de la Comisión, declarándola inadmisible por la razón señalada, no obstante compartir el fondo de la proposición. Los Diputados señoras Saa y Soto y señor Araya presentaron una nueva indicación para agregar el siguiente artículo 2° al proyecto: “Derógase el artículo 109 bis de la ley N° 18.700.”. La indicación fue declarada inadmisible por el Diputado señor Burgos en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, que prohíbe presentar conjuntamente proyectos de reforma constitucional y de ley. Puesto en votación el artículo único, fue aprobado en los mismos términos por mayoría de votos (8 votos a favor y 2 en contra).Artículo nuevo. Ante las observaciones formuladas por la Diputada señora Turres en cuanto a la necesidad de precisar a partir de cuando se haría aplicable esta reforma, toda vez que le parecía poco presentable que la norma rigiera para los nuevos parlamentarios que se incorporaran a futuro en el Congreso, dejando a los actuales como si empezaran, para tales efectos, de cero, el Diputado señor Eluchans precisó que la norma solamente podía producir efectos desde el momento en que entrara en vigencia, por lo tanto, no podría aplicarse hacia atrás y, en consecuencia, los períodos servidos por los actuales parlamentarios no podrían considerarse. A raíz de lo anterior, la Comisión consideró la proposición formulada en la moción de los Diputados señoras Rubilar y Valcarce y señores Aedo y Chahuán para incorporar una norma transitoria en la Constitución que hacía aplicable el límite establecido para las reelecciones a partir de las próximas elecciones, pero considerando que el actual período era el primero. El Diputado señor Eluchans coincidió con la conveniencia de incorporar una norma transitoria, pero no con el efecto retroactivo que le daba la moción citada, opinión que acogió la Diputada señora Soto quien sostuvo que las condiciones para el ejercicio del cargo deberían conocerse anticipadamente. De acuerdo a lo anterior, los Diputados señora Soto y señores Araya, Bustos, Cardemil, Eluchans y Cristián Monckeberg presentaron una indicación para agregar la siguiente disposición transitoria en la Constitución Política: “Vigésima primera.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51, tendrá aplicación sólo a partir de las elecciones parlamentarias del año 2009.”. Se aprobó la indicación por mayoría de votos (8 votos a favor y 2 en contra).-o- Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República: 1.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 51 por el siguiente: “Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez; los diputados, en cambio, podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por dos períodos.”. 2.- Agrégase la siguiente disposición transitoria: “Vigésima primera.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 51, tendrá aplicación sólo a partir de las elecciones parlamentarias del año 2009.”.-o- Sala de la Comisión, a 5 de diciembre de 2007 Acordado en sesiones de fechas 21 de noviembre y 5 de diciembre del año en curso, con la asistencia de los Diputados señor Jorge Burgos Varela (Presidente), señoras Laura Soto González y Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero, Gonzalo Arenas Hödar, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Edmundo Eluchans Urenda, Cristián Monckeberg Bruner, Nicolás Monckeberg Díaz y Eduardo Saffirio Suárez. (Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión”.6. Informe de la Delegación Oficial que, en representación de la Cámara de Diputados, asistió a la XXIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano.“Honorable Cámara: Me permito informar a S.S. las conclusiones y acuerdos efectuados por el Parlamento Latinoamericano en las reuniones de Comisiones y XIII Asamblea Ordinaria, llevadas a cabo en ciudad de Panamá, los días 5, 6 y 7 de diciembre pasado. Tanto en las reuniones de Comisiones como en la asamblea ordinaria, participaron los H. diputados Gabriel Ascencio, Ignacio Urrutia, Francisco Encina y el suscrito. Informes adjuntos: 1. Resoluciones de la XIII asamblea ordinaria. 2. Informe de Plenario de directivas de comisiones. 3. Informe financiero año 2007 y proyección 2008. 4. Proyecto de cronograma tentativo de reuniones de las comisiones años 2008 y, 5. Programa oficial de la XXIII asamblea ordinaria y directivas de comisiones del Parlamento Latinoamericano. Atentamente. (Fdo.): PEDRO ÁLVAREZ-SALAMANCA BÜCHI, diputado vicepresidente Parlatino”.7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mulet, Araya; Díaz, don Eduardo; Espinosa, don Marcos; Olivares, Sule, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra. Autoriza construir monumento en honor a la vida y obra del ex diputado señor Raúl Barrionuevo, en la ciudad de Caldera”. (boletín N° 5550-24) Don Raúl Armando Barrionuevo Barrionuevo nació el 15 de enero de 1913 en Copiapó. Realizó sus estudios secundarios con profesores particulares. En el ámbito profesional, se desempeñó como agricultor, trabajando en el Fundo “Piedra Colgada” -en sociedad con Alejandro Noemí Huerta, y participó de la Junta local Agraria, explotando guaneras en el litoral de Atacama. Le correspondió desarrollar las actividades más variadas, las que desempeñó especialmente en las comunas de Copiapó y Caldera: mariscador, comerciante, agricultor y tripulante. Su vida es un claro ejemplo de superación personal. Su tesón y gran espíritu de trabajo pronto lo convirtieron en un próspero empresario. Fue comerciante, ejerció como dueño de una oficina de frutos del país en Copiapó y representante comercial en otras ciudades. También, participó de negocios de construcción de edificios de renta. Fue un atacameño de corazón, una persona sencilla que, con un estilo franco y cordial, cultivó amistades en todos los sectores. Fue un hombre querido por su pueblo, al cual sirvió con verdadera devoción. Jamás ocultó su origen humilde. Por el contrario, se sentía orgulloso de relatar episodios de su vida. Don Raúl tenía una gran visión del desarrollo de Atacama. Sabía y defendía su vocación minera, pero también reconocía en la costa, con la explotación del turismo, pesca, acuicultura, una alternativa de futuro. Pasó largas temporadas en su vida en el puerto de Caldera, que quería profundamente. El éxito económico no le hizo olvidar su pasado. En una oportunidad señaló: “Dije a mis trabajadores en una ocasión en que compré mi primer fundo, el Piedra Colgada: jamás aceptaré que Uds. vengan a hablar conmigo en forma humillante, por que Uds. son los que trabajan la tierra honradamente. Por lo tanto, son Uds. los que me ayudan a formar riqueza”. En 1936 don Raúl contrajo matrimonio con doña Olga Noemí Huerta, quien se transformó en su inseparable compañera y colaboradora, quien siempre lo apoyó en su actividad política. Ambos se entregaron a la noble tarea de servir a la comunidad y fueron conocidas sus numerosas obras de apoyo a favor de los más desvalidos, en particular, a favor de los niños. En cada Navidad organizaban entrega de juguetes a los niños más necesitados y las puertas de su hogar se abrían para acogerlos y festejarlos. Con ella tuvo dos hijos. Inició sus actividades políticas al ingresar al Partido Liberal, donde ocupó el cargo de presidente de la Asamblea en Copiapó, durante 15 años. En 1958 se integró al Partido Demócrata Cristiano y fue electo Diputado por la 3a agrupación departamental de Copiapó, -Chañaral, Huasco y Freirina-, para el período de 1957 a 1961. Se incorporó a las Comisiones de Minería e industrias, de Relaciones Exteriores, y de Economía y Comercio. En 1965, nuevamente, fue electo para el siguiente período, de 1965 a 1969. Participó de las Comisiones de Minería e Industrias, de Relaciones Exteriores, de Vías y Obras Públicas, de Educación Pública y de Economía, Fomento