REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 355ªSesión 16ª, en martes 17 de abril de 2007(Ordinaria, de 11.10 a 14.49 horas) Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, y Meza Moncada, don Fernando. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 - Prórroga de plazo a Comisión de la Cultura y de las Artes 11 - Permiso constitucional 11 - Integración de comisión especial sobre libertad de pensamiento y expresión 11 - Cambio en comisión. Acuerdo de Comité 12 V. Orden del Día. - Derecho a sufragio para chilenos residentes en el extranjero. Modificación a la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio. Primer trámite constitucional 12 VI. Proyectos de acuerdo 36 - Estatuto de trabajadores temporeros. (Votación pendiente) 37 - Implementación de sistema Wi-Fi en las plazas de todas las comunas 37 VII. Incidentes. - Cumplimiento de obligaciones por parte de Sonda y del Administrador Financiero del Transantiago (AFT). Oficio 39 - Subsidio a las cuentas de agua potable en comuna de Curacautín. Oficio 40 - Saludo a presidente Hugo Chávez 41 - Cierre de planta de revisión técnica en San Carlos. Oficio 42 - Pase escolar gratuito para estudiantes de enseñanza básica y media. Oficios 43 - Mantención de planta de revisión técnica de San Carlos. Oficio 44 - Medidas de protección para usuarios de servicios básicos. Oficios. 44 - Reparación de puente y mantenimiento de camino que une Temuco con Imperial. Oficios 45 - Contratación de estudio jurídico para asesoría estatal. Oficio 46 - Fiscalización de segunda fase de programa “Orígenes”. Oficios 47 - Estudio de impacto ambiental de proyecto central hidroeléctrica San Pedro. Oficios 48 - Investigación sobre contaminación de las aguas del río Esperanza, en Fresia. Oficios 49 - Devolución de dinero adjudicado por Chiledeportes a la Asociación de Fútbol Rural de Los Muermos. Oficios 49Pág. - Aniversario de la Escuela de Minas de Copiapó. Oficios 50 - Antecedentes sobre ensanchamiento de avenida en Antofagasta. Oficios 50 - Mantenimiento de puente y solución a problemas ocasionados por extracción de áridos en río de la provincia del Biobío. Oficio 51 - Precisiones sobre la puesta en marcha del Transantiago 51 - Deficiencias en el abastecimiento de agua potable en localidad de Colico, comuna de Curanilahue. Oficios 52 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional que establece los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. (boletín N° 3955-07) 54 2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que autoriza erigir monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco. (boletín N° 3882-04) 54 3. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que modifica diversas normas sobre remuneraciones de los funcionarios municipales. (boletín N° 4900-27) 55 4. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional que suprime la referencia al número de diputados. (boletín N° 4968-07) 55 - Oficios de S. E. la Presidenta de la República por los cuales hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 5. Sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de gendarmería en servicio. (boletín N° 4816-07) 55 6. Modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral. (boletín N° 4724-06) 56 7. Reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional. (boletín N° 3436-07) 56 8. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil. (boletín N° 3934-07) 57 9. Segundo informe de la Comisión de Familia recaído en el proyecto que “tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas y establece normas para su prevención y mas efectiva persecución criminal”. (boletín N° 3778-18) 5810. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia relacionado con el proyecto de ley que modifica la le ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. (boletín Nº 3936-06) 66Pág.11. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Egaña, Álvarez, Bauer, Bobadilla, Dittborn, Estay, Lobos, Norambuena, Ward, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo forma de reemplazo en caso de vacancia de alcalde. (boletín N° 4987-06) 68 12. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Escobar, De Urresti, Díaz, don Eduardo; Espinosa, don Marcos; Jiménez, Rojas, Uriarte, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Nogueira, doña Claudia, y Rubilar, doña Karla, que modifica la Constitución Política de la República consagrando el derecho de gozar del patrimonio cultural e histórico de la Nación. (boletín N° 4988-07) 7013. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Monsalve y Súnico, que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón. (boletín N° 4989-24) 77 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones. - Del Jefe de Bancada de Renovación Nacional por la cual informa que la diputada señora Isasi, doña Marta, reemplazará en forma permanente al diputado señor Galilea, en la Comisión de Zonas Extremas. - De la diputada señora Vidal, doña Ximena quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 16 de abril en curso, para dirigirse a Venezuela. - De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como presidente al diputado señor Latorre. 2. Certificado. - Acompañado por el diputado señor Errázuriz mediante el cual acredita que fue atendido por un profesional médico los días 11 y 12 de abril en curso. 3. Oficios. - De la Comisión de la Cultura y de las Artes por el cual solicita, a la Sala de la Corporación, la prórroga del plazo reglamentario para el cumplimiento de su cometido, por cuanto, según lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento, el plazo actual vence el 11 de abril en curso. Contraloría General de la República: - Diputado Martínez, extracción ilegal de áridos en el Cauce del Río Chillán. Ministerio de Hacienda: - Diputado Cardemil, querella entablada en contra del diputado Luis Iván Paredes Fierro, por los delitos de contrabando impropio y obstrucción a la justicia. - Proyecto de Acuerdo 271, proyecto de ley que modifique el artículo 7º de la ley N° 18.525, que establece las condiciones para la aplicación de medidas de salvaguardia. Ministerio del Trabajo y Previsión Social: - Diputado Saffirio, investigación respecto de trabajo de conscriptos del Regimiento Tucapel en compañía de Cervecerías Unidas de Temuco. Ministerio de Salud: - Diputado De Urresti, Investigación de accidente de trabajador de supermercado de Valdivia. Ministerio de Minería y Energía: - Diputado Aedo, cronograma del cierre del Mineral El Salvador. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo: - Diputado Alvarado, denuncias hechas en contra del funcionario señor Germán Sáez (ex jefe departamento técnico Serviu). Ministerio de Planificación y Cooperación: - Proyecto de Acuerdo 260-C, políticas públicas para el fortalecimiento de la familia. Fiscal Nacional Económico: - Diputado Aedo, avances en la investigación sobre irregularidades en la Empresa Nacional de Minería. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (114)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos, René PPD XI 59Allende Bussi, Isabel PS RM 29Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14De Urresti Longton, Alfonso PS X 53Delmastro Naso, Roberto IND X 53Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Briere, Guido PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hernández Hernández, Javier UDI X 55Herrera Silva, Amelia RN V 12Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28Isasi Barbieri, Marta PAR I 2Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Leal Labrín, Antonio PPD III 5León Ramírez, Roberto PDC VII 36Lobos Krause, Juan UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mulet Martínez, Jaime PDC III 6Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND I 1Pascal Allende, Denise PS RM 31Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Soto González, Laura PPD V 13Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Valcarce Becerra, Ximena RN I 1Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Vallespín López, Patricio PDC X 57Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Verdugo Soto, Germán RN VII 37Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54Walker Prieto, Patricio PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3 -Asistieron, además, los ministros del Interior, señor Felipe Harboe; de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo; de la Secretaría General de Gobierno, señor Ricardo Lagos Weber, y de Relaciones Exteriores (S), señor Alberto Von Klaveren. -Concurrió, también, el senador señor Juan Antonio Coloma. -Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió la diputada señora Ximena Vidal Lázaro.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.10 horas. El señor WALKER (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 11ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor WALKER (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES. El señor WALKER (Presidente).- La Comisión especial de la Cultura y de las Artes, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 229 del Reglamento, ha solicitado la prórroga del plazo reglamentario para el cumplimiento de su cometido. ¿Habría acuerdo? Acordado.PERMISO CONSTITUCIONAL. El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá el permiso solicitado por la diputada Ximena Vidal para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 16 de abril en curso, para dirigirse a Venezuela. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- No hay quórum nuevamente. Se va a llamar a las señoras diputadas y a los señores diputados por cinco minutos. -Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor WALKER (Presidente).- En votación el permiso constitucional solicitado por la diputada Ximena Vidal. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Patricio. -Se abstuvo el diputado señor Bertolino Rendic Mario.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN. El señor WALKER (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial sobre libertad de pensamiento y expresión con la diputada señora Carolina Tohá y con los diputados señores Juan Bustos, Alberto Cardemil, Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Edmundo Eluchans, Álvaro Escobar, Marcelo Forni, Renán Fuentealba, Carlos Abel Jarpa, Antonio Leal, Jaime Mulet y Felipe Salaberry. ¿Habría acuerdo? Acordado.CAMBIO EN COMISIÓN. Acuerdo de comité.El señor WALKER (Presidente).- Los comités parlamentarios acordaron por unanimidad aceptar el reemplazo del diputado señor Sergio Aguiló por el diputado Francisco Encina en la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. V. ORDEN DEL DÍADERECHO A SUFRAGIO PARA CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. Modificación a la ley N° 18.700, orgánico constitucional sobre votaciones populares y escrutinio. Primer trámite constitucional. El señor WALKER (Presidente).- Corresponde considerar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que otorga derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero. Diputada informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y ciudadanía es la señora Isabel Allende. Antecedentes: -Moción, boletín N° 3936-06, sesión 22ª, en 20 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta N° 8. -Primeros informes de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Hacienda, sesión 107ª, en 13 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N°s 6 y 7, respectivamente. -Informe de Constitucionalidad de la Comisión de Constitución. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto, originado en moción de la diputada que habla, acompañada de los diputados Sergio Aguiló, Juan Bustos, Francisco Encina, Fulvio Rossi y del ex diputado señor Edgardo Riveros, que otorga derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero Agradezco el honor que me confirieron los miembros de la Comisión de informar, en mi calidad de autora del proyecto y por haberme permitido acompañarlos durante su discusión general y particular, aun cuando no soy miembro titular. En tal virtud, mis opiniones personales y los fundamentos que me motivaron a presentar la moción los daré a conocer en el momento que corresponda. Asimismo, saludo a los integrantes del Comité por el derecho a voto en el exterior, “Chile somos todos”, que se encuentran presentes en las tribunas para acompañarnos en este debate. La idea matriz o fundamental del proyecto es otorgar el derecho a sufragio a los chilenos que residen en el extranjero. Fue aprobado en general por siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes y el artículo transitorio revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales. No contiene normas de quórum calificado y, de conformidad al N° 4 del artículo 287 del Reglamento, se deja constancia de que el artículo 5° debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. La moción original concedía el derecho a sufragio para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales; pero, por la vía de la indicación, se limitó a las elecciones presidenciales, para facilitar acuerdos sobre la materia. El Ejecutivo, mediante indicación sustitutiva, recogió el espíritu original del proyecto de extender el derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero y regula detalladamente todos los aspectos vinculados a la votación en el exterior, como son la inscripción electoral y otros detalles técnico-organizativos que el acto implica. A las sesiones de la Comisión asistieron el subsecretario del Interior, don Felipe Harboe; el subsecretario general de la Presidencia, don Edgardo Riveros; el director del Servicio Electoral, don Juan Ignacio García; el jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, señor Jorge Claissac; el jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso; la directora para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, de la citada Cartera, doña Anita de Aguirre, y su subdirector, don Juan Manuel Pino; el director del Programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, don Ignacio Illanes, y los asesores jurídicos del Ministerio del Interior, don Felipe Simonsohn y don César Suárez. Como ya señalé, el proyecto fue aprobado en general por siete votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Por la afirmativa, votaron los señores Accorsi, Aguiló, Ascencio, Burgos, Farías, Jiménez y Ojeda; por la negativa, los señores Salaberry y Von Mühlenbrock. Se abstuvieron, las señoras Amelia Herrera y Karla Rubilar y el señor Chahuán. En los antecedentes generales se señala como fundamento de la moción, entre otros, que las comunidades de nacionales residente en el extranjero han solicitado en reiteradas oportunidades ejercer el derecho a sufragio en los lugares donde habitan, a fin de participar en las decisiones fundamentales para el país que se resuelven a través de los actos eleccionarios. Asimismo, manifiestan que ejercer el derecho a sufragio les permite fortalecer sus vínculos con el país y mantener sus identidades con la nación. Al respecto, es muy importante establecer que la Dirección de la Comunidad de Chilenos en el Exterior, conocida como Dicoex, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y creada a comienzos de la administración del Presidente Lagos, en julio de 2000, y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, hicieron el primer registro de los chilenos en el exterior, que abarcó dos años y más de cien países, el cual arrojó los siguientes resultados: De un total de 857.781 personas, el 61 por ciento vive en América del Sur; el 18 por ciento, en Norteamérica; el 14 por ciento, en Europa; el 4 por ciento, en Oceanía; el 0,9, en Centro América y El Caribe; el 0,7, en África y Medio Oriente, y 0,4 por ciento, en otros lugares. Cabe recordar que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Iidh, define el voto en el extranjero como “el ejercicio del sufragio fuera de las fronteras nacionales, por parte de ciudadanos de un país donde se realiza una elección, cuando el ordenamiento jurídico les reconoce dicho derecho al sufragio y los autoriza para ejercerlo de esta manera. Esta modalidad de votación puede ser llevada a cabo mediante la presentación del elector en lugares habilitados de manera específica -y excepcional- para funcionar como centros de votación o bien mediante la utilización de algún medio adecuado.” Esto significa que los ciudadanos que por diversas razones se encuentran fuera de un país en que se realiza una elección pueden ejercer el derecho a sufragio. Por lo tanto, nos explica el Instituto de Derechos Humanos, la implementación de ese derecho implica aspectos jurídicos, institucionales y técnicos organizativos. La legislación comparada nos indica que diez países de América Latina han establecido el derecho a voto en el exterior: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Por razones presupuestarias, el sistema no ha podido ser implementado en los casos de Bolivia y Ecuador, pero sí fue aprobada la legislación. Lo mismo ocurriría en Panamá. La gran mayoría de estos países ha adoptado la modalidad de votación en centros oficiales habilitados para tal efecto, con excepción de México y Puerto Rico, que han establecido el voto por correspondencia. No daré a conocer más detalles sobre la legislación comparada por razones de tiempo, por lo que recomiendo a los señores diputados interesados en el tema que revisen el informe que tienen en su poder, obtendrán más antecedentes y conocerán las características de los sistemas establecidos en los países mencionados. El estudio que realizó la Dicoex señala que las razones que motivaron a los 854.781 encuestados para salir del país son las siguientes: el 41 por ciento lo hizo por razones económicas, sobre el 30 por ciento, por razones familiares; el 12 por ciento, por motivaciones políticas, y cerca de 4 por ciento, por razones de estudio y otras de tipo familiar. La Comisión conoció en detalle este antecedente entregado por quien dirige la Dicoex. No voy a entrar en mayores detalles sobre este asunto, porque también lo pueden profundizar en el informe respectivo. Me voy a remitir a diversas opiniones entregadas en la Comisión, como las del director del Servicio Electoral, don Ignacio García, que es la máxima autoridad del país en lo que se refiere a procesos electorales, quien nos comentó que ya había redactado un borrador de proyecto que extendía el derecho a sufragio de quienes residen en el exterior, a propósito de una moción del ex diputado Carlos Dupré, presentada en 1991, la primera en la materia, la que fue aprobada por la Cámara de Diputados y rechazada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del Senado, donde duerme desde hace doce años. El señor Ignacio García nos hizo presente que la indicación sustitutiva del Ejecutivo reglamentó en detalle todos los aspectos vinculados con la votación de los chilenos en el exterior. Al respecto, sostuvo que es necesario regular el funcionamiento de las juntas inscriptoras, el tiempo que van a funcionar, su composición y otros detalles; que en materia de técnica legislativa, es necesario modificar, además de la ley sobre votaciones populares y escrutinios, la ley de inscripción electoral, a fin de crear la inscripción electoral en el extranjero. Señaló que en el evento de que se apruebe la inscripción automática, se inscribiría automáticamente a la mayor parte de los chilenos residentes en el extranjero, ya que una enorme cantidad de ellos tiene la cédula de identidad vigente proporcionada por el Servicio de Registro Civil. Agregó que ha recibido innumerables peticiones de chilenos que residen en el extranjero para que se les conceda el derecho a sufragio. Manifestó que ha participado en calidad de observador internacional en múltiples elecciones realizadas en el extranjero, y que en cada una de ellas se le han acercado chilenos a manifestarle su deseo de participar en las elecciones chilenas. Expuso que en México se acaba de conceder el derecho a sufragio a los mexicanos residentes en el exterior. Este es uno de los países donde el tema se ha estudiado con mayor acuciosidad. Luego de un largo análisis, se acordó que quienes residen en el extranjero voten, como señalé, por correo, lo que implicó dejar de lado las desconfianzas que existían entre las diversas fuerzas políticas. Agregó que, a pesar de que los partidarios de López Obrador cuestionaron el reciente proceso electoral de ese país, no hubo ningún reparo respecto de los sufragios emitidos por los mexicanos en el exterior. Hizo presente la necesidad de regular el procedimiento para formular reclamos e impugnaciones a la votación, aspecto que estaba ausente en la moción original, pero que queda cubierto con la indicación sustitutiva. Manifestó que comparte la necesidad de legislar sobre la materia. Añadió que quien se inscriba en el exterior adquirirá el compromiso de votar. Si no lo hace, la ley debe establecer una sanción, que podría ser de una multa, tal como se dispuso en la indicación sustitutiva, la que, a diferencia de lo que señala nuestra ley electoral, no va a ser de beneficio municipal, sino que a beneficio fiscal, salvo que la persona pueda esgrimir determinadas causales, presentes en el proyecto, para que no sea sancionada, al igual como ocurre con quienes votan en le país. El director del programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, don Ignacio Illanes, aseveró que la eventual inconstitucionalidad o discriminación que sufrirían los chilenos que viven en el extranjero al no poder sufragar se generó por la propia decisión de las personas de viajar al exterior. La Constitución protege y da ciertos derechos y garantías eminentemente en el territorio de la República, pero, a su juicio, no pueden trasladarse para solucionar los problemas de los chilenos en el mundo. Señaló que la supuesta discriminación responde a decisiones libres de las personas, en este caso, la de abandonar el país. Agregó que, en relación con el grado de vínculo que mantienen con el país, el estudio de la Dicoex demuestra que sólo 26,3 por ciento lo visita periódicamente; un 24 por ciento no viene nunca, y un 58 por ciento reside en el extranjero hace más de 20 años. Sostuvo que si se desea avanzar en la tramitación del proyecto, debe solucionarse una serie de aspectos prácticos, como que no lleguen suficientes vocales, la situación de los apoderados y la publicidad del acto electoral. A juicio de la Comisión, esos aspectos quedaron subsanados con la indicación sustitutiva del Gobierno, que es muy detallada. Para no extenderme respecto de las distintas opiniones, he querido dar a conocer las que explican el proyecto, las que tienen reparos y las del director del Servicio Electoral. He omitido las que fundamentaron la moción, como la de la diputada que habla y las de los diputados que opinaron a favor. Para hacer un resumen breve, debo expresar, en primer lugar, los contenidos de la indicación sustitutiva. Modifica el sistema de inscripciones electorales y la ley del Servicio Electoral. El nuevo título que se incorporaría a la ley contempla reglas especiales; en su defecto, se aplican las normas de la ley. El artículo 1º modifica el sistema de inscripción electoral y el Servicio Electoral, es decir, la ley Nº 18.556. El artículo 2º modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de votaciones, relativa a las votaciones en el extranjero. El artículo 3º modifica el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de someter a la jurisdicción de los tribunales de justicia chilenos los delitos que se incorporan en los cuerpos legales mencionados. El artículo 4º incorpora modificaciones a la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, con el fin de adecuar sus disposiciones a los actos electorales realizados en el extranjero. El artículo 5º contempla el financiamiento de los recursos que implica la aplicación de esta ley. Finalmente, la disposición transitoria señala que la constitución de las juntas electorales en el extranjero será seis meses después de que esta iniciativa sea aprobada y publicada en el Diario Oficial. Sobre las juntas electorales en el extranjero en lo relativo a la inscripción electoral, en cada consulado habrá una junta electoral, con las mismas funciones que las juntas inscriptoras que operan en el país, salvo en lo relativo a inscribir extranjeros. Actuarán en el territorio del estado extranjero donde tiene su sede el respectivo consulado y estarán integradas por dos personas: el cónsul, que la preside, y otro funcionario del servicio exterior o, en caso de no haberlo, por alguno de las plantas de Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores o, en su defecto, por un empleado chileno del consulado o misión diplomática, designado por el presidente de la junta. Sin perjuicio de ello, mediante resolución fundada del director del Servicio Electoral, se podrá disponer que una junta electoral extienda sus funciones a uno o más estados contiguos o cercanos a aquel en que tenga su sede el respectivo consulado, cuando en ellos no existiere representación consular chilena. En aquellos países donde hay más de un consulado, estarán todos habilitados para la inscripción de los chilenos residentes en el estado respectivo, y corresponderá al Servicio Electoral y al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar las providencias necesarias para evitar la duplicidad de inscripciones electorales. La indicación sustitutiva habla de la necesidad de difusión e información en el extranjero establecida por el sistema de inscripción electoral y servicios electorales a través de los medios más idóneos que determine el cónsul, con la aprobación del Servicio Electoral, que incluye afiches impresos, folletos informativos, páginas web oficiales del Estado de Chile. Los afiches se colocarán en lugares destacados y de acceso al público del consulado y los folletos informativos se pondrán a disposición del público en la mayor cantidad de lugares con afluencia de chilenos. La inscripción electoral será gratuita y puede