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La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponer a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y a otros servicios de emergencia en los casos que indica y sancionar el uso indebido de llamadas a dichos servicios, con segundo informe e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.597-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier):
En primer trámite: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 76ª, en 17 de diciembre de 2014.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 69ª, en 11 de noviembre de 2015.
Transportes y Telecomunicaciones (complementario del segundo informe): sesión 87ª, en 5 de enero de 2016.
Discusión:
Sesiones 4ª, en 31 de marzo de 2015 (se aprueba en general); 71ª, en 18 de noviembre de 2015 (queda para segunda discusión).
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 31 marzo de 2015.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En su segundo informe, dicho órgano técnico, por unanimidad, efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general consistente en sustituir el artículo único por tres disposiciones permanentes y un artículo transitorio. En el informe complementario del segundo informe realizó diversas enmiendas al texto propuesto en el referido segundo informe, las que aprobó también por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.
Debe tenerse presente que el artículo 25 ter del Artículo Primero y el Artículo Segundo del proyecto sugerido por aquella son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
En los escritorios de Sus Señorías hay un boletín comparado donde se transcriben tanto las enmiendas efectuadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en el segundo informe y en el informe complementario cuanto el texto como quedaría si dichas modificaciones se aprobaran.
Nada más, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Gracias, señor Secretario .
En la discusión particular, ofrezco la palabra.
Puede intervenir el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN .-
Discúlpeme por no haberme preparado, Su Señoría, pues normalmente el informe de cada proyecto lo presenta el presidente de la Comisión respectiva.
Esta iniciativa, que se halla en primer trámite constitucional, procura sancionar las llamadas indebidas a los teléfonos de emergencia.
Conforme a un estudio hecho sobre la materia, de 12 millones de llamadas efectuadas al número 133, 80 por ciento son inoficiosas, con mal uso.
Entonces, el proyecto en debate busca sancionar ese tipo de llamadas, para lo cual impone a las empresas concesionarias la obligación de entregar a Carabineros la información sobre las personas que las realizan, al objeto de sancionarlas.
Es muy simple el caso de quien llama al referido número para hacer una pitanza.
Está comprobado que hoy día resulta factible técnicamente identificar con exactitud a aquellos que mediante teléfonos fijos o móviles incurren en conductas como la señalada y recoger toda la información necesaria -dirección, en fin- para castigarlos.
El procedimiento se aplica para pillar a quienes llaman al 133 a fin de preguntar por el tiempo del día siguiente o dónde existe una farmacia, o para, con el propósito de evitar un examen en un colegio o en una universidad, avisar de la colocación de una bomba.
La idea es, por ejemplo, que la persona asaltada en su casa pueda llamar de emergencia al 133 desde el teléfono fijo y ser conectada.
Ahora, la información que deberá entregar la concesionaria posibilitará conocer exactamente el número y el lugar desde donde se está efectuando una llamada inoficiosa.
De alguna manera, estamos abriendo un camino por la vía de copiar experiencias internacionales que tienen muy buenos resultados.
Quiero certificar que en este caso ha mediado un trabajo técnico de la Comisión y de la Subsecretaría de Transportes, y que es del todo factible mejorar notablemente la eficiencia y la eficacia de los teléfonos de emergencia, pero en especial del 133, de Carabineros, que en estos momentos tiene la plataforma técnica para aplicar la medida pertinente.
¿Por qué hablamos de "servicios de emergencia", señora Presidenta ? Porque consideramos que el sistema se debe ir modernizando, para incorporar a Bomberos, a ambulancias, etcétera.
Actualmente, en la aplicación práctica está el número 133, que también puede usarse como portal para informaciones de otra índole.
Sobre la materia, puedo citar el caso de un gran incendio que derivó en un desastre porque quince minutos antes de la comunicación de la emergencia se hizo una pitanza. Así, todos los carros mayores salieron para atender la llamada falsa y, por tanto, no pudieron concurrir a dicho siniestro, que era un hecho verdadero.