y Reconstrucción. Además, perteneció a las Comisiones Especiales Investigadoras de la Industria del Acero (1965), del sismo de la Zona Norte (1967 1968) y Especial Elaboradora del Plan de desarrollo de la ciudad de Iquique (1965 1966). En 1969 fue reelecto para el período de 1969 a 1973. Fue parte de la Comisión de Minería e Industrias. En 1973 fue reelecto para el período de 1973 a 1977. No alcanzó a cumplir la totalidad de su labor parlamentaria debido al golpe militar y la consecuente disolución del Congreso Nacional en 1973 (D.L. 27 del 21 09 1973). Fue miembro de las Comisiones de Minería, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Obras Públicas. Durante el mandato del presidente Don Jorge Alessandri Rodríguez logró la instalación de agua potable y luz para el puerto de Caldera y, posteriormente, para el puerto de Chañaral. Además, durante el período de Don Eduardo Frei Montalvo, apoyó la iniciativa del aquel entonces senador de la República don Alejandro Noemí Huerta relativo a la construcción de los hospitales de Copiapó y de Coquimbo. Entre las mociones presentadas que se convirtieron en ley de la República está: la Ley N° 17.400, del 21 de Enero de 1971, sobre establecimiento de normas para la indemnización en despidos de trabajadores de la minería de Hierro; la ley N° 17.361, sobre Franquicias de internación, y la ley N° 17.624, respecto de la explotación de relaves del Río Salado, que benefició a un importante número de trabajadores de Chañaral; así como la que suspendió el cobro del impuesto territorial en la Provincia de Atacama, aquejada por un sequía, y que incluyó, además, los Departamentos de Copiapó, Huasco y Freirina entre los beneficiados. Entre otras actividades, fue miembro de la Sociedad Agrícola del Norte, de la Sociedad Nacional de Agricultura y del Club Social de Copiapó. Además, fue presidente del Club Social de Copiapó y del Club de Leones. En palabras de don Raúl: “Con justicia se ha dicho que Copiapó es la capital de la pequeña minería de Chile, por que en ninguna parte de nuestro país existe un número mayor de estos abnegados productores que se llaman pequeños mineros. Son centenares de faenas que ellos mantienen en actividad, diseminadas a lo largo y ancho de la Provincia (...) Esta provincia tan rica quiere salir del olvido y tener las escuelas, las viviendas, los servicio públicos, las industrias, el comercio y el bienestar a que tiene derecho por su pasado y por su actual contribución a la economía nacional (...) Nuestra principal producción en Chile es la minería. La minería necesita mayores estímulos ya que esta se encuentra trabajando con herramientas y sistemas inadecuados. La mecanización de la pequeña minería es una absoluta necesidad”. Durante el régimen militar mantuvo una activa participación en el restablecimiento de la democracia. Durante esos años siempre apoyó a los perseguidos y sus familias. Restablecido el sistema democrático el ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar lo designó Intendente de la Región de Atacama. Su vocación de servicio público y su amor por su tierra lo hicieron aceptar este desafío aunque su salud estaba quebrantada. Durante su administración se entregaron más de 3.000 viviendas en Atacama, record histórico para la Región. Logró la erradicación definitiva de la población Escorial, de Copiapó, y fue un activo impulsor de la construcción del embalse Santa Juana, en Vallenar, y del Hospital de Chañaral. Durante su administración se invirtieron 2.000 millones de pesos en la construcción de la doble vía Copiapó-Paipote y de la carretera 5 norte. Propició incontables inversiones en el sector educacional, a través de los recursos del gobierno regional. Al preguntarle una vez que quería que se dijese al partir de este mundo, señaló: “No pretendo que digan nada, pues todo lo que he hecho lo he realizado con el afán de servir a mi tierra, lo que me conforma grandemente y eso para mi es una retribución” Don Raúl falleció el 24 de mayo de 1996. Por tanto, vengo en presentar el siguiente:PROYECTO DE LEY: Artículo 1°. Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Caldera, en honor de la “Vida y Obra del ex diputado y ex Intendente de Atacama don Raúl Armando Barrionuevo Barrionuevo”. Artículo 2°. Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se creará para el efecto, en coordinación con el gobernador de la Provincia de Copiapó. Artículo 3°. Créase, en la Región de Atacama, un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en artículo precedente. Artículo 4°. Créase, en la Región de Atacama, una comisión especial, integrada por miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por: Los Diputados del Distrito 6. La Alcaldesa de la comuna de Caldera. Un representante de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Coproa). Un representante de la Cámara de Comercio de Caldera. Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales. Un representante de la región de Atacama perteneciente al Partido Demócrata Cristiano. La Comisión elegirá un presidente de entre sus miembros; funcionará en la Gobernación de la Provincia de Copiapó, en la ciudad de Copiapó, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. Artículo 6°. La comisión tendrá las siguientes funciones: a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción, b) Determinar la ubicación del monumento, en coordinación con la I. Municipalidad de Caldera, el Consejo de Monumentos Nacionales; y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales; c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras; fijar sus bases y resolverlo: d) Administrar el fondo creado por el artículo 3°, y e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo. Artículo 6°. Si una vez construido el monumento quedaran excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados a los fines que la Comisión determine”.8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Jiménez, Alinco, Arenas, Bustos; Díaz, don Marcelo, Enríquez-Ominami, Escobar; Espinosa, don Marcos; Núñez y Jaramillo. Reforma la Constitución Política de la República derogando la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. (boletín N° 5561-07) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1° Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 N° 14 de la Constitución Política de la República, es una facultad del Presidente de la República otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. 2° Que la norma constitucional referida contiene dos ideas: la primera, es que el Presidente de la República puede dejar sin efecto la sanción impuesta a un delincuente por una sentencia judicial y, la segunda, que se trata de una facultad discrecional, pero a la vez reglada, ya que para otorgar los indultos el Presidente debe ceñirse a una ley que regula el ejercicio de la potestad presidencial, que es la 18.050 que fija normas generales sobre indultos particulares. 3° Que, aparte de la facultad presidencial de otorgar indultos particulares, lo que se materializa a través de decretos, existe una facultad del Congreso en orden otorgar indultos generales o amnistías por medio de leyes de quórum calificado (2/3 de los senadores y diputados en ejercicio) 4° Que, al igual que en el indulto presidencial, en que se deja sin efecto la sanción impuesta a un delincuente, el Congreso también puede dejar sin efecto sanciones impuestas por sentencias judiciales, con la diferencia que en el caso de la potestad parlamentaria el indulto es general, es decir, se establece en beneficio de un grupo indeterminado de personas que se encuentran en situación similar, ya sea en razón del tipo de delitos, o bien dentro de un determinado tiempo. 