hacerse ante cualquier junta electoral en el extranjero, previa comprobación de la nacionalidad, identidad y edad, por medio de un pasaporte para chilenos válido o cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. Se contempla un procedimiento judicial en caso de que se niegue la inscripción. El reclamo se efectúa por escrito dentro del quinto día, ante el respectivo presidente de la junta electoral, quien deberá remitir el reclamo, junto con su informe y copia del acto donde conste la negativa y su causa, a la Dirección General de Asuntos Consulares “para que ésta los envíe al juez de garantía de turno de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago”. El juez resolverá en única instancia si procede o no la inscripción, con todos esos antecedentes, dentro del plazo de sexto día, contado desde la comunicación de la Dirección General de Asuntos Consulares. Dictada la sentencia, el tribunal, de oficio, la comunicará a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración, la que, a su vez, la remitirá al presidente de la junta, quien la hará cumplir sin más trámite. Respecto de la modificación de la ley Nº 18.700, que regula las votaciones populares y escrutinios, se procederá a realizar votación en el extranjero únicamente cuando corresponda elegir Presidente de la República y en los casos de los plebiscitos regulados en el capítulo XV de la Constitución Política de la República, relativo a la reforma de la Carta Fundamental. La moción original permitía el sufragio de elecciones parlamentarias y municipales, lo cual fue eliminado por una indicación de la propia autora de la moción y por la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Las funciones y atribuciones sobre votaciones populares y escrutinios que confiere a las juntas electorales corresponderán a las que funcionan en el exterior. Las mesas receptoras de sufragios se compondrán de tres vocales elegidos de entre los inscritos en los registros respectivos y su nombramiento se hará siguiendo el orden numérico de tales registros. Para la designación de los vocales se aplicará el procedimiento establecido por la ley. En este caso, sin embargo, a partir del cuadragésimo quinto día anterior a una elección presidencial o plebiscito, se formará una lista con nueve nombres, cinco de los cuales serán escogidos por el presidente y cuatro por el otro integrante de la junta. Para los efectos de los locales de votación, las juntas electorales deben preferir a aquellos que correspondan a los lugares de funcionamiento de los consulados. De no ser posible, las juntas dejarán constancia en el mismo acto de las razones que determinan dicha imposibilidad. El cónsul será responsable de la instalación de las mesas receptoras en los locales designados, debiendo proveer las mesas, sillas, urnas y cámaras secretas necesarias. Desde el tercer día anterior a la elección o plebiscito, en cada consulado deberá funcionar una oficina electoral, a cargo de un delegado electoral, que deberá ser un funcionario del Servicio Exterior o de las plantas de Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, o un empleado de nacionalidad chilena de la respectiva Misión Diplomática o Consulado de Chile, quien será designado por el presidente de la Junta Electoral. Sólo a falta de los anteriores, el delegado podrá ser cualquier ciudadano chileno inscrito en los registros electorales respectivos. El elector deberá presentar su cédula de identidad o pasaporte chileno vigentes. En caso de disconformidad notoria y manifiesta entre las indicaciones del registro y la identidad del sufragante en el extranjero, corresponderá a la mesa determinar si sufraga o no, dejando constancia en el acta. Las normas relativas a las reclamaciones electorales señaladas en la ley serán aplicables a los hechos y actos ocurridos en los procesos electorales que se efectúan en el extranjero que pudieren haber viciado las elecciones y los plebiscitos. Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad que formulen electores en el extranjero se interpondrán ante el cónsul respectivo, dentro del segundo día de terminado el acto eleccionario, quien deberá remitir copias fidedignas, directamente y sin más trámite, al Tribunal Calificador de Elecciones, por el medio más expedito de que disponga. Ello, sin perjuicio de remitir los originales en valija especial, dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, a la Dirección de Asuntos Consulares e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto al orden público en el exterior, la indicación sustitutiva, que proponía un artículo 208 en la ley Nº 18.700, dispone que en las votaciones que deban realizarse en el extranjero no existirá una fuerza encargada del mantenimiento del orden público. Luego de un debate, la Comisión acordó rechazarla, por tener dudas respecto de su constitucionalidad, en atención al artículo 18 de la Carta Fundamental. Por su parte, la Comisión aprobó el siguiente artículo: “Corresponderá a los Cónsules, conforme a sus facultades, adoptar las providencias necesarias para permitir y resguardar el libre acceso a los locales en que funcionen las mesas receptoras de sufragios en el extranjero y evitar aglomeraciones.” Sobre la materia, el artículo 209 dispone: “Los presidentes de las juntas electorales y mesas receptoras de sufragios deberán conservar el orden y la libertad de las votaciones que se efectúen el el extranjero y dispondrán las medidas conducentes a ese objetivo, en el lugar en que funcionen. Asimismo, el delegado de la Junta Electoral velará por la conservación del orden y el normal funcionamiento dentro de la Oficina Electoral a su cargo. Además, los presidentes de las juntas electorales y de las mesas receptoras de sufragios deberán velar por el libre acceso al recinto en que funcionen e impedir que se formen aglomeraciones en las puertas o alrededores que entorpezcan el acceso a los electores. En caso de aglomeraciones, manifestaciones o incidentes graves que impidieren el desarrollo del acto electoral, el presidente de la junta electoral solicitará al jefe de la representación consular o cónsul, que recurra al auxilio de la fuerza pública del país respectivo, ajustándose, en todo caso, al ordenamiento legal correspondiente y a las normas del derecho internacional. Respecto de las sanciones y los procedimientos judiciales, existen algunas normas relativas a las sedes y a los apoderados de los partidos políticos. Como cada diputado tiene el informe respectivo, no creo necesario detallar cada uno de los artículos analizados durante la discusión en particular. El proyecto aprobado finalmente fue tratado en las sesiones de los días 19 de julio, 2 de agosto, 6 de septiembre y 4 de octubre de 2006, con la asistencia de las diputadas Isabel Allende, Amelia Herrera, Karla Rubilar y Ximena Valcarce y de los diputados Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Gabriel Ascencio, Mario Bertolino, Jorge Burgos, Francisco Chahuán, Maximiano Errázuriz, Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Sergio Ojeda, Felipe Salaberry, Gastón Von Mühlenbrock, Roberto Delmastro, Marcelo Díaz, Fulvio Rossi y Eugenio Tuma. El proyecto, que fue objeto de una indicación sustitutiva del Gobierno, otorga derecho a voto a los chilenos en el exterior, el que ha sido solicitado de manera reiterada por las comunidades chilenas. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, informante de la Comisión de Hacienda. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para otorgar derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero. Quiero dejar constancia de que el proyecto tuvo su origen en una moción de la diputada Isabel Allende y de los diputados Sergio Aguiló, Juan Bustos, Francisco Encina, Carlos Montes, Fulvio Rossi y del ex diputado Edgardo Riveros, actual subsecretario general de Gobierno. Su objeto es otorgar derecho a sufragio a los chilenos que residen en el extranjero. El informe elaborado por la comisión técnica, dado a conocer por una de sus autoras, la diputada Isabel Allende, fue muy claro y preciso. Ella recordó que en 1991, Carlos Dupré, quien en ese momento era vicepresidente del Parlatino, presentó un proyecto de ley que establecía algo justo y objetivo: el derecho a sufragar en el extranjero no puede ser condicionado por el lugar de residencia de la persona. Lamentablemente, en ese momento hubo muchas dificultades, por lo que el proyecto fue muy criticado. Incluso, se planteó que la iniciativa significaría torcer la voluntad popular, porque había demasiado chilenos en el exterior. Finalmente, a pesar de que hubo una indicación sustitutiva, el proyecto no llegó a feliz término. Me alegro de que nuevamente se haya puesto en discusión un proyecto sobre la materia, porque lo que propone es bastante justo. Además, quiero destacar los avances que han hecho los gobiernos de la Concertación al crear un departamento especial para los chilenos residentes en el extranjero. Junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la Cancillería hizo un cuadro estadístico que determina que las chilenas y los chilenos residentes en el extranjero suman alrededor de 854 mil, de los cuales 370 mil nacieron en el extranjero y sólo 487 mil salieron del país. Asimismo, de los 854 mil chilenos y chilenas, 120 mil residen en Estados Unidos, entre los cuales hay muchos ex alumnos de nuestras universidades que prestan servicios profesionales y académicos del más alto nivel. Sin embargo, ellos se encuentran privados de ejercer algo sagrado: el derecho a voto. Ello que resulta contradictorio con el avance de la tecnología, que les permite seguir, día tras día, lo que sucede en nuestra patria. El informe elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 7 de septiembre del 2006, señala que el mayor gasto que representa la aplicación del proyecto en el Servicio Electoral y en los consulados de la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior tendrá un efecto anual en situación de régimen, para mantener el sistema de inscripciones, y un efecto adicional para los años en que ocurran actos electorales. En situación de régimen, en años en que no hay procesos electorales, el Servicio Electoral tendría un gasto mayor de 78 millones 929 mil pesos, y los consulados, un presupuesto adicional de 38 millones 228 mil pesos. Vale decir, un total por años en que no hay elecciones, de 117 millones 157 mil pesos. La diferencia estaría en los años en que se realizan actos electorales, ya que el Servicio Electoral tendría un gasto adicional de 35 millones 469 mil pesos; el gasto mayor sería respecto de los consulados, de 217 millones 321 mil pesos. Vale decir, en 2008 se produciría un gasto de 252 millones 790 mil pesos. En el informe de la Dirección de Presupuestos se puntualiza que durante el 2007 el proyecto no representa mayor gasto fiscal. En los siguientes, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en los respectivos presupuestos. Los representantes de los Ministerios de Hacienda y de Relaciones Exteriores que asistieron a la Comisión sostuvieron -si el proyecto llega a ser ley de la República- que dichas partidas se contemplarían en todos los ejercicios presupuestarios anuales. Ese tema fue largamente debatido en la Comisión de Hacienda. En la discusión particular se señaló que el artículo 4° introduce modificaciones a la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Luego, por su numeral 1, se agrega al inciso primero del artículo 2°, reemplazando el punto final (.), por una coma (,), la frase “sea que dicho desembolso se verifique en Chile o en el extranjero.”. El artículo 5° dispone que el mayor gasto que irrogue la aplicación de la futura ley se financiará con los recursos que se aprueben en los respectivos presupuestos anuales de la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Electoral. Puestos en votación, los artículos precedentes fueron aprobados, sin debate, por 4 votos a favor y 2 votos en contra. Es todo cuanto puedo informar. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos, para rendir el informe de constitucionalidad emitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor BURGOS.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue mandatada por la Corporación para estudiar la constitucionalidad de las disposiciones del proyecto de ley que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, otorgándosele al efecto un plazo de quince días, a contar del 30 de octubre de 2006. De conformidad con dicho mandato, en sesión de fecha 31 de octubre de 2006, se analizó el tema sobre la base de una relación del diputado que habla, quien expuso que el proyecto no presentaba problemas de constitucionalidad, salvo en lo que dice relación con el mantenimiento del orden público. Al respecto, señaló que el proyecto había incorporado en su artículo 2°, norma modificatoria de la ley N° 18.700, un artículo 208, que establecía que en las votaciones que se efectuaren en el extranjero no existiría una fuerza encargada del mantenimiento del orden público en los lugares donde deban funcionar las mesas receptoras de sufragios. Ese artículo fue rechazado por la unanimidad de la Comisión técnica, es decir, la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por estimar que ello contravenía el mandato contenido en el inciso segundo del artículo 18 de la Constitución Política, que dispone que “el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.”, toda vez que si lo que la Carta Fundamental quiere es que la ley indique la forma en que se efectuará este resguardo, decir que no existirá tal resguardo incumple el mandato. No obstante lo anterior, el diputado que habla cree que podría alcanzarse una solución a este problema, estableciendo que la ley entregue a las Fuerzas Armadas la forma y el modo de llevar a cabo el resguardo del orden en el acto eleccionario, lo que podría traducirse, por ejemplo, en instrucciones a los respectivos cónsules. En todo caso, estimo que la solución propuesta requeriría de una indicación presidencial, toda vez que podría dar origen a gastos. Sometido a votación el informe de constitucionalidad, la Comisión se inclinó por aprobarlo por mayoría de votos (5 votos a favor y 3 en contra), dejando constancia de que el rechazo efectuado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la fórmula propuesta relacionada con el mantenimiento del orden público durante el acto eleccionario se ajustaba a la normativa vigente, siendo necesario, en consecuencia, buscar un mecanismo que permitiera efectuar los resguardos que fueren conducentes. Votaron a favor la señora Laura Soto y los señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni, y en contra la señora Turres y los señores Monckeberg, don Cristián, y Ward. A petición de la diputada señora Laura Soto, la Comisión dejó constancia del trabajo e interés de la diputada señora Isabel Allende Bussi, como principal impulsora del proyecto, como también de la destacada participación que cupo a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se indica en una nota que al efectuar su análisis, la Comisión hizo presente la necesidad de precisar en el inciso cuarto del artículo 192, que los formularios de minutas que deben enviarse al Ministerio del Interior y al Servicio Electoral son copias, ya que los originales se remiten a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración. Insisto en la necesidad, a nuestro juicio, de que se remita una indicación en el sentido propuesto en el informe para salvar el inconveniente señalado anteriormente, pero el presidente me señala que no ha llegado nada. Según la mayoría de la Comisión, el inconveniente no estaría salvado sin dicha indicación, opinión que se ha mantenido y que habría que tener presente al momento de su votación. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado don Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, después de haber vivido en carne propia dos elecciones parlamentarias, con una intervención electoral más allá de todo lo previsto, no veo cómo se puede garantizar que la votación de los chilenos que viven en el extranjero no va a ser manipulada. Me pueden decir que eso es imposible, que el voto es secreto y uno vota por quien quiere. Sin embargo, en la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando se enfrentaron Ricardo Lagos con Joaquín Lavín, llegaron muchos buses, desde Argentina -quinientos, mil- con chilenos que vinieron a votar. No pueden decir que ahí no hubo manipulación, o que esas personas vinieron a votar por Lavín. Trajeron esa gran cantidad de gente a votar por Ricardo Lagos, ya que, de lo contrario, iba a perder la elección. Entonces, ¿qué garantías puede tener uno de que los chilenos que viven en el extranjero no van a ser manipulados para votar en favor de candidatos de la Concertación? Por esa razón, no estoy dispuesto a aprobar el proyecto, hasta que, de una vez por todas, el Gobierno de la Concertación manifieste su voluntad política de impulsar la agenda pro transparencia, que duerme el sueño de los justos en el Congreso Nacional, y de asegurar que no se utilizarán recursos fiscales, como ocurrió en las últimas elecciones parlamentarias con los empleos de emergencia en Valparaíso, para no ir más lejos, y con los bonos del Indap que se entregaron descaradamente en las zonas agrícolas, para favorecer a los candidatos de la Concertación. Sería bueno que tales prácticas terminaran de una vez por todas. Estoy dispuesto a discutir este proyecto de ley e, incluso, a votarlo favorablemente, siempre que, primero, exista el compromiso del Gobierno de la Concertación de no intervenir nunca más en las elecciones. He dicho. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, el diputado Urrutia dijo que llegaron 500 mil buses. ¿Acaso vinieron todos los argentinos a votar a Chile? El señor WALKER (Presidente).- Su pregunta no es una cuestión de Reglamento, señor diputado. El señor PAYA.- El colega habló de quinientos a mil buses. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, antes que todo, con el respeto que nos merecemos, creo que hay un error de cálculo del diputado Urrutia, porque no creo que en toda Latinoamérica haya 500 mil buses. Me parece un poco exagerado lo expresado. En todo caso, considero difícil que con ese procedimiento se pueda dar vuelta una elección presidencial. Respecto del proyecto, no voy a tocar los aspectos técnicos, porque hace un instante la diputada Laura Soto y el diputado Jaime Quintana conversaban sobre algunos artículos que son dignos de mencionar. Además, los diputados José Miguel Ortiz y Jorge Burgos se refirieron a aspectos importantes de la iniciativa. Pues bien, sus comentarios me hacen fuerza para pensar que ya es hora de legislar sobre la materia, porque somos el único país de América del Sur que no ha otorgado este derecho a sus ciudadanos que residen en el extranjero. Hace sólo unos días integré la delegación del Congreso Nacional que viajó a Canadá con motivo de la conmemoración de la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito entre nuestro país y esa nación. Más allá de las reuniones propias de la misión que, en el fondo, eran de conocimiento mutuo y para tratar materias económicas, tuvimos la ocasión de reunirnos con la comunidad chilena residente en Ottawa y Toronto. Como ocurre en estos casos, nos preguntaron sobre Chile y nuestra democracia. Además, nos formularon algunas peticiones. Por cierto, la primera y principal demanda que nos hicieron transversalmente a los senadores y diputados de la Concertación y de la Alianza fue el pronto despacho de una legislación que les permitiera ejercer su derecho a voto en las elecciones que se celebren en nuestro país. Esto da para un largo comentario, pero no lo voy a hacer. Fue una petición concreta de ciudadanos chilenos residentes en el extranjero que se sienten menoscabados en su dignidad. Quieren seguir siendo chilenos y que nosotros les demos esa oportunidad; pero, en realidad, no se la damos nosotros, sino su derecho a la vida y el país en el cual nacieron. Por eso, más allá del articulado, me parece extraño -por decir lo menos- y me llama profundamente la atención la votación de que fue objeto en las distintas comisiones que lo conocieron. Los diputados que votaron en contra -no más de dos o tres- deben tener dudas sobre si obraron bien o no. Creo que deben estar complicados. Los parlamentarios elegidos democráticamente, por cierto, no pueden privar a los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero a ejercer un derecho democrático, porque es algo natural, lógico y -por decir lo menos- un acto de cordura. De acuerdo con la información que nos entregó la diputada informante, señora Isabel Allende -tal como se ha reconocido, es una de las gestoras del proyecto y debió luchar mucho para sacarlo adelante-, son cerca de 800 mil los chilenos residentes en el extranjero, de acuerdo con el censo que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2004. Muchos de esos compatriotas se han organizado y han formulado esta demanda para tener derecho a voto. De hecho, hace pocos meses, en Santiago, se realizó un seminario organizado por la Federación de Asociaciones Chilenas de Residentes en Argentina, por cierto, con el patrocinio del Congreso Federal de Buenos Aires. Algo está pasando o algo está fallando, porque no somos nosotros los que estamos pidiendo que esto se materialice cuanto antes. El tema principal de dicho seminario fue el derecho a voto de los residentes en el extranjero. Ejemplos similares al de los residentes en Argentina los tenemos en Suecia, Canadá, Australia, etcétera. Debemos ser claros respecto de las cosas que nos distinguen de otros países en materia legislativa. Hasta hace poco tiempo, éramos el único país en el mundo que no tenía una legislación sobre el divorcio. Hoy, somos -reitero- el único país en Latinoamérica que no tiene consagrado en su legislación el derecho a voto de los ciudadanos residentes en el extranjero. En el informe se menciona también a Bolivia, pero ese país ya legisló sobre la materia y está en proceso la dictación del reglamento que haga operativa la respectiva ley. Por eso, creo que es tiempo de que superemos esa barrera y que permitamos a nuestros compatriotas ejercer su derecho a elegir a las autoridades del país, derecho que les otorga su nacionalidad, que es la del país donde viven sus familias y donde, tal vez, descansan en paz sus antepasados. Chile es su patria, su país y, además de la nostalgia que deben sentir, están pidiendo ejercer un legítimo derecho. Las razones por las cuales viven tantos chilenos en el extranjero son variadas y merecen comentario aparte. Muchas de ellas -hay que decirlo-, por el exilio que se les impuso, tal vez, por cuestiones políticas, hecho de triste recuerdo. Otras, por razones económicas: la crisis que vivió nuestro país llevó a que muchos chilenos tomaran la decisión de irse al extranjero. Seamos claros. Se piensa que en el extranjero existe una gran cantidad de votos progresistas. ¡Pero si son chilenos que recibieron un castigo de por vida, que ven a su país desde lejos, gracias a la tecnología que les ofrece internet! Cuanto mayor es la nostalgia que sienten, más desean estar cerca de nosotros. Por eso, no podemos privarlos de ese derecho. En nuestro país, todavía se hacen comentarios adversos a quienes se fueron. Pero ya quedan pocos de aquellos que, en su momento, prácticamente tuvieron que huir del país. A lo mejor, sus hijos, aquellos que iniciaron su vida en Chile y que, posteriormente, crecieron en otros países. Ellos quieren seguir siendo lo que fue su padre o su madre, quieren seguir siendo chilenos y ejercer este derecho. Por otro lado, debemos dejar constancia de que nuestro país ha firmado una serie de acuerdos internacionales y en esta Sala hemos discutido, en innumerables ocasiones, el tema relativo a la discriminación. Ése es uno de los puntos importantes en esta materia. No podemos seguir siendo el lunar de Latinoamérica, donde se discrimina entre los ciudadanos que viven dentro del país y los que residen afuera, en cuanto al ejercicio de un derecho ciudadano básico. De acuerdo con la doctrina imperante en materia de derechos humanos, los derechos ciudadanos no pueden condicionarse por al lugar de residencia de las personas. Son demasiados los argumentos jurídicos, la doctrina internacional y los imperativos éticos que justifican el otorgamiento de este derecho a quienes se avecinen en el extranjero. Hay que hacer justicia con los cientos de miles de compatriotas repartidos por la faz de la tierra y que esperan un gesto de quienes, elegidos democráticamente, somos los menos indicados para oponernos a un proyecto de derecho soberano. Llamo quizás no a la recapacitación, sino que a la madurez política de aquellos que representamos a los ciudadanos de éste y del otro lado. Todos son chilenos. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero saludar a la diputada Isabel Allende, quien ha sido gran impulsora de este proyecto. Sé que ha habido otras diputadas y otros diputados detrás de esta iniciativa, pero vale la pena reconocer especialmente en ella el impulso de esta iniciativa que, a mi juicio, es extraordinariamente importante. Muchas gracias, Isabel Allende, por su trabajo en este proyecto. Asimismo, quiero reconocer la presencia de los ministros y la preocupación del Ministerio de Relaciones Exteriores por una iniciativa que es necesario que discutamos en el Congreso Nacional. No deja de sorprenderme la decisión que sobre un proyecto de esta naturaleza, que afecta a chilenos y chilenas que viven en el exterior, se adopte sobre la base de los que están por el Gobierno y los que están en contra del Gobierno. El proyecto es mucho más que eso; no vale la pena que sea analizado en una división política o con una calculadora en mano que lo único que hace es empobrecer un debate que debe hacerse con altura de miras. Al comenzar mis palabras, como diputado democratacristiano, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo cariñoso a los miles y miles de chilenos que viven en el exterior. A aquellos que se fueron voluntariamente y a los que fueron expulsados; a los que se fueron por razones políticas y a los que se fueron por razones económicas, familiares, personales u otras. Porque en el exterior no sólo viven chilenos exiliados, hay miles de chilenos que en forma voluntaria decidieron hacer su vida en el exterior. A los que hoy siguen siendo chilenos en Canadá, en Australia, en Venezuela, en Madrid, en Centroamérica, en Suecia o en tantos otros lugares del mundo, donde echaron raíces, siempre acompañados de su empanada y su vino tinto, con la nostalgia de sus recuerdos y con su Chile siempre presente en sus corazones. Aprovecho la oportunidad también para saludar a los miles de chilotes que, en un momento determinado de su historia, partieron a la Patagonia, se fueron a Argentina y hoy viven entre Buenos Aires y Ushuaia, allá por Comodoro, por Río Grande, por Río Gallegos, siempre echando de menos a su tierra, siempre sintiéndose chilotes y sintiéndose chilenos. La democracia es tal y se legitima en la forma y en el fondo cuando participan en los comicios electorales los más vastos sectores y capas de la sociedad. El acto del sufragio es la culminación de la intervención próxima y permanente del individuo en la actividad ciudadana. El sistema electoral no puede ser excluyente. El voto es decisivo -es obvio- por ser el reflejo de la responsabilidad constante y personal de los ciudadanos en la regulación política. El poder público en Chile aún no responde a los factores de legitimidad. Impera aquí mismo, en nosotros y en los poderes públicos, una cierta oligarquía bajo la forma de un institucionalismo democrático, debido, fundamentalmente, a dos factores: un sistema electoral binominal insólito, excluyente; y la negativa a permitir el derecho a sufragio a los ciudadanos chilenos que residen en el exterior. Esas dos fallas en nuestro sistema son de efectos perversos y ahora nosotros tenemos la posibilidad de remediarlos. Creemos que los procedimientos electorales no deben tener restricciones arbitrarias que limiten los derechos soberanos de la nación; por el contrario, deben permitir la representación real de todos los grupos de la sociedad chilena. Conforme a disposiciones constitucionales y a tratados internacionales sobre derechos humanos, no existe razón alguna para mantener diferencias determinadas por leyes electorales que al final atentan contra los mismos tratados internacionales respecto de esta materia. Así, por ejemplo, resulta contradictorio que se dé derecho a sufragio al extranjero que reside en Chile y no al chileno que reside en el extranjero. Reitero, me resulta contradictorio. Lo que hoy debemos escuchar son argumentos a favor o en contra de ese tipo de argumentaciones. En el marco de cierto compromiso por combatir aquellas formas de exclusión, que generan que muchos chilenos y chilenas residentes en el exterior no cuenten ni tengan representación democrática en nuestro país, hoy reafirmamos el compromiso por fortalecer y ampliar nuestra democracia. En ese sentido, el proyecto avanza, porque permite que los cientos de miles de chilenos nacidos o no nacidos en Chile, como sus hijos, puedan efectivamente ejercer el derecho humano y democrático que les asiste de participar con su voluntad y voto en la elección de las autoridades nacionales, en este caso, de Presidente de la República y en algunas otras decisiones constitucionales que hacen a nuestra vida republicana. No está a la altura de lo que los otros países creen de nosotros el hecho de que aún Chile no reconozca y posibilite en forma informada, activa y responsable, que nuestros nacionales, fuera de la patria, ejerzan este acto que nos identifica como chilenos: votar en las elecciones presidenciales y decisiones plebiscitarias en las cuales el pueblo chileno ejerce su soberanía. Es importante reiterar que para Chile el principio de vinculación base para el ejercicio de este derecho es la nacionalidad. Este vínculo generado por la nacionalidad chilena debe ser el fundamento único y principal de carácter jurídico para el ejercicio de estos derechos y ése es el argumento que debemos debatir. Por eso, me sorprende el primer argumento que nuestros opositores señalan cuando dicen que esto generará una manipulación electoral. Quinientos, mil buses habrían venido en la última elección -cuestión bastante incomprensible- con chilenos que vivían en el exterior, porque estos “mañosos” querían distorsionar el sistema electoral. ¡Ése no es argumento, por Dios! ¿Por qué no argumentamos para saber si esas personas que viven en el exterior son o no chilenos? ¿Queremos o no tener vínculo con ellos? Nosotros decimos que sí. Entonces, queremos que la Derecha hoy diga si no quieren saber nada más de los chilenos que están en el exterior. ¡Díganlo! ¡Pero díganlo acá, no busquen argumentos que, al final, son tan pobres, que no hay cómo contraargumentarlos! Uno de los aspectos de la vinculación es el elemento cultural. Los chilenos y chilenas residentes en el exterior son parte de nuestra cultura. Ellos, a través de sus diversas actividades, difunden, promueven, defienden y construyen la identidad nacional en el exterior. Lo hacen a través de múltiples formas: en el folclor, la música, el arte, la poesía, la gastronomía, cuántas formas se les ocurran. Muchas de estas actividades, además, se ejecutan con recursos generados por ellos mismos. Un segundo elemento de esta vinculación es el económico. Los chilenos en el exterior promueven actividades que favorecen a Chile, como turismo, comercio exterior, embajadas económicas, incluso generan inversiones de bienes raíces, acciones y proyectos productivos; también envían remesas. El tercer elemento de esta vinculación es subjetivo. Las personas son parte de una comunidad sociológica y política y participan de su idiosincrasia y valores. Negarles esa identidad con su país solamente porque pueden estar a favor o en contra de un determinado gobierno, es no reconocer sus derechos ciudadanos. Se niega su identidad, se niega su calidad de persona humana. La persona tiene su identidad en su vinculación con lo absoluto, con su entorno social, en su relación con el medio natural. La sociedad actual está globalizada. Es decir, la vinculación no es determinada por la distancia física, por la mayor o menor proximidad, sino por las relaciones o interacciones entre los individuos. Eso se hace más patente desde el momento en que la tecnología nos permite contactarnos en forma instantánea. Una persona que vive en el exterior no necesariamente se encuentra desvinculada del país. En muchos casos ocurre lo contrario. Muchos chilenos que dan a conocer nuestro país en el exterior a través de sus acciones o actividades, poseen o trabajan un efecto positivo en cuanto a mostrar con dignidad nuestras cualidades, atributos o posibilidades, económicas, intelectuales, artísticas, etcétera, las que Chile también otorga al resto de los países. Si negamos a los chilenos en el exterior la posibilidad de participar plenamente de sus derechos ciudadanos, en definitiva, estamos desvinculándolos más, olvidándonos de ellos. ¿Eso es lo que quieren nuestros opositores? Espero que no. La gran mayoría de las naciones del mundo han incluido este derecho, lo que, naturalmente, refleja que la experiencia ha sido positiva. En la medida que pongamos atención en nuestros compatriotas en el exterior, se sentirán más comprometidos con su país, lo cual se acentuaría si tuvieran la posibilidad de ejercer el derecho a sufragio. Cada nación tiene una o varias culturas propias que caracterizan todos los modos de comportarse, sean sociales, folclóricos, ideológicos, religiosos o políticos. Así se va creando el sentido de pertenencia a una determinada nación, en este caso, a Chile, a nuestra nación. Es fundamental que como chilenos nos identifiquemos con nuestra cultura o manera de ser y actuar, y que reconozcamos la cultura de los demás para que así, de esta verdadera comunión de culturas, se vaya construyendo una real sociedad cultural. Por este motivo, el derecho a voto tiene como primero y fundamental significado el de pertenencia total a la cultura chilena. Tenemos derecho a voto, porque somos chilenos. Porque somos chilenos aquí y en el exterior, los democratacristianos vamos a apoyar este proyecto. He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, después de la excelente intervención del diputado Gabriel Ascencio, no quedan muchos argumentos por esgrimir. El debate, que espero que sea seguido por los 857.781 chilenos y chilenas que viven repartidos por todo el mundo, se reduce a las siguientes preguntas: ¿Queremos tener el vínculo con nuestros compatriotas que viven en el extranjero? ¿Queremos hacerlos sentir parte de nuestro desarrollo? ¿Nos interesa que tengan y preserven la identidad nacional? Si no es así, lo correcto, ético y transparente es decir claramente que no se está de acuerdo; que no se quiere tener ese vínculo; que más bien se desea la desvinculación, como, al parecer, es lo que plantea la Oposición. Digo esto, porque no hay argumentos para ello. No es casualidad que nueve países de América Latina permitan y den todas las facilidades del mundo para que se ejerza el derecho a sufragio de cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente del país en que resida. En el caso de Brasil, por ejemplo, para votar desde el extranjero basta con inscribirse en el registro consular e ir a la misión a comunicar la condición de elector y el lugar de residencia 30 días antes de la celebración de los comicios. En Argentina, basta la residencia efectiva y permanente en el extranjero. Sólo con ese hecho se puede ejercer el derecho ciudadano. No quiero nombrar todos los países que tienen normas que permiten ejercer los derechos ciudadanos a sus connacionales, porque son varios. Por eso, llama tanto la atención que se esté dando este debate, porque parece que es del siglo XIX. Algunos parlamentarios argumentaron que el proyecto no es constitucional. Después, veremos otros argumentos más graciosos aún. Al respecto, puedo decir que es constitucional y que, además, cumple el mandato de la Constitución al establecer que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. En ninguna parte se consigna un requisito acerca del lugar de residencia. Sin embargo, buscamos argumentos para que esos chilenos no puedan participar de nuestros procesos electorales ni puedan ejercer la democracia de manera auténtica. Además, eso hace que nuestra democracia sea muy imperfecta. Otro argumento relevante es que éste es un clamor muy grande de los ciudadanos chilenos en el exterior. Por eso, llamo a no seguir viendo este hecho con un prisma político, con una calculadora en la mano, porque todos los estudios sostienen que no variarán los porcentajes de las distintas coaliciones. La Derecha está al tanto de esta información. El 12 por ciento, una minoría, está por razones políticas. Reitero: llamo a realizar un debate respecto del tema central, de lo importante, no de lo accesorio. No tengamos una visión mezquina. Hoy, debemos fortalecer los vínculos y favorecer la mantención de la identidad nacional de todos los chilenos y chilenas que viven en el extranjero, fundamentalmente, porque eso está respaldado por muchas declaraciones y por los planteamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos y principios de no discriminación. Lamentablemente, estamos discriminando abiertamente al quitar un derecho tan importante a los chilenos que residen en el extranjero. Digo lamentablemente, porque es muy penoso privar a un connacional de un derecho tan importante. Otro argumento de fondo sobre la materia es la existencia de un tremendo capital humano fuera del país que quiere contribuir a nuestro desarrollo. Pero es bastante difícil sentirse motivado, tener las ganas, la voluntad, la fuerza, el entusiasmo y la energía cuando se pone toda clase de cortapisas para ejercer los derechos más básicos de un ser humano. Para concluir, sólo insto a votar pensando en qué es lo mejor para Chile, de qué manera favorecemos y fortalecemos nuestra democracia, en qué hacemos para que ésta sea más representativa y participativa. También llamo a ser franco, transparente y decir las cosas por su nombre en este debate, porque es muy irrisorio lo que hace la Derecha. Dice estar de acuerdo, pero pone condiciones. Que los embajadores tienen que ser de determinado tipo, que los chilenos tienen que haber venido al país por lo menos los últimos cinco años. La otra vez se decía que tenían que estar avecindados un año en el país; así está consignado hoy y la norma es muy respaldada. Sólo falta que pidan el establecimiento de un voto censitario, una declaración de patrimonio y de intereses a las personas que quieran votar o que tengan una dote. ¿Son chilenos o no son chilenos? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? ¿Estamos de acuerdo con sentirlos parte de nosotros? Como muy bien decía el diputado Ascencio, ¿queremos mantener el vínculo o queremos desvincularlos? Ése es el debate de fondo. Eso es lo que hoy está en juego. Ojalá que seamos muy claros y transparentes cuando emitamos nuestra decisión. He dicho. -Aplausos. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro Secretario General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo. El señor VIERA-GALLO (ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, para el Gobierno es muy importante que este tema sea debatido, una vez más, en el seno del Congreso. Para abordarlo adecuadamente, hay que tener en cuenta la última reforma a la Constitución, que se refiere a quienes son chilenos. Siguiendo la tradición de la del 25, la reformada prefería el ius soli, es decir, que eran chilenos aquellos que habían nacido en el territorio de Chile, y sólo, por excepción, consideraba chilenos, en algunos casos muy especiales, a aquellos que habían nacido fuera de los límites de nuestro territorio. En cambio, hubo un vuelco completo con la reforma constitucional que muchas señoras y señores diputados votaron el 2005, en el sentido de considerar, como fuente de la nacionalidad, igualmente importante y legítimo, el ius soli y el ius sanguinis. Esto, básicamente, por el proceso de globalización y por un cierto avance que ha habido en la humanidad al respecto. En segundo lugar, hay otro avance muy significativo: mientras la Constitución anterior exigía que las personas tuvieran prácticamente una sola nacionalidad, la actual, con la reforma del 2005, permite que las personas puedan tener varias nacionalidades a la vez. Siendo así, basta leer el número 2° del artículo 10 de la Constitución: “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero.”, son chilenos. No necesitan avecindarse ni nada de eso. La idea matriz es que se es chileno por nacer en Chile o por ser hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero. Consecuencia de eso, en la Constitución, también en el capítulo II, Nacionalidad y ciudadanía, el artículo 11 se refiere a la ciudadanía. Lo lógico es que la ciudadanía deriva de la nacionalidad. O sea, cuando votamos y definimos el ámbito de la nacionalidad estaba implícito que esas personas, cumpliendo ciertos requisitos, pasaban a ser ciudadanos y, por tanto, a tener el derecho a elegir y ser elegidos. Tan es así, que el número 2° del artículo 10 de la Constitución, después de establecer que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, agrega: “Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1°, 2° ó 4°.” O sea, en el fondo, esto llega hasta a los nietos. Ése es el ámbito. Ahora, no se advierte razón alguna por la cual esas mismas personas que son chilenos, no puedan ser ciudadanos. Porque, haber nacido en el extranjero es simplemente un azar. Antiguamente, un viaje al extranjero -a Europa, por ejemplo-, cuando se redactó la Constitución del 25, duraba un mes y medio o dos meses. La gente se iba por años y después era muy difícil volver. Hoy, por múltiples razones, laborales, políticas, económicas, etc., la gente gira por el mundo y es muy natural que quienes están fuera de Chile, pero que son chilenos, puedan emitir el sufragio. Además, todos los señores diputados saben que el derecho a sufragio a los residentes en el extranjero existe en muchos países, no sólo de Europa, sino que también de América Latina. Hace poco tiempo, vimos que ecuatorianos y peruanos votaron en Chile para la respectiva elección de presidente de la república. Entonces, no se logra entender razón lógica alguna para que chilenos que están fuera de Chile no puedan ejercer el sufragio. Lo que se puede sostener es que deben cumplir ciertos requisitos, como inscribirse en el consulado. Eso es natural. ¿Cómo podrían votar si no se inscriben? Aún más, cuando se dice que las embajadas o los consultados chilenos podrían influir a favor de alguna determinada orientación política, creo que se hace un flaco servicio a la carrera funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que, por tradición, ha tenido siempre funcionarios profesionales, en especial en el cargo de cónsul. Jamás el cargo de cónsul supone un nombramiento político. Además, para ciertas materias, el cónsul es ministro de fe, igual que un notario, y no obedece órdenes del embajador. Tiene responsabilidades legales que lo hacen tan responsable, como un notario o un oficial del Registro Civil. Por lo cual, me parece absolutamente infundado que se pueda sembrar la sospecha de que los cónsules de Chile pudieran tener una injerencia que no fuera estricta y únicamente profesional. Dicho eso, todos conocemos el universo de personas de las que estamos hablando. Sólo en Argentina tradicionalmente hay 400 mil chilenos, en especial de emigración económica, que mantienen un vínculo muy permanente con Chile. Después, por razones políticas, de trabajo o por las que sean, hay comunidades chilenas en muchas partes del mundo. Tanto es así, que en la Cancillería hay un departamento que se ocupa de las relaciones con las organizaciones de nuestros connacionales fuera del país. Si se revisan las estadísticas de países análogos a Chile, cuando se trate de votar, probablemente se va a cumplir lo que algunos llaman la regla del 40-40; es decir, que el 40 por ciento de los que viven en el extranjero se inscriben en los consulados, pero de ese 40 por ciento después vota el 40 por ciento. Es lo más probable; a lo mejor no. Pero, ¿con qué derecho nosotros podríamos establecer una cortapisa, una inhibición, una prohibición para que chilenos tan chilenos como los que viven en Chile, no puedan manifestar su opinión en un acto electoral. Por eso, además de la urgencia que le había puesto por el compromiso que hay de que esta materia se resuelva de una vez, el Gobierno, al mismo tiempo, está dispuesto a escuchar las distintas opiniones que los señores diputados tengan al respecto, para hacer que el proyecto sea viable y se cumpla su propósito. Por tanto, cualquiera sugerencia que vaya en el sentido que la Constitución establece, en cuanto a garantizar el derecho a sufragio de los chilenos fuera de Chile, el Ejecutivo está dispuesto a escucharla y procesarla. En cambio, toda sugerencia que pudiera significar establecer alguna forma de discriminación, obviamente la podremos escuchar, pero con seguridad no la haremos nuestra. No se nos escapa que para que el proyecto se apruebe, se requieren más votos que los votos de la Concertación. Por eso, quiero decir a los señores diputados que en el extranjero viven chilenos que votarían por la Concertación, pero también muchos que, seguramente, aunque no es lo que yo quisiera, votarían por las bancadas de la Oposición. En consecuencia, no se advierte razón alguna para hablar de alguna suerte de discriminación. El señor Presidente informó que, debido a la cantidad de diputados inscritos, es probable que el proyecto no se vote hoy. Por lo tanto, existirá tiempo suficiente para reunirnos y buscar alguna solución que dé satisfacción plena a los connacionales que viven fuera de Chile. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry. El señor SALABERRY.- Señor Presidente, preparé una intervención sobre aspectos de fondo discutidos en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, de la cual soy parte. Sin embargo, las intervenciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra me obligan a efectuar un par de precisiones. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al diputado señor Ascencio que espero contribuir a no hacer pobre este debate. No voy a usar el argumento de que los chilenos que están fuera del país pueden votar por uno u otro sector político. A mi juicio, de esa forma se rebaja el nivel del debate. En mi opinión, debemos centrar la discusión en el sentido que tiene otorgar el derecho a sufragio a quienes residen fuera del territorio nacional y sobre qué condiciones debieran cumplir éstos para ejercerlo. Durante la discusión general, la diputada señora Allende expresó que existe una discriminación en perjuicio de los chilenos que viven en el extranjero. En mi opinión, aunque el proyecto mejoró mediante la indicación sustitutiva introducida por el Ejecutivo y los aportes de diputados de la Alianza por Chile, mantiene una discriminación profunda, porque sólo entrega el derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero en elecciones presidenciales, no parlamentarias o municipales. Según se dice, el proyecto pretende conseguir la igualdad de derechos entre los chilenos que viven en el territorio nacional y los que residen en el extranjero. Sin embargo, del informe entregado por la diputada Allende se concluye que en el proceso electoral existen desigualdades y discriminación, porque se termina por generar votantes de primera y segunda categoría. Primera desigualdad. Para participar en el proceso electoral, el chileno residente en el territorio nacional debe inscribirse en el Registro Electoral y, al momento de sufragar, debe portar su carné de identidad. En cambio, el residente fuera de las fronteras nacionales podría sufragar con su carné de identidad o su pasaporte. Al respecto, cabe recordar el escándalo que se originó cuando un ex ministro pretendió sufragar con su licencia de conducir. No voy a referir a lo señalado por el ministro Viera-Gallo respecto de la idoneidad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. A mi juicio, en aspectos como el resguardo del sistema de inscripción, el funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios o la toma de decisiones, existe un grado de imparcialidad que se debe cuidar. Cuando, en un proceso electoral llevado a cabo en territorio nacional se desea, por ejemplo, impugnar alguna inscripción o votación, o sancionar la no asistencia a votar, el ordenamiento jurídico establece con toda claridad el procedimiento que se debe adoptar. Sin embargo, respecto de las votaciones de los residentes fuera del territorio nacional, no se establece mecanismo alguno y se hace muy difícil perseguir las responsabilidades. En la Comisión de Derechos Humanos discutimos sobre éstas y otras materias. En algunas se obtuvieron avances, pero en otras no. Los procesos electorales que tienen lugar en el país consideran, en caso de existir dudas acerca de la identidad de algún votante, la posibilidad de recurrir al experto electoral. En el extranjero, por ejemplo en un consulado, la decisión sobre dicha situación quedaría al criterio de la mesa. No voy a hacer cuestión del buen o mal criterio de sus integrantes, pero, reitero, la decisión quedaría a su criterio, en circunstancias de que en el país queda en manos de un experto electoral. Por lo tanto, el proyecto, a lo menos, debiera establecer la prohibición de sufragio en caso de existir dudas sobre la identidad del votante. Un aspecto muy controvertido dice relación con el resguardo del orden público durante el acto electoral en el extranjero. Al respecto, difiero del argumento entregado por la Comisión de Constitución. Sobre el particular, cabe recordar que la Constitución Política de la República en forma explícita establece que “El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley”. El argumento del Ejecutivo para salvar el problema de constitucionalidad, ratificado por la Comisión de Constitución, apunta a que en los actos electorales llevados a cabo fuera de nuestras fronteras no participen las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sin embargo, reitero que la Carta Fundamental es explícita al respecto. Por lo tanto, se trata de un aspecto que el proyecto no recoge. En la Comisión de Derechos Humanos hice presente que la calidad de ciudadano se pierde, entre otras causales, por condena a pena aflictiva, que, de paso, representa la suspensión del derecho de sufragio. Sin embargo, el proyecto nada dice sobre qué ocurrirá si un chileno que vive en el extranjero es sometido a proceso y sancionado a pena aflictiva bajo leyes extranjeras. El Ejecutivo no fue capaz de absolver esa duda. Muy al pasar, se mencionó que se podría pedir un informe a Interpol o al Ministerio de Justicia. Sin embargo, repito, el proyecto no resuelve esa interrogante. En el proyecto se menciona que en Chile se discrimina al no otorgar el derecho a sufragio a quienes residen en el extranjero. Sin embargo, nada se dice respecto de la situación de chilenos que, pese a tener derecho a voto, no pueden ejercerlo debido a que se encuentran por un período breve en el extranjero, por ejemplo, estudiando un posgrado o trabajando. En la Comisión se respondió que esa persona tiene derecho a sufragio, pero sólo en Chile, porque no podría concurrir al respectivo consulado a votar debido a que no se encontraría inscrita en el registro especial que llevarían para ese efecto las juntas electorales en el extranjero. Por lo tanto, el proyecto de ley no resuelve ese problema. Si no me equivoco, el colega Ascencio expresó que el derecho electoral moderno concede el beneficio de sufragio fuera del territorio nacional. Al respecto, deseo formular dos comentarios. Ante la inquietud del colega respecto de los extranjeros residentes en Chile, deseo recordar que la Constitución Política de la República establece que podrán ejercer el derecho de sufragio, para lo cual deberán cumplir con el requisito de estar avecindados en Chile por más de cinco años. Se trata de un requisito no menor. Al respecto, cabe tener presente que democracias modernas, como las de Inglaterra, Nueva Zelanda y otras, buscan limitar el derecho a sufragio de sus nacionales residentes en el extranjero. No lo expresó el diputado que habla, sino el representante del Ejecutivo. Así, por ejemplo, Inglaterra redujo el plazo de residencia en el extranjero, de veinte a quince años, y en Nueva Zelanda, para ejercer ese derecho se exige una visita al país cada tres años. Por lo tanto, el proyecto de ley no contempla requisito alguno para aquellos compatriotas que residan en el extranjero, tengan derecho a votar y que, al menos, durante un período hubiesen pisado el territorio nacional. Señor Presidente, anuncio mi abstención respecto de este proyecto. No me preocupa el número de chilenos que estén afuera y que opten por uno u otro sector político. Si queremos avanzar, todos los chilenos que estén por un período corto o por mucho tiempo afuera, tienen derecho a votar, cumpliendo ciertos requisitos. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, me produce un poco de pena el hecho de que los argumentos de un lado y de otro no sean ciento por ciento escuchados y con el propósito de convencer, sino más bien para dejar en acta lo que se está pensado; porque no se intenta debatir con el fin de permitir, de una u otra manera, cambiar, perfeccionar o mejorar el proyecto. Hay un derecho inalienable de los ciudadanos y de la democracia, cual es el de votar y de poder elegir a sus representantes. Desgraciadamente, hoy ese derecho, consagrado en muchos países, en que un ciudadano que vive en otro país puede ejercerlo, en Chile no se está respetando y da mucha tristeza percibir que la Derecha no quiera dar su voto para que podamos avanzar en ese sentido. Nuestros compatriotas, que viven durante tantos años en el extranjero, por distintos motivos, porque no solamente son exiliados y de izquierda -con quienes, como se ha dicho, por ser numerosos, podría ganarse cualquier elección, lo cual es un mito-, hay mucha otra gente que está afuera por razones de estudio, de trabajo, etcétera, y, por lo tanto, su influencia en el resultado final de una votación es incierto. Además, no es verdad que la gente de afuera vaya a votar sólo por la Concertación. Eso no lo sabremos hasta que se lo permitamos. Lamento -insisto- que hoy la Derecha no quiera dar su voto para que nuestros compatriotas puedan votar. Los argumentos que se han dado dejan mucho que desear. ¿Por qué?, porque es importante que la gente pueda ejercer ese derecho. ¿Qué argumentos se han planteado? Por ejemplo, que, eventualmente, el voto puede ser discriminatorio, porque votan unos y no votan otros; o qué pasa con aquellas personas que van a estudiar durante poco tiempo y que deben volver a votar en Chile. Pero ¿son acaso trascendentes frente a los miles y miles de chilenos que están afuera, por diferentes razones -por exilio económico, por opción de vida, etcétera-, que tienen raíces y que quieren ejercer su derecho a voto? Si los candidatos presidenciales de la Derecha le prometieron a la gente de afuera el derecho a voto, qué le respondan ahora. Me pregunto si acaso la derecha va a cumplir su promesa sin artilugios. Que dé las explicaciones de cara a la gente, porque ésta le creyó, porque en el exterior, en Francia, en España, en Argentina, en Bolivia, en distintos lados, tiene la esperanza de que va a poder ejercer el derecho a voto. Se argumenta también por qué sólo en las elecciones presidenciales y no también en las parlamentarias. Bueno, creo que estaríamos de acuerdo en entregar el voto para todos los comicios. Entonces, votemos a favor. ¿Cuál es el problema? Hacemos la indicación y nos ponemos de acuerdo. Estamos abiertos a entregar a la gente que vive afuera el derecho ciudadano a elegir a un presidente, porque sus raíces están aquí. ¡No más mentiras a la gente! ¡No más contarle cuentos! Sé que hay algunos diputados que quieren apoyar este proyecto, pero que no los dejan; están amarrados, y eso es muy triste, porque muchos chilenos, eventualmente, no van a poder ejercer su derecho a voto. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en primer lugar, se han hecho algunos comentarios respecto a la constitucionalidad de esta iniciativa de ley y al informe sobre constitucionalidad que emitió, por mayoría de votos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -a la que se refirió el diputado Burgos-. Quiero dejar establecido que una minoría de esa Comisión planteó la inconstitucionalidad de la norma, al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política. En efecto, ese precepto es extraordinariamente terminante, porque su texto corresponde a la evolución de las instituciones político-jurídicas y al Estado de derecho chilenos. Establece, con claridad meridiana, que “Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en participación en los señalados procesos”. (Aquí y en cualquier parte donde se realicen las elecciones). Agrega: “El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.” Por lo tanto, las elecciones, sean de presidentes de la República, senadores, diputados, alcaldes o concejales, deberán estar siempre sometidas al resguardo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto es terminante. Para la norma constitucional, una elección que no está supervisada ni resguardada por las Fuerzas Armadas y Carabineros, no es válida. En consecuencia, el que el informe de constitucionalidad haya sido por mayoría, no es óbice para que la minoría, que sostenemos lo contrario, hagamos reserva de recurrir al Tribunal Constitucional, en caso prosperar el proyecto Pero no se trata sólo de meras formalidades. Las dudas de nuestras bancadas pasan por dos ejes centrales. El primero es la intervención electoral, nunca antes vista en la historia de Chile, tal vez, desde el término del período parlamentario. Existe un gran movimiento que plantea, y a esto vamos a llegar, la creación de una especie de instituto electoral, semejante al que se dieron los mexicanos, después del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que resguarde la neutralidad del Estado y del Gobierno; la no intervención electoral y la ausencia de brujuleos; en fin, del manejo electoral con fondos públicos. Este es el tema de fondo. La inquietud no radica en cómo van a votar los chilenos residentes en el extranjero, porque saben muy bien como hacerlo, sino en cómo, el Gobierno de turno, en virtud de una especie de nueva tradición que se viene dando en los últimos años, pueda maniobrar o brujulear la voluntad libremente manifestado por los chilenos, en el exterior. El segundo eje dice relación con un error de concepto. Es perfectamente legítimo -el ministro Viera-Gallo lo ha manifestado bien- creer que nacionalidad y ciudadanía son conceptos sinónimos. Sin embargo, en la tradición jurídica chilena esto no es así. Prueba de ello es que los extranjeros avecindados en Chile tienen derecho a voto. Uno de los presupuestos de la ciudadanía es la nacionalidad y, el otro, -y esta es la tradición chilena-, es que el que emite el voto tenga una vinculación bastante intensa con los problemas de la comunidad. Los chilenos que representamos en esta Cámara tienen que enviar a sus hijos a los colegios que existen en los distritos; tienen que moverse entre un punto y otro de la capital, en mi caso, por medio del Transantiago; tienen que mandar a sus hijos a los establecimientos hospitalarios; tienen que lidiar con el pago de impuestos. En fin, para ellos, la nacionalidad y la ciudadanía se traducen en una cantidad muy concreta de obligaciones y problemas, respecto de los cuales, la única oportunidad que tienen de pronunciarse es a través del voto en las elecciones periódicas. Por eso, nuestro planteamiento, que nada tiene que ver con el aprecio que sentimos por los chilenos en el exterior, es requerir que, además de la nacionalidad, tengan alguna vinculación con los problemas, con las angustias, con las inquietudes diarias que el resto del cuerpo electoral sufre en nuestros distritos. Esas son las razones fundamentales por las cuales no nos gusta el proyecto. He dicho.-o- -La Mesa saluda a la directiva del Partido Comunista, presente en las tribunas, encabezada por su presidente, señor Guillermo Teillier.-o- El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto de gran trascendencia y de positivos efectos para nuestra soberanía popular, nuestro país y nuestros compatriotas que residen en el extranjero. Tan importante es que fue visto y analizado por tres comisiones: de Derechos Humanos, Nacionalizad y Ciudadanía, de Hacienda y de Constitución Legislación y Justicia. En ellas se estableció, por mayoría, el criterio de aprobar el proyecto. Yo integro la Comisión de Derecho Humanos y considero que el derecho a voto de los chilenos residentes en el extranjero es un derecho humano. Mucho se ha discutido sobre la soberanía popular y el derecho a participar en las grandes decisiones del país. Discutimos para que votaran los mayores de 25 años; después, para que lo hicieran los mayores de 21 y, hoy, sufragan los mayores de 18 años, los analfabetos, los ciegos y los sordomudos. Mucho se discutió, también, sobre el derecho a voto de las mujeres; hoy lo ejercen en plenitud. El debate de hoy es una instancia suprema, tan vital como aquellas, y que nosotros, como Congreso, debemos dirimir. El proyecto no tuvo objeciones de constitucionalidad, tal como lo señala el informe, y no representa mayor gasto fiscal para el presente año y, para los próximos, no van a ser muy elevados. El derecho a sufragio de los chilenos residentes en el extranjero es considerado un derecho humano fundamental, de acuerdo con la tendencia mundial. Tal es así, que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos define el voto en el extranjero como “el ejercicio del sufragio fuera de las fronteras nacionales, por parte de los ciudadanos de un país donde se realiza una elección, cuando el ordenamiento jurídico les reconoce dicho derecho al sufragio y los autoriza para ejercerlo de esta manera”. Y ¿quiénes tienen derecho a este sufragio? Los ciudadanos nacionales del país en el que se realiza una elección, que por diversas razones se encuentran fuera de él. En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico debe reconocer este derecho a los compatriotas que residen en el extranjero. El proyecto responde a la necesidad de adecuar nuestra legislación a los nuevos tiempos y de favorecer los requerimientos de miles de chilenos residentes en el extranjero. No podemos permanecer indiferentes frente a miles de chilenos -lo vemos en las pantallas de televisión- que llenan los estadios extranjeros, enarbolando con pasión y entusiasmo la bandera chilena, cuando participamos en grandes eventos deportivos. Ellos son compatriotas y también participan, de alguna manera, de las penas y alegrías de nuestro país. La rapidez y fluidez de la información acortan las distancias, permitiendo, a quienes residen en el extranjero, estar al día de lo que ocurre en el país. Del mismo modo, la legislación interna y el derecho internacional, más que asegurar los derechos, deben promover y crear nuevas prerrogativas que se concreten y se plasmen en la ley. Desde 1990, mediante una moción del ex diputado Carlos Dupré que aquí se ha mencionado reiteradamente, ha existido la intención de otorgar a los chilenos residentes en el extranjero el derecho a sufragio. Objeciones constitucionales o suspicacias de carácter político han impedido su análisis y su despacho. Hasta el momento, sólo se le han formulado objeciones de carácter legal, pero no de fondo que imposibiliten este derecho. Se recurre a los detalles, con el pretexto de oponerse al tema de fondo: el derecho que tienen los chilenos a sufragar en sus países de residencia. El 72 por ciento de nuestros compatriotas que residen en el extranjero, voluntaria o involuntariamente, han manifestado su deseo de sufragar. Ellos viven pendientes de lo que ocurre en Chile y son activos promotores del país, ya que impulsan iniciativas de las más variadas índoles en beneficio de nuestra patria. Existe la necesidad de fortalecer sus vínculos y mantener vigentes sus identidades con nuestra nación, de seguir participando desde la distancia en las grandes decisiones del país, al que quieren seguir ligados, porque no han renunciado a su nacionalidad ni a su ciudadanía. Se trata de hacer lo que está haciendo en América Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela o lo que hacen Alemania y otros países de Europa, que consagran el derecho a voto de sus nacionales en el extranjero. En consecuencia, estamos quedando atrás respecto de este derecho, a pesar de que estamos acostumbrados a ir siempre a la vanguardia de cuanta tendencia legislativa o de cuanto derecho hemos impulsado desde Chile. Nuestra legislación no establece la residencia como requisito en nuestro país para tener derecho a voto. Y se reconoce como chileno a los hijos de padres o de madres chilenos nacidos en territorio extranjero, sin exigir el requisito de avecinamiento de un año. La Constitución no señala como suspensión ni como pérdida de la calidad de ciudadano su residencia en país extranjero. Si son chilenos en ambas condiciones y si la Constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es lógico reconocer el derecho a sufragio a quienes residen en el extranjero, por lo que podemos decir que sólo falta que se cree la ley y se implementen las fórmulas y procedimientos para que los chilenos residentes en el extranjero voten. De tal forma que el derecho a voto de los compatriotas en el extranjero es una necesidad legislativa que debe concretarse y materializarse hoy. Es un derecho de los chilenos y es un deber del Estado otorgar y mantener el derecho de ellos como corresponde. ¿Estamos en deuda o no con nuestros compatriotas, señor Presidente? Sí, lo estamos, porque hemos estado discutiendo y buscando maneras de dilatar el tema a través del tiempo, en circunstancias de que se trata de un tema real que debemos resolver hoy. Ellos no han dejado de ser chilenos. Este derecho se basa en el principio de la no discriminación en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. No hay motivaciones políticas escondidas en esto. Si se interpreta que el proyecto obedece a un interés político, debemos tener en cuenta que, como lo dice el informe, más del 40 por ciento de los chilenos están en el extranjero por razones económicas, lo que desecha toda otra intención que no sea reconocer un derecho. Sólo el 21 por ciento de la residencia de los chilenos en el extranjero obedece a motivaciones políticas. Según el registro de la Dirección de la Comunidad de Chilenos en el Exterior, Dicoex, el número de chilenos en el extranjero es de 857.781 personas. Ya sabemos que 61 por ciento se encuentra en América del Sur; 18,3 por ciento, en América del Norte; 16,6 por ciento, en Europa; 4,1 por ciento, en Oceanía; 0,9 por ciento, en Centro América y El Caribe; 0,7 por ciento, en África y Medio Oriente, y 0,4 en otros. En los Estados Unidos hay aproximadamente 120 mil chilenos, por lo que figura en el segundo lugar de los países en que viven chilenos. Por otro lado, del total de chilenos residentes en el exterior, se estima que sólo 457 mil tienen más de dieciocho años, por lo que ese universo electoral no constituiría una variación mayor en los porcentajes que normalmente obtienen las coaliciones en Chile. A ellos habría que agregar a quienes están condenados a penas aflictivas. Nuestra legislación posibilita este derecho y nos alegramos de que el Ejecutivo también se haya hecho parte en esta moción y haya presentado una indicación sustitutiva que modifica la ley N° 18.556. Señor Presidente, hay una patria nuestra fuera de Chile que tiene en el corazón los emblemas y nuestro destino tan bien puestos como nosotros. En consecuencia, no debemos desestimarlos, sino que reconocerles sus derechos como corresponde. Señor Presidente, en conclusión, los chilenos en el extranjero son nuestros compatriotas; son chilenos y siguen siendo chilenos, por lo que deben gozar de sus derechos, sobre todo del de participar en nuestras grandes discusiones, porque así lo han solicitado, porque así lo consagran el derecho internacional y porque constituye un derecho humano. No hacerlo es impedir que ejerzan en plenitud nuestra soberanía y el derecho a participar y decidir en nuestras grandes discusiones. Por lo tanto, señor Presidente, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto, porque es un imperativo legal y constitucional, y porque es un derecho humano de quienes están fuera del país. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Por haber llegado al término del Orden del Día, informo que este debate va a continuar en una próxima sesión. Recordemos que el proyecto fue calificado con simple urgencia, es decir, tenemos treinta días para despacharlo, plazo que vence el 10 de mayo, por lo que podemos continuar su discusión en una próxima sesión. Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, entiendo que el número de inscritos ha impedido concluir la discusión, lo que es positivo, ya que demuestra el interés de los diputados en participar en el análisis de esta materia. Sin embargo, deseo saber cuándo se pondrá nuevamente en Tabla el proyecto, porque quiero que fijemos una fecha precisa para continuar con esta discusión. El señor WALKER (Presidente).- Mañana fijaremos la fecha en que pondremos en Tabla el proyecto para continuar su discusión. Debo recordar que hay veinticuatro diputados inscritos para hacer uso de la palabra, orden que, como corresponde, se va a respetar. Vamos a intentar que esto se termine de discutir en la sesión de Sala más cercana, lo que decidiremos en la Comisión de Régimen Interno. VII. PROYECTOS DE ACUERDO El señor WALKER (Presidente).- Corresponde abocarse al estudio de los proyectos de acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solicito que pida la unanimidad de la Sala para tratar sobre tabla un proyecto de acuerdo que se relaciona con los dichos injuriosos del Presidente Hugo Chávez en contra de ambas Cámara del Congreso, lo que, básicamente, … El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, no se puede referir al fondo del proyecto, sólo puede solicitar la unanimidad de la Sala para tratarlo sobre Tabla. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pido que un sector del Congreso no obstruya nuestro derecho a exigir que se trate con la dignidad que corresponde al Parlamento chileno. Creemos que si un sector de la Cámara no da la unanimidad para tratar el proyecto de acuerdo, lo que está haciendo es no respetarse a sí mismo ni a la dignidad del país. El señor WALKER (Presidente).- No hay unanimidad, señor diputado.ESTATUTO DE TRABAJADORES TEMPOREROS. (Votación pendiente). El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo 316, que establece un estatuto para los trabajadores temporeros. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Se repetirá la votación, por haber dudas sobre su resultado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Patricio.IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA WI-FI EN LAS PLAZAS DE TODAS LAS COMUNAS. El señor WALKER (Presidente).- El señor prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 317. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 317, de los señores Espinosa, don Marcos; Pérez, Sule, Delmastro, Aedo, Von Mühlenbrock, Rojas, Martínez y la señora Valcarce, doña Ximena, que en su parte resolutiva dice: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que: 1. Asegure el derecho a tener conexión pública a Internet a todas las provincias del país. En especial, que el Gobierno diseñe una política para mejorar el acceso a Internet en lugares aislados y rurales y en sectores pobres y lejanos de Chile. 2. Instale el sistema Wi-Fi en todas las Plazas de Armas existentes a lo largo del territorio nacional”. El señor WALKER (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo surgió de una experiencia bastante exitosa que se implementó en la ciudad de Puerto Montt, denominada “Puerto Montt, Ciudad Iluminada”, por la que los habitantes de dicha ciudad pueden acceder gratuitamente a Internet. En la actualidad, sabemos que en el mundo, altamente interconectado y globalizado, el acceso a internet no es en ningún caso un privilegio para unos pocos, sino que se ha constituido en una herramienta indispensable en la educación, en la información y en la entretención. Por ello, pedimos a la Presidenta de la República que se sirva iniciar los estudios correspondientes para implementar el sistema Wi-Fi en todas las plazas públicas de todas las comunas del país, mejorando con ello la interconectividad y disminuir lo que conocemos como la brecha digital. El proyecto apunta justamente a que más personas tengan acceso a esa útil herramienta de información, entretención y cultura. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, aunque es un proyecto de mucha simpleza, quienes vivimos alejados de la capital conocemos las posibilidades e imposibilidades de acceder a internet. Hacer esta petición formal para implementar el sistema Wi-Fi en plazas y, quizás, en parques, podría mejorar la conectividad. En la actualidad, la educación es un tema en discusión, y creo que la tecnología es parte de aquella. Votaré a favor del proyecto. He dicho. El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. no hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor WALKER (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -El texto íntegro de los proyectos de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: www.camara.cl/pacuerdo/ VIII. INCIDENTESCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE SONDA Y DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL TRANSANTIAGO. (AFT). Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Hasta cuándo no va a haber una solución al problema que estamos arrastrando en la Región Metropolitana con el Transantiago? ¿Hasta cuándo el Administrador Financiero del Transantiago (AFT) no va a tomar una determinación respecto del problema que hoy existe con la empresa Sonda, que desde octubre del año pasado debería haber tenido todos los softwares funcionando? No ha cumplido y ha hecho que el sistema esté colapsando. En estos días hemos sido testigos de cómo el Gobierno ha tenido que dar gratuidad a los pasajes de los escolares y universitarios durante cuatro días. ¿Piensan que fue un gesto del Gobierno porque quiso darlo? No es así, sino porque faltaba el software, porque éste no distingue entre un pase escolar, uno gratuito, uno de adulto mayor y uno normal de una persona que deba pagar 380 pesos. Entonces, señores del AFT ¿hasta cuándo? He llamado insistentemente al señor Mena, quien la preside, durante cinco días, para conversar sobre estos temas que incumben a toda la ciudadanía, pero no devuelve el llamado. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que se siga perjudicando a las sufridas personas que, día tras día, se suben a los buses del Transantiago, porque hoy no existe un sistema que les dé garantías para andar más tranquilos? El ministro de Transportes ha adoptado medidas que, sin duda, han sido bastante acertadas. Pero es imposible que este problema se pueda solucionar si no existe un sistema de gestión de flotas, que Sonda había prometido que estaría listo para octubre del año pasado. Por eso, hago un llamado al señor ministro, y sobre todo a los dueños y gerentes de los bancos y al presidente del AFT, señor José Manuel Mena, quien además pertenece al Banco Estado, institución muy ligada al Estado de Chile, para que nos digan cuándo van a tomar las decisiones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que nuestra gente siga sufriendo arriba de los buses, a causa de una decisión que no quieren tomar? Mucho se ha hablado de que los públicos no lo han hecho bien. Sin embargo, aquí se advierte claramente que los privados tienen el desastre por no querer tomar una decisión y por no querer aceptar que hay una empresa que no funciona y que, en definitiva, hoy tiene colapsados a los santiaguinos. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos informe sobre qué está ocurriendo con el Administrador Financiero del Transantiago y con la empresa Sonda. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.SUBSIDIO A LAS CUENTAS DE AGUA POTABLE EN COMUNA DE CURACAUTÍN. Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, los habitantes de la comuna de Curacautín, Región de la Araucanía, están siendo afectados por una fuerte alza en las tarifas del agua potable y alcantarillado, especialmente por la reciente puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas servidas. Esta situación ha sido analizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Tenemos fundadas sospechas de que las razones tienen que ver no sólo con la instalación de la planta, sino también con problemas en la lectura de los medidores, como ocurrió con la empresa Aguas Araucanía en Temuco el año pasado, la cual tuvo que devolver más de cien millones de pesos a los usuarios. En ese sentido, hemos solicitado a la Superintendencia que adopte las medidas del caso, como, por ejemplo, revisar la facturación de la empresa que, probablemente, es uno de los recursos más extremos de la Superintendencia, dadas las fundadas sospechas de que el incremento en las tarifas del agua potable de los habitantes de Curacautín se deba a otras razones. Sin embargo, el tema de fondo tiene que ver con la pobreza que desde hace muchos años afecta a dicha comuna, particularmente desde el cierre de la empresa Focura. La falta de ingresos se ha generalizado y se arrastra desde hace una década, de lo cual dan fe la encuesta de estratificación socioeconómica, Casen, y el alto número de personas que están en el programa “Puente”. Todos los indicadores de Mideplan apuntan en esa dirección. Hoy, los ingresos de las familias han caído a tal punto que el 35 por ciento de la población sólo realiza labores de recolección de algunas especies de manera ocasional. Sin duda, estamos ante una situación muy delicada. En ese sentido, el alcalde, los concejales y dirigentes vecinales me han consultado respecto de la posibilidad de incrementar los subsidios de agua potable en la región, pues es la única herramienta de corto plazo para hacer frente a situaciones que pudieran ser arbitrarias, lo cual puede corroborar la Superintendencia cuando termine la investigación que está realizando. Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Mideplan, con el fin de que estudie la posibilidad de disponer cupos de emergencia en subsidios de agua potable para los habitantes de Curacautín. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.SALUDO A PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, como diputado obrero, latinoamericanista y de Izquierda, hoy celebro en esta Cámara, al igual que muchos otros hermanos de nuestra América morena y de tantos otros lugares del mundo, el triunfo del compañero y Presidente Hugo Chávez. Sin duda, con el triunfo del pasado referéndum democrático de nuestra hermana Venezuela han ganado también los pueblos de América Latina. Renacen las esperanzas con Lula, en Brasil; con Evo Morales, en Bolivia, y con Kirchner, en Argentina. Ecuador también celebra el triunfo de su nuevo Presidente, Rafael Correa, y su vicepresidente, señor Lenin Moreno. Parece que la tan mentada revolución bolivariana no resulta del todo imposible y es cada vez más un dato objetivo de la realidad, porque los sometidos de América Latina ya no soportamos tanta explotación, ni los ricos y poderosos de siempre aguantan tanta fuerza revolucionaria que crece y se multiplica. Asimismo, las transnacionales y las fuerzas ocultas tiemblan como viles garrapatas. Es de imaginar que Bush junior y sus secuaces de siempre estarán con mano ajena intentando revertir lo irreversible. Para su pesar, Fidel aún no muere. Irak es un mal chiste para el propio pueblo americano que se rebela y semeja a un Vietnam del siglo 21. Pareciera imparable este proyecto político soberano e integrador, que despierta las esperanzas de los pobres de América. Ha triunfado la dignidad, la esperanza, la igualdad y la justicia. La victoria de Chávez es un no a la guerra, un no al intervencionismo despiadado yanki, un no al terrorismo imperialista y un no a la oligarquía latinoamericana. Ninguna fuerza extraña al pueblo puede derrotar su voluntad. Cuando se le quita la venda de los ojos a los miles que entregan sus fuerzas de trabajo, de generación tras generación, unas cuantas minorías mantienen sus intereses de clases para emparentar con aquellos que poseen la fuerza de las armas y de la fe. Finalmente, la lucha libertaria y la esperanza que dejaron líderes señeros, como Bolívar, Atahualpa, Luis Emilio Recabarren, Ché Guevara y Salvador Allende, no podrá ser borrada de la memoria viva y presente de miles de jóvenes que se rebelan contra tanta injusticia social, económica y política que sostiene a este sistema reformista, que se cae a pedazos a causa de la corrupción y de la putrefacción del nepotismo burocrático. Estas son señales externas del proceso de descomposición que se acrecienta, sea cual fuere el país y el gobierno. Para estos males y esta enfermedad está la fuerza revolucionaria que rebota con más fuerza. Aquí, en esta Cámara, estoy ocupando un espacio burgués, como ayer lo hiciera Lautaro, aprendiendo de los españoles. He dicho.CIERRE DE PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA EN SAN CARLOS. Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en este momento, en Chillán se está desarrollando una manifestación pública por un numeroso grupo de transportistas, agricultores y ciudadanos en general, debido a que la autoridad dispuso el cierre de la planta de revisión técnica clase A en la ciudad de San Carlos, y la apertura, en Chillán, de la planta de revisión técnica clase A y B. En la sesión de julio de 2005, me referí in extenso a la absurda decisión de las autoridades de la zona de autorizar el funcionamiento de una planta de revisión técnica clase A y B en pleno centro de la ciudad de Chillán, en un sector residencial, frente a establecimientos educacionales, algunos de ellos con alumnos discapacitados. Últimamente, se ha hecho una costumbre que, frente a problemas objetivos, las medidas se aplican igual, aun a costa de perjudicar seriamente la calidad de vida de toda la población. El cierre de la planta de revisión técnica de San Carlos -otra decisión absurda- obligará a todos los transportistas a recurrir a la planta que empezará a funcionar en Chillán, la que, reitero, está ubicada en pleno centro de la ciudad, lo que evidentemente augura un colapso de proporciones que la autoridad se niega a reconocer. Por ello, en estos momentos, los usuarios sólo desean dar a conocer a los habitantes de Chillán el problema que se les viene encima y sensibilizar a las autoridades responsables de dicho desastre, haciéndoles ver que el aumento de vehículos pesados en pleno centro de la ciudad como consecuencia del cierre de la planta de revisión técnica de San Carlos -que atendía a esa comuna y a las comunas vecinas de San Nicolás, San Fabián y Ñiquén- va a producir un verdadero colapso, porque el lugar donde está emplazada dicha planta, la avenida O´Higgins, es una ruta de alta concentración urbana. Además, no cuenta con los espacios ni las vías de salida para soportar el viraje de camiones, maquinaria agrícola y cualquier otro vehículo de alto tonelaje. Tal decisión es una muestra del voluntarismo irreflexivo en perjuicio de miles de habitantes de Chillán y sus alrededores, y refleja la soberbia de quienes ejercen el poder y creen que sus razones son más importantes que las que pueden esgrimir miles de afectados. El Transantiago fracasó porque unos pocos tecnócratas impusieron sus criterios elaborados entre cuatro paredes, y las reales necesidades de las personas quedaron atrás. En este caso, se ha utilizado la misma fórmula para decidir algo que afecta a miles de usuarios, y lo peor es que va a tener los mismos efectos desastrosos. Como es comprensible, existe indignación con las autoridades edilicias de Chillán, por otorgar los permisos para construir una planta de estas características, y con las autoridades regionales de Gobierno, por su incapacidad para dar una solución a un problema que es evidente. Esa es la realidad, el drama; sobre todo, porque las proyecciones son trágicas. Por tanto, pido que se oficie, en carácter de urgente, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se constituya en Chillán y en San Carlos, para que recoja la opinión de la gente, de los gremios del transporte y del agro, de los vecinos de la planta de revisión técnica de Chillán, y que vea la posibilidad de que se realicen los estudios técnicos correspondientes. Asimismo, que se autorice, en forma urgente, el funcionamiento de la planta de revisión técnica en San Carlos, ya que es la única salida viable para evitar el colapso vial que se producirá el próximo 23 de abril, fecha en que entrará en funcionamiento la planta de revisión técnica en la ciudad de Chillán. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en este momento, miles de agricultores y transportistas de la comuna de San Carlos están manifestando su rechazo a la decisión del Gobierno de cerrar la planta de revisión técnica clase A en la comuna de San Carlos. Una vez más, quiero entregar mi pleno respaldo a las miles de familias que hoy están en la calle expresando de alguna forma su rechazo a tal iniciativa. La decisión tomada por el Gobierno hace algunos años es sinónimo de mucha ignorancia sobre el tema y tremendamente injusta. Además, refleja que el centralismo sigue vivo en perjuicio de las regiones. El cierre de la planta de revisión técnica en San Carlos se llevó a efecto contra la opinión del seremi de entonces y de todos los transportistas, quienes tendrán que recorrer varios kilómetros para obtener su revisión técnica y enfrentar serias dificultades en la ciudad de Chillán para lograr tal objetivo. Una vez más, se han reído y han pasado por encima de la mínima autonomía que requiere San Carlos para salir adelante, lo que refleja la ignorancia de las autoridades de Gobierno de entonces, quienes nunca se dieron cuenta de que a la planta de revisión técnica de San Carlos llegaba gente de las comunas vecinas de San Fabián, Ñiquén y San Nicolás. El problema lo armó el Gobierno y tiene la obligación de buscar una solución. Por tanto, pido que se oficie, con urgencia, al ministro de Transportes, a fin de que vea la posibilidad de dejar sin efecto el cierre de la planta de revisión técnica de San Carlos, hasta que, al menos, se garantice la instalación de una planta móvil que atienda a todos los vecinos y transportistas que requieren revisión técnica clase A. Me he reunido en tres oportunidades con dicha autoridad, quien ha prometido gestiones, pero la única respuesta ha sido el silencio. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por sus señorías, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.PASE ESCOLAR GRATUITO PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz. El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, nadie discute que hoy nuestro país se encuentra en una situación económica mucho mejor que hace veinte, veinticinco o treinta años. Sin embargo, entonces, los estudiantes teníamos pase escolar gratuito. Hoy, el Gobierno ha establecido gratuidad para el pase escolar por sólo tres días. Un ex alcalde de Puente Alto -un destacado radical, que perteneció a un Partido que hizo historia en nuestro país-, don Emilio Jiménez, me señaló la necesidad de que el Gobierno estudie la posibilidad de que los estudiantes, durante los horarios de clases, puedan transportarse en la locomoción colectiva en forma gratuita. No entiendo por qué hoy deben pagar el pasaje escolar, cuando el transporte para los estudiantes ha sido siempre gratuito. Si la razón es porque los choferes no les paran cuando tienen pase gratuito, entonces, se les debe aplicar una sanción, pero no buscar la solución a través de medidas que afectan a los estudiantes. En la actualidad, el nivel educacional es bastante bajo. Las autoridades del Ministerio de Educación están haciendo enormes esfuerzos para superar el problema; incluso, el presupuesto para Educación subió este año en 7 por ciento. Sin embargo, el rendimiento escolar no está acorde con el enorme esfuerzo económico que se está haciendo. Por eso, pido que se oficie a los ministros de Educación y de Hacienda para que hagan llegar a esta Cámara un informe sobre cuál sería el costo diario o mensual del pase escolar gratuito para los estudiantes de enseñanza básica y media, sin considerar los 130 pesos que se les cobran en este momento. Me van a decir que el costo real es superior, pero sólo quiero saber cuál es el costo efectivo, separado de lo que estaría aportando el Estado para complementarlo, de manera que podamos saber cuántos recursos se necesitan y si existen posibilidades de acoger la propuesta del ex alcalde de Puente Alto, señor Emilio Jiménez. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.MANTENCIÓN DE PLANTA DE REVISIÓN TÉCNICA DE SAN CARLOS. Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, sólo para adherir al acto de protesta que, en estos momentos, se realiza en San Carlos, por el inminente cierre de la planta de revisión técnica clase A que existe allí, debido a que dos empresas se adjudicaron la licitación para instalar dos plantas en Chillán, las cuales ya se encuentran funcionando. Quiero expresar mi protesta porque la licitación fue mal hecha: las empresas que se adjudicaron la licitación de Chillán instalaron las plantas en una pésima ubicación, lo que ya está causando grandes trastornos al tránsito de vehículos y grandes gastos a los habitantes de San Carlos, que deben desembolsar, en promedio, 46 mil pesos cada vez que llevan una máquina para revisión técnica a la capital de la provincia de Ñuble. Por eso, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se reestudie la licitación y de que se considere la posibilidad, primero, de prorrogar por un tiempo prudente el funcionamiento de la planta de revisión técnica clase A de San Carlos; segundo, de habilitar una planta de revisión técnica móvil y, tercero, de negociar con las empresas que se adjudicaron la licitación, de manera que una de ellas se haga cargo de la planta de San Carlos, como sucursal de las que funcionan en Chillán. Hago esta petición, a fin de que se escuche el clamor de los habitantes de San Carlos. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de quien preside.MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA USUARIOS DE SERVICIOS BÁSICOS. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que, probablemente, afecta a otros distritos -lo he conversado con los diputados Ascencio y Ojeda- y que conocemos a diario en nuestras oficinas parlamentarias. Me refiero a los reclamos de los consumidores, relacionados con abusos y cobros indebidos en las boletas y facturas de los servicios básicos de electricidad y sanitarios, telefonía, internet, gas, etcétera. Muchas veces, a los consumidores les resulta difícil entender los cobros que se hacen en las boletas y facturas, debido a falta de información detallada. Por lo general, los consumidores desconocen los procedimientos que existen para efectuar reclamos, o bien estos son tan engorrosos que muchos de ellos desisten de efectuarlos. Cabe considerar que cada peso adicional que se cobra al gran número de consumidores representa un gran beneficio económico para las empresas. Por lo tanto, en primer lugar, pido que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles, al subsecretario de Telecomunicaciones y al superintendente de Servicios Sanitarios, con el objeto de que nos informen sobre el número de denuncias formuladas por consumidores de la Región de Los Lagos, relacionadas con cada uno de los servicios básicos señalados, que nos permitan conocer la realidad objetiva de la situación. Asimismo, que se solicite a la autoridad reguladora competente que establezca un nuevo sistema de certificación semestral obligatorio para las empresas prestadoras de servicios y de calidad de la información contenida en las boletas y facturas. Creo que con eso se puede garantizar, cada seis meses, como se hace en otros países, la calidad de la información contenida en las boletas y facturas que reciben los usuarios y resolver la situación incómoda de muchos de ellos que se sienten pasados a llevar y abusados. En segundo lugar, que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de que considere la posibilidad de crear, a la brevedad, una superintendencia de telecomunicaciones, que asegure la protección de los consumidores en todo lo que tiene ver con el uso de la telefonía, puesto que hoy no está claro a quien corresponde su fiscalización. Por último, es fundamental que todos los consumidores, cualquiera sea el servicio básico de que se trate, sean beneficiados con las mismas medidas de protección. Si uno revisa la situación de los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, puede comprobar que existen distintas medidas de protección para ellos. Por eso, pido que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que se revisen las medidas de protección existentes para los consumidores de cada uno de los servicios básicos mencionados. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Saffirio, Ojeda, Robles, De Urresti, Fidel Espinoza, Lobos, Norambuena y de quien preside.REPARACIÓN DE PUENTE Y MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE UNE TEMUCO CON IMPERIAL. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sólo para plantear un problema que muy pronto se producirá en la comuna de Temuco y para pedir que se realicen los estudios tendientes a solucionarlo. Trescientas cuarenta y cinco familias de los comités de vivienda Nueva Ilusión y Los Copihues, de Temuco, se adjudicaron sus viviendas en la localidad de Labranza, mediante el programa Fondo Solidario de Vivienda, Serviu, de la Novena Región. Las viviendas correspondientes al comité Nueva Ilusión, formado por 158 familias, se entregarán en julio del presente año, y las restantes, del comité Los Copihues, integrado por 187 familias, en septiembre. La nueva villa a la cual llegarán a vivir esos vecinos está ubicada a un kilómetro y medio del camino que une a Temuco con Imperial, en el cual hay un puente muy precario que necesita urgente reparación, atendidas las nuevas necesidades que se producirán. Pensemos sólo en el tránsito de la locomoción colectiva, que esperamos que llegue pronto, de los camiones que retirarán la basura, etcétera. Hoy, dicho puente no está en condiciones de satisfacer los mínimos requerimientos que tendrán esas familias. El puente se denomina Mon Repos, pero es más conocido como puente Las Zanahorias. Quiero alertar sobre esa situación a tiempo, para lo cual pido que se oficie al intendente de la Región de La Araucanía, a los consejeros regionales, a los seremis de Obras Públicas y de Vivienda, al alcalde y al concejo de Temuco, a fin de que consideren los arreglos que requiere el puente mencionado. En el caso del alcalde y del concejo, además, para hacerles presente que es urgente que consideren, desde ya, la mantención del camino de ripio existente allí, durante los primeros meses o todo el año, y para que el municipio de Temuco realice, a la brevedad posible, los estudios de un eventual camino asfaltado que podría ser financiado con fondos provenientes del gobierno regional o de los ministerios correspondientes. Hago presente que esto es urgente, en particular, la reparación del puente, porque dentro de seis meses estarán viviendo en ese sector 345 familias, y es necesario resolver los problemas que podría tener el puente conocido popularmente con el nombre de Las Zanahorias. Asimismo, es necesario anticiparse a los hechos y que se considere en el programa de arreglos de caminos el que une Temuco con Imperial, de un kilómetro y medio, que he mencionado, por lo menos, hasta que se decida asfaltarlo. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alfonso De Urresti, Jaime Mulet, Alberto Robles, Eduardo Díaz, Patricio Vallespín, Sergio Ojeda y quien preside.CONTRATACIÓN DE ESTUDIO JURÍDICO PARA ASESORÍA ESTATAL. Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en la sección Top secret de “La Segunda” de ayer aparece un artículo denominado “Abogados para Cortázar”. Dice: “A apoyos externos de lo más granado recurrió el ministro de Transportes, René Cortázar, para tener una completa radiografía de los contratos firmados por el Estado con los operadores del Transantiago. Uno de los estudios convocados a tal tarea fue el de Gutiérrez, Waugh, Jiménez & Asenjo,”. ¿Cuál es mi preocupación? Me ha llegado información de que este mismo señor Pedro Pablo Gutiérrez, uno de los socios del estudio jurídico mencionado trabajó hasta hace poco en el estudio Carey y Cía, actual asesor de los consorcios Alsacia y Express, concesionarios de algunos de los troncales del Transantiago. Me parece muy complejo que un abogado que asesoró a las empresas que se adjudicaron el Transantiago, con toda la información que hemos tenido últimamente y la confusión tremendamente beneficiosa para esas empresas en los contratos, sea parte de otro estudio jurídico que asesorará al Estado en la defensa de sus intereses. De ser efectivo lo que informa “La Segunda”, éste es un hecho grave. Solicito que se oficie al ministro de Transportes, para que nos informe si es efectiva la contratación de dicho abogado. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Eduardo Díaz, Sergio Ojeda, Juan Lobos, Álvaro Escobar, Alberto Robles y quien preside.FISCALIZACIÓN DE SEGUNDA FASE DE PROGRAMA “ORÍGENES”. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz. El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, la implementación de la primera fase del Programa Orígenes, destinado a las comunidades indígenas, fue muy mal evaluada por los organismos internacionales que colaboraron en su financiamiento. Descubrieron que un porcentaje importante de los recursos destinados a los mapuches en estado de pobreza no llegaron a sus destinatarios y quedaron atrapados en una red de consultoras y burócratas vinculados en muchos casos a determinados operadores de algunos partidos políticos. Con este nefasto procedimiento, no sólo se frustraron los deseos de progreso de miles de compatriotas, sino que se estuvo a punto de perder el apoyo para echar a andar la segunda fase de tan importante proyecto. Sólo gestiones del más alto nivel impidieron que por culpa de la mala administración y el aprovechamiento de la red de corruptela tejida por estos operadores en torno a los recursos de la primera etapa se perdiera la posibilidad de seguir adelante con el programa, atendiendo a las miles de comunidades restantes. Ahora que se inicia la segunda fase en la Región de la Araucanía, ya empezó el desfile de operadores partidistas para promover sus consultoras, que visitan las comunidades mapuches difundiendo las supuestas maravillas de su gestión, cuando aún ni siquiera ha sido seleccionado el grupo de consultores que trabajará con el programa. De más está decir que si las consultoras todavía no son preseleccionadas, huele muy sucio esto de que ya se anden promoviendo ante las comunidades mapuches, especialmente porque hay una estrecha vinculación entre la militancia política de algunos de estos operadores y los consultores. Es más, tal como ocurriera el viernes pasado en Quetroco, comuna de Freire, importantes dirigentes mapuches se niegan a volver a ser atendidos por consultoras, criterio que comparto. Para eliminar la corrupción en este programa, las consultoras debieran ser optativas y no obligatorias. No estoy dispuesto a dejar pasar estos vergonzosos hechos. Tarde o temprano serán denunciados, sea por las comunidades que se sentirán nuevamente estafadas, por las denuncias públicas o por nuestra propia vigilante fiscalización. No quiero que esto estalle en la cara de las autoridades de mi región ni que haya un escándalo mayor que el de los Programas de Generación de Empleo o de Chiledeportes. Notifico con tiempo y en público que los mismos andan detrás de las platas del Programa Orígenes y quiero dejar sentado que cuando se destapen las vinculaciones entre determinados irresponsables y las consultoras, no podrá haber autoridad regional o nacional alguna que diga que el Programa Orígenes se manejaba solo, como escuchamos decir a propósito de Chiledeportes y de los Programas de Generación de Empleo. Desde este Parlamento advierto a los que quieren volver a meter las manos en las platas del Programa Orígenes, que estaré vigilando que cada peso que se destine a las familias mapuches llegue efectivamente a ellas. La plata del Programa Orígenes no es un regalo del BID. El préstamo se pagará con los impuestos que el mismo mapuche y los pobres pagan con enorme sacrificio para mantener a Chile, y yo cuidaré que nadie se aproveche de ellos apropiándose a medio camino de los recursos que en justicia se merecen los más pobres dentro de los pobres: el mapuche reducido a sobrevivir abandonado en las fronteras interiores de un Chile rural olvidado. Para concluir, solicito que se oficie al ministro del Interior, a la ministra de Mideplan, al intendente de la Novena Región de la Araucanía y al director de la Conadi, enviando copia de mi intervención, para que tomen cartas en el asunto. Asimismo, que se despache copia de mi intervención a cada uno de los dirigentes de las comunidades indígenas beneficiadas con la segunda fase del Programa Orígenes. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de los diputados señores Alfonso De Urresti, Fidel Espinoza, Álvaro Escobar, Sergio Ojeda, Juan Lobos, Iván Norambuena, Alberto Robles, Jaime Mulet y quien preside.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero resaltar la preocupación existente en la comunidad de Valdivia, Los Lagos, Panguipulli y otras zonas aledañas al río San Pedro, las cuales han manifestado su enorme preocupación por la publicación oficial del estudio de impacto ambiental del proyecto central hidroeléctrica San Pedro, proyecto de la empresa Colbún que pretende represar, con un muro de 56 metros de alto, el río San Pedro, que desagua al lago Riñihue, luego de lo cual mientras pasa por la ciudad de Valdivia recibe los nombres de San Pedro y Calle Calle. Hago presente esta situación, porque preocupa mucho a la comunidad. No es posible que con el pretexto de la utilización o de la necesaria búsqueda de nuevas fuentes de energía, se estén represando todos los ríos de la naciente Región de los Ríos. No es posible que esta región con sello verde, con carácter medioambiental protector, hoy esté con proyectos en Liquiñe, Pellaifa, Maihue y en el río San Pedro, con esta megaobra. Me pregunto ¿qué tipo de región queremos construir? ¿Cuál es la visión de estos empresarios que so pretexto de obtener utilidades y de aportar energía al sistema interconectado, están represando, destruyendo el entorno medioambiental, arrasando y presionando a las comunidades que habitan en ese territorio? ¿Cuál es el trabajo que han hecho con las comunidades indígenas? ¿Cuál es su contacto con las empresas de pequeños productores que viven de la actividad del río, a través de boteros o de pescadores? ¿Qué contacto han tenido con profesionales, como don Jan Bannister, presidente del Club de Kayak Lobos del Río, quienes precisamente han iniciado un trabajo de desarrollo de esa fuente de turismo, que reproduce la riqueza? ¿Qué ocurrirá con el corredor biológico que significa este río no represado, desde cordillera a mar? Quiero hacer un llamado de atención e invito a las autoridades medioambientales a ponerse los pantalones, porque no es posible que tengamos esta presión de las centrales hidroeléctricas. Por ello, pido oficiar a la ministra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que informe acerca del proceso de participación ciudadana al respecto; a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a fin de que informe sobre el trato a las comunidades indígenas, y al intendente para que explique el tratamiento que se dará a este megaproyecto. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Álvaro Escobar, Fidel Espinoza, Alberto Robles y de quien preside.INVESTIGACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO ESPERANZA, EN FRESIA. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero pedir el envío de un oficio a las ministras de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de Salud, a fin de que se sirvan fiscalizar la situación que está ocurriendo en la empresa de Cultivos Marinos Chiloé, que tiene una piscicultura en la comuna de Fresia, aledaña al sector Esperanza, donde ocupa las aguas del río del mismo nombre. El sábado pasado, durante el transcurso del programa “Aló, diputado”, que todos los sábados llevo a cabo con la comunidad en un afán de intercomunicación directa con los ciudadanos, varios vecinos reclamaron la grave situación que están viviendo en el sector Esperanza, debido a la contaminación que estaría produciendo la mencionada empresa. El agua está saliendo insalubre, con olor a pescado. Además, el fin de semana fuimos testigos de la muerte de varios animales que los campesinos crían con mucho esfuerzo, debido a la ingesta de esa agua que, probablemente, está muy contaminada. Hago un llamado de atención a las ministras aludidas, en el sentido de que con este hecho estamos en presencia de una situación relacionada directamente con la salud de la población, a fin de que se adopten las medidas necesarias para sacar muestras en el más breve plazo y así comprobar la gravedad de lo que estoy relatando. Valoramos que las empresas den trabajo, que ofrezcan empleos, pero ello no las habilita para realizar acciones contaminantes que ponen en riesgo la salud de la población. Eso es peligroso y dañino para el desarrollo de la región. Por ello, es importante el pronunciamiento de las autoridades correspondientes. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Juan Lobos y de quien preside.DEVOLUCIÓN DE DINERO ADJUDICADO POR CHILEDEPORTES A LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL DE LOS MUERMOS. Oficios. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro secretario general de Gobierno y al director nacional de Chiledeportes subrogante, a fin de pedirles el reestudio de la situación que está afectando a la Asociación de Fútbol Rural de Los Muermos, compuesta por más de treinta clubes deportivos, pertenecientes a una comuna con la mayor ruralidad en la Décima Región. Es absolutamente improcedente lo que está ocurriendo. La asociación ganó un proyecto de Chiledeportes con mucho esfuerzo y ahora se le pide que devuelva dos millones de pesos que se adjudicó el año pasado. Algunos informes técnicos demuestran que no ha ocupado el dinero, que lo tiene en su libreta, como corresponde. Otros informes técnicos recomendaron utilizar el dinero en los meses de marzo y abril para el empastado de los campos deportivos que está construyendo. Si los hubiera ocupado en enero, habría significado derrochar esa plata. Es improcedente que se le esté quitando ese dinero, que con tanto esfuerzo ganaron. En definitiva, hoy se pretenden aplicar esas medidas debido a los hechos bochornosos ocurridos con la institución en otras regiones del país. Las instituciones honestas, como la Asociación de Fútbol Rural de Los Muermos, no deben pagar por los hechos irregulares acaecidos en otros lugares. Por lo tanto, solicito oficiar a las personas ya indicadas, a fin de que reevalúen la medida señalada y permitan a esta asociación cumplir con el sueño de mejorar su campo deportivo, que es el anhelo de más de 1.500 deportistas que hacen fútbol rural todos los domingos en la comuna de Los Muermos. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Juan Lobos y de quien preside.ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE MINAS DE COPIAPÓ. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, el 11 de abril de 1857 se fundó la Escuela de Minas de Copiapó, el primer establecimiento educacional de Chile destinado a la enseñanza de la minería. Nuestra historia está íntimamente ligada a la minería. Chile no sería lo que es hoy si no fuese por esta actividad, aunque algunos agricultores piensen algo distinto. Lo cierto es que la plata en su oportunidad; el salitre, con posterioridad, y hoy el cobre son las minerías que han permitido que el país se siga desarrollando en los actuales niveles. La Escuela de Minas de Copiapó, desde 1857, ha contribuido claramente a ese desarrollo. Ha formado profesionales en esa área que prestigian no sólo al norte, a la Región de Atacama, que represento, sino a todo el país. Hoy, heredera de su tradición es la Universidad de Atacama, que cumple un gran rol en la región. Prueba de ello es una serie de hechos importantes, como la acreditación institucional. Es una de las pocas universidades del norte que está acreditada en nuestro país. Con la llegada a la rectoría de don Juan Iglesias, su evolución ha sido más notoria, pues está impulsando un trabajo de investigación tremendamente importante para la universidad. Tal como se ha planteado en otras oportunidades en la Cámara, es necesario que todas las instituciones de educación superior tengan espacios para la investigación. Los recursos que derivan del royalty, evidentemente, deben estar a disposición de ellas para estos efectos, de manera de acrecentar el desarrollo tecnológico del país. La Universidad de Atacama y la Escuela de Minas, en el sesquicentenario de su fundación, merecen el reconocimiento de todos aquellos que representamos a la región, y de Chile en general. Pido que se envíen los saludos y la adhesión de la Corporación con motivo de la celebración del sesquicentenario de la fundación de la Escuela de Minas de Copiapó, al rector de la Universidad de Atacama, al intendente y a la ministra de Minería. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.ANTECEDENTES SOBRE ENSANCHAMIENTO DE AVENIDA EN ANTOFAGASTA. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que informe de la situación actual del proyecto de ensanchamiento de la avenida Salvador Allende, en el sector norte de Antofagasta, pues si bien implica una mejora en la conectividad, trajo algunos problemas bastante lamentables en relación con la expropiación de algunos bienes inmuebles de familias que han vivido allí por años. De hecho, hay estudios para hacer las modificaciones correspondientes a la ley de expropiación. Pero, hasta el día de hoy, si bien es cierto en algunos casos se ha llegado al valor que se ofreció y prometió, en otros todavía existen juicios y los dueños de casas que se derribaron no han tenido la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para buscar otro lugar donde vivir. Además, pido que se envíe oficio al presidente del Consejo de Defensa del Estado, de modo de saber la situación jurídica de los casos pendientes, que ojalá tengan una solución a la brevedad, pues se trata de personas que se han visto afectados por el progreso de nuestra región. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.MANTENIMIENTO DE PUENTE Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS OCASIONADOS POR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍO DE LA PROVINCIA DEL BIOBÍO. Oficio. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, el fin de semana pasado estuve en una zona particularmente crítica para el transporte de la provincia en la que está el distrito que represento. En el puente Calderones, que está al lado del puente Curiche, sobre el río Duqueco, colindan tres comunas: Quilleco, Santa Bárbara y Los Ángeles. Hace muchos años, se autorizó la extracción de áridos, lo que generó una especie de criba que pone en grave riesgo a dicho puente. Es más, el año pasado, con las crecidas del Biobío, de tan trágico recuerdo, quedaron aisladas las tres comunas que mencioné, además de la comuna de Alto Biobío, que integra la provincia del Biobío. Por ello, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que se realicen los estudios para dar una solución definitiva a los estribos del puente y al problema que se produce por la extracción de áridos, que pone en riesgo una obra de suma importancia para nuestra provincia. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. PRECISIONES SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DEL TRANSANTIAGO. El señor LOBOS.- Señor Presidente, por otro lado, lamento que no esté en la Sala el colega y gran amigo, diputado Farías, porque me referiré a lo que oí de su propia boca. Al principio, no podía creerlo. Creí que estaba equivocado. Incluso, pensé que estaba sordo. Pero se quiere culpar por lo que ha sucedido en el Transantiago a otras personas y no a los ideólogos del proyecto, a los que avalaron la decisión de echarlo andar, a los que hicieron oídos sordos al clamor de la población; a los que desde un escritorio quisieron cambiar por decreto el sistema de transportes que utiliza la mayoría de los chilenos para ir de la casa a la pega; a las personas que gobiernan por corazonadas o por instintos. Olvidan que debe escucharse a los expertos. En este sentido, creí vivir otra realidad cuando escuché que se le echaba la culpa al chancho y no al que le da el afrecho. Como médicos, señor Presidente, sabemos que para hacer un buen diagnóstico, lo primero es reconocer el problema y buscar su génesis. No hay otra forma de lograr una solución. Hasta ahora, no vamos por el buen camino. Por eso, llamo a que se haga un mea culpa y no se responsabilice al voleo a quienes han tenido un papel bastante secundario en las decisiones que se tomaron. La responsabilidad es del Gobierno y debe asumirla para, de una vez por todas, poner fin al sufrimiento de millones de santiaguinos. He dicho. DEFICIENCIAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE COLICO, COMUNA DE CURANILAHUE. Oficios. El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, ayer visité la localidad rural de Colico, de la comuna de Curanilahue, que pertenece al distrito que represento. Sus vecinos, debido a que carecen de agua, se organizaron en un comité de agua potable rural denominado San José de Colico-Colico Norte. En julio de 2003, la alegría de disponer del vital elemento en casas, postas y colegios de dicha localidad se convirtió en una sensación de decepción, frustración y rabia, porque el agua pura y cristalina se transformó en barrosa y de mal olor y mal sabor. Pero no sólo eso. Según expresan los vecinos, al utilizarla en forma continua en utensilios hogareños como teteras y ollas, éstos terminan por deteriorarse. Los reclamos de los usuarios son reiterados y aún persisten, porque nada se ha solucionado. De poco han servido las multas aplicadas a la Dirección de Obras Hidráulicas, pues nada se ha logrado y, lo que es peor, los compromisos contraídos por la mencionada dirección no se han cumplido. Por eso, los vecinos continúan reclamando ante autoridades de Gobierno con la única finalidad de poner fin a un problema que afecta la salud de esa comunidad, cuyas consecuencias aún no se han medido. El temporal que afectó a la zona en julio de 2006 agravó aún más la situación, pues provocó la caída de postes y líneas de alta tensión, y la inundación del tablero eléctrico del lugar donde se encuentra la captación del agua. Hace poco tiempo, la secretaría regional ministerial de Salud de la Octava Región reiteró a la dirección individualizada la urgente necesidad de solucionar el problema de agua de dicha comunidad. Una vez más, el lento accionar de diferentes organismos dirigidos por burócratas funcionarios del gobierno de la Concertación perjudica a los más pobres. ¡Hasta cuándo vamos a seguir aceptando este tipo de decisiones! Por eso al Gobierno le va mal y está bajando en forma considerable en las encuestas. ¡Cómo es posible que, a casi cuatro años del origen del problema, aún no se entregue una solución de raíz ante la necesidad de contar con agua potable! Los vecinos se informan y saben que los noticiarios centrales de todos los canales de televisión, las radios y los medios escritos se refieren de manera profusa al Transantiago, y nos preguntan la razón por la cual no se da una solución inmediata a la situación indicada y por qué, cuando existen problemas en Santiago, el dinero está disponible en forma inmediata. Sobre el particular, escucharon al ministro de Hacienda expresar que, para solucionar el problema del Transantiago, existe chequera abierta. Nos gustaría tener una respuesta similar cuando se trata de problemas que ocurren en la zona que represento, conformada por la provincia de Arauco y la comuna de Lota. ¡Cómo no va a causar indignación conocer que, ante la decisión del entonces director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco, de cursar una multa a la Dirección de Obras Hidráulicas y dar un plazo para intervenir y corregir las deficiencias, finalmente se llegara a un acuerdo de escritorio, de oficina entre la seremi de Salud y el intendente regional de la época para suspender la aplicación de dicha multa! Los vecinos opinan que debido a su pobreza les hacen eso y no castigan a los responsables. A mi juicio, queda de manifiesto la complicidad del ex intendente de la Octava Región, porque a pesar de dar una plazo de noventa días para solucionar el problema, todavía estamos en veremos. La gente se pregunta acaso estarán esperando el próximo proceso eleccionario para solucionar el problema -es el cuestionamiento que normalmente uno se hace cuando los burócratas del gobierno de la Concertación demoran y demoran en la solución de los problemas, como ocurre en el caso en comento, o uno advierte ciertas irregularidades- y, de esa forma, congraciarse con los vecinos. Porque, como es típico, cuando hay elecciones, se ofrece una y otra cosa, sobre todo por parte de la gente que está en el poder. Pero, en este caso, han transcurrido cuatro años y todavía no existe solución. La gente de Curanilahue necesita contar con el vital elemento para que su familia y sus niños gocen de salud y la posta y el colegio puedan funcionar como corresponde. Advierto que la gente está cansada y decepcionada de las actuales autoridades, que han prometido una solución definitiva que no ha llegado. Por lo tanto, estoy seguro de que esta vez no se dejará engañar. Señor Presidente, deseo contar con un pronunciamiento concreto de las diferentes autoridades involucradas en este problema. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, a la ministra de Salud y a la intendenta de la Octava Región, por la responsabilidad que tienen en dar respuestas concretas ante el problema expresado. Ellos fueron nombrados como funcionarios de Gobierno, por lo que no sólo deben dar calmantes, sino respuestas concretas sobre la forma de solucionar el problema de abastecimiento de agua del sector indicado. Además, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Curanilahue -no obstante ser representante del gobierno de la Concertación, conviene que la primera autoridad comunal esté en antecedentes de las gestiones que se están haciendo en la materia por medio de la Cámara de Diputados-, a los dirigentes de las juntas de vecinos de San José de Colico y Colico Norte, a los dirigentes de la unión comunal de juntas de vecinos de Curanilahue y, por supuesto, al concejal de esa comuna señor Cristián Gengnagel, quien es un gran gestor en materia de brindar apoyo a los vecinos y buscar diferentes soluciones al problema indicado. He dicho. El señor MEZA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.49 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de Reforma Constitucional que establece los territorios de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. (boletín Nº 3955-07). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco. (boletín Nº 3862-04). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica normas sobre remuneraciones de los funcionarios municipales. (boletín Nº 4900-27). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de Reforma Constitucional que suprime la referencia al número de diputados. (boletín Nº 4968-07). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley tendiente a sancionar el maltrato de obra y amenazas a funcionarios de gendarmería en servicio. (boletín Nº 4816-07). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.884, sobre transparencia, límites y control de los gastos electorales, y establece normas contra la intervención electoral. (boletín Nº 4724-06). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley de reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional. (boletín Nº 3436-07). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.8. Oficio del Senado. “Valparaíso, 12 de abril de 2007. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, correspondiente al Boletín N° 3.934-07, con las siguientes modificaciones:Artículo único.-Letra b) Ha intercalado, en el artículo 416.- que este literal propone, entre las palabras “peritos” y “que” la siguiente frase: “de la especialidad requerida”.Letra c) Ha introducido las siguientes modificaciones en el artículo 416 bis.-, que se propone: -Ha reemplazado su inciso tercero, por el siguiente: “Para formar las listas, cada Corte de Apelaciones convocará a concurso público, al que podrán postular quienes posean y acrediten conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o especialidad, para lo cual tendrán especialmente en cuenta la vinculación de los candidatos con la docencia y la investigación universitarias. El procedimiento para los concursos, su publicidad y la formación de las nóminas de peritos serán regulados mediante un Auto Acordado de la Corte Suprema, que se publicará en el Diario Oficial.”. -Ha suprimido su inciso cuarto. Letra d) Ha intercalado, en el numeral 10° contenido en esta letra, entre la coma (,) que sigue a la palabra “cuasidelito” y el adverbio “siempre”, la siguiente frase: “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y”.Artículo transitorio.- Lo ha sustituido, por el que sigue: “Artículo transitorio.- Lo dispuesto en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil entrará en vigencia una vez que se publiquen en el Diario Oficial los listados definitivos de peritos a que se refiere el artículo 416 bis del mismo Código. Para tales efectos, el Auto Acordado a que se refiere este último precepto deberá publicarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Las Cortes de Apelaciones enviarán las nóminas correspondientes a la Corte Suprema, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación de dicho Auto Acordado.”. -o- Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado tanto en general, cuanto en particular, con el voto conforme de 24 señores Senadores de un total de 37 en ejercicio, en el carácter de norma orgánica constitucional. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5.882, de 11 de octubre de 2005. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.9. Segundo Informe de la Comisión de Familia referido al proyecto de ley que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. (boletín 3778-18)“Honorable Cámara: La Comisión de Familia pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en una moción de la Diputada señora María Antonieta Saa Díaz, con la adhesión de la Diputada señora Adriana Muñoz D’Albora, de la ex Diputada señora María Eugenia Mella Gajardo; y de los Diputados señores Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Guillermo Ceroni Fuentes, Osvaldo Palma Flores y Jaime Quintana Leal, y de los ex Diputados señores José Antonio Galilea Vidaurre y Alejandro Navarro Brain, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario. Durante este trámite, la Comisión contó con la colaboración de la abogado Nelly Salvo, Jefa de Asesoría y Estudios de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, y del abogado Marco Rendón, Jefe del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS De conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 288 del reglamento de la Corporación, el informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta Cámara en sesión 12ª, de 10 de abril del año en curso, con las indicaciones presentadas en la Sala, más los acuerdos modificatorios alcanzados en la Comisión, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI MODIFICACIONES. En esta situación se encuentran los artículos segundo, (pasó a ser cuarto); tercero, (pasó a ser segundo N° 2); cuarto, (pasó a ser segundo N° 3); quinto, (pasó a ser primero N° 1; sexto (pasó a ser segundo N° 1); séptimo, (pasó a ser tercero N° 2); octavo (pasó a ser segundo N° 1); y noveno (pasó a ser primero N° 2), todos los cuales deben entenderse reglamentariamente aprobados, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. No hay artículos en esa condición.III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS. No hay.IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS. Esta Secretaría hace presente que en virtud de lo acordado en este trámite, se procedió a reordenar el texto aprobado en el primer trámite reglamentario. La única modificación recayó en el artículo primero del proyecto, en la forma que se expresa:I.- Artículo primero Este artículo, que intercala un nuevo párrafo 5 bis, denominado De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, en el Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, fue objeto de las siguientes modificaciones sólo respecto de los artículos 411 ter; 411 quater, y 411 quinquies, nuevos, (pasaron a ser N°3), en la forma que se señala:1. Artículo 411 ter.- Contempla las circunstancias que califican el delito de tráfico ilegal de migrantes, que tipifica el artículo 411 bis, y, entre ellas, sanciona, en su inciso tercero, al funcionario público que comete el hecho, con la misma pena asignada al delito agravada con la inhabilitación absoluta en su grado máximo. La modificación que se introduce es producto de una indicación presentada en la Sala por la diputada señora Allende y los diputados señores Ceroni, Bustos, Burgos y Jiménez, para agregar el siguiente inciso segundo, al artículo 411 bis: “Las mismas penas de los incisos anteriores junto con la inhabilitación absoluta en su grado máximo, se impondrán si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público.”. Algunos parlamentarios presentes señalaron que la indicación les parecía razonable, porque se debe sancionar la conducta del funcionario público que comete el delito, exista o no el ánimo de lucro, toda vez que el punto central está dado por la comisión del hecho punible y por la calidad de funcionario público, y no por los motivos que lo muevan a realizar esta conducta. Las representantes del Ministerio de Justicia indicaron que la figura propuesta tiene sentido si se incluye en el artículo 411 ter, -que contiene las figuras calificadas del delito de tráfico-; recalcaron la importancia de mantener en el tipo penal el ánimo de lucro, incluso para el caso del funcionario público, porque precisamente es el elemento que le da sentido al tráfico, porque podría darse el caso de que una misma conducta pudiese quedar cubierta por dos o más tipos penales, lo que obligaría a aplicar las reglas de los concursos de delitos y complicaría la interpretación y aplicación de estas normas. Como consecuencia de este debate, la Comisión acordó acoger la pretensión formulada en la indicación presentada en la Sala por la diputada señora Allende y los diputados señores Ceroni, Bustos, Burgos y Jiménez, en cuanto sancionar al funcionario público que comete el delito de tráfico ilícito de migrantes aunque actuare sin el ánimo de lucro, -cuya concurrencia exige el tipo penal-, y, en consecuencia, decidió incorporar este elemento en el artículo 411 ter en comento, por referirse precisamente a las circunstancias que califican el delito. La modificación que se introduce, producto de una indicación acordada por la Comisión, y aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes, diputadas señoras Allende, Saa, y Tohá, y diputados señores Ascencio, Barros, Díaz don Eduardo, Jarpa, Kast y Sabag, agrega, en el inciso tercero del artículo 411 ter, a continuación de la palabra “ejecutado”, y antes de la oración final “por un funcionario público”, la frase “aun sin ánimo de lucro”.2. Artículo 411 quater.