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El señor LEAL (Presidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , mi bancada aprobará el proyecto de ley que protege al funcionario de la Administración Pública y de la municipalidad que de buena fe denuncia actos que constituyan faltas al principio de probidad, habida consideración de que no existen normas precisas que le den suficiente garantía.
Se trata de defender y proteger uno de los valores fundamentales que debe inspirar la actuación de los organismos de la administración del Estado mismo, cual es la probidad administrativa, que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En la probidad administrativa están en íntima conexión la moral, la dignidad del funcionario y la intangibilidad del Estado.
Nuestro ordenamiento establece la obligación de los funcionarios de denunciar los crímenes o simples delitos y los hechos irregulares de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, la legislación no contempla los derechos correlativos a la obligación de denunciar, a fin de proteger al denunciante de buena fe de eventuales represalias u hostigamiento.
En ese ámbito se concreta el proyecto; es decir, llena un espacio que no está reglado.
El tema ha sido motivo de mucha preocupación legislativa. Existen varias mociones sobre la materia; algunas abordan la protección del denunciante desde el punto de vista penal y, otras, desde el punto de vista administrativo. El Ejecutivo ha recogido esas inquietudes y las ha concretado en la iniciativa que hoy nos convoca.
El proyecto es preciso y se refiere a los funcionarios públicos y municipales. Hubiésemos querido incorporar a los empleados de las empresas del Estado. El Ejecutivo reconoció que es una aspiración justa, pero que debe ser abordada en un proyecto aparte, que modifique el Código del Trabajo, que los regula.
La probidad administrativa debe inspirar a todos los funcionarios. Y para hacer efectivo el respeto de ese principio y protegerlo es necesario establecer el derecho a la denuncia de hechos irregulares de que se tenga conocimiento sin temor a represalias o medidas disciplinarias para el denunciante, como trasladado de localidad sin su autorización o precalificación anual.
Para el proyecto es clave proteger al funcionario que denuncia en resguardo de la probidad administrativa, pero también se debe garantizar la seriedad de la denuncia, como una manera de evitar lesiones a la dignidad de las personas o al prestigio del servicio por denuncias sin fundamento. El ansia de protagonismo en los medios de comunicación o alguna intención soterrada generan denuncias lanzadas a la bandada. Por eso, es importante que la denuncia cumpla con ciertas exigencias que le den seriedad. A saber, debe formularse por escrito; debe ser fundada; debe identificar al denunciante y al denunciado; debe acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento y, sobre todo, debe ser firmada por el denunciante o por un tercero a su ruego. Y esto no es entrabar la denuncia, esto no es burocracia, sino que es regular un derecho y proteger a las personas que puedan ser lesionadas o dañadas por una denuncia calumniosa. Hemos conocido de muchas denuncias, que se lanzan a través de los medios con gran espectacularidad y al voleo; que son como los globos, que se inflan y al primer pinchazo se desinflan; denuncias irresponsables, que se investigan, que quedan en nada y que después nadie las recuerda, pero ya ha quedado la mancha y el descrédito de la persona denunciada.
El proyecto es una demostración de que el Gobierno combate la corrupción y que entrega los elementos propicios para ello. No ampara los hechos, sino que entrega los elementos para que se denuncien éstos. Ésta es una respuesta a la necesidad de enfrentar hechos ilícitos. No nos quedamos en la crítica ni en la simple descalificación; el Gobierno ha actuado con seriedad y a tiempo.
Señor Presidente , a veces se trata de hechos nuevos; pero en otras oportunidades, de situaciones que se van repitiendo a través del tiempo hasta constituir malas prácticas que llegan a ser tan graves que hay que legislar para impedirlas, ya que la legislación no es efectiva para corregirlas o para impedirlas. Por ello, es importante que el derecho vaya a la par con los acontecimientos; más aún, que se anticipe a los hechos que está regulando. Al existir una legislación de esta naturaleza, se impide la comisión de hechos ilícitos y se evitan las denuncias que en ciertas ocasiones se han hecho de manera irresponsable.
En buena hora que el Gobierno haya presentado el proyecto, que es serio y contundente, lo que lo transforma en una señal de que se están combatiendo todos los hechos irregulares que se han venido registrando desde hace mucho tiempo.
Señor Presidente , aquí hay una relación entre lo que es el derecho y el deber, que está ligado a la protección de los recursos del Estado y al buen funcionamiento de las instituciones consagradas en la Constitución y las leyes. Éste es un instrumento activo, que creemos que va a cumplir un rol eficaz en pro de la función administrativa.
He dicho.
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