5° Que, para entender el indulto en los ordenamientos jurídicos modernos, debemos remontarnos a la época de las monarquías absolutas, en que el Rey, soberano absoluto, era quien detentaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, con el advenimiento de las ideas ilustradas del siglo XVIII, se produjo la clásica división tripartita de los poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la división no fue absoluta ni tajante, primero por la necesidad del control de cada poder, lo que se logra a través de la necesaria interrelación de los poderes, y segundo, porque dentro del proceso de división de poderes, el monarca se reservó ciertas facultades como es precisamente la facultad de orden jurisdiccional del indulto. Entonces, el indulto particular, es decir, del otorgado por el Presidente de la República, constituye una verdadera reminiscencia del Estado Monárquico. 6° Que no obstante lo anterior, y como una forma de comprender el por qué se ha mantenido el privilegio monárquico en los ordenamientos democráticos modernos, inspirados en la clásica doctrina de la separación de los poderes del Estado, ésta se puede explicar en la necesidad de contar, en los aspectos jurisdiccionales, con dispositivos de morigeración en la aplicación irrestricta de la letra de la ley. Se concibe a la magistratura como un ente que aplica la ley casi de un modo mecánico, lo que podría conducir, en casos de excepción, a absurdos que merecen ser corregidos por un poder distinto de aquél que aplicó la ley. Por ello es que la reminiscencia monárquica no ha sido mayormente puesta en tela de juicio, como no sea para reglar su procedencia. 7° Que, en la actualidad, la labor judicial se concibe, no ya como una forma de aplicar mecánicamente la ley, sino como una labor intelectiva, en que el Juez puede, con márgenes de libertad y mediante interpretaciones, aplicar la ley en uno u otro sentido según se presente el caso concreto. En este contexto, el indulto emanado de una autoridad ajena al poder judicial carece de todo sentido, pues nuestra legislación cuenta con dispositivos que permiten aplicar la ley de un modo que no se produzcan absurdos. 8° Que una de las características de un Estado de Derecho es que exista un Poder Judicial autónomo en cuyas decisiones no puedan inmiscuirse otros poderes, ya sea por la vía de una autorización expresa o bien por la existencia de un orden constitucional que así lo permita. Una democracia se caracteriza porque las instituciones o órganos públicos realizan correctamente sus cometidos. En este sentido es que debemos confiar en las decisiones de la justicia, que dicho sea de paso, en los aspectos penales, ha experimentado una tan crucial reforma que hoy garantiza, con la existencia del juicio oral y público, que las sentencias pronunciadas lo han sido en un marco de respeto al debido proceso. Existe no sólo un Juez de garantía encargado de velar por el respeto de los derechos del imputado y las garantías la debido proceso, sino que una Defensoría Penal que lo defiende frente al Ministerio Público; un Tribunal del Juicio Oral y la posibilidad de que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mantener una potestad por medio de la cual un Presidente, cuyo cometido no es administrar justicia, pase a convertirse en última instancia de resolución de un caso judicial, nos parece francamente una institución anacrónica que debe, por respeto a la democracia, ser derogada. 9° Que en el año 2005, con motivo del indulto presidencial otorgado a violadores a los Derechos Humanos, los Diputados Antonio Leal, Enrique Accorsi y Juan Bustos, entre otros, presentaron un Proyecto de ley que busca modificar la ley general sobre indultos particulares, con la idea de que no puedan otorgarse indultos a personas declaradas culpables de delitos de lesa humanidad. En esta ocasión, nos parece que debemos ir aún más lejos en nuestras pretensiones, porque si bien es cierto hay delitos más graves que otros, la existencia del indulto es siempre una señal que contradice la opinión de los tribunales de justicia. 10. Que la experiencia chilena da cuenta de permanentes reparos al uso de la facultad presidencial de otorgar indultos, al extremo que ha habido aspirantes al sillón presidencial que, dentro de su programa de gobierno, han prometido no utilizar dicha facultad. Por su parte ex presidentes también han debido enfrentarse a la difícil disyuntiva de aplicar o no la mencionada facultad, evaluando no ya los dictados de su conciencia, sino las repercusiones políticas de la opción en uno u otro sentido, lo que nos lleva a pensar que el derogar la facultad será un beneficio directo para el desarrollo de la labor de gobierno, que no se verá afectada por el ejercicio de labores ajenas a su cometido específico. Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguientePROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: Artículo único: se introducen las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República: 1. Eliminase el inciso final del artículo 9. 2. Derogase el N° 14 del artículo 32. 3. En el N° 16 del articulo 63 se elimina la frase “indultos particulares y”. 4. Se deroga la Séptima disposición transitoria. 5. Se agrega el siguiente inciso final al artículo 82 “La Corte Suprema, reunida en pleno, podrá otorgar indultos particulares en los casos y formas que establezca la ley. No podrán en ningún caso indultarse delitos de lesa humanidad”.9. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, Jiménez y Valenzuela. Modifica la ley N° 19.884, en materia de plazos para la rendición de cuentas de campañas en los términos que indica”. (boletín N° 5562-06)I. ANTECEDENTES GENERALES. La ley N° 19.884, sobre transparencia, limite y control de gasto electoral ha constituido un aporte en aras de obtener una mayor transparencia en un proceso fundamental para el sano desarrollo de la democracia las elecciones de cargos de Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes y concejales. Lamentablemente, se ha advertido que el tenor de la ley ha resultado insuficiente para garantizar que estos procesos eleccionarios cumplan efectivamente con el principio de la transparencia. En particular, esta situación se apreció en la últimas elecciones parlamentarias, oportunidad en que las rendiciones de cuentas presentadas por algunos candidatos fueron aprobadas, en su minuto, por el Servicio Electoral y posteriormente, fueron objeto de denuncia por parte de particulares que alegaban irregularidades en la rendición de cuentas presentada por el administrador electoral de dichos candidatos. En este punto, debemos reconocer el legítimo derecho que tiene todo ciudadano de ejercer las acciones que la ley le concede para salvaguardar la probidad y transparencia de los comicios y del actuar de los candidatos que han participado en él. No obstante, la investigación que tuvo lugar enturbió durante una buena cantidad de tiempo la imagen no sólo de los candidatos involucrados la mayoría electos en sus cargos), sino del poder legislativo y de la política e general. Creemos que en ese sentido la ley N° 19.884 es perfectible si se establecen en ella nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.II. LAS MEDIDAS A IMPETRAR EN MATERIA DE GASTO ELECTORAL. Cabe destacar, en primer término, que las facultades y recursos que tiene actualmente el Servicio Electoral para auditar todas las rendiciones de cuentas no son las adecuadas. El Servicio debiera tener a su disposición medios tecnológicos que le permitiera enlazar su información con el Servicio de impuestos internos, con el objeto de verificar “on line” la veracidad de los documentos recibidos por los administradores electorales. Sin embargo, esta es una materia de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, por lo que dejamos planteada esta inquietud. También es necesario modificar el instante de la rendición de cuentas