Muchas gracias, señora Presidenta .
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
¿Le parece a la Sala abrir la votación?
Acordado.
En votación particular.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta , es importante señalar que este proyecto volvió a Comisión para un informe complementario del segundo informe debido a algunas inquietudes que se hicieron presentes en la Sala respecto a los números de emergencia.
La idea, en síntesis, era precisamente cerrar la posibilidad de hacer uso indebido de llamadas a servicios de emergencia gratuitos.
La Comisión aceptó el planteamiento formulado. En tal sentido, a las personas que incurran en conductas de tal naturaleza se les impedirá utilizar los números de emergencia.
En general, señora Presidenta, mediante este proyecto de ley se pretende sancionar la infracción administrativa consistente en el uso indebido de llamadas a servicios de emergencia gratuitos.
Es importante señalar que, desgraciadamente, en Chile no hemos tomado conciencia -y ha habido proyectos de acuerdo al respecto- de que en la materia que nos ocupa debieran existir -como ocurre en países de Norteamérica- dos números, uno de informaciones y otro de emergencias, para de ahí derivar a Bomberos, a Salud, a Carabineros e Investigaciones, en fin.
En nuestro país existe una cantidad enorme de números de emergencia, pero la gente solo se acuerda del 133, que se usa tanto para informaciones cuanto para emergencias.
Ahora, como señaló el Senador Ossandón, el número 133 lo utilizan muchos delincuentes para distraer a la policía a fin de que vaya a otros lugares mientras ellos incurren en sus ilícitos. Y también se usa con el objeto de hacer pitanzas.
Carabineros nos informó en la Comisión de Transportes que entre 80 y 85 por ciento de las llamadas recibidas en el 133 son inoficiosas, y muchas de ellas, falsas y efectuadas por redes de delincuentes que procuran distraer a la policía de su trabajo para de esa forma perpetrar sus ilícitos con mayor facilidad.
De otro lado, se determina en este proyecto un procedimiento judicial aplicable ante los juzgados de policía local.
Al respecto tuvimos la colaboración del Ejecutivo , que formuló indicaciones sobre la materia.
En líneas generales, esta iniciativa va en el camino correcto.
A nuestro entender, es fundamental entregar este tipo de instrumentos a la policía, para que pueda perseguir a quienes usan indebidamente los servicios en comento.
Yo quiero insistir también en que nuestro país debe actualizarse.
Necesitamos tener un sistema de emergencias.
Por desgracia, los recursos para la modernización de la ONEMI no están disponibles.
A mi juicio, perfectamente se podrían incorporar, tal como sucede en países de Norteamérica, dos números: uno para emergencias y otro para informaciones.
Y, a ese respecto, hay que educar bien a la población.
La idea es que exista una central que derive en forma adecuada las llamadas de emergencia y las de información.
Votaré afirmativamente, señora Presidenta . Y quiero valorar el trabajo de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y de los Senadores que la integran, quienes aprobaron por unanimidad el proyecto. La idea es que este pase cuanto antes a la Cámara de Diputados, pues se trata de un instrumento para la labor que efectúa Carabineros y que ayudará en la aplicación de la legislación antidelincuencia.
La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta , la verdad es que las explicaciones de dos de los autores de esta iniciativa de ley nos dejan claro -según informan las Policías, Bomberos y otras instituciones de emergencia- que más de 70 por ciento de las llamadas a los números de emergencia son falsas, constituyen pitanzas o persiguen un objetivo que nada tiene que ver con la delincuencia o con las labores de los entes en comento.
El propósito de este proyecto es establecer la obligación de las empresas telefónicas de entregar la información sobre los teléfonos desde los cuales se hacen las llamadas falsas, para evitar que sus autores, sean o no delincuentes, queden en la impunidad.
Es claro que muchas veces en un minuto o en cinco minutos se puede salvar una vida.
A mi entender, el solo hecho de que exista un condenado por aquella causa va a inhibir a quienes en la actualidad, y sin recibir sanción alguna, se entretienen realizando pitanzas o pretendiendo ser jóvenes simpáticos.
