REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 101ª, en miércoles 22 de noviembre de 2006
(Ordinaria, de 10.38 a 14.44 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; 
Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriaga, don José.
Presidencia accidental de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Acuerdo de los Comités para requerir un pronunciamiento de la Comisión de Ética11
Autorización a Comisión investigadora de Chiledeportes para sesionar simultáneamente con la Sala14
V.Orden del Día. 
Reajuste de remuneraciones para el sector público. Primer trámite constitucional14
Extensión de asignación de especialidad al grado efectivo a funcionarios 
civiles de Carabineros de Chile. Segundo trámite constitucional40
VI.Proyectos de acuerdo.
Medidas de protección de recursos marinos43
Creación de comuna de Lican Ray46
VII.Incidentes.
Construcción de accesos para discapacitados en edificios públicos. Oficios50
Estudio de factibilidad de creación de comuna de Coñaripe. Oficio51
Petición a la Contraloría General de la República sobre presentación de Club de Deportes Temuco. Oficio51
Información sobre denuncias de empleos “brujos” en la Undécima Región. Oficios52
Comunicación a postulantes sin derecho a pensión asistencial. Oficios53
Autorización a cruceros transoceánicos para operar en zonas turísticas 
australes. Oficios54
Información sobre venta de edificio Diego Portales. Oficio55
Resultados de estudio para alternativas a obras viales en ejecución en 
Santiago55
Pronunciamiento sobre regulación legal para instalación de antenas de telefonía móvil. Oficio56
Antecedentes sobre instalación de plantas de molienda de conchuelas en Caldera. Oficios57
Deficiencias y carencias del Servicio Médico Legal de Valdivia. Oficios58
Pág.
Antecedentes sobre eventual negligencia médica en consultorio de Frutillar. Oficio59
Resultado de sumario a funcionario de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt. Oficio59
Diferencia tarifaria de agua potable en Región de Atacama. Oficios59
Carta a Presidenta de la República sobre consulta ciudadana en Osorno. 
Reconocimiento a promotores del acto cívico. Oficios60
Patrocinio a proyecto de ley para crear comuna de Coñaripe. Oficios62
VIII.Documentos de la Cuenta. 
1.Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia de “discusión inmediata”, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica. (boletín N° 468105)64
2.Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que extiende la asignación de especialidad al grado efectivo a funcionarios de Carabineros de Chile. (boletín N° 462002) (S)73
3.Moción de los diputados señores Bustos, Burgos, Ceroni, Díaz, don Marcelo; EnríquezOminami, Jiménez y Leal, que modifica el régimen de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces, de los títulos relativos a derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles. (boletín N° 468707)76
4.Moción de los diputados señores Vargas, Becker, Delmastro, Galilea, 
García, y de las diputadas señoras Herrera e Isasi, que modifica el artículo 57, sobre inhabilidades para ser candidato a diputado o senador. (boletín 
N° 468807)78
5.Moción de los diputados señores Núñez, Chahuán, Lobos, Quintana, Robles, Rossi, Sabag, Sepúlveda, don Roberto; Silber, y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, referido a la modernización de la receta médica (boletín 
N° 468911)79
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento copias autorizadas de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado de los siguientes expedientes:
6.Rol N° 5192006, que incide en las causas roles N° 2.4332005, 1.8982004, 1.4522003, 4962004 y 5.0582005, del Séptimo Juzgado del Trabajo de Santiago, (Oficio N° 460)82
7.Rol N° 5402006, que incide en las causas roles 67301999, del 7° Juzgado del Trabajo de Santiago, N° 30622001 y 46512000, del 2° Juzgado del Trabajo de Santiago, N° 6962000del 7° Juzgado del Trabajo de Santiago, Rol N° 59152001 del 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, rol N° 11032003 del 8° Juzgado del Trabajo de Santiago y N° 36072002 del 5° Juzgado del Trabajo de Santiago, (Oficio N° 463)85
Pág.
8.Rol N° 5682006, que incide en los autos RIT N° 623006, del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, solicitando se declare inaplicable el artículo 416 inciso N° 2° del Código de Procedimiento Penal, (Oficio N° 466)89


IX.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Oficios:
De la Comisión Especial Investigadora de Chiledeportes por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como presidente al diputado señor Monckeberg. 
Del Presidente de la Corporación por el cual comunica que ha accedido a la invitación del Parlamento Andino para participar en el XXIX Periodo de Sesiones que se efectuará en Bogotá, Colombia, entre los días 27 y 29 de noviembre, y al que concurrirá en misión oficial junto a los Diputados señores Venegas, don Samuel y Von Mühlenbrock, con motivo de la reincorporación de Chile a la Comunidad Andina de Naciones, en calidad de Miembro Asociado, mandatado para iniciar una ronda de diálogos con el objeto de definir la participación parlamentaria en dicha instancia internacional, e intervenir en el plenario con el tema sobre “Políticas públicas, cohesión social y Tratados de libre comercio”. 
Contraloría General de la República:
Diputado Rojas, propiedad de terrenos en que se construyó la segunda etapa de la población Gamelín Guerra, de Mejillones. 
Diputado Hernández, terminación de obras de electrificación en San Juan de la Costa, proyectos Monte Verde, Rucapihuel, Loma de la Piedra, Pupanquemo, PucomoPastal, Parpalen, Quemeumo, AmpemoLafquenmapu y Casa de Lata. 
Ministerio de Interior:
Diputada Sepúlveda, doña Alejandra, proyectos de agua potable rural en Sexta Región. 
Diputado Monckeberg, don Nicolás, acuerdo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Asociación de Empleados Municipales de Chile en relación con asignación de título profesional. 
Diputado Jaramillo, listado de proyectos ejecutados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la provincia de Valdivia, en los años 2003, 2004 y 2005. 
Diputado Ceroni, invitaciones a parlamentarios por parte de autoridades de Gobierno en visitas a terreno. 
Diputado Martínez, central hidroeléctrica en Ñuble. 
Diputado Espinoza, don Fidel, proyecto de ley que crea la Región de Los Ríos. 
Diputado Bobadilla, ayuda a damnificados de comunas de la Octava Región. 
Diputado Norambuena, ayuda a damnificados de la Octava Región y sobre cauce de los ríos. 
Diputado Silber, robo de cable de tendido telefónico y eléctrico. 
Diputado Ascencio, terminar represión contra estudiantes secundarios. 
Proyecto de Acuerdo N° 118, incorporar las comunas consideradas como “áreas de frontera interior” a plan especial de desarrollo que indica. 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Diputado Mulet, recursos del servicio de cooperación técnica para micro y pequeños empresarios de la Región de Atacama. 
Ministerio de Hacienda:
Diputado Espinoza, don Fidel, deuda tributaria del señor Antonio Rebhein Carrillo, contribuyente de la Décima Región de Los Lagos. 
Diputado Galilea, roles exentos y no exentos de pago de impuesto territorial en la provincia de Capitán Prat. 
Proyecto de Acuerdo N° 48, exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al libro o a una tasa impositiva diferenciada. 
Proyecto de Acuerdo N° 170, proyecto de ley general de puertos. 
Proyecto de Acuerdo N° 19 y 86, deuda histórica que el Estado mantiene con los profesores. 
Ministerio de Educación:
Diputado Delmastro, contratos celebrados por Junaeb en Valdivia. 
Ministerio de Justicia:
Diputado Burgos, razones por las que no está funcionando de manera completa el 12º Juzgado de Garantía de la Región Metropolitana. 
Ministerio de Defensa Nacional:
Diputado Estay, instalación de retén con dotación permanente en localidad de Quino, comuna de Victoria, Novena Región. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, mayor vigilancia policial en la Villa Desco de la comuna de Maipú. 
Diputado Sepúlveda, don Roberto, investigación sumaria administrativa en Hospital de Carabineros. 
Diputada Pascal, crear una comisaría en Peñaflor. 
Diputado Forni, sobre cesación de servicios del funcionario de carabineros señor Carlos Paez Valencia. 
Diputada Turres, colaboración del Regimiento de Infantería N° 12 Sangra en un concierto del grupo musical Intillimani. 
Ministerio de Obras Públicas:
Diputado Monckeberg, don Nicolás, reparación del puente Gaona, comuna de San Carlos. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
Diputado Chahuán, instalar centro de pago de pensiones del Instituto de Normalización Previsional en Concón. 
Diputado Norambuena, sobre modificación de dependencia de programas de generación de empleo en comuna de Lota. 
Diputado Jaramillo, antecedentes sobre cupos de trabajo con fondos del Estado, programa de comunas que componen Distrito 54. 