dividiendo esta en dos instancias. La primera de ellas coincide con el cierre de la campara de cada candidato, momento en el que el administrador electoral ha efectuado la mayoría de los gastos importantes de la campana. La segunda instancia corresponde a una rendición complementaria que comprende sólo los gastos efectuados desde el cierre de la campara, la data de la elección y los gastos post proceso eleccionario, los que deben estar singularizados y acreditados fehacientemente. Se podré sostener que el proceso antes mencionado puede resultar engorroso y difícil de aplicar. Nuestra respuesta a tal postura es muy simple: la ley ha previsto un mecanismo bastante completo que prevé la existencia de un administrador general electoral y de administradores electorales con funciones propias y complementarias. Además, existen sistemas computacionales que permiten llevar una contabilidad diaria, planillas, correos electrónicos, que permiten a los administradores electorales conocer casi instantáneamente los movimientos de ingresos y egresos de las candidaturas. Lo anterior permite, a juicio nuestro, presentar una rendición de cuentas que coincida con la fecha en que legalmente deba ponerse término a los actos de propaganda electoral y la rendición complementaria posteriormente, pero sólo con aquellos egresos que se hayan verificado con posterioridad a la primera rendición. La modalidad de rendición de cuentas propuesta persigue una finalidad que es la de evitar la tentación de “hacer cuadrar” las .rendiciones de cuentas con el objeto de obtener el reembolso con fondos fiscales; que se encuentra previsto en el artículo 15 de la ley 19.884 (modificación introducida por la ley N° 26.653), y de evitar las multas previstas en el artículo 5 bis del mismo texto legal (modificación introducida por la ley N° 19.963). Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el articulo 65 de la Constitución Política de la Republica de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918, en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO PRIMERO: a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.884, por el siguiente: “Tres días ates de una elección presidencial, parlamentaria o municipal, los Administradores Generales Electorales deberán presentar al Director del Servicio Electoral, una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político hasta la data de dicha presentación. Además, los Administradores Generales Electorales deberán dentro del plazo de 15 días contados a partir de la data de realización de cualquiera de las elecciones antes señaladas, una segunda cuenta general que comprenda sólo los ingresos recibidos y gastos efectuados entre los tres días antes de la elección respectiva y la fecha de la realización de la misma.” b) Intercálase en el inciso segundo del artículo 41 a continuación de la expresión “deberán presentar” la siguiente frase: “en las oportunidades previstas en el inciso anterior”10. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Valenzuela. Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, estableciendo responsabilidad solidaria entre los candidatos y su administrador electoral en los términos que indica”. (boletín N° 5563-06)I. ANTECEDENTES GENERALES. La ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control de gasto electoral ha constituido un aporte en aras de obtener una mayor transparencia en un proceso fundamental para el sano desarrollo de la democracia las elecciones de cargos de Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes y concejales. Lamentablemente, se ha advertido que, el tenor de la ley, ha resultado insuficiente para garantizar que estos procesos eleccionarios cumplan efectivamente con el principio de la transparencia. En particular, esta situación se apreció en la últimas elecciones parlamentarias, oportunidad en que las rendiciones de cuentas presentadas por algunos candidatos fueron aprobadas, en su minuto, por el Servicio Electoral y, posteriormente, fueron objeto de denuncia por parte de particulares que alegaban irregularidades en la rendición de cuentas presentada por el administrador electoral de dichos candidatos. En este punto, debemos reconocer el legítimo derecho que tiene todo ciudadano de ejercer las acciones que la ley le concede para salvaguardar la probidad y transparencia de los comicios y del actuar de los candidatas que han participado en él. No obstante, la investigación que tuvo lugar enturbió durante una buena cantidad de tiempo la imagen no sólo de los candidatos involucrados (la mayoría electos en sus cargos), sino del poder legislativo y de la política en general. Creemos que, en ese sentido la ley N° 19.884 es perfectible si se establecen en ella nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera exhaustiva el proceso de rendición de cuentasII. LAS MEDIDAS A IMPETRAR EN MATERIA DE GASTO ELECTORAL, Cabe destacar, en primer término, que las facultades y recursos que nene actualmente el Servicio Electoral para auditar todas las rendiciones de cuentas no son las adecuadas. El Servicio debiera tener a su disposición medios tecnológicos que le permitiera enlazar su información con el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de verificar “on line” la veracidad de los documentos recibidos por los administradores electorales. Sin embargo, esta es una materia de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, por lo que dejamos planteada esta inquietud. En este orden de ideas, creemos que es necesario consagrar legalmente el principio de la responsabilidad solidaria entre el administrador electoral y el candidato para el cual desempeña el cargo. No resulta presentable que el candidato desconozca la fuente de los ingresos de la campaña y la naturaleza de los egresos y como fueron justificados. La existencia de esta responsabilidad solidaria potencia la designación de administradores electorales con mejores competencias profesionales para desempeñar tal función. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 135 de la Constitución s Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO PRIMERO: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 38 de la ley N° 19.884: “Los candidatos y su administrador electoral serán solidariamente responsables de las irregularidades, inexactitudes o falsedades que contenga su cuenta generarle ingresos y gastos de campaña electoral.”11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar y Valenzuela. Modifica la ley N° 19.884, estableciendo la imposibilidad de asumir los cargos de elección popular en el caso que indica”. (boletín N° 5564-06)I. ANTECEDENTES GENERALES. La ley N° 13.884, sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, ha constituido un aporte en aras de obtener una mayor transparencia en un proceso fundamental para el sano desarrollo de la democracia las elecciones de cargos de Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes y concejales. Lamentablemente, se ha advertido que el tenor de la ley ha resultado insuficiente para garantizar que estos procesos eleccionarios cumplan efectivamente con el principio de la transparencia. En particular, esta situación se apreció en las últimas elecciones parlamentarias, oportunidad en que las rendiciones de cuentas presentadas por algunos candidatos fueron aprobadas, en su minuto, por el Servicio Electoral y, posteriormente, fueron objeto de denuncia por parte de particulares que alegaban irregularidades en fa rendición de cuentas presentada por el administrador electoral de dichos candidatos. En este punto, debemos reconocer el legítimo derecho que tiene todo ciudadano de ejercer las acciones que la ley le concede para salvaguardar la probidad y transparencia de los comicios y del actuar de los candidatos que han participado en él. No obstante, la