Conozco el caso de un grupo de bomberos que, llamados para sofocar un incendio, en el trayecto sufrieron un accidente que les costó la vida a varios de ellos.
Entonces, me parece que estamos ante una cifra muy mayor, que emana más bien de una falta de educación que debe penalizarse. Pero para que haya una sanción se requiere el eslabón que obliga a las concesionarias a entregar los antecedentes necesarios para identificar a los titulares de la línea telefónica correspondiente.
Ahora, coincido con el Senador García-Huidobro en que con el tiempo en nuestro país hemos ido proliferando en materia de números de emergencia. La verdad es que resulta imposible tenerlos todos en la mente.
En ese ámbito existe una tremenda confusión.
Su Señoría plantea un sistema que ha visto en otros países, el cual me parece más ingenioso: que haya un solo número para emergencias y que la llamada, si no corresponde a la denuncia de un delito o de un accidente, se derive a una línea para informaciones.
El señor HORVATH .-
Eso está bueno.
El señor PROKURICA.-
De lo contrario, se atocha la línea 133, que es la única que todos recordamos y a la que muchas veces se llama para preguntar por el tiempo o por cualquier otra cosa de menor relevancia. Así, cuando uno intenta comunicarse con el 133 -los invito a hacer la prueba- se da cuenta de que permanece ocupado o de que tarda demasiado una respuesta que a veces puede salvar la vida a una persona.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily).-
Señor Presidente , a mí me gusta mucho la iniciativa que nos ocupa, pues considero muy necesario legislar sobre la materia que aborda.
Cuando ingresé al Senado presenté un proyecto similar -lo suscribió el Senador Antonio Horvath-, que se enmarcaba en el contexto de sancionar a quienes dieran una alarma falsa.
Ha habido avisos falsos de bombas en aviones, y eso ha implicado la pérdida de los vuelos. Los pasajeros -algunos tienen terror a subirse a una aeronave- han sufrido graves daños morales, emocionales y psicológicos, y las líneas aéreas, las consiguientes pérdidas económicas.
Esos son ejemplos del mal uso de las llamadas de emergencia, de las llamadas de alarma.
Nuestro proyecto de ley pasó en su momento a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y finalmente fue archivado, pues, por desgracia, no le dieron tramitación.
Así que felicito a los autores de esta iniciativa por haber logrado que se tramitara. Yo la voy a votar a favor. Me parece que es un aporte para la discusión. Y espero que después podamos formular indicaciones.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , convengo con quienes han intervenido, y particularmente con los autores de la moción ( Senadores Ossandón , García-Huidobro y Tuma ), en cuanto al interés que reviste este proyecto, porque es un hecho de la causa el abuso en que muchos incurren respecto a la línea 133 para hacer llamadas que pueden estar motivadas por distintos objetivos pero que al final imposibilitan el acceso al respaldo oportuno y útil de Carabineros o involucran a la policía uniformada en actuaciones o en situaciones que no tienen ninguna justificación y la distraen de sus actividades principales.
Por lo tanto, nos parece que se trata de una buena iniciativa, que por cierto cuenta con nuestro apoyo.
Sin embargo, tengo dos inquietudes, las que debo mencionar, para la efectividad de la ley en proyecto.
La primera se relaciona con un agregado que se le hizo durante la discusión particular al artículo 25 ter que se adiciona a la ley N° 18.168.
Dice el inciso segundo incorporado al referido artículo mediante el informe complementario del segundo informe: "El uso indebido de llamados a servicios de emergencia gratuitos, cuando dicha conducta altere el normal funcionamiento de estos últimos, ya sea por la reiteración de llamados o por la congestión producida en el acceso al servicio, será sancionado con multa...".
Lo que se hace es, tratándose de la mencionada conducta -"uso indebido de llamados a servicios de emergencia"-, imponer al servicio pertinente (de Carabineros, en fin) la obligación de probar que el llamado provocó una alteración grave en su funcionamiento.
