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El señor BURGOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , en relación con este proyecto, discutido y votado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior, nos damos cuenta de que hay unanimidad de propósitos en cuanto a proteger a los funcionarios públicos y municipales que denuncien irregularidades y faltas al principio de probidad. Hay consenso y es una buena señal.
Quiero destacar que ésta es la primera iniciativa legal en que el Gobierno y nuestra Presidenta están dando una señal fuerte y contundente en el sentido de fortalecer el principio de probidad y, con ello, combatir cualquier vicio de irregularidad. Esto es lo que nos convoca, como diputados, a legislar.
Pero, hay hechos importantes que hacer notar y explicar a la comunidad, a quienes siguen este debate y que serán los destinatarios de esta iniciativa legal. Va a existir la obligación de los funcionarios públicos y municipales de denunciar hechos irregulares y, además, las faltas. Esto es importante, porque en las faltas es donde muchas veces comienzan las situaciones irregulares, donde comienza la cadena de irregularidades y con lo cual se va minando o socavando la confianza pública. A través de ellas, precisamente, los funcionarios detectan a quien las comete: a su jefe directo o a alguien que esté en la estructura superior de la administración.
Es fundamental resaltar que los derechos de los funcionarios públicos y municipales serán consagrados legalmente, que no podrán ser objeto de medidas disciplinarias durante el procedimiento; es decir, no habrá represalias como las que muchas veces se ejercen sobre ellos como consecuencia de una denuncia. Además, no podrán ser trasladados, como medida de presión para acallarlos, ni podrán ser precalificados. Esos derechos -reitero-, consagrados legalmente, no podrán ser vulnerados.
También es importante el proyecto, porque dispone que estos derechos conllevan una responsabilidad: no más denuncias irresponsables que, simplemente, permiten ganar un titular de prensa, un par de minutos en una radio local o nacional, sin que se llegue a nada. Es importante establecer la responsabilidad de quienes denuncian, la identificación de los hechos, de las personas, etcétera. Al respecto, hago un llamado a la responsabilidad a la Oposición que hoy ha tenido como bandera de lucha las denuncias sobre irregularidades. Ojalá que tenga una visión de conjunto y se denuncien todos los hechos; no sólo los que la favorecen electoralmente o que le sirven para acosar a determinadas autoridades. Entendamos que este flagelo está en todas las municipalidades; hay un germen, y si no lo combatimos de manera clara, precisa, transversal, simplemente no acabaremos con él. Éste es un principio que tienen que ejercer especialmente los funcionarios públicos y municipales. En la medida en que nuestros funcionarios tengan estas herramientas y capacidad, defenderemos mejor a la administración y consagraremos efectivamente el principio de probidad.
Quiero también destacar una propuesta que planteamos con el diputado Valenzuela , en el marco de la discusión en la Comisión, en cuanto a que el plazo de noventa días se amplíe a ciento ochenta días. El Ejecutivo nos ha ilustrado en el sentido de que ese plazo se cuenta a partir del cierre del sumario. Creemos que puede ser ampliado, que noventa días es un período muy corto y que puede establecerse uno mayor. Por último, el Ejecutivo debiera estudiar la posibilidad de presentar esto en otra iniciativa legal.
En la Comisión hubo consenso en incluir también en esta normativa a los empleados de las empresas del Estado. Planteamos la razonable duda de qué ocurre con los funcionarios de empresas, como Codelco, Televisión Nacional, Ferrocarriles del Estado, Enami , con miles de trabajadores que hoy no quedan sujetos a estas normas porque se rigen por el Código del Trabajo. Es muy importante que el Ejecutivo tome nota de que existe el compromiso de incluir, a través de las modificaciones legales correspondientes, a esos miles de trabajadores de empresas del Estado, no como funcionarios públicos, sino en su calidad de trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Ellos también deben tener la facultad de denunciar. Ampliemos esta posibilidad para que cualquier chileno y chilena que vea o tenga conocimiento de una irregularidad o falta, la pueda denunciar.
Sería bueno que el Ejecutivo pueda enviar, en el breve plazo, un proyecto de ley en esa línea para proteger los derechos de esos trabajadores y trabajadoras.
He dicho.
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