investigación que tuvo lugar enturbió durante una buena cantidad de tiempo la imagen no sólo de los candidatos involucrados (la mayoría electos en sus cargos), sino del poder legislativo y de la politice en general. Creemos que, en ese sentido la ley N° 19.884 es perfectible si se establecen en ella nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.II. LAS MEDIDAS A IMPETRAR EN MATERIA DE GASTO ELECTORAL. Cabe destacar, en primer término, que las facultades y recursos que tiene actualmente el Servicio Electoral para auditar todas las rendiciones de cuentas no son las adecuadas. El Servicio debiera tener a su disposición medios tecnológicos que le permitiera enlazar su información con el Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de verificar “on line” la veracidad de los documentos recibidos por los administradores electorales. Sin embargo, esta es una materia de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, por lo que dejamos planteada esta inquietud. En este orden de ideas, creemos que es necesario consagrar legalmente la imposibilidad de que un candidato electo asuma el cargo cuando el Director del Servicio Electoral advierta que en su rendición existen indicios de haberse cometido algún delito en la presentación de las cuentas de ingresos y gastos electorales según lo dispone el artículo 46 de la ley N° 19.884. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918, en concordancia con el Reglamento interno de la H. Cámara de Diputados, vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: “No podrán asumir sus cargos los candidatos electos cuyas rendiciones de cuentas se encuentren en la situación prevista en el inciso primero del presente artículo.”12. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Tohá, doña Carolina, y de los diputados señores Ascencio, Bustos, De Urresti, Escobar, Rossi y Silber. Deroga el artículo 373 del Código Penal. (boletín N° 5565-07) De manera indiscutible las sanciones contra quienes de “cualquier modo ofendieren el pudor o las buenas costumbres”, establecidas en el artículo 373 del Código Penal, han sido histórica y predominantemente aplicadas a hechos vinculados a la vida sexual, e incluso afectiva y amorosa, de la persona o colectivos. Tanto en el Código Penal, como en otras leyes internas, diversos delitos y atropellos contra la integridad física o psíquica de las personas están claramente estipulados, siendo ejemplos las sanciones contra la pornografía, la violación, el estupro, el incesto, el abuso sexual infantil y el aborto, entre otros. En ese sentido, el articulo 373 del Código Penal en su aplicación es una herramienta arbitraria, por cuanto todo delito de carácter sexual, y que afecte a un tercero, ya está considerado en el resto de la legislación y deja a decisión de las policías una amplia interpretación que se presta para atropellos y detenciones que, en la casi totalidad de los casos, no terminan en procesos o condena de los afectados. El arbitrio, la discrecionalidad y ambigüedad de la norma es del todo expresa en la misma disposición cuando considera como ofensas al pudor o a las buenas costumbres los “hechos de grave escándalo o trascendencia no comprendidos expresamente en otros artículos” del Código Penal. ¿Cuáles son esos hechos? y ¿en qué momento y bajo qué parámetros se consideran un escándalo de trascendencia pública? son interrogantes que el artículo por si solo no resuelve, provocando de paso un serio daño a las personas en quienes es aplicado.POLICÍAS Y TRIBUNALES Para que un hecho ofenda el pudor o las buenas costumbres debe primero existir una persona o una comunidad afectada, mientras que la trascendencia pública necesariamente implica que el suceso fue conocido no sólo por las policías, sino que por un amplio margen ciudadano. Lo que ocurre con el artículo 373 es precisamente lo contrario, a un punto que en la mayoría de los casos el hecho considerado unilateralmente como ofensivo al pudor sólo es visto o conocido por un determinado policía y sin afectar a un tercero, situación demostrable con el amplio rango de diferencia que existe entre el número de aprehendidos y el número de denuncias. En efecto, de acuerdo a los informes hasta ahora disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Carabineros, entre 1998 y el 2004 se efectuaron 537 denuncias por ofensas al pudor, pero el número de aprehendidos es más de cinco veces mayor, llegando a las 27 mil 389 personas. Dicha situación no tiene relación con las otras detenciones, donde el número de denuncias es como promedio siempre mayor al de aprehendidos. Así es como entre 1998 y 2004 Carabineros recibió en total nueve millones 643 mil 301 denuncias y aprehendió a cuatro millones 266 mil 593 personas. Las cifras explicitan que en el 98 por ciento de los aprehensiones por ofensas al pudor jamás hubo una denuncia, es decir, nunca hubo uno o más testigos que se sintiera violentados con un determinado hecho, por lo que al no existir escándalo o trascendencia pública, resulta claro que el articulo 373 está siendo aplicado de manera arbitraria por la fuerza policial. El carácter represivo y discrecional al que da paso el artículo 373 ha sido advertido en Chile por diversas instituciones sociales, académicas e incluso gubernamentales. El programa “Bases Generales para superar la Discriminación en Chile”, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sostuvo en 2001, en referencia al 373, que en el “Código Penal chileno es posible encontrar una disposición cuya aplicación resulta altamente discriminatoria y abusiva” contra las personas. Añade que el artículo tipifica un delito “de penalidad e importancia social más bien baja, pero que sirve de justificación para la represión de conductas consideradas anómalas. Dicha represión la ejerce lea policía, particularmente Carabineros en ejercicio de sus funciones de control de orden público”. Generalmente esas conductas consideradas anómalas son aquellas que involucran de una u otra manera a los jóvenes que usan vestimentas alternativas, a las y los trabajadores sexuales y a las minorías sexuales (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y trangéneros), quienes han sido aprehendidas por el sólo hecho de tomarse en la mano o darse un beso en la vía pública. Ello ha sucedido a pesar de que el Alto Mando ha señalado públicamente que la expresión pública del afecto homosexual o transexual no es meritorio de detención alguna, según se desprende de los informes anuales de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En concreto, el Alto Mando de Carabineros ha explicitado que sólo puede haber aprehendidos en caso de actos sexuales públicos, lo cual afecta también a personas heterosexuales, mientras que la expresión de afecto, tanto entre personas de igual como de sexo distinto, merece el mismo respeto y libertad. Sobre la materia, el Plan Gubernamental para superar la discriminación sostiene que “la invocación del art. 373 del Código Penal no tiene justificación en una sociedad cada vez más abierta y tolerante, en la que la institución policial no parece usar elementos de juicio objetivos para ponderar qué hechos en este caso pueden revestir “grave escándalo o trascendencia”, salvo la moralidad personal de los funcionarios actuantes o de sus jefes. Por lo demás, esta clase de “ofensas” no tienen una tipificación clara en la norma, su contenido es vago y permite una gran discrecionalidad a los agentes de control, demostrando la experiencia que ella se convierte habitualmente en arbitrariedad y discriminación”. Una similar opinión ha vertido el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el cual señaló en su Informe de Derechos Humanos 2006 que la disposición “en la práctica se ha traducido en un amplio margen de discrecionalidad para los