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- rdf:value = " El señor WALKER (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, creo que estamos ante un proyecto de ley, originado en moción, de extraordinaria importancia porque resguarda los derechos laborales de los trabajadores, especialmente de aquellos que, indirectamente, prestan servicios al Estado.
Creo que el Estado debería ser el empleador que mejor cumpliera y garantizara el respeto de los derechos laborales. Este proyecto de ley avanza en esa dirección y, por eso, les digo a los parlamentarios que participaron en la presentación de la moción y a los que colaboraron para mejorarla y perfeccionarla que, en efecto, se establecen obstáculos a los empresarios inescrupulosos que vulneran las normas laborales y que tienen todo un historial de incumplimientos, con el objeto de que no puedan participar en las licitaciones públicas y prestar servicios al Estado.
Creo que el Senado ha hecho correcciones muy oportunas y justas, porque hay muchos pequeños empresarios, es decir, pymes, que prestan servicios al Estado a través del sistema Chile Compra, después de adjudicarse una licitación y de haber cumplido con todas y cada una de las disposiciones del contrato. Pero quien no cumple los contratos es el Estado, es decir, algún organismo, ministerio o repartición pública que no le paga oportunamente al contratista.
¿Qué ocurre? Que el contratista, que ha girado documentos a sus proveedores, no puede cubrirlos; entonces, se los protestan y van a Dicom. Y ocurre que los organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, tienen la obligación de poner término al contrato suscrito con un contratista que ha ido a parar a Dicom, pero sin considerar que ello se debe a que el propio Ministerio de Obras Públicas no cumplió con pagar oportunamente sus obligaciones.
El proyecto sanciona a quienes no cumplan con los trabajadores; pero muchos no pueden hacerlo porque, a su vez, los organismos públicos no les pagan oportunamente. La corrección que hace el Senado es justa, al establecer que se permitirá que postulen, siempre que se pongan al día en el pago de las deudas previsionales y laborales durante el primer período de la ejecución de la obra adjudicada. Ahora, si no se adjudican una nueva licitación, lo más probable es que esas pymes desaparezcan. Y esto es muy cierto: a los trabajadores se les adeudan 319 mil millones de pesos, por concepto de deudas previsionales, porque las empresas en las cuales laboraban desaparecieron. Yo prefiero que esas empresas sigan prestando servicios, que continúen con su razón social y que tengan la posibilidad de ponerse al día en el pago de los derechos laborales que no habían podido enterar, de manera que los trabajadores puedan recuperar los recursos correspondientes a sus cotizaciones previsionales y sigan cumpliendo con sus faenas.
Considero que el Senado introdujo modificaciones muy acertadas, lo que celebro porque también ayudan mucho a las pymes, que han caído en incumplimiento, lo que, muchas veces -como digo-, no se debe a una voluntad expresa de los empresarios, sino al impedimento que les pone el Estado cuando no cumplen en forma oportuna sus obligaciones.
El proyecto tiene otro aspecto digno de aplaudir: el reconocimiento del Estado de numerosas actividades que se le están prestando permanentemente. Los trabajadores que laboran en esas actividades no tienen contratos permanentes de trabajo. Ocurre, por ejemplo, con las manipuladoras de alimentos que prestan servicios a los proveedores de alimentos del Ministerio de Educación o de la Junaeb.
Todos los años, las mismas empresas, a los mismos trabajadores, les renuevan sus contratos de marzo a diciembre de cada año, pero los dejan sin trabajo en enero y febrero, quedando sin remuneraciones ni cobertura previsional ni de salud.
No puede ser posible que el propio Estado cree condiciones para que, a través de la precarización de las condiciones laborales, determinadas empresas le sigan prestando servicios, percibiendo utilidades los 12 meses del año, mientras sus trabajadores están privados de remuneración durante dos meses, tomando en cuenta que los mismos trabajadores son los que les siguen prestando servicios.
Me alegra esta modificación y felicito al Ministerio del Trabajo por impulsar esta justa medida. Quizás más adelante se pueda imitar en otros servicios.
Lamento que las manipuladoras de alimentos no tengan la certeza de que durante enero y febrero del próximo año gozarán de este beneficio, porque los contratos de licitación ya se firmaron y no se pueden modificar con efecto retroactivo. Sin embargo, comprometo mis esfuerzos para trabajar con otros parlamentarios ante el Ministerio de Hacienda, buscando alguna fórmula que permita anticipar o modificar esos contratos en beneficio de los trabajadores, para que tengan contratos permanentes durante los 12 meses del año.
Por último, aplaudo también la tercera idea que consagra el proyecto, en el sentido de establecer que las garantías dejadas por las empresas hasta 60 días después de terminada la obra, asegurarán el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
La bancada del Partido por la Democracia apoyará este gran proyecto en beneficio de los trabajadores.
He dicho.
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