REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 355ªSesión 86ª, en martes 9 de octubre de 2007(Especial, de 18.37 a 20.20 horas) Presidencia del señor Walker Prieto, don Patricio. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Vallejos de la Barra, don Federico.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 4 II. Apertura de la sesión 7 III. Actas 7 IV. Cuenta 7 V. Objeto de la sesión. - Examen de los antecedentes recopilados en investigación por muerte de ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva. Proyecto de acuerdo 7 VI. Documentos de la Cuenta. 1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “modifica las leyes N°s 19.378 y 20.157, y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud. (boletín N° 5393-11) 30 2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “modifica las leyes N°s 19.378 y 20.157, y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud. (boletín N° 5393-11) 37 3. Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en los proyectos que “modifican la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en lo relativo a sancionar a quien no preste un servicio previamente contratado; regular los errores de facturación, y establecer una multa y otros derechos a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas. (boletines N°s 3817-03: 4597-03 y 3988-03) 38 4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Álvarez, Arenas, Hernández, Moreira, Norambuena, Paya, Recondo, Urrutia y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que “modifica el Código Penal estableciendo el derecho del profesional de la educación a la inviolabilidad personal en lo físico y moral”. (boletín N° 5391-07) 43 VII. Otros documentos de la Cuenta. 1. Licencia médica. - Licencia médica acompañada por el Diputado señor Verdugo mediante la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 9 de octubre en curso. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (104)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aedo Ormeño, René RN III 5 Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos, René PPD XI 59 Allende Bussi, Isabel PS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15 Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Briere, Guido PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13 González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23 Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Moreira Barros, Iván UDI RM 27Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16 Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistieron, además, los ministros de Defensa, señor José Goñi Carrasco, y de Justicia, señor Carlos Maldonado Curti. -Concurrió, también, el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. -Diputadas y diputados en misión oficial: señora Marta Isasi Barbieri y señorita María Antonieta Saa; y señores Tucapel Jímenez Fuentes, Carlos Jarpa Wevar, Felipe Salaberry Soto, Roberto León Ramírez y Eugenio Tuma Zedán. -Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Maximiano Errázuriz Eguiguren.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 18.37 horas. El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 81ª se declara aprobada. El acta de la sesión 82ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor VALLEJOS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta. V. OBJETO DE LA SESIÓNEXAMEN DE LOS ANTECEDENTES RECOPILADOS EN INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON EDUARDO FREI MONTALVA. Proyecto de acuerdo. El señor WALKER (Presidente).- La celebración de esta sesión especial se origina en una presentación suscrita por 43 señoras diputadas y señores diputados, “con el objeto de discutir las implicancias que surgen a partir de los graves antecedentes recopilados en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva; analizar las recientes denuncias sobre financiamiento por medio de gas-tos reservados a fin de perpetrar actos de encubrimiento y facilitación para eludir la acción de la justicia de los implicados en procesos en materia de derechos humanos, y determinar la manera de fortalecer las medidas preventivas y legislativas en esta materia, con especial referencia al estado de cumplimiento del fallo del Caso Almonacid dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Han sido citados los ministros del Interior, señor Belisario Velasco; de Defensa Nacional, señor José Goñi, y de Justicia, señor Carlos Maldonado. Antes de iniciar el debate, me ha solicitado el uso de la palabra el ministro de Defensa, don José Goñi. Tiene la palabra su señoría. El señor GOÑI (ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, solicito a este plenario que me excuse de participar en el debate de la problemática mencionada, debido a que también he sido citado por la Comisión de Defensa de esta Corporación, en la cual debo presentar un proyecto de ley sobre modernización del Ministerio de Defensa. Dada la doble citación que he recibido, consulto a la Sala si puedo ausentarme para presentar el proyecto mencionado en dicha Comisión. Gracias, señor Presidente. El señor WALKER (Presidente).- Muy bien, señor ministro. Está disculpado. Quiero agradecer la presencia del ex Presidente de la República y actual Presidente del Senado, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El señor LEAL.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor LEAL.- Señor Presidente, me parece muy importante lo que ha señalado el ministro. Ahora, como el debate que llevaremos a cabo también es muy relevante, le pido al ministro que privilegie esta última opción, porque también está presente el Presidente del Senado, hijo del Presidente Eduardo Frei Montalva, que va a seguir las distintas intervenciones. Existe enorme interés por este debate porque somos muchos los que creemos que el Ejército no ha hecho todo lo que debería en esta materia. Por eso, me gustaría que el ministro de Defensa presenciara nuestro debate. Gracias, señor Presidente. El señor WALKER (Presidente).- Sin perjuicio de que pueda compartir su punto de vista, la decisión es del ministro. En el tiempo previo de 15 minutos, establecido en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Partido Socialista, ofrezco la palabra al diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, las investigaciones judiciales han demostrado de manera irrefutable que la dictadura militar elaboró un gran plan criminal destinado a secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a la oposición política al régimen militar. Este plan se inició el primer momento del golpe y se fue perfeccionando durante todo el período de la dictadura. Para ello, sus agentes contaban con amplias facultades para privar de libertad a personas sospechosas de tener un pensamiento político diferente, sobre la base de la anuencia de los tribunales para rechazar los recursos de amparo, de la existencia de lugares secretos de detención a lo largo de todo el país, especialmente, en Santiago, del ocultamiento de los cadáveres de los secuestrados y, por último, de su exhumación. Posteriormente eran lanzados al mar, dejando sólo por accidente pequeños restos de lo que fue un cadáver. Fue la llamada “Operación Televisores”. En la actualidad, gracias a la acción de los tribunales y del cuerpo especializado del Servicio de Investigaciones, hay 248 procesos en sumario, 45 en estado de plenario y 57 con sentencias de primera o segunda instancia, con sobreseimientos en apelación o con casaciones. Hay 602 agentes de la dictadura procesados o condenados, de los cuales 83 han sido procesados en varias causas o registran condenas y procesamientos a la vez. Examinemos algunos de los casos, con el objeto de tener claros los procedimientos utilizados. -Proceso rol 76.667, a cargo del ministro Juan Fuentes, por la desaparición, en septiembre de 1974, de Víctor Olea Alegría desde el recinto secreto Venda Sexy, uno de los más terroríficos, funcionó en la calle Irán, en la comuna de Ñuñoa. El agente Emilio Troncoso Vivalos hace la siguiente declaración: “Pasado el mes de mayo de 1976, se efectuaron, al menos, dos operaciones similares a las que detallaré. Alrededor de las 10 u 11 de la mañana se embarcó en una camioneta C-10 con toldo a seis detenidos del Partido Comunista que se encontraban en Villa Grimaldi y que iban con la vista vendada. Entre estos detenidos iba una mujer. Nos dirigimos en la caravana hacia Peldehue. Nos detuvimos en una línea férrea que iba hacia el norte y se hizo descender uno a uno a los detenidos. Se procedió a inyectarlos. Caían al suelo sin sentido. Se les desvistió, se quemaron sus ropas. Luego se les metió a cada uno en un saco papelero y se les ató, al parecer, a trozos de rieles. Quienes dirigían la operación estaban coordinados por radio, ya que al finalizarla aterrizó un helicóptero. Cargamos los cuerpos. Se internó mar adentro hacia el norponiente y, al cabo de unos minutos, el piloto y su acompañante me hicieron la señal con el pulgar hacia abajo para que lanzara los cuerpos por la escotilla.” -Declaración del agente Heráclito Benito Núñez Yánez, en el proceso 201.977-J. Al llegar al pique, en el borde había restos de cal. Miré hacia abajo. Sentí olor a putrefacción. Tuvieron que bajar con las cuerdas dos personas, los más delgados y livianos, y ellos metían los cadáveres a los sacos, amarraban los bultos y revisaban cuando estaban en condiciones de ser elevados. Los cuerpos estaban esqueletizados y otros en proceso de descomposición. Sacamos entre cincuenta y ochenta sacos llenos con cadáveres humanos. Partimos a una parcela de Malloco. Al día siguiente, partimos al aeródromo de la cuesta.” El llamado Caso Conferencia, 2.182-98, sustanciado por el ministro Montiglio, se refiere a la desaparición de los dirigentes del Partido Comunista, en mayo de 1976, entre los cuales se encuentra Víctor Manuel Díaz López, subsecretario de esa colectividad. Esta investigación permitió determinar dos recintos secretos que no se conocían hasta el momento: uno ubicado en Avenida Simón Bolívar 8630, comuna de La Reina, y otro, llamado Casa de Piedra, en San José de Maipo. A Víctor Díaz procedieron a darle muerte utilizando para ello una bolsa plástica con la que le cubrieron su cabeza, amarrando su extremo inferior en torno a su cuello, impidiéndole la respiración. Posteriormente, su cadáver fue introducido en dos bolsas, agregándose un trozo de riel. Fue llevado hasta el sector de Peldehue e introducido el cadáver a un helicóptero. Otra víctima, un profesor universitario de 60 años, fue asesinado con golpes en la cabeza y cianuro. Otra mujer, una joven embarazada, habiendo sido desnudada por sus torturadores, sufrió golpes y aplicación de corriente hasta su muerte, mientras gritaba pidiendo que la mataran. Los agentes reconocen que las víctimas fueron brutalmente torturadas con electricidad, golpes, colocándoles neumáticos en el cuello. Una vez moribundas, se les remató colocándoles inyecciones de cianuro, y con un soplete se les quemó las huellas dactilares, la cara y cualquier cicatriz que las identificara. Los cadáveres fueron arrojados al mar. -Otra investigación, sumamente importante para entender la profundidad del horror, es la del proceso 7.891-E, a cargo del ministro Madrid, sobre el homicidio del agente de la Dina, Manuel Leyton Robles, estrechamente ligada a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, pues permitió conocer la poderosa estructura de la Dina y de la CNI, con clínicas clandestinas, con un amplio equipo de personal médico y paramédico, como fueron las clínicas Santa Lucía, London y otra que funcionó en calle Isidora Goyenechea, en Las Condes. En estas clínicas trabajaron numerosos médicos, siendo al parecer el jefe del sistema el doctor Zanguellini. Otros fueron el doctor Leyton, Pedro Samuel Valdivia Soto y Sergio Vélez. Estos últimos, en 1982 se desempeñaban en la Clínica Santa María. Valdivia reconoce haber visitado al ex presidente Eduardo Frei Montalva en compañía de doña María Victoria Larraechea, en razón de que el paciente tenía fiebre alta. Posteriormente ubicaron al doctor Patricio Silva Garín, médico del ex presidente y del hospital militar, quien quedó a cargo del tratamiento. Patricio Silva Garín estuvo también a cargo del cuidado de José Tohá en el hospital militar, donde éste fue asesinado. Su única respuesta al respecto fue que “Tohá se lo había buscado”. El doctor Zanguellini también visitó a menudo la clínica Santa María en 1982, pues trabajaba con el doctor Amesti. Por otra parte, en las clínicas secretas tuvo destacada participación la enfermera Eliana Blumburu, encargada de la Clínica London y que contrajo matrimonio con el ayudante de Manuel Contreras, Hugo Acevedo Godoy. Esta enfermera estaba relacionada con la Universidad Católica, de donde provinieron los médicos que hicieron la autopsia al ex presidente Frei. Éstos son simples ejemplos de lo sucedido en diferentes lugares de detención de la Dina y de la CNI, no sólo en Santiago, sino que se repitieron exactamente igual a lo largo de todo el país. Ahora bien, es cierto que en todos ellos aparecen como ejecutores materiales y autores mediatos agentes del dictador Pinochet, militares carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones, como también civiles médicos, enfermeros, químicos, agricultores que vivían en las zonas rurales del país. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que, junto a esta responsabilidad criminal, hay una responsabilidad política y humana, porque durante todo ese tiempo, desde 1973 a 1989, hubo ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, alcaldes, que por muchas anteojeras que se pusieran no podían ignorar el horror que estaba sucediendo y no hicieron nada. Al respecto, recuerdo una escena del Consejo Universitario de la ciudad de Colonia, en Alemania -donde tuve el honor de hacer clases-, cuando en plena sesión entró la Gestapo y sacó a los profesores judíos, y a pesar de que clamaban auxilio, ni el rector ni nadie hizo nada. Respecto de lo que sucedía en Chile, no sólo hubo clamor desde la Iglesia y organizaciones civiles, sino de toda la comunidad internacional, sin embargo, quienes ocupaban esos altos cargos nada hicieron. No pueden negar su responsabilidad política por el terror de Estado y el horror llevado a cabo y responderán por ello frente a la historia de Chile y de todas las generaciones en el futuro. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, en días recientes hemos sabido de las detenciones ordenadas en el caso Riggs, que llevó a los Pinochet Hiriart y a sus cercanos a pasar 24 horas tras las rejas. Esto nos sitúa en un escenario con múltiples aristas, donde los gastos reservados pasan a ocupar un protagonismo que va más allá de la malversación de fondos. Nos lleva a un período nefasto de corrupción y muerte, donde hay beneficiarios directos e indirectos y responsables civiles y militares. Hombres de confianza del general Pinochet, ministros de Estado, subsecretarios y directores de presupuesto, que tienen responsabilidades políticas y administrativas de los gastos reservados para fines específicos, pero, sobre todo, siniestros. Al declarar ante la jueza Valdovinos, desgraciadamente les entra Alzheimer o no se acuerdan de nada; se les olvidó cuál fue el destino de esos fondos. Basta recordar las palabras de Nelson Mery, ex director de la Policía de Investigaciones, quien señaló a La Nación, en 1998: “Empezaron a aparecer señales del caso Frei cuando se allanó la casa de Eugenio Berríos y se descubrió una carpeta sobre el ex presidente Frei Montalva junto a una de Tucapel Jiménez, porque formaban una dupla. Una lideraba el caso político; la otra, el caso gremial. Ambos obviamente de gran prestigio. Los dos fueron seguidos y sus círculos íntimos fueron infiltrados.” No podemos olvidar cuando enfermó el ex presidente Frei, en enero de 1982 -según lo que dice Nelson Mery-, por algunas razones que nunca pudo despejar y ante los antecedentes que se han ido recopilando, de que no cabe duda de que en la muerte de Eduardo Frei se emplearon recursos especiales para fabricar una serie de gases y otros elementos, que cuando uno sigue su línea nos llevan a la convicción de que el ex presidente Frei fue asesinado. Nunca en Chile se había asesinado a un ex presidente. Estamos frente al más feroz y terrible de los asesinatos: terminar con la vida de una persona que mostraba en ese momento fehacientemente el derecho a la democracia. Felicito la consecuencia y continua obstinación de la familia Frei por saber qué pasó en la muerte de don Eduardo Frei Montalva. El 25 de febrero matan a Tucapel Jiménez. Después de seguir su trayectoria, hemos descubierto quiénes fueron sus asesinos. Hoy nos preguntamos: ¿quiénes son los responsables políticos de esos hechos, dónde están hoy, a quién representan? ¿O aceptaremos lo que se nos dice hoy, de que sólo fueron militares? Quisiera saber, respecto de los civiles y ministros del régimen militar, algunos de los cuales están en el Congreso Nacional, ¿cómo se involucraron? ¿Qué paso? ¿Se les olvidó en que utilizaron los gastos reservados? ¿Se les olvidó qué pasó en esos años? Me hubiera gustado que estuvieran presentes en esta sesión los diputados de la Alianza por Chile. No cabe duda de que ellos todavía no reconocen lo que pasó en esos años, qué significa el asesinato que cometieron y qué significa la democracia que nos da el derecho de hablar. La ministra Amanda Valdovinos sustancia la investigación de los gastos reservados durante los gobiernos de la Concertación, pero a través de ese hilo conductor ha podido descubrir que entre 1976 a 1989 se gastaron miles de millones de dólares en la inteligencia nacional, en la Dina. Como dije anteriormente, convocó a ministros como Büchi y Cáceres, quienes, según los diarios, dijeron que no se acordaban a qué se habían destinado esos fondos de gastos reservados. Hoy en la mañana vimos en “El Mostrador” que se convoca a don Jovino Novoa, senador de la República, y a uno de nuestros queridos colegas diputados, que me hubiera gustado que estuviera presente en esta sesión. Espero que ellos no contesten por oficio, sino que digan, directamente, en qué se utilizaron esos recursos. Nosotros no somos jueces; no podemos sentenciar a nadie, sino que tenemos que establecer las responsabilidades políticas en los hechos. Ése es nuestro quehacer. Por lo tanto, la convocatoria a esta sesión especial es para indicar a los responsables políticos de los peores asesinatos que han sucedido en el país, como el del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, estimados colegas, señor Presidente del Senado, don Eduardo Frei, en nombre de la Democracia Cristiana quiero formular algunas observaciones acerca de esta sesión especial, cuyo objeto es discutir las implicancias que surgen a partir de los graves antecedentes recopilados en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República don Eduardo Frei Montalva; analizar las recientes denuncias sobre financiamiento por medio de gastos reservados a fin de perpetrar actos de encubrimiento, y determinar la manera de fortalecer las medidas preventivas y legislativas en esta materia, con especial referencia al estado de cumplimiento del fallo del caso Almonacid dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema que nos convoca no es del pasado. La violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar sigue estando presente. Por eso, quiero partir haciendo referencia al caso de Luis Alfredo Almonacid Arellano. Así como él fue asesinado en septiembre de 1973, somos unos convencidos de que el ex Presidente, Eduardo Frei Montalva, también lo fue, de la misma forma, por la misma dictadura, por el mismo plan que nos dio a conocer el diputado Juan Bustos. Es decir, entre los asesinados encontramos desde un chileno común y corriente hasta un ex Presidente de la República. Éste no es un tema del pasado; es del presente. Tanto así que tenemos este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de septiembre de 2006, o sea, de hace un año. Esa Corte exige al país cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales está obligado. Luis Alfredo Almonacid Arellano fue detenido en su casa por Carabineros el 16 de septiembre de 1973, a las 11 de la mañana. La señora dice que a eso de las 11.30 horas llegó una patrulla de carabineros a buscarlo. Lo sacaron a empujones, no lo dejaron ponerse el vestón, lo volvieron a empujar, iba nervioso con las manos en alto. Su marido usaba lentes, al llegar a la esquina, en medio de un tumulto, vio que su marido trastabilló, trataba de sujetar sus lentes. Sintió la ráfaga de metralleta. En ese momento dos carabineros iban con él. Cayó herido de muerte. La testigo corrió a socorrerlo, vaciló, porque su hijo pequeño iba detrás de ella. Se lo pasó a su otro hijo de nueve años para que se lo llevara a la casa. Intentó acercarse al señor Almonacid, pero la cara del teniente que estaba con él y con su metralleta se lo impidió. Ella, a dos metros de él, en una muralla, veía lo que hacían con su marido. El sargento fue a buscar una camioneta, la trajeron, tomaron al señor Almonacid como un fardo de papas y lo tiraron arriba. Después, se subieron, llegaron varios carabineros más, lo llevaron a un hospital donde lo operaron y murió al día siguiente. Éste es el caso de muchos chilenos. Y la Corte Interamericana nos conmina a cumplir. Dice que el Estado de Chile debe asegurarse de que el decreto ley N° 2.191, de 1978, no siga representando un obstáculo para la continuación de la investigación de estos temas, además, de otras situaciones respecto de las cuales el Estado debe hacerse cargo. Por lo tanto, éste es un tema de hoy. Los democratacristianos, pensando en lo que le ocurrió a Chile, no queremos dejar pasar esto que es tremendo. Lo escuchaba recién. Primera vez en la historia de la República que un Presidente es asesinado. ¿Quién es el Presidente? El Presidente de la “revolución en libertad”, de los campesinos, aquél que implantó una reforma estructural del país a través de la creación de cooperativas, de organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros de madres; que organizó a las bases para que fuesen capaces de enfrentar sus problemas, que intentó y trabajó por mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales, que entendió que los cambios no se realizarían desde el Estado, sino desde la comunidad misma. Por eso, Eduardo Frei Montalva dio especial impulso al sindicalismo, a la educación. Fue el Presidente que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo e inició la construcción de 130 mil viviendas económicas, que trabajó en obras de infraestructura en todo el país, que promulgó la reforma educacional, que avanzó con la reforma agraria, que trabajó en la chilenización del cobre, que avanzó en materia de política exterior. A nuestro juicio, el Presidente Eduardo Frei Montalva es el gran Presidente del siglo pasado, extraordinario, demócrata a todas luces. En agosto de 1980, en plena dictadura, participó de un acto desarrollado en el teatro Caupolicán en contra del plebiscito que se llevaría a efecto. En 1981, trabajaba con dirigentes sindicales para estudiar cómo avanzar en más justicia, más democracia y respeto a los derechos humanos. Es evidente que se transformó en un líder que significaba un gran peligro para la dictadura. Hubo una serie de confabulaciones. Por eso, la investigación de su muerte pronto determinó que nos encontrábamos frente a un asesinato. En 1981, en la Clínica Santa María Frei se sometió a una cirugía simple, por una hernia. Días después su estado de salud empeoró drásticamente. Falleció de manera inesperada a las 17 horas del viernes 22 de enero de 1982, a la edad de 71 años. En enero de 2005, Michael Townley, antiguo agente de la Dina, confirma la relación entre dicha entidad con Eugenio Berríos, químico, especialista en armas biológicas destinadas a matar a opositores políticos, quien luego fue asesinado en Montevideo por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya como parte de la “Operación Cóndor”. La exhumación del cadáver en 2006 no arrojó datos claves. Luego, con otro informe pericial, se determina que los restos del cuerpo de Eduardo Frei Montalva contenían indicios de existencia de gas mostaza. En ese lapso, nos encontramos con don Alejandro Madrid, un juez extraordinario, como muchos otros jueces del país, que gracias al estímulo de la familia y de los abogados que han trabajado en el tema, comienza una investigación muy acuciosa. El juez Alejandro Madrid comienza a relacionar datos: la muerte de Eugenio Berríos, del cabo del Ejército, Manuel Leyton, el envenenamiento y muerte de cuatro prisioneros políticos ocurrida en la cárcel pública, la muerte de Carmelo Soria y otros asesinatos de esta naturaleza. Determinó la existencia de elementos comunes entre ellos. Con ese raciocinio, llegó al laboratorio de Lo Curro, donde Michael Townley realizaba una serie de experimentos con gases. Luego, al laboratorio de calle Carmen, que es asumido por la Dirección de Inteligencia del Ejército, donde se empezaron a producir gases de distinto tipo para envenenar a los opositores. En la clínica London, se comenzaron a aplicar esos venenos. De los equipos médicos de la inteligencia militar, el juez empezó a relacionar personas. Tres doctores de la clínica London, en algún momento están en la clínica Santa María cuando se atiende en ella al Presidente Frei. ¡Dos de esos doctores están procesados por la muerte del cabo Manuel Leyton! Por lo tanto, ahí hubo una relación muy especial. ¡Dos doctores que en algún momento estaban en la clínica London y en la clínica Santa María, están procesados por el envenenamiento del cabo Leyton! El juez comenzó a avanzar en la investigación. Por eso, el otro día, a propósito de la resolución recaída en el caso del banco Riggs, me alegré tanto, y no me arrepiento de haber cantado la Canción Nacional, porque era una forma de demostrar que nosotros nos emocionábamos por lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en nuestra república; con nuestras instituciones, con un sistema judicial que actúa de manera independiente, que dicta resoluciones que van a esclarecer la verdad de lo que ocurrió y a establecer a los responsables. Este juez ha tenido algunos problemas en la investigación. Uno lo tenemos con el Ejército de Chile. Por eso, me habría gustado -lo decía muy bien el colega Leal- que el ministro de Defensa hubiese estado acá, porque es central, en éste y en otros casos, la falta de colaboración del Ejército. No basta que el Ejército conteste todos los oficios, porque si en cada respuesta dice que no hay antecedentes, eso no ayuda en nada. En realidad, el Ejército tiene que entregar más antecedentes, porque las investigaciones han logrado establecer que, por lo menos, 25 miembros del ejército de Chile, más 3 del Ejército de Uruguay, cometieron los delitos de Berríos y otros. A pesar de ello, los hechos han sido oficialmente desconocidos o negados por el ejército, institución que, además, en algunos casos, ha negado su vinculación con algunos procesados, a pesar de sus propios testimonios en este sentido. Hay antecedentes que se deben entregar; se requiere de la información oficial. Que se diga qué pasaba en el laboratorio de Lo Curro, en el laboratorio de Carmen, en la clínica London; que se diga cómo operaban los equipos médicos de la inteligencia militar; cómo era eso de la fabricación y utilización de productos químicos y similares. ¿Qué hizo el cuerpo de inteligencia del Ejército? Además, que se entregue la información al juez acerca de la investigación y seguimiento al Presidente Eduardo Frei Montalva llevados adelante por la Dirección de Inteligencia Nacional, por la Central Nacional de Informaciones y por la Dirección de Inteligencia del Ejército. ¡Su propio chofer lo vigilaba! Era miembro de esos cuerpos. En dichos seguimientos, el Presidente fue filmado. Sus hechos fueron registrados, archivados y entregados a la superioridad para que decidiera acciones que luego debían ser concretadas. Es muy importante que el Ejército actúe en este caso. ¡Muy importante! Por eso, como conclusión, se requiere la colaboración del Ejército, pero una colaboración eficaz, real. No la veo de otra manera. El esfuerzo de los jueces merece la colaboración de las instituciones armadas. En unas semanas más, espero que al mundo y a Chile les digamos que el Presidente Eduardo Frei fue asesinado. Y la historia, ¿qué va a decir? Que el Ejército no colaboró. Los generales y el alto mando de hoy, ¿qué excusa van a dar por no haber colaborado? Yo prefiero un Ejército que colabore, que entregue los antecedentes, porque no me cabe duda de que los tiene. Este tema merece el tratamiento que se le da, no para revivir heridas del pasado, porque esas heridas están presentes y van a estarlo hasta que no resolvamos el problema como sociedad, entre todos; hasta que no asumamos que esos hechos ocurrieron y hasta que no asumamos que hay responsabilidades de todo tipo, penal y política, que deben ser esclarecidas de alguna manera. Estamos tranquilos. Me gustaría, eso sí, que la policía civil colaborara un poco más, institucionalmente. Pero nosotros somos unos convencidos de que en las próximas semanas la verdad va a salir a la luz completamente. Cómo fue, cómo ocurrió, quiénes son los responsables. Y aunque no lo podamos creer, se confirmará que el Presidente Eduardo Frei Montalva también fue asesinado por la dictadura militar de Pinochet. Ojalá que podamos resolver su asesinato y que esta sesión sirva para esclarecer los hechos. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, el diputado Tucapel Jiménez, quien no puede estar presente en esta ocasión por encontrarse en una misión fuera de Chile, me encargó la tarea de leer una carta suya, que tiene que ver con el asesinato de su padre, que ocurrió justamente un mes después de la muerte de don Eduardo Frei Montalva. Dice así: “Estimados colegas, honorable Cámara: Es mi intención, a través de esta intervención, fundamentar que entre el asesinato de mi padre, Tucapel Jiménez Alfaro, y la muerte de don Eduardo Frei Montalva existen coincidencias y fundadas razones para inferir que ambos fueron crímenes planificados y ejecutados por la dictadura con el propósito de hacer desaparecer a los dos más connotados opositores al régimen militar en aquel período. Desde el mismo día 11 de septiembre del año 73, el gobierno militar tenía claro que uno de sus objetivos primarios era la “eliminación y la limpieza del país de elementos extremistas y sobre todo de agitadores y activistas extranjeros”. En su primera etapa, miles de chilenos fueron detenidos en campos de concentración, y luego se dio paso a los crímenes más odiosos y repugnantes; es decir, los asesinatos masivos de personas, la tortura sistemática y la desaparición forzada, se implementaron técnicas de eliminación de cadáveres en hornos crematorios, fosas comunes y lanzamientos al mar, todos métodos de exterminio a los opositores políticos implementados por la dictadura como política de Estado y tal y como lo consiga el informe Rettig. Revisando el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde se documentó que cerca de 35 mil personas sufrieron torturas físicas y sicológicas durante la dictadura militar y agregado que en miles de estos casos nunca recibieron la atención de la justicia, ni creída por abogados, jueces, políticos, militares, por el contrario, los tramitaron hasta el infinito y se burlaron de los familiares que clamaban por sus seres queridos, se constata que el gobierno militar fue un régimen que se instaló a base del crimen y del terror. El perfeccionamiento de la represión a los opositores obligó a crear organismos de inteligencia, destinados a proporcionar información, con la facultad de secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas. La coordinación de tales servicios pretendía descubrir las acciones de los opositores y que “pudieran afectar al gobierno, con el objeto de adoptar las medidas que impidieran concretarlas, especialmente aquellas que fueran evaluadas como posibles sucesos desestabilizadores de las autoridades. Es decir, todos los chilenos éramos vigilados, y en particular quienes tenían relevancia política, gremial religiosa y comunitaria. A comienzos de los años 80, la resistencia social y política contra la dictadura empezó a manifestarse más abiertamente en las calles. En este contexto es que se producen las muertes de mi padre y de don Eduardo Frei Montalva. Para el caso de mi padre y según el informe Rettig señala: “La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas en violación de los derechos humanos. La ejecución de este crimen fue obra de agentes del Estado, ponderados todos los antecedentes se estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores, éstos contaron al menos con el amparo del Estado”. En la sentencia del juez Muñoz se indica que “se procedió a planificar una operación especial de inteligencia destinada a la eliminación física del dirigente luego de constatar que el actuar de Tucapel Jiménez era perjudicial para el gobierno de la época, al estar relacionado con personas de conocida figuración política, con organizaciones internacionales de trabajadores y de haber llamado a la unidad del mundo laboral en Chile” El haberse constituido en el dirigente sindical más connotado y uno de los mas tenaces opositores a la dictadura, sellaron la muerte de mi padre Señor Presidente, con esto quiero consignar que el asesinato de mi padre fue un crimen planificado y ejecutado por agentes del estado y por órdenes superiores del gobierno militar, como parte de una política de exterminio hacia los opositores de la dictadura. Dados estos antecedentes y de acuerdo a lo que hemos conocido en la prensa y en los informes de tribunales, es que me he formado la convicción de que la muerte de don Eduardo Frei Montalva, un mes antes que la de mi padre, y la suya, fueron asesinatos planificados desde altas esferas de la dictadura y ejecutados por los brazos represivos de la propia dictadura. Don Eduardo Frei Montalva ingresó los primeros días de enero de 1982 a la Clínica Santa María de Santiago, para que lo intervinieran por una hernia al hiato, operación que según los médicos tiene un riesgo de cero por ciento. Sin embargo, días después, su condición empeoró drásticamente y falleció de manera inesperada, a las 17.00 horas, el viernes 22 de enero de 1982, a la edad de 71 años. Oficialmente, el deceso se había producido por una infección bacteriana que habría originado una peritonitis aguda y un posterior shock séptico; pero la muerte del ex Presidente originó sospechas de asesinato desde su inicio. Antecedentes surgidos de diversas investigaciones judiciales y de la causa que lleva el juez Alejandro Madrid nos dan claras señales de que el ex Presidente habría sido asesinado. En diciembre de 1981, nueve presos políticos de la Cárcel Pública de Santiago fueron intencionalmente contagiados con una bacteria. Éstos habrían servido de conejillos de Indias para futuras acciones de eliminación de opositores a la dictadura. Una investigación determinó que la bacteria entró a Chile desde Brasil en bolsa diplomática y que fue entregada, primero, al Instituto de Investigación Bacteriológica del Ministerio de Salud y, luego, al Ejército. Eugenio Berríos fue el probable destino final de tal bacteria. También existen pruebas de los vínculos entre Colonia Dignidad y la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, a través del reconocimiento que hizo el doctor Hopp, miembro de dicha colonia, de los doctores que efectuaron la autopsia no autorizada al ex mandatario: los patólogos Roberto Barahona y Helmar Rosenberg. El 17 de agosto de 2006, el médico encargado de la primera intervención quirúrgica de Frei reconoció que la muerte del ex Presidente se debía a un agente químico y señaló: “Mi opinión es que hubo un agente químico externo, pero no puedo decir qué fue, quién lo puso o cómo lo pusieron. No había ningún signo de inflamación peritoneal. O sea, no había gérmenes. Era un abdomen absolutamente limpio, libre. En cambio, esta lesión, que yo no había visto nunca, que no la he visto nunca después, sólo podía explicarse por una irritación química local.” Éstos y otros antecedentes de público conocimiento nos indican que tanto mi padre, Tucapel Jiménez, como el ex Presidente Frei fueron asesinados por constituir un peligro para la estabilidad de la dictadura. Entrego algunos antecedentes que permiten dar luz a mi planteamiento: En 1980, un conjunto de dirigentes sindicales fueron fuertemente reprimidos y encarcelados cuando presentaron lo que llamaron “El Pliego de Chile”, una petición a la dictadura en la que exigían derechos fundamentales. Se produjo un movimiento de solidaridad con los dirigentes sindicales encarcelados, liderado por Eduardo Frei y Tucapel Jiménez. En 1980, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva se había convertido en una de las voces más importantes de oposición al régimen militar. Con motivo del plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución elaborada para institucionalizar el régimen, Frei encabezó un acto político en contra de dicha Constitución en el Teatro Caupolicán, del cual surgieron los primeros brotes de actividad política pública. Tanto don Eduardo Frei como mi padre, Tucapel Jiménez, se habían constituido en los máximos representantes de la oposición a la dictadura, uno encabezando la cosa política, y el otro, la gremial. Ambos contaban con amplio prestigio y reconocimiento entre el pueblo chileno. Para mí no es mera coincidencia que don Eduardo Frei muriera el 22 de enero de 1982 y que mi padre fuera asesinado exactamente un mes después. La muerte o, de confirmarse, el asesinato de don Eduardo Frei Montalva vendría a ser un testimonio más del horror vivido en dictadura y una nueva oportunidad que nos da la historia para encontrar la verdad, con las implicancias que eso conlleva, que, según mi punto de vista, entre otras, serían las siguientes: Que el sector político que apoyó incondicionalmente a la dictadura, haga por fin un mea culpa y pida perdón a todos los chilenos y chilenas. Llegar al fondo de la verdad contribuiría a limpiar la imagen del Poder Judicial, que se hizo cómplice del horror que se vivía, al denegar justicia a los perseguidos por la dictadura. En esta investigación, el Ejército debe demostrar su verdadera voluntad de colaborar con la justicia, entregando todos los antecedentes de que disponga, ya que tanto en el asesinato de mi padre como en la muerte del ex Presidente Frei están involucrados ex miembros de la Dine. Solicito el máximo rigor en la investigación al Poder Judicial, al Gobierno, al Ejército y a todos quienes tengan antecedentes que permitan llegar cuanto antes a la verdad. La verdad completa debe saberse. Es un imperativo para el Poder Judicial, por la verdad, por la justicia, por el verdadero reencuentro entre los chilenos y para que nunca más en Chile el terror y la muerte nos gobiernen. Muchas gracias. Tucapel Jiménez Fuentes. Diputado de la República.” He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Franciso Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, quiero detenerme en dos hechos. Primero, en la investigación sobre los gastos reservados. La jueza Valdovinos ha avanzado mucho en ese sentido. Hoy, fueron citados un senador y un diputado para ser interrogados por la responsabilidad de civiles en la causa sobre gastos reservados. De hecho, ya fueron interrogados los ex ministros del Interior, Carlos Cáceres, y de Hacienda y Economía, Rolf Lüders. Está absolutamente comprobada la cantidad de recursos destinada a la CNI y a la Dina durante el período del gobierno militar. Según datos entregados por la policía que trabaja con la jueza, entre 1976 y 1977 se entregaron 1.375 millones de pesos a la Dina y 37 mil millones de pesos a la CNI, en moneda nacional y extranjera. En moneda actual, ¿a cuánto ascenderían esas cantidades que financiaban los aparatos de inteligencia destinados a asesinar, a hacer desaparecer y a torturar a chilenos? Las diversas investigaciones de la justicia señalan dos hechos indiscutibles: el enriquecimiento de Pinochet y de su familia y la acción sistemática de los aparatos de inteligencia que fueron alimentados con recursos provenientes de gastos reservados, avalados por ministros de Estado, subsecretarios y directores de presupuesto de la época. No obstante, lo más condenable en las investigaciones por el uso de gastos reservados para la CNI y la Dina son el exterminio de miles de compatriotas y el presunto asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, como resultado de una operación de inteligencia ejecutada por el químico Eugenio Berríos, hallado muerto en Uruguay en medio de una investigación judicial sobre el caso. A fines de 1981, el Presidente Eduardo Frei Montalva estaba próximo a cumplir 71 años de edad y se mantenía en muy buenas condiciones físicas y psíquicas. Sólo lo molestaba una esofagitis producida por una hernia al hiato, enfermedad crónica no mortal y ni siquiera grave. Por ello, decidió operarse. Hizo consultas con médicos chilenos sobre la conveniencia de hacerlo en el país. Éstos le garantizaron que existían condiciones técnicas equivalentes a las de Estados Unidos y altísimas posibilidades de una curación plena. En noviembre de 1981, se internó en la clínica Santa María y fue operado por un equipo -un grupo de médicos de alto nivel- dirigido por el doctor Alejandro Larraín. Días más tarde aparecieron complicaciones -obstrucción intestinal por adherencias peritoneales- que obligaron a una nueva operación el 6 de diciembre. Todo parecía bajo control, pero al día siguiente se desencadenó un proceso infeccioso, derivado del virus Proteus Providence, según se dijo, que motivó otra operación de urgencia. El cuadro patógeno no fue conjurado. El 17 de diciembre fue sometido a otra operación, que marcó el comienzo del fin. El Presidente Frei murió el 22 de enero de 1982. No nos cabe duda alguna de la vinculación de este hecho con la muerte de Tucapel Jiménez en febrero de 1982. En esos días comenzaron los rumores. Algunos recordaban el caso del general Augusto Lutz, jefe del SIM, Servicio de Inteligencia Militar, al momento del golpe, fallecido después de una seguidilla de operaciones y tratamientos en el hospital Militar, a partir de una úlcera gástrica, que hicieron pensar en un asesinato encubierto. Muchos años después, su familia sostiene que Lutz fue víctima de la Dina por oponerse al coronel Manuel Contreras, ya convertido en hombre de confianza de Augusto Pinochet. Hubo cosas extrañas que ahora son mencionadas oficialmente por Carmen Frei, como llamadas anónimas que advertían sobre un posible envenenamiento y el trajín en la clínica de personas extrañas al cuerpo médico tratante y al personal auxiliar. La ex senadora Frei confirmó, también, el rumor del desaparecimiento del protocolo de autopsia. Para los médicos, el caso sigue siendo un misterio. La probabilidad estadística de muerte como resultado de la operación es bajísima, más aun por la buena condición física del paciente y la competencia del equipo tratante. El misterio sobre la muerte del Presidente Frei Montalva y las posibles actuaciones encubiertas de la Dine abren nuevas interrogantes sobre la existencia de mecanismos y dispositivos de seguridad y represión encubiertos durante la dictadura. La investigación de la muerte del Presidente Frei no será sencilla, porque ha pasado mucho tiempo. Por otra parte, los archivos del Ejército no serán abiertos. No lo han sido nunca hasta ahora. Por eso, considero de absoluta justicia lo planteado por el diputado señor Ascencio, en el sentido de que el Ejército debe entregar todos los antecedentes que obren en su poder sobre la muerte del Presidente Frei. De esa forma, se podrá conocer de una vez por todas la verdad y hacer justicia en un caso que acongoja a todos los chilenos. He dicho. -Aplausos en la Sala. El señor WALKER (Presidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata y en