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El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, hace algunos días intervine solicitando justicia, porque si justicia es “dar a cada cual lo suyo”, correspondía que miráramos la sociedad chilena como un todo.
En ese sentido, planteé la situación que están viviendo muchos de quienes actualmente se encuentran detenidos, sometidos a proceso o condenados por violaciones a los derechos humanos.
¿Por qué lo planteo? Porque me parece muy necesario que no olvidemos que Chile vivió una situación extraordinariamente caótica que no fue sólo de responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en la cual, por cierto, se cometieron violaciones a los derechos humanos, pero también graves crímenes en contra de funcionarios del Estado. En ese sentido, la sociedad ha entendido que se trató de una violenta lucha de carácter político. Si bien es cierto que para algunos fue una guerra civil, para otros ha quedado meridianamente claro que la sociedad chilena se derrumbó por la absoluta irresponsabilidad de quienes lideraban políticamente nuestra sociedad en aquel entonces. Hubo personas que, siguiendo órdenes o sus ideales, hirieron y mataron a muchas otras.
Como consecuencia de esa situación, el gobierno militar dictó la ley de amnistía de que hablaba. Más de 525 personas de sectores contrarios al gobierno militar se vieron beneficiadas. Hoy, en la cárcel no hay ninguno de los entonces enconados enemigos de dicho gobierno. Los que lucharon por mantener el orden y las órdenes del gobierno militar se encuentran detenidos y condenados. Sin embargo, no se ha tenido un trato igualitario para ellos.
Quiero recordar que el año pasado fueron beneficiadas algunas personas que habían sido condenadas por actos terroristas y que habían cumplido diez años de condena, pero ni siquiera cumplían con la reclusión nocturna. Hace algunas semanas, varias personas mantuvieron una huelga de hambre con el propósito de que se les beneficiara con una disposición legal expresa. No obstante, nadie ha hablado por la situación de los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que se encuentran recluidos, algunos de los cuales están cumpliendo condena en Punta Peuco y otros en la cárcel militar donde estaba ubicado el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén.
Ninguno de ellos ha intentado evadirse ni fugarse de manera cinematográfica, como ocurrió hace algunos años. Sin embargo, a pesar de su buena conducta, su acatamiento de las normas y de los méritos que han hecho, de acuerdo con el reglamento penitenciario, para ellos no hay beneficios, ni siquiera los establecidos previamente, y se les han negado en forma sistemática. Incluso, de una condena de diecisiete años, uno de ellos lleva catorce años preso y nunca ha obtenido un beneficio. ¿Eso es justicia? A pesar de que esa persona lo ha solicitado en forma permanente, no ha habido explicaciones. ¿Existe discriminación o todos estamos mirando hacia el lado y enterrando la cabeza como el avestruz para no hacernos cargo de ese problema? Sin perjuicio de los delitos que hayan cometido y por los cuales están cumpliendo condenas, detrás de cada una de las personas que en su momento cumplieron órdenes hay familias. Además de que han sufrido y sido estigmatizadas, sus hijos son víctimas de burlas y sufren aislamiento.
Por lo tanto, es necesario que primero reconozcamos que existe el problema. ¡Por Dios, hasta cuándo seguimos sin reconocer que hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se ha dicho y de lo cual, ampulosamente, todos hemos hecho gárgaras! En un sistema democrático la justicia debe ser igual para todos. Lamentablemente, no ha ocurrido así y se trata de un problema que se está viviendo.
Por ello, pido oficiar al ministro de Justicia para que me informe acerca de todas las personas, pertenecientes a las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad que se encuentran cumpliendo condena por violación a los derechos humanos; cuáles son las penas a las que están sometidas; cuántas veces han pedido beneficios; a quiénes se les han concedido y las razones por las que no se los han otorgado.
Ojalá que se conteste claramente lo que estoy solicitando. Es probable que una de las razones para denegar beneficios sea la mala conducta. He escuchado eso en otras oportunidades; es algo que no se puede probar. Sólo basta con que lo diga el encargado de la prisión. No estoy seguro, incluso, de que lo vayan a señalar así, porque no es así.
Ahora, quiero referirme al tema del debido proceso.
Se puede afirmar que siempre existe el debido proceso para las partes en juicio, cuando el tribunal y los organismos auxiliares dan fiel cumplimiento a las leyes de fondo y formales que deben aplicarse durante la tramitación, garantizando el derecho de todos los litigantes. Así lo exige la Constitución.
En los juicios seguidos contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden por hechos acontecidos durante el gobierno militar, pareciera ser que se han vulnerado algunas disposiciones legales, con el único propósito de mantener vigente el delito y condenar a esas personas.
La primera disposición vulnerada es la no aplicación, por parte de algunos señores magistrados, del artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, que señala lo siguiente: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado para negarse a dar curso al juicio”.
Sobre esa materia, quiero decir que, no siendo facultad del juez, pues es obligatorio que lo haga, claramente no se da en estos casos lo estipulado en esta norma.
Ya transgredido el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, los casos pueden estar en distintos estados de causas, como sumario, plenario y sentencia.
Lo importante es que muchas veces los jueces han utilizado dos caminos en esta materia. Si el cadáver ha sido encontrado, el proceso se caratula como homicidio; en caso contrario, se opta por la figura de secuestro calificado.
Técnicamente, el secuestro es una detención ilegal, y al ser considerado como un delito permanente, permite al magistrado sortear la ley de amnistía, aduciendo que el ilícito se ha seguido cometiendo más allá de éste, a pesar de que en todos los procesos no hay un elemento que pruebe la subsistencia del delito en el transcurso del tiempo.
En el caso de las causas tramitadas por homicidio, encontrándose determinado el tiempo en el que se cometió el delito y debiendo operar la amnistía o la prescripción, según corresponda, la mayoría de los jueces ha optado por la utilización de los tratados internacionales para no aplicar la institución de la prescripción. Para ello, se van vulnerando las normas establecidas para la interpretación de las leyes. Incluso, se ha transgredido hasta el principio de legalidad, fundamento básico del derecho penal occidental.
Por estas razones, puedo señalar, según mi impresión y la de muchas otras personas, que no ha existido el debido proceso.
Por ello, con mucha humildad, solicito que esta intervención sea enviada, al Presidente de la Corte Suprema, sin que ello signifique infringir el artículo 76 de la Constitución Política de la República. En el fondo, sólo se trata de reflexiones. De ninguna manera pretendo involucrarme en casos pendientes ni señalar qué sanciones o penas se deben aplicar. Me refiero únicamente a la necesidad de que la justicia opere como debe: con igualdad para todos. De lo contrario deja de ser justicia.
La Cámara de Diputados no puede exigir que el Poder Judicial resuelva solo un problema provocado, fundamentalmente, por los actores políticos de otra época y que los actuales tampoco hemos sido capaces de solucionar. Por el contrario, como el avestruz, hemos escondido sin mirar lo que está ocurriendo alrededor nuestro. No sea cosa que se siga con las funas y que finalmente debamos lamentar algún incidente serio, porque como consecuencia de situaciones, la gente opta por tomar medidas que claramente no son propias de un Estado de derecho.
No vaya a ser cosa que por no precaver -como ocurrió con los estudiantes secundarios, como está sucediendo en el sector salud primaria y de urgencia- tengamos que volver a lamentar esos lamentables sucesos. Es necesario tener presente el viejo refrán que dice:, “Los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla.”
He dicho.
El señor PÉREZ ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con el texto de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Rosaura Martínez e Iván Norambuena .
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