Diputado Quintana, sobre muerte de cinco trabajadores chilenos en Portugal y situación en que quedan familias. 
Diputado Delmastro, información respecto de póliza de seguro denominada “Renta Vitalicia Inmediata”. 
Ministerio de Salud:
Diputado Robles, creación de centro de acogida y centro kenésico para el adulto mayor en Huasco y Vallenar, respectivamente. 
Diputada Pacheco, sobre planta Central Bocamina, de Endesa, comuna de Coronel. 
Proyecto de Acuerdo N° 84, proyecto de ley que modifique ley N° 19.378, para permitir la incorporación de un médico veterinario en los establecimientos de salud primaria municipal. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Diputado Robles, aprobación de proyecto minero que afecta recurso hídrico. 
Diputado GarcíaHuidobro, sitios contaminados a lo largo del país. 
Diputado Von Mühlenbrock, antecedentes de la Empresa Tresol, especialmente la suspensión de sus actividades en el vertedero ubicado en el sector de Cachillahue. 
Diputado Espinosa, don Marcos, información sobre el alto nivel de contaminación que presentan las ciudades de Calama y Chuquicamata. 
Diputada Isasi, denuncia estafa relativa a reconocimiento de derechos previsionales a trabajadores del Programa de Empleo Mínimo y Programa Ocupacional para Jefes de Hogar. 
Municipalidad de Purranque:
Información de resultado Consulta Ciudadana realizada en la comuna de Purranque.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Nogueira Fernández, Claudia
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Paredes Fierro, Iván
--Pascal Allende, Denise
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Súnico Galdames, Raúl
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Tuma Zedan, Eugenio
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, los ministros de Hacienda, don Andrés Velasco, y del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade.
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señora Carolina Goic y señor Marcos Espinosa. 
En misión oficial no estuvo presente el señor Carlos Olivares Zepeda.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.38 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 96ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 97ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. 


IV. CUENTA

El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la cuenta. 


ACUERDO DE LOS COMITÉS PARA REQUERIR UN PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA.

El señor LOBOS.- Señor Presidente, quiero plantear un asunto de Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- ¿Sobre la Cuenta, señor diputado?
El señor LOBOS.- No, señor Presidente, sobre el Reglamento. 
El honor de los médicos, especialmente de los diputados médicos, ha sido lesionado gravemente ayer por los dichos del diputado Alinco.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, lo que está planteando no queda comprendido en el artículo 34.
El señor LOBOS.- ¿Usted, señor Presidente, ha estado involucrado en abortos?
El señor LEAL (Presidente).- No, señor diputado. Pero no tiene la palabra. Le agradeceré que respete el Reglamento. Podrá hablar sobre el tema en Incidentes sin ningún problema. 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputados, ¿sobre el Reglamento?
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, no obstante lo que acaba de decirle al diputado Lobos, en cuanto a que su planteamiento es para Incidentes, yo, personalmente, le digo que no puede dejar pasar una ofensa a nuestros colegas médicos. Eso no tiene por qué estar en el Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- No le he dado la palabra, diputado. Acostumbrémonos a respetar el Reglamento. Ese planteamiento no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 34, que eventualmente podría invocarse y, por lo demás los señores diputados pueden manifestar sus opiniones en Incidentes.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, se lo estoy pidiendo en forma personal. No puede dejar pasar una cosa así.
El señor LEAL (Presidente).- No tiene la palabra, señor diputado.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BARROS.- ¡Señor Presidente, se nos ha involucrado en un delito a todos los presentes, especialmente a los médicos!
El señor ROJAS.- ¡Señor Presidente, usted representa a la Concertación!
El señor BARROS.- ¡No nos puede meter a todos en el mismo saco!
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, hay que respetar el Reglamento y le pido a todos que lo hagan. Cualquiera puede intervenir; pero en esta oportunidad el planteamiento del señor diputado no queda amparado por ningún artículo del cuerpo normativo que nos rige.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, si usted hubiera visto la televisión en la mañana habría conocido mi opinión.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL (Presidente).- ¡Diputado señor Rojas, le pido que se calme, sino tendré que llamarlo al orden!
El señor VARGAS.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités, por favor.
El señor LEAL (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión: 
El señor LEAL (presidente).- Continúa la sesión.
Los Comités por unanimidad acordaron, a propósito de los dichos calificados como ofensivos para las diputadas y los diputados, solicitar a la Comisión de Conducta, de acuerdo con el artículo 10 del Código de Conducta Parlamentaria, que cite al diputado señor Alinco. Esta cuestión deberá ser resuelta, por cierto, por la unanimidad de la Comisión de Ética. 
El señor AGUILÓ.- Punto de reglamento, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, me puede decir el nombre y el apellido del representante de la bancada del Partido Socialista que no dio el acuerdo. 
El señor LEAL (Presidente).- No tengo por qué decirlo, señor diputado.
El señor AGUILÓ.- Quiero saberlo, porque no dio el acuerdo.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo fue unánime.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, podría dar lectura al artículo pertinente del Código de Conductas Parlamentarias. Entiendo que tiene que haber disposición personal del diputado a presentarse; porque, si por razones políticas vamos a pasar a los diputados al tribunal de ética,...
El señor LEAL (Presidente).- El artículo 10 del Código de Conductas Parlamentarias señala: “La Comisión de Conducta tendrá la siguiente competencia: a) Pronunciarse sobre las consultas que le formule un diputado, relacionadas con su inquietud o quehacer; b) Pronunciarse sobre la conducta de un diputado que haya sido invitado por la Comisión, mediante acuerdo adoptado por la unanimidad de sus integrantes presentes;”.
Por eso, sostengo que los Comités sólo pueden referir su acuerdo a la Comisión de Conducta, porque será ésta última…
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, eso demuestra que el acuerdo adoptado por los Comités es antirreglamentario, porque la referencia está hecha al acuerdo que adopten por unanimidad los miembros de la Comisión de Conducta para invitar, ni siquiera citar, a un diputado. En ninguna parte se habla de un acuerdo de Comité.
Por lo tanto, no puede citar a una reunión de Comités, para que esa reunión de Comités cite a su vez a la Comisión de Ética, porque eso es completamente antirreglamentario. Y usted, como Presidente de la Cámara, debe cumplir con el Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente, el error en que incurre el diputado Aguiló se relaciona con el artículo 61 del Reglamento, que señala: “Ningún Diputado podrá oponerse a los acuerdos a que hayan llegado los Jefes de los Comités con el Presidente de la Cámara, cuando hayan sido adoptados por todos ellos y por unanimidad.”
Por lo tanto, el acuerdo de los Comités se ajusta al Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, el acuerdo es absoluta y perfectamente reglamentario, lógico y de sentido común. Los comités se reunieron con el Presidente y acordaron invitar al diputado Alinco al órgano de autorregulación ética de la Cámara de Diputados. Es una invitación. El diputado Alinco verá si la acepta o la rechaza. Además, se la pudo haber hecho un diputado, todos los diputados, los Comités o los Comités con el Presidente.
Se supone que éste es un órgano colegiado compuesto por señoras y caballeros. Y reitero, esta organización de señoras y de caballeros ha invitado al diputado Alinco para dar razón de sus dichos en la Comisión de Ética. Él verá si acepta o rechaza la invitación.
Por lo tanto, creo que está perfectamente resuelto el tema.
El señor LEAL (Presidente).- Daré lectura al artículo 60.
El señor AGUILÓ.- Eso me confirma absolutamente que…
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, el artículo 60 del Reglamento dice: “Cuando el acuerdo…” estamos hablando de los acuerdos de Comités sobre cualquier tema “…haya sido adoptado por mayoría de votos, cualquier Diputado…” lo que usted está haciendo “…perteneciente a un Comité que no haya concurrido al acuerdo…” en este caso, el Comité Socialista concurrió al acuerdo “…podrá formular oposición en la Sala y pedir que se someta a discusión. La discusión durará solamente diez minutos, tiempo que se distribuirá por mitad entre el Diputado que impugne el acuerdo y otro que lo defienda.
En seguida, el acuerdo se someterá a votación en forma económica.”
Lo único que se está pidiendo es que la Comisión de Ética revise este tema y decida si, por unanimidad de sus miembros, invita al diputado Alinco a explicar sus dichos.
El señor AGUILÓ.- Lo que no pueden hacer, ni siquiera por la unanimidad de los Comités, es saltarse el Reglamento y la ley orgánica del Congreso Nacional.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No es así!
El señor AGUILÓ.- Pido respeto a los señores diputados, porque he escuchado sin interrumpirlos, especialmente al señor 
Salaberry. Si existe algún histérico en su bancada, pido que traten de controlarlo, porque voy a escuchar con mucho respeto lo que ustedes tengan que decir.