el minuto que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por seis minutos y quince segundos, el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la gentileza del Comité Radical Social Demócrata por el tiempo que nos concedió. Aclaro que sólo voy a hacer uso de algunos minutos, a fin de dejar tiempo para que intervenga el vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, diputado Jorge Burgos. Deseo referirme a un aspecto muy específico, que dice relación con lo difícil que resulta para el país asimilar cada una de las situaciones que van quedando en evidencia en la medida en que los jueces avanzan en diferentes investigaciones. Formé parte del grupo de personas que acompañó a la familia del Presidente Frei, que veló durante muchas noches en la clínica Santa María intentando “proteger” la vida de ese gran hombre que, como aquí se ha dicho, cumplió un rol tremendamente relevante para el país y, sobre todo, para los sectores más postergados. Nunca, alguno de nosotros habría imaginado que personal médico y de asistencia médica, no de noche, sino a plena luz del día, tendría la posibilidad de atentar en contra del Presidente Eduardo Frei Montalva para asesinarlo. Hago presente que parte importante de lo logrado en la investigación ha sido posible gracias al testimonio de personas que fueron testigos de la participación de agentes del Estado y que, en algún momento, estuvieron dispuestas a entregar la información. De esa forma, las personas que la familia Frei dispuso para cumplir esa tarea fueron acumulando antecedentes que hoy forman parte de la investigación que ha permitido develar parte importante de la verdad. No obstante, aún falta conocer el resto. Rindo homenaje a la familia del Presidente Frei Montalva; no sólo a quien nos acompaña, el Presidente del Senado y otrora Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sino también a su hermana, Carmen Frei Ruiz-Tagle, encargada por la familia para acceder en forma prudente y con tranquilidad y dignidad a fuentes de información que fueron dando forma a esta verdad que hoy duele al país, a nuestro partido y a quienes hemos querido construir cada día un país más justo. No puedo dejar de hacer presente un hecho: debemos entender que la ausencia prácticamente total de los diputados de la UDI se debe a la vergüenza que sienten por haber respaldado a un régimen que llevó a cabo esas atrocidades y esos atentados contra los derechos humanos. El hecho de que algunos colegas de dicha bancada se integraran hace un minuto no significa que hayan acompañado todo el desarrollo de esta sesión. A mi juicio, si algún llamado podemos hacer hoy a esos colegas es a colaborar, con su posición y disposición política, a que las investigaciones permitan conocer toda la verdad. Sólo en la medida en que se sepa exactamente quiénes ordenaron el asesinato de tantas personas en Chile y, en especial, de un Presidente de la República, se podrán reconciliar los chilenos y fortalecer la necesaria democracia que queremos compartir en el país. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, sin descalificar la buena intención que puede inspirar a quienes pidieron esta sesión especial, impulsada por el Comité Socialista, en lo personal me resulta preocupante que su objeto sea discutir sobre las implicancias y antecedentes recopilados en una investigación judicial. No voy a entrar a un análisis de lo negativo que resulta lo anterior, sino simplemente deseo advertir que, por desgracia, de manera progresiva, la Cámara se está involucrando, cada vez en forma más evidente, en decisiones e investigaciones que institucionalmente no le competen. De más está señalar que comprendemos y apoyamos desde el punto de vista moral a la familia del Presidente Frei Montalva en sus esfuerzos por llegar a la verdad sobre las circunstancias que rodearon su muerte, pero no creo pertinente emitir juicios y opiniones al respecto, en circunstancias de que la justicia aún no emite su veredicto. Por lo tanto, quienes lo hacen, a mi juicio incurren en una práctica que no corresponde, porque, de alguna manera, se estaría presionando la labor judicial. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, en nombre de los diputados del Partido por la Democracia, expreso nuestra plena solidaridad al Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz Tagle; a nuestra querida amiga, la ex senadora Carmen Frei, y a toda la familia Frei ante esta situación gravísima, que abre la firme convicción de que existió intervención de terceros en la muerte del Presidente Eduardo Frei Montalva. Hablamos de un hecho de extrema gravedad, porque el régimen militar eligió a sus víctimas, en especial si se trataba de personalidades institucionales importantes. Al inicio fueron asesinados el ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, porque el régimen militar temía que dicho general unificara a algún sector del Ejército distante del golpe militar. Después fue asesinado Orlando Letelier, porque podía tener una influencia muy grande en América latina y, en especial, en la relación con Estados Unidos de América, que el régimen militar quería privilegiar y, por lo tanto, no deseaba ningún tipo de interferencia. En Roma se llevó a cabo un atentado atroz en contra de Bernardo Leighton, porque, con toda certeza y razón, el régimen pensó que él podría unificar en el exterior a la enorme cantidad de exiliados y, probablemente, provocar la unidad entre la Democracia Cristiana y las fuerzas de Izquierda mucho antes, lo que crearía las condiciones políticas para desplazar con antelación al régimen militar. Por lo tanto, también se eligió a Eduardo Frei Montalva. No es curioso que en el tiempo en que se asesina a Frei Montalva, todos los antecedentes así lo indican, sea el momento de su mayor liderazgo en el escenario político chileno. Él encabeza el rechazo a la instalación de la Constitución del 80. Se transforma en el líder indiscutido de la oposición democrática chilena y tengo la firme convicción de que si Eduardo Frei Montalva hubiera vivido, probablemente el desplazamiento de la dictadura habría ocurrido antes, porque habríamos logrado contar con un líder muy poderoso, y la unidad, el elemento esencial que motivó el regreso a la democracia, se habría producido con antelación y hubiéramos podido evitar tanta muerte y sufrimiento al pueblo chileno. La investigación del juez Alejandro Madrid ha experimentado enormes progresos y me evito detallar elementos de la causa, porque lo han hecho en profundidad los diputados Gabriel Ascencio y Juan Bustos, y también la carta del diputado Tucapel Jiménez. Pero, frente a quienes tengan dudas, hay que recordar que ya existe un informe pericial -la propia familia ha pedido otro- que ha detectado la substancia química gas mostaza en los restos del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Como lo dijo el diputado Ascencio, ésta fue la forma de operar que utilizó la dictadura cuando era imposible realizar atentados o secuestrar a un ex Presidente de la República. Por tanto, contra algunas personalidades se comenzó a utilizar el gas sarín o mostaza y no es extraño que los doctores de la clínica Santa María, Orbieto y Valdivia, si están procesados, hayan participado en el equipo que trató al ex Presidente. Finalmente, debemos hacer un esfuerzo como país. Éste no es un problema sólo de la familia Frei, sólo de la Democracia Cristiana, sólo de la Concertación: es un problema de dignidad del país. No se puede asesinar a un ex Presidente de la República y que el hecho quede impune. Nosotros exigimos justicia y aprovecho la presencia del ministro de Defensa, señor José Goñi, para solicitarle, por su intermedio, señor Presidente, que las Fuerzas Armadas, y el Ejército, en particular, entreguen toda la información que tienen respecto de este crimen. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado José Antonio Kast. El señor KAST.- Señor Presidente, todos lamentamos la muerte del ex Presidente Frei, como asimismo la de cualquier chileno. En ese sentido, transmitimos también nuestra solidaridad a la familia Frei por la situación difícil que viven y que se arrastra ya por años. Como bien dijo el diputado Bartolino, también hay que respetar la independencia de los poderes. La familia Frei lo ha hecho bien, porque ha insistido en el camino judicial, por el cual, finalmente, se encontrará a los responsables, si es que los hubiere, directos e indirectos. Pero, nosotros no tenemos costumbre de interferir en los procesos judiciales en curso. Ha sido doctrina permanente de esta Corporación abstenerse de opinar en temas como ése. Por ello, reiteramos, la familia Frei emprendió el camino correcto de exigir, a través de los tribunales de justicia, los resultados que correspondan. Pero, no puedo dejar pasar las aseveraciones del diputado Latorre. Él acusa a una bancada de no estar presente. Aquí está el jefe de bancada, quien estuvo durante las tres horas anteriores discutiendo un tema sobre educación, al igual que los diputados Silber y Venegas. Por lo tanto, una afirmación como ésa, a mi juicio, no corresponde. También podría decir que la Democracia Cristiana tiene veintiún diputados y, si los contamos, aquí en la Sala hay nueve o diez, que, en forma reiterada, entran y salen. También debemos ser honestos con los diputados que solicitaron esta sesión, la cual se suspendió y postergó varias veces. Hoy, por ejemplo, se suspendió y se volvió a reponer. Si se va a hacer una sesión como ésta en forma seria, no corresponde ni dilatarla ni hacerla aparecer y desaparecer el mismo día. Por último, quiero manifestar que siempre respetamos las resoluciones judiciales y velaremos por su cumplimiento. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Gracias, diputado Kast. En todo caso, quiero aclarar que la sesión que se suspendió fue la de las 15.30 horas, a petición de algunos diputados de la UDI, y después se repuso a petición de dicha bancada. A continuación, tiene la palabra el honorable diputado Jorge Burgos Varela. El señor BURGOS.- Señor Presidente, agradezco a las bancadas del Partido Radical y del Partido Renovación Nacional por ceder su tiempo a la bancada del Partido Demócrata Cristiano, en el cual militó el Presidente de la República Eduardo Frei Montalva. Agradezco la presencia del Presidente del Senado y permítame, señor Presidente, además de hablar como diputado de la República, hacerlo en nombre de la directiva nacional de la Democracia Cristiana. En primer lugar, para valorar la decisión de discutir en la Cámara este tema sin, por un segundo, intentar pasar por encima de la independencia del Poder Judicial. Conversar, comentar y debatir sobre la materia, nada tiene que ver con el intento -insisto- de pasar por encima de la autonomía del Poder Judicial. No se pueden confundir las cosas, y es perfectamente legítimo, lícito, que podamos analizar y discutir sin pasar por encima de la autonomía del Poder Judicial que, más que nadie, los diputados de esta coalición conocemos y respetamos. Dicho eso, valoramos el esfuerzo de la familia Frei Ruiz-Tagle. Se han mencionado acá los nombres de los hijos: el Presidente del Senado, Carmen y Francisco, yo agrego también el de Eugenio Ortega Riquelme. Hace alrededor de siete u ocho años, cuando la familia Frei empezó a acumular sospechas, antecedentes, muchos -me incluyo entre ellos-, a pesar de toda la historia del régimen dictatorial en materia de violación de derechos humanos, no lo podíamos creer. No podía ser. Y, hoy, un juez de la República, independientemente, de manera autónoma, pide la colaboración de todas las instancias del Estado. Sólo para ese efecto, esta sesión es necesaria para pedir al ministro de Defensa, que las instituciones, especialmente el Ejército de Chile, colaboren con la investigación del ministro Madrid. Hay que tener presente que éste es un ejército distinto -seamos francos- al de Pinochet, que estuvo dispuesto a esconder estos hechos, a autorizarlos y avalarlos, cuando no a participar en ellos. El actual es el verdadero Ejército de la República, el comprometido con el destino del país, con la justicia; el Ejército de Izurieta, de Cheyre y de Izurieta. Ese Ejército tiene la obligación, no sólo por este caso, sino por Chile, por las generaciones que vienen, de colaborar. El país, más allá de la convicción que va adquiriendo la familia Frei, sus cercanos, la gente de la Concertación, requiere la certeza judicial de que en Chile hubo, en algún momento de esa larga noche, un régimen que fue capaz de decir que valdría la pena matar a un ex Presidente, como a miles de personas. Esa forma de hacer política, de enfrentar la vida de un país, no puede volver a ocurrir. Para ello es necesaria la certeza, a la que nadie se puede restar. Por eso, respetuosamente, señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, pedimos toda la colaboración. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar al Presidente del Senado y ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien nos acompaña en la Sala. Me sumo a las palabras vertidas, que dan cuenta de la perseverancia de familia Frei para dar luz a uno de los procesos judiciales más complejos y difíciles. Esta sesión tiene un enorme sentido, porque tal como reza la citación nos permite discutir a partir de los graves antecedentes recopilados en la investigación por la muerte del ex Presidente Frei. Por eso, le digo a los diputados Kast y Bertolino, que nada de lo que aquí se ha dicho está oculto. Todo está en los medios; no estamos interfiriendo en nada, sólo aludiendo a lo que se ha dicho. Sin embargo, entendemos la conducta de muchos de los colegas de la oposición, que esta tarde brillan por su ausencia en la Sala; entendemos lo difícil que les resulta esta sesión, porque las verdades duelen, pero son necesarias para el país. Hemos hablado de los asesinatos de muchos opositores, hemos hablado de las más atroces torturas y violaciones a los derechos humanos; sin embargo, hoy estamos hablando de la muerte de un ex Presidente, y por eso afecta a todo el país. Quiero recordar la larga y profunda amistad entre mi padre y el ex Presidente Frei Montalva; sin embargo, circunstancias políticas los alejaron. Hoy, sus hijos nos hemos reencontrado en la Concertación, después de aprender de nuestro pasado y de nuestros dolores. Como Concertación, alzaremos siempre la voz en demanda de justicia, de esa justicia que por años fue esquiva, de esa justicia que no supo, durante la dictadura, responder ni hacer honor a su nombre; de esa justicia que por años fue obstruida. Basta recordar la conducta del fiscal militar Torres y de muchos otros, que lejos de colaborar sólo obstruyeron la justicia. Afortunadamente y como muy bien dijo el diputado señor Burgos, el Ejército ha ido cambiando. A los ministros de Defensa y de Justicia queremos decirles que la familia Frei se ha topado con enormes dificultades para abrirse paso en la investigación. A través del ministro de Defensa, que es el interlocutor adecuado, le pedimos al Ejército que contribuya, que termine con ese silencio que por tanto años ha sido su cómplice. Pero también queremos hacer referencia a todos aquellos civiles, a esos que ayer nada quisieron saber, que nada quisieron escuchar, que vivieron teóricamente en la ignorancia, muchos de los cuales hoy ocupan altos cargos, que ya es hora que entiendan que para que el estado de derecho sea pleno, la justicia tiene que seguir trabajando. Los procesos deben continuar. No basta la solidaridad moral -como alguien ha dicho aquí- con la familia Frei; es obligación de todos colaborar y aportar para que se haga justicia. No queremos impunidad. Lejos de pensar que estamos interviniendo en los procesos, la recuerdo al diputado Kast que no hemos sido nosotros los que, en estas últimas horas, armamos una verdadera batahola en torno a un juez que se atrevió a accionar de acuerdo con la justicia. Son otros los que hablan de persecución política, en circunstancias de que existe un estado de derecho que les ha brindado todas las garantías del debido proceso. Por lo tanto, vergüenza debería darles pretender rebajar esta sesión, acusando un grado intervencionismo, porque el único intervencionismo que hemos conocido ha sido siempre el de la oposición. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, siempre hemos respetado las resoluciones judiciales. Por eso, nos parece preocupante que se utilice el procedimiento de convocar a una sesión especial para tratar un asunto que está en trámite judicial. Ello no es obstáculo, sin embargo, para que condenemos, de la manera más enérgica, la muerte provocada de cualquier ser humano. Siempre, y en esta materia nuestra conducta ha sido invariable, hemos rechazado el atropello de los derechos humanos. En lo personal, no tengo nada que ocultar y puedo, sin vergüenza, presentarle mis respetos a la familia Frei y desear que el proceso judicial avance, para que se esclarezca la verdad sobre este delicado hecho. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, agradezco la deferencia de don Mario Bertolino, jefe del Comité de Renovación Nacional, por el espacio que me ha concedido. Esto demuestra que se pueden compartir esfuerzos para lograr objetivos, como es el desarrollo de esta sesión. Aprovecho la oportunidad para saludar al ex Presidente de la República y actual Presidente del Senado, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos acompaña en la Sala, con quien comparto trabajo y esfuerzo en el distrito que represento y en mi ciudad. Valoro la celebración de esta sesión “con el objeto de discutir las implicancias que surgen a partir de los graves antecedentes recopilados en la investigación por la muerte del ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva”, entre otros temas. El hecho de que se trate de un tema judicial, no impide que hagamos un análisis político de sus implicancias. De lo contrario, parecería que todos los días nos inmiscuimos en temas judiciales, porque asuntos que están siendo investigados por los tribunales son también conocidos por esta Cámara, a través de sus comisiones investigadoras. El sentimiento popular, la sospecha del pueblo es que el ex Presidente fue asesinado, sospecha que se acrecienta dada todas las pruebas e informaciones proporcionadas. En nombre de mi bancada, quiero expresar la inquietud, la preocupación que existe en torno al fallecimiento del ex Presidente don Eduardo Frei Montalva. Nunca hemos aceptado que su muerte se debió a causas naturales o que fue consecuencia de una simple operación quirúrgica. Siempre hemos tenido la sospecha. Creemos firmemente que su muerte fue causada por terceros, que no tuvieron ninguna relación con la actividad médica. Los últimos procesamientos han ratificado estos temores; existe certeza de que médicos vinculados a la ex Dina le suministraron elementos extraños, gases químicos tremendamente mortales, como el sarín, que le provocaron la muerte inmediata. De ser así, estaríamos en presencia de otro crimen tan alevoso, como los cometidos en las personas de Carlos Prats, Tucapel Jiménez y Orlando Letelier. Hemos confiado y vamos a confiar en la investigación que realiza el ministro en visita señor Alejandro Madrid. Creemos que ella va a arrojar la verdad que todos esperamos con expectación, con pena, con incredulidad. Su muerte fue extraña, nadie ha quedado conforme con el informe que entregó la clínica Santa María en su momento respecto de las verdaderas causas de su fallecimiento. No dudamos ahora de que fue asesinado. Nos molesta que la muerte del ex Presidente de la República se minimice, que las informaciones que se entregan al respecto en los medios de comunicación sean tan tibias y sin el impacto que ocasionan otras de menor relevancia. Como se ha dicho, queremos dar todo el apoyo a la familia Frei, que a través de don Eduardo, de doña Carmen y los demás miembros, se ha preocupado de defender la verdad, para que se haga justicia no sólo como familiar, sino que también como ex Presidente de la República, que es lo que todos queremos. No puede ser tan fácil asesinar de esa manera ni articular procedimientos tan nefastos y criminales para eliminar a una persona que en 1982 se empinaba como una de las grandes opciones presidenciales. Era un personaje de la historia de Chile, que había ocupado la Presidencia de la República. Queremos expresar nuestra confianza en los tribunales de justicia y apoyamos desde este hemiciclo todos los esfuerzos que se realizan; pero también pedimos que el Estado apoye con todos los recursos y los instrumentos que sean necesarios para que la investigación se realice de manera fluida y sin ningún obstáculo. Aquí se ha hablado del Ejército, del Ministerio de Defensa y tantos otros organismos que pueden suministrar información al respecto. Esperamos rapidez en la tramitación del juicio para esclarecer la verdad y evitar especulaciones. Chile se ha caracterizado por sus grandes acontecimientos, que nos han hecho también muy grandes. Sin duda, cuando logremos obtener la verdad de este caso seremos mucho más grandes. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el señor Juan Carlos Maldonado. El señor MALDONADO (ministro de Justicia).- Señor Presidente, con el señor ministro de Defensa hemos asistido a esta sesión especial, en conformidad con la citación que se nos hizo llegar, con el objeto de escuchar personalmente los planteamientos que formularían los señores diputados sobre los temas incluidos en la convocatoria. Nuestra presencia obedece no sólo al deber de concurrir cuando somos convocados por sus señorías, sino también como señal de respeto por las facultades de la Cámara y del compromiso irrenunciable del Gobierno de la Presidenta Bachelet con los derechos humanos, con la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y con la justicia que se puede hacer respecto de esas violaciones. En ese sentido, hemos demostrado un firme y permanente compromiso con los derechos humanos en los distintos ámbitos que acabo de señalar: memoria, justicia y construcción de una cultura permanente y transversal de respeto a los derechos humanos, como características de nuestra sociedad. En ese contexto, quiero referirme a dos o tres aspectos puntuales y luego haré una consideración general. En primer lugar, la convocatoria hace referencia al estado de cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Almonacid. Al respecto, debo informar a la Cámara lo siguiente: El fallo establece un conjunto de obligaciones para el Estado chileno, no sólo para el Ejecutivo. Ellas son las siguientes: reintegro de gastos y de costas a la familia. Obligación cumplida en mayo de este año. La sentencia de septiembre de 2006 fue notificada al Estado de Chile al mes siguiente. En mayo de este año, a través del ministerio que ejerzo, se ordenó a la Tesorería General de la República el pago -el que se efectuó- a la familia del señor Almonacid. Por otra parte, se obligaba también al Estado chileno a efectuar las publicaciones de la sentencia dentro del plazo de seis meses, contado desde la notificación de la misma, lo que fue realizado en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, en mayo del presente año. También teníamos la obligación de informar a la Comisión Interamericana sobre el cumplimiento que está dando el Estado de Chile al fallo de esa Corte, lo que se está haciendo periódicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la declaración de la Corte acerca de que el Estado de Chile violó la Convención Americana al otorgar competencia a la jurisdicción militar para que conociera el denominado “caso Almonacid”, por cuanto la jurisdicción militar no cumple, según la Corte, con los estándares de competencia, independencia e imparcialidad requeridos para juzgar un caso de esta naturaleza, quiero hacer presente que, como una demostración de la voluntad del Gobierno de avanzar en estas materias y en el cumplimiento del indicado fallo, con fecha 3 de julio pasado se ingresó al Congreso Nacional, en particular al Senado como cámara de origen, un proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar sobre la competencia de los tribunales militares. Ese proyecto, que está en tramitación, tiene por principal objetivo producir una modificación sustancial en la competencia de los tribunales militares, para reducirla al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares y para pasar el grueso de su competencia a la justicia común. En cuanto a la orden de la Corte de que el Estado de Chile debe hacer lo necesario para que el decreto ley de amnistía no obstaculice las investigaciones y, en su caso, el castigo a los responsables por violaciones a los derechos humanos, es sabido por los señores diputados que ése es un tema que tiene una connotación jurídica bastante especial, ya que el Ejecutivo calificó la urgencia de la moción que interpreta el artículo 93 del Código Penal, la que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, urgencia que, según me ha informado el señor ministro secretario general de la Presidencia, encargado de ese tema, se ha retirado por petición de la Agrupación de los Familiares de las Víctimas, para una mayor reflexión y análisis en conjunto con los señores senadores, con el objeto de determinar la norma que finalmente se aprobará sobre esa materia. En todo caso, cabe hacer presente que el fallo de la Corte Interamericana, como dije, es obligatorio para todos los organismos del Estado chileno y no sólo para el Ejecutivo. Al respecto, hemos podido apreciar en los fallos de la Corte Suprema sobre este tipo de delitos una coherencia con lo que señala el fallo de la Corte Interamericana en cuanto a que el decreto ley de amnistía no puede obstaculizar la investigación ni la sanción de este tipo de delitos. En relación con lo que compete directamente al Ministerio de Justicia, se ha dado forma a un programa especial de derechos humanos en el Servicio Médico Legal para avanzar más eficaz, eficiente y rápidamente en materia de identificación de personas que hasta el día de hoy permanecen en calidad de detenido desaparecido, de acuerdo con lo que se ha ido encontrando en las distintas investigaciones judiciales. El programa pretende garantizar a los familiares que se hará todo lo posible para que las identificaciones tengan el grado de certeza y la rapidez necesarios. Como ustedes saben, esto incluye la creación de una unidad especial de toma de muestras, con la más alta tecnología y con un grupo interdisciplinario para dar un tratamiento adecuado a los familiares, con el objeto de crear un banco de muestras que permita realizar las identificaciones correspondientes ahora o en el futuro. Por su parte, Gendarmería de Chile presta toda la colaboración necesaria a los tribunales para el cumplimiento de las sentencias que han sancionado a los violadores de los derechos humanos. El Registro Civil e Identificación presta todos los servicios que requieren los tribunales. Los órganos del Estado tienen la obligación permanente de colaborar, sin discutir su legalidad ni oportunidad, en el cumplimiento de toda orden judicial, paradigma que obviamente está en la ley y que en mi calidad de ministro de Justicia me he encargado de transmitir clara y tajantemente a todos los órganos con los cuales el ministerio que encabezo tiene relación, en el sentido de que la colaboración debe ser expresa, inmediata y con plena disposición, a fin de que por esa vía, en lo que atañe al Ejecutivo, la justicia pueda hacer su trabajo, garantizar su eficacia y el debido cumplimiento de las resoluciones que se dictan. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional, señor José Goñi. El señor GOÑI (ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo adherir a la preocupación manifestada en esta Sala por los hechos que se han señalado en esta sesión. Ninguno de los presentes podríamos aceptar ningún tipo de crimen, sea de quien fuere, pero, por cierto, resulta particularmente preocupante que estemos hablando del posible asesinato de un ex Presidente de la República. Deseo plantear mi profunda preocupación por ese hecho y transmitir mi profunda solidaridad al ex Presidente de la República señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la situación que afectó a su padre. Asimismo, por su intermedio y el de su familia, quiero saludar y transmitir la solidaridad que siempre hemos sentido por todas las víctimas de los derechos humanos durante el período del gobierno de Pinochet. Tal como lo dijo el ministro de Justicia, el Ejecutivo ha tomado una serie de medidas para responder a las resoluciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la presentación del proyecto de ley que reforma el Código de Justicia Militar, el cual, según entiendo, se encuentra desde junio en el Senado, lo que constituye una expresión concreta de aquellas decisiones. En ese mismo sentido, al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, hemos adoptado medidas para inquirir y buscar la información que eventualmente pudiera quedar de esos años. Lamentablemente, los altos mandos de las instituciones castrenses me han señalado que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en su interior no ha sido posible encontrar más antecedentes que los que se han entregado a requerimiento del juez de la causa, debido al tiempo transcurrido y a la probable destrucción de documentos sobre esa materia. Respecto de la eventual utilización de gastos reservados en ese tipo de delitos, el tiempo transcurrido como las formas usadas para dar cuenta de esos recursos no permiten conocer su destino. No obstante, debo señalar que coincido absolutamente con lo señalado por el diputado señor Jorge Burgos en cuanto a que el Ejército actual no es el mismo de la época de Pinochet, sino uno que respeta profundamente las normas democráticas y los esquemas legales, de manera que seguiremos contando con su activa colaboración en la búsqueda de antecedentes que eventualmente pudiera haber, a pesar de que, como señalé, las consultas formales que hemos formulado a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en ese sentido hasta el momento no han dado resultados positivos. Quiero insistir en el compromiso de quien habla y de las instituciones armadas en colaborar activamente en éste y en otros procesos vinculados a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, quiero que entiendan que es muy difícil para ellas, a pesar del esfuerzo que han hecho, obtener ese tipo de información, porque naturalmente la que pudo haber existido debe haber sido destruida años atrás por quienes estuvieron directamente comprometidos en esos delitos. No obstante, la herencia negativa del pasado no debería en ningún caso enlodar hoy a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército, el cual, reitero, es completamente distinto al que cometió o fue cómplice de violaciones a los derechos humanos. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Hago presente que durante el transcurso de esta sesión han funcionado seis comisiones simultáneamente con la Sala. El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo presentado. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 477, de la diputada señora Pascal, doña Denise; y de los diputados señores Encina, Bustos, Montes, Ojeda, Leal; de la diputada señora Muñoz, doña Adriana; de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Sule; de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra; de los diputados señores Ascencio, Accorsi, Aguiló, y de la diputada señora Allende, doña Isabel, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: 1. Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, disponga las siguientes medidas: 1.1. Ratifique y apruebe todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran pendientes y cuya obligatoriedad no admite dudas, de acuerdo con los principios generales del Derecho Internacional y lo dispuesto en el artículo 5 .° de la Constitución Política de la República. 1.2. Fortalezca las medidas preventivas y legislativas en la materia, con especial referencia al estado de cumplimiento del fallo del caso Almonacid, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en la anulación de la autoamnistía de 1978 y la tipificación a nivel interno de crímenes internacionales. 1.3. Haga presente el trámite de urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito la obstrucción a la justicia cometida por terceros (boletín N.° 5380-07), con el fin de terminar las actuales operaciones para eludir el cumplimiento de las sentencias dictadas en la materia, hecho público y notorio a partir del caso Iturriaga. 1.4. Adopte las medidas necesarias para la averiguación de la responsabilidad de diversos personeros civiles de la dictadura en la facilitación de recursos -por medio de gastos reservados-, a fin de perpetrar actos de ejecución y eludir la acción de la justicia de los implicados en diversos crímenes. Asimismo, que se entreguen todos los antecedentes a los Tribunales de Justicia sobre uso de gastos reservados, que sólo en fechas recientes son hechos públicos y notorios, a fin de instar a una pronta sanción de los responsables. 1.5. Haga uso de la facultad establecida en el articulo artículo 73, de la Constitución Política de la República, para reorientar el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a las normas aprobadas por la H. Cámara de Diputados. 1.6. Instruya al: Ministro de Justicia que requiera al Presidente de la Excma. Corte Suprema dotar a todos aquellos Ministros de Corte de Apelaciones -encargados de la investigación de los procesos por violaciones de los derechos humanos- de mayores recursos y dispensarlos de integrar las salas respectivas para la vista de las causas en tabla, a fin de que se aboquen de manera exclusiva a estos procesos. Ministro del Interior que el Director de la Policía de Investigaciones de Chile adopte todas las medidas administrativas que permitan mayores recursos y un adecuado funcionamiento de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de esta institución. Ministro de Hacienda que disponga los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de todas las medidas reseñadas, especialmente las referidas a las de los Ministros de Justicia y del Interior. 2. Expresar el más profundo reconocimiento a la perserverancia y coraje demostrados por la ex Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle para insistir en la investigación del caso de la muerte de su padre, el ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva”. El señor WALKER (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.El señor WALKER (Presidente).- Quiero agradecer la presencia del señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Presidente del Senado, ex Presidente de la República e hijo de don Eduardo Frei Montalva. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 20.20 horas. JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica las leyes N° 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud. (boletín Nº 5393-11)“Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer a esa H. Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar diversos beneficios al personal de la atención primaria de salud. I. ANTECEDENTES. Como es de su conocimiento, con fecha 5 de enero pasado, fue publicada la ley N° 20.157, iniciativa que materializó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales y la Asociación Chilena de Municipalidades, y que contiene importantes beneficios para el conjunto de los trabajadores de la atención primaria del país, que se traducen, entre otros, en: i) un incremento real de las remuneraciones, fortaleciendo los estímulos vinculados al desempeño; ii) un perfeccionamiento a la asignación de desempeño difícil; iii) la creación de una bonificación para los conductores que transportan pacientes y equipos de salud; iv) la creación de una bonificación al retiro voluntario; v) el otorgamiento de bono de término de negociación; vi) la incorporación de importantes modificaciones al Estatuto de Atención Primaria. Este importante esfuerzo gubernamental hacia el personal de los establecimientos de la salud primaria apunta, por un lado, a seguir mejorando sus condiciones de trabajo y remuneraciones y, por el otro, a garantizar una mayor calidad de vida y salud del conjunto de chilenos y chilenas que a diario concurren a los establecimientos de salud municipal. En este contexto, y con miras a potenciar aún más dicho esfuerzo, el pasado 17 de mayo el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, suscribió un nuevo acuerdo con la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal. Dicho acuerdo, contempla soluciones a demandas como son compensar los diferenciales de costo de vida que experimentan los funcionarios que se desempeñan en las zonas extremas a través del establecimiento de bonificaciones especiales para ellos, y la necesidad de contar con herramientas que permitan la salida apropiada del personal de mayor edad, mejorando los actuales incentivos al retiro. Este esfuerzo gubernamental hacia el personal de los establecimientos de la salud primaria, apunta a seguir mejorando sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones, fortaleciendo los premios al desempeño colectivo de los equipos de salud de los establecimientos de atención primaria municipal.II. CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto tiene el siguiente contenido:1. Modificaciones a la ley Nº 19.378. En primer lugar, el proyecto modifica la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal en varios aspectos:a. Se busca dejar en claro que aquellas personas que se desempeñan para las entidades administradoras en labores directamente relacionadas con la provisión de atención primaria, aún cuando ellas no sean estrictamente asistenciales, también pertenecen a la correspondiente dotación de salud municipal. Esto viene a reparar la situación de aquellos funcionarios que efectúan labores de movilización, apoyo administrativo, secretariado, administración de personal, procesamiento y registro de datos, encargados de bodega, movilización, radiocomunicaciones, auxiliares, y demás sin las cuales no es posible llevar a cabo el programa de salud comunal, alguno de los cuales han quedado al margen de este sistema estatutario.b. Enseguida, se busca que las propias entidades administradoras definen la estructura organizacional de sus establecimientos. Con la modificación que se introduce a estos artículos se recoge dicha realidad para la fijación de la correspondiente dotación. c. A continuación, concede aumento de días de feriado al personal que se desempeña en las zonas extremas en términos similares a los que tienen los funcionarios de la administración pública.2. Modificaciones a la ley Nº 20.157. El artículo 2° del proyecto modifica la ley N° 20.157, en sus artículos 1° y 2° transitorios, con el objeto de extender el plazo que fijó dicha ley para obtener la bonificación por retiro voluntario desde el 5 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 y ampliar el cupo de funcionarios por los que se concederá un anticipo de aporte estatal para financiar dicha bonificación desde 1.119 a 2.238 El proyecto amplía el plazo para el ingreso a la dotación con contrato indefinido de funcionarios que permanecían durante tres años, a lo menos, con contratos a plazo fijo a la dotación de las entidades administradoras que mantenían más del 20% de personal en esa calidad, ampliándolo hasta sesenta días desde la publicación de la ley. También, concede una bonificación especial a los funcionarios que laboran en las Regiones Primera, Segunda y Décimo Segunda, así como en las Provincias de Palena, Chiloé y en la comuna de Juan Fernández. Esta se pagará en cuatro cuotas durante el año según los montos que para cada caso se indica. Estos montos no se reajustarán conjuntamente con los aumentos de remuneraciones que establezcan las leyes a menos que expresamente así se indique. Los impuestos a que esta bonificación de lugar, se distribuirán durante los meses del respectivo período y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.3. Normas transitorias. En primer lugar, se otorga, por una sola vez, un incremento de diez meses y medio de la indemnización de retiro que establece el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.157, para aquellos funcionarios que dejen voluntariamente de pertenecer a una dotación de salud municipal, respecto de su total de horas contratadas, dentro de los noventa días contados desde el cumplimiento efectivo de los requisitos o desde la fecha de publicación de la ley, en su caso. Incluye entre los beneficiados, además, a quienes ya se acogieron al beneficio que concede dicho artículo de la ley Nº 20.157. La norma dispone que quienes no invoquen este incremento en los plazos indicados, se entiende que renuncian irrevocablemente al mismo, no pudiendo exigirlo en el futuro. Enseguida, se concede por una sola vez, un bono especial a los trabajadores de las entidades comunales que hayan dado cumplimiento a la meta de 85% de cobertura de vacunación para la tercera dosis de la vacuna pentavalente del Programa Nacional de Inmunizaciones. Este bono se pagará en dos cuotas: la primera, de $ 50.000, dentro de los treinta días desde la fecha de publicación de esta ley, y la segunda, de $ 80.000, en el mes de marzo de 2008. Los artículos tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios contienen las normas necesarias para materializar el traspaso de los trabajadores que, al 1 de septiembre de 2007, se encontraban desarrollando funciones de las contempladas en el artículo N° 1 de la presente ley y estaban afectos a regimenes laborales distintos de la normativa contenida en la ley N° 19.378. Así, el artículo tercero transitorio dispone el ingreso de este personal a la dotación vigente dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la presente ley, en el nivel y categoría que les corresponda de acuerdo con los requisitos y la experiencia y capacitación que acrediten. Continuarán en el mismo sistema de plazo fijo o indefinido que poseían a la fecha de su ingreso. El artículo cuarto dispone la protección de las remuneraciones de quienes participen en este cambio estatutario. El quinto dispone que este cambio estatutario no importa término de la relación laboral para efectos indemnizatorios por término de contrato. El artículo sexto ordena que las entidades empleadoras del personal que ingresa a la dotación conforme los artículos anteriores, mantengan los recursos que empleaban en el pago de las remuneraciones que percibían dichos trabajadores, las que se reajustarán conforme lo que se disponga para las del sector público. El artículo séptimo dispone que en el evento que la aplicación del artículo tercero transitorio implique para la entidad administradora un mayor gasto en remuneraciones, éste será financiado con un aporte de cargo fiscal, el que financiará sólo la diferencia entre la remuneración percibida por el personal al 1 de septiembre de 2007, con los reajuste correspondientes y el valor del sueldo base más la asignación de atención primaria municipal de la categoría y nivel que ha obtenido el funcionario en una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional en relación con una jornada de cuarenta y cuatro horas. Los aportes que corresponda efectuar a las municipalidades de conformidad a este artículo se transferirán mensualmente por los Servicios de Salud respectivos, conjuntamente con los aportes regulares para el financiamiento de los establecimientos municipales de atención primaria de salud y se reajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que éstos. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración de ese H. Congreso Nacional el siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal:1) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente: “ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior. Asimismo, se aplicarán a todos los trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora de las que se refiere la letra b) del artículo anterior, ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud. A estos efectos, se entienden como acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud tanto las de carácter asistencial, sea que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a través de rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras.”