- Tipifica y sanciona el delito de trata de personas para que sean objeto de alguna forma de explotación laboral o sexual, incluyendo la pornografía, o extracción de órganos, con la pena de reclusión mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. La modificación introducida es una consecuencia del análisis efectuado en la Comisión respecto de las indicaciones presentadas tanto en la Sala como en su propio debate, todas, aumentando la pena asignada en el artículo en comento, unas, en el tiempo que comprende, otras, en la clasificación. La autora del proyecto se manifestó partidaria de aumentar las penas asociadas al delito de trata, porque, por ejemplo, en el caso de la facilitación de la prostitución infantil, que se puede considerar como un delito similar, existe una sanción de presidio mayor en sus grados medio a máximo. Igual cosa ocurre con el delito de violación. Por otra parte, otros parlamentarios señalaron que el tema de las penas se discutió largamente en el primer trámite reglamentario, llegándose a la conclusión de que las penas consignadas en el texto del proyecto sometido a conocimiento de la Sala eran las más apropiadas. Hicieron presente especialmente la importancia de guardar la debida correspondencia entre las distintas penas establecidas en el Código Penal, con el objeto de no alterar la organicidad que sus normas deben reservar. La representante del Ministerio de Justicia sugirió ampliar el rango en el cual los jueces pueden manejarse para imponer las penas asignadas, desde el presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, sin aumentar el mínimo, ampliar el máximo de la pena posible, en un grado respecto del texto aprobado en el primer trámite. Añadieron que la concurrencia de una circunstancia atenuante, como podría ser la irreprochable conducta anterior, que necesita el cumplimiento de determinados requisitos, no rebaja la pena en un grado, sino que sólo evita la aplicación del máximum de la pena, esto es, la mitad superior de ella, por lo que no pasaría a una reclusión menor, salvo que se califique dicha atenuante o concurran dos o más de ellas. En consecuencia, la Comisión acordó aprobar una indicación destinada a agregar, a continuación de la palabra “mínimo”, la expresión “a medio”, en el artículo 411 quater, por la unanimidad de los miembros presentes diputadas señoras Allende y Saa; y diputados señores Ascencio, Barros, Díaz don Eduardo, Jarpa, Kast y Sabag.3. Artículo 411 quinquies Mediante este artículo, se consagra la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos o la identificación de sus responsables, como circunstancia atenuante de responsabilidad penal, permitiendo al tribunal reducir la pena hasta en dos grados. La modificación que se introduce es producto de una indicación de la Diputada señora Allende y de los diputados señores Ceroni, Bustos, Burgos y Jiménez, para reemplazar en el artículo 411 quinquies, las palabras “hasta dos grados” por “hasta un grado”. La representante del Ministerio de Justicia hizo presente que debía tenerse en cuenta cuál era el punto principal que pretende esta norma, esto es, si se quiere sancionar en forma ejemplarizadora a los que incurren en estos delitos o si, por el contrario, lo que se busca es llegar a desbaratar las organizaciones criminales; lo anterior, porque si se rebaja el beneficio ofrecido a quienes colaboran, el objetivo de contribuir a combatir el delito organizado puede hacerse más difícil. Sin embargo, la Comisión estuvo de acuerdo con la modificación y sin discusión procedió a aprobar la indicación por 7 votos a favor y 1 en contra.V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. Se introdujeron los siguientes artículos nuevos, todos los que obedecen a la necesidad de adecuar otros cuerpos legales a las modificaciones efectuadas en el Código Penal, particularmente, con la creación de los nuevos delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, estableciendo las referencias legales correctas y señalando con precisión los conceptos más apropiados.1. Artículo tercero, N° 1 Las diputada señoras Allende y Saa, y los diputados señores Ascencio, Barros, Jarpa, Kast y Sabag, presentaron una indicación para sustituir, en el N° 2 del artículo 15 del decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, la expresión “trata de blancas” por “tráfico ilegal de migrantes y trata de personas”. La indicación se aprobó por la unanimidad de los presentes, y, de conformidad con la reubicación de los artículos aprobados en el primer trámite, se incorpora en el texto propuesto como N° 1, del artículo tercero.2. Artículo quinto Se origina en una indicación de la diputada señora Vidal para reemplazar, en el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados, la frase “número 1 del artículo 367 bis”, por “artículo 411 quater”. La modificación se explica por la expresa derogación que esta ley hace del artículo 367 bis del Código Penal, y la incorporación, en su reemplazo, del delito de trata de personas tipificado en el artículo 411 quater. En cualquier caso, la disposición del decreto ley señalado estipula que se podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubiere cumplido el condenado dos tercios de la pena. Se aprobó por la unanimidad de los presentes.3. Artículo sexto Este artículo nuevo responde a las mismas razones dadas en el párrafo anterior, y la modificación, producto de una indicación de la señora Vidal, reemplaza, en el artículo 4° letra e) de la ley N° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, la frase “número 1 del artículo 367 bis” por “artículo 411 quater”. De tal modo que igualmente se denegará la solicitud del condenado, cuando no hubiere cumplido, a lo menos, dos tercios de la pena. Se aprobó por unanimidad.VI. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. No hay artículos en ese carácter. VII. INDICACIONES RECHAZADAS.1.- Artículo primero: -Al artículo 411 quater, (que se agrega por el numeral 3, en el Código Penal):1. De la diputada señora Valcarce y de los diputados señores Chahuán, Roberto Sepúlveda, Palma y Verdugo, para reemplazar en el artículo 411 quater, la expresión “mínimo” por “medio”.2. De los diputados señores Ceroni, Farías, Girardi y Quintana, para sustituir en el artículo 411 quater, la frase “reclusión mayor en su grado mínimo” por “presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado”.3. De la diputada señora Vidal, para reemplazar en el artículo 411 quater la frase “reclusión mayor en su grado mínimo” por “presidio mayor en sus grados medio a máximo”. La Comisión rechazó las tres indicaciones, por la unanimidad de los diputados presentes, por ser incompatibles con lo acordado, en este trámite, respecto de la pena asignada al delito.2.- Artículo cuarto (pasó a ser artículo segundo): -Al artículo 226 bis, (que se agrega por el numeral 3, en el Código Procesal Penal):1. De la Diputada señora Muñoz y de los diputados señores Bustos y Ceroni, para sustituir en el inciso cuarto del artículo 226 bis, la expresión “presidio menor en su grado medio a máximo”, por “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo”.2. De la señora Muñoz y de los señores Bustos y Ceroni, para reemplazar en el inciso cuarto del artículo 226 bis, los vocablos “en su grado medio a máximo” por “presidio mayor en su grado mínimo”. Ambas indicaciones se rechazaron por la mayoría de 7 votos en contra (Diputada señora Allende, y diputados señores Ascencio, Barros, Díaz, Jarpa, Kast y Sabag), y 1 a favor (Diputada Saa).VIII. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES. No hay indicaciones que se encuentren en el supuesto antes referido.IX. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA. -El proyecto agrega, en el párrafo 5, del Título III del Libro I del Código Penal, un artículo 89 bis, e intercala, en el Título VIII del Libro II de este mismo Código, un nuevo párrafo -5 bis- denominado De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Como consecuencia de lo anterior, deroga el artículo 367 bis. -Modifica, asimismo, el Código Procesal Penal, intercalando los artículos 78 bis; 78 ter; 157 bis, y 226 bis. -Modifica el artículo 15, N° 2, del D.L. N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, que establece normas para extranjeros en Chile, y agrega un artículo 33 bis. -Modifica el artículo 5° del D.L. N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. -Modifica el inciso tercero del artículo 3° del D.L. N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados. -Modifica el artículo 4°, letra e), de la ley N° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares.-o- Finalmente, la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Corporación, acordó, por razones de texto y de lo hecho en este trámite, ordenar los artículos aprobados en el primer informe según las materias en que incide el proyecto. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por los argumentos que dará a conocer la Diputada Informante, la Comisión de Familia recomienda la aprobación del siguientePROYECTO DE LEY Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:1) Incorpórese, en el párrafo 5°, del Título III del Libro I, en el orden que corresponda, un artículo 89 bis, nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 89 bis.- El Ministro de Justicia podrá disponer, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes sobre la materia y ratificados por Chile, o sobre la base del principio de reciprocidad, que los extranjeros condenados por alguno de los delitos contemplados en los artículos 411 bis y 411 quater, cumplan en el país de su nacionalidad las penas corporales que les hubieren sido impuestas.”.2) Deróguese el artículo 367 bis.3) Intercálese, en el orden que corresponda, del Título VIII del Libro II, el siguiente párrafo, con los artículos que se indican: “5 bis. De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas Artículo 411 bis. El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Artículo 411 ter. Se aplicará la pena señalada en el artículo anterior en su grado máximo cuando se ejecutare el hecho poniendo en peligro la integridad física del afectado. Asimismo, si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuera menor de edad, dicha pena se aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores junto con la inhabilitación absoluta en su grado máximo, se impondrán si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público. Artículo 411 quater. El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño o abuso de poder capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación laboral o sexual, incluyendo la pornografía, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad se impondrá la misma pena del inciso anterior, aun cuando no concurriere ninguna de las circunstancias allí señaladas. Artículo 411 quinquies.- Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en un grado. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero. Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales. Artículo 411 sexies.- Para determinar si existe reincidencia en los delitos sancionados en este párrafo, se considerarán las sentencias firmes dictadas en un estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida.”. Artículo segundo.- Introdúcense las siguientes modifcaciones en el Código Procesal Penal:1) Incorpórense, en el Título IV del Libro I, en el orden que corresponda del párrafo 2°, los siguientes artículos, nuevos, del siguiente tenor: “Artículo 78 bis.- Protección de la integridad física y psicológica de las personas objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas. El Ministerio Público, sin perjuicio de lo dispuesto en este código, decretará todas las medidas necesarias tendientes a asegurar la plena vigencia de todos los derechos de las personas víctimas de estos delitos. Cuando se trate de niños o niñas, velará especialmente porque reciban de los servicios públicos a cargo de la protección de la infancia y adolescencia un trato acorde a su condición de víctimas y dispondrán que se efectúen las acciones tendientes a la revinculación familiar, si fuere procedente de acuerdo al interés superior del niño, niña o adolescente. En los casos en que las víctimas de los delitos establecidos en los artículos 411 bis y 411 quater del Código Penal, carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que los intereses de las personas menores de edad son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda representarlo, el juez le designará un curador ad lítem de cualquier institución que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de la infancia.”. “Artículo 78 ter.- Privacidad y protección de identidad. La identidad de las víctimas deberá siempre mantenerse en reserva, pudiendo sólo ser conocida por los intervinientes. Las audiencias a que den lugar los procesos incoados por la infracción a lo dispuesto en los artículos 411 bis y 411 quater del Código Penal, cuando se refieran a delitos cometidos contra menores de edad, serán privadas.”.”.2) Incorpórese, en el Título VI del Libro I, en el oden que corresponda, el siguiente artículo 157 bis, nuevo: “Artículo157 bis.- Medidas cautelares reales especiales. En los delitos contemplados en los artículos 411 bis y 411 quater del Código Penal, el ministerio público podrá solicitar al juez de garantía que decrete, sin comunicación previa al afectado y aún antes de la formalización de la investigación, las medidas cautelares reales que sean necesarias para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dineros provenientes de los delitos materia de la investigación.”.3) Incorpórese, en el Título I del Libro II, en el orden que corresponda, el siguiente artículo 226 bis, nuevo: “Artículo 226 bis.- Agentes encubiertos. El fiscal que dirija la investigación, podrá solicitar al juez de garantía, autorización para que funcionarios policiales puedan ocultar su identidad oficial e involucrarse o introducirse en las organizaciones o asociaciones destinadas a la comisión de los delitos contemplados en los artículos 411 bis y 411 quater del Código Penal, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El agente encubierto podrá tener una historia ficticia. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de ésta. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por los delitos en que incurra y no haya podido impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. El empleado público o el profesional que viole el secreto de la identidad del agente encubierto, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo y con la suspensión de cargo y oficio público o profesión titular, según corresponda, en su grado medio a máximo. Lo establecido en el artículo 222, será aplicable también al delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal.”. Artículo tercero.- Introdúcense, en el decreto ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, que establece normas para extranjeros en Chile, las siguientes modificaciones:1) Sustitúyese en el N° 2 del artículo 15, la expresión “trata de blancas” por la oración “tráfico ilegal de migrantes y trata de personas”.2) Incorpórese, en el párrafo IV del Título I, en el orden que corresponda, un artículo 33 bis, nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 33 bis.- Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 quater del Código Penal, que no sean nacionales o residentes permanentes en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un período mínimo de seis meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación legal de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física y psíquica resultante de las circunstancias en que se ha cometido el delito en sus países de origen.”. Artículo cuarto.- Intercálese, en el artículo 5° del decreto ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, a continuación de la oración “controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional;”, el siguiente párrafo: “adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la expresión libre de la voluntad de las personas de ingresar o salir de él;”. Artículo quinto.- Reemplácese, en el artículo 3° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados, la oración “número 1 del artículo 367 bis” por la frase “artículo 411 quater”. Artículo sexto.- Sustitúyese, en el artículo 4°, letra e), de la ley N° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, la oración “número 1 del artículo 367 bis” por la frase “artículo 411 quater”.-o- Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2007.-o- Se designó diputada informante a la señora María Antonieta Saa.-o- Tratado y acordado en sesión de 11 de abril del año en curso, con la asistencia del diputado señor Eduardo Díaz del Río (Presidente) y de las diputadas señoras Isabel Allende Bussi y María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Ramón Barros Montero, Carlos Abel Jarpa Wevar, José Antonio Kast Rist y Jorge Sabag Villalobos. En reemplazo de la diputada señora Adriana Muñoz D’Albora asistió la diputada señora Carolina Tohá Morales. (Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER, Abogado Secretaria de la Comisión”.10. Informe de Constitucionalidad relacionado con el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. (boletín N° 3936-06)“Honorable Cámara: Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha recibido de parte de la Corporación un mandato para que efectúe un análisis de la constitucionalidad de las disposiciones del proyecto de ley que ''Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios', boletín N° 3936-06, otorgándosele al efecto un plazo de quince días a contar del 30 de octubre en curso. De conformidad a dicho mandato, en sesión de fecha de hoy procedió a efectuar tal análisis sobre la base de una relación realizada por el Diputado señor Burgos, quien expuso que el proyecto no presentaba problemas de constitucionalidad, salvo en lo que dice relación con el mantenimiento del orden público. Al respecto, señaló que el proyecto había incluido en su artículo 2°, norma que modifica la ley N° 18.700, un artículo que figuraba como 208 y que señalaba que en las votaciones que se efectuaren en el extranjero no existiría una fuerza encargada del mantenimiento del orden público en las localidades en que deban funcionar las mesas receptoras de sufragios. Dicho artículo fue rechazado por la unanimidad de la Comisión Técnica, es decir, la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por estimar que ello contravenía el mandato contenido en el inciso segundo del artículo 18 de la Constitución Política que dispone que” el resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley, toda vez que si lo que la Carta Política quiere es que la ley indique la forma en que se efectuará este resguardo, decir que no existirá tal resguardo incumple el mandato. No obstante lo anterior, el mismo señor Diputado creía que podría alcanzarse una solución a este problema, estableciendo que la ley entregue a las Fuerzas Armadas la forma y el modo de llevar a cabo el resguardo del orden en el acto eleccionario, lo que podría traducirse, por ejemplo, en instrucciones a los respectivos cónsules. En todo caso, estimaba que la solución propuesta requeriría de una indicación presidencial, toda vez que podría dar origen a gastos. Sometido a votación el informe de constitucionalidad entregado por el diputado señor Burgos, la Comisión se inclinó por aprobarlo por. mayoría de votos (5 votos a favor y 3 en contra), dejando constancia que el rechazo efectuado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la fórmula propuesta relacionada con el mantenimiento del orden público durante el acto eleccionario, se ajustaba a la normativa vigente, siendo necesario, en consecuencia, buscar un mecanismo que permitiera efectuar los resguardos que fueren conducentes. (Votaron a favor los Diputados señora Soto y señores Araya, Burgos, Bustos y Ceroni y en contra los Diputados señora Turres y señores Monckeberg, don Cristián y Ward). A petición de la Diputada señora Soto, la Comisión dejó constancia del trabajo e interés de la Diputada señora Isabel Allende Bussi como principal impulsora de este proyecto, como también la destacada participación que cupo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 2006. Se designó diputado informante al señor Jorge Burgos Varela.NOTA: Al efectuar su análisis, la Comisión hizo presente la necesidad de precisar en el inciso cuarto del artículo 192, que los formularios de minutas que deben enviarse al Ministerio del Interior y al Servicio Electoral son copias, ya que los originales se remiten a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración. Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señor Pedro Araya Guerrero (Presidente), señoras Laura Soto González y Marisol Turres Figueroa y señores Juan Bustos Ramírez, Guillenno Ceroni Fuentes, Cristián Monckeberg Bruner y Fdlipe Ward Edwards. En reemplazo del diputado señor Jaime Mulet Martínez asistió el diputado señor Jorge Burgos Varela. Asistió, asimismo, a la sesión la Diputada señora Isabel Allende Bussi. (Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión”.11. Moción de los diputados señores Egaña, Álvarez, Bauer, Bobadilla, Dittborn, Estay, Lobos, Norambuena, Ward, y de la diputada señora Turres, doña Marisol. Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo forma de reemplazo en caso de vacancia de alcalde. (boletín N° 4987-06) “Considerando:1. Que la administración local de cada comuna reside en la municipalidad, corporación que está constituida por el alcalde, como su máxima autoridad, y por el Concejo Municipal.2. Que en las municipalidades recaen labores tan importantes como: la elaboración de los planes de desarrollo comunal, la planificación y regulación de la comuna, el desarrollo de la educación y la cultura, la asistencia social, la urbanización y la seguridad ciudadana entre otras.3. Que el ejercicio de las funciones y atribuciones de las municipalidades corresponden al Alcalde y al Concejo Municipal, según lo señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.4. Que, según lo dispone el Artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidad, el Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad, correspondiéndole .así la dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.5. Que así, el Alcalde representa la máxima autoridad municipal, teniendo las mayores atribuciones para su administración y la responsabilidad del resultado de las mismas.6. Que en razón de lo anterior el Alcalde se elige por sufragio universal, votándose separadamente de los Concejales.7. Que, en la votación de Alcaldes, los ciudadanos eligen, de entre los distintos candidatos a quien, junto con representar sus intereses e ideologías políticas, resguarde sus intereses vecinales y asegure una buena gestión y administración municipal.8. Que el cargo de alcalde representa, en cada comuna, no sólo Ia autoridad administrativa, sino que representa también la máxima autoridad política.9. Que el cargó de Alcalde es un cargo político, tanto por la forma de su elección, como por, el desempeño y liderazgo que representa.10. Que en el Concejo Municipal, órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, se ven representadas también las distintas sensibilidades políticas, teniendo dentro de sus funciones más importantes la de fiscalizar las actuaciones del Alcalde.11. Que, en muchos casos, la composición del Concejo Municipal no dice relación con la tendencia política del Alcalde, pudiendo ser mayoría una corriente distinta a la del Alcalde.12. Que en la actualidad, en caso de vacancia en el cargo de Alcalde es el Concejo Municipal quien elije, de entre sus miembros, al reemplazante. Situación que puede, en el caso de que en dicho órgano predomina una tendencia política distinta a la del Alcalde a reemplazar, modificar la voluntad ciudadana entregando el gobierno del Municipio a un concejero de un partido político distinto al del Alcalde electo por los vecinos.13. Que, según la forma en que se eligen los Alcaldes y Concejales, de manera separada, puede darse, y de hecho se da en distintas municipalidades, que la mayoría de los Concejales sean de una corriente política distinta a la del Alcalde, situación que, de mantenerse el actual sistema de reemplazo de Alcaldes, puede resultar en que por esta vía se cambie la voluntad de la ciudadanía de entregarle el gobierno de la Comuna a un representante de determinada corriente política.14. Que en este sentido, la última reforma a la Constitución Política de la República modifico el mecanismo de reemplazo de los diputados y senadores, dándole a los partidos políticos la facultad de nombrar al reemplazante. Resguardando así, la decisión de los votantes de entregarle su representación a un miembro de un partido político determinado.15. Que parece razonable y prudente mantener el mismo espíritu de la norma anterior en el sistema de reemplazo de los vacantes de los Alcaldes respetando, de esta manera, las mayorías políticas en las distintas elecciones. Por lo anterior se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de leyPROYECTO DE LEY Artículo Único: Sustitúyase el inciso 4 de del Artículo 62 de la Ley NO 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades por el que sigue: “En caso de vacancia del cargo de alcalde esta será proveída por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el alcalde que produjo la vacante al momento de ser elegido. El alcalde elegido como independiente que hubiere postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos político, será reemplazado por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo alcalde al momento de presentar su declaración de candidatura. En el caso que la vacancia la produzca un Alcalde elegido como independiente, el concejo procederá a elegir un nuevo alcalde, que complete el periodo, de entre sus propios miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. De no reunir ninguno de ellos dicha mayoría, se repetirá la votación circunscrita sólo a los dos concejales que hubieren obtenido las dos mayorías relativas. En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate, será considerado alcalde aquel de los dos concejales que hubiere obtenido mayor número de preferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva. El mismo mecanismo de las preferencias ciudadanas se aplicará también para resolver los empates en la determinación de las mayorías relativas en la primera votación. La elección se efectuar en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los doce días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. El secretario municipal citará al efecto al concejo con tres días de anticipación a lo menos. El nuevo alcalde permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido”.12. Moción de los diputados señores Escobar, De Urresti, Díaz, don Eduardo; Espinosa, don Marcos; Jiménez, Rojas, Uriarte, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel; Nogueira, doña Claudia, y Rubilar, doña Karla. Modifica la Constitución Política de la República consagrando el derecho de gozar del patrimonio cultural e histórico de la Nación. (boletín N° 4988-07)I. INTRODUCCIÓN. La palabra “cultura” encierra una gran cantidad de significados lingüísticos, sociales y económicos. Revisemos algunos de ellos:a) El Diccionario de uso del español. María Moliner define cultura de la siguiente manera: 1. En sentido amplio, cultivo. 