Tal exigencia, sin lugar a dudas, va a hacer ineficaz la norma en comento, porque para poder reclamar el servicio de emergencia respectivo deberá acreditar que el llamado alteró su normal funcionamiento.
Eso, en mi concepto, torna compleja la disposición que se plantea.
Dicha norma no estaba en el texto original, el que decía simplemente: "El uso indebido de llamados a servicios de emergencia gratuitos será sancionado con multa...". Esto me parece más claro.
La conducta que se adiciona -repito- genera una situación compleja, pues hace recaer el peso de la prueba en el servicio de emergencia, no en quien realiza el llamado.
La otra inquietud dice relación con el Artículo Tercero, mediante el cual se incorpora al Código Penal un artículo 268 bis de remplazo que modifica un tipo penal.
Eso está bien.
Sin embargo, hay un problema con el inciso tercero que se plantea para el nuevo precepto a través del informe complementario.
Me explico.
Aquí se busca evitar la difusión de alarmas falsas. Porque eso, obviamente, provoca situaciones complejas. Por ejemplo, movilización de servicios de utilidad pública en forma injustificada. También puede ser una estrategia distractiva -por ejemplo, del accionar de Carabineros a los efectos de atender el llamado recibido- para facilitar la perpetración de ilícitos.
Sin embargo, el inciso tercero sugerido mediante el informe complementario del segundo informe dice: "Para estos efectos, el que coloque, instale o ubique en un lugar cualquier objeto que objetivamente aparente ser un artefacto explosivo o incendiario, o que parezca contener sustancias (...) capaces de provocar daño (...) cometerá el delito de difusión de falsa alarma".
Eso es muy extraño. Porque el colocar un objeto de tal índole no significa que necesariamente sea para difundir una alarma falsa. Aquí se está tipificando y sancionando el solo hecho de colocar objetos que eventualmente contengan sustancias químicas y, de ese modo, provocar daño a la integridad física o a la salud de las personas.
Me parece que la situación no está bien resuelta.
Por lo demás, la norma planteada se topa con otras disposiciones.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.-
Recientemente hemos corregido en la materia nuestro Código Penal. Se efectuó una modificación muy significativa. Creo que no se justifica agregar que el hecho de colocar un artefacto explosivo o incendiario que provoque daño en las personas importará cometer el delito de difusión de falsa alarma. No hay una correlación en la conducta, ya que me parece que ese ilícito presenta un alcance distinto. Y ello se puede topar con tipificaciones que hemos establecido en otros códigos.
Me acuso de no haber advertido a tiempo la situación para poder cooperar desde la Comisión de Constitución, a lo mejor, con miras a enmendarla; pero la menciono, porque puede acarrear varias consecuencias en el futuro.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , en 2012 se recibieron 14 millones 63 mil 969 llamadas en la línea 133, de las cuales 11 millones 918 mil 470 no tuvieron resultados. Más del 85 por ciento fueron falsas, según el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Ello ha llevado a que ese teléfono y los de emergencia, en general, que dicen relación con la oferta de respuesta del Estado frente a emergencias de las cuales puede depender la vida, se transformen en un sistema que no está cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado.
Mi experiencia personal: hace dos semanas tuve que llamar a ese número y decidí cortar después de cerca de nueve minutos de espera. No era una situación de extrema emergencia, sino que se trataba de informar de alguien que estaba con un arma en la vía pública. Al final, tuve que comunicarme con la municipalidad, y ahí me dijeron: "Vamos a mandar un funcionario". Fue una vuelta más larga.
Deseo hacer presente que enfrentamos un problema cultural, en el sentido de que muchos ciudadanos -jóvenes, en particular-, a través de teléfonos de prepago, realizan llamadas completamente falsas a los números de emergencia, sin considerar el impacto que eso puede generar en orden a la vida o la muerte de un niño, de una mujer, de un hombre, de un adulto mayor.
