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- rdf:value = " El señor LATORRE.-
Señor Presidente, creo oportuno entregar algunas opiniones que tienden a acoger el planteamiento del presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Rancagua -región de la cual soy diputado -, monseñor Alejandro Goic , referida al carácter ético del ingreso mínimo, y que nosotros podamos ahondar en aquellas fórmulas o mecanismos que permitan que la subsistencia familiar mejore sustancialmente; que a través de ellos podamos superar las profundas desigualdades que existen en el ingreso de las distintas familias del país.
El primer alcance que quiero hacer es muy general y dice relación con el sentido de esa intervención pública del presidente de la Conferencia Episcopal . Obviamente, es un llamado de atención no solamente a quienes somos -o nos decimos- católicos, sino también a laicos, a personas que tienen otras convicciones religiosas y, por qué no decirlo, como consecuencia de algunas intervenciones públicas que ha habido en el último tiempo; a economistas y a otros que no lo son.
Es importante destacar que el planteamiento de monseñor Goic es un llamado de atención a toda la sociedad chilena sin excepción, y lo hace con la legitimidad que, indudablemente, posee la Conferencia Episcopal, particularmente la Iglesia Católica, en la medida en que no sólo tiene su expresión o vigencia en la doctrina social de la Iglesia, en el pensamiento de aquellas encíclicas que han abordado estas materias, en los últimos acuerdos adoptados por conferencias episcopales en América Latina, sino, además, a partir de muchos que, desde su postura, como católicos, han estado permanentemente dando un testimonio de vida de lo que significa efectivamente velar por una mayor justicia social e igualdad.
Desde ese punto de vista, entonces, nos parece, en primer lugar, que es indispensable clarificar como extraordinariamente oportuno, legítimo y, además, muy necesario el planteamiento de la Conferencia Episcopal, repito, como un llamado de atención a todos los chilenos, sin excepción, creyentes o no creyentes que, indudablemente, deberíamos asumir exactamente en el nivel en que se encuentra, en el terreno moral, ético.
En ese sentido, quiero hacer míos varios de los juicios que han estado presentes en los comentarios de economistas y estudiosos del tema. Particularmente, haré referencia a algunas publicaciones y a un artículo que dio a conocer, hace algún tiempo, el señor Alexis Guardia , quien, en mi opinión, aborda este tema en forma extraordinariamente clara y directa.
Señala algo que para nosotros no debe ser tema de discusión: la propuesta de un salario ético de 250 mil pesos constituye una aspiración y, en ningún caso, tiene el propósito de afectar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas o de poner en dificultades a las grandes empresas, sobre todo porque muchas de ellas, seguramente, pagan más que eso.
El valor de la declaración de la Iglesia Católica, a través del planteamiento de monseñor Goic , es, precisamente, poner en la agenda nacional el tema recurrente de la desigualdad y los bajos salarios, el cual debemos asumir todos los políticos, sin excepción.
Por ello -y ésta es la segunda afirmación que quiero hacer-, resulta realmente incomprensible la reacción destemplada que el planteamiento de monseñor Goic provocó en la denominada “Derecha dura” que hoy está representada por quienes promueven la idea del desalojo a cómo dé lugar.
Tampoco puede sernos indiferente, como políticos, el rechazo, prácticamente concertado, de las seis ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a parte importante del empresariado de las grandes empresas. Es precisamente en el mundo del trabajo asalariado donde se ubica una parte no menor del tema que nos preocupa.
Es cierto que la evaluación de las remuneraciones reales tiene que ver con la productividad que se va generando en las distintas actividades; pero también dice relación con la institucionalidad laboral que recoge derechos sociales, pues el mercado laboral no es igual al mercado de las papas o de cualquier otro producto que se quiera transar. Los derechos laborales no tienen nada que ver con la eficiencia o la competitividad; si no fuera así, el trabajo infantil sería lo más competitivo y eficiente.
Asumo estas afirmaciones de Alexis Guardia en uno de sus artículos, porque me interpretan ciento por ciento, y creo que también a la bancada de diputados democratacristianos que, en la mayor parte de sus proposiciones políticas, en los últimos años, ha hecho presente, en forma reiterada, la necesidad de buscar mecanismos que permitan una mayor justicia social y, especialmente, un mejor ingreso nacional.
Cuando hacemos referencia al empleo en el país, inevitablemente tenemos que tener presente en qué medida se dan las condiciones para acceder a mejores salarios en el sector que tiene trabajo.
Debo hacer notar que en el país, de acuerdo con los antecedentes que obran en nuestro poder, sólo el 5,4 por ciento de los asalariados del sector privado negocian colectivamente y que una de cada cinco empresas ha efectuado procesos de negociación colectiva con tendencia a la baja en los salarios, lo que, obviamente, no deja de ser interesante de analizar.
En Chile, la tasa de cobertura de negociación colectiva respecto de la población asalariada, dado que los convenios se fijan por poco más de dos años, sería del orden de 8,6 por ciento. Sin embargo, la tasa de cobertura de las negociaciones colectivas en los países que se agrupan en la Ocde, fue en 2000, en promedio, de 60 por ciento. Francia, 90 por ciento; Holanda , 80 por ciento; países escandinavos, entre 80 y 90 por ciento; Reino Unido, 30 por ciento, y Estados Unidos, sólo 15 por ciento.
La baja cobertura de la negociación colectiva en el país es un dato duro y le da una mala imagen en el exterior. Obviamente, es uno de los aspectos que debemos tener presente durante esta discusión.
Termino mis palabras señalando que tenemos que prolongar nuestro análisis del tema y asociarlo a la idea de ser gestores de un gran pacto social; que efectivamente generemos condiciones para que exista un diálogo social en el cual no solamente los sectores políticos nos comprometamos en ese esfuerzo, a través de comisiones y de decisiones en el Congreso, sino, además, invitando a participar a dirigentes sociales, gremiales, empresariales y, de esa forma, intentar acoger el planteamiento de la Conferencia Episcopal.
He dicho.
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