.2) Intercálase en el artículo 11 una nueva letra d), pasando las actuales letras d) y e) a ser e) y f), respectivamente: “d) la estructura organizacional definida de conformidad al artículo 56.”3) Sustitúyese en el artículo 12 la frase “no se ajusta a las normas señaladas en la letra c) del artículo anterior” por la siguiente: “no se ajusta a las normas señaladas en las letras c) y d) del artículo anterior”.4) Intercálanse en el artículo 18 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto a ser quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente. “Los días de feriado a que se refiere el inciso precedente, se aumentarán en cinco días hábiles respecto al personal que se desempeñe y resida en las regiones primera, segunda, décimo segunda, así como en las Provincias de Palena y Chiloé, sólo en la medida que el uso del referido derecho se efectué en una región distinta de aquella en la que se desempeña y reside o fuera del territorio nacional, circunstancias que se acreditarán de conformidad a lo que establezca el reglamento. Tratándose del personal que se desempeñe en la comuna de Juan Fernández, los días de feriado se aumentarán en los que sean necesarios para el viaje de ida y regreso entre el continente y la isla, de conformidad a los criterios y procedimiento que al efecto fije el reglamento.”. Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.157:1) Sustitúyese en el inciso primero del artículo primero transitorio la frase “hasta dos años posteriores a esta última data,” por la siguiente: “hasta el 31 de diciembre de 2010,”.2) Sustitúyese en el inciso primero del artículo segundo transitorio el guarismo “1.119” por “2.238”. 3) Sustitúyese en el inciso primero del artículo sexto transitorio la expresión “el 30 de junio de 2007” por la frase “a los sesenta días desde la fecha de publicación de la presente ley.” Artículo 3°.- Concédese, a contar del 1 del mes de inicio del trimestre posterior a la fecha de publicación de esta ley, una bonificación especial no imponible a los trabajadores regidos por la ley Nº 19.378, que se desempeñen en la Primera, Segunda, Décimo Segunda Regiones, así como en las Provincias de Palena, Chiloé y en la comuna de Juan Fernández. Esta bonificación tendrá los valores trimestrales que para cada zona y período se indican, de conformidad al siguiente cronograma:CoberturaMontos Trimestrales en cada añoA contar del trimestre 2007A contar 1Enero de 2008A contar del 1 Enero de 2009A contar del 1 Enero de 2010Trabajadores que se desempeñen en la I y II Región $ 80.982$ 107.526$ 128.763$ 150.000Trabajadores que se desempeñen en la XII Región y en la provincia de Palena y en la comuna de Juan Fernández$ 157.059$ 190.113$ 213.552$ 243.000Trabajadores que se desempeñen en provincia de Chiloé.$ 31.500$ 54.000$ 72.000$ 90.000 La bonificación se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Los montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en el trimestre respectivo. Para determinar los impuestos a que se encuentre afecta la bonificación, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el período que corresponda y los cuocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Los montos señalados en el inciso segundo del presente artículo no estarán afectos al reajuste general de remuneraciones para los años ahí señalados, a menos que expresamente así se establezca.DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo Primero.- El personal que se acoja o se haya acogido a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157, tendrá derecho, por una sola vez, a un incremento de la referida bonificación equivalente a diez meses y medio adicionales a los que conforme a esa norma le corresponda, en la medida que dejen de pertenecer voluntariamente a una dotación de salud municipal respecto del total de horas que sirven dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento efectivo de los requisitos. Respecto a quienes a la fecha de la publicación de la presente ley se hubieren acogido a la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157 o tuvieren cumplidas las edades a que se refiere el inciso primero de dicho artículo, el plazo de noventa días se computará desde la data de la referida publicación. Con todo, el personal que no renuncie voluntariamente al total de horas que sirva en el período antes indicado se entenderá que renuncia irrevocablemente al incremento que trata este artículo. El personal que desempeñe funciones en más de un establecimiento sólo podrá incrementar su bonificación especial de retiro, de conformidad al inciso primero de este artículo, una sola vez, y hasta por un máximo de cuarenta y cuatro horas. Las exigencias, restricciones y modalidades previstas para el otorgamiento y pago de este beneficio quedarán sujetas a las mismas reglas establecidas en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.157 así como en el reglamento de la referida ley, contenido en el DS Nº 47, de 2007, del Ministerio de Salud, para la bonificación por retiro voluntario. Artículo Segundo.- Concédese un bono, por una sola vez, al personal de atención primaria de salud municipal, regido por la ley N° 19.378, que se encontraba prestando servicios al 17 de mayo de 2007 y que continúen en servicio a la fecha del pago de la cuota respectiva, conforme a lo expresado en el inciso final de este artículo, en aquellas entidades administradoras de salud municipal que, en el año 2006, hayan dado cumplimiento a la meta de a lo menos el 85% de cobertura de vacunación para la tercera dosis de la vacuna pentavalente del Programa Nacional de Inmunizaciones, de la población dentro del territorio de competencia del Servicio de Salud con en cual tengan celebrado convenio. El monto del bono será de $130.000 (ciento treinta mil pesos) para jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional a la jornada de trabajo por la cual esté contratado cada funcionario si esta última fuere inferior. En todo caso, el máximo de horas semanales para calcular el valor del bono será de cuarenta y cuatro, y los funcionarios que estén contratados por una jornada mayor o desempeñen funciones en más de un establecimiento con jornadas cuya suma sea superior a dicho máximo, sólo tendrán derecho a la bonificación correspondiente a cuarenta y cuatro horas semanales. El bono se pagará en dos cuotas, la primera de $50.000 dentro de los treinta días desde la fecha de publicación de esta ley, y la segunda de $80.000 en el mes de marzo de 2008.Artículo Tercero.- Traspásense por una sola vez, a la dotación de la correspondiente entidad administradora de salud comunal el personal contratado que, al 1 de septiembre de 2007, desempeñe funciones que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 1º de esta ley, les haga aplicable la ley N° 19.378.Su contrato será a plazo fijo o indefinido según la naturaleza del contrato que tenían a la fecha del traspaso. Dicho traspaso se efectuará, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la presente ley , en el nivel y categoría que les corresponda de acuerdo con, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la ley N° 19.378, su experiencia y la capacitación que para este efecto puedan acreditar. Un reglamento del Ministerio de Salud que será, también, suscrito por el Ministerio de Hacienda establecerá los criterios necesarios para efectos de acreditar la capacitación que requiera el personal traspasado de conformidad con lo dispuesto en este inciso. Para efectos de este artículo, las municipalidades del país, deberán remitir, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la publicación de la presente ley, a los Servicios de Salud correspondientes, las nóminas del personal que se traspasa, así como las remuneraciones brutas percibidas por éste al 1 de septiembre de 2007. Artículo Cuarto.- El cambio en el régimen jurídico que experimenten los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, no podrá significar en ningún caso disminución de las remuneraciones que percibían al 1 de septiembre de 2007, con los reajustes correspondientes. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros aumentos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los funcionarios del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Artículo Quinto.- El cambio del régimen jurídico que signifique la aplicación de la ley N° 19.378 respecto de los funcionarios que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, pasen a formar parte de una dotación de personal no importará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicios que pudieren corresponder a tal fecha. Los trabajadores a que se refiere el inciso anterior, que no hubieren pactado indemnización a todo evento en conformidad al artículo 164 del Código del Trabajo y que cesen en funciones por la causal establecida en el artículo 48, letra i) de la ley N° 19.378, tendrán derecho a la indemnización respectiva, computando también el tiempo servido hasta la fecha del cambio de régimen jurídico que dispone la presente ley. En ningún caso la indemnización podrá exceder de 11 meses. Si tales trabajadores hubieren pactado indemnización a todo evento de acuerdo con el artículo 164 del Código del Trabajo, tendrán derecho a conservar el sistema de indemnización pactada, la que se regirá por las normas del citado artículo 164. La indemnización a que se refiere este artículo es incompatible con la bonificación especial de retiro a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley N° 20.157. No obstante el personal que corresponda podrá acceder al incremento de dicha bonificación establecido en el artículo primero transitorio de la presente ley en las mismas condiciones y plazos estipulados en esta norma. Artículo Sexto.- Las municipalidades, directamente o a través de las Corporaciones respectivas, deberán destinar al financiamiento de las remuneraciones del personal que se incorpore al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, ley N° 19.378, conforme a las disposiciones anteriores, los montos que, al 1° de septiembre de 2007, gasten por tal concepto, las que se incrementarán en los porcentajes de reajuste que se concedan a futuro al referido personal. Artículo Séptimo.- En el evento que la aplicación del artículo tercero transitorio de la presente ley ocasione para la entidad administradora un mayor gasto en remuneraciones éste será financiado con un aporte de cargo fiscal. Con todo, este aporte financiará sólo la diferencia entre la remuneración percibida por el personal al 1º de septiembre de 2007, con los reajuste correspondientes y el valor del sueldo base más la asignación de atención primaria municipal de la categoría y nivel que ha obtenido el funcionario en una carrera referencial lineal diseñada a partir del sueldo base mínimo nacional en relación con una jornada de cuarenta y cuatro horas. Los aportes que corresponda efectuar a las municipalidades con cargo a este artículo se transferirán mensualmente por los Servicios de Salud respectivos, conjuntamente con los aportes regulares para el financiamiento de los establecimientos municipales de atención primaria de salud, y se reajustarán en la misma oportunidad y porcentaje que éstos. Artículo Octavo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con dichos recursos.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; MARÍA SOLEDAD BARRÍA IROUME, Ministra de Salud; ANDRÉS VELASCO BRAÑES, Ministro de Hacienda”.INFORME FINANCIEROPROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LAS LEYES Nºs 19.378 Y 20.157 YCONCEDE OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUDMensaje Nº 675-355 La presente iniciativa legal constituye un nuevo esfuerzo con miras a potenciar aún más lo efectuado en la ley Nº 20.157. Este proyecto de ley está enmarcada en el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal del pasado 17 de mayo. Dicho acuerdo contempla soluciones a demandas como son compensar los diferenciales de costo de vida que experimentan los funcionarios que se desempeñan en las zonas extremas a través del establecimiento de bonificaciones especiales para ellos, y la necesidad de contar con herramientas que permitan la salida apropiada del personal de mayor edad, mejorando los actuales incentivos al retiro. Por otra parte se establece la aplicación universal de Estatuto de Atención Primaria de Salud, ley Nº 19.378. Como consecuencia de este hecho, se autoriza el traspaso al mencionado estatuto de los trabajadores que al 1 de septiembre de 2007 se encontraban desarrollando funciones relacionadas con la provisión de prestaciones de salud de atención primaria, y que estaban afectos a regímenes laborales distintos de la normativa ya mencionada. Además, se concede al personal de la atención primaria un bono, por una vez, asociado al cumplimiento de metas del Programa Nacional de Inmunizaciones. Así, este esfuerzo gubernamental hacia el personal de los establecimientos de la salud primaria, apunta a seguir mejorando sus condiciones de trabajo y sus remuneraciones. La aplicación de esta iniciativa legal conlleva a un mayor gasto fiscal para el período 2007 a 2010. El costo total para el año 2007 es de $ 1.354 millones, de $ 8.881 millones para el año 2008, de $ 11.296 millones para el año 2009, de $ 11.383 millones para el año 2010. Cabe señalar que el mayor gasto correspondiente a los años 2009 y 2010 incluye la ampliación de la cobertura del plan de retiro establecida en el artículo primero transitorio de la ley Nº 20.157, para cuyo financiamiento está contemplado un anticipo del aporte estatal. Dicho anticipo deberá ser devuelto conforme a lo señalado en el artículo segundo transitorio de la mencionada ley. El mayor gasto que represente la aplicación de este proyecto de ley durante al año 2007, se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto, en la parte del gasto que no pudiere financiar con dichos recursos. (Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica las leyes Nºs. 19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud, presentada por Mensaje Nº 675-355, de 11 de septiembre de 2007. (boletín Nº 5393-11). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3. Segundo Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en los proyectos que modifican la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en lo relativo a sancionar a quien no preste un servicio previamente contratado; regular los errores de facturación, y establecer una multa y otros derechos en favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas. (boletines Nºs 3817-03, 4597-03 y 3988-03-2)“Honorable Cámara: La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informar el proyecto de ley referido en el epígrafe, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sin urgencia, originados en las mociones que a continuación se enuncian:1. De los Diputados señores Maximiano Errázruiz Eiguiguren y Roberto Delmastro Naso, que sanciona a quien no preste un servicio previamente contratado, boletín N° 3817-03.2. De los Diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Gonzalo Arenas Hödar, Eugenio Bauer Jouanne, Sergio Correa de la Cerda, Andrés Egaña Respaldiza, Enrique Estay Peñaloza, Javier Hernández Hernández, Juan Masferrer Pellizari Manuel Rojas Molina y Gastón Von Mulehnbrock Zamora, que modifica la ley del consumidor, con el objeto de regular los errores de facturación, boletín N° 4597-03.3. De los Diputados señores Carlos Montes Cisternas, Francisco Encina Moriamez, José Miguel Ortiz Novoa, Antonio Leal Labrín, Eduardo Saffirio Suárez, Eugenio Tuma Zedán y Alfonso Vargas Lyng y de los ex Diputados señores Carlos Kuschel Silva, Pedro Muñoz Aburto y Exequiel Silva Ortiz, que establece una multa y otros derechos en favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios y tarjetas de crédito afectados por cobros o facturaciones indebidas, boletín N° 3988-03.-o- Es preciso recordar que la Comisión, en su sesión ordinaria N° 36, de 08 de mayo 2007, acordó -por unanimidad- refundirlos y estudiarlos en conjunto, por cuanto se refieren a materias afines. -o- La Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores José Tomás Morel, jefe de la División de Desarrollo de Mercado, y Carlos Rubio, asesor legislativo, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS De acuerdo a lo prescrito en los artículos 130 y 288 del reglamento de la Corporación, el informe recae sobre los proyectos aprobados en general por esta H. Cámara en su sesión N° 55, de 19 de julio pasado, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI MODIFICACIONES. No hay.II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. No hay artículos en esa situación. III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS. No hay.IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS. El artículo único del proyecto que introduce modificaciones en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, fue modificado de la forma que sigue: Su número 1, que agrega un artículo 23 bis, nuevo, tuvo el siguiente tratamiento: El inciso cuarto del nuevo artículo 23 bis que se propone, que exime al consumidor del pago del monto reclamado para el ejercicio de este derecho, y posibilita cancelar el monto restante de la cuenta respectiva, exigiendo a los proveedores la mantención de canales mínimos para su recepción, y deja entregado al reglamento la determinación de los aspectos que debe contener el reclamo y la forma en que los proveedores cumplirán esta obligación, fue objeto de una indicación sustitutiva de los Diputados señores Tuma, Ortiz, Vallespín, Mulet, Jarpa y Jiménez, aprobada por mayoría de votos (6x0+1), que confiere una mayor precisión en su redacción, toda vez que indica, en lo sustancial, que no se podrá condicionar la recepción del reclamo al pago del monto reclamado. El inciso séptimo, del nuevo artículo 23 bis que se propone, que expresa que el comprobante de pago de las tres últimas cuentas de períodos consecutivos será plena prueba de pago respecto de cualquier suma o importe que se haya devengado con anterioridad, fue objeto de una indicación sustitutiva de los Diputados señores Tuma, Mulet, Jarpa, Jiménez, Ortiz y Vallespín, aprobada por unanimidad (8x0), que prescribe que el pago de las tres últimas cuentas de períodos consecutivos extinguirá el derecho del proveedor a cobrar cualquier suma o importe devengado con anterioridad, que no fue cobrado por causa atribuible a él.V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. No se incorporaron artículos al proyecto de ley en el presente trámite.VI. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. No hay artículos con ese carácter. VII. INDICACIONES RECHAZADAS. Al artículo único del proyectoN° 11. De los Diputados Arenas, Eluchans y Paya para reemplazar el inciso cuarto del artículo 23 bis que se propone, por el siguiente: “El reclamo de un cobro no exime al consumidor del pago del monto reclamado. Para estos efectos el consumidor estará obligado a pagar una suma equivalente al promedio de las cuentas del mismo período de los dos años anteriores. El proveedor deberá mantener canales expeditos para la recepción de los reclamos. El reglamento determinará los aspectos que debe contener el reclamo y la forma en que los proveedores cumplirán esta obligación.” (6x0+1).2. De la señora Sepúlveda y del señor Saffirio, para agregar en el artículo 23 bis que se propone, el siguiente inciso cuarto, nuevo: “Se presume el error en la facturación de los servicios públicos domiciliarios, tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, telefonía básica y gas, cuando la cuenta mensual exceda en más de un 50% el promedio de los últimos doce meses.” (5x1+2).3. De los Diputados Arenas, Eluchans y Paya, para reemplazar el inciso séptimo del artículo 23 bis que se propone, por el siguiente: “El comprobante de pago de las tres últimas cuentas de períodos domiciliarios, hará presumir los pagos de los anteriores períodos correspondientes a esos mismos servicios.” (8x0).N° 2.4. De los Diputados Arenas, Eluchans y Paya para sustituir el inciso final que se propone para el artículo 25, mediante el literal iii, por el siguiente: “Asimismo, cuando la ley o el reglamento respectivo contemplen un procedimiento especial de reclamo en sede administrativa por la prestación de servicio contratado por un proveedor, como ocurre en el caso de los reclamos que se pueden presentar ante las superintendencias de los servicios públicos domiciliarios, deberá establecerse por resolución firme la responsabilidad contravencional del prestador, antes de recurrir al juzgado de policía local competente para interponer las acciones judiciales contempladas en esta ley. En esos casos, los plazos para interponer las acciones instituidas en esta ley se interrumpirán desde la presentación del reclamo administrativo de que se trate.” (6x1+1).VIII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES. No hay indicaciones que se hallen en el supuesto antes referido.IX. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFIQUE O DEROGUE O INDICACIÓN DE LAS MISMAS. Mediante este proyecto se agrega en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, un artículo 23 bis, nuevo, y se modifica su artículo 25. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por los argumentos que dará a conocer el Diputado Informante, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda la aprobación del siguientePROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores:1. Agrégase el siguiente artículo 23 bis, nuevo: “Artículo 23 bis.- El deber de profesionalidad del proveedor a que alude el artículo anterior, incluye, en todo caso, y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 3 letra e), la obligación de informar y compensar de manera íntegra, expedita y oportuna a los consumidores afectados por las fallas o deficiencias en el cumplimiento de las condiciones de contratación ofrecidas o convenidas respecto de un bien o servicio. Si la falla o deficiencia ha podido afectar a un grupo o colectivo de consumidores, el proveedor deberá informar por medios idóneos a los afectados y comunicar a los órganos fiscalizadores sectoriales competentes o al Servicio Nacional del Consumidor, en su caso, antecedentes suficientes sobre la falla o deficiencia, individualización del grupo o colectivo de consumidores afectados y el modo cómo se efectuarán los devoluciones, descuentos o pagos que correspondan. En caso de cobros indebidos en las cuentas de servicios básicos domiciliarios, contratación masiva de créditos, servicios financieros o de otros servicios por los que se pague derecho de suministro, conexión, instalación, incorporación o mantención que se facturen o cobren periódicamente, la empresa deberá pagar a los consumidores que reclamen un monto adicional igual al duplo de lo cobrado indebidamente, con un mínimo de 0.1 unidades tributarias mensuales y un máximo de 3 unidades tributarias mensuales. El pago de esta pena sólo procederá respecto de aquellos afectados que hayan reclamado el cobro antes que la empresa cumpla la obligación de informarles contenida en los incisos anteriores. El proveedor deberá mantener canales expeditos para la recepción de reclamos, al menos equivalentes a aquellos disponibles para la oferta y comercialización de bienes y servicios, y no podrá condicionar su recepción al pago del monto reclamado. El reglamento determinará los aspectos que debe contener el reclamo y la forma en que los proveedores cumplirán esta obligación. Se entenderá acogido el reclamo de un cobro, realizado directamente por el consumidor o a través del Servicio Nacional del Consumidor o de algún órgano fiscalizador, si éste no es respondido por el proveedor respectivo dentro del plazo de 30 días de presentado. En todo caso, corresponderá al proveedor acreditar la procedencia del cobro ante el órgano administrativo o jurisdiccional competente. Las fallas o errores administrativos o técnicos que se produzcan durante los procesos de cobro, facturación, comunicación o recepción de pagos, por parte de los proveedores señalados en el inciso tercero, no podrán originar cobros adicionales al consumidor. El pago de las tres últimas cuentas de períodos consecutivos extinguirá el derecho del proveedor a cobrar cualquier suma o importe devengado con anterioridad, que no fue cobrado por causa atribuible al mismo proveedor. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, el reclamo efectuado ante el Servicio Nacional del Consumidor o ante algún órgano fiscalizador se entenderá presentado ante la empresa, desde la fecha en que cualquiera de éstos se lo comunique. Las devoluciones, descuentos o pagos establecidos a favor del consumidor en el presente artículo, serán efectuados de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 25.”.2. Modifícase su artículo 25 de la siguiente forma:i. Agrégase en su inciso segundo, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “a menos que las regulaciones sectoriales especiales que les correspondan contemplen multas superiores para sancionar las infracciones cometidas por los responsables.”.ii. Añádese en su inciso tercero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Dicho descuento o reembolso deberá verificarse en el período de facturación siguiente al de la interrupción, más reajustes e intereses. El no cumplimiento de la obligación anterior será castigado con las multas a que hacen referencia los incisos precedentes, según sea el servicio de que se trate.”.iii. Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo: “En el silencio de las leyes especiales que les rigen, los órganos fiscalizadores sectoriales aplicarán las disposiciones anteriores y las contenidas en el artículo 23 bis de la presente ley, de conformidad con aquéllas.”.”.-o- Se designó diputado informante al señor Patricio Vallespín López.-o- Tratado y acordado en sesión de fecha 2 de octubre de 2007, con la asistencia de la Diputada señora Herrera, doñas Amelia; y de los Diputados señores Tuma, don Eugenio (Presidente) Ortiz, don José Miguel; Galilea, don Pablo; Jiménez, don Tucapel; Mulet, don Jaime; Eluchans, don Edmundo y Jarpa, don Carlos Abel. Sala de la Comisión, a 02 de octubre de 2007. (Fdo.): ROBERTO FUENTES INNOCENTI, Secretario de la Comisión”.4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Álvarez, Arenas, Hernández, Moreira, Norambuena, Paya, Recondo, Urrutia y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica. Modifica el Código Penal estableciendo el derecho del profesional de la educación a la inviolabilidad personal en lo físico y moral”. (boletín N° 5391-07) “Considerando:1° Que el Estatuto Docente, Ley N° 19.070, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera posteriormente fijado por el DFL N° 1 del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial el 10 de septiembre de 1997, y las leyes que la complementan y modifican, regula las obligaciones y derechos de los profesionales de la educación;2° Que al referirse a los múltiples derechos que concede a éstos últimos, la norma indicada no garantiza su inviolabilidad personal, ni física ni moral;3º Que el Código Penal, en el Título referido a los Crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, tampoco se refiere a variadas clases de ultraje de que pueden ser objeto los maestros durante su tarea profesional respecto, entre otros, al ejercicio de sus derechos a la vida, la integridad física y psíquica, la honra, la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la del trabajo.4° Que, últimamente, se ha hecho costumbre que diversos integrantes de comunidades educativas emprendan acciones en detrimento de las personas de los profesionales de la educación, por medio de agresiones a su integridad física o moral;5° Que ni el estatuto Docente ni el Código Penal tipifican en particular estas conductas, las cuales cuando pudieren importar delito muchas veces pueden quedar impunes debido a este hecho, y6° Que en lo que al Código Penal se refiere, por razones de técnica jurídica corresponde corregir este vacío, introduciendo las nuevas normas que se propongan en el Párrafo Segundo de su Título Tercero; Venimos en presentar el siguienteProyecto de Ley Articulo primero: Cámbiese el nombre al Párrafo 2 del Título 11 del Código Penal a “De los crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos y la educación en la República”. Artículo segundo: Agréguese a continuación del punto final del artículo 138 del Código Penal: “En la misma pena incurrirá quien realice las conductas señaladas impidiendo el desarrollo de sus labores a un profesor”. Artículo tercero: Agréguese el siguiente numero 4° a la enumeración del artículo 139 del Código Penal: “Los que con tumulto o desorden retardaren o interrumpieren la labor educativa en el lugar destinado a ella”. Artículo cuarto: Agréguese el siguiente numero 5° a la enumeración del artículo 139 del Código Penal: “Los que con acciones, palabras o amenazas ultrajaren a un profesor en el ejercicio de su labor”. Artículo quinto: Intercálese en el inciso primero del artículo 140 del Código Penal, entre las palabras “la persona del ministro” y el signo “,” (coma) que les sucede, las palabras “o el profesor”.