Y, lamentablemente, lo anterior no solo es propio del 133. Según estadísticas de la Armada reveladas en la Comisión, en la temporada estival 2014-2015 se registraron mil 500 llamadas con relación a emergencias marítimas. Es más, la Gobernación Marítima señaló que la cifra correspondía al 97 por ciento.
En consecuencia, se trata de un problema más bien estructural de todos los teléfonos de emergencia: el 133, el 132, el 134, el 137.
Lo anterior nos lleva a observar lo que ocurre en otros países. Algunos de ellos sancionan tal conducta con penas privativas de libertad; otros, con multas, y otros, con procedimientos administrativos. Entiendo que el proyecto de ley ha optado por la segunda de estas fórmulas, es decir, por sanciones civiles.
A mi juicio, es importante avanzar sobre el particular. Pero, tal como lo expresó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto adolece de algunas imprecisiones que debieran corregirse. Podría ser devuelto a la Comisión para que se modificaran algunos elementos -ello lo fortalecería-, si sus autores lo estiman pertinente.
De lo contrario, solo cabe manifestar que podrá ser aprobado, pero que se requieren esas enmiendas.
No puedo dejar pasar la oportunidad de plantear lo que creo que un sistema eficaz y útil necesita, que es la creación del número único de emergencia.
La lógica eficiente de las sociedades modernas considera lo que se denomina "oferta unívoca del Estado". Es decir, el ciudadano sabe que hay una ventanilla única a la cual puede recurrir frente a una determinada circunstancia -en este caso, la emergencia-, y es el Estado, a través de un back office, de un trabajo de escritorio, el que determina la distribución de la llamada en función de la especialidad de cada institución.
Ahora, el problema es que ha habido muchos intentos por implementar el modelo; pero, lamentablemente, a las instituciones no les gusta, porque en la práctica significa una fiscalización externa a su eficacia y sus tiempos de respuesta.
Por eso es que insto a la autoridad de Gobierno a diseñar un proyecto de sistema único de emergencia, con respaldo legal, obligatorio para todas las instituciones, conforme al cual finalmente vamos a poder saber si efectivamente responden en forma oportuna y eficazmente. Y disminuirán también los niveles de falsas alarmas, porque existe un mecanismo asociado de sanciones, con mensajería de advertencia y una multa.
He dicho.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Solo deseo recordar que, como la votación ya está abierta, es imposible que el proyecto vuelva a Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , esta es una moción. Me alegro mucho de que los Senadores señores Ossandón , García-Huidobro y Guillier hayan tenido la posibilidad de generar el debate sobre una cuestión candente, que no tiene una respuesta desde lo público.
La iniciativa enfrenta serias restricciones, porque el principal problema es que no existen un número único ni un sistema de emergencia para canalizar debidamente situaciones catastróficas. Estimo que sus autores no lo han planteado porque no sería admisible, pero es algo que abre la discusión.
Hubiera esperado que el tratamiento de un proyecto como el que nos ocupa contase con la presencia del Ministro del Interior o del Subsecretario ; en definitiva, de la autoridad del Estado. No sé si existió la posibilidad de que concurrieran también -leí el informe- los organismos pertinentes, como Carabineros, sobre todo.
En consecuencia, tenemos una oportunidad extraordinaria de llenar un vacío. Por mi parte, voy a votar a favor. Pero el texto no quedará completo: va a ser un "barniz", digamos. Lo que se requiere es que el Ejecutivo , en la acción colegisladora, abra la posibilidad de incorporar el sistema. Porque, si no, van a seguir los 14 millones de llamadas.
Además, Carabineros va a remitir el asunto al juez de Policía Local . Ya sabemos la sobrecarga de esos magistrados.
A mí me hubiera gustado que estos últimos pudiesen aplicar sanciones pedagógicas, educativas, y que se contemplara un complemento educacional, porque si padres, tutores o cuidadores de menores de edad van a ser sancionados por la pitanza, tiene que considerarse un proceso de educación.
