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El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , sólo quiero hacer algunos alcances a la discusión.
Deseo llamar la atención sobre el hecho de que la iniciativa incorpora una condición adicional a la exigencia que por ley tienen todos los funcionarios públicos, sean de planta o a contrata y, desde luego, también las autoridades, cual es que al estar en conocimiento de alguna irregularidad de carácter administrativo o de la comisión de algún eventual delito, existe la obligación de hacer la respectiva denuncia.
Pareciera ser que la idea que subyace a la presentación del proyecto es la suposición de que mucha gente no denunciaría situaciones irregulares por temor al efecto que eso podría desencadenar en su propia estabilidad laboral. Tengo la impresión de que dicha norma básica que rige a la administración pública, que obliga a los funcionarios a reaccionar ante el conocimiento de alguna irregularidad o de algún eventual delito, probablemente está en crisis debido a que en muchas instituciones no existiría claridad sobre las circunstancias de que alguien debiera sentirse formalmente en conocimiento de alguna situación irregular. En ese sentido, diría que un complemento adicional a esas normas para entender que una denuncia ha sido hecha formalmente, debiera considerar no sólo lo que se establece en el proyecto, sino también los mecanismos mediante los cuales el funcionario puede darse por informado de alguna situación irregular.
Se ha hecho alusión a casos de particulares, y específicamente de contratistas que no conocen o están conscientes del procedimiento que deben adoptar para dejar constancia de la existencia de alguna irregularidad, y cuando lo hacen, su denuncia no necesariamente conlleva sanciones para el funcionario que recibe la información y no reacciona como debiera.
Parece ser que el funcionario informado sobre la posible existencia de irregularidades no hace la denuncia para no poner en riesgo su estabilidad laboral, lo que me parece un aspecto no menor, porque, reitero, la obligación de denunciar es de todos los funcionarios públicos, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su función. En mi opinión, el proyecto, a pesar de que pareciera fortalecer dicha obligación, podría terminar debilitándola en cierta forma, si es efectivo el supuesto de que las denuncias no se realizan por temor a la pérdida de la estabilidad en el cargo.
Utilizando el refrán de que lo que abunda no daña, el proyecto merece nuestra aprobación. No obstante, deseo hacer presente que mi experiencia en el sector público -la única que tuve fue como subsecretario- me permitió aprender que en él ocurren situaciones que conviene tener presente. Es decir, me asiste el temor de que tras la aprobación de la iniciativa, muchas personas -no tengo duda alguna de que así ocurrirá- recurrirán a la formulación de esa clase de denuncias para evitar ser objeto de alguna sanción por incumplimiento de sus tareas funcionarias, sea de planta o a contrata.
Si este proyecto es confrontado con lo que piensan los dirigentes de la Anef o de otras instituciones representativas de los trabajadores del sector público, no cabe duda de que se llegará a la conclusión de que varias de sus normas precisamente han sido un obstáculo para reemplazar, muchas veces, a funcionarios que no cumplen su rol. Por lo general, pasan los años y siguen sin desempeñar las funciones para las cuales fueron contratados.
También quiero hacer presente que me parece de Perogrullo el alcance que se hizo en la Comisión, en el sentido de que estas normas debieran ser aplicables a personas que trabajan en empresas del Estado. No entiendo por qué debieran aplicarse sólo a los funcionarios del aparato central, en circunstancias de que en las empresas del Estado normas como éstas permitirían aclarar situaciones derivadas de la falta de transparencia.
Muchas veces, contratistas que les prestan servicios a contratistas más grandes se ven afectados por resoluciones arbitrarias en las que no se respetan las normas de las licitaciones o por la poca claridad de los procedimientos a través de los cuales se otorgan los contratos.
Esas situaciones irregulares podrían darlas a conocer los funcionarios de las empresas del Estado.
Tengo la impresión de que el proyecto responde a hechos de corrupción en distintas instituciones. Es más, esto es evidente en el cuadro de propuestas que el Gobierno ha planteado, pero debo expresar que considero bastante exageradas las opiniones de algunos colegas respecto del sector público. Como en todos los ámbitos, es un error exagerar o generalizar comportamientos, porque el proyecto exige seriedad y que se especifique nítidamente en qué consiste la denuncia y las eventuales personas a las que se supone un proceder inadecuado. Las acusaciones al voleo, muchas veces para obtener dividendos políticos, se han transformado en una cosa habitual. Hay ejemplos de denuncias que no han sido fundamentadas adecuadamente.
En consecuencia, luego de estos dos alcances, primero, que se adopten las medidas para que un proyecto de esta naturaleza no sea utilizado como una forma de evitar las medidas que corresponden a un funcionario que no cumple sus funciones, y segundo, que estas normas sean aplicables a funcionarios de las empresas del Estado, anuncio los votos favorables de mi bancada.
He dicho.
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