funcionarios policiales, que suele llevar a conductas discriminatorias contra personas de orientaciones sexuales minoritarias” En tanto, en el Informe de Derechos Humanos 1990-2000 de la Corporación de los Derechos del Pueblo (Codepu) se ha advertido que el 373 deja la puerta abierta para el abuso, puesto que un policía puede creer que un beso entre dos hombres es una ofensa al pudor. La ley, entonces, no es clara en señalar qué debe entenderse como ofensa al pudor, tampoco en señalar a qué se le llama buenas costumbres”. La arbitraria aplicación del artículo 373 ha tenido, además, negativos efectos en la función de los tribunales. Al respecto han sido los mismos jueces quienes han reconocido que los casos derivados a la justicia por esa norma en la práctica constituyen una pérdida de tiempo. Es el caso de María Inés Hernández, quien el 2003, cuando era titular del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, sostuvo que la ley es mal aplicada por Carabineros, lo cual deriva en que la casi totalidad de las ocasiones las personas son liberadas por falta de mérito, de acuerdo a datos de los informes anuales del Movilh. En efecto, y siguiendo las cifras de las policías civiles y uniformadas y del INE, entre 1998 y 2004 un total de 28 mil 342 personas fueron aprehendidas por Carabineros o derivadas a tribunales por Investigaciones, en razón del artículo 373 del Código Penal. Sin embargo, sólo el 0.27 por ciento, es decir 79 personas, fueron condenadas, en especial porque hubo otras normas violentadas de por medio. La cifra es profundamente inferior al promedio nacional: entre 1998 y 2004 el total de aprendidos por Carabineros o derivados a tribunales por la Policía Civil, ascendió a cuatro millones 539 mil 248 personas, cuyo 4.9 por ciento fueron condenadas, correspondiente a 227 mil 7 personas.LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES En países como Argentina, Perú, México y Uruguay se ha optado, o se está optando, por derogar toda norma que sancione las ofensas a la moral, el pudor o las buenas costumbres cuando no esté clara y detalladamente especificado a que se hace referencia, dando paso a articulados más precisos, mientras que naciones más desarrolladas, como Alemania, las referencias al tópico en el Código Penal han sido eliminadas. Ello porque se ha entendido que las concepciones sobre la moral, las buenas costumbres y los valores han pasado por profundas transformaciones en los últimos años, siendo permanentemente mutables, situación hasta ahora no internalizada en la legislación chilena, toda vez que el articulo 373 rige desde el 12 de noviembre 1874, cuando, además, aún la Iglesia no se separaba del Estado. Producto de la globalización y de las transformaciones sociales, económicas y políticas, que derivan en nuevos estadios de modernidad, existe consenso de que las sociedades son construidas y vividas por una rica e infinita variedad de expresiones humanas y culturales, donde no impera la homogeneidad, sino que la heterogeneidad. No en vano se garantiza la igualdad en la Constitución y Chile ha firmado y ratificado diversos tratados, resoluciones o pronunciamientos internacionales que implican un explícito reconocimiento y respeto a las realidades de las minorías étnicas, religiosas, sexuales, ideológicas, las personas con discapacidad psíquica o síquica, los jóvenes, las mujeres y los niños. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el divorcio, el uso del preservativo y de métodos anticonceptivos y el derecho a la libertad de expresión de las diferencias y de las minorías fueron, al momento de crearse el Código Penal y durante más de un siglo después, consideradas como ofensivas al pudor. Ahora, en cambio, a nivel ciudadano existe mayor respeto a las diferencias y desde las políticas públicas se están impulsando propuestas que bien pudieron recibir sanción, años atrás, por el artículo 373. La realidad actual es distinta y es deber de los legisladores ajustarse a ella en beneficio de la igualdad para todas personas que habitan Chile y que los eligieron como sus representantes. Desde 1990 a 2006 “pasamos de una sociedad que tenía consensos de repudio al aborto, homosexualidad, suicidio y prostitución, donde el divorcio y la eutanasia tenían muy bajos grados de justificación, a una sociedad donde el divorcio está plenamente justificado, y la homosexualidad tiene una justificación media. El aborto, suicidio, eutanasia y prostitución dejaron de tener repudio consensuado y han pasado a ser tolerados por un número creciente de chilenos”, señaló el Estudio Mundial de Valores (de World Values Survey Associatlon, aplicado en Chile por la consultora Mori), una de las tantas investigaciones que han demostrado los cambios que ha experimentado nuestro país. A juicio del Estudio Mundial de Valores, “el cambio valórico es enorme si se mira desde la perspectiva que se acabaron los vetos societales completamente en todos estos ámbitos, pasamos de una sociedad llena de tabúes en estos temas a una sociedad en que se toleran unos y se empieza a conversar los otros”. Los resultados del Estudio, que además arrojaron una “disminución sistemática” de la importancia de la religión del 51 por ciento al 40 por ciento entre 1990 y 2006, revelan que Chile es un país que “siente fuertemente haber salido de un lugar contenido donde estaban vetados todos estos temas, hacia un campo abierto (…). El cambio que se nos viene encima, es el de abordar cada uno de ellos y tomar posiciones”. Y el desafío a nivel legal no pasa porque las leyes estén divorciadas del pudor, la moral o las buenas costumbres. De hecho, tales elementos están expresamente resguardos en diversas normas internas, incluido artículos de la Constitución Política, en específico en el 19. El punto es que Moral y Derecho no son lo mismo. Tampoco, como ocurre con el artículo 373, la defensa de la moral o el pudor puede valerse de herramientas ambiguas que, a la par, sirvan para actos que violentan la propia Constitución, el alma legal de toda sociedad, y dejan el poder mayoritario a un único sector, las policías, para definir cuando existen ofensas de tipo valórico o de trascendencia pública en ese plano.EFECTOS DE LA APLICACIÓN No es fácil seguir un registro de los efectos negativos de la aplicación del artículo 373 del Código Penal en las personas, pues se vive en un país donde las denuncias por atropellos pocas se veces se hacen. Como muestra el estudio “Opinión sobre el abuso de poder”, efectuado en 2004 por la Corporación Genera Ideas y Acciones Colectivas, arrojó que el 94 por ciento de los chilenos estima que los derechos son respetados poco (70 por ciento) o nada (24 por ciento) en nuestros país, pero el número de denuncias es infinitamente inferior a ese, según reportes de instancias públicas y privadas. Con todo, unos de los documentos ciudadanos que ha seguido de cerca el las arbitrariedades a que da paso el artículo 373 son los Informes Anuales de Derechos Humanos de las Minorías Sexuales Chilenas elaborados por el Movilh. De acuerdo al V Informe Anual, entre 2002 y 2006 se registraron 13 denuncias de mala aplicación del 373, que derivaron en golpizas, ofensas, torturas y detenciones policiales arbitrarias contra personas homosexuales o transexuales que expresaron su afecto en público (al igual como lo hacer, comúnmente los ciudadanos heterosexuales); así como en allanamientos a espacios de concurrencia de minorías sexuales que cuentan con los permisos correspondientes. La situación ha sido tan dramática que en mayo de 2005 la Cámara de Diputados aprobó por 41 votos a favor y 7 en contra el denominado Proyecto de Acuerdo contra los Delitos por Homofobia o Transfobia. En dicho texto, la Cámara pidió “a los tribunales, Carabineros, Investigaciones y el Gobierno” un compromiso claro