2. Conjunto de conocimientos no especializados, adquiridos por una persona mediante el estudio, las lecturas, los viajes, 3. Conjunto de los conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, arte de un país o una época.b) López de Aguileta define cultura del siguiente modo: “entenderemos la cultura como un conjunto de actividades y productos de carácter simbólico, realizadas en los ámbitos intelectual, artístico, social y recreativo, concebidos con carácter creativo” López de Aguileta, 1. (2000) Cultura y ciudad. Manual de política cultural municipal. Ed. Treac) Desde un punto de vista económico:” La cultura como sector o actividad económica es el conjunto de unidades u organizaciones d producción de productos, servicios, o contenidos idea convencionalmente llamadas culturales que constituyen un sector de la oferta privada o pública de bienes, servicios o valore dirigidos un mercado de consumidores, usuarios, clientes, ciudadanos con el objetivo de satisfacer sus necesidades o deseos en un mercado competitivo. Rovira, A. (1996) Ponencia “ la cultura como sector económico” en la II Trobada de responsables municipals de Cultura. Díputació de Valéncia.d) Podemos definir cultura como el desarrollo de las facultades humanas, y es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y pulirlos por medio del ejercicio de las facultades intelectuales. El conjunto de la cultura o civilización incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todos los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. La cultura también hace referencia al conjunto o sistema propio de un pueblo o nación, tanto de la alta cultura realizada por especialistas en diferentes campos y dirigida al sector social e intelectualmente dominante, como la cultura popular producida por los sectores rurales y urbanos. A la multiplicidad de concepciones expuestas, podemos oponer la unanimidad de juicio en relación a que uno de los objetivos de la Democracia Moderna es la universalización del acceso a los bienes culturales, por parte de las personas, sin importar su origen y/o condición, incluyendo el disfrute de las expresiones culturales y artísticas de la más diversa índole. En este contexto, no debemos olvidar que las manifestaciones artísticas y culturales responden a la expresión más elevada del ser humano, puesto que en el proceso de creación artística y en su posterior recepción confluyen racionalidad, sensibilidad, emocionalidad y espiritualidad, las que al ser expresadas desde esta perspectiva enriquecen no sólo a sus autores sino a la comunidad toda que se desarrolla integralmente y potencia su identidad personal y social. Por otra parte, la preservación, incremento y difusión de la cultura permite a los pueblos alcanzar nuevas cosmovisiones de su realidad, siendo agente de cambios constructivos y transversales en toda la sociedad. Es por esta razón que el goce de los bienes culturales debe ser accesible a la población. Una persona sin acceso a la cultura es cada vez menos persona ya que carece de recursos intelectuales, sensibles y materiales de mejorar su situación y de insertarse con igualdad de oportunidades en una sociedad diversificada y cada vez más segmentada. Consecuencia de lo expuesto es que es necesario referirnos a la relación entre cultura y desarrollo.II CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO.1.- CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. Hasta hace no muchos años la cultura no era considerada como un factor relevante en el desarrollo económico. En cambio, hoy en día podemos apreciar que más y más sectores políticos, académicos y sociales han estudiado el valor de la cultura dentro del desarrollo económico y humano. Sin embargo este es una tema polémico y podemos apreciar tres corrientes de pensamiento claramente definidas:a) La primera de ellas plantea que la cultura es irrelevante en el proceso de desarrollo económico. Esta teoría empieza a ver la luz en los años cincuenta en pleno proceso de reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial. Las tesis de Nurkse (1953), Lewis (1955), o Samuelson y Solow (1956) conciben el crecimiento económico como un proceso competitivo de acumulación de capital hacia una dinámica de equilibrio de largo plazo. En ese contexto, los retornos decrecientes de los factores de capital físico y recursos humanos, el papel del crecimiento poblacional, y los efectos de un desarrollo tecnológico exógeno o sea, independiente de los esfuerzos deliberados de cualquier economía por desarrollar su tecnología¬determinan la lógica del crecimiento. Los modelos de crecimiento exógeno, al basarse en una lógica de mercado para la acumulación de capital, no consideran los factores políticos ni los culturales.b) La cultura es relevante para el desarrollo económico. A partir de los noventa se inicia una segunda ronda de teorías del crecimiento endógeno en las que se incorporan otros factores distintos a los tradicionales económicos, dando cabida a factores institucionales, sociales y culturales. Por lo tanto, las ecuaciones del crecimiento se han ampliado para introducir determinantes que toman en cuenta, por un lado, el grado de libertad civil, estabilidad política, buena gobernabilidad y calidad de las instituciones; y, por otro, elementos culturales relacionados con la religión, la fragmentación etnolingüística, la confianza o el civismo. Ejercicios que buscan sistematizar los factores del crecimiento, demuestran que entre los determinantes del crecimiento económico se encuentran de forma consistente variables relacionadas con los niveles iniciales de ingreso y de acumulación de capital humano, pero también variables no económicas relacionadas con la política, las instituciones y la cultura.c) La cultura es el principal determinante del desarrollo económico. En marcado contraste con las teorías iniciales de acumulación de capital y del paradigma del desarrollo humano, existen otras teorías que sitúan al crecimiento rápido y sostenido de la productividad como centro del desarrollo económico (Porter 1990). Su “paradigma de la productividad” implica que en una economía global moderna la productividad depende menos de las industrias en que una nación compita y más de la forma en que ésta compita. Poco importa que las compañías sean locales o extranjeras, existan recursos naturales o abundante mano de obra. Lo que verdaderamente importa es la capacidad del país de organizarse eficientemente en torno a una economía productiva, ya sea en el sector agrícola, manufacturero o de servicios. Esta tesis relativiza a la ventaja comparativa de un país para determinar su prosperidad insistiendo en que es su ventaja competitiva lo que hace que una nación, cualquier nación, sea capaz de producir más eficientemente productos o servicios que cualquier otro productor podría potencialmente replicar en otra parte del mundo. Cabe destacar, que dentro de esta última teoría adquieren gran relevancia aspectos culturales de la población tales como las percepciones sobre el grado de confianza, de civismo y de corrupción en el país. El reconocimiento del papel de la cultura en la economía y en la gobernabilidad del país sugiere que la gestión sociocultural debe tener un valor estratégico en las políticas de desarrollo, de cara a fortalecer los valores cívicos, éticos, morales y democráticos del país. Para ello se definen tres tipos de actuaciones: Fomentar la construcción de casas de cultura, crear microempresarios vinculados a actividades culturales sobre todo en la producción artesanal de los pueblos indígenas u originarios. y fomentar el deporte en todas sus manifestaciones. Promover los valores ético morales y el patrimonio cultural a fin de fortalecer la identidad nacional. Promover una estrategia de desarrollo turístico del país aprovechando los recursos culturales como uno de los ejes del desarrollo de esta industria.2.- CULTURA Y DESARROLLO HUMANO. De acuerdo con el planteamiento de German Rey , en su artículo “Cultura y desarrollo humano. Unas relaciones que se trasladan”, publicado en la Revista de Cultura, Pensar Iberoamérica en el año 2002, el actual concepto de desarrollo humano ha presentado una interesante evolución. Veamos: En primer lugar, el desarrollo humano se centra directamente en el progreso de la vida y el bienestar humanos, es decir, en una valoración de la vida. En segundo lugar, el desarrollo humano se vincula con el fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida; en la posibilidad de que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el cultural, el económico y el político, es decir, en un fortalecimiento de capacidades. En tercer lugar, el desarrollo humano tiene que ver con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo. Se incluyen las libertades de atender las necesidades corporales (morbilidad, mortalidad, nutrición), las oportunidades habilitadoras (educación o lugar de residencia), las libertades sociales (participar en la vida de la comunidad, en el debate público, en la adopción de las decisiones políticas), es decir, el desarrollo humano tiene que ver con la expresión de las libertades civiles. Y en cuarto lugar, el desarrollo humano está asociado a la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo, es decir, con su constitución como sujetos. Estos caracteres perfilan la comprensión del desarrollo humano: la valoración de la vida, la insistencia en la puesta en marcha de las capacidades humanas, el bienestar. Todo en el contexto de la vivencia de las libertades civiles y además asumiendo a los individuos no como usuarios o beneficiarios sino como sujetos del desarrollo. De todo lo expuesto puede deducirse que las prioridades del desarrollo no pueden, por lo tanto, ser exclusivamente económicas. Fortalecer ciertos valores y actitudes tiene importantes dividendos no solo cívicos o políticos sino también económicos y de bienestar social. Es de vital importancia reconocer esta doble naturaleza de la cultura tanto como medio para alcanzar el desarrollo económico y humano así como un fin del propio desarrollo humano. Esto significa que un país requiere de una adecuada y equilibrada legislación, política e instituciones que estimulen un entorno formal que favorezca una revalorización del papel de la cultura como eje integrador del desarrollo. Es en este contexto donde nosotros planteamos el derecho a la cultura materializado en una consagración constitucional del derechos a gozar del patrimonio cultural e histórico de nuestra nación. La inquietud que plantea la adecuada protección y desarrollo de la cultura y sus expresiones ha sido objeto de discusiones y foros a nivel internacional. Entre ellos destaca la Convención adoptada en la Trigésima Tercera Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París, el 20 de Octubre de 2005, con la participación de 147 países, entre ellos, Chile, la que pasamos a examinar a continuación.III. LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES. Para entender a cabalidad el contenido de este tratado debemos recordar lo previsto en el Artículo 27 número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.” La aprobación por parte de Chile de la Convención finalizó en el Congreso el 6 de Marzo recién pasado y actualmente se encuentra en etapa de promulgación. Los aspectos más relevantes de la Convención en, el ámbito que nos interesa, son los siguientes: Es el primer instrumento de derecho internacional que reconoce la importancia fundamental de mantener vivas, en el marco de la globalización, las expresiones culturales de los pueblos. Mediante ella se reafirma, además, la potestad soberana de los Estados para adoptar políticas o medidas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales, tanto a escala nacional como internacional, enriqueciendo la democracia y fomentando el conocimiento mutuo entre los pueblos. El Artículo 2 N° 2 consagra el Principio de soberanía, en virtud del cual, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. El artículo 2 N° 5, consagra el principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo y resalta el derecho fundamental de participación y disfrute de los individuos y de los pueblos. El Artículo 6 de la Convención se refiere a los derechos de las Partes en el plano nacional y establece que ellas podrán adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. Entre ellas destaca para nuestro objetivo la letra b) que se refiere al la adopción de medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las actividades y los bienes y servicios culturales nacionales, entre todas las actividades, bienes y servicios culturales disponibles dentro del territorio nacional, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas disposiciones relativas ala lengua utilizada para tales actividades, bienes y servicios. Como puede apreciarse el disfrute por parte de las personas ya sea individual o colectivamente constituye una de las finalidades de las expresiones culturales. Al respecto podemos decir que sin acceso y sin garantías de disfrute de la cultura, su patrimonio y expresiones se limita la creación y se impide el cumplimiento de una de la metas que inspira nuestro sistema de gobierno y nuestra concepción de la sociedad y de la persona humana que es proporcionarle el desarrollo más pleno posible con igualdad de oportunidades. Además, sin protección jurídica al goce de las expresiones y bienes culturales, en particular aquellos que representan el patrimonio cultural e histórico de la nación se corre el riesgo de borrar nuestras raíces e identidad nacional lo que nos impediría mirarnos como un conjunto humano valioso con una historia única e irrepetible y desde esa perspectiva desarrollar una cosmovisión que nos permita llegar al máximo de nuestras capacidades, integrándonos y aportando al resto del mundo nuestra herencia y perspectiva.IV. EL ESTADO ACTUAL DEL DERECHO A LA CULTURA EN NUESTRA LEGISLACIÓN.1. NORMAS CONSTITUCIONALES. En materia de protección indirecta o directa del derecho a la cultura podemos citar las siguientes disposiciones constitucionales: El artículo 1, inciso tercero de la CPE previene que: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.” Por su parte, el inciso quinto establece como deber del Estado: “..asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” Luego, el artículo 5° inciso final señala que: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” Seguidamente, el Artículo 19 N° 10, inciso final dispone que: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.” Finalmente, el artículo 19 N° 25 previene que la Constitución asegura a todas las personas: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.”2.- DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA CULTURA.1. Ley N° 19.891 que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo con rango ministerial, encargado de diseñar las políticas públicas de fomento de las expresiones culturales y artísticas, tanto a nivel central como regional, en donde, mediante una administración descentralizada y territorialmente desconcentrada se ejecuta la política cultural del Estado de manera tal que se cumpla el objetivo del mencionado Consejo, que consiste en apoyar el desarrollo de las artes y difusión de la cultura y contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de todas las personas el patrimonio cultural de la Nación y a promover la participación de éstas en la vida cultural del país. Cabe destacar que esta ley introdujo varias innovaciones en materia de instrumentos de fomento a la creación, mediante la inclusión de fondos concursables a los cuales pueden postular sus proyectos los creadores novatos o consagrados. Otras leyes que se relacionan con la cultura son: La Ley N° 19.885 sobre Beneficios Tributarios a las Donaciones Privadas; La Ley de Fomento del Libro y la Lectura; La nueva ley de Premios Nacionales y la Ley de Ejercicio y Difusión de las Artes Puede advertirse que hay una multiplicidad de normas que van constituyendo un corpus normativo integral, que tiene que ser capaz de transformarse en instrumento puesto al servicio de la creación humana y nuevas instituciones que paulatinamente van conformando una administración dinámica y poco burocratizada que orienta sus esfuerzos en cumplir el objetivo de universalizar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y conservación.Sin embargo, del examen efectuado debemos concluir nuestra legislación no ha previsto expresamente la consagración del derecho a goce de las expresiones, bienes o patrimonios culturales e históricos, lo que deja en una situación de vulnerabilidad, a juicio nuestro, la visión de la cultura como un instrumento de crecimiento y desarrollo y como uno de los fines últimos de nuestros programas económicos y sociales. Por ello, es que resulta imprescindible revertir esta situación mediante la consagración expresa de este derecho.V. CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. El proyecto en comento incorpora la expresión “patrimonio cultural e histórico de la nación”. El patrimonio cultural está compuesto por la herencia de nuestros antepasados y por el desarrollo actual y futuro en el ámbito de la creación cultural. Se trata de un proceso dinámico en el que se encuentran aspectos materiales como inmateriales, por ejemplo el canto y la danza, los cuales son herencia colectiva de un pueblo o nación, con un pasado común de un grupo de gente con intereses comunes y relacionados a una historia, que afronta un presente y mira el futuro. El Patrimonio Cultural es parte de la Riqueza de la Nación, pero al igual que muchos recursos (el agua, el cobre y la vegetación nativa) el Patrimonio Cultural es un Recurso No Renovable en lo que respecta a su pasado, y es por eso mismo que se manifiesta tangiblemente como recurso intocable e inalienable de una Nación. El Patrimonio Cultural de toda Nación tiene tres tipos: el Patrimonio Cultural Arqueológico, el Patrimonio Cultural Histórico y el Patrimonio Cultural Artístico, y que muchas veces se entrecruzan entre ellos formando variantes, pero que se diferencian por la aproximación a los componentes de cada Patrimonio Cultural.VI. CONTENIDO DEL PROYECTO.1. El presente proyecto modifica el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política agregando nuevos incisos sexto y séptimo que consagran el derecho de goce del patrimonio cultural e histórico de la nación.2. Se agrega un nuevo inciso octavo que establece que la ley podrá establecer restricciones específicas con el objeto de proteger el patrimonio cultural e histórico de la nación.3. Se modifica el inciso final del mencionado artículo en orden a incluir como deber de la comunidad el contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la cultura además de la educación.4. Se modifica el artículo 20 de la Constitución Política en orden a hacer procedente el recurso de protección para cautelar el derecho a gozar del patrimonio cultural e histórico de la nación en aquellos casos en el que este derecho se vea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.5. Se modifica el inciso segundo del artículo 19 N° 24 en orden a incorporar dentro de su redacción la expresión “patrimonio cultural e histórico de la nación”. Por tanto, En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de le ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguientePROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: ARTÍCULO PRIMERO: Agrégase los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo al artículo 19 N° 10 de la Constitución Política. “Toda persona tiene derecho a gozar de los bienes y expresiones culturales y artísticas que conforman el patrimonio cultural e histórico de la Nación. Es deber del Estado velar para que este derecho no se vea afectado y tutelar por el rescate, conservación, enriquecimiento, difusión y proyección al exterior de aquellos bienes y servicios culturales o antecedentes históricos vinculados a los valores esenciales de la tradición, memoria e identidad local, regional y nacional. El patrimonio cultural e histórico de la nación también comprende las costumbres, creación artística, creencias, y cosmovisión de los pueblos originarios. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el patrimonio cultural e histórico de la Nación según los términos establecidos en los incisos precedentes. ARTÍCULO SEGUNDO: Modifícase el inciso final del artículo 19 N° 10 en el sentido de intercalar la expresión “y cultura”, después de la palabra educación. ARTÍCULO TERCERO: Sustitúyase el inciso final del artículo 20 de la Constitución Política por el siguiente: “Procederá, también, el recurso de protección en los casos del N°. 8° y de los incisos sexto y séptimo del número 10 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a gozar del patrimonio cultural e histórico de la nación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.” ARTÍCULO CUARTO: Insértese en el artículo 19 número 24 inciso segundo, a continuación de la expresión “conservación del patrimonio ambiental” antes del punto aparte, la siguiente frase: “ cultural e histórico.” Quedando el inciso mencionado como sigue: “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental, cultural e histórico”.13. Moción de los diputados señores Monsalve y Súnico. Autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex mine-ros del carbón. (boletín N° 4989-24)1. Fundamentos. En la ciudad de Lota todavía es posible sentir el olor del carbón. Su historia se remonta a más de ciento cincuenta años, cuando miles de hombres llegaron a esta zona en busca del “oro negro” y asentaron aquí el destino de sus vidas. El `carbón se transformó en un recurso indispensable para la economía nacional de aquel entonces. El tiempo dio origen a una forma de vida, donde cada miembro familiar adquirió una función, siempre girando en torno al trabajo de la mina. El Carbón jugo un importante rol en el desarrollo para el país, crecieron ciudades y puertos; pero también fue el detonante de importantes conflictos sociales, en los que se manifestó la pobreza y las malas condiciones de vida de este sector, influyendo enormemente en la historia de Chile. Es por eso que con razón se afirma que una de las actividades más sacrificadas es la realizada por los mineros del carbón. En efecto, esta actividad fue desarrollada en base al esfuerzo, sacrificio y sufrimiento de miles de personas que hicieron de esta actividad una forma de vida. La vida del minero se caracterizó por la constante lucha por el respeto de sus derechos laborales y la búsqueda de un sistema más justo que permitiera una correcta protección tanto en materia de seguridad social como de accidentes del trabajo. En este contexto, la lucha de los mineros del carbón y sus familias se presentó al país como la batalla de los débiles y desposeídos frente a los poderosos, como expresión de los principios de justicia social que sirvieron de símbolo para que nuestra sociedad dejara de mirar con indiferencia aquel conflicto social. Las características anteriormente descritas sirvieron de fuente de inspiración para autores como Baldomero Lillo, quién a través de su obra “Subterra” plasmó de manera notable la forma de vida de parte de nuestra población, sus tristezas, desventuras y sacrificios, así como también sus sueños, anhelos y esperanzas. En el plano político, numerosas autoridades conocieron la fuerza y determinación de los mineros del carbón, los que se rebelaron respecto del manto de olvido que con el que se pretendió abordar las problemáticas de este sector, cuestión que aún pervive en la zona del carbón. De ahí que, creemos necesario reconocer y homenajear a esos cientos y cientos de personas que dedicaron toda su vida a esta actividad, como la de sus familias, en forma anónima, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. De esta manera pretendemos demostrar que ellos no han sido olvidados en nuestra sociedad y que de alguna forma sentimos un enorme agradecimiento hacia su abnegada labor y es una forma parcial de reconocimiento, a la humildad, el esfuerzo y la entereza ante el sacrificio.2. Ideas Matrices: El presente proyecto tiene como idea matriz autorizar la erección de un monumento en homenaje a los mineros del carbón en la comuna de Lota. Es por eso, que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer a esa Honorable Cámara el siguienteProyecto de ley: Art. 1 °. Autorícese la erección de un monumento en homenaje a los mineros del carbón. Art. 2°: El monumento se erigirá en la comuna de Lota. Art. 3°: Las obras se financiarán mediante la realización de colectas públicas, las que se efectuarán en todo el país, en las fechas que la comisión especial determine, en coordinación con el Ministerio del Interior. Art. 4°: Créase un fondo con el mismo objeto señalado en el artículo anterior, el que estará constituido, además, por donaciones y aportes privados. Art. 5°. Créase una comisión especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un Senador, un Diputado, un representante del Ministro de Educación, un representante de la Municipalidad de Lota y el Director del Museo Nacional de Bellas Artes. El Senador y el Diputado serán nominados por las respectivas Cámaras. La Comisión deberá constituirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. Art. 6°: La comisión tendrá las siguientes funciones:a) Llamar a concurso público de proyectos, fijar sus bases y condiciones y resolverlo.b) Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con el alcalde de la respectiva municipalidad y con el Consejo de Monumentos Nacionales.c) Organizar la realización de las colectas públicas a que se refiere el artículo 3 °. d) Administrar el fondo” creado por el artículo 4°”.