REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 68ª, en miércoles 23 de agosto de 2006 (Ordinaria, de 11.07 a 14.59 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Burgos Varela, don Jorge. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Autorización para prorrogar la hora de inicio de sesiones de comisiones11 Admisibilidad de proyecto11 V.Orden del Día. Permiso laboral por muerte de parientes. Primer trámite constitucional15 Publicidad a alzas de transporte interurbano de pasajeros. Modificación de ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional22 Reemplazo de feriado legal. Primer trámite constitucional37 VI.Proyectos de acuerdo. Creación de centros de desintoxicación y rehabilitación de drogadictos44 Implementación de programa obligatorio de prevención de consumo y tráfico de droga en educación básica y media46 Agilización de autorización a Fundación Presidente Allende para operar en Chile. Retiro de proyecto de acuerdo48 Rechazo a cierre de oficinas de AFP Provida49 VII.Incidentes51 Medidas en favor de la pequeña y mediana empresa. Oficios51 Deuda histórica con profesores. Oficio56 Consulta ciudadana en estudio de impacto ambiental de proyecto central hidroeléctrica en Ñuble. Oficio57 Fortalecimiento de medidas de seguridad ciudadana en Chillán. Oficios59 Investigación de presunta corrupción en el fútbol profesional. Oficio59 Facilidades para el pago de pensiones en comuna de Futrono. Oficios60 Información sobre proyecto de electrificación en isla Huapi, Futrono. Oficios61 Reubicación de antena en localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli. Oficios61 Reinicio de obras e investigación de irregularidades en proyecto habitacional en comuna de Renaico. Oficios61 Investigación de procedimiento administrativo en Caja de Crédito Prendario de Concepción. Oficios62 Pág. Felicitación a autoridades de la Defensa Nacional por inscripción voluntaria en el servicio militar. Oficio64 Rechazo a respuesta gubernamental sobre cupos de trabajo en Décima Región. Oficio65 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S. E la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple” para el despacho del proyecto de reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación. (boletín N°422207)67 2.Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaídos en los proyectos que otorgan permiso por muerte y nacimiento de parientes que indica. (boletines N°s 413813 y 423613)67 3.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Bauer, Lobos, Norambuena, Rojas, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, garantizando el derecho del usuario a perseguir el cumplimiento de las obligaciones contratadas por el proveedor. (boletín N° 445203)70 4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rossi, De Urresti, Monsalve, Núñez, Robles, y de la diputada señora Tohá, doña Carolina, que extiende a la sangre el régimen jurídico de protección y tutela que establece la ley de trasplante de órganos. (boletín N° 445311)71 5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bobadilla, Correa, García, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que limita a cinco horas continuas de trabajo a los auxiliares de locomoción colectiva interurbana. (boletín N° 445413)72 6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bobadilla, Correa, García, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia, que extiende descanso de dos horas para conductores de tren de carga, pasajeros y metro. (boletín N° 445513)73 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Montes, Duarte, Encina, Lorenzini, Ortiz, Robles, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que precisa el sentido y alcance del término “habitación”, en el inciso tercero del artículo 21 del Decreto Ley N° 910, de 1975. (boletín N° 445714)74 8.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada en los autos Rol N° 5342006, relativos al requerimiento formulado respecto del artículo 183 ter que se agrega al Código del Trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. (boletín N° 294313)78 Pág. 9.Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 8 de agosto, en los autos Rol N° 4792006, relativos a las causas por recursos de ilegalidad de la ley eléctrica ante la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 5782.2004, “Compañía Eléctrica San isidro S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, Rol N° 57832004, “Empresa Nacional de Electricidad con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”; Rol 57842004, “Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”; y Rol 57852004, “ Empresa Eléctrica Pangue S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”84 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que ha creado el Grupo Interparlamentario ChilenoArgelino, para que los señores Diputados que lo deseen puedan inscribirse en la Secretaría de la Comisión. Del señor Presidente de la Cámara de Diputados quien, en virtud de las atribuciones que le confieren los artículos 15, inciso segundo de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 14, inciso cuarto del Reglamento de la Corporación, procede a declarar inadmisible el proyecto, iniciado en moción de los Diputados señores montes; Duarte; Encina; Lorenzini; Ortiz; Robles, y de la Diputada señora Muñoz, doña Adriana, que precisa el sentido y alcance del término “habitación”, del inciso tercero del artículo 21 del Decreto Ley N° 910, de 1975, por referirse a materias que corresponden a la iniciativa exclusiva de S. E. la Presidenta de la República, según lo dispuesto en el número 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República. Ministerio de Interior: Diputado Ulloa, medidas para paliar efectos de temporal y provincias de Concepción y de Arauco. Diputado Masferrer, petición de pobladores de Nuevo Amanecer y San Luís de la localidad de Llavería, comuna de Las Cabras. Diputado Silber, sobre proyecto de aguas servidas del denominado Zudoc Larapinta, de la comuna de Lampa. Diputado García, sobre rifa organizada por la Confederación Nacional de Clubes de Adultos Mayores. Ministerio de Relaciones Exteriores: Diputado Errázuriz, intervención del consejo de seguridad de Naciones Unidas en conflicto PalestinoIsraelí. Ministerio de Defensa Nacional: Diputado Jarpa, sede de Escuela de Carabineros en Chillán. Diputado Saffirio, envío de proyecto para derogar ley reservada del cobre y urgencia a proyecto sobre leyes secretas. Ministerio de Obras Públicas: Diputado Delmastro, sobre construcción de Puerto Corral y puente Bicentenario en Valdivia. Ministerio de Agricultura: Diputada Pascal, daños a flora y fauna provocado por tranque de relave de Codelco en estero Carén de Alhué. (577 al 591). Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Diputado Bobadilla, asignación de cupos de empleo de emergencia de acuerdo a tasa de cesantía de Tome. Diputado Jaramillo, aumento de cupos de empleos de emergencia en Los Lagos Panguipulli, La Unión y Río Bueno. Diputado Núñez, deudas previsionales ascendentes a 500 millones de pesos que se adeudan a trabajadores agrícolas de San Felipe. Ministerio de Salud: Diputada Vidal, pacientes de hospitales comunas de La Granja y San Joaquín. Ministerio de Minería y Energía: Diputado Jaramillo instalación de centrales regionales de abastecimiento de combustibles en el sur del país. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Diputado Melero, razones no decretar alerta ambiental en Región Metropolitana. Diputado Meza, razones no decretar alerta ambiental en Región Metropolitana. Diputado Accorsi, sobre efectividad de Red Macam en la medición de particulado PM 10. . Ministerio de Planificación y Cooperación: Diputado Estay, análisis técnico y económico construcción calzadas de Pillanlelbún e incorporación de pavimentación de calles de esa localidad al Banco de Inversiones del Fondo de Desarrollo Regional. Ministerio Público: Diputado Delmastro, Designación de fiscal para investigar casos de personas desparecidas en Valdivia. Municipalidad de La Granja: Diputado Salaberry, incumplimiento de decretos de demolición y fiscalizaciones de normativa medioambiental. Municipalidad de Maipú: Diputado Sepúlveda, don Roberto, reparación de la Avenida Olimpo. Diputado Sepúlveda, don Roberto, reparación de veredas sector céntrico de la comuna. Municipalidad de Carahue: Información sobre adquisiciones por situación de emergencia comunal. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (110) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Eluchans Urenda, Edmundo --Encina Moriamez, Francisco --Enríquez-Ominami, Gumucio Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Herrera Silva, Amelia --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --León Ramírez, Roberto --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Paredes Fierro, Iván --Pascal Allende Denise --Paya Mira, Darío --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Rubilar Barahona, Karla --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.07 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 63ª se declara aprobada. El acta de la sesión 64ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN PARA PRORROGAR LA HORA DE INICIO DE SESIONES DE COMISIONES. El señor LEAL (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, pido autorización para postergar el inicio de la sesión de la Comisión investigadora sobre intervención electoral, que originalmente debía sesionar a esta misma hora. Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con su petición. Sin embargo, otras comisiones también debían iniciar sus sesiones a las 11.00 horas, pero no podrán hacerlo sino a partir de las 11.25, puesto que hoy la sesión de Sala estaba citada a las 11.00 horas. Por lo tanto, podría pedir el asentimiento para que todas esas comisiones comenzaran a sesionar a las 11.30 horas. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la propuesta del diputado Ascencio, en el sentido de autorizar el inicio de las sesiones de esas comisiones a las 11.30 horas. Acordado. ADMISIBILIBIDAD DE PROYECTO. El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, he pedido la palabra para argumentar en contra de lo que plantea el punto 3 de la Cuenta, en cuanto a que su señoría procedió a declarar inadmisible el proyecto que precisa el sentido y alcance del término “habitación”, y que tiene que ver con la franquicia tributaria a la construcción. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, voy a fundamentar por qué declaré inadmisible el proyecto y, a continuación, le daré el uso de la palabra. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 15, inciso segundo de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 14, inciso cuarto, del Reglamento, he resuelto declarar inadmisible el proyecto que precisa el sentido y alcance del término “habitación” del inciso tercero del artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975. Dicho artículo dispone que las empresas constructoras tendrán derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales obligatorios el 0,65 del débito del IVA por la venta de inmuebles destinados a habitación, siempre que constituyan la obra principal del contrato o del total contratado. La moción de la cual el diputado Montes es autor contraviene dicha franquicia, al establecer que se entiende por habitación toda construcción cuya tasación no sea superior a mil unidades de fomento. La enmienda propuesta vulnera la facultad exclusiva que, en materia de iniciativas legales, tiene la Presidenta de la República para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión, según lo preceptúa el número 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental. Al establecer un nuevo concepto de habitación, el proyecto modifica la exención del impuesto al valor agregado, contenida en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, con ello se invade una facultad privativa del Presidente de la República. El hecho de que en algún momento se haya considerado admisible una proposición legislativa relacionada con esta materia, naturalmente no sienta un precedente, y yo la declaré inadmisible, con el dolor de mi alma, porque comparto el contenido y el fondo de la propuesta. Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, a nuestro juicio, la iniciativa no vulnera el artículo 65 de la Constitución Política y no afecta la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República porque no impone, suprime, reduce o condona un tributo; el IVA existe y seguirá existiendo. Tampoco establece una exención ni determina su forma, porque sigue siendo la misma. El punto está, eventualmente, en modificar una exención existente. Lo que ocurre es que, atendiendo a sus facultades también es su deber, el legislador puede interpretar la ley, tal como lo señala el artículo 3° del Código Civil. Al clarificar el alcance de una norma existente, en este caso, la definición del concepto habitación, no lo hacemos de manera arbitraria y sin fundamento, sino que teniendo como antecedente otra norma aprobada por el Congreso Nacional, que ha dado cierto marco al concepto de vivienda social y que define lo que se entiende por habitación básica en nuestro país. En todo caso, tenemos normas contradictorias en nuestra legislación. Una dice que “habitación” es cualquier casa, por ejemplo, una vivienda de 10 mil UF, con cancha de golf, piscina temperada y caballeriza, y otra que dispone que la habitación básica, o sea, la vivienda social tiene un valor máximo de 400 UF y, en otras leyes, de 500 UF. No me voy a referir al fondo del proyecto. Pero resulta importante enfatizar que no se puede usar el concepto de “habitación” en el boom inmobiliario que hoy existe en Valle Nevado o en Farellones, y tampoco a la segunda o tercera vivienda a la cual, gracias a dicha franquicia, acceden determinados sectores. Quiero llamar la atención de la Sala sobre un aspecto: este año, el total de subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda asciende a 350 millones de dólares, y la franquicia tributaria que hace el Ministerio de Hacienda a las empresas constructoras alcanza a 400 millones de dólares. Desde 1990 hasta ahora, estamos hablando de 3 mil 500 millones de dólares. Fijamos nuestra posición sobre la base de seguir el imperativo establecido en el Código Civil, que llama al Congreso Nacional a interpretar las normas. El tributo del IVA, su cuantía e, incluso, la exención que beneficia al sector de la construcción, seguirán vigentes, pero en forma armónica con el resto de la normativa racional que existe respecto de la materia. Así lo entendió el Congreso Nacional al acoger a tramitación el año pasado, además de la iniciativa en comento, otras de similar naturaleza. En efecto, durante la presidencia del diputado señor Ascencio, el proyecto ingresó a tramitación en la Corporación y lo estudiaron las comisiones de Vivienda y de Hacienda. Otras iniciativas también fueron declaradas admisibles y se permitió su tramitación, como la que interpreta la expresión “pertrechos”, con indudables consecuencias en materia de derechos aduaneros, y otras originadas en mociones que incluían la administración de bienes fiscales o la utilización de subsuelo de bienes nacionales. En consecuencia, proceder de otra manera sería autolimitar las escasas atribuciones que la Constitución otorga a los parlamentarios y al Congreso Nacional. También se ha dicho que, en caso de continuar su tramitación, podría afectarse el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, referido a la administración financiera o presupuestaria del Estado. Sin embargo, a mi juicio, el proyecto no afecta la captación, la contabilidad ni la administración de recursos y sus fuentes. Los parlamentarios no podemos extremar las normas para autolimitarnos aún más en nuestras débiles facultades, menos todavía en un tema de evidente injusticia social, de mala focalización de recursos públicos, de incentivos mal puestos que estimulan una oferta de vivienda para segmentos en los cuales, incluso, hoy no existe demanda, en circunstancias de que para sectores donde existe más demanda, que optan por viviendas de menos de mil o 1.500 UF, no existe suficiente construcción en la mayor parte de las regiones, en particular en la Metropolitana. Por los argumentos indicados, creemos que debe rechazarse la declaración de inadmisibilidad y considerarse el proyecto en su mérito, como lo hizo la Cámara el año pasado en una situación similar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en verdad me duele intervenir, porque estoy absolutamente de acuerdo con el fondo del proyecto. Por eso, a mi juicio, lo que debemos hacer y pensar en serio es en reformar la Constitución Política de la República, de manera que los parlamentarios tengamos mayores atribuciones y se nos considere. El Presidente de la Cámara tiene la facultad para declarar la inadmisibilidad de los proyectos durante su tramitación, materia regulada en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 14 del Reglamento de la Cámara de Diputados. No obstante, la Sala puede reconsiderar dicha declaración. El problema, en realidad, estriba en que el proyecto, originado en moción, establece un tope a la franquicia al establecer que se entiende por habitación toda construcción cuya tasación no sea superior a mil unidades de fomento, lo que, en mi opinión, vulnera las facultades exclusivas que, en materia de iniciativa legal, tiene la Presidenta de la República para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión, según lo preceptúa el número 1° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental. Al establecer un nuevo concepto de habitación, el proyecto de ley en cuestión modifica la excepción al impuesto al valor agregado contenida en el artículo 21 del DL Nº 910, de 1975, y, de esa forma, invade una facultad privativa del Jefe del Estado. Por ello, sostengo la declaración de inadmisibilidad. Desgraciadamente, no podemos hacer todo lo que nuestra voluntad política quisiera, por lo que tenemos que aceptar que estamos en un proceso de fórceps respecto de esta situación. Por lo tanto, lo que ha declarado el Presidente de la Cámara de Diputados se ajusta a la ley. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, considero que la Mesa tiene toda la razón al declarar inadmisible este proyecto. El sentido de la propuesta del diputado Montes es claro y, en eso, tiene razón. Pero, como diputado oficialista de reconocido prestigio, lo que debe hacer es pedir el patrocinio de la Presidenta de la República, que tiene, de manera clarísima, iniciativa exclusiva en esta materia, tal como lo establece el artículo 65, números 1º y 3º, de la Constitución Política. La iniciativa exclusiva del Presidente de la República para hacer modificaciones respecto de los tributos se refiere a tres temas: primero, a la base imponible; segundo, a la tasa, y tercero, al procedimiento para pagar impuestos. Ésta es la norma vigente, contenida en la Constitución Política. Reitero que estamos de acuerdo con la Mesa en que esta iniciativa es inadmisible, porque vulnera el artículo 65 de la Carta Fundamental. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, a mi juicio, con esta iniciativa no se altera la base, ni la tasa, ni el procedimiento del impuesto. La implicancia más grave de la iniciativa del diputado Montes, desde un punto de vista formal, es que cambia la definición del concepto “habitación”, y, al hacerlo, altera la aplicación de la franquicia. Esto abre un verdadero forado en la normativa, porque, de esa forma puedo cambiar definiciones en relación con cualquier impuesto. Por ejemplo, respecto del impuesto de timbres y estampillas, podría definir como crédito sólo los que son de ciertas características, de ciertos montos o con determinados plazos, y no todos los créditos, y el Código Civil, con el mismo argumento, debería aceptarlo. Igual situación podría ocurrir respecto de impuestos como el IVA o los aranceles si se modificara la definición de mercancía. Es decir, por la vía de cambios en la definición de la base o de lo que se está gravando, podríamos modificar toda la estructura tributaria del país sin alterar las tasas ni las bases. De manera que me parece que sería de extraordinaria gravedad el precedente que se sentaría si se declarara admisible esta iniciativa. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En votación la declaración de inadmisibilidad. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Rechazada la declaración de inadmisibilidad. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena. Se abstuvo la diputada señora Soto González Laura. El señor LEAL (Presidente).- La sala declara admisible la moción y se le dará el trámite correspondiente. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, planteó cuestión de constitucionalidad en el tratamiento de esta iniciativa de ley, en virtud de lo que establece la Constitución y de los argumentos esgrimidos por la Mesa. He dicho. V. ORDEN DEL DÍA PERMISO LABORAL POR MUERTE DE PARIENTES. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes que indica y concede permiso a trabajadores que sufran el fallecimiento de un hijo o su cónyuge. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Mario Bertolino. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletines N°s 413813 y 423613. Documentos de la Cuenta N° 2 de esta sesión. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, el proyecto, en segundo trámite reglamentario y primero constitucional, iniciado en mociones de la diputada señora Karla Rubilar y de los diputados señores Forni, Galilea, Monckeberg, don Nicolás, y Bertolino, la primera, correspondiente al boletín N° 4138132, y de las diputadas señoras Clemira Pacheco y Denise Pascal y de los diputados señores Aguiló, Alinco, De Urresti, Díaz, don Marcelo; Meza, Paredes y Súnico, la segunda, cuyo boletín es el N° 4236132, otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes que indica. La Comisión destinó a su estudio una sesión en la que estuvo presente el subsecretario del Trabajo, señor Zarko Luksic, y el asesor del ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río Correa. No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones el numeral 2 del artículo 1°, ni los artículos 2° y 3°. A juicio de esta Comisión, el proyecto no contiene artículos que posean el carácter de normas de quórum calificado ni de orgánica constitucional. Con ocasión del debate habido, no se suprimió ni modificó artículo alguno ni se incorporaron artículos nuevos, manteniéndose el texto aprobado en el primer informe reglamentario. A juicio del Presidente de la Comisión, no existen normas que requieran ser analizadas por la Comisión de Hacienda, pues ninguna incide en materias financieras o presupuestarias del Estado. Cuando se trató el proyecto en la Sala, se presentaron dos indicaciones: la primera, de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, y Soto, doña Laura, y del señor Girardi, para agregar, en el inciso segundo del artículo 66 que se reemplaza, contenido en el numeral 1 del artículo 1°, la siguiente oración final: “Idéntico beneficio se hará extensivo a los adoptantes que no hubieren terminado dicho trámite, antes del fallecimiento del menor”. Puesta en votación, se rechazó por ocho votos en contra y dos abstenciones. Se consideró que no procedía por referirse a una materia que no daba certeza legal y, además, era una situación muy específica y puntual que no correspondía incorporar a un proyecto que había sido desarrollado y votado de común acuerdo por los miembros de la Comisión. La segunda indicación, de la señora Muñoz, doña Adriana, es para agregar el siguiente artículo 4° nuevo: “Artículo 4°.- La Cámara de Diputados y el Senado deberán adecuar, dentro del plazo de tres meses de publicada en el Diario Oficial la presente ley, sus respectivos reglamentos de personal, con la finalidad de establecer los permisos contemplados en los artículos 66 y 195 del Código del Trabajo.” Puesta en votación, fue rechazada por nueve votos en contra y uno a favor abstención. En relación con esta última indicación, se hizo presente en su discusión que dicho beneficio se aplicaría a los funcionarios del Congreso Nacional en virtud de las normas de remisión al Estatuto Administrativo ya contenidas en sus propios estatutos, de forma tal que su rechazo no implica de modo alguno que tales beneficios, a juicio de vuestra Comisión, no les sean aplicables. Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que doy a conocer en esta oportunidad, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente proyecto: “Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo: 1.Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente: “Artículo 66.- En el caso de muerte de un hijo así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos. Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 2.Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 195: a)Elimínase la expresión “Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66”. b)Sustitúyese la expresión “cuatro” por “cinco”. Artículo 2º.- Agrégase, a continuación del artículo 104 de la ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, el siguiente artículo 104 bis, nuevo: “Artículo 104 bis.- Todo funcionario tendrá derecho a gozar de los permisos contemplados en el artículo 66 del Código del Trabajo.” Artículo 3º.- Agrégase, a continuación del artículo 108 de la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el siguiente artículo 108 bis, nuevo: “Artículo 108 bis.- Todo funcionario municipal tendrá derecho a gozar de los permisos contemplados en el artículo 66 del Código del Trabajo.” La Comisión, en la sesión de 22 de agosto del año en curso, en que aprobó el proyecto, contó con la asistencia de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Aguiló, Bertolino, Dittborn, Melero, Meza, Recondo, Saffirio y Salaberry. Recomienda asimismo aprobar el proyecto sin las indicaciones. Es todo cuanto puedo informar. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Saludamos al diputado señor Ramón Farías, quien hoy, 23 de agosto, cumple años. Aplausos. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto, iniciado en mociones, presentadas por dos grupos de diputados, que contenían, en sus líneas principales, las mismas materias y que, en un gesto de unidad y en el afán de buscar una legislación en beneficio de trabajadores que sufren la pérdida por muerte de un hijo o hija, de su cónyuge, de sus padres o de un hijo por nacer, demuestra que quienes estamos en la Comisión de Trabajo siempre privilegiamos y respetamos los derechos de los trabajadores. También es una gran señal la forma como las diputadas y diputados trataron este tema, buscando consensos, dado que algunos propusieron plazos superiores, pero fuimos capaces de llegar a acuerdos y de sacar prácticamente por unanimidad este proyecto. Hubo diputados que, legítimamente hicieron indicaciones que, en su oportunidad, no acepté que se trataran en la Sala, sino que en la Comisión de Trabajo. Ayer, esa decisión fue valorada en la Comisión, pues, luego de ser analizadas las dos indicaciones, fueron rechazadas por estimarse que no era conveniente incorporarlas en el proyecto. Ello no significa que ambas puedan ser incluidas en otras iniciativas. En relación con la segunda indicación presentada, quedó claramente establecido que los estatutos del personal del Congreso Nacional contienen tácitamente la remisión al Estatuto Administrativo en relación a este beneficio. Por lo expuesto, la bancada de Renovación Nacional va a votar favorablemente e invita a todas las señoras diputadas y señores diputados a proceder de la misma manera. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, si bien este proyecto fue tratado hace algunos días en la Sala y debió volver a la Comisión de Trabajo para que se evaluaran las indicaciones presentadas, respecto de las cuales, finalmente, se estimó que no era el momento de incorporarlas, me conforma el hecho de que hemos logrado un consenso entre todas las bancadas en un tema sumamente humano y sensible para toda la sociedad. Avanzar en estos temas en conjunto es lo que me alegra de nuestra labor legislativa. El trabajo, en nuestra sociedad y en el Código correspondiente, no sólo debe ser considerado desde el punto de vista productivo, sino también humano. En ese sentido, el proyecto nos mueve a plantearnos cuál es el enfoque que queremos dar al trabajo que realizan las personas, los seres humanos que aportan cotidianamente al desarrollo del país. Por una parte, debemos darle un enfoque técnico y laboral y, por otra, humano, que considere los derechos de cada trabajador para que se desarrolle en forma íntegra. Por ello, como sociedad debemos tener claro que no todo es eficiencia y alegría, sino que también hay situaciones que generan dolor y que debemos reconocer. Eso hace este proyecto. Para mí es motivo de orgullo haber participado con un grupo de diputados en la presentación de propuestas de esta índole y haber logrado en conjunto la elaboración de un proyecto realmente importante para nuestra sociedad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, este proyecto, en segundo trámite reglamentario, tuvo el apoyo unánime de la Comisión de Trabajo, porque otorga un beneficio al trabajador cuando enfrenta una circunstancia muy especial, dramática, cual es la muerte de su cónyuge o de un hijo. En esa eventualidad, en aquellas empresas donde hay sindicatos y convenios colectivos, en general se negocia una cantidad de días cuatro o cinco para que el trabajador pueda efectuar los funerales de su cónyuge o de su hijo y disponer de tiempo para reponerse de ese impacto antes de volver a su ocupación. Sin embargo, como sabemos, la gran mayoría de los trabajadores del sector privado no negocia colectivamente. Tampoco los del sector público y de las municipalidades. En consecuencia, cuando esos trabajadores sufren una desgracia como las señaladas, el hecho de disponer de un par de días para poder enterrar a sus seres queridos depende del buen corazón o de la comprensión del empleador. A través de este proyecto concedemos al trabajador cinco días hábiles, o siete días corridos pensando en que hay un fin de semana, para enfrentar esa difícil situación, y, además, un mes de fuero; es decir, durante ese tiempo no podrá ser despedido. Nos parece que este beneficio es razonable, prudente. Está negociado en la mayoría de los convenios colectivos. Sin embargo, los trabajadores del sector público no lo tienen, y solo contarán con él a partir de la entrada en vigencia de la normativa propuesta. En la Comisión también estudiamos este beneficio en países latinoamericanos. En la mayoría de ellos el permiso es de tres o cuatro días. Aquí serán cinco días hábiles o siete días corridos. Nos parece que es un gran adelanto para que un trabajador reitero, en circunstancias trágicas, pueda contar con el tiempo necesario para enterrar a un ser querido y recuperarse antes de volver a su trabajo. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, en representación de la bancada de la Democracia Cristiana, sólo quiero sumarme al apoyo a este proyecto que se orienta y avanza en una dirección que el país en su conjunto debe hacerlo durante los próximos años. Buscar cómo devolver a los trabajadores parte del progreso alcanzado, constituye una tarea aún pendiente en muchos ámbitos. Hoy, este proyecto cierra uno de ellos: el del sufrimiento humano por la pérdida de un hijo, de un familiar directo, que no encontraba acogida en la legislación laboral y que más bien estaba entregado a la misericordia y buena voluntad de los empleadores. El proyecto, impulsado por las diputadas Muñoz y Soto y el diputado Girardi, contribuye, en definitiva, a generar una sociedad un poquito más humana que acoge y reconoce el momento de dolor de las personas. En ese sentido, en nombre de la Democracia Cristiana, me siento orgulloso de participar con mi voto para respaldarlo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, quiero manifestar que ésta es la primera vez, en mis años en la Cámara, que un proyecto de ley, que beneficia a los trabajadores, en particular a aquellos que se enfrentan a la desgracia de perder a un hijo o a su cónyuge, ha contado desde su inicio con el concurso unánime y entusiasta de diputados de todas las bancadas durante su trámite y discusión. Corresponde a dos iniciativas. Una de ellas, encabezada por la diputada señora Denise Pascal Allende y otra, que se ha fusionado con la anterior, impulsada, entre otros, por el diputado señor Nicolás Monckeberg. Durante la discusión fue ratificándose la necesidad de legislar en el sentido de este proyecto. Por lo tanto, me felicito de estar en una Cámara donde, por lo menos en ocasiones ojalá que en el futuro sean más recurrentes alcanzamos acuerdos tan importantes en beneficio de los trabajadores. En particular, felicito a los autores de las mociones tanto de las bancadas de la oposición como de las de la Concertación. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, mi intervención no tiene por objeto cuestionar el fondo del proyecto, sino solicitar que también sea conocido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El artículo 65 de la Constitución Política, en su inciso cuarto, señala: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: “4°.- “Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio activo o en retiro y a los beneficiarios de montepíos, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;”. Al tenor de esa norma, podría cuestionarse la constitucionalidad del proyecto, por cuanto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República aumentar las remuneraciones y demás beneficios económicos. Sin duda, un permiso, independientemente de su naturaleza, es un beneficio económico, por lo que, de alguna manera, la iniciativa podría tener algún vicio de constitucionalidad. Por lo tanto, para evitar cualquier problema posterior, es bueno y sano que el proyecto sea también estudiado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, nuestra bancada apoyará con mucho entusiasmo el proyecto de ley aprobado ayer en la Comisión de Trabajo, porque contribuye, con una señal fuerte, a humanizar las relaciones laborales. Deja de manifiesto que los hombres y las mujeres que están en sus puestos de trabajo son seres humanos las 24 horas del día y que tras ellos están, inseparablemente, sus familias, sus problemas cotidianos y sus emociones. Actualmente, esos sentimientos, esos problemas vivenciales que muchas mujeres y muchos hombres trabajadores arrastran en sus puestos de trabajo los hemos subordinado al rendimiento, a la productividad y a la exigencia que genera desarrollar un trabajo. Por eso, es muy importante establecer siete días de permiso en el evento de la muerte de un hijo del cónyuge, y de tres días para el fallecimiento del padre o la madre del trabajador. El dolor humano se ha instalado en una norma. Cuando una persona sufre un impacto tan fuerte en su vida, como la muerte de un ser querido, redunda en el rendimiento laboral. Por eso, también se otorga un fuero laboral de treinta días para los trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por tales eventos, aunque hubiésemos querido establecerlo por seis meses, a lo menos. Es fundamental comprender que el dolor acompañará permanentemente a ese hombre o a esa mujer en su puesto de trabajo, y quizás lo hará no por un mes o seis meses, sino por mucho tiempo. Entendemos que un ser humano que está sufriendo no puede rendir en plenitud, lo que influye en los niveles de producción de una actividad económica. También estamos contribuyendo a que la relación trabajo-familia sea menos tensa, compleja y dañina. Quienes hemos estudiado desde hace muchos años los temas laborales en esta Corporación, entendemos que hoy existe una relación muy compleja, que a hombres y mujeres que estamos incorporados al mercado laboral nos resulta difícil enfrentar. La profunda tensión que genera en una familia el ser padre o madre, acompañar a nuestros hijos en su desarrollo, contribuir a una relación familiar armónica, buena, sana, solidaria, constructiva, dificulta las cosas, porque hoy interviene fuertemente la lógica del mercado laboral, es decir, producción y rendimiento, a lo que debemos sumar los tiempos de desplazamiento hacia los lugares de trabajo. Todo ello impide que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares y compartan con sus familias. El proyecto entrega una señal importante en esa dirección. Por eso, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia y felicito a los colegas Denise Pascal y Nicolás Monckeberg, por ser los entusiastas impulsores de esta iniciativa. Proyectos de esta naturaleza logran un consenso político importante en torno a su aprobación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, la diputada señora Marisol Turres hizo una observación sobre una probable inconstitucionalidad del proyecto. Entiendo que la Mesa aceptó su tratamiento, porque lo consideró constitucionalmente admisible; por lo tanto, su debate es pertinente. En consecuencia, la observación de la diputada señora Marisol Turres no incide en la tramitación del proyecto. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, el trámite legislativo que se ha dado al proyecto es el que corresponde, de acuerdo con lo que decidió la Mesa. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, en segundo reglamentario, el proyecto de ley refundidos, originado en mociones, que otorga permiso laboral por muerte y nacimiento de parientes que indica y que concede permiso a trabajadores que sufran el fallecimiento de un hijo o de su cónyuge. Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados el numeral 2 del artículo 1°, y los artículos 2º y 3º del proyecto. Corresponde votar el numeral 1 del artículo 1º. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo el diputado señor Ulloa Aguillón Jorge. El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto. PUBLICIDAD A ALZAS DE TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. Modificación de ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Primer trámite constitucional. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en orden a fijar a las empresas de transporte interurbano de pasajeros un plazo mínimo para dar a conocer las alzas de los precios de los pasajes. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor José Miguel Ortiz. Antecedentes: Moción, boletín N° 415403, sesión 14ª, en 18 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9. Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 59ª, en 8 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo paso a informar del proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. La iniciativa tuvo su origen en moción de la diputada Claudia Nogueira y de los diputados Claudio Alvarado, Eugenio Bauer, Sergio Bobadilla, Enrique Estay, Marcelo Forni, Juan Lobos, Iván Norambuena, Manuel Rojas y Gonzalo Arenas, quien lo defendió en la Comisión. La moción tiene por objeto que las alzas de las tarifas programadas para los días festivos y períodos de vacaciones sean anunciadas, a lo menos, con un mes de anticipación a su entrada en vigencia, a través de medios de difusión adecuados y masivos, en el caso del servicio de transporte interurbano de pasajeros. La Comisión contó con la asistencia del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Sergio Espejo, acompañado de su asesor jurídico, don Fernando Dazzarola; del Fiscal Nacional Económico, señor Enrique Vergara, acompañado de su asesor jurídico, don Fernando Abarca, y del presidente de la Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros, Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (Fenabus), señor Marcos Carter, acompañado de los abogados Antonio Rodríguez, Patricio Canobio y Patricio Contreras. La moción pretende mayor protección para los consumidores frente a las imprevistas alzas de precio de los pasajes de buses interurbanos. Por lo general, el valor sube al doble durante los feriados y en períodos de vacaciones. En parte, la situación está regulada por la ley N° 19.496, que otorga a los pasajeros el derecho a una información veraz y oportuna de los precios de los servicios que les son ofrecidos. Pero el cumplimiento de la norma no es el más adecuado, pues los medios que se utilizan para la información y la anticipación con que se entrega hacen ineficaz el derecho. Por eso, los autores de la moción hemos estimado necesario modificarla. El presidente de Fenabus, señor Marcos Carter, señaló que la organización que dirige representa a grandes, medianos y pequeños empresarios del transporte de pasajeros, cuyas realidades son muy distintas. Planteó que no se oponían a perfeccionar el sistema de información, pero estimó que ello debía hacerse por la vía de adecuar la reglamentación vigente y no a través de modificar la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, porque eso sería discriminar al sector que representa. Agregó que la obligación de dar aviso de variaciones de precio con treinta días de anticipación podría prestarse para la concertación de las mismas, lo que sería contrario a la libre de competencia. Por esa razón, la Comisión aprobó una indicación sustitutiva para bajar el plazo a siete días. En consecuencia, el artículo único del proyecto quedó como sigue: “Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 30 de la ley N° 19.496, que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores: “Tratándose de servicios de transporte interurbano de pasajeros, las tarifas de los pasajes y cualquier alza de los mismos, deberán ser anunciadas con, a lo menos, siete días de anticipación a su entrada en vigencia, a través de medios de difusión adecuados y masivos y, especialmente, en los propios terminales de pasajeros del transporte interurbano.” La indicación sustitutiva cuyo autor fue el diputado Gonzalo Arenas, contó con el apoyo de los diputados señores Marcelo Díaz, Edmundo Eluchans, Pablo Galilea, Carlos Abel Jarpa, Tucapel Jiménez, Jaime Mulet, Darío Paya, Eduardo Saffirio y José Miguel Ortiz. Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, solicito a la Sala que dé su aprobación a la iniciativa, de manera que hoy podamos poner término a su primer trámite constitucional. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, como diputado de región, considero que este proyecto es una reiteración de normas que ya se encuentran establecidas en diversos cuerpos legales; sin embargo, debido a su mala interpretación y por el incumplimiento que muchas veces hacen personas naturales y jurídicas, es necesario una mayor precisión y acotamiento. La ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, señala en la letra b) de su artículo 3º: “El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;”. Su artículo 30 dispone: “Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los precios de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan,...” El decreto supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, reglamenta el Servicio Nacional de Transporte Público de Pasajeros e incluye el transporte interurbano. Su artículo 59 obliga a las empresas que efectúen servicios interurbanos a anunciar las tarifas que ofrecen al público, lo que deben hacer “mediante carteles o pizarras colocadas en lugar visible de las oficinas de venta de pasajes”. Tal vez, debería agregarse que deberán cobrar la tarifa de buena manera, ya que esta situación provoca muchos conflictos en la actualidad en el transporte público y en el privado. En consecuencia, debemos preguntarnos, ¿por qué se necesita insistir para que se mantenga informado a los usuarios del servicio, en circunstancias de que existe clara y abundante normativa que regula la materia en análisis? Tal vez tengamos que legislar de nuevo para precisar mejor las obligaciones de los proveedores de este servicio. Quizás a ese aspecto apunta el proyecto, para conseguir que la actual legislación se transforme en algo más positivo. Aparentemente, la actual legislación es letra muerta, lo que pudo haber tenido en vista el autor de la moción, o sea, otorgar más herramientas a través del proyecto de ley modificatorio, para evitar que malos empresarios continúen con estos ilícitos, que vulneran y burlan la legislación y los derechos de los consumidores. Para nadie es un secreto en esta Sala que las líneas de transporte interurbano suben notoriamente sus tarifas en las fechas en que muchas personas se trasladan masivamente de una ciudad a otra; por ejemplo, en las vacaciones de los estudiantes, que son los que más sufren por el alza; en los feriados largos, ocasión en que algunas personas que trabajan en grandes ciudades visitan a sus parientes que viven en pueblos, en fin. Los afectados han tenido que pagar por un pasaje más del 50 por ciento de su valor habitual para poder viajar. Hace algunos días me contaba un funcionario de la Cámara, sin saber que hoy se trataría este tema, que en un feriado largo le vendieron un pasaje con el 70 por ciento de recargo. Esto no es libre competencia. Simplemente es una sinvergüenzura, ya que en esas fechas estas empresas actúan en bloque para subir las tarifas, lo que no se condice con una verdadera competencia, pues ésta se da con las líneas irregulares, las llamadas “piratas”, las cuales surgen debido a la mayor demanda y al alza de las tarifas que suelen aplicar las empresas regulares en esos casos. Las alzas que se generan no sólo ascienden al 50 por ciento, sino que al 70 y hasta el ciento por ciento. Espero que esta modificación al artículo 30 de la ley N° 19.496 sirva para solucionar en parte el problema planteado, puesto que la mayor demanda que se produce en estas fechas también puede cubrirse con mayores y mejores servicios de las líneas regulares, sin necesidad de subir las tarifas. No obstante, de acuerdo con lo que me comentaba mi colega Adriana Muñoz, me declaro un poco escéptico, porque considero que la legislación existe y ella refleja el espíritu del legislador. Lo que verdaderamente falta es un cambio de actitud de los prestadores del servicio. Sólo de esa manera podremos decir que sí tenemos un transporte público decente, honesto y respetuoso de los derechos de los consumidores, a lo que apunta fuertemente esta iniciativa. Ojalá sea para bien y no, como dije, se convierta en letra muerta. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, como uno de los autores de la moción, quiero agradecer a la Comisión de Economía la unanimidad con que sus integrantes aprobaron el proyecto de ley y la rapidez en su despacho. La iniciativa busca evitar los abusos, así lo podemos calificar, que las empresas de transportes interurbano llevan a cabo en fechas importantes, tales como fines de semana largos, feriados, vacaciones, etcétera, en las que se producen alzas de tarifas mucho más altas de las que señalaba el diputado Jaramillo; por ejemplo, los pasajes entre Angol y Santiago pueden subir hasta en 300 por ciento. Esto afecta principalmente a las familias de regiones, que podríamos calificarlas como fraccionadas. Más todavía en comunas pequeñas, como Angol, Purén, Lumaco, etcétera, en donde las familias tienen a sus padres o hijos trabajando en otras ciudades, como Santiago, Temuco, Concepción, etcétera, y las únicas fechas en que la familia logra reunirse por completo es precisamente en los fines de semana largos, feriados y festividades. Lo que busca el proyecto de ley no es impedir las alzas, ni tampoco regularlas, porque eso sería inconstitucional, ilegal, al menos, o atentatorio al libre mercado, sino que simplemente transparentar la fijación de los precios en esas fechas importantes. Como bien dijo el diputado Jaramillo, es una obligación que ya se encuentra establecida en la legislación de manera general y más bien difusa en el artículo 2° de la ley sobre protección al consumidor, que establece el derecho a tener información oportuna del precio de los servicios que se van a contratar. Esto es precisamente lo que no se cumple hoy en el servicio de transporte de pasajeros interurbanos, toda vez que cualquier ciudadano que quiera sacar un pasaje o reservarlo con una o dos semanas de anticipación a una fecha importante, no puede porque las empresas de transporte urbano aún no han fijado las tarifas. Uno se viene a enterar de cuánto le va a costar el viaje en la ventanilla donde se expenden los boletos, por lo que tiene un desconocimiento total del valor del viaje hasta ese momento, más aún cuando se ha hecho una práctica habitual que en los terminales de buses no se publiquen en forma masiva y clara los precios de los pasajes en las distintas líneas de buses que allí funcionan. Por lo tanto, se da el caso de que, mientras hago la fila para comprar el pasaje, pueden aumentar la tarifa, sin que me dejen ninguna posibilidad de reclamar. Tanto es así, que a una persona que está al final, le cuesta más caro el mismo pasaje que a quien está tres lugares más adelante, porque en ese lapso han cambiado los flujos, lo que se determina a través de un sistema computacional que fija los precios. Esto es sumamente injusto, más todavía cuando cambian el valor del pasaje dentro del mismo fin de semana largo en el cual viajo. Puedo partir de Santiago a Angol un día jueves, porque el viernes es feriado, a un precio de 6 mil pesos, pero cuando regreso el domingo a Santiago, me podrían cobrar 18 mil pesos. Sin duda, es una injusticia, una arbitrariedad y un abuso. Si bien el decreto 212, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que reglamenta el transporte interurbano, obliga a las empresas a comunicar al público los precios que se van a cobrar, no establece un plazo para ello. En consecuencia, cumplen con esa obligación en la boletería. El único plazo que existe es el del transporte urbano licitado, que fija 30 días de anterioridad al alza del precio para informar al público. Por lo tanto, la actual regulación del decreto 212, del Ministerio de Transportes, no soluciona el problema de enterarse con cierta antelación del tema. De igual modo, la importancia de consagrarlo en la ley de protección al consumidor está dada por las acciones que puedan ejercer los usuarios por el incumplimiento de las empresas de pasajeros interurbanos en estas materias. El Ministerio de Transportes tiene nula capacidad de fiscalización sobre el tema. De hecho, no hay infracción conocida en los terminales de buses por no publicar en paneles públicos y claros el precio de sus pasajes. En consecuencia, al incorporar esta materia en la ley de protección al consumidor, estamos otorgando un control ciudadano del cumplimiento de esa obligación por parte de la empresa de transporte de pasajeros, lo que permitirá a los consumidores reclamar por el incumplimiento de la norma ante los juzgados de policía local. Además, las asociaciones de usuarios o de consumidores podrán demandar por intereses difusos o demandas colectivas en contra de las empresas de buses cuando no se cumpla con la práctica de publicar con la debida anticipación el valor de esos pasajes. Por eso es importante precisarlo en la ley de protección al consumidor, porque le da real eficacia a la normativa, al establecer un efectivo control ciudadano. Algunos parlamentarios podrían considerar que aquí se está regulando una materia propia del mercado y, por lo tanto, hay que dejarlo al libre juego de la oferta y la demanda, lo que debería dar el precio adecuado para el transporte de pasajeros interurbanos y que, por lo tanto, ésta sería una regulación excesiva. A esa línea argumental, respondo que aquí no estamos interfiriendo en la justa determinación del precio de mercado, pues sólo estamos aplicando aquello que, precisamente, es la mejor defensa para los consumidores, cual es una competencia mejor, más profunda y más transparente. Además, al dar tiempo para que el usuario o el pasajero pueda cotizar con la debida anticipación entre las distintas líneas de buses, estamos generando condiciones de mayor competitividad en el mercado. ¿Qué ocurre hoy? Como no sé cuánto me va a costar el bus, pues sólo me entero cuando llego al terminal, simplemente me voy a las líneas de buses más conocidas y más grandes. No me doy el tiempo de cotizar ventanilla por ventanilla, porque estoy apurado, llego justo antes de subir al bus, por lo tanto, no hay tiempo para comparar. Algunas empresas pequeñas de buses mantienen sus precios en estas fechas, pero no tienen mayor demanda porque la gente no sabe que, al menos una línea, ofrece estos servicios al precio normal o con poco aumento. Por lo tanto, no atenta en nada contra la libre competencia. Por el contrario, la profundiza y transparenta. Esa fue la opinión de Fenabus, que consideró de justicia y prudente establecer no el plazo de treinta días que originalmente habíamos planteado, sino que dejarlo en siete días; además, no sólo para fechas de feriado largo, sino para toda época del año, que es como quedó en definitiva el proyecto de ley en estudio con la indicación sustitutiva. Por eso, en beneficio de una mayor transparencia y competitividad en el transporte de pasajeros interurbanos, solicitamos la aprobación del proyecto de ley. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, algunos diputados de la Comisión de Transportes y otros que representan a ciudadanos de regiones que usan los servicios de transporte de pasajeros rurales o interurbanos hemos hecho una permanente y firme defensa en contra del abuso que se comete, sobre todo en los días festivos o de vacaciones, cuando la gente usa esos buses y se encuentra con la sorpresa de que el pasaje que creía que costaba 2 mil o 2.500 pesos, le cuesta 5 mil o 6 mil pesos eso configura una situación abusiva, lo que a veces le impide viajar o debe endeudarse para hacerlo. Probablemente, inspirado en esa idea, un conjunto de diputados de la UDI tomó la decisión de presentar este proyecto. Respeto su inquietud, pero, quizás, la manera de mirar la economía hace que el proyecto parezca partidista, porque, a pesar de su apariencia de carácter popular, termina siendo una sugerencia que podría ser muy perjudicial para los consumidores. La bancada del Partido por la Democracia es una permanente defensora de los derechos del consumidor. Además, diputados de todos los partidos políticos, junto con exigir mayor fiscalización, votamos a favor del proyecto de ley sobre defensa del consumidor. Sin embargo, el que estamos discutiendo genera la posibilidad de que los empresarios que dominan un área de la economía se pongan de acuerdo en lo que desde hace muchos años se ha denominado “el cártel”. Es duro decir que puede existir el cartel de los transportistas que abusan de determinados consumidores. Si sólo lo dijera un diputado, alguien podría argüir, con cierto menosprecio hacia la política y los políticos, que se trata de una frase dura, demagógica y para el discurso, pero así lo expresó el actual ministro de Transportes, señor Sergio Espejo, cuando vino a la Comisión exponer su posición respecto del proyecto. Pido poner atención a los dichos vertidos por el ministro Espejo hace pocos días. El secretario de Estado sugirió tener cuidado con este proyecto de ley, porque podría ser un incentivo para que los operadores del transporte urbano se coludan para formar un cartel. Es la misma palabra, vieja, antigua, desprestigiada, de fines del siglo XIX, en fin, como se la quiera calificar, pero, en definitiva, es la misma forma de operar para abusar del consumidor: ponerse de acuerdo para sorprender a los usuarios con la decisión de alzar el valor de los pasajes en los momentos previos a la Semana Santa, a las vacaciones del verano o con motivo de cualquier feriado, Esto es similar a las formaciones de carteles para regular la producción, la venta y los precios en el campo industrial. En todo caso, coincido plenamente con el diputado Arenas, en el sentido de que la fiscalización que se hace al respecto es pésima, ineficiente, irregular, muy ocasional y débil, lo cual hace que, al final, el ciudadano entre en desesperación y angustia. Ojalá que el ministro, además de esas observaciones, hubiera hecho una propuesta en esta materia, porque es ahí donde está el problema y no en hacer una ley que termine consagrando la autorización definitiva para que los empresarios se pongan de acuerdo y cobren a los pasajeros la cifra que quieran. ¿Cómo se sentirían los diputados si siete días antes de Semana Santa, o de cualquier otro feriado, se encuentran con que los empresarios, sintiéndose legalmente autorizados, han tomado la decisión de subir tres veces el precio de los pasajes? Me gustaría escuchar las respuestas. De aquí en adelante, los nuevos precios de los pasajes ida y vuelta para viajar a Los Andes, a Pailahueque, a Valdivia o a Copiapó, estarían autorizados por ley, con la única diferencia de que, en vez del mes de anticipación para dar el aviso que querían los diez diputados de la UDI patrocinantes del proyecto, serían siete días, lo que es aún peor. Alguien me podría decir que eso no se resuelve con la fórmula que existe hoy día. Es cierto; si hay mala fiscalización, seguimos encontrándonos con el abuso. A mayor abundamiento, los diputados miembros de la Comisión de Transportes nos hemos preocupado de leer el informe de la Comisión de Economía y de estudiar los antecedentes relacionados con la audiencia pública del fiscal nacional económico. El colega Arenas, quien ha defendido con entusiasmo el proyecto por la idea popular que lo inspira, por su capacidad sobre todo por el conocimiento heredado de su abuelo, el general Arenas, gran estudioso de la historia de Francisco Antonio Encina y autor de varios libros sobre él, sabe que la historia de los carteles es complicada de construir, pero imposible de destruir, de manera que es muy peligroso sentar un precedente que permita el abuso en las alzas de las tarifas. El fiscal nacional económico, señor Enrique Vergara, dijo hace poco que este proyecto, que establece para las empresas que efectúen servicios interurbanos la obligación de anunciar las tarifas que ofrecen al público, mediante carteles o pizarras colocados en lugares visibles de las oficinas de venta de pasajes, no era conveniente, porque generaría situaciones complicadas desde el punto de vista de la competencia, debido a que facilitaría el monitoreo de las empresas. Eso planteó nada menos que el fiscal nacional económico; no son las palabras entusiastas de un diputado que defiende al consumidor ni que da a conocer una posición de partido. Mi oposición a la iniciativa no se debe a que sus autores sean diputados de la UDI, pues junto a destacados parlamentarios de ese partido he trabajado muy bien y con gran seriedad en la elaboración de otras iniciativas, sino a que, entre otras cosas, el fiscal nacional económico contradijo lo que señala la moción de diputados de la UDI al decir que facilitará conductas concientemente paralelas, las que acarrearían problemas desde el punto de vista de la asignación eficiente de los recursos, materia sobre la cual citó algunos ejemplos. Asimismo, algunos empresarios que participan de la competencia, pero que no están a favor de la formación de carteles, se manifestaron en contra de la iniciativa, sin perjuicio de lo cual plantearon, como siempre, que no se han cobrado tarifas abusivas. Sin embargo, sabemos que eso sucede en la práctica. Puede ocurrir algo más grave si dejamos consagrada la autorización de las alzas por ley. No quiero escuchar en los próximos días de septiembre, una vez promulgada la ley, que alguien me diga: “Diputado, usted votó a favor del proyecto que posibilita el alza de los pasajes de los buses interurbanos para viajar este dieciocho”, o que me señalen que se ha producido un alza de las tarifas porque existe una ley que lo permite. En la actualidad, se abusa sin la existencia de un cuerpo legal que regule la materia, pero el Gobierno no ha sido capaz de fiscalizar suficientemente la aplicación del decreto respectivo. No quiero que mañana me digan que existe una ley que autoriza incrementar los precios de los pasajes de los buses interurbanos, puesto que ello ha quedado consagrado por escrito, porque la totalidad de la Sala no sólo diez diputados aprobó una iniciativa en tal sentido. No participaré de esa decisión. En todo caso, debemos buscar mecanismos eficientes para que no se sigan cometiendo abusos, pero en ningún caso consagrar esa norma en la ley. Además de lo que dicen las autoridades, el ministro y el fiscal nacional económico, y los pequeños empresarios, quiero profetizar que con una ley como ésta tendremos el peor de los mundos, porque abundarán los buses piratas, lo que perjudicará a los empresarios que trabajan en serio, que se preocupan de que en sus buses haya bar, televisión, baño, buen equipamiento y que cuenten con servicio mecánico adecuado y con un paradero como corresponde, como el caso de los buses que circulan alrededor de Santiago, que son de gran calidad. Por lo tanto, existirá competencia con los buses piratas, porque quedará consagrado en la ley que se deberá dar aviso del alza de tarifas siete días treinta proponía el proyecto original, lo que favorecerá a dichos buses. De todos los problemas que existen en las ciudades, hay dos que son brutales: las transformaciones del uso del suelo y las relativas al transporte, porque, además de los efectos de los plusvalores de las instalaciones y de los diseños que surgen del uso del suelo y de la actividad humana, está el desplazamiento de las personas. Entre ciudades, es uno de los temas más dramáticos. El entusiasmo podría buscarse en lo que tenemos en común. Coincido plenamente con los honorables diputados en defender a los usuarios de los buses que alzan sus pasajes, en buscar una salida que signifique aumentar esta regulación y en perfeccionar el decreto supremo N° 212, de 1952. No me convence lo que se dice en el sentido de lo bien que están las cosas. Bastaría con ir al terminal el 17 de septiembre. Vamos a ver la presión. A lo mejor, por la presencia de diputados, no suben el valor del pasaje. Pero decirles que ahora quedan autorizados por ley para ello, francamente no ayuda. La autoridad dice: “Vea el artículo 8º, letras c) y d).” “Vaya a decir el día 18 de septiembre que está en el artículo 8º, letra c) y d).” “Vaya a ver el registro en el artículo 15, o los artículos 59 y 91.” En verdad, a los seremis les falta firmeza y claridad en este plano. Lo digo así, con el mayor afecto y respeto, pero sin dejar de entregar pasión en la argumentación, pero no tengo ninguna intención descalificadora en mis palabras; al contrario, la cita histórica del abuelo del diputado Arenas es con cariño, por “Encina contra Encina”, uno de sus libros admirables. Sobre este proyecto, propongo rechazarlo y buscar una salida más adecuada. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate, en particular, la preocupación del diputado Hales sobre el proyecto. Como diputado de la Comisión de Economía, que aprobó el proyecto, recomiendo mantener esa postura, sin perjuicio de revisar con atención lo planteado con tanta fuerza y cierta autoridad por el diputado Hales, quien es arquitecto y urbanista y tiene conocimientos sobre estos temas. Sin duda, su argumento de fondo no hace cambiar lo fundamental de esta iniciativa. Al diputado Hales le preocupa que la obligatoriedad de avisar el alza de precio de los pasajes siete días de anticipación a su entrada en vigencia, a través de medios de difusión adecuados y masivos especialmente en los propios terminales, pueda facilitar a las empresas de transporte público interurbano la creación de carteles. Señala que hay normas vigentes en esa materia y que serían suficientes, y que el camino que aprobamos en la Comisión con el proyecto del diputado Arenas no es la solución a ese problema. Contrariamente a lo que afirma el diputado Hales, si establecemos una fecha determinada, a lo mejor va a ser más fácil comprobar si hay prácticas o conductas que atenten contra la libre competencia, porque normalmente van a anunciar un alza en los precios de los pasajes con siete días de anticipación a las Fiestas Patrias, a Navidad y Año Nuevo, a los feriados largos, fechas en las que comúnmente suben los pasajes, ello permitirá una mayor fiscalización a las empresas para evitar que incurran en conductas atentatorias contra la libre competencia. El decreto supremo N° 212 del Ministerio de Transportes reglamenta esa materia, y establece lo siguiente: Obligación de registrar ante la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones la tarifa a cobrar por los servicios. Comunicar a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones cualquier variación en los datos incorporados al Registro. Obliga a las empresas que efectúen servicios interurbanos a anunciar las tarifas que ofrecen al público, lo que deben hacer “mediante carteles o pizarras colocadas en lugar visible de las oficinas de venta de pasajes”. La Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones respectiva puede sancionar con suspensión del servicio cuando se verifica el “Cobro de una tarifa superior a la registrada en la Secretaría Regional.” Pero ese conjunto de normas no es útil, porque en la práctica no le sirven a los consumidores. En la Comisión de Economía relaté una experiencia personal. Estaba en la fila para sacar pasajes en una empresa de buses interprovinciales y vi que al cliente que estaba antes que yo le cambiaron el valor del pasaje en línea, aun cuando el destino era el mismo. En muchas empresas de transporte interurbano ven si durante el día el bus completa su capacidad, y según eso bajan o suben las tarifas. Entonces, la excesiva demanda se traduce en alzas de precios de dos o tres veces el valor original. Sin duda, para la gente común y corriente es un tema complejo, porque, normalmente, en Chile los precios se emparejan hacia arriba. Entonces, cuando una persona de Vallenar, de Copiapó, de Caldera, de Huasco, de Tierra Amarilla que represento en esta Corporación, o de cualquier otra comuna, de ingresos bastante bajos, como los de la inmensa mayoría de los chilenos, del orden de los 300 mil pesos o menos, tiene que viajar a la capital para ver a sus familiares, no le da lo mismo que el pasaje le cueste seis mil pesos o doce mil pesos, porque muchas viaja con los recursos justos. Si el día anterior costaba cinco mil pesos y sube a diez mil pesos no puede viajar, porque le han cambiado las reglas del juego de manera intempestiva. Este proyecto busca proteger a los consumidores, ya que con siete días de anticipación van a saber el costo de su pasaje, lo que les permitirá decidir su viaje con tiempo y de manera informada. Es un buen proyecto de ley, pero insisto en la precariedad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en cuanto a que no cuenta con suficientes funcionarios a fin de llevar a cabo con éxito la fiscalización para la cual esta facultado. Es un tema del que habrá que ocuparse en su oportunidad para efectúe la fiscalización como corresponde, y no ocurra lo mismo que sucede con las empresas de telefonía celular hace algunos días presentamos un demanda. En el caso de las empresas de transportes, se fiscaliza cuando sucede un accidente grave. Pero ello no ocurre por mala voluntad de quienes tienen a cargo esta materia, sino por el poco personal de que se dispone para desempeñar esa labor. Espero que esta iniciativa, que llamo a aprobar, nos ayude en la protección los consumidores; al contrario de lo planteado por el diputado Hales, ayuda a evitar las prácticas que atentan contra la libre competencia. En la Comisión, el ministro de Transportes y el fiscal nacional económico no se manifestaron contrarios al proyecto, sino que plantearon sus observaciones; en definitiva, su posición fue pro proyecto. Por eso, llamo a apoyar esta iniciativa que beneficiará fundamentalmente a los consumidores, a gente modesta que debe desplazarse en buses interurbanos para trabajar, para visitar a sus familiares, para ir al hospital, para recrearse, y que tienen derecho a saber, al menos con siete días de anticipación, cuánto le va a costar el viaje. Por último, debo hacer presente que varios diputados planteamos que el próximo paso será abordar el problema de las tarifas áreas, ya que, sin duda, hay mucho abuso en sus precios y en la forma en que se manejan. Por ser materia de otra naturaleza, la Comisión acordó estudiar el tema para determinar de qué manera se puede proteger a los consumidores cuando no hay disponibilidad de aviones o la tarifa vale uno y a los dos días, vale tres, enormes diferencias que, de alguna manera, pueden afectar la libre competencia, seguramente, también por la conformación del mercado del transporte aéreo de personas en nuestro país y que todos conocemos. En la Comisión, hubo un compromiso de abordar el tema más adelante en algún proyecto que vamos a preparar con esa finalidad. Por eso, llamo a apoyar este proyecto de ley. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, realmente este tipo de proyectos lleva a confusión. Por las mismas razones por las cuales el diputado Jaime Mulet llama a apoyarlo a mí me convoca a rechazarlo. En esta propuesta no queda claro favorecemos aquello que se señala como el propósito central del proyecto, que es otorgar a los consumidores en este caso, a los pasajeros de buses interurbanos beneficios para resguardar el valor de los pasajes. Tal como señaló el diputado Patricio Hales en cuyas materias no voy a ahondar porque lo hizo con mucha claridad esta normativa está registrada. Lo dijo el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y el fiscal nacional económico en la Comisión. Todas estas disposiciones del registro, de la difusión, del valor de los pasajes, están establecidas en la ley. El problema es la escasa fiscalización, porque los empresarios del transporte de recorridos interurbanos siguen desregulando el precio de los pasajes, ya que aun cuando han fijado un valor, cobran otro. La respuesta que entrega el proyecto de ley significa consagrar la práctica en que incurren esos empresarios, desregulando siete días antes de que acontezcan períodos de mayor demanda de transporte, el precio registrado en las diferentes seremis. A mi juicio, eso sólo favorece a los empresarios y una vez más deja a los consumidores al arbitrio de esas empresas a la hora de fijar los precios en períodos en que existe mayor necesidad de transporte. Entonces, si bien desde el punto de vista declarativo la iniciativa anuncia que se quiere favorecer a los consumidores, a los pasajeros, en el fondo beneficia a los empresarios, que tendrán libertad absoluta para fijar, con al menos siete días de anticipación a su entrada en vigencia, el precio que quieran cobrar por los pasajes. Nadie puede asegurar que el precio anunciado siete días antes se respetará, porque el déficit real en esta materia dice relación con la fiscalización y la difusión del precio de los pasajes. En verdad, creo que no se logra el objetivo buscado por los autores de la iniciativa, que entiendo va en el sentido de proteger a los consumidores, porque su impacto económico y real irá en favor de los empresarios del transporte y en desmedro de los pasajeros. Me quedo con los resguardos planteados por dos autoridades importantes, como el ministro de Transportes y el fiscal nacional económico. Por eso, anuncio mi voto en contra de la iniciativa. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, si uno revisa las normas vigentes, en particular el decreto supremo N° 212, se da cuenta de que contiene disposiciones importantes que obligan a las empresas de transporte, por ejemplo, a registrar sus tarifas en la respectiva secretaría regional ministerial de Transportes. Además, las obligan a informar sobre cualquier variación de precios y a anunciar las nuevas tarifas e, incluso, les advierten que en caso de transgresión de dichas normas, las empresas se exponen a la aplicación de una sanción. Sin embargo, ese marco normativo no resuelve el problema, por lo cual se justifica legislar sobre la materia, pero para resolver el problema. Comparto las ideas matrices del proyecto porque, en verdad, el usuario final, el pasajero, el consumidor no tiene ninguna herramienta efectiva para defenderse ante esas variaciones, muchas veces arbitrarias y no anticipadas, que terminan afectando su bolsillo. Pero, ¿de qué manera se podría defender al consumidor? Una forma válida es la que propone el proyecto. Sin perjuicio de ello, junto a los diputados señores Hales, Egaña y otros conversamos con el autor de la iniciativa sobre la posibilidad de incorporar una norma complementaria a fin de obligar a las empresas de transporte, muchas veces monopólicas, a vender los pasajes en forma anticipada para evitar el abuso que muchas veces cometen en perjuicio de consumidores que no están agrupados y no tienen posibilidad alguna de defenderse. Con ello, se puede resolver parte importante del problema, cual es la especulación que muchas veces, en fines de semana largo o en determinadas épocas del año, ponen en práctica en contra de los pasajeros. Por eso, anuncio la presentación de una indicación que complementará la idea matriz del proyecto, de manera de resolver el problema de indefensión en que se encuentran muchos pasajeros ante empresas que, reitero, muchas veces son monopólicas. En todo caso, si fuere necesario ahondar en su discusión en la Comisión de Economía o en la de Transportes, sería muy sano hacerlo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas. El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, debo reconocer que me produce cierto grado de angustia y nostalgia referirme a este tema, porque me desempeñé en la actividad del transporte por cerca de cincuenta años, hasta el 30 de junio del 2000. Por eso, llevo dentro de mí el conocimiento que adquirí a través del tiempo, y sé la realidad que hoy vive esta actividad, que es muy importante, en razón de la responsabilidad que implica transportar personas desde un punto a otro, casi las 24 horas del día y los 365 días del año. En el esquema interurbano, las empresas de transporte público de pasajeros están, lejos, por encima de cualquier otra empresa que desarrolla esta actividad en otros países del mundo. Se ha producido un gran avance en el comportamiento de conductores, auxiliares y personas que venden pasajes a quienes tomarán un bus en cualquier momento. Es algo que nadie puede desconocer. La atención que hoy brinda la tripulación de un bus a los pasajeros en nada es diferente a la que ofrece la de un avión. Antes, la diferencia era muy grande. Tal vez, hay aspectos que no fueron analizados en profundidad por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Es posible que se hayan tomado decisiones sobre la base de lo que se escuchó, sin analizar bien la realidad existente en los lugares donde viven los diputados que forman parte de ella. Por eso, es fácil emitir juicios apresurados. Me siento conmovido y afectado cuando se habla de la existencia de un cartel del transporte de pasajeros. Para quien ha tenido esa actividad de manera casi exclusiva, es muy doloroso escuchar esa afirmación. En su momento, los transportistas hemos jugado roles muy importantes para el desarrollo del país y de muchas otras actividades. Además, cuando han existido amenazas mayores, el transporte, ponderado, ha estado presente para decir: “Hermanos chilenos, no nos quebrantemos, no nos fragmentemos; unámonos, hagamos patria y contribuyamos, en conjunto, a bregar por esos objetivos”. Por eso, la autoridad que tiene a cargo reglamentar todo lo relacionado con el transporte de carga y de pasajeros, terrestre, naviero y aéreo, debe establecer las condiciones para que esta actividad se pueda llevar a cabo en forma eficiente y segura, para que aplique las tarifas que correspondan y pueda llegar a todos los puntos del país, ya que la Empresa de Ferrocarriles del Estado ha decaído y no ha aparecido otra que pueda cubrir la necesidad tan importante de los ciudadanos de movilizarse de un punto a otro. Asimismo, la autoridad debería regular la competencia desigual que se produce año tras año, debido a la subvención al transporte ferroviario, medida que aplaudo porque creo que es conveniente para el país. Por eso, he votado favorablemente en cada oportunidad en que se han tratado temas relacionados con el mejoramiento de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, porque estamos aquí para defender los intereses de todos y no sólo los de un sector. También sería conveniente que existieran normas claras y estudios profundos, con la participación de los interesados y de la autoridad correspondiente, que permitan fijar líneas de acción y resguardar los derechos de los pasajeros, ojalá mediante anuncios, como se plantea en el proyecto. Pero, aun sin ellos, éstos deberían tener la certeza de que no habrá cambios importantes en las tarifas. Por su parte, el Estado debería garantizar a los prestadores del servicio que el precio del petróleo, que tiene gran incidencia en el costo del transporte y que cambia semana tras semana, no sufrirá variación, aunque sólo sea durante un mes. Entonces, ¿le podemos pedir a ese gran número de ciudadanos, por una parte, transportistas y, por otra, usuarios, que normen esta situación? Por cierto que no; es el Estado, con la participación del Congreso Nacional, el que debe regular, en el corto plazo, una necesidad cotidiana y cada vez más creciente: el desplazamiento de los ciudadanos. Los niños que van al jardín infantil ya deben utilizar el transporte y también los estudiantes, los trabajadores, los adultos mayores, en fin. Por eso, no podemos quedarnos en la mera acusación de un trabajo, tal vez, descuidado perdonen la expresión de mis colegas de la Comisión de Economía, que han analizado una pequeña parte y no lo más profundo, que es lo que realmente le puede dar solución a un problema de tanta envergadura, como es el transporte público de pasajeros. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que lo que buscamos es beneficiar al usuario, al pasajero, y en que hay una injusticia y un abuso tremendo que se da, en particular, en fechas especiales: los pasajeros deben pagar un precio por el pasaje de ida, y otro por el de regreso, que puede superar el 300 por ciento de lo presupuestado originalmente. Son constantes los reclamos de los usuarios por estas alzas que no tienen mucha racionalidad. Pero queremos propender a establecer un proyecto que dé una solución adecuada y, por eso, no nos cerramos a que haya nuevos aportes en busca del objetivo que es compartido por todos: lograr que no haya aumentos arbitrarios del valor de los pasajes durante las fechas especiales, y así evitar, por ejemplo, que quien paga el viernes seis mil pesos por un pasaje desde Santiago hasta Angol, no tenga que pagar, el domingo, 18 mil pesos por el pasaje de vuelta. En ese sentido, junto con los diputados Egaña, Uriarte y Hales presentamos una indicación para evitar este abuso. Por supuesto, es discutible y se puede enriquecer en la Comisión de Obras Públicas. Por eso, considero muy conveniente debido a la indicación que se presentó debe volver a la Comisión de Economía que el proyecto sea remitido a la Comisión de Obras Públicas para que lo discuta y, luego, vuelva a la Comisión de Economía, a fin de darle un sentido definitivo. Lo que buscamos está muy lejos de conformar carteles; por el contrario, tratamos de evitarlos. Es más, el proyecto nació porque tenemos sospechas de que efectivamente existen carteles y, por eso, el objetivo de todos es buscar una solución. Reitero que es necesario que el proyecto sea remitido a la Comisión de Obras Públicas con la indicación que hemos presentado. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señoras y señores diputados, como el proyecto fue objeto de indicaciones, debe volver a la Comisión, por lo que habrá otra oportunidad para debatirlo. Lo señalo para que quienes están inscritos puedan adecuar sus intervenciones. El señor HALES.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor HALES.- Señor Presidente, junto con coincidir con la propuesta del diputado Gonzalo Arenas, también propongo que el proyecto vuelva a la Comisión para tratar las indicaciones que se presentaron. Además, sugiero que sea remitido, en primer lugar, a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, como propone el diputado Arenas, y después, por respeto a ella, a la Comisión de Economía, que es donde se remitió originalmente. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, gracias por su sugerencia, pero lo vamos a decidir en su momento. El proyecto se votará en general y, posteriormente, porque como se han presentado cuatro indicaciones, se enviará a Comisión, a las dos que usted ha mencionado, porque la Mesa tiene la misma opinión. El señor HALES.- Muchas gracias, señor Presidente. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, seré muy breve. Me parece muy bien que este proyecto vuelva a Comisión con varias indicaciones, lo que significa que este hemiciclo lo tratará nuevamente. La Sala debe estar precisamente para eso: para discutir y mejorar los proyectos y para que todos los parlamentarios formulen sus observaciones. Como integrante de la Comisión de Economía voté a favor el proyecto, porque creo interpretar fielmente el espíritu de esta iniciativa del diputado Arenas, que busca proteger a los consumidores y no a los empresarios. Creo que lo que debemos hacer es comparar la situación que tenemos hoy día con la que vamos a tener a futuro. Por cierto, hay normas, pero no se cumplen, ya sea por falta de fiscalización o porque no hay recursos; pero por a, b o c motivos no se cumplen, y los consumidores están aburridos de que, año tras año, durante los feriados largos, las empresas manejen a su antojo los precios de los pasajes. El peligro es que puedan existir carteles o colusión entre los empresarios; pero nuestra preocupación debiera ser por qué no se han cumplido las normas durante todos estos años. En ese sentido, con este proyecto los consumidores podrán elegir con siete días de anticipación una alternativa en los casos que la tengan de transporte, y los empresarios no podrán manejar los precios de los pasajes. Incluso, ha ocurrido que en el mismo día, según la demanda que se produce en los terminales, cambian los precios, lo que representa una tremenda injusticia para los usuarios. Por eso, anuncio que voy a votar a favor del proyecto; pero me satisface que se presenten indicaciones para mejorarlo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, este proyecto hace un diagnóstico que corresponde a la realidad, ya que normalmente, en determinadas fechas, cuando se produce gran demanda por el servicio de transporte interurbano de pasajeros, muchas veces, se producen abusos con los usuarios, a quienes se les cambia, en forma intempestiva, el precio de los pasajes, en circunstancias de que muchos de ellos, de escasos recursos, no tienen presupuestado pagar tal alza de los precios. Pues bien, este proyecto tiene por finalidad advertir a los usuarios cuál será el precio de los pasajes durante el fin de semana. Hablamos de los usuarios de transporte interurbano. Entre Arica e Iquique el servicio normalmente se hace mediante vuelos aéreos y, por eso, presenté una indicación para que se considere una regulación similar para las tarifas aéreas. Por otra parte, creo que este proyecto es bastante marginal respecto del problema que afecta a los usuarios de los servicios de transporte interurbano y rural, pues no existe, en este caso, una regulación que establezca un equilibrio entre los derechos de quienes invierten en el negocio del transporte y los de quienes usan este servicio. No existe regulación por parte del Ministerio de Transportes, que sólo se preocupa de establecer el uso de las vías públicas. Sin embargo, el Ministerio de Transporte no interviene para regular el mercado, a fin de que se den las condiciones de competitividad que permitan a los usuarios elegir no sólo las tarifas, sino también la calidad del servicio, el horario, la frecuencia, etcétera. En ese sentido, falta mayor intervención de los ministerios de Transportes y de Economía para garantizar que el sector del transporte público, interurbano o rural, que ha sido tan dinámico para el empresariado, lo sea también para los usuarios. Por ello, considero conveniente que se efectúe una nueva discusión del proyecto en la Comisión respectiva, con el objeto de establecer medidas que permitan al usuario tener con antelación la información respecto de los precios, y que éstos no sean abusivos. La posición dominante en el mercado de estas empresas no debe facilitar el abuso de los usuarios. La idea es que exista competencia entre los distintos actores del mercado. Junto con el diagnóstico de que los fines de semana existe una mayor demanda de pasajes, que no está satisfecha, razón por la cual suben los precios, debemos consignar que en el mercado del transporte público rige la ley de la selva, y que el Ministerio de Transportes no ha adoptado las medidas pertinentes para elaborar normas que establezcan una mayor competitividad en ese sector. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto que modifica la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Hay dudas sobre el resultado. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban. Se abstuvieron los diputados señores: Araya Guerrero Pedro; Jaramillo Becker Enrique; Vidal Lázaro Ximena. El señor LEAL (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe. Tal como fue solicitado, primero enviará a la Comisión de Transportes y, después, a la de Economía. REEMPLAZO DE FERIADO LEGAL. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde considerar, en primer trámite constitucional, los proyectos de ley refundidos, originados en moción, que establecen como feriado el día 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen, en sustitución del feriado legal correspondiente a Corpus Christi, y el mismo día como feriado regional en la Primera Región de Tarapacá, con motivo de la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen de La Tirana. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Eugenio Bauer. Antecedentes: Moción, boletines N°s 337906 y 386806, sesión 10ª, en 16 de octubre de 2003 y sesión 77ª, en 17 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta N°s 1 y 5, respectivamente. Primer informe de la Comisión de Gobiernos Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, sesión 58ª, en 8 de agosto de 2006. Documentos de la cuenta N° 8. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor BAUER.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social paso a informar sobre dos proyectos de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario. El primero de ellos, contenido en el boletín N° 337906, tiene su origen en una moción patrocinada por los diputados señores Barros, Bauer, Burgos, Valenzuela y Juan Pablo Letelier. El segundo fue suscrito por los diputados señores García, señora Rosa González, señor Longueira, Meza, Paredes, Paya, Ramón Pérez, Víctor Pérez, Rossi y Boris Tapia. Aprovecho la oportunidad para de hacer un homenaje a don Ramón Pérez, que en paz descanse, quien fue el autor de esta segunda moción, cuyo objeto es declarar feriado en la Primera Región de Tarapacá el día en que se celebra la Fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana. Dada su similitud, la Comisión acordó tratar conjuntamente las dos iniciativas. En efecto, ellas proponen instaurar como feriado el día 16 de julio de cada año, en que se celebra a la Virgen del Carmen, si bien difieren en la circunstancia de que, en un caso, el feriado es de alcance regional específicamente para la Primera Región, y en el otro, de carácter nacional. Constancias reglamentarias previas. La idea matriz del proyecto refundido que se somete a la consideración de la Sala es reemplazar el actual feriado de Corpus Christi por otro, el 16 de julio de cada año, día de la Virgen del Carmen. El artículo único de la iniciativa es de quórum simple. El proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda. El texto que se propone fue aprobado, en general, por unanimidad. Se designó como diputado informante a quien habla. Los autores de las mociones fusionadas recuerdan que desde los orígenes de la patria la figura de la Virgen del Carmen ha formado parte de nuestro acervo religioso y cultural, y en torno a ella se han unido todos los habitantes del país, constituyendo su imagen un símbolo de fraternidad a lo largo de las distintas etapas de la historia nacional. Es importante tener en cuenta también que la fiesta de la Virgen del Carmen es una de las celebraciones más antiguas de la Iglesia de Santiago. En efecto, a partir del siglo XVII, cada 16 de julio se realizaba una procesión desde la Alameda hasta la Plaza de Armas. Con posterioridad, y por motivos climáticos, dicho acto se trasladó para el mes de octubre. En 1971, los obispos decidieron que la procesión se efectuara el último día domingo del mes de septiembre, en el contexto de la celebración del Mes de la Patria. Declararon esa fecha como el “Día de la Oración por Chile”. Por otra parte, la celebración de la Virgen del Carmen tiene un vasto arraigo en distintos pueblos a lo largo de Chile, siendo la celebración que se lleva a cabo en La Tirana, Primera Región, la manifestación más importante que tiene lugar en el país. Prueba de ello es que año a año se congregan en ese pueblo miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional e incluso del extranjero. Como es sabido, uno de los principales atractivos de esta fiesta lo constituyen los bailes que se realizan en honor a la Virgen, en los que participan miles de jóvenes que, con ocasión de La Tirana, prácticamente despueblan las ciudades de Arica e Iquique, con las consecuentes dificultades de orden laboral, por no ser día feriado, que provoca el breve pero masivo éxodo. A la luz de estos antecedentes, quienes suscriben las mociones estiman de la mayor importancia reconocer formalmente el significado que ha tenido la Virgen del Carmen en la historia patria, y es por ello que el día en que se celebra su fiesta, el 16 de julio, y en particular se la recuerda como reina y patrona de Chile, debería ser feriado nacional. Concluyen que la iniciativa legal no plantea crear un feriado nuevo, sino instaurar el propuesto en sustitución del de Corpus Christi, que hace años dejó de ser una fiesta de precepto. Idea matriz o fundamental. El proyecto de ley, cuyo texto se propone, tiene por finalidad reemplazar el actual feriado de Corpus Christi por otro, el 16 de julio de cada año, Día de la Virgen del Carmen. Discusión y votación del proyecto. Por asentimiento unánime, la Comisión aprobó en general la idea de legislar sobre el tópico, compartiendo los fundamentos plasmados en las mociones individualizadas. Concurrieron a dicho acuerdo los señores Becker, De Urresti, Duarte, Egaña, Farías, señora Isasi, doña Marta; Ojeda, Valenzuela, Ward y quien habla. Dada la similitud de ambas iniciativas, según queda dicho, la Comisión acordó, junto con refundir ambos proyectos en uno solo, estructurarlo sobre la base del texto contenido en el boletín N° 337906, ya que primó la idea de que el feriado del 16 de julio debe ser nacional y no meramente regional, como lo proponía la otra moción. Además, la Comisión estimó más adecuado reemplazar un feriado existente el de Corpus Christi por el ya mencionado, y no crear otro, como lo establecía el segundo proyecto sobre la materia, por las delicadas implicancias de una medida de esta naturaleza. Por idéntico quórum, fue aprobado en particular el artículo único del proyecto, que instaura como feriado legal el 16 de julio de cada año, día de la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado de Corpus Christi. La Comisión estimó que el artículo único del proyecto es de quórum simple. Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda a la Sala la aprobación del siguiente artículo único: “Declárase feriado el día 16 de julio de cada año, en que se celebra y honra a la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado correspondiente a Corpus Christi”. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, disponemos de veinte minutos para el debate del proyecto, y dado que no se trata de una discusión ideológica, filosófica o religiosa, propongo que los diputados inscritos puedan hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, este tema genera bastante unidad no sólo en la Primera Región, sino también en el todo el país. En primer lugar, quiero reiterar lo dicho por el diputado informante, en el sentido de que la aprobación del proyecto constituye un merecido homenaje a nuestro amigo y ex diputado Ramón Pérez Opazo, que en paz descanse. Ramón, en reiteradas ocasiones, dio los argumentos para aprobar esta iniciativa, a los cuales quisiera agregar algunos. Por lo tanto, si hoy él estuviera entre nosotros, estaría extraordinariamente contento por este gran paso que se dará en reconocimiento de nuestras tradiciones, nuestros valores y nuestra cultura. No soy amigo de crear feriados, porque lo que hace falta en Chile es trabajo. Sin embargo, siento que debemos ser capaces de elegir bien nuestros días feriados. ¿Qué significa un feriado? De alguna manera, traduce un sentimiento que dice relación con la importancia que le da la comunidad a un determinado día, por lo que significa desde las más variadas perspectivas. Realmente, el 16 de julio no sólo es importante para el nortino, para el habitante de la provincia de Iquique que se desplaza en masa, sino que tiene una gran y enorme trascendencia para todo el país. Creo que tiene que ver con nuestra identidad, como pueblo; con nuestro sentido de pertenencia, ya que es importante mantener y expresar valores religiosos y culturales y proyectarlos para el futuro. De hecho, la fiesta de La Tirana, además de expresar como dije anteriormente la fe y el fervor religioso que se manifiesta de múltiples maneras, incluso con bailes que tienen importancia desde esa perspectiva, tiene un sentido internacional. Es así como muchos extranjeros van a la fiesta de La Tirana para conocer nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro pasado. Eso es muy importante, en especial en un momento en el que los puntos de encuentro de la comunidad ciudadanos y ciudadanas, que son los espacios públicos, como las plazas, están siendo reemplazados por los mall. Desde esa perspectiva, vale la pena potenciar puntos de encuentro de vida comunitaria. Siento que es lo más importante para terminar, de una vez por todas, con la falsedad que existe en relación con esta fiesta, porque, sin duda alguna, 200 mil personas asisten cada 16 de julio. Muchas veces, algunos deben ir con subterfugios y engaños y a varios su asistencia les causa problemas en su trabajo. Sinceramente, me quedo con lo primero que dije, en el sentido de que no soy partidario de crear feriados, pero creo que debemos elegirlos bien. Y si existe uno que tiene un profundo sentido para el norte, y para Chile entero, porque la Virgen del Carmen es la patrona de nuestro país, es el día 16 de julio. Por eso, estoy muy contento de haber sido uno de los patrocinantes, a petición del diputado Ramón Pérez Opazo, que en paz descanse, del proyecto cuya aprobación será un merecido homenaje a un hombre que entregó mucho por su tierra, a un hombre extraordinariamente trabajador, honesto y que además tenía un ciento por ciento de asistencia a la Cámara, sólo no concurría para la fiesta de La Tirana, porque él, con su familia, se trasladaba a dicha localidad y era uno más dentro de toda la comunidad que celebraba a la Virgen con distintas manifestaciones artísticas y culturales, tremendamente potentes, que debemos mantener y proyectar hacia el futuro. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, a los diputados de la Unión Demócrata Independiente no nos cabe duda que la aprobación del proyecto por esta Corporación será un reconocimiento a un gran hombre que entregó toda su vida a la Primera Región, porque eso fue lo que hizo el ex diputado Ramón Pérez Opazo. Quienes somos del Norte Grande sabemos que la fiesta de La Tirana es muy especial. Es similar a la fiesta de La Pampilla que se celebra en la Cuarta Región, con la cual se cierran en Coquimbo las Fiestas Patrias. Honrar a la Virgen del Carmen el 16 de julio de cada año permitirá celebrar la fiesta de La Tirana, en la Segunda Región, como corresponde, sin trabas para los participantes, pues ese día será feriado. Se ha dicho acá que, muchas veces, para ver a la Chinita, como le llamamos, tenemos que recurrir, incluso, a la mentira laboral, para poder participar en esa actividad. En ese sentido, será un reconocimiento a Ramón Pérez Opazo de quienes lo recordamos siempre sacar adelante este proyecto y posibilitar que la Primera Región, especialmente, cuente con este feriado. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, es importante destacar que el proyecto del diputado Ramón Pérez Opazo, que en paz descanse, ingresó a tramitación hace bastante tiempo y que la Comisión de Gobierno Interior agilizó su estudio. El tema es muy importante para la provincia de Iquique. En la fecha indicada, mucha gente se traslada para venerar a la Virgen del Carmen. Ese gran colega, desde el más allá también su familia, su esposa, la señora Gladys debe estar muy contento, porque hoy, estoy segura, su iniciativa se aprobará por unanimidad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Paredes. El señor PAREDES.- Señor Presidente, como otros colegas, quiero iniciar mi intervención rindiendo un homenaje al ex diputado Ramón Pérez Opazo y decir que mi participación en este proyecto, en mi calidad de coautor, tuvo que ver con la invitación que en su oportunidad me hizo para apoyarlo. Porque este tema es muy trascendente y relevante para los pueblos del norte y, fundamentalmente, a propósito de la religiosidad del nortino y de la tremenda raigambre que tiene la Virgen de La Tirana en el mundo católico, con el mayor agrado respaldamos esta iniciativa y la aprobaremos en un rato más con nuestros votos. Deseo expresar nuestro saludo y afecto a la familia del ex diputado Pérez Opazo,. La aprobación de esta iniciativa constituye un reconocimiento a un hombre que vivió toda su vida en el norte y vibró con sus tradiciones, cultura y religiosidad. Por lo tanto, siento que estamos cumpliendo con una deuda. Lamentablemente, nos dejó muy temprano debido a una grave afección cardiaca que le quitó la vida. Reitero que comprometo mi voto favorable a este proyecto seguramente también el de mi bancada que se hace cargo de una fecha muy importante para el mundo católico. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, mi intervención es para respaldar esta iniciativa. Me parece muy sabia y pertinente, puesto que la Virgen del Carmen es un patrimonio cultural de todos los chilenos, no sólo de los de la Primera Región, donde, ciertamente, existe mayor raigambre. Pero esto va más allá de las creencias, puesto que el Padre de la Patria, don Bernardo O!Higgins Riquelme, a pesar de ser miembro de la masonería, invocó a la Virgen del Carmen para lograr la libertad de Chile. Conozco a ilustres masones que se encomiendan a la Virgen. Me parece muy sensato declarar feriado el 16 de julio de cada año para honrar a la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado correspondiente a Corpus Christi. Esta última fiesta católica, aunque teológicamente es más trascendente, se celebrará el domingo siguiente y no el jueves como en la actualidad. Si bien la Virgen, madre de Cristo, tiene varias festividades, como el 15 de agosto y el 8 de diciembre, nunca será suficiente agregar una más para rendirle homenaje. Además, en el país, miles y miles de mujeres llevan el nombre “del Carmen”, de manera que me parece pertinente sustituir el feriado de Corpus Christi, que hace años dejó de ser una fiesta de precepto. Felicito a los autores de esta iniciativa y anuncio el voto favorable de mi bancada. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, sólo para evitar cualquiera interpretación que pudiera apartarse del espíritu de la ley y con el único objeto de clarificar el texto del proyecto, quiero hacer notar que el Día de la Virgen del Carmen no será un feriado móvil, porque se a a instaurar en un día determinado del calendario nacional. Los diputados Eugenio Bauer, Felipe Ward, Fulvio Rossi y quien habla, entre otros, presentamos una indicación ojalá sea votada en esta sesión para evitar cualquier malentendido ulterior. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, cabe destacar que el diputado Fernando Meza fue también uno de los patrocinantes del segundo proyecto sobre la materia. Reitero nuestro apoyo a esta iniciativa y concordamos con sus autores en que la fiesta de la Virgen del Carmen está inserta en la comunidad, especialmente en el mundo católico, y también en nuestra historia, por cuanto el Ejército de Chile la proclamó “Protectora de Chile”. Por ello, estamos totalmente de acuerdo en que el feriado de Corpus Christi se traslade al domingo siguiente al 16 de julio de cada año, día en que se celebrará a la Virgen del Carmen. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, la bancada de la Democracia Cristina va a aprobar este proyecto que establece el 16 de julio de cada año Día de la Virgen del Carmen, en reemplazo del feriado de Corpus Christi, como un homenaje a la Patrona de Chile, por representar los valores espirituales de nuestra patria. También quiero hacer un reconocimiento a un gran amigo de todos, al ex diputado Ramón Pérez Opazo, autor de uno de estos proyectos, quien manifestó mucha preocupación por establecer un día feriado para la fiesta de La Tirana, lo que hoy se hará realidad. Ramón Pérez Opazo fue un gran colega y hombre público ejemplar, que siempre se preocupó por su zona y que deja en esta iniciativa una de sus tantas obras por las cuales se desveló, de manera que vamos a aprobarla como un homenaje a su persona y porque, además, representa un símbolo de las costumbres religiosas del país. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. El señor MELERO.- Pido la palabra. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, en el epígrafe del informe del proyecto que acabamos de votar se lee: “Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en los proyectos de ley que otorgan permiso por muerte y nacimiento de parientes que indican.”, lo que no se condice con el texto que aprobamos, porque el concepto nacimiento se retiró. El señor LEAL (Presidente).- La Secretaría hará la adecuación correspondiente.. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley que establece como feriado el día 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor LEAL (Presidente).- Se ha presentado una indicación. Si le parece a la Sala, se votará de inmediato. Acordado. El señor Secretario le va a dar lectura. El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación suscrita por la diputada señora Marta Isasi y los diputados señores Bauer, Rossi, Ward, Egaña y Uriarte, para eliminar, en el artículo único de la ley N° 19.668, la expresión “y el día de la fiesta de Corpus Christi”. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Bauer, para fundamentar la indicación. El señor BAUER.- Señor Presidente, la ley N° 19.668 traslada la fiesta de Corpus Christi al lunes más cercano al día de su celebración. Sin embargo, como el proyecto reemplaza ese feriado legal por el día de la Virgen del Carmen, podría pensarse que esta fiesta también se traslada al lunes más cercano al de su celebración. Para evitar esa confusión, presentamos indicación para eliminar la referencia en la ley a la fiesta de Corpus Christi. Es decir, el día de la Virgen del Carmen se celebra cuando corresponde y no se traslada al lunes más cercano. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobada. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Espinosa Monardes Marcos; Jarpa Wevar Carlos Abel; Sule Fernández Alejandro. Se abstuvieron los diputados señores: Dittborn Cordua Julio; Encina Moriamez Francisco. VI. PROYECTOS DE ACUERDO CREACIÓN DE CENTROS DE DESINTOXICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DROGADICTOS. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 142. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 142, de los señores Accorsi, Sepúlveda, don Roberto; señora Soto, doña Laura; Alvarado, Jaramillo, Girardi, Recondo, Espinoza, don Fidel; Farías y Palma. “Considerando: Que, inevitablemente, la sociedad genera una serie de patologías, dentro de las cuales se encuentra la drogadicción, esto es, la ingesta de sustancias psicotrópicas que alteran los estados de conciencia de las personas. Que, como estado de alteración de la conciencia, la drogadicción provoca diversas consecuencias para la vida social, que pasan por simples molestias de los drogadictos hacia las demás personas hasta hechos delictivos, como producto de estados de alteración de la conciencia, o bien, voluntariamente, con la intención de procurarse medios para adquirir drogas en el mercado negro. Que es tan importante combatir las redes de distribución de la droga para lo cual Chile cuenta con una política criminal en tal sentido como crear los dispositivos institucionales destinados a prestar ayuda a los drogadictos, de manera que, una vez desintoxicados, que es la primera fase, sean objeto, finalmente, de una rehabilitación que les permita reinsertarse en la vida social, desarrollando actividades familiares, económicas y de sano esparcimiento. Que la creación de los centros de rehabilitación deben estar orientados a los quintiles de menores ingresos de la población, ya que, naturalmente, los de mayores ingresos tienen forma de procurarse los tratamientos necesarios. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la ministra de Salud a fin de que disponga la creación de centros de desintoxicación y rehabilitación para drogadictos.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, es de todos conocido el grave problema que genera la droga y los sistemas de salud, público y privado, no cuentan con centros de desintoxicación y rehabilitación. Lo que hay, son iniciativas de ONG o de organizaciones relacionadas con la Iglesia. Más del 70 por ciento de los delitos son cometidos por personas influidas por la droga y el 25 por ciento de los niños abandonan los colegios por la drogadicción. Por lo tanto, crear centros de desintoxicación y rehabilitación para drogadictos es el camino para reinsertar a los jóvenes en nuestra sociedad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano anuncio nuestro apoyo a la iniciativa del diputado Accorsi. Un alto porcentaje de delitos de mayor connotación social fueron cometidos por personas que se encontraban bajo los efectos de la droga. Actualmente, las políticas de prevención del delito se hacen cargo solamente de la represión y no de la rehabilitación. Existe la propuesta de transformar el Conace en un servicio público, con atribuciones para coordinar la lucha contra la droga, la prevención y la rehabilitación. Hace falta una política institucional, una respuesta del Estado que se haga cargo de la rehabilitación y de desintoxicación de nuestros jóvenes drogadictos y no convertirlos sólo en sujetos penales. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena; Ward Edwards Felipe. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA OBLIGATORIO DE PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 143, de los señores Accorsi, Sepúlveda, don Roberto; señora Soto, doña Laura; señores Recondo, Jaramillo, Alvarado, Girardi, Farías, Escobar y Espinoza, don Fidel. “Considerando: Que la educación, sin lugar a dudas, es el modo más eficaz de combatir el fenómeno de la drogadicción. Los expertos, de un modo casi majadero, han sostenido una y otra vez, ya sea por presiones mediáticas o ya sean otras, que los entes políticos caen en la misma tentación, cual es castigar y castigar, endurecer las penas al tiempo de dar más facultades a las policías y, en cada discusión habida sobre la materia, se conviene en que habrá que generar sistemas educativos en tal sentido, pero lo urgente es aplacar, por medio de la persecución penal, el fenómeno de la drogadicción. Que, en Chile, el sistema de penas ha llegado a tal grado de incongruencia, que el Ministerio de Justicia ya trabaja en la elaboración de un nuevo Código Penal sistematizado que, entre otras funciones, tiene la de crear un sistema de penas armónico, conforme a los valores que la sociedad considera más relevantes. Para demostrar lo absurdo del sistema penal, basta realizar un recorrido por las cárceles del norte del país, las que se repletan de dueñas de casa, que, con el único fin de procurarse un sustento digno, han caído en el negocio del microtráfico de drogas, penado de un modo que no se condice con la gravedad del hecho, en relación con el grado de imputabilidad de la conducta. Que cabe implementar un programa obligatorio de prevención del consumo y tráfico de drogas, por medio del cual no sólo se prevenga a los estudiantes respecto de las perniciosas consecuencias del consumo de drogas, sino en relación con todos los aspectos relacionados con el tema, como el tráfico, los delitos y las penas. Que este programa antidrogas en la educación formal es urgente. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya a la ministra de Educación a fin de que implemente, con la mayor brevedad, un programa obligatorio de prevención del consumo y tráfico de drogas en la Educación General Básica y la Enseñanza Media, que comprenda un basto contenido en relación con el tráfico, los delitos y las penas.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene directa relación con el anterior. La única manera de enfrentar la drogadicción es con educación, proceso al que debe incorporarse la familia. En el Ministerio de Educación existe un programa de prevención, pero es muy feble. Por lo tanto, debemos fortalecerlo con herramientas que permitan enfrentar el tremendo flagelo de la droga. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, las propuestas del diputado Accorsi son tremendamente positivas y contarán con nuestro apoyo. Existe la disyuntiva de quién se hace cargo de los programas de prevención de consumo de drogas en la enseñanza básica y media. Hoy los desarrolla el Conace, porque el Ministerio de Educación aún no la ha implementado. Por lo tanto, será necesario coordinar esas acciones; pero eso requiere el compromiso del Gobierno. El Conace recibe un aporte de más de 8 mil millones de pesos para desarrollar programas de prevención y de rehabilitación y otros proyectos. Durante la discusión de la próxima la ley de Presupuestos habrá que dejar claro quién se va a encargar de la prevención. Lo más importante es comenzar lo antes posible, porque no tendría sentido iniciar esto en la educación media. Pero también es urgente complementar esa prevención con muchas otras medidas. Hace poco, vimos el rechazo de un presupuesto para determinar el posible no consumo de drogas en el Poder Judicial, lo que me parece muy grave. Se trataba sólo de 300 millones de pesos, comparados con los 8 mil millones de pesos con que cuenta el Conace. Existen muchas otras instancias que es necesario controlar y accionar; pero, obviamente, ésta es muy importante. En la Cámara debemos haber aprobado unos veinte o treinta proyectos de acuerdo que pedían al Ministerio de Educación el establecimiento de programas de salud, a fin de prevenir el consumo de diferentes sustancias adictivas, como alcohol, tabaco y drogas, y de programas de educación sexual. Sin embargo, en los 16 años que el Congreso Nacional retomó sus labores, jamás ha existido respuesta de dicha Secretaría de Estado. Por lo tanto, es hora de que se preocupe de los problemas que afectan gravemente a los jóvenes y a miles de familias, He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena. El señor LEAL (Presidente).- Informo a la Sala que el 22 de junio de 2006 se aprobó un proyecto de acuerdo cuyo tenor es idéntico al del N° 144. En consecuencia, éste se entiende retirado. Pido al diputado Accorsi que tenga más cuidado en la presentación de los proyectos de acuerdo, porque presentó ocho idénticos a algunos que ya se encuentran aprobados o están en tramitación. AGILIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN A FUNDACIÓN PRESIDENTE ALLENDE PARA OPERAR EN CHILE. Retiro de proyecto de acuerdo. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 146, de los señores Accorsi, Farías; señora Soto, doña Laura; señores Jaramillo, Espinoza, don Fidel; Escobar, Girardi, señora Rubilar, doña Karla, y diputados señores Monsalve y Silber. “Considerando: Que, en julio de 1996, la Fundación Presidente Allende interpuso ante la Audiencia Nacional de España una querella contra Augusto Pinochet Ugarte y otros, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, requiriendo su detención y el embargo cautelar de sus bienes para garantizar el pago de su responsabilidad civil. Que, el 16 de octubre de 1998, la Fundación solicitó la detención de Augusto Pinochet a efectos de su extradición, que fue otorgada por el juzgado y ejecutada en Londres el mismo día. Tres días después, el Tribunal español ordenó el embargo de los bienes de Pinochet y el 10 de diciembre de 1998 lo procesó por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Estas resoluciones están vigentes. Que, en julio de 2004, la Fundación amplió la querella contra Augusto Pinochet Ugarte, el Riggs Bank, los señores Joe y Robert L. Allbritton y otros, por su participación en la ocultación de los bienes embargados por el Tribunal español. Que, en enero de 2005, la Fundación convino en los Estados Unidos de América una transacción con el Riggs Bank y los señores Joe y Robert L. Allbritton, por la cual éstos hicieron entrega a la Fundación de ocho millones de dólares para su distribución entre los beneficiarios del fondo que, reuniendo las condiciones establecidas por el Tribunal español, lo solicitaran y firmaran el correspondiente escrito de descargo. Que los beneficiarios del fondo son las personas reconocidas como víctimas en los informes Rettig y Valech, así como las personas reconocidas como tales por la Comisión Calificadora, integrada por Monseñor Helmut Frenz (Presidente), Rosemarie Bornand Jarpa, Claudio González Urbina, Carmen Hertz Cádiz, Víctor Pey Casado (en represención de la Fundación) y, como Secretaria Ejecutiva, Viviana Uribe Tamblay (de la Corporación Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu)). Que, para realizar los pagos a las víctimas, es necesario que el Gobierno de Chile autorice a la Fundación Presidente Allende para operar en el país, la que inició tal proceso el 4 de julio de 2005. Que resulta incomprensible que el Gobierno de Chile, habiendo transcurrido casi un año desde que se solicitó la autorización, aún no la otorgue. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga la agilización, con la mayor celeridad, del proceso de autorización para que opere en Chile la Fundación Presidente Allende y, de este modo, repartir el fondo obtenido por ella entre las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo tiene por objeto agilizar los pagos a las personas que allí se indican, lo que se encuentra completamente sancionado, pero ha demorado más de lo necesario. Entonces, creemos que es muy importante aprobar el proyecto para que la Fundación Presidente Allende pueda tener los fondos necesarios para repartirlos entre personas que están acreditadas y que lo merecen. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Perdón, señor diputado, pero la parte resolutiva del proyecto de acuerdo establece lo siguiente: “La Cámara de Diputados acuerda oficiar a la Presidenta de la República para que disponga la agilización, con la mayor celeridad, del proceso de autorización para que opere en Chile la Fundación Presidente Allende, y poder de este modo repartir entre las víctimas de la Dictadura el fondo obtenido por la Fundación.” Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, quiero aclarar lo siguiente: en Chile ya existe la Fundación Salvador Allende desde hace muchos años y es una institución reconocida, con personalidad jurídica. El proyecto de acuerdo se refiere a otra fundación, que tiene su origen en España, que ya adquirió la personalidad jurídica en el país, que es enteramente autónoma y que no tiene relación con la fundación chilena. Como ya goza de personalidad jurídica, ahora está organizando la entrega del dinero que recibió gracias al acuerdo a que llegó con el banco Riggs. Por lo tanto, no veo la justificación de este proyecto de acuerdo, porque, como ya señalé, esa fundación ya obtuvo su personalidad jurídica y es su responsabilidad organizar la distribución de ese dinero. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Yo también tenía entendido que la Fundación Salvador Allende ya goza de personalidad jurídica, por lo que no corresponde solicitar su agilización a la Presidenta de la República. Como ya se señaló, ésta es una fundación privada que distribuirá ese dinero como estime conveniente. Por lo tanto, propongo a los autores que retiren el proyecto de acuerdo. ¿Retiran el proyecto de acuerdo? Retirado. RECHAZO A CIERRE DE OFICINAS DE AFP PROVIDA. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 148, de los señores Quintana, Ascencio; de las señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Herrera, doña Amelia; de los señores Ceroni, Bustos, Masferrer, Arenas, Urrutia y Farías. “Considerando: Que el día 29 de junio de 2006, la AFP Provida ha anunciado el cierre de varias de sus oficinas a lo largo del país, lo que afectaría a las regiones Tercera, Quinta, Sexta, Séptima, Novena, Décima y Metropolitana, con sus comunas de Caldera, La Ligua, Limache, San Vicente, Cauquenes, Victoria, Ancud y Buin. Que el cierre de las oficinas no tiene justificación alguna, como no sea el que la AFP Provida pretende, a costa del sacrificio de miles de afiliados, rebajar sus costos fijos con la intención de aumentar, por esta vía, sus ya cuantiosas utilidades. Que, por otra parte, el cierre de las oficinas, proyectado según la información proporcionada por la misma administradora, sería a contar del día 4 de septiembre, con abierta vulneración a las normas dictadas por la Superintendencia de AFP, contenidas en la circular N° 767, de 29 de abril de 1993, conforme a la cual es requisito indispensable el dar aviso en estos casos, por una parte, a la Superintendencia y, por otra, a los afiliados, con 4 meses de antelación a lo menos. Que, sin duda, de concretarse la medida ya anunciada por la administradora, se genera una situación de abuso por parte de la misma que debe ser sancionada con el máximo rigor de la ley, pues no sólo se trata de una infracción normativa, sino de un acto que genera diversas y variadas consecuencias, cual de todas más funestas para las personas que actualmente se relacionan con la AFP Provida. En muchos casos se trata de personas beneficiarias de pensiones de vejez cuyo monto es tan ínfimo que solventar los costos de un viaje entre una ciudad y otra, naturalmente de ida y regreso, para cobrar sus pensiones, les representa un costo altísimo que merma la satisfacción de sus necesidades básicas. Que las administradoras de fondos de pensiones son organismos que satisfacen una necesidad pública, y que más aún obtienen desbordantes beneficios económicos por ello, de modo que al generar situaciones que importan que ciertas necesidades no serán satisfechas, o lo serán de un modo más gravoso para las personas, al tener que trasladarse de una ciudad a otra para cobrar una exigua pensión de vejez, constituye un sin sentido que merece, además de las sanciones normativas, el reproche social más intenso por parte de la sociedad toda, la que se ha de materializar a través de las diversas instancias de representación popular, y dentro de ellas, el Congreso Nacional. Que el Ejecutivo, como se sabe, ha formado una comisión que se encuentra estudiando el sistema de administración de fondos de pensiones (Comisión Marcel) cuyo resultado y cuyas propuestas serán dadas a conocer, dentro de un breve plazo, con la idea de realizar las modificaciones legales necesarias para contar con un sistema que garantice pensiones dignas para nuestros trabajadores, lo que, entre otras materias, pasa por evaluar la calidad de la atención y prestación de los servicios. Por lo tanto, La Cámara de Diputados acuerda: a)Manifestar su más categórico rechazo frente al cierre de oficinas anunciado por la AFP Provida para el próximo 4 de septiembre de 2006. b)Oficiar a la Superintendencia de AFP para que, previos los procedimientos administrativos, imponga la más severa de las sanciones en el caso de que la Administradora Provida efectivamente cierre las oficinas”. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Nuevamente, no hay quórum. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LEAL (Presidente).- En nombre de la Mesa, aprovecho la oportunidad para saludar afectuosamente al diputado señor Ramón Farías, quien hoy está de cumpleaños. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda pendiente su votación para la próxima semana. VII. INCIDENTES El señor LEAL (Presidente).- Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, en nombre del Comité de Renovación Nacional, pido que se mantenga el orden de la anterior sesión para que los Comités intervengan en Incidentes, puesto que, por sugerencia suya, se suspendió anoche esa parte de la sesión, en la cual figurábamos en primer lugar para hacer uso de la palabra y hoy estamos en el último. Lo solicito, porque el diputado Rosauro Martínez tiene un importante tema que abordar. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Señor diputado, es imposible hacerlo en este momento. MEDIDAS EN FAVOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, quiero referirme a una carta que un grupo de parlamentarios le hicimos llegar hace días al ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco Brañes, mediante la cual le planteamos tres medidas que son fundamentales y necesarias para aplicar en el país, a las cuales daré lectura, sin perjuicio de pedir que se incorpore la carta íntegra en el boletín de sesiones. Parte de dicho documento señala: “Para nosotros, señor ministro, las únicas medidas aceptables iniciales a la luz de la realidad de millones de personas y de las posibilidades reales de Chile que por cierto incluye el precio del cobre y los excedentes derivados de ello son las siguientes: 1.Iniciar un programa masivo de reprogramación a largo plazo de todas las deudas pequeñas y medianas, incluidas la deuda de las Pymes y de las personas con la banca por un monto tope, ya que mucha deuda de consumo, de tarjetas bancarias e hipotecarias, incluye obligaciones que en realidad son de pequeñas y medianas empresas. Gustosamente nuestros técnicos pueden hacerle llegar sugerencias sobre las formas concretas de hacerlo, así como una estimación de los costos tanto pecuniarios como morales y de su factibilidad. 2.Apoyo crediticio para que los pequeños y medianos empresarios reprogramen en un largo plazo razonable la deuda previsional morosa. 3.Condonación de 100% de capital, intereses y multas de las deudas tributarias impagas hasta por un monto tope. El costo de esta medida es cero, ya que seguir anotándolas en los activos es ilusorio, puesto que no podrá ser pagada.” No voy a referirme más al texto de la carta que adjuntaré a los oficios que voy a solicitar al final de mi intervención. Sólo quiero decir que estas medidas me parecen estrictamente necesarias para apoyar la pequeña y mediana empresa. Más que medidas de gastos dado que la discusión pública ha estado centrada en el gasto social, son una inversión, ya que permiten reactivar la pequeña y mediana empresa, sector importante de nuestra economía que, a juicio de quienes suscribimos la carta, incluidos parlamentarios de ésta y de otras bancadas, se encuentra en una situación de desmedro frente a la gran empresa. Quiero poner un ejemplo. Ayer discutíamos el aumento de recursos del Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas, Fogape, y se encontraban en la Comisión de Economía el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; el gerente General del Banco Estado, señor José Manuel Mena, y el gerente del Fogape, señor Alessandro Bozzo. A este último le pregunté cuáles son las tasas medias que hoy día agosto de 2006 tienen los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Me contestó que para un micro y pequeño empresario hoy día es de alrededor de 2 a 3 por ciento mensual; para uno mediano, de 1 a 1,5 por ciento mensual, y para un gran empresario, del 0,5 por ciento mensual. Esa información se encuentra en las actas de la Comisión y, por lo demás, es pública, puesto que está en las estadísticas que lleva la Superintendencia y que publican en sus pizarras las sucursales de las financieras y de los bancos. Eso significa que un micro o pequeño empresario tiene un costo del crédito de 40 por ciento; el mediano empresario, de 10 a 15 por ciento, y un gran empresario, de 5 por ciento, todos en el mismo periodo del año. Esto, sin duda, avala sobremanera, entre otras cosas, nuestras medidas propuestas en la carta que entregamos al Ministro de Hacienda. ¿Cómo es posible que un pequeño empresario, por ejemplo, un dueño de un almacén en cualquiera de las ciudades que representamos, pueda competir en igualdad de condiciones si a la hora de pedir un crédito debe pagar una tasa del orden del 40 por ciento al año, frente a un gran empresario dueño de cadenas de supermercados, que tiene una tasa 10 veces más baja, que la consigue en la banca o fuera del territorio de la República, a través de la colocación de bonos, o bien, por crédito? ¿De qué manera le damos la oportunidad a los pequeños empresarios de nuestro país urbanos o agrícolas para que compitan en igualdad de condiciones? No las han tenido. Las condiciones son injustas y eso debe repararse. Por lo menos, se requiere que se considere lo planteado por las personas que suscribimos esta carta, en el sentido de que se busque la manera de que haya cierto equilibrio; en el fondo, que haya una cancha pareja para los pequeños, los medianos y los grandes empresarios de nuestro país. Podemos escuchar muchos otros ejemplos, pero, siguiendo con el del dueño del almacén de la esquina, versus el del supermercado, constatamos que el dueño del almacén compra sus productos a un valor mucho mayor que el que pagan los dueños del supermercado o los de las grandes cadenas de supermercados, que en definitiva son quienes fijan los precios a los proveedores. Existe una discusión pública entre los proveedores de los supermercados y de las grandes cadenas de supermercados por el hecho de que ni siquiera tienen posibilidades de fijar los precios, pues éstos les son impuestos por los dueños de dichos centros comerciales. En cambio, el pequeño empresario, además de acceder a un crédito diez veces más alto, debe pagar mucho más por sus productos, pues no recibe descuentos por volúmenes de compra. Ése es otro ejemplo de la situación en que se encuentran los pequeños y medianos empresarios. Por eso, varios parlamentarios ojalá se sumen otros hemos presentado esta carta al ministro de Hacienda. En ella pedimos que se permita a los pequeños y medianos empresarios reprogramar sus deudas con la banca y que se condonen sus deudas tributarias. ¿Cómo es posible que nos digan que no se pueden condonar las deudas tributarias de los pequeños y medianos empresarios, si bajo la bandera de nuestro conglomerado, la Concertación, hace un año y medio se condonaron cerca de 100 millones de dólares por concepto de una multa impuesta por la Superintendencia de Sociedades Anónimas a un grupo de empresarios encabezados por el señor Yuraszeck? En ese caso sí pudo condonarse una deuda de 100 millones de dólares; sin embargo, no pueden condonarse multas o intereses a los pequeños empresarios. Hace algunos días, el ministro de Hacienda anunció algunas medidas al respecto, pero son extremadamente pequeñas. Por ello, queremos que el ministro de Hacienda se interiorice del contenido de esta carta y abra la posibilidad de discutir y de conversar sobre la situación que en ella se plantea. Es la aspiración de quienes queremos construir un país donde haya igualdad de oportunidades, en un ambiente de libre mercado, pero con énfasis en lo social y donde coexistan la pequeña, la mediana y la gran empresa. Por lo expuesto, pido que se oficie a la Presidenta de la República y a los ministros de Hacienda y de Economía, adjuntando copia de mi intervención y de la carta señalada, a fin de que se interioricen de su contenido y adopten las medidas que en ella proponemos. He dicho. El texto de la carta que se ha solicitado insertar , es del siguiente tenor: “Miércoles 16 de agosto de 20060825 Señor Andrés Velasco Brañes Ministro de Hacienda Teatinos 120 piso 12 Santiago. De nuestra consideración: En un momento excepcional para la economía chilena nos hemos informado de su plan “Chile Compite”. Nos llama la atención estas medidas que, en la práctica, son inversamente proporcionales a las amplias capacidades del país para hacer frente a los problemas económicos y sociales de vastos sectores de chilenos. Es más, nos preguntamos porqué los tecnócratas, muchos economistas, sectores de derechas y también concertacionistas hacen aparecer como un problema, para la buena marcha de la economía, la demanda de justicia social. Seguramente seguirán apostando a la apatía e indiferencia de la gente, asumiendo ante la historia que, cuando ésta pase de la impotencia a la convulsión social, no habrá oportunidad de salvar lo bueno y corregir lo malo del modelo, adaptándolo a nuestra realidad e idiosincrasia. Desde hace años que el país muestra equilibrios financieros más que sólidos, incluso ante de que el cobre se comenzara a los niveles actuales. Desde el año 2000, comenzamos a tener crecientes excedentes comerciales, la inflación se estabilizó a niveles apenas por encima del 2%, viniendo de guarismos del 6%, 7% o más. En 2004 el Banco Central terminó de bajar la tasa de interés de referencia hasta situarla en 0%, e incluso negativa, en términos reales. Con todo lo que ha subido desde ese entonces, la tasa real no supera el 1,5% anual. Por su parte el fisco comenzó a aplicar su regla de superávit estructural, de manera que las cuentas del Estado, medidas a precios normales de partidas claves, empezaron a entregar un exceso de ingreso sobre gastos equivalentes al 1% del PIB. De esta manera, hace mucho tiempo que pudieron haberse implementado programas que reincorporaran a la pequeña y mediana empresa en la economía chilena y hace mucho tiempo que se pudo dar mejores perspectivas a la clase media y trabajadores dependientes de ella. En efecto, la sigla pyme, de hecho, minimiza la importancia del sector. Este representa toda la economía que no gira exclusivamente en torno a las grandes empresas, son todas las farmacias de barrio, almacenes, fábricas, reparadoras, los profesionales y técnicos independientes en general. Económicamente en torno a ese sector se mueve el 83% de la fuerza de trabajo y ellos son el 24% de la economía. Las pymes son la base para una distribución más equitativa del ingreso y son determinantes para el propio crecimiento de una economía de bases sólidas. Por eso que, al no haber considerado a este sector, tuvo como consecuencia para el país un bajo crecimiento y una mala distribución del ingreso. Resulta evidente que la autoridad debió tomar las medidas que permitieran a este sector participar plenamente en el desarrollo del país. Pero no se hizo nada significativo, salvo algunos intentos que fallaron por ser demasiado modestos y estrictos. Equivocadamente, las autoridades de la época consideraron que el ambiente de crisis de la economía chilena todavía perduraba, y también erradamente creyeron que la economía del país podía repuntar sin poner atajo a la destemplada concentración económica y sin reinsertar en la economía y las corrientes crediticias a las pequeñas y medianas empresas. Se pensó en forma extremadamente ligera, como lo revelan las porfiadas citas, que fácilmente las pymes podrían superar la draconiana realidad de altísimas tasas de interés, excesivo endeudamiento y dificultades para encontrar mercados, y correrían paralelamente a las grandes empresas para sustentar el crecimiento que justamente aspiran todos los chilenos de 7% o más. Los que suscribimos esta nota nos sentimos en la obligación de desarrollar programas profundos y sólidos de reinserción en la economía de los desplazados. Con especial énfasis asumimos la defensa y apoyo de los productores internos; sobre todo cuando estamos condicionados por un proceso de globalización que no controlamos y donde la competencia es más exigente, cuando no desleal. Nuestras autoridades no actuaron en beneficio de las pymes, sino llegaron al absurdo de distraer ingentes recursos estatales hacia grandes empresas y conglomerados; como fueron los millonarios subsidios en dólares que entregó Corfo a Lan y Ripley. Los afectados por el olvido suman millones, y gran parte de ellos engruesan el Dicom, sea el histórico o el actual, y se sustentan como pueden ya que tienen vedado el acceso al crédito, que es el elemento esencial para poder operar económicamente. A los que todavía pueden recurrir a los préstamos les cobran altísimas tasas de interés en los bancos, y todavía más altas en los factoring, muy por encima del valor de escasez dictado por el Banco Central. Entre los más lesionados están los pequeños productores agrícolas, los pescadores artesanales, los pequeños mineros, todos los cuales merecen atención, quienes fueron excluidos económicamente quedaron socialmente marginados sin visualizar un futuro digno para sus hijos y sin perspectivas de progreso en base a sus pequeñas propiedades que en un sentido profundo representan las raíces mismas de Chile. Antes de mencionar siquiera otras aspiraciones, queremos detenernos en el endeudamiento de las pymes, ya que condiciona el éxito que puedan tener las medidas de apoyo que las sucedan. Con alta deuda, amenazas de embargo y sin crédito, no habrá programa de capacitación y asociatividad que surta efecto. Ignorar las posibilidades productivas y rentables gracias a este mayor precio del metal, es simplemente mortal. Coincidimos que esos recursos no se deben derrochar pero insistimos en que una parte de éstos se deben invertir, entre otras cosas en medidas como las que proponemos más adelante, para expandir el horizonte de vida de millones de chilenos y para acelerar el débil crecimiento económico del país. En suma, invertirla donde la tasa de retorno social de esa inversión supere la miserable tasa de interés que tales recursos devengarían en caso de convertirse en reservas internacionales. No hacerlo es similar a una persona pobre que se sacara la lotería y que en lugar de invertir la plata en educación para sus hijos, en una vivienda y herramientas de trabajo, la ahorrara en el Banco Estado para gastarla más adelante, sin saber cuándo, continuando con su vida mediocre. Si se insiste, con el pretexto de que este ingreso es transitorio y en que no puede moverse ninguna variable fundamental, significaría que cualquier sensibilidad social y moral, a las que somos afectos, será sistemáticamente ignorada. Se está aplicando una política económica subóptima, no obstante la abundancia existente. En los hechos, con esta visión estamos condenados, pese al actual precio del cobre, a crecer al 4,5% como lo dicen las cifras últimas de Imacec. Si no contáramos con la bonanza del cobre creceríamos sólo entre el 2% y el 3%, como en el período 19992003. Invertir en los pequeños y medianos productores y en el endeudamiento personal derivado de las personas, es rentable señor ministro: Eleva el crecimiento del PIB. Más que nunca, es necesario hacerlo ahora, ya que desde hace meses el bajo crecimiento económico refleja el agotamiento de varios puntos de la política seguida actualmente y esta corrección, eleva la recaudación fiscal por mayor actividad, aumenta el empleo, y mejora la distribución del ingreso. Por añadidura y para ese sólo propósito, un programa de reprogramación de deudas ni siquiera tiene que usar la plata extra del cobre. Bastaría que esos recursos le den tranquilidad para poder operar en su ministerio. Nada sacaremos señor ministro, guardando toda la plata extra del cobre, si millones de personas siguen fuera de lo que usted puede considerar una economía maravillosa. De no hacerlo, en un futuro no muy lejano, otro ministro deberá usarla en pensiones asistenciales y ayuda alimenticia. Para nosotros, señor ministro, las únicas medidas aceptables iniciales a la luz de la realidad de millones de personas y de las posibilidades reales de Chile que por cierto incluye el precio del cobre y los excedentes derivados de ello son las siguientes: 1.Iniciar un programa salvo de reprogramación a largo plazo de todas las deudas pequeñas y medianas, incluidas la deuda de las pymes y de las personas con la banca por un monto tope, ya que mucha deuda de consumo, de tarjetas bancarias e hipotecarias, incluye obligaciones que en realidad son de pequeñas y medianas empresas. Gustosamente nuestros técnicos pueden hacerle llegar sugerencias sobre las formas concretas de hacerlo, así como una estimación de los costos tanto pecuniarios como morales y de su factibilidad. 2.Apoyo crediticio para que los pequeños y medianos empresarios reprogramen en un largo plazo razonable la deuda previsional morosa. 3.Condonación de 100% de capital, intereses y multas de las deudas tributarias impagas hasta por un monto tope. El costo de esta medida es cero, ya que seguir anotándolas en los activos es ilusorio, puesto que no podrá ser pagada. Por supuesto que esto no es suficiente. Si no se forman posteriormente otras medidas de fondo, para implementar una verdadera economía social de mercado, se corre el riesgo de que la aflictiva situación actual pueda volver a ser una realidad. Estamos conscientes de eso, y sin perjuicio de las políticas y programas que la autoridad pueda generar con sus equipos e instituciones especializadas, tenemos preparadas proposiciones de política conducentes a consolidar el sector socialmente más importante del país: la clase media. En suma lo que hace falta es que todo el Estado que sea necesario se vuelque decididamente a apoyar, facilitar, incentivar y respaldar la actividad productiva de cientos de miles de pequeños propietarios, creando condiciones de real oportunidad e igualdad para todos los chilenos. El resto dejémoslo a la responsabilidad y libertad de emprender de todos los que quieran participar en la construcción de un Chile más justo y solidario. Fundamental para tal objetivo es encarar a fondo la crisis educacional y ser capaces de revisar y reordenar la estructura y el sistema actualmente vigente. Sin complejos políticos ni ideológicos y, por cierto, decididos a invertir preferentemente en este otro gran objetivo del Estado chileno. Señor ministro los parlamentarios firmantes somos Demócrata Cristianos y representamos a millones de compatriotas que han confiado en nosotros, en la democracia, en nuestra visión de la sociedad y en la convicción que nos mueve a actuar en política. Nos da la impresión que para los defensores de este modelo económico de mercado a secas, y que a estas alturas son transversales al espectro político nacional, la democracia y la política son obstáculos para el progreso como ellos lo conciben. Considerando lo anterior es que creemos de primer interés para los chilenos el abrir un debate sobre qué futuro queremos para nuestro país devolviéndole vigor a la democracia y credibilidad a la política. Es por eso que este planteamiento, además, lo hemos puesto a disposición de la Comisión Económico Social del Partido, sabiendo que en su seno la discusión sobre crecimiento económico y justicia social está presente desde que fuera creada. Le saludan atentamente,” El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Manuel Rojas, Rosauro Martínez, Gonzalo Arenas, Gabriel Ascencio, Enrique Jaramillo y Carlos Abel Jarpa. DEUDA HISTÓRICA CON PROFESORES. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, existe un hecho que debiera ser motivo de preocupación de todos nosotros. Hace algún tiempo aprobamos por unanimidad dos proyectos de acuerdo cuyo objeto era abordar el grave problema que afecta a muchas profesoras y profesores, conocido como deuda histórica, mediante el establecimiento de una mesa de diálogo representativa de los sectores involucrados. Horas después de que aprobamos dichos proyectos, el Senado procedió de la misma forma y se pronunció respecto de la urgencia de abordar este tema, pues coincidió en que ello era de toda justicia. He seguido con atención el desarrollo de los acontecimientos desde el momento en que el oficio que comunica el acuerdo de la Cámara de Diputados salió hacia el Ejecutivo. He leído las opiniones de la Presidenta, de la señora ministra de Educación y de otras altas autoridades ministeriales, pero en ninguna parte he encontrado alguna que diga que este tema se va a tratar. Sorprende tal comportamiento si está probado judicialmente que la deuda existe. Muchos alcaldes tienen resoluciones que los obligan a pagar, pero carecen de los recursos para ello. Las interrogantes continúan: ¿Por qué? ¿Dónde radica la dificultad para sentarse con amplitud y espíritu nacional a abordar un tema que, si bien no es de este Gobierno, es del Estado? ¿Por qué el criterio es distinto frente a otros dramas que existieron en nuestro país? Para esos casos ha existido voluntad y han estado los recursos. En cambio, para profesores y profesoras, muchos de ellos ya muertos, nada. ¿O es que hay chilenos de primera y de segunda clase? Señor Presidente, como éste es un tema respecto del cual hemos realizado todo lo que está dentro de nuestras facultades, además de la fuerza política que este proyecto concitó y de la unanimidad con la que fue aprobado, le pido que haga las gestiones que estén a su alcance para lograr el cumplimiento de lo que acá aprobamos. Personas de distintos pensamientos y visiones logramos conciliar este acuerdo. Próximos a debatir el presupuesto de la nación, es el momento preciso para iniciar este trabajo que, como a todos nos consta, más que jurídico, es de orden moral. El Estado abusó, vulneró derechos y hoy debe repararlos. No hay excusas. Solicito que se haga llegar copia integra de mi intervención al Presidente de la Cámara de Diputados para solicitarle sus buenos oficios y tener finalmente una audiencia con la Presidenta para conocer su planteamiento frente a este acuerdo de la Corporación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia íntegra del texto de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo están indicando. CONSULTA CIUDADANA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN ÑUBLE. Oficio. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero plantear que existe conciencia en el país que una de las tareas más urgentes que tenemos dice relación con la diversificación de nuestra matriz energética. Dada nuestras características geográficas, el recurso más accesible para generar energía eléctrica es el hídrico. De ahí que el impulso que se está dando a la construcción de centrales hidroeléctricas en diferentes zonas del país resulta un camino esperanzador. En nuestra provincia de Ñuble se proyecta la construcción de una central hidroeléctrica denominada Central Ñuble de Pasada, que aprovechará las aguas del río Ñuble, del sector comprendido entre su confluencia con el estero Damas y un punto ubicado a 3 kilómetros aguas arriba del sector urbano de la comuna de San Fabián. En ese punto se construirá una bocatoma que permitirá desviar el cauce y conducirlo a través de un canal a tajo abierto de 14 metros de ancho y 6 de profundidad, por el cual pasarán 100 centímetros cúbicos de agua por segundo. El proyecto, cuyo valor asciende a 140 millones de dólares, tendrá una capacidad instalada de 136 megavatios y la central generará una energía media anual del orden de 700 gigavatios hora, lo que será aportado al Sistema Interconectado Central. Sin duda, es un proyecto interesante que ayudará a satisfacer la demanda de energía, y así lo aprecia la comunidad local. No obstante, esa valoración tiene matices producto de factores respecto de los cuales los vecinos no tienen suficiente claridad y que hoy son motivo de legítima preocupación en el sector y en la comuna en general, que tienen un creciente y cada vez más promisorio polo de atracción turística. San Fabián de Alico ha hecho una apuesta muy interesante en ese ámbito, pues posee recursos naturales de enorme atractivo: bosque nativo, reserva forestal, recursos ictiológicos, flora y fauna. En consecuencia, es comprensible la preocupación que manifiesta la comunidad, la cual se incrementa ante la incertidumbre que genera la carencia de un plan alternativo que les permita insertarse en otras actividades económicas, ya que, por años, todos sus esfuerzos han estado orientados al turismo y a las actividades agrícolas. No se oponen al progreso y al desarrollo del país, sólo piden ser considerados como agentes fundamentales en todo proyecto que impacte en su sistema de vida, y no como meros indicadores estadísticos a los cuales basta con entregarles ciertas compensaciones que pudieran ser, incluso, atractivas en el corto plazo, pero una vez que se agotan los dejan en la indefensión y sin su fuente de sustento y, lo que es peor, sin opciones de insertase en otras actividades económicas y productivas. El país tiene que tener la capacidad para conciliar el desarrollo con el respeto al medio ambiente y con el resguardo de los derechos de las personas. Actualmente, el avance de la tecnología lo permite; sólo es cuestión de voluntad. Así lo hemos señalado en distintas oportunidades. El estudio de impacto ambiental debe ser riguroso, y en todas sus etapas debe estar presente la participación de la comunidad, que hoy es muy débil. Sin embargo, como aún no existe una norma legal que la garantice en toda su expresión, hemos presentado un proyecto en tal sentido, porque es imperioso que la autoridad ambiental, no obstante esa debilidad, actúe con celo y amplitud. Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al director regional de la Corporación Nacional del Medio Ambiente de la región del Biobío, a fin de que informe a las instancias correspondientes y garantice la participación de la comunidad en las comunas de San Fabián de Alico y de Coihueco, representadas por sus autoridades municipales, dirigentes, socios de las instituciones y organizaciones económicas, productivas, sociales, culturales y vecinales, especialmente, la de las familias de los sectores directamente afectados. Además, para que informe respecto de las medidas consideradas en el proyecto para compensar los eventuales efectos que origine, principalmente en el ámbito de los recursos humanos y laboral; es decir, de qué manera se contempla un programa integral que permita a los vecinos y sus familias insertarse con posibilidades reales en el ámbito laboral. Por último, para que informe si el área del proyecto afecta el trazado del anteproyecto denominado “Sendero de Chile”. Pido que se adjunte copia de mi intervención al oficio respectivo. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. FORTALECIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CHILLÁN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, hoy la seguridad ciudadana está en medio de la contingencia tanto pública como política. Es fundamental para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y una condición previa para la libertad individual y colectiva. La violencia, los delitos y el temor ciudadano pueden comprometer de manera grave el desarrollo humano, afectando la calidad de vida y el progreso. En ese contexto, las políticas públicas de seguridad ciudadana se pueden resumir en dos grandes áreas: primero, la que apunta al mejor control y represión, y segundo, la que apunta a una mayor prevención. La prevención se ha consolidado como una estrategia eficaz y eficiente en la disminución del delito, siendo definida como las políticas, medidas y técnicas fuera de los límites de la justicia penal, dirigidas a la reducción de las diferentes clases de delitos producidos por actos definidos por el Estado. El reconocimiento de la importancia de la prevención ha ido de la mano con el desarrollo de interpretaciones de la criminalidad que ponen el acento en los factores de riesgo. Entre estas medidas es importante señalar la prevención situacional. En ella se pretende prevenir hechos violentos o delictivos y el temor a ellos mediante la modificación de la situación en que ocurren o se dan. Por ejemplo, la vigilancia, el uso de alarmas o el uso de cámara de circuito cerrado de televisión, también forman parte de la prevención situacional, ya que su presencia cambia la situación incrementando la prevención de potenciales infracciones. Especial relevancia, y en esto quiero poner especial énfasis, tiene en este aspecto de la prevención situacional la acción de la policía, la que mediante la presencia activa y el patrullaje especializado en lugares donde se concentran delitos específicos, inhibe los potenciales hechos y contribuye a la neutralización de factores de riesgo generadores de oportunidades o facilitadores de la actuación del delincuente. En mi condición de miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ferviente partidario de promover y fortalecer acciones preventivas, el 8 de junio pasado solicité la inclusión de Chillán en el Plan Cuadrante para el 2007 y los fondos necesarios para la construcción de una escuela de formación policial para nuestra ciudad. En esta ocasión pido que se oficie, a través de la ministra de Defensa, al general director de Carabineros y al director de Investigaciones, para que se aumente la planta de vehículos policiales en la Prefectura de Carabineros de Ñuble, especialmente para el retén de San Ignacio, y en la Prefectura de Investigaciones de Chile, para fortalecer la acción en la ciudad de Chillán. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo están manifestando y Secretaría está tomando debida nota. INVESTIGACIÓN DE PRESUNTA CORRUPCIÓN EN EL FÚTBOL PROFESIONAL. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo correspondiente a la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en el debate público hay un tema que quizás muchos de nosotros no tenemos injerencia en forma muy directa. En esta oportunidad me ha llamado la atención lo que está sucediendo en el fútbol profesional chileno, a la luz de las denuncias que han realizado dos dirigentes de un club deportivo profesional respecto de una presunción sobre mafias que estarían participando en arreglos de partidos de fútbol, lo que conlleva a un problema de incentivos negativos en lo que son los sistemas de apuestas, tanto nacionales como internacionales. Esto me preocupa de sobremanera, ya que, lamentablemente, esta presunción de mafias estaría constituida por personeros extranjeros. Hace poco, el país fue testigo de la estafa que generó una ciudadana francesa con los famosos “quesitos”. Si bien no puede ser comparativa una situación con otra, me preocupa que personeros extranjeros estén generando en nuestro país situaciones anómalas en actividades propias del desarrollo de una actividad, como es el fútbol profesional. Lo que es peor, lamento mucho que hoy algunos deportistas, que valientemente han dado la cara para denunciar estos hechos y hacerlos públicos, se vean afectados por cierta falta de seguridad, como ha señalado el arquero de Santiago Morning, Víctor Loyola, quien se encuentra temeroso y, más aún, ha pedido cambio de domicilio, lo que demuestra la gravedad que reviste el no aceptar el arreglo de un encuentro deportivo. Y lo que es peor, se presume que pueden ser personas extranjeras de nacionalidad rusa, servia o eslovenia. A raíz de esta situación, que nos complica a quienes amamos el deporte y queremos entregar desde el estamento donde nos desempeñamos profesionalmente las mejores intenciones y el mejor camino para que el deporte se desarrolle lo mejor posible y en forma transparente, pido que se oficie al ministro del Interior para que se sirva recabar información respecto de esta presunta corrupción en el fútbol profesional chileno que estarían generando personas extranjeras. Hago esta petición, ante la preocupación que me asiste respecto de deportistas chilenos que hoy se puedan ver amenazados, incluso de muerte, a la luz de la información que tenemos y por lo que está apareciendo en la prensa nacional. Asimismo, pido que la entidad rectora del deporte nacional del fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Anfp, ponga los antecedentes que tiene a la vista a disposición de la Fiscalía correspondiente para su investigación, como así también el Gobierno se haga parte nombrando a un fiscal con dedicación exclusiva para que analice el problema de la corrupción que afecta al fútbol profesional chilenos. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los diputados que así lo indican. FACILIDADES PARA EL PAGO DE PENSIONES EN COMUNA DE FUTRONO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, en la comuna de Futrono se encuentra una localidad muy importante, por la cantidad de personas que se han asentado en ella, denominada Nontuela, en la cual se han producido problemas con el pago de las pensiones, que se realiza en Llifén o Futrono. Por eso, pido que se oficie al director nacional del INP, a fin de que envíe un cajero, una vez al mes, para que pague las pensiones en la sede comunitaria o en la Junta de Vecinos de Nontuela. Esto porque, lamentablemente, los vecinos, en particular, las personas mayores, han sido objeto de asaltos. Incluso ha habido detenidos. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los diputados que así lo soliciten a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN ISLA HUAPI, FUTRONO. Oficios. El señor VON MÜHLENBROCK.- Asimismo, quiero reiterar mi preocupación por la no concreción del proyecto de electrificación en la Isla Huapi, de la misma comuna de Futrono. Por eso, pido oficiar al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a la subsecretaria de Economía y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, a fin de que me informen qué ha pasado hasta la fecha, porque en Futrono hemos sufrido varios decesos en incendios originados por el uso de velas, debido a la falta de electricidad. Es un clamor de toda la comunidad de Isla Huapi. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa. REUBICACIÓN DE ANTENA EN LOCALIDAD DE COÑARIPE, COMUNA DE PANGUIPULLI. Oficios. El señor VON MÜHLENBROCK.- Por último, cerca de Panguipulli existe una localidad muy hermosa, con un gran potencial turístico, que se llama Coñaripe, que vive del turismo. Esperamos que algún día sea comuna, tal como lo hemos propuesto en la Cámara. Lamentablemente, se ha instalado allí una antena de la empresa Smartcom, entre el primer cerro del volcán Villarrica y el balneario de Coñaripe, lo que, de una u otra forma, está matando la hermosa vista que teníamos del volcán y que era un privilegio para los miles de turistas que visitan la zona durante todo el año. En este caso, una compañía telefónica estaría afectando parte importante del patrimonio turístico de Coñaripe. Por eso, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, con el objeto de que se llegue a un acuerdo con la empresa para cambiar la ubicación de la antena de telefonía móvil, puesto que la actual no privilegia la vista del balneario de Coñaripe. No nos oponemos a que se instalen antenas de hecho, en la Cámara de Diputados legislamos al respecto, pero es necesario que las decisiones de las empresas privadas, que son fiscalizadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cautelen el patrimonio ambiental, en este caso, el patrimonio turístico de esa localidad de la comuna de Panguipulli. Asimismo, pido que se envíe copia de mis intervenciones a los alcaldes y concejales de Futrono y de Panguipulli, respectivamente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa. REINICIO DE OBRAS E INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN PROYECTO HABITACIONAL EN COMUNA DE RENAICO. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, quiero denunciar públicamente la angustiosa situación que viven los miembros del comité habitacional Nueva Vida, de la comuna de Renaico, provincia de Malleco, Novena Región. En septiembre de 2005, los miembros de dicho comité, después de muchos esfuerzos, lograron contratar los servicios de la empresa constructora Inarco Sur Limitada, a fin de que construyera 33 viviendas sociales para los miembros del comité, cuya presidenta es la señora Eliana Díaz Guzmán. El proyecto se inició, pero el 2 de agosto del presente año la empresa encargada de la construcción se declaró en quiebra, abandonando totalmente las obras. A partir de ese momento, los miembros del Comité, familias modestas de la comuna de Renaico, principalmente mujeres solas y jefas de hogar, han recurrido a un sinnúmero de autoridades, ninguna de las cuales ha sido capaz de dar una solución a una situación tan urgente. Las casas quedaron a medio construir y muchas de ellas, incluso, presentan serias fallas estructurales. Falta terminar las calles, los pasajes, la electrificación y reparar otras fallas que se han ido detectando con el tiempo, como consecuencia de las lluvias de invierno. A lo anterior se suma el hecho de que, al estar paralizadas las obras, debido a lo cual las casas no han podido ser habitadas por los miembros del comité, han empezado a rondar numerosos grupos de personas con la intención de ir robando de a poco elementos propios de las casas que están a medio construir. Los miembros del comité ven con angustia que, día a día, va desapareciendo gran parte de sus casas, que representan el ahorro de muchos años. Por lo tanto, pido que se oficie en forma urgente al director del Serviu y al Seremi de Vivienda de la Novena Región, con el objeto de que tomen conocimiento de esta situación y ejerzan las acciones tendientes a terminar la construcción de las viviendas para el comité habitacional Nueva Vida, de Renaico, a que se persigan las responsabilidades que correspondan a la empresa constructora Inarco Sur Limitada y a que se hagan efectivas las boletas de garantía. Además, que se oficie al presidente del Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte e investigue las posibles negligencias de funcionarios del Serviu o del Seremi de Vivienda y la responsabilidad que le pueda caber a la empresa Inarco Sur Limitada en la defraudación de más de 136 millones de pesos, correspondiente a la inversión pública que se colocó para la construcción de las casas del Comité Habitacional Nueva Vida, de Renaico. Por último, pido que se envíe copia de mi intervención y del oficio solicitado a la señora Eliana Díaz Guzmán, presidenta del comité habitacional Nueva Vida, de Renaico, domiciliada en calle Las Américas N° 1, de Renaico, así como al alcalde y a los concejales de la comuna. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa. INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CAJA DE CRÉDITO PRENDARIO DE CONCEPCIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, se dice que la Caja de Crédito Prendario a la que también se conoce popularmente como la “Tía Rica” es el banco de los pobres. Depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y como todos saben, en momentos aflictivos o cuando no tienen recursos, recurren a ella cientos de personas para empeñar sus joyas u objetos más valiosos. Traigo esto a colación, porque un numeroso grupo de personas de Concepción me informó sobre una situación que lo afecta, debido a un cambio de las normas efectuado por esa entidad. A modo de resumen, respecto del funcionamiento de la Caja de Crédito Prendario, ese grupo me explicó que después de otorgado un crédito, las personas tienen un plazo determinado para renovar el contrato o para retirar el objeto empeñado. El plazo es de seis meses, más un mes de gracia y más quince días, por costumbre administrativa. Después se fija la fecha de remate. La renovación es posible sólo hasta en tres oportunidades y la fecha de remate, según los afectados, siempre ha sido entre los días 20 y 25 de cada mes. Sin embargo, en esta oportunidad, el penúltimo remate se efectuó el 26 de julio y el último el 8 de agosto. En nuestra región, la Caja de Crédito Prendario publicó los días 30 y 31 de julio un inserto, dando a conocer la fecha del próximo remate, es decir, el 8 de agosto, información que, de acuerdo con el inserto referido, también fue difundida por Radio BíoBío. Los afectados aducen que tal medida no les fue informada por la nueva administración, señalando que el plazo para renovar el contrato era hasta el 10 de agosto, por el mes de gracia, y hasta el 20 ó 25 de agosto, por la costumbre administrativa, para la realización del remate; pero se encontraron con que éste se había efectuado el 8 de agosto. La oficina de Concepción les ha señalado que sólo corresponde el pago de los excedentes, en caso de que los hubiera, según el valor de la cosa rematada, que en ningún caso corresponde al valor real y menos al valor sentimental atribuible a las especies. Ésa fue la explicación que les dieron a las aproximadamente 1.800 modestas personas afectadas. Es posible que el cambio de la fecha de remate haya sido efectuado conforme a derecho, pero la forma de dar a conocer tal medida no consideró una instancia de comunicación más directa con los afectados, a pesar de que todo período de marcha blanca debería considerar una efectiva difusión de la misma. Eso no se hizo, a pesar de que en el contrato que firman las personas que empeñan prendas quedan consignados su dirección y su teléfono. Como ha sido publicado por la prensa, los afectados presentarán un recurso de protección el próximo viernes. Por lo tanto, pido que se envíe copia de mi intervención al ministro el Trabajo y Previsión Social, del cual depende la Caja de Crédito Prendario, a fin de que ordene hacer una investigación, con el objeto de aclarar lo ocurrido, porque son cientos las personas afectadas. Cabe hacer presente que por razones muy apremiantes y aflictivas esas personas se vieron en la necesidad de empeñar joyas y objetos muy queridos, confiadas en que se respetarían los plazos establecidos durante años; sin embargo, sin aviso previo, fueron informadas de que, lamentablemente, sus pertenencias habían sido rematadas. Por esa razón, solicito que el ministro disponga la instrucción de un sumario. No sé cual es la forma más adecuada para investigar la situación anormal producida y que ha afectado a tanta gente. Con el objeto de darle información y ver de qué manera es posible reparar los perjuicios ocasionados por esta medida administrativa. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría al ministro del Trabajo y Previsión Social, del que depende la Caja de Crédito Prendario. Además, se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Von Muhlenbronck y de quien preside. INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA EN EL SERVICIO MILITAR. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Defensa Nacional, con el objeto de felicitar al subsecretario de Defensa, señor Gonzalo García, y al director general de Movilización Nacional, por el trabajo que han desarrollado con la legislación que el Congreso Nacional aprobara en relación con el servicio militar. Las nuevas disposiciones han dado como resultado bastantes avances, que inciden sustancialmente en la relación voluntariedad y obligación. Según el dato de 21 de agosto, para un contingente de 16 mil ó 17 mil personas, se han inscrito 12 mil y tantos voluntarios hombres y 3 mil y tantas voluntarias mujeres. Esto no significa que esté cubierto el número que corresponde, porque la relación entre los inscritos para cumplir el servicio es dos a uno. Por lo tanto, se necesitan casi 30 mil postulantes para conseguir los 15 mil que se requieren. Pero esto es fruto de una extraordinaria modificación. Este año corresponde llamar a alrededor de 146 mil personas. Lo interesante es que la cifra que doy corresponde a voluntarios. O sea, para el servicio militar el 2007, se han inscrito voluntariamente, sin que impere la obligatoriedad del servicio militar, a la fecha de anteayer, 12.600 hombres y 3.300 mujeres. Lo interesante es ver algunas particularidades, como las que ocurren en comunas. Obsérvese la diferencia; mírese que notable: en La Unión, el 19 por ciento del contingente que debía inscribirse es voluntario; en Providencia, en cambio, es el 1,62. En La Unión, el 19; en Victoria, el 48; en Angol, el 22; en Las Condes, el 1,21; en Los Andes, el 13,5; en Santiago, casi el 7 por ciento; en Melipilla, el 21; en Talagante, el 19; en Los Angeles, el 19, casi el 20. Y así sucesivamente. Hay diferencias en las comunas. En una cámara política, es interesante destacar que no es extraño. Basta una mirada de fondo de ciertos sectores sociales y políticos para entender lo que significa la participación en las Fuerzas Armadas. La razón de los jóvenes voluntarios que han decidido hacer el servicio puede ser variada. Puede ser una mezcla entre cesantía y patriotismo, entre búsqueda de oportunidades de futuro e interés por la institución; entre los valores castrense y la necesidad de abrirse paso a otras tareas para el día de mañana, etcétera. Pero, en esa combinación, siempre existe la valoración de los jóvenes por participar en las Fuerzas Armadas. En cambio, en Providencia y Las Condes, alrededor del uno por ciento. Es parte de la historia, porque aunque nuestras Fuerzas Armadas, por decisión de quienes las comandaban en 1973 se colocaron del lado de la Derecha y del Centro y hubo una intervención, el camino que hoy tienen es distinto, separado, enmarcado en su misión de Estado. Si toman decisiones políticas son individuales y no como cuerpo, porque la ciudadanía les entregó armas para participar en la seguridad de la nación. Por lo tanto, no pueden participar del debate: ellos con armas y el resto con el voto. Sin embargo, para esas Fuerzas Armadas, la Derecha tiene esa adhesión que se expresa en sectores habitualmente derechistas. Alrededor del uno por ciento en Providencia y en Las Condes de voluntariedad, comparado con el 20 por ciento en La Unión. Pero, no es nuevo. Ya en 1921, el propio Gonzalo Vial, en su historia de Chile de ese período, dice: “Los valores castrenses parecían anacrónicos a la aristocracia. Los valores del profesionalismo, la rígida disciplina, el depósito de indiscutibles gloria históricas, el amor por el orden y la jerarquía, la concepción de una sociedad solidaria, a la aristocracia le parecían inútiles y la oficialidad del Ejército carecía de vínculos afectivos.” Sin embargo, le encargaban al Ejército el trabajo sucio. No ocurre sólo a finales del siglo XX. Vuelvo a leer: Providencia tiene el uno por ciento de voluntarios; Las Condes, el uno por ciento de voluntarios, Los Ángeles, Los Andes y todo el resto de las comunas se acercan al 9 ó al 10 por ciento; y en algunos casos al 20, 30 y hasta al 40 por ciento. La mirada histórica y política ha sido de parte de la Derecha lo que Gonzalo Vial muy bien llamaba, en los tiempos de Arturo Alessandri, “el encargo del trabajo sucio para preservarle la paz en el día de las elecciones, de manera de permitir un cohecho desenfrenado e impune.” Que le cuiden la posibilidad de hacer cohecho. El caso de la famosa elección de Olavarría es una interesante lección histórica que vale la pena tener presente a la hora de entender esa relación despectiva y de utilidad que mantuvo la Derecha. La Izquierda, no carente de errores, ha tenido su propia mirada en la historia de Chile hacia los militares. Pero si de asuntos de interés nacional se trata para hablar en la hora de incidentes, debo recalcar este valor que le doy al nuevo fenómeno del servicio militar predominantemente voluntario y a la relación con la historia del país. Arturo Alessandri dice que él tenía absoluta inocencia y le echa la culpa a Olavarría: “Me excuso del entusiasmo, fue una debilidad con él, su juventud el día de la elección hizo que le diera algunas órdenes a oficiales subalternos que resultaron en abusos de autoridad y de la fuerza.” Vial dice: “Descarada intervención militar, entraron a caballo para lograr que triunfara en la elección el alessandrismo.” Y añade: “La consecuencia fue que el Ejército resintió este descrédito.” Para este nuevo Ejército, tenemos el compromiso de apuntar a su tarea central. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión del diputado Jaramillo y del que preside. RECHAZO A RESPUESTA GUBERNAMENTAL SOBRE CUPOS DE TRABAJO EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero expresar mi molestia por las respuestas del ministro y del subsecretario del Trabajo en relación con la grave cesantía que existe en las ciudades con menos de 40 mil habitantes de la Décima Región de Los Lagos: Río Bueno, Panguipulli, La Unión, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco, Paillaco y otras. En oficio N° 742, se me respondió que el señor subsecretario del Trabajo ofreció cobertura para dicha región, sin abundar sobre el porqué no se considera a las ciudades con menos de 40 mil habitantes fue la pregunta mediante oficio en las encuestas del INE. Lamentablemente, en la Décima Región la cesantía es inmensa. Por eso, como lo he dicho en intervenciones anteriores con la respectiva solicitud de oficio, he querido sacar del error a las autoridades del Ministerio del Trabajo. Las industrias salmoneras dan trabajo a gran cantidad de personas que llegan de otros lugares del país y, por supuesto, de la Décima Región. Pero no pueden absorber la cesantía del sur de Chile, que afecta a miles de jefes y jefas de hogar. Considero que la respuesta del ministro y del subsecretario del Trabajo no es adecuada. A pesar de haber conversado personalmente con ellos, dejan sin responder una petición escrita formulada por un diputado a través de la Cámara. Por lo tanto, pido que sean más explícitos en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuántas plazas de trabajo y en qué estadísticas se basan para asignar cupos con fondos del Estado, a fin de paliar la grave cesantía en las ciudades mencionadas en esta intervención y en las anteriores? Exijo urgencia en las respuestas, debido a que el invierno es muy crudo todavía en el sur y existe una tremenda cesantía que no ha sido considerada. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión del diputado Von Mühlenbrock y del que habla. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.59 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA Moción de los diputados señores Estay, Bauer, Lobos, Norambuena, Rojas, y de la diputada señora Turres, doña Marisol. Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, garantizando el derecho del usuario a perseguir el cumplimiento de las obligaciones contratadas por el proveedor. (boletín N° 445203) “Considerando que: 1.El desarrollo de la actividad comercial ha ido tomando nuevas formas, muchas de ellas impersonales, como por ejemplo las compraventas por Internet. 2.Sin embargo, el acto de realizar una compraventa sigue siendo esencialmente humano, es decir se lleva siempre a cabo en interés final de dos o más personas naturales. 3.Aunque las partes en los actos de comercio sean personas jurídicas, ello no obsta a que el beneficiario final del uso de un bien o servicio sea siempre una persona natural. 4.La libertad de comercio es uno de los pilares de las economías occidentales modernas. 5.Pese a lo anterior, en muchos casos no existe igualdad relativa entre las dos partes de un acto de comercio, en el sentido de que el usuario o consumidor de bienes finales tiene como contraparte a un ente comercial más poderoso que él. 6.Por lo anterior, en Chile la defensa de los derechos del consumidor debió ser regulada de manera sistemática en la ley 19.496, llamada genéricamente “Ley del Consumidor”. 7.Sin embargo, ésta debe ser permanentemente mejorada y complementada, a medida que la rica vida del mundo del comercio de bienes finales se desenvuelve y evoluciona, generando nuevas necesidades. 8.El concepto de información básica comercial definido en la señalada “Ley del Consumidor” no contempla elementos tan imprescindibles corno el domicilio y representante legal del proveedor. 9.Debe regularse el derecho del usuario a exigir ser atendido personalmente y no sólo por medio de dispositivos virtuales como correos electrónicos o centros de llamada telefónica, en particular ante casos de reclamo a realizar frente al proveedor. 10. Muchas veces los proveedores cambian de domicilio, imposibilitando su ubicación por parte de los usuarios, convirtiendo así en letra muerta los plazos de garantía de los productos que les han vendido. 11. La “Ley del Consumidor” no exige al proveedor que opera por vía electrónica identificar su domicilio ni su representante legal. 12. Las carencias señaladas en los cuatro numerandos precedentes informan una situación de deshumanización y desprotección del usuario en los actos de comercio. Venimos en presentar el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo 1°. Modificase la redacción del inciso tercero del numeral 3° del artículo 1° de la Ley N° 19.496, insertando entre las expresiones “...normas legales y reglamentarias, “y”la identificación del bien o servicio… “, la oración “ el domicilio y nombre del representante legal de proveedor,” Artículo 2°. Eliminase del final de la letra e) del artículo 3° de la Ley N° 19.496 la coma y la conjunción y (“,y”), y reemplácesela por un punto y coma (;) Artículo 3°. Reemplácese la actual letra f) del artículo 3° de la Ley N° 19.496, por la siguiente: “El ser siempre atendido personalmente por empleado o representante del proveedor, al ejercer los derechos establecidos en el párrafo 5° del titulo 11 de la presente ley, y”, de modo que la actual letra f) pase por ende a ser letra g). Artículo 4°: Agréguese, a continuación del punto aparte del inciso quinto del artículo 21 de de la Ley N° 19.496, que pasa por ende a ser punto seguido, lo siguiente: “En caso de ausencia del vendedor por cualquiera de las razones señaladas, el usuario podrá también hacer efectiva la acción en contra de quien, a la fecha de celebración del contrato, fuera representante legal de aquel.” Artículo 5°: Agréguense los siguientes incisos séptimo y octavo al artículo 21 de la Ley N° 19.496, de manera que los actuales incisos séptimo y octavo pasan a ser noveno y décimo, y los que siguen en el orden sucesivo: “Para el caso de cambiar de domicilio, y mientras permanezcan vigentes los plazos de garantía que eventualmente aún pudieren operar, el proveedor deberá disponer, en la ciudad sede del mismo local donde se efectuó la venta o desde el cual ella se dirigió, un empleado o representante facultado de atender personalmente los requerimientos que los consumidores o usuarios de sus bienes o servicios puedan plantear en materia de responsabilidad y garantía. Para la consecución de lo anterior, el proveedor deberá informar mediante una publicación en un diario de circulación regional el nombre del representante y el domicilio legal de este último, dentro del quinto día hábil siguiente al cambio de domicilio, debiendo además enviar copia inmediata de la misma, a la Oficina Regional del Servicio Nacional del Consumidor. Artículo 6°: Eliminase el punto aparte (.) del final del segundo inciso del artículo 32 de la Ley N° 19.496, cambiándolo por una coma (,), y agregando a continuación: “así como el nombre y domicilio de su representante legal, para efectos de lo establecido en el párrafo 5° del Título II y el Título IV de esta ley.” Moción de los diputados señores Rossi, De Urresti, Monsalve, Núñez, Robles, y de la diputada señora Tohá, doña Carolina. Extiende a la sangre el régimen jurídico de protección y tutela que establece la ley transplante de órganos. (boletín N° 445311) 1.Antecedentes.- Considerando el hecho público y notorio, a partir del cual varios menores han sido afectados gravemente por sangre contaminada, en una serie de hechos irregulares, cometidos desde bancos de sangre de hospitales públicos a clínicas privadas, que hasta al momento han generado una serie de investigaciones sobre un eventual tráfico de sangre, hacen necesaria la revisión del estatuto jurídico actual en la materia. Es así que la Ley N° 19.451, sobre Transplante y Donación de Órganos, entre otras materias, sanciona penalmente a quien comercialice sus propios órganos o a terceros que así lo hagan. Así como también sanciona a quien pague u ofrezca pagar por ellos. Las disposiciones que regulan esta materia se basan, entre otras razones, en el hecho que toda donación debe ser libre, voluntaria y siempre deben corresponder a un acto de generosidad. Motivo por el cual es necesario precisar y determinar con exactitud que conductas se regulan por la presente ley y, consecuencialmente, cuales son las conductas que se desvaloran y sancionan penalmente. Debemos señalar que es necesario considerar a la sangre como un órgano o tejido, a fin que su eventual susceptibilidad de ser objeto de comercialización sea regulado adecuadamente, y en forma uniforme a fin de evitar conductas atentatorias con la salud pública queden precisamente delimitadas. 2.Ideas Matrices.- El presente proyecto de ley tiene por objeto hacer aplicable a la sangre el régimen jurídico establecido por la Ley de Transplante y Donación de órganos, por cuanto existe un vacío de carácter legal que no permite determinar correctamente el estatuto jurídico aplicable en el caso de la sangre. Es así que se propone que para los efectos de la referida ley, le resulte aplicable el mismo estatuto jurídico de los órganos. Es por eso que en razón de lo anteriormente expuesto vengo en proponer el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo único. Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo I° de la Ley N° 19.451 del siguiente tenor: “Para los efectos de esta ley, la sangre será considerada un órgano o tejido, siéndole aplicables a ésta el estatuto jurídico establecido en esta ley para éstos”. Moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bobadilla, Correa, García, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia. Modifica el artículo 25 del Código del Trabajo. limitando a cinco horas continuas de trabajo a los auxiliares de locomocion colectiva interurbana. (boletín N° 445413) “Considerando: 1.Los auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y de ferrocarriles cumplen un rol fundamental, que es el de entregar un servicio integral a los pasajeros. 2.Del mismo modo, como el cansancio que les produce a los choferes de locomoción colectiva interurbana la extensión de las jornadas de conducción, los auxiliares de a bordo, cumplen también una agotadora función. De atención a los pasajeros, de limpieza y de asistencia al conductor de la máquina entre otras. 3.Que si bien la ley laboral establece que los chóferes no podrán manejar más de cinco horas seguidas, muchas veces esta norma no se cumple. Lo mismo pasa con los auxiliares tanto de este tipo de movilización como de ferrocarriles, a quienes no se les respeta su horario de trabajo. 4.Que los auxiliares de estos medios de transporte, que destacan por ser los encargados de entregar distintos servicios a los pasajeros, muchas veces pasan bastante más de ocho horas trabajando en la incomodidad de estos medios de transporte, lo que deja entrever una falta de preocupación por las condiciones en que laboran. 5.Que el descanso es un bien ineludible que cualquier trabajador tiene derecho a exigir, y para el caso de los auxiliares de buses y ferrocarriles ésta no puede ser una excepción, máxime considerando los parámetros de seguridad implícitos en esta actividad, PROYECTO DE LEY Artículo único: Agregase el siguiente nuevo inciso quinto al artículo 25 del Código del Trabajo: “Asimismo, en ningún caso el personal auxiliar de la locomoción colectiva interurbana y de ferrocarriles que labora a bordo podrá trabajar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberán tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas”. Moción de los diputados señores Estay, Arenas, Bobadilla, Correa, García, y de la diputada señora Herrera, doña Amelia. Modifica el artículo 25 del Código del Trabajo, extiendo el descanso de dos horas para conductores de trenes de carga, pasajeros y metro. (boletín N° 445513) “Considerando: 1.Que la experiencia y la práctica indujo, por motivos de seguridad, al legislador a limitar la duración de la jornada laboral de los choferes de locomoción colectiva interurbana a un máximo continuo de cinco horas, tras las cuales deben descansar dos horas como mínimo. 2.Que quienes conducen trenes, sean éstos de carga, pasajeros o metropolitanos (Metro) padecen similares tensiones y riesgos que los choferes de locomoción colectiva interurbana. 3.La seguridad es un derecho fundamental de las personas, y en este sentido el traslado de pasajeros es una función de gran importancia social, por ello los choferes tiene la obligación de tener un descanso acorde a la responsabilidad que acarrea conducir un vehículo con pasajeros. 4.Quienes trabajan en el rubro de la movilización, a cargo de la vida de personas, el derecho a descansar es fundamental en su jornada diaria. 5.Si bien la ley laboral regula la situación del chofer de la locomoción colectiva y de carga terrestre interurbana, es necesario hacerla extensiva a los casos planteados en el considerando segundo. PROYECTO DE LEY Artículo único: Reemplácese la redacción vigente del inciso cuarto del artículo 25 del Código del Trabajo por la siguiente: “En ningún caso el conductor de un tren de carga, pasajeros o metropolitano, el chofer de la locomoción colectiva interurbana o el de vehículos de carga terrestre interurbana podrá manejar más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de dos horas”. Moción de los diputados señores Montes, Duarte, Encina, Lorenzini, Ortiz, Robles, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana. Precisa el sentido y alcance del término habitación en el inciso tercero del artículo 21 decreto ley N° 910, de 1975. (boletín N° 445714) “Vistos: Lo dispuesto en el artículo 1º, 19º numerales 2º y 20º, 21º y 22º y 63º numeral 20) de la Constitución Política de la República; en el artículo 20º del Código Civil, en los Decretos Leyes 910 de 1975 y 2.552 de 1979, que deroga el Decreto Ley N° 1.088 de 1975 y transfiere al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo los programas de “viviendas sociales”, modifica el Decreto Ley N° 1.519, de 1976, define las “viviendas de emergencia” y señala competencia de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior; en el D.F.L. 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; en las leyes 18.630, que incorpora la actividad de la construcción al Impuesto al Valor Agregado, contenido en el Decreto Ley N° 825, de 1974 y modifica otras disposiciones legales; 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa; 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria y 19.622, que establece la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales y en el Decreto 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Considerando: 1.Que la construcción es una actividad muy importante para el desarrollo del país, tanto en cuanto a la creación de espacios destinados a la actividad productiva, servicios y habitación que involucra como en cuanto a la generación de empleo e inversión. 2.Que dicho rubro presenta un comportamiento cíclico respecto a la expansión del Producto Interno Bruto. El sector construcción está fuertemente condicionado por la variación de la actividad económica general, presentando habitualmente tasas de crecimiento más elevadas que dicho indicador en períodos de crecimiento, en tanto sus contracciones son mayores en épocas de recesión. Todo ello como consecuencia de su dependencia de las tasas de interés y de las variaciones en los ingresos y conductas de los compradores. 3.Que atendiendo a dichos factores, la construcción es un área importante en cualquier política reactivadora en tiempos de crisis, introduciéndose, ocasionalmente, estímulos directos a la oferta y más habitualmente, incentivos a la demanda, que permiten una mejor focalización y cumplimiento de objetivos sociales. 4.Que una muestra de ello lo constituyen diversas disposiciones legales dictadas en el país en los últimos años y que tienden a fomentar la construcción, entre las cuales puede destacarse, en uno y otro sentido, el D.L. 910, de 1975 y sus modificaciones posteriores, que junto con incorporar a la actividad al Impuesto al Valor Agregado, establece un importante beneficio en la materia y la ley 19.622, que establece la deducción de los dividendos hipotecarios de la base imponible del impuesto a la renta que afecta a las personas naturales. 5.Que en la actualidad, la construcción se encuentra aún recogiendo los positivos efectos de las medidas dictadas en los últimos años a nivel sectorial y de la reactivación general de la actividad económica que se aprecia en el país y que se expresan en el mejoramiento de sus principales factores de crecimiento, como son: el incremento en el ingreso disponible de los compradores y su mayor confianza y disposición al gasto. Por su parte, las tasas de interés llegaron en años recientes a mínimos históricos y si bien se han incrementado en los últimos meses, permanecen en márgenes razonables. 6.Que ello ha posibilitado cifras claramente alentadoras. Así, por ejemplo, la superficie edificada autorizada, referida a vivienda, registró el 2003 un incremento de un 22.4%, luego de varios años de indicadores negativos y se espera, también, números positivos para el presente año. Lo mismo se desprende del PIB por área de actividad económica, siendo, en ese caso, también el año 2003 el que marca definitivamente el fin del ciclo negativo, con un crecimiento promedio del 3.8 %, guarismo que con pocas alteraciones se mantiene en los primeros trimestres del presente año. En último término, el empleo confirma lo señalado, ya que, luego de la brusca caída iniciada en 1998, los indicadores de ocupación alcanzan hoy un nivel intermedio, con clara tendencia positiva. 7.Que lo anterior permite abrir espacios de análisis y discusión respecto de ciertas situaciones anómalas y distorsionadoras existentes, que evidentemente no era posible ni conveniente atender en una situación más desmejorada, pero que hoy resulta un imperativo con miras a una óptima utilización de los recursos públicos. 8.Que entre ellas destaca, por su incidencia presupuestaria, la aplicación del Decreto Ley 910 de 1975, luego de la modificación introducida por la ley 18.630. Dicha disposición permite a las empresas constructoras obtener la recuperación del 65 % del Impuesto al Valor Agregado, pudiendo deducirlo de los pagos provisionales mensuales de dicho tributo y, en caso que aún resultare un remanente, imputarlo a otras obligaciones tributarias de retención o recargo y, en último término, al impuesto a la renta. La franquicia señalada representa un enorme impacto financiero para el Fisco. El Servicio de Impuestos Internos ha calculado su costo anual para el erario nacional en 169, 182, 191 y 290 millones de dólares, respectivamente, para los años 2002, 2003, 2004 y 2005, constituyendo cerca de un 3 % de la recaudación efectiva del Impuesto al Valor Agregado y un 0.25 % del PIB. Para el año 2006, pese al moderado retroceso en la actividad, las proyecciones coinciden en que el gasto fiscal asociado al beneficio continuará incrementándose llegando a unos US$ 390 millones. La cuantía de lo deducido de otros tributos como consecuencia de la aplicación del beneficio, desde 1987, alcanzará, entonces, casi 3000 millones de dólares. Ella resulta cuestionable, además, como instrumento de fomento a la actividad, la que ha enfrentado ciclos positivos y negativos que escapan a su aplicación y que se explican por otros factores aludidos en los numerales precedentes. 9.Que es por ello evidente que la aplicación de la norma ha excedido notoriamente sus objetivos originales, como consecuencia de la amplitud y ambigüedad de la expresión que le sirve de base. En efecto, el artículo 21 del Decreto Ley 910 de 1975 establece que serán titulares del beneficio en comento las empresas constructoras respecto del Impuesto al Valor Agregado que deban determinar en la venta de bienes corporales muebles para “habitación”. El inciso tercero, por su parte, precisa que deberán entenderse comprendidas en ella “las dependencias directas, tales como estacionamientos y bodegas amparadas por un mismo permiso de edificación o un mismo proyecto de construcción, siempre que el inmueble destinado a la habitación propiamente tal constituya la obra principal del contrato o total contratado.” De este modo, el concepto sustantivo es el de habitación, el que puede entenderse en formas muy diversas, más aún cuando, según la disposición reseñada precedentemente, basta con que sea objeto principal en el permiso o proyecto para que involucre, además, diversas obras anexas. Forzoso es destacar su relación ineludible con la noción de vivienda, definida en el artículo 1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Decreto 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como “edificación o unidad destinada al uso habitacional.” Así, en un sentido amplísimo, habitación puede entenderse como cualquier tipo de construcción destinada a servir de vivienda, independientemente de su extensión, de los grupos familiares que puedan albergarse en ella y de las dimensiones y servicios que le complementen, siempre que sean un objeto accesorio y no principal. En el otro extremo, en un sentido más restrictivo se pronuncia el Decreto Ley 2552, de 1979, cuyo artículo 3º define un tipo de habitación, la vivienda social, como “la vivienda económica de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cualquiera que sean sus modalidades de construcción o adquisición, y cuyo valor de tasación no sea superior a 400 Unidades de Fomento.” Situaciones intermedias de aplicación del concepto habitación o su símil, vivienda, tenemos en el artículo 162 del D.F.L. 458, Ley General de Urbanismo y Construcción y en el artículo 40 de la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria. La primera disposición se refiere a las viviendas económicas, las que reseña como “las que tienen una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y reúnan los requisitos, características y condiciones que se determinan en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1959, en la presente ley y en el Reglamento Especial de Viviendas Económicas.” En tanto, la segunda norma aludida, a partir del concepto de vivienda social del D.L. 2552, permite ciertas ampliaciones y modificaciones, entendiendo por tales “las viviendas económicas de carácter definitivo, destinadas a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, cuyo valor de tasación no exceda en más de un 30% el señalado en el Decreto Ley Nº 2.552, de 1979.” (vale decir, 520 Unidades de Fomento) 10. Que las disposiciones aludidas son algunas anteriores y otras posteriores a la Ley 18.630 y que, por tanto, se requiere una urgente precisión en torno al correcto sentido y alcance del concepto de habitación, de modo de evitar que puedan entenderse comprendidas en él viviendas que exceden largamente las características de una de uso normal y dependencias complementarias que, siendo accesorias y no principales, se alejan de su objeto fundamental. 11. Que lo anterior no significa afectar, en ningún modo, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 del Decreto Ley 910 que favorece, indirectamente, a ciertas instituciones de beneficencia, pues a su respecto no tiene incidencia el concepto de “habitación”, siendo la franquicia aplicable, en ese caso, a los contratos generales de construcción sin señalar la finalidad del inmueble. 12. Que la distorsión producida por efecto de esta franquicia es reconocida por el Ministerio de Hacienda. Así, el Informe de la Hacienda Pública del año 2005, indica que ha perdido justificación y está mal focalizada, siendo conveniente reemplazarla por instrumentos que favorezcan la adquisición de primeras viviendas por parte de los sectores más necesitados. El análisis contenido en dicho texto es preocupante al manifestar que del total de recursos anuales a que el Fisco renuncia como consecuencia de esta excepción, un 55.3%, vale decir $ 70.304 millones se dirigen a la adquisición de viviendas de más de 2000 UF, vale decir accesibles sólo al 15 % de la población de mayores ingresos. La magnitud de esta distorsión en la focalización es notoria cuando se advierte que esta suma equivale a 46.000 subsidios habitacionales únicos, de aquéllos a los que acceden los tres quintiles de menores ingresos del país. El Informe citado concluye expresando que la “validez de las justificaciones de política pública (que motivan dicho incentivo) son actualmente pertinentes sólo para las familias de menores recursos.” Se agrega que “resulta más eficiente la entrega de subsidios focalizados para la adquisición de primeras viviendas” y se concluye que reemplazando la franquicia por dichos subsidios focalizados que sólo excluyesen al 15 % más rico de la población, se dispondría de cerca de $ 70.300 millones anuales. 13. Que, aparece razonable, entonces, establecer un límite para entender las viviendas como destinadas a la “habitación” y susceptibles, en consecuencia, de acogerse a la excepción referida, el que los autores de este proyecto estimamos en 1000 Unidades de Fomento. 14. Que lo anterior motivaría una importante corrección en la focalización de los recursos públicos, constituyendo un ahorro fiscal que debiera ser reinvertido en materia de vivienda social, tanto en la ampliación y mejoramiento de los planes existentes como en la reparación de conjuntos construidos en décadas anteriores y que presentan grados significativos de deterioro. 15. Que una iniciativa similar fue presentada a discusión parlamentaria en Diciembre del 2004, resultando rechazada en general en la sesión del 16 de Agosto del 2005, habiendo, por tanto, transcurrido el plazo prescrito en el artículo 68 de la Carta Fundamental. Por lo anterior, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente. PROYECTO DE LEY Artículo único: Reemplácese el inciso tercero del artículo 21 del Decreto Ley 910 de 1975, por el siguiente: “Para los efectos de este artículo, se entenderá por “habitación”, toda construcción destinada a dicho fin, cuyo valor de tasación no sea superior a 1000 Unidades de Fomento, incluyendo en dicha suma las dependencias directas, tales como estacionamientos y bodegas amparadas por el mismo permiso de edificación o un mismo proyecto de construcción, siempre que el inmueble destinado a la habitación propiamente tal constituya la obra principal del contrato o del total contratado.”