El señor SALABERRY.- En verdad, no ha sido tan respetuoso.
El señor AGUILÓ.- Éste es un punto muy central, porque, el día de mañana, lo pueden pasar a usted o a mí a la Comisión de Ética por tener diferencias políticas, cuestión que no aceptaré jamás, coincida o no conmigo. ¡Basta de censuras y de transgredir la libertad!
Lo que quiero decir es que la Comisión de Ética puede reunirse e invitar a un diputado por la unanimidad de sus miembros; eso está estrictamente apegado al Reglamento. Lo que no está en ninguna parte del Reglamento es esta reunión de Comités que toma acuerdos en relación con las atribuciones de la Comisión de Ética.
Señor Presidente, veo que hojea el Reglamento, mira la tapa y la contratapa, pero no encuentra la norma que sustente ese acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque no está en el Reglamento; no siga insistiendo. Existen normas que permiten reunirse a la Comisión de Ética; pero el Reglamento no dice nada respecto de las instrucciones que puedan acordarse en una reunión de los Comités, en relación con las atribuciones de la Comisión Ética. Esa parte no la va a encontrar en el Reglamento. Eso es lo que estoy impugnando.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, la Comisión de Ética tomará nota del debate que se ha realizado y tendrá que decidir, como señala el Reglamento, por unanimidad si invita al diputado Alinco para explicar sus dichos.


AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA DE CHILEDEPORTES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.

El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión investigadora de Chiledeportes a sesionar simultáneamente con la Sala a contar de las 15 horas.
Acordado.


V. ORDEN DEL DÍA


REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, calificado con urgencia de discusión inmediata, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y otorga otros beneficios.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Raúl Súnico.
Antecedentes:
Mensaje, boletín N° 468105, sesión 100ª, en 21 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 1, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, en primer lugar, el proyecto otorga, a contar del 1 de diciembre de 2006, un reajuste general del 5,2 por ciento a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos base, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores del sector público, tanto de la administración civil del Estado como del personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076.
El proyecto señala a los trabajadores del sector público a los que, no obstante lo anterior, no les es aplicable dicho reajuste por contar con otros mecanismos de ajustes de sus remuneraciones. 
En segundo lugar, concede un aguinaldo de Navidad para el sector activo, tanto para trabajadores del sector público como para el personal de las universidades y de servicios traspasados, para trabajadores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionados, de educación técnicoprofesional, colaboradores del Sename, corporaciones de asistencia judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia.
Montos del aguinaldo.
El monto del aguinaldo será de 30.337 pesos para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 2006 sea igual o inferior a 368.200 pesos y de 16.095 pesos para los trabajadores cuya remuneración líquida sea superior a tal cantidad a esa misma fecha. La remuneración bruta no podrá exceder el 1.367.600 pesos.
Se considerará líquida el total de las de carácter permanente, con la sola deducción de los impuestos y las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio. 
Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector activo.
El proyecto concede, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias para 2007, a los trabajadores que, al 31 de agosto del mismo año se desempeñen en cargos de planta o a contrata. 
El monto del aguinaldo será de 39.802 pesos para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto de 2007 sea igual o inferior a 368.200 pesos y de 27.725 pesos para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. 
También tendrán derecho a estos aguinaldos los trabajadores a que se refiere esta iniciativa que se encuentren en goce de subsidio por incapacidad laboral, de acuerdo al monto de la última remuneración mensual que hubieren percibido.
Estos beneficios no se extienden a los trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera y no imponibles.
Bono de escolaridad.
Por otra parte, el proyecto otorga, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de este proyecto de ley, a los de los servicios traspasados a las municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley Nº 13.063, de 1980, de Interior, a los que se refiere el título IV de la ley 
Nº 19.070, un bono de escolaridad no imponible por cada hijo de entre cuatro y veinticuatro años, que sea carga familiar. 
El monto del bono ascenderá a la cantidad de 39.219 pesos, que será pagado en dos cuotas iguales de 19.610 pesos cada una, la primera, en marzo, y la segunda, en junio de 2007. 
Bonificación adicional al bono de escolaridad.
El proyecto concede a los trabajadores a que se refiere el artículo 13, durante el año 2007, una bonificación adicional al bono de escolaridad de 16.406 pesos por cada hijo que cause este derecho, cuando a la fecha de pago del bono los funcionarios tengan una remuneración bruta igual o inferior a 368.200 pesos.
Aporte a los servicios de bienestar.
El proyecto fija, para 2007, en 68.169 pesos el aporte anual para los servicios de bienestar y la base para determinar el monto del aporte extraordinario del cálculo.
También el proyecto otorga un bono escolaridad y una bonificación adicional a este beneficio, a que se refieren los artículos anteriores, a los trabajadores no docentes.
Aporte a establecimientos de educación superior.
La iniciativa incrementa, para el año 2006, en 2.448 millones de pesos el aporte a los establecimientos de educación superior que señala el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación.
Este aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios de bono de escolaridad y bonificación adicional, al personal no académico de las universidades estatales.
Reajuste a asignaciones familiares, maternal y subsidio familiar.
El proyecto, por otra parte, reajusta, a contar del 1º de julio del año 2007, las asignaciones familiares y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares y el artículo 21 reajusta el subsidio familiar para personas de escasos recursos establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020. 
Por tanto, se fija en 5.393 de pesos mensuales por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de 135.124 pesos, en 4.223 pesos por carga para los beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 135.124 pesos y no exceda los 264.667 pesos, y en 1.375 pesos por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los 264.667 pesos y no exceda los 412.791 pesos.
Bono de invierno para pensionados.
El proyecto concede, por una sola vez en el año 2007, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de Empleadores de la ley Nº 16.744, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley N° 15.386 para pensionados de 70 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio, a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, y a los beneficiarios de pensiones asistenciales del decreto Nº 869, de 1975, un bono de invierno de $ 34.571.- 
Dicho bono se pagará en el mes de mayo del año 2007, a todos los pensionados antes señalados que el primer día de dicho mes tengan 65 o más años de edad y cuyas pensiones no superen cierto monto, que en cada caso se señala, a la fecha del pago del beneficio.
Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados
El proyecto concede, por una sola vez, a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, que tengan algunas de estas calidades al 31 de agosto del año 2007, un aguinaldo de Fiestas Patrias de ese año, de 
$ 10.911, el que se incrementará en $ 5.617 por cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 
Nº 18.987.
Al mismo aguinaldo, con el incremento cuando corresponda, tendrán derecho quienes, al 31 de agosto del año 2007, tengan la calidad de beneficiarios de las pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos a que se refiere el decreto ley Nº 869, de 1975 y de quienes se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.
Aguinaldo de Navidad para pensionados.
De igual forma, el artículo 23 concede un aguinaldo de Navidad del año 2007 a los pensionados que tengan algunas de las calidades señaladas precedentemente, al 25 de diciembre del año 2007, el que ascenderá a 
$ 12.515, y se incrementará en $ 7.064 por cada persona que, a la misma fecha, tengan acreditadas como causantes de asignación familiar o maternal, aun cuando no perciban dichos beneficios por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987.
Normas particulares.
Se otorga una bonificación extraordinaria a enfermeras, matronas, enfermeras matronas y otros profesionales de colaboración médica.
También se considera una bonificación especial para el personal no docente municipal.
Bono especial.
El proyecto, por otra parte, concede, por una sola vez, un bono especial no imponible a los trabajadores mencionados en los artículos 2°,3°,5° y 6°, de 100.000 pesos ó 50.000 pesos, según sea el monto de sus remuneraciones, quedando excluidos aquellos cuya remuneración líquida exceda el 1.367.600 pesos.
Bono al personal no docente.
El proyecto concede un bono de $ 55.000, por una sola vez, al personal no docente que haya desempeñado funciones durante los meses de marzo a octubre de 2006 en jornada de trabajo de 44 ó 45 horas semanales, según corresponda.
Bono especial para el personal municipal.
El proyecto, enseguida, concede, por una sola vez, un bono especial no imponible a los trabajadores que a la fecha de publicación de esta ley desempeñen cargos de planta o a contrata en las entidades regidas por el Título II del decreto ley N° 3551, de 1981, de 50.000 pesos o 45.000 pesos, según sea el monto de sus remuneraciones, quedando excluidos aquellos cuya remuneración líquida supere el 1.400.000 pesos. Asimismo, se faculta a las municipalidades, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y siempre que cuenten con la aprobación, de a lo menos, los 2/3 del concejo municipal, para otorgar un bono adicional al precedentemente señalado a los funcionarios indicados.