Un gasto como el expuesto por el Senador señor Harboe en orden a salvar vidas con recursos públicos requiere una política de Estado. Este es un muy buen proyecto, entonces, dentro del ámbito, escaso y limitado, en que esta Corporación puede aportar al debate.
Mas aquí hay un gran ausente, que es el Estado mismo, en torno a un sistema que permita una unificación. Si llamo al 133, lo adecuado es que me deriven de manera inmediata. Es preciso mejorar. No puede ser que haya un hombre armado en la calle, como lo relató nuestro colega, y que la tardanza sea de nueve minutos. La respuesta para evitar una muerte, un asesinato, no puede admitir esa demora luego de recibirse la llamada.
Por lo tanto, estamos constatando el problema y resolviendo conforme al alcance de las limitadas facultades del Congreso.
Les sugiero a los autores del proyecto invitar al Gobierno y resolver el asunto de fondo, para lo cual cabe establecer la responsabilidad del Estado en relación con un número único y un sistema nacional de emergencia, así como con un procedimiento educativo. La televisión pública debe difundir uno y otro.
Hemos hecho un diagnóstico adecuado del asunto, pero estamos dando una solución muy parcial. Y creo que si aprobamos el proyecto y este se convierte en ley, no solo no va a superar la cuestión, sino que habremos perdido una gran oportunidad de hacerlo. Porque no basta con el buen diagnóstico: se requiere una buena propuesta de ley. Y ello no cabe en el ámbito de lo privado, sino en el de lo público, de los municipios, del Estado mismo, de Carabineros de Chile. Y tampoco es responsabilidad de esta última institución.
No desaprovechemos la oportunidad, entonces. Démosle curso a una iniciativa con un buen diagnóstico, pero que, por los limitados alcances de la capacidad del Senado, no puede ir al tema de fondo. Cometeríamos un error si despacháramos una ley con tal restricción, porque habríamos detectado el problema, pero daríamos una solución parcial. En tal caso, también seríamos objeto de la crítica en orden a no poder resolverlo de verdad.
Si se registran 14 millones de llamadas falsas, mediando horas y horas de labor de recursos humanos y de situaciones de riesgo vital, creo que efectivamente se necesita un sistema distinto.
Habrá modelos. Podremos establecer uno de carácter nacional y coordinar a las regiones y a todos los servicios. Pero resulta claro que el proyecto, bien orientado y extraordinariamente pertinente, requiere la participación estatal de manera inmediata.
Me parece que el asunto no es de largo aliento, porque hay sistemas instalados y puede tratarse de algo progresivo. No demanda más recursos.
Voto a favor, con estas observaciones.
Pido someter a la consideración de la Sala la petición de que el texto vuelva a la Comisión, a fin de que en el debate pueda participar el Gobierno, en nombre del Estado.
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor Guillier.
El señor GUILLIER .-
Señor Presidente , las criaturas nacen y las Comisiones después las van elaborando, mejorando, y, a veces, también les ponen cosas un poco redundantes.
El Senador señor Ossandón me llevó un día el proyecto a mi oficina y me lo planteó. Empezamos a conversar y surgieron aspectos obvios.
Ese fue el caso, por ejemplo, de los antecedentes estadísticos entregados por la Central de Comunicaciones de Carabineros -el Honorable señor Harboe asimismo lo mencionó en su intervención-, en el sentido de que se reciben millones de llamadas telefónicas solo en el 133. Entre 2010 y 2013 se contestaron 12 millones 800 mil de ellas, y 10 millones 400 mil -más del 80 por ciento, de lo cual los ciudadanos tienen que tomar conciencia- fueron inoficiosas y no condujeron a nada. Eran tomaduras de pelo, en su mayoría, o abiertamente falsos testimonios por cuestiones universitarias: suspensión de exámenes, de clases, de pruebas, etcétera.
