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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , no puedo dejar de coincidir con lo que acaba de expresar mi colega Verdugo y, aunque en parte, con lo manifestado por el colega Duarte.
Cuando se trata de probidad, tenemos que dar protección a las personas que hacen una denuncia, pero tal protección no puede ser sólo por 90 días. ¿Qué pasará después de los 90 días, si la investigación continúa? Que, por temor a lo que pueda ocurrir después, la persona no hará denuncia alguna.
Por eso, quiero pedir votación separada de la letra a) del artículo 90 A, y de la letra a) del artículo 88 A, porque no podemos poner límites mientras se esté llevando a cabo el sumario correspondiente.
Me gusta oír que se hable de probidad, como ha ocurrido aquí. En realidad, en Chile no estábamos acostumbrados a discutir este tipo de proyectos. Indudablemente, nos parece grave lo que está pasando en el país. Pero, ¿qué induce a las personas a hacer cosas reñidas con la probidad? ¿Quién dice que se debe aprobar tal proyecto? ¿Quién decide que una empresa amiga debe adjudicarse ciertas concesiones? Esto lo hemos visto muchas veces. Uno se pregunta, entonces, ¿qué sabemos sobre estas verdaderas camarillas?
A modo de ejemplo, y para no mencionar a otras, voy a hablar sobre lo que sucede en mi región. Hay empresas que no han terminado los caminos, a pesar de haber transcurrido cinco años; sin embargo, año tras año, se siguen adjudicando obras del mismo tipo. Al camino Curarrehue-Puesco se le quitaron tres veces los recursos. Nunca se supo dónde fueron a parar esas platas. Algunos empresarios nos llaman para saber cómo funciona esto de las denuncias. Entonces, les decimos que las hagan porque ellos tienen los antecedentes. La respuesta es típica: “¿Está loco? Si denuncio lo que está pasando, nunca más gano una propuesta.”. Entonces, ¿cómo podemos pedir transparencia y probidad en un solo lado? Creo que deben existir en ambos lados: en el sector público y en el privado.
En la Novena Región, han pasado muchas cosas raras. Por ejemplo, una empresa empezó a construir la Avenida Caupolicán, pero no la terminó. Para que se fuera, después de un año de atraso, le pagaron una indemnización de 800 mil pesos, y dejó la obra botada. Ahora, se volvió a adjudicar la construcción de otro camino: el de Choroico a Los Laureles. Tendría que haber empezado la construcción en septiembre, pero aún no lo hace.
En el caso de Chiledeportes, muchos funcionarios me decían: “¿Qué quiere que hagamos, diputado , si los propios parlamentarios nos obligaban a hacer estas cosas?” Lo decían ellos. Llegaban pidiendo que las propuestas se adjudicaran por asignación directa, y así las concedían. ¿Y vienen a hablar de probidad ahora, aquí en la Cámara? Lo denunciamos miles de veces; que hagan memoria los colegas que tienen más años que yo. Que la ministra Paulina Veloso averigüe los resultados de las votaciones efectuadas en las comisiones especiales investigadoras: en ninguna de ellas jamás se reconoció que existía corrupción. De esa forma, se sentían amparados. ¿Acaso eso no es, en parte, amparar la corrupción? ¿Cuál fue el error que se cometió? Pensaban que la Concertación tenía que defender a los infractores a como diera lugar. La verdad es que ya es tarde para ponerle atajo. Hoy, tenemos leyes de buena crianza, para decir que el Congreso y la Presidenta de la República cumplieron. La verdad es que dudo mucho sobre la efectividad de dichas leyes, porque esto de la corrupción es algo tremendo.
Voy a dar un ejemplo. En el sector de la vivienda, llamaban a licitación para construir cinco mil casas, pero todos se ponían de acuerdo y la declaraban desierta. Después, se las adjudicaban a dedo, proporcionalmente, a los mismos que no habían construido las viviendas. Todo parecía correcto, pero ahí venía lo bueno cuando se trataba de defender a los pobres. Se ponían de acuerdo sobre la forma de bajar el costo de las casas, y las entregaban sin escalas, sin forrar, con el piso de cemento a medio terminar. Entonces, decían que bajaban el precio de las viviendas en un millón y medio. Al parecer, no era mucha plata, pero si sacamos la cuenta, son 7.500 millones de pesos extras para las empresas, que se conseguían quitándoles a las casas lo que acabo de mencionar. Si eso, ministra, no es corrupción, no sé lo que puede ser. Pero, ni una sola palabra al respecto. Todo el mundo sabe que eso se hizo y se sigue haciendo.
Lo he dicho siempre y lo reitero aquí: las empresas que han entregado coimas deben ser borradas de los registros de contratistas. ¡Deben ser borradas! ¿Y qué está pasando hoy con este problema? Como se han incrementado tanto los recursos, las empresas dilatan, junto con los funcionarios públicos, las licitaciones, y cada mes aumentan en 5 ó 10 por ciento el costo de las obras. Eso es lo que están haciendo en todas partes.
De manera que todo esto también es un tipo de corrupción encubierta, y eso es, precisamente, lo que queremos evitar. En el caso de las viviendas, lo queremos hacer para que las platas lleguen a destino y las personas tengan casas dignas.
El otro día, un diputado me contaba que en las últimas elecciones le tocó competir con el ex director nacional del Indap , y ahí estuvo todo el Indap repartiendo subsidios, abonos, etcétera, en su distrito. Entonces, no hablemos sólo de la corrupción a nivel de funcionarios. Éste es el momento para que el Gobierno tome cartas en el asunto, puesto que la corrupción electoral es mucho más perversa que la de los funcionarios, por una razón muy simple: hay mucha más plata involucrada. Muchos pueden decir: “ Diputado , está profundamente equivocado, porque todo esto lo hacen fuera de las horas de trabajo.” Es absolutamente cierto; no lo voy a discutir; es verdad lo que dicen los funcionarios. Pero, aunque sea fuera de las horas de trabajo, comprometían fondos públicos para que el lunes fueran a sus oficinas a las 9 de la mañana. Así, aprovechaban las primeras horas de trabajo para comprometer fondos públicos para los días de la semana. Pues bien, no veo que se haya considerado ese tipo de corrupción y falta de probidad en el proyecto.
Por lo tanto, sólo se sanciona -¡ojo, señor Presidente !- el peor flagelo que ha afectado al país: la corrupción, pero se protege al que denuncia sólo durante 90 días; sin embargo, al que induce a la corrupción queda protegido ad aeternum; le pueden aplicar una multa, pero sigue siendo contratista; crea otra sociedad con algún abogado, y sigue funcionando. Aquí no hay que castigar a la empresa, sino a la o las personas que forman parte de ella. No hay que tener miedo de atacar de frente la corrupción.
Creo que en Chile la corrupción partió con mucha fuerza, pero estamos a tiempo para ponerle atajo. ¿Y quiénes podemos contribuir a ello? Precisamente, los parlamentarios y los funcionarios de cada repartición, que pueden dar más antecedentes y con mayor certeza. Eso es lo que hay que aprovechar.
Pero, con esa misma fuerza, si un funcionario hace una denuncia y se comprueba que es falsa, también se tiene que ir sin ninguna indemnización, por tratar de involucrar a gente inocente, que no tiene ninguna responsabilidad.
Por eso, pido votación separada de la letra a) del artículo 90 A y de la letra a) del artículo 88 A, para que la protección al funcionario no se dé sólo por 90 días, sino mientras dure la investigación por el hecho denunciado a las distintas instituciones.
Los otros artículos los votaré favorablemente.
He dicho.
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