En este punto hubo una indicación que fue aprobada por la Comisión, pero será retirada en esta discusión.
Bono especial para el personal de los servicios de salud y para los funcionarios las entidades autónomas.
Finalmente, se concede, al personal perteneciente a las plantas de profesionales y directivos de carrera, ubicados entre los grados 17 y 11 de ciertos servicios públicos, por única vez, un bono especial cuyo monto varía entre 130.000 pesos y 70.000 pesos, según el rango de grados en que se encuentren sus beneficiarios.
El costo del proyecto para 2006 es de 96.823 millones de pesos, que se desfasan de la siguiente manera: reajuste de remuneraciones y subvenciones, 19.191 millones de pesos; aguinaldos de navidad, 15.091 millones de pesos; bonificaciones, 60.093 millones de pesos; aporte a instituciones de educación superior, 2.448 millones de pesos.
El costo fiscal del proyecto para 2007 es de 396.976 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: reajuste de remuneraciones y subvenciones, 269.266 millones de pesos; bono de escolaridad, 27.596 millones; aporte a bienestar, 553 millones de pesos; aguinaldo de fiestas patrias del sector público, 21.121 millones de pesos; asignación familiar maternal del SUPF, 7.643 millones de pesos; subsidio único familiar, 8.807 millones; bono de invierno, 22.413 millones; aguinaldo de Fiestas Patrias del sector pasivo, 17.282 millones; aguinaldo de Navidad del sector pasivo, 19.996 millones, y bonificación extraordinaria de la ley 
N° 19.536, 2.297 millones de pesos.
Cabe destacar que el proyecto recoge un acuerdo entre el Gobierno y diversos gremios del sector público sobre reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos de la administración central y descentralizada, suscrito por los ministros Andrés Velasco y Osvaldo Andrade, de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, y por Arturo Martínez, presidente de la CUT; Jorge Pavéz, presidente del Colegio de Profesores; Esteban Maturana, presidente de la Confusam; Oscar Yáñez, presidente de la Asemuch; Jorge Araya, la de Confenats; Carlos Abarca, de la Fenafuch; Silvia Aguilar, de Fentess; María Cristina Castro, de la Fenafuech; Dina Olguín, de la Junji; Manuel Madariaga, de la Antue; Claudio González, de la Fenpruss; Arturo Escares, de la Confemuch; Anita Román, de la Comisión Igualdad de Oportunidades, y Carmen Godoy, de la Fauech.
El proyecto fue aprobado por la Comisión.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, la ley de reajuste del sector público es importante, porque tiene un impacto directo en aproximadamente quinientas mil personas que trabajan en diferentes organismos y reparticiones de los sectores público y municipal.
En ese sentido, siempre es bueno que la autoridad esté consciente de la necesidad de incrementar sus niveles de remuneraciones, aun cuando en el contexto general debemos reconocer que se debe realizar un esfuerzo muy grande para lograrlo.
Hoy no me voy a referir a los beneficios que establece el proyecto, porque ya lo ha explicado muy bien el diputado informante, pero quiero hacer una referencia especial a lo que dice relación con los funcionarios municipales, quienes están en la primera línea del servicio público, en la primera ventana de preocupación y atención a las vecinas y vecinos a lo largo y ancho del país. Ellos, no obstante tener un horario definido, deben estar disponibles los fines de semana y días festivos para atender los requerimientos de la comunidad. 
En consecuencia, es importante que en este proyecto de reajuste se haya incorporado un bono especial dirigido al sector municipal, al margen de los beneficios que se otorgan al sector público. Sin duda, ese es un reconocimiento a su trabajo.
Además, por primera vez, se faculta a los municipios para que, descentralizadamente, definan y paguen un bono adicional para los funcionarios. Si bien esta facultad es digna de aplauso, no es menos cierto que a lo largo del país la realidad económica de los municipios es totalmente disímil en las diferentes regiones. Tenemos municipios con miles de millones de ingresos propios, que no tienen ningún problema financiero y que efectivamente pueden acordar beneficios importantes para sus funcionarios. Sin embargo, hay otros cuyos trabajadores cumplen la misma función con escasos y precarios medios, pero con igual efecto social, pero cuyos municipios, deficitarios, no tienen esa opción ni esa posibilidad, lo que genera importantes diferencias.
Cabe recordar que los municipios están obligados a entregar muchos beneficios establecidos por ley, lo que deben hacer con cargo a sus ingresos. Incluso, muchas veces el Congreso Nacional ha tenido que aprobar proyectos para anticipar recursos del Fondo Común Municipal a fin de que los municipios puedan cumplir con imposiciones atrasadas, deudas impagas o programas de retiro anticipado de sus propios funcionarios.
En esa perspectiva, ayer en la Comisión de Hacienda se incorporó al proyecto una indicación que nos parecía sana, en el sentido de igualar los beneficios para todos los municipios y que el bono adicional tuviera un tope, un límite. Sin embargo, hoy la hemos retirado, porque pensamos que se debe respetar el acuerdo logrado entre los funcionarios municipales, el nivel central y los alcaldes. No obstante, ella sirvió para abrir debate sobre la materia.
Conozco el trabajo de los empleados municipales. Mi primera labor profesional la desarrollé en los municipios. Por ello, sé de su esfuerzo y su valor. Pero creo que ha llegado la hora de pensar no en bonos especiales por una sola vez, sino en un mejoramiento integral de las remuneraciones del sector municipal, cuyos funcionarios lejos son los más desmedrados de todo el aparato público. 
Ojala que el día de mañana, cuando los mismos funcionarios pidan legítimamente incrementar sus remuneraciones, ese bono adicional no sea utilizado en su contra. Porque podría señalárseles que una vez al año reciben un bono importante, lo que les significa un porcentaje no menor de sus sueldos y que, por lo tanto, por esa vía perciben un aumento razonable. Lo importante es que esa facultad se utilice responsablemente. 
Pero lo que no puede pasar y no podríamos aceptar, es que municipios que estén con déficit en su estructura de ingresos y gastos, por presiones, terminen acordando bonos adicionales que acarrean problemas de caja y les impida cumplir con sus compromisos y con la labor social que desarrollan.
Si los municipios tienen los recursos, bienvenido sea el bono, los funcionarios se lo merecen; si los municipios no tienen los recursos, deben actuar con transparencia, honestidad, de cara a su gente, para no aprobar un bono que después no van a poder otorgar, un acuerdo en contrario, en definitiva, significaría una deuda impaga más de los municipios.
Es muy importante la descentralización, la autonomía, pero ésta funciona solamente cuando existe independencia financiera, y hoy gran parte de los municipios depende del Fondo Común Municipal.
En esa perspectiva, debemos pensar en un mejoramiento integral de remuneraciones, para lo cual se debe analizar y definir una igualdad en la base de cálculo de beneficios, como es la asignación de zona. A algunos funcionarios del Estado se les calcula su remuneración imponible sobre el total haberes; a otros, sobre el sueldo base. Trabajan en la misma ciudad, tienen las mismas dificultades de aislamiento, los mismos niveles de costo de vida, pero igual existe una discriminación al interior del sector público. En esa perspectiva, en la Comisión de Zonas Extremas estamos desarrollando un trabajo, el cual ha sido planteado a la Dirección de Presupuestos, y espero que pronto exista una solución al tema, porque, además, es un compromiso que viene de comienzos de los años 90.
La Unión Demócrata Independiente va a apoyar el proyecto, porque entrega beneficios económicos a un número importante de familias. Sin embargo, le introdujo una indicación a fin de dejarlo en sus términos originales, ya que lo único que nos interesa es que esa facultad que se entrega por primera vez se utilice responsablemente, para evitar que el próximo año el Congreso Nacional nuevamente tenga que analizar una moción para eliminarla.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el reajuste al sector público que se entregará a contar del 1° de diciembre de 2006 es una muy buena noticia para más de quinientos mil trabajadores que hoy se desempeñan en la administración pública.
Este reajuste es el fruto de horas de reuniones de arduas conversaciones y argumentaciones, ante el gobierno, representado por los ministros de Hacienda y del Trabajo, y los trabajadores. Se logró consenso y se llegó a acuerdos reales y efectivos que están en el camino de dar solución a los temas pendientes; pero, más que eso, en dar los incentivos que corresponden a los nobles funcionarios del Estado a fin de tener una mejor atención a la ciudadanía en general.
El reajuste de las remuneraciones va a ser del 5,2 por ciento, y se va a otorgar a contar del 1° de diciembre de 2006. 