Más grave fue la sospecha expuesta por Carabineros en la Comisión, en orden a que los delincuentes habían descubierto que una manera de distraer el esfuerzo policial es dar una falsa alarma para que el personal uniformado y sus equipos se concentren lejos del lugar elegido para cometer un crimen. Por consiguiente, ello se ha transformado en algo que excede bastante de una mala broma de adolescentes en medio de una fiesta o que quieren suspender un examen, para convertirse en un problema de seguridad.
La iniciativa, entonces, pretendía recoger esa situación.
Se hicieron algunos agregados -en relación con el Código Penal, incluso- que me parecen un poco excesivos.
Ahora, el asunto no admite más postergación. Cabe la posibilidad de mejorar el texto -el Gobierno puede introducir modificaciones-, pero aliento a mis colegas a aprobarlo. No podemos seguir demorando algo que dice relación con una cuestión tan grave y que ocurre todos los días.
Desgraciadamente, otros teléfonos de emergencia, de servicios de ambulancia, etcétera, están sufriendo exactamente el mismo problema. Podrá discreparse de la cantidad de llamadas que son bromas, pero, muchas veces, los llamados a dichos vehículos obedecen a ellas en un mayor porcentaje que a motivos reales.
Es decir, en algunos casos se trata de la simple chanza juvenil, y en otros, del crimen organizado, que aprovecha el mecanismo, tan simple, para hacer ineficaz el esfuerzo policial.
El uso indebido de llamadas que alteren el normal funcionamiento de servicios de emergencia ya se encuentra establecido, de hecho, en cuanto al solo afán de llamar la atención con una broma para distraer a la policía o permitir la realización de un delito. La gravedad puede ser distinta, probablemente, pero se halla perfectamente determinado. Así se redactó.
A lo mejor, una forma más sencilla, tal como lo manifestó mi Honorable colega Larraín , habría permitido simplificar el procedimiento. Pero el proyecto, llevado a lo esencial, cumple el propósito perseguido, que es simplemente poner límites a la situación por la vía de multas.
Incluso, en el caso de menores de edad se responsabiliza al padre, porque alguien tiene que hacerse cargo de un hecho que cada día es más grave y que está alterando profundamente el funcionamiento de la policía, en particular.
A mi juicio, le queda pendiente al Gobierno abordar con nosotros -ello se podría hacer- el uso indebido de otros números de emergencia.
Voto que sí.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN .-
Señor Presidente , seré muy breve.
Muchas de las cosas dichas aquí son correctas, pero debo aclarar que en el proyecto ha mediado una activa participación del Gobierno. Al ser aprobado en sus actuales términos disminuirá la esencia del problema.
Lo más importante, con relación a lo expresado por varios colegas, especialmente por el Honorable señor Harboe , es que esta podrá ser la plataforma del verdadero sistema, que es un número único de emergencia, como en los países desarrollados. Partir con el 133 y el apoyo que Carabineros está pidiendo a gritos permitirá que la normativa en discusión sea la base y el sustento de un instrumento moderno y extraordinariamente eficiente.
Por ello, no creo conveniente que el texto vuelva a la Comisión. Si hay alguna deficiencia más relevante, esta se arreglará en la Cámara de Diputados, en Comisión Mixta, etcétera.
El trabajo ha sido muy fuerte. Costó mucho lograr la factibilidad técnica. Las compañías, en la primera sesión, manifestaron que la tarea era imposible. Sin embargo, hoy estamos ante una redacción muy acordada por las partes y que permitirá lograr eficiencia en la materia.
Se puede hacer bastante de lo expuesto aquí, pero es preciso partir por un proyecto muy bien diseñado.
Además, hay un problema de recursos: se trataría de dotar a todos los servicios de emergencia de un sistema único con el cual no se cuenta en la actualidad y que cuesta mucha plata.
Vamos a empezar con Carabineros por lo ya existente y que sería muchísimo más barato.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, dejándose constancia, para los efectos del
constitucional exigido, de que se registran 31 votos a favor y un pareo, y el proyecto queda despachado en particular.
quorum
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos,Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
No votó, por estar pareado, el señor Letelier.
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