para terminar con los injusticias que afectan a las minorías sexuales y se demandó expresamente a las policías tratar con “rigurosidad y máxima diligencia” los casos que involucraran a este sector de la población. En tanto, y tras la lectura de los mencionados Informes Anuales de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó el 26 de marzo pasado su preocupación al Estado chileno por el tipo de hechos denunciados en esos textos. En ese sentido se recomendó al Estado Chileno “garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su orientación sexual, incluyendo la igualdad ante la ley,” Y es que la aplicación del 373 que no sólo ha afectado a las minorías sexuales, se ha traducido en la praxis en una violación contra disposiciones nacionales e internacionales ratificadas por Chile, que son básicas para el respeto integral a los derechos humanos, toda vez que las detenciones han derivado en faltas a normas que resguardan la integridad moral, física y psíquica, la protección de la honra, la dignidad y la vida privada, la igualdad ante ley, la no discriminación y el derecho de asociación. A nivel nacional, la aplicación del 373 es inconstitucional pues violenta: -El artículo 1 de la Constitución, según el cual “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. -El artículo 19 número 1 de la Constitución, que garantiza “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (...) Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo”, -El artículo 19 número 2 de la Constitución, que garantiza a las personas “la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la Ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias” -El artículo 19 número 3 de la Constitución, que garantiza “la protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” -El artículo 19 número 4 de la Constitución, que garantiza “el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia'“. -El articulo 19 número 6 de la Constitución, que garantiza “la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos”. -El artículo 19 número 7 de la Constitución, que garantiza “el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual”. -El artículo 19 número 12 de la Constitución, que garantiza “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio”. -El artículo 19 número 13 de la Constitución, que garantiza “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” -El artículo 19 número 15 de la Constitución, que garantiza “el derecho de asociarse sin permiso previo”. A nivel internacional, todos esos derechos están, además, garantizados en diversos tratados ratificados por Chile como son: a. La “Convención Americana de los Derechos Humanos”, de la OEA (ratificada en 1990) b. La “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”, de la ONU, ratificada en 1971. c. El “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de la ONU, ratificado en 1972. d. El “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, de la ONU, ratificado en 1972 e. La “Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes'', de la ONU, ratificada en 1988 En síntesis, porque el artículo 373 del Código Penal: 1. Se ha prestado para aplicaciones arbitrarias que violentan derechos constitucionales y garantizados en tratados internacionales. 2. Tiene una interpretación ambigua, amplia y discrecional que da paso a diversas arbitrariedades. 3. En la casi totalidad de los casos de su aplicación, no han existido escándalos de trascendencia pública. 4. En la casi totalidad de los casos los únicos testigos del supuesto hecho que ofende el pudor han sido las policías y no ha habido terceros afectados. 5. En la casi totalidad de los casos las personas han quedado liberadas por falta de méritos, provocando pérdidas económicas y de tiempo en el sistema judicial, mientras que cuando ello así no ha ocurrido ha sido porque intervinieron otros hechos calificados de delitos por nuestra legislación. 6. Es una norma innecesaria, toda vez que los delitos vinculados a las ofensas al pudor y relacionados con aspectos sexuales, están claramente establecidos en otras leyes, las cuales son aplicadas con rigor 7. No recoge ni da cuenta de los cambios valóricos y culturales experimentados por la sociedad desde 1874. Se propone al H. Congreso Nacional el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO PRIMERO: Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal: 1. Deróguese el artículo 373.13. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Álvarez-Salamanca, Escobar y Galilea. Obliga a notificar la demanda antes de enviar al deudor al Boletín Comercial. (boletín N° 5566-07) “Considerando: 1. Que las empresas concesionarias de autopistas, sin verificar siquiera si el deudor ha sido notificado de su deuda, amenazan con enviar sus antecedentes al boletín comercial; 2. Que para muchas personas ello constituye una amenaza inaceptable, toda vez que no tenían antecedentes, hasta ese instante, de su deuda 3. Que no puede un acreedor, por comodidad, enviar antecedentes del deudor al boletín comercial sin haber iniciado previamente una demanda, asegurándose de que ésta ha sido notificada al deudor, vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO ÚNICO: Ningún acreedor podrá enviar los antecedentes de un deudor al boletín comercial sin haber iniciado, previamente, una demanda. Los antecedentes del deudor podrán enviarse al boletín comercial sólo después que la demanda haya sido notificada personalmente o de acuerdo al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.14. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz y Escobar. Faculta sólo a la madre para girar en libreta de ahorro de niños pobres de Montegrande, abierta para recibir derechos de autor de Gabriela Mistral. (boletín N° 5567-18) “Considerando: 1. Que ha llegado a Chile una gran cantidad de material inédito de Gabriela Mistral que permaneció en Estados Unidos por más de cincuenta años; 2. Que ese material será publicado, generándose importantes ingresos por concepto de derechos de autor; 3. Que, conforme al testamento de la poetisa, “todos los dineros que se me deban o que provengan de la venta de mis obras literarias en América del Sur, se los lego a los niños pobres del pueblo de Montegrande, Valle de Elqui, Chile”, 4. Que si se abren libretas de ahorro a esos niños para recibir los dineros provenientes de los derechos de autor de la obra inédita de la Mistral, a fin de que puedan continuar estudios superiores, sus padres, que tienen la patria potestad, podrían girar sobre dichas libretas, impidiendo que sus hijos utilicen esos dineros para seguir estudios terminada la enseñanza media; 5. Que la madre siempre protege al hijo, como por lo demás también lo presumió el decreto N° 62, de Vivienda, que contempla que las viviendas adquiridas con subsidio del Estado y que se inscriban a nombre de la madre, se presume de derecho que fueron adquiridas conforme al artículo 150 del Código Civil, esto es, con su patrimonio reservado y no ingresan a la sociedad conyugal; 6. Que, de no hacerse la excepción mediante un ley especial, el padre puede girar sobre cualquier libreta de ahorro de un menor de edad, sin el consentimiento de la madre, en virtud de la patria potestad que la ley le da sobre sus hijos, vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: ARTÍCULO ÚNICO: Las libretas de ahorro que se abran para los niños pobres de Montegrande, así calificados por la Orden de San Francisco mediante un certificado que lo acredite, o por el Departamento Social de la Municipalidad de Paihuano, estarán destinadas a recibir los dineros provenientes de los derechos de autor que provengan de la venta de las obras literarias de Gabriela Mistral en América del Sur. Los referidos dineros estarán destinados a permitir a esos niños que puedan adquirir una profesión u oficio.Mientras los menores no alcancen la mayoría de edad, sólo la madre podrá girar sobre dichas libretas, no obstante que el padre tenga la patria potestad. En ausencia de la madre, lo harán los Tribunales de Familia.15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Pacheco, doña Clemira y Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica la ley N° 18.216, agregando a su aplicación el artículo 390 del Código Penal”. (boletín N° 5568-07) “Entre enero de 2001 y junio de 2007, más de 300 chilenas fueron asesinadas, la mayoría por cercanos, familiares y amigos. Según un estudio de la Dirección de Protección Policial de la Familia, dependiente de Carabineros (policía uniformada), sólo en 2006 se cometieron 51 femicidios, entendidos como asesinatos de mujeres por razones de género. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, las denuncias por violencia doméstica han aumentado desde 2001. Mientras ese año se contabilizaron 60.769, en 2006 se recibieron 95.829. Entre enero y marzo de este año (2007) se registraron 26.378. En 2006 fueron 14.688 delitos sexuales en Chile, lo que equivale a 40 diarias o una cada 36 minutos. La mayoría de esos delitos fueron cometidos por hombres contra mujeres y niñas. La cifra es más o menos regular y el modus operandi también: son maridos, ex maridos, o parejas los que ultiman a mujeres por distintos motivos (separaciones, sospechas de infidelidad, celos, problemas mentales o psiquiátricos, etc.) Un gran porcentaje de mujeres denuncian a las policías o a la justicia el peligro inminente a sur vida, pero la institucionalidad actúa sobre aviso y de manera deficiente. Un caso paradigmático es el de Carlos Muñoz. En octubre de 2006 Carlos Muñoz había sido condenado a pena remitida por fracturarle la mandíbula a su anterior conviviente. Con órdenes de aprehensión y con condenas anteriores, seguía en libertad. Hace un par de semanas, en una discusión, roció con combustible a su mujer embarazada la quemó, escapando del lugar de los hechos. Este fin de semana un nuevo caso a conmovido a la opinión nacional: nueve años de violencia intrafamiliar padeció la mujer que murió estrangulada por su conviviente en Peñaflor. “Juanita Karina Fernández (30 años), uruguaya que se encontraba irregularmente en nuestro país, era chantajeada por su pareja, Oscar Ureta Martínez (34), en el sentido que la iba a denunciar para que la deportaran sin sus cuatro hijos. A esto se sumaban los maltratos y golpizas constantes, que en las últimas horas terminaron en forma fatal cuando el sujeto le quitó la vida al estrangularla con un cordón de teléfono en su hogar de avenida Troncal, de la citada comuna. El sujeto estaba furioso porque ella lo había denunciado de abusar sexualmente de su hija menor de 11 años de otra pareja anterior. La mató brutalmente y el Ministerio Público investiga si también trató de asesinar a los hijos. Muchos de los hombres que violentan física y emocionalmente a sus parejas han tenido antecedentes de esta conducta a través de las denuncias que realizan las mismas afectadas o sus familiares v cercanos. Sobre lo sucedido, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) repudió lo ocurrido y realizó un llamado a que las próximas fiestas no se conviertan en excusa para que mueran más mujeres a manos de sus parejas. En tanto, en el hospital Van Buren, en Valparaíso, falleció María Quiroz, de 53 años, quien agonizó por una semana después de una golpiza brutal que le propinó su marido. Con estas dos nuevas víctimas aumenta a 42 el número de mujeres fallecidas este año producto de la violencia sufrida exclusivamente por el hecho de ser mujeres, de acuerdo con las cifras chequeadas con Carabineros y con el Ministerio Público. La mayor parte de ellas ha sido asesinada por sus parejas o ex parejas. Por lo tanto, venimos en presentar el siguientePROYECTO DE LEY: Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, al artículo 1° de la ley 18.216, ley que establece medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala: “Tampoco procederán tratándose del delito previsto en el artículo 390 del Código Penal”16. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Araya; Díaz, don Eduardo; Mulet, Ojeda, Olivares, Sabag; Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Pascal, doña Denise y Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica la ley de violencia intrafamiliar estableciendo la inhabilidad para desempeñar cargos públicos de quienes resultaren condenados como autores de violencia intrafamiliar”. (boletín N° 5569-18) “Entre enero de 2001 y junio de 2007, más de 300 chilenas fueron asesinadas, la mayoría por cercanos, familiares y amigos. Según un estudio de la Dirección de Protección Policial de la Familia, dependiente de Carabineros (policía uniformada), sólo en 2006 se cometieron 51 femicidios, entendidos como asesinatos de mujeres por razones de género. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, las denuncias por violencia doméstica han aumentado desde 2001. Mientras ese año se contabilizaron 60.769, en 2006 se recibieron 95.829. Entre enero y marzo de este año (2007) se registraron 26.378. En 2006 fueron 14.688 delitos sexuales en Chile, lo que equivale a 40 diarias o una cada 36 minutos. La mayoría de esos delitos fueron cometidos por hombres contra mujeres y niñas. De acuerdo al Sernam, Ministerio de la Mujer, 53 mujeres han sido asesinadas en los últimos meses en Chile. La cifra es más o menos regular y el modus operandi también: son maridos, ex maridos, o parejas los que ultiman a mujeres por distintos motivos (separaciones, sospechas de infidelidad, celos, problemas mentales o psiquiátricos, etc.) Un gran porcentaje de mujeres denuncian a las policías o a la justicia el peligro inminente a su vida, pero la institucionalidad actúa sobre aviso y de manera deficiente. Los Fiscales del Ministerio Público son funcionarios encargados de la persecución penal. El sistema rige en Chile desde 2001 (antes había juicios inquisitivos, en los que el juez del crimen era a la vez fiscal, pues investigaba, acusaba, y luego absolvía o condenaba) Creemos que ante este panorama, todo esfuerzo para que deje dé existir la violencia contra la mujer es bienvenido. El Miércoles 12 de Octubre de 2005, el periódico electrónico Emol reporteó una “verdadera polémica” pues un candidato a diputado por el distrito 33 de la VI región fue detenido en el mes de febrero del mismo año por efectivos de Carabineros de la 47 comisaría Los Dominicos, tras la denuncia presentada por su pareja, por el presunto delito de violencia intrafamiliar. Este asunto motivó a una amplia reflexión, que es la que expresamos en lo que sigue: ¿Puede una persona condenada por violencia intrafamiliar ser funciona público? Creemos que no. La función pública impone deberes de alta responsabilidad moral. Es como si un condenado por narcotráfico fuera admitido como funcionario público. Debería haber una inhabilidad general para que no sea admitido como funcionario público quien haya sido condenado por estos delitos. Esta causal de inhabilidad debe ser sobreviniente. La ley orgánica de Bases generales de la Administración del Estado establece en su artículo 54. “Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado (... )” Si queremos que los condenados por violencia intrafamiliar no sean funcionarios públicos, debe reformarse una “ley especial” como es la Ley de Violencia Intrafamiliar. Por tanto, venimos en proponer el SS.PROYECTO DE LEY Artículo único: Agrégase el ss. Inciso 3° del artículo 12 de la Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066: “Será causal de inhabilidad sobreviniente para desempeñar el cargo de funcionario público el haber sido condenado, por sentencia ejecutoriada, como autor de violencia intrafamiliar”.