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero hacer algunas consideraciones técnicas respecto de lo que significa este 5,2 por ciento de reajuste a las remuneraciones para los funcionarios del sector público.
Como para este año se calcula una inflación entre 2,5 y 3 por ciento, es bueno que la opinión pública sepa que el reajuste significará un incremento efectivo de las remuneraciones en más de dos puntos, porcentaje superior al incremento experimentado por los sueldos del mercado en los últimos seis meses. Esto consolida la tendencia de los gobiernos de la Concertación de que las remuneraciones del sector público crezcan por sobre los indicadores económicos.
Además, este aumento incide prácticamente en todos los beneficios, porque se reajustan en 5,2 por ciento las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldo base, asignaciones profesional, de zona, de fiscalización municipal, de especialidades y otras similares, de acuerdo con la normativa aplicable a los distintos sectores de trabajadores públicos.
El aumento de remuneraciones favorece a los funcionarios de la administración civil del Estado, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley N° 15.076.
Se concede un bono especial de 100 mil pesos a los trabajadores cuyas rentas líquidas sean inferiores a 400 mil pesos. Hay que destacar que se consideran las rentas líquidas. De esta manera se hace justicia y se termina con las discriminaciones, puesto que todos los trabajadores con rentas líquidas inferiores a 400 mil pesos recibirán este bono especial en diciembre. Los que tengan una remuneración líquida que sobrepase tal cantidad y que no exceda de 1.367.600 pesos recibirán un bono de 50 mil pesos.
Por otra parte, están los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias para el próximo año, los bonos de escolaridad y los bonos especiales para los no docentes del sector municipal, es decir, para los asistentes de la educación. 
Respecto de los funcionarios de los servicios de salud, se otorgan asignaciones de desempeño, en virtud de los acuerdos a que se llegó con ese sector. 
Como debo ser claro, preciso y transparente, tengo que decir que la Anef no firmó el acuerdo entre el Gobierno y los gremios, encabezados por el presidente de la Central Únitaria de Trabajadores. En este momento, la Anef agrupa a 50 mil trabajadores de la administración central del Estado; es decir, alrededor del 15 por ciento de los beneficiarios de este proyecto. Es lamentable que hoy se encuentren en huelga. Por cierto, están haciendo uso de un instrumento que les entrega la democracia, pero también es cierto que están produciendo serios problemas a las personas que necesitan hacer trámites y que no podrán realizarlos, debido a esta circunstancia. Los trece gremios restantes, entre los cuales está el Colegio de Profesores, el sector de la salud y la CUT, firmaron el acuerdo. 
Hay una frase que clarifica lo que significa todo esto. Cuando ayer se le consultó a Arturo Martínez qué significaba para él este reajuste, reconoció que el ministro de Hacienda es mucho más duro que el ex ministro Nicolás Eyzaguirre; pero también, que no era un mal reajuste. Agregó que a través de conversaciones y negociaciones es posible aunar voluntades, a fin de avanzar en estos acuerdos. Dijo que el reajuste no es como para celebrarlo, pero tampoco para llorar. Yo creo que no es para llorar, porque va en la dirección correcta. 
Ahora, como soy una persona con todos los defectos de los seres humanos estoy acostumbrado a reconocerlo cuando se solucionan los problemas, me causó gran alegría la petición formulada por Carlos Donoso, presidente nacional de la Anfup Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, que agrupa a 8 mil personas a lo largo del país, a un grupo de parlamentarios de Gobierno y de la Comisión de Hacienda. Dichos funcionarios estaban muy inquietos por una situación relacionada con la regularización del pago de la asignación profesional que reciben los vigilantes penitenciarios. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República sobre la materia, pero ellos consideraban que las sumas percibidas por ese concepto, desde la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.269, más que una interpretación de la Contraloría requerían una ley que regularizara su pago. Pues bien, eso es recogido por los artículos 32 y 33 del proyecto, que reconocen a los vigilantes penitenciarios con título profesional el derecho a percibir la asignación sustitutiva en su carácter de profesionales. El artículo 33 establece que se declaran correctamente pagadas las asignaciones y bonificaciones, regularizándose así el pago señalado en el artículo 32.
Esto es muy importante, porque en el segundo lugar de la Tabla de esta sesión figura el proyecto que extiende la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo a funcionarios civiles de Carabineros de Chile. De no mediar esta iniciativa espero que también la despachemos en la presente sesión sesenta oficiales de Carabineros de Chile habrían tenido que devolver 14 millones de pesos, como consecuencia de la interpretación de la Contraloría General de la República sobre el pago de la asignación profesional.
Debo reconocer que el ministro Andrés Velasco aceptó nuestra petición y dio las instrucciones del caso al equipo de Presupuestos, integrado por Alberto Arenas, Julio Balladares y Sergio Granados. De manera que los dos artículos mencionados permitirán regularizar la situación de un gremio tan importante como la Anfup.
También tenemos la bonificación que se concede a las enfermeras y matronas. El colega Claudio Alvarado manifestó que en la Comisión de Hacienda se presentó una indicación, para que la disposición quedara en los términos originales, porque había mucha inquietud en la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile.
Por las razones expuestas, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que vamos a votar favorablemente, en general y en particular, este proyecto, porque constituye un buen instrumento para seguir avanzando en la modernización y tecnificación del Estado y en el mejoramiento de los ingresos de más de quinientos mil funcionarios públicos del país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, discutimos un proyecto de ley que otorga un reajuste del 5,2 por ciento a los trabajadores del sector público. Si consideramos que el IPC estimado para el presente año será, aproximadamente, de 2,5 por ciento, tenemos un reajuste real de un porcentaje equivalente.
Pero, ¿qué pasa con el reajuste del sector pasivo? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Por qué los jubilados, que dedicaron una vida entera a trabajar por el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, no están considerados en este reajuste? Una vez más, el sector pasivo pierde. ¿Hace cuántos años que no mejoran las jubilaciones de los pensionados del INP? No nos referimos a los jubilados de las administradoras de fondo de pensiones, porque éstos, ya sea que hayan optado por el retiro programado o por un seguro, están exceptuados, pero las pensiones y jubilaciones de las personas de más edad no se reajustan desde hace años, pese al incremento del costo de la vida.
Apoyo el reajuste. ¡Cómo no lo voy a apoyar! Pero como una expresión de protesta por la actitud discriminatoria del Gobierno hacia los jubilados del INP, me voy a abstener, porque considero que el reajuste, que excluye al sector pasivo del INP, es discriminatorio.
Cada día son menos los jubilados del INP; no sólo constato esto en mi distrito de Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, sino que en todo Chile. Van muriendo, y los que sobreviven, por razones de edad, gastan cada día más en médico y remedios. Sin embargo, a ellos no se les considera ni en un punto en el reajuste de sus pensiones.
Por eso, y como expresión de apoyo y solidaridad hacia los jubilados del INP, anuncio mi abstención al proyecto.
He dicho.
Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero partir leyendo una carta que me ha enviado la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, que, como es sabido de todos, junto a la Agrupación de Enfermeras están rechazando el reajuste.
Dice así: “La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, que agrupa a más de 60 mil trabajadores de la Administración Central del Estado, ante la discusión legislativa del proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, manifiesta a las señoras diputadas y señores diputados de la República lo siguiente:
La Anef no ha concurrido al acuerdo suscrito con el Gobierno y rechaza el porcentaje de reajuste de remuneraciones por considerarlo insuficiente, dado el marco de sostenido crecimiento económico e histórico superávit fiscal que muestra nuestro país. Esta bonanza económica se constituye en una oportunidad para resolver la vergonzosa distribución del ingreso que impacta a las grandes mayorías de nuestra sociedad, siendo el salario la principal vía para avanzar en mayor equidad, cuestión que el Gobierno se ha negado a impulsar en este proceso de negociación.
Este reajuste de 5,2 por ciento no da cuenta de los compromisos suscritos por la Presidenta de la República con nuestra organización el 7 de enero de 2006, ocasión en que prometió “aumento de remuneraciones de las y los funcionarios públicos de acuerdo al crecimiento económico del país”.
Para un funcionario que tiene un sueldo promedio de $ 200.000, este reajuste significará un aumento de $ 10.400 mensuales, que, por supuesto, serán inmediatamente absorbidos por el pago de servicios y canasta básica que ya han notificado importantes aumentos. En consecuencia, se mantiene la inequidad.
Asimismo, el bono especial otorgado que discrimina y estratifica a los trabajadores del sector público, da cuenta de la precariedad de nuestros salarios, $ 100.000 o $ 50.000, que patentan la grave desigualdad que sufre nuestro país. Para unos, son millones; no para los trabajadores del Estado, para aquellos que cotidianamente laboramos al lado de los más postergados de nuestra sociedad.
La Anef, con toda su historia de lucha sindical, social y democrática, reclama la nula voluntad del Gobierno para cumplir las promesas firmadas por la Primera Mandataria, en orden a resolver la precariedad e inestabilidad laboral que afecta a los funcionarios y funcionarias que tienen empleos a contrata y a honorarios, dar solución a los miles de afectados por el daño previsional e implementar una real carrera funcionaria con transparencia, objetividad y participación y a reconocer legalmente el derecho a la negociación colectiva y a la huelga para nuestro sector. Empleos decentes, estables, con salarios dignos, con carrera funcionaria y con derecho a negociación colectiva son el único camino para garantizar “transparencia, probidad y un Estado al servicio de todos los chilenos”.
Con la fuerza de nuestras legítimas demandas y con el abrumador respaldo de nuestras bases a lo largo del país, en este día en que desarrollamos un paro nacional de 48 horas, invitados a los honorables diputados y diputadas a apoyar nuestras legítimas demandas.
Directorio nacional de Anef”.
(Aplausos en las tribunas).
Sólo quiero agregar que este sector vive una situación problemática, porque en él se nota claramente la desigualdad, la inequidad. Hace poco leí en la prensa que los ejecutivos, los profesionales chilenos, en un lapso de cuatro o cinco años duplicaban sus sueldos. ¡Qué distinto sería nuestro país si lo mismo ocurriera con el resto de los trabajadores y con los empleados públicos!
Este reajuste, que a primera vista puede parecer grande o justo, en la práctica significa, como dijo el diputado Errázuriz, un reajuste real de 2 por ciento, porque el Banco Central está proyectando para el próximo año un IPC de 3 por ciento. Por tanto, el reajuste del 2 por ciento, para una persona que gana $ 200.000, significa sólo $ 4.000 mensuales.
Ya con el error en el cálculo de las tarifas eléctricas se anuncia que la cuenta de la luz va a crecer en torno a 6 ó 10 mil pesos.
El reajuste no refleja el compromiso del Gobierno en el sentido de que todos debemos crecer por igual y ha sido el mayor problema de nuestra sociedad durante muchos años, porque si bien Chile ha crecido económicamente, incluso a tasas envidiables hasta para los países europeos, no hemos sido capaces de resolver la desigualdad que existe en nuestro país, porque ha crecido sólo un sector, y no precisamente los trabajadores.
¡Cómo no tener la esperanza de que en el futuro los trabajadores y los empleados públicos reciban un bono de 8 millones de pesos como el que recibirán los trabajadores de Codelco!
(Aplausos en las tribunas).
Sé que hay que tener mucho optimismo para esperar algo así, pero ojalá algún día ocurra y podamos todos crecer en igualdad. Es la única forma de terminar con la inequidad en el país.
Por eso, voy a votar en contra y pediré votación separada para el artículo 1°.
He dicho.
Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, llama la atención escuchar intervenciones como la del diputado Jiménez, que me antecedió en el uso de la palabra. Si un observador recién llegara a la Sala y hubiera escuchado su discurso, necesariamente debiera concluir que él es un diputado opositor al actual Gobierno, porque anunció su voto en contra de algunos artículos del proyecto, está disconforme con el aumento del reajuste, etcétera.
Sin embargo, todos sabemos que el diputado Jiménez pertenece a la coalición de Gobierno. Entonces, no podemos sino estar confundidos, porque algunos diputados de la Concertación caen en el juego de ser de Gobierno son parte de él, pero, al mismo tiempo, de ser opositores y así estar en las dos caras de la moneda. Eso no es razonable: o se está en el Gobierno o en la oposición, pero no en ambos.
El señor JIMÉNEZ.- Estamos con los trabajadores.
El señor DITTBORN.- Entonces, por intermedio del señor Presidente, deseo decir que si el diputado Jiménez está con los trabajadores, como acaba de decir, entonces necesariamente debe estar en contra del Gobierno o, al menos, en contra de algunas partes de su proyecto. En consecuencia, continúa sin ser comprensible la actitud del colega, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo en forma simultánea.
(Manifestaciones en las tribunas).
Después de ese comentario de carácter general, paso a referirme al proyecto que nos ocupa.
A mi juicio, después del comentario del diputado Jiménez queda claro que el Congreso Nacional no tiene poder alguno de decisión respecto de este tema. El proyecto se negoció durante largas noches vemos en el rostro del ministro del Trabajo vestigios de cansancio tras la negociación, de la cual nos enteramos por medio de la prensa, y en la madrugada del martes, el Gobierno llegó a acuerdo con diferentes gremios del sector público en materia de reajuste de remuneraciones. Ésa es la realidad. Al Congreso Nacional ingresó el proyecto que establece dicho reajuste en 5,2 por ciento, porcentaje en cuya determinación no participamos los parlamentarios. En consecuencia, nuestras opciones son votar a favor, en contra o abstenernos. Pero, reitero, en la práctica no tenemos ninguna otra atribución, y es bueno que las personas que se encuentran en las tribunas lo sepan.
Por otra parte, me parece muy injusto que no se incorpore de forma alguna como beneficiarias a las personas que trabajan a honorarios en el sector público. El Gobierno reconoce que cumplen labores de carácter permanente, es decir, que tienen una relación de subordinación y de dependencia jerárquica. El reconocimiento del Gobierno llega a tal punto, que el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos informaron que tratarán de que esa gente continúe a contrata. Sin embargo, esos funcionarios, que según el Gobierno alcanzarían entre 2 mil 500 y 3 mil, pero tengo la impresión de que son muchos más, recibirán cero peso como reajuste. Puede ocurrir que sus contratos a honorarios se incrementen en 5,2 por ciento al momento de renovarlos, pero si se hace, será de manera graciosa, porque el proyecto de reajuste nada establece sobre el particular. Asimismo, queda claro que quienes trabajan a honorarios no recibirán el bono de fin de conflicto.
Por lo tanto, muchas personas que no pertenecen a la planta o a contrata asimiladas a un grado, sino contratadas a honorarios, no recibirán nada. Ojalá obtengan el reajuste de 5,2 por ciento al renovar sus contratos, pero eso no aparece consignado en el proyecto. En cuanto al bono, reitero que esas personas recibirán cero peso.
En segundo lugar, quiero dar una pequeña explicación en relación con una indicación que presentamos en la Comisión de Hacienda, junto con diputados de las bancadas de los partidos Socialista y por la Democracia, pero que retiramos debido a que causó mucha inquietud, en especial en los trabajadores municipales. Su único objetivo era establecer alguna limitación en el monto de los bonos que se autoriza pagar en el artículo 35 del proyecto, en particular a municipios que tienen serios problemas financieros, debido a lo cual fue necesario adelantarles dineros del Fondo Común Municipal para que salieran del hoyo en que se encontraban. Como se sabe, se trata de bonos sin tope alguno que se pagarán con dineros municipales, lo que significa que también podrán pagarlos municipios que han demostrado un comportamiento financiero poco responsable. Eso es jugar con fuego. Nos parece bien que municipios que han tenido un comportamiento económico razonable la mayoría, paguen a sus trabajadores bonos de desempeño de cualquier monto, en la medida en que puedan solventarlos. Sin embargo, se debe reconocer que algunos municipios no han estado a la altura de las circunstancias y que se encuentran en serios problemas financieros. En la Cámara, hemos aprobado diferentes iniciativas para adelantar dineros del Fondo Común Municipal a esos municipios, de manera que sus alcaldes puedan pagar a sus proveedores y no vayan a parar a la cárcel. No obstante, el proyecto también permite que esos municipios paguen bonos sin tope a sus trabajadores, lo que nos parece muy riesgoso. 
En consecuencia, la indicación tenía como única finalidad encender una luz de alerta al Gobierno, en el sentido de advertirle que existen municipios que no han demostrado seriedad en el manejo de sus finanzas, sin perjuicio de lo cual se les permite pagar bonos sin tope a sus funcionarios.
En consecuencia, es necesario que el Gobierno chequee que esos bonos se puedan pagar, de manera que no sea necesario aprobar nuevos proyectos de ley para adelantar recursos del Fondo Común Municipal para que esos municipios tapen los hoyos financieros en que incurran.
En tercer lugar, estoy de acuerdo con el planteamiento del colega Maximiano Errázuriz, en cuanto a que existen aspectos relacionados con la tercera edad que debemos abordar. En ese sentido, un tema que se repite en forma sistemática en mi distrito se refiere a los montepíos. No puede ser, porque no corresponde a un país que se dice civilizado, que los montepíos alcancen la mitad o el 70 ó 75 por ciento del monto que percibía el beneficiario, lo que significa que la viuda quede de un día para otro con un ingreso que alcanza a la mitad o a las tres cuartas partes del que percibía su marido. Eso no es razonable. Las pensiones pueden ser bajas ojalá se incrementen sus montos, pero el problema reseñado es de una injusticia y de una crueldad incomprensibles. Muchas veces se ha prometido si mal no recuerdo, desde el Presidente Frei en adelante que el monto de los montepíos se nivelará al ciento por ciento de la pensión del fallecido, lo que todavía no ocurre. 
Por lo tanto, llamo al Gobierno a evaluar la situación, de manera de otorgar una solución rápida al problema, porque, repito, no es justo lo que ocurre. Aún más, es tremendamente cruel que esas personas deban acostumbrarse a vivir con la mitad de sus ingresos una vez que fallece el beneficiario de la pensión.
Finalmente, deseo comentar un aspecto de carácter más bien general. El reajuste beneficia a quinientos mil personas de realidades muy diferentes: personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, funcionarios públicos y de universidades estatales, etcétera. En consecuencia, me parece que una mínima modernización del aparato público exige tratar en forma distinta a quienes son diferentes. Por ejemplo, es distinto el caso de los funcionarios de universidades estatales, entidades que participan en un “mercado” bastante competitivo con universidades privadas. Es más, me temo que se esté perjudicando a universidades estatales, al otorgarles a sus funcionarios reajustes insuficientes, para competir con éxito en ese mercado.
El Gobierno debe avanzar y tratar de distinto modo a quienes son distintos. Sin embargo, se intenta tratar igual a todos y eso puede perjudicar mucho a algunos. 
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, para los trabajadores del sector público éste es uno de los proyectos más importantes, después del de Presupuestos de la nación.
Cada cierto tiempo, los parlamentarios tenemos un grado de conflicto cuando, por una parte, escuchamos los razonables planteamientos que hace el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de la macroeconomía y, por la otra, las legítimas demandas de los trabajadores del sector público, que siempre aspiran a un reajuste real mayor.
Como se ha dicho, los parlamentarios no tenemos facultades para incrementar los gastos del Estado ni tampoco para elevar el porcentaje del 5.2 por ciento que se propone en el proyecto que ayer revisó la Comisión de Hacienda, en razón de que se espera una inflación para el próximo año de 3 por ciento. 
En efecto, en los últimos diez años se considera el reajuste en función del índice de precios al consumidor, IPC, de los doce meses siguientes. Así, el promedio de reajuste corresponde al 5.2 por ciento. En consecuencia, si se espera un IPC de 3 por ciento, el reajuste real será de un 2.2 por ciento. 
Para los trabajadores de la Anef, que están representados en las tribunas, ese porcentaje no significa una mejoría en sus remuneraciones. Eso, de verdad, se nota. 
En realidad, quiero respaldarlos, porque ellos no están desconformes con el reajuste, sino porque no se ha llegado a un acuerdo respecto de una negociación mayor que tiene que ver con la participación, con el daño previsional, con un reajuste real de remuneraciones.
De manera que invito al Ejecutivo a llegar a un acuerdo con esta parte tan importante de los trabajadores del sector público, cuyas aspiraciones van más allá del proyecto que se debate, que sólo contempla el reajuste real para corregir la pérdida del poder adquisitivo a raíz de la inflación. 
La inflación, en 2001, fue de un 2.6 por ciento y el reajuste de un 4.5 por ciento; en consecuencia, el reajuste real fue de 1.9 por ciento. En 2002, se otorgó un reajuste real del 0.2 por ciento; en 2003, un 1.1 por ciento; en 2004, un 1.1 por ciento; en 2005, un 1.3 por ciento. Para 2007 se otorgará un 2.2 por ciento, el reajuste real más alto de los últimos años. 
Ese porcentaje, que aparece bastante disminuido, es el que corresponde sólo para recuperar el poder adquisitivo por efectos de la inflación y ha sido aceptado por trece de las catorce organizaciones que representan al sector público.
Voy a votar a favor del proyecto e invito a mis colegas diputados a hacerlo del mismo modo, en el entendido que la demanda de la Anef es mayor. 
Sin perjuicio de lo anterior, quiero hacer presente que tenemos una deuda muy importante con los pensionados. Hace poco, se les otorgó un reajuste del orden del 10 por ciento a todos aquellos que reciben pensiones menores de cien mil pesos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los pensionados, que si bien recibe automáticamente el reajuste por IPC, no tiene un reajuste real? 
Esto no tiene relación con la reforma previsional, pero sí con la petición de la Confederación de Pensionados de Chile, respecto de la eliminación del cobro del 7 por ciento de salud. En verdad, eso significaría un reajuste real para los pensionados del 7 por ciento, porque no se les descontaría ese porcentaje. 
Otro sector vulnerable es el de los trabajadores que sirven al Estado a través de algunas empresas. Las que se han ganado las millonarias licitaciones de la Junaeb, por ejemplo, contratan temporalmente a manipuladores de alimentos algunos tienen dos, cuatro, seis, ocho, diez años en la misma empresa sólo por diez meses, de marzo a diciembre.
Creo que el Gobierno debe hacerse cargo de la situación de esos trabajadores, tal vez con un compromiso similar al que tomó el ministro de Hacienda con los trabajadores del sector público en la Comisión Especial de Presupuestos, para los efectos de que en los próximos dos años se terminen los contratos a honorarios permanentes. Podría establecerse una norma para que ninguna empresa que preste servicios al Estado, a través de Chile Compra, tenga trabajadores con contratos tan precarios.
Por último, reitero que votaré a favor, además, porque hay un acuerdo con los trabajadores municipales. Ellos necesitan que los respalden no sólo desde el punto de vista del reajuste de sus remuneraciones, sino también de las negociaciones que hacen con el Ministerio de Hacienda. 
Insisto, aunque este reajuste no signifique mucho, los parlamentarios no tenemos otra alternativa que votar a favor del proyecto, porque carecemos de facultades para proponer algo distinto y, de lo contrario, no habría reajuste para el sector público. 
Invito a los parlamentarios a hacer un reconocimiento en cuanto a que éste es un proyecto que cuenta con el respaldo de un número muy importante de trabajadores del sector público (hay firmas de por medio). Normalmente, se dice: “Mire, aquí nosotros legislamos y deberíamos determinar este reajuste.”; pero, es muy importante la participación de los trabajadores en los momentos previos. Lamento que la Anef no haya sido parte del acuerdo, no lo fue por este reajuste, sino porque el Gobierno no ha comprendido que sus demandas centrales tienen que ver, más allá de este reajuste, con la participación y el mejoramiento de sus condiciones laborales, como así también con la pérdida que han tenido en el sistema de pensiones. Aquí hay una deuda previsional, un daño provisional para el cual hemos estado buscando formas para resolverlo. En el Senado hay un proyecto que no cuenta con el respaldo de la Anef, precisamente porque requiere mayor disposición del Gobierno para atender la demanda.
En consecuencia, invito a las diputadas y a los diputados a votar favorablemente el proyecto con las observaciones que hemos hecho en relación con sectores muy importantes de trabajadores que aún no tienen un trato laboral continuo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero anunciar el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional para este importante proyecto de ley, sin perjuicio de hacer presentes algunas aprensiones en relación con el reajuste pactado y que, aunque sea políticamente incorrecto señalarlas, es bueno y responsable plantearlas si queremos tener realmente un manejo sano de nuestra economía.
Existen razones y la principal está relacionada con el decepcionante desempeño que ha mostrado la economía durante el presente año. Aunque hoy se referirán al detalle de las cuentas nacionales del tercer trimestre por parte del Banco Central, el Imacec acumula a septiembre un crecimiento anual de sólo 4,7 por ciento, cifra bastante inferior a las proyecciones que al inicio de este año nos hablaban de un incremento esperado en la actividad de entre 5,25 por ciento y 6,25 por ciento. A estas alturas, con prácticamente todas las cartas sobre la mesa, está más que claro que la economía este año no alcanzará ni siquiera una tasa de 5 por ciento.
Según las cifras de empleo entregadas por el INE, la comparación del número de puestos de trabajo generados durante los primeros meses del año, en relación con el mismo período del año pasado, nos demuestra que el empleo está creciendo a una tasa del orden de 4,4 por ciento. 
Con todo esto, las conclusiones no son muy difíciles de alcanzar. Si la economía crece a una tasa de 4,7 por ciento y el empleo a una tasa de 4,4 por ciento, la productividad de los trabajadores estaría sólo bordeando un incremento de 0,3 por ciento.
Este cálculo, bastante simple, nos señala lo distante que se encuentra el aumento real de los salarios del incremento de la productividad de los trabajadores, lo que se agrava aún más si el aumento de 0,3 por ciento considera el promedio de toda la economía.
Los principios básicos de la economía nos permiten, a lo menos, dar una señal de alerta en cuanto a la generación de posibles presiones inflacionarias que un incremento real de los salarios, superior al aumento de la productividad, traerá como consecuencia, sobre todo si consideramos que éste, probablemente, servirá de base a los trabajadores privados a la hora de pactar aumentos en sus remuneraciones el próximo año.
El ideal, para una sana administración de los recursos del Estado, es que en este tipo de negociaciones se termine, de una vez por todas, con los aumentos parejos de las remuneraciones y que estos sean pactados, de acuerdo con indicadores de desempeño medibles, lo que permitirá mejorar la gestión del Gobierno.
Por lo mismo, este reajuste acordado entre los trabajadores y el Gobierno porque este Congreso tiene muy poco que aportar; solo hacer comentarios y pronunciarse a favor o en contra de él, el próximo año implica un desafío para los funcionarios públicos: cual es aumentar su productividad, de manera que las peticiones, que siempre van a ser mayores que las posibilidades los dirigentes están en su legítimo derecho de reivindicar sus remuneraciones, sean también justificadas por ese aumento de la productividad, cosa que hoy, a la luz de las cifras, no se puede demostrar.
Por otra parte, en las zonas extremas hay una deuda pendiente de este Gobierno. La Presidenta Bachelet, cuando era candidata puedo señalarlo con precisión, el 7 de enero, firmó un acuerdo con la Anef en relación a nivelar la asignación de zona para terminar con las inequidades que existen entre los distintos funcionarios públicos que trabajan en una misma región. Ese compromiso, a pesar de haberlo hecho expresamente reitero como candidata, hasta ahora no se ha dado ninguna señal de querer cumplirse. Así lo han advertido funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos, en la Comisión especial sobre Zonas Extremas, en la de Hacienda y en todas aquellas instancias en que el Congreso ha reclamado el cumplimiento de este compromiso. Dicho reclamo, por lo demás, ha sido transversal, puesto que tanto parlamentarios de la Concertación como de la Alianza por Chile lo han solicitado. Por lo tanto, aprovecho la presencia del ministro de Hacienda para manifestar, una vez más, que hubo un compromiso de la Presidenta Bachelet cuando era candidata con los funcionarios públicos de las zonas extremas. Consta en un documento, que pedimos se revise y se le dé cumplimiento. 
Además, valoro el retiro de la indicación, presentada por algunos diputados de la Alianza por Chile, en relación con fijar un techo para los bonos que otorguen las municipalidades. Si queremos respetar la autonomía municipal, es absolutamente necesario que, si hay acuerdo entre los funcionarios municipales, el concejo, el alcalde o la administración del municipio para entregar dichos bonos, no deberíamos establecer en la ley un techo. Por lo tanto, valoro el retiro de la indicación, por cuanto se da satisfacción a los requerimientos de los dirigentes de la Asemuch.
Asimismo, no puedo dejar de referirme aprovechando una vez más la presencia de los ministros al reajuste de pensiones del INP. Al respecto, coincido con el diputado Errázuriz. No voy a repetir sus argumentos. Los pensionados del INP necesitan un reajuste y solicito, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, que se estudie un proyecto de ley especial con objeto de atender ese legítimo y necesario reajuste.
En lo que se refiere a las pensiones asistenciales que se pagan en las zonas extremas, en un país tan diverso, donde los costos de vida son totalmente distintos, si se reconoce a los funcionarios públicos una asignación de zona en Arica, en Punta Arenas, en Coyhaique, en Palena, lo justo y lógico sería también que las pensiones asistenciales puedan ser pagadas con una asignación de zona que reconozca el mayor costo de vida de esas regiones, con lo cual se haría justicia a gente de la tercera edad que, hoy, simplemente, no puede vivir con 40 ó 50 mil pesos. No es lo mismo, por ejemplo, ganar esos ingresos en Santiago que en cualquier comuna de la región de Aisén que represento, o de las regiones extremas en general. 
Por último, reitero, los diputados de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente este proyecto e insisto en que el gran desafío de los funcionarios públicos para el próximo año será aumentar su productividad, de manera de contar con argumentos en su petición de aumento de sueldos. 
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, valoro el esfuerzo que han hecho los gobiernos de la Concertación por mejorar cada vez más las remuneraciones de los trabajadores del sector público. Si comparamos sus remuneraciones de los años 1988 o 1989 con las actuales, podemos concluir que han mejorado mucho, sin considerar que los derechos de estos trabajadores eran escasamente respetados en la década de los 80 por las autoridades de la época. 
Actualmente, un auxiliar del sector público gana bastante más que uno del sector privado. En este último, el sueldo mínimo es de 138 mil pesos; en cambio, en el sector público es de 174 mil pesos, 198 mil pesos para los administrativos y 212 mil pesos para los técnicos. Es decir, los gobiernos de la Concertación, incluido el de la doctora Michelle Bachelet, cada día valoran más el trabajo de los funcionarios públicos, sector que colabora en el desarrollo de Chile. 
Ayer, conversando con algunos personeros de mi partido, convinimos en plantearle al ministro de Hacienda la posibilidad de que, en el futuro, los reajustes de remuneraciones del sector público sean escalonados, ya que 5,2 por ciento de reajuste para el bolsillo de un auxiliar es bastante menos que para el de un directivo. El 2,2 por ciento de aumento real que van a tener las remuneraciones podría ser diferenciado: otorgar un reajuste mayor para quienes menos ganan y uno menor para los que más reciben, como una forma de redistribuir mejor los recursos que el Estado entrega a sus trabajadores y no aumentar la brecha remuneracional entre ellos.
Los ministros de Hacienda de la Concertación han hecho tremendos esfuerzos por mantener una inflación baja, de 3 por ciento, para que las remuneraciones que reciben los trabajadores puedan satisfacer las necesidades de sus familias. Para el próximo año se proyecta una inflación inferior a 3 por ciento, lo que da cuenta de la responsabilidad con que los ministros de Hacienda de la Concertación han trabajado por el bien del país.
Pero hay otro problema pendiente. El presidente Lagos, durante su gobierno, y la presidenta Bachelet, durante su campaña, se comprometieron a corregir el daño previsional que afecta, sobre todo, a los funcionarios de mayor edad del sector público, y que obliga, a los de más de 65 años, en el caso de los hombres, y de más de 60 años, en el caso de las mujeres, a seguir en funciones, porque no tienen las condiciones previsionales adecuadas para jubilar. 
Desde hace mucho tiempo la Anef viene dando la batalla para terminar con el daño previsional. Igual lo han hecho el Partido Radical y todos sus diputados en el Congreso. Hace poco, debatimos en esta Sala, en sesión especial, el problema del daño previsional. Lamentablemente, todavía no ha sido posible solucionarlo. Pasan los meses, pasan los años y muchos trabajadores del sector público siguen sin poder acogerse a una jubilación digna, que les permita satisfacer sus necesidades mínimas, sobre todo después de entregar una vida entera al servicio público.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, pido a los ministros de Hacienda y del Trabajo que evalúen la situación, porque la solución al daño previsional es una deuda que tenemos con nuestros trabajadores y debe ser saldada a la brevedad.
Por otra parte, me alegra que el señor Dittborn y los diputados de Derecha hayan retirado la indicación que restringía la posibilidad de que los municipios que tuvieran disponibilidad presupuestaria entregaran un bono a sus funcionarios. En la Comisión voté en contra de ella, porque los municipios deben ser autónomos y asumir la responsabilidad, en este caso, por la entrega de bonos a los trabajadores que lo hacen bien. La Comisión de Hacienda aprobó la indicación. Por eso, pido votación separada para votarla en contra, como lo han planteado los diputados de Derecha.
Por último, la bancada del Partido Radical reconoce el esfuerzo realizado por el Ministerio de Hacienda para llegar a consenso con las organizaciones de trabajadores de Chile. Valoro que los funcionarios y los dirigentes de la CUT, del Colegio de Profesores, de la Confusam, de la Asemuch, de la Confenats, de la Fenafuch, de la Fentess, de la Fenafuech, de la Junji, de la Antue, de la Fenpruss, de la Confemuch, de la Fauech y la representante de la Comisión de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, hayan firmado este acuerdo, lo que demuestra que los trabajadores y el Gobierno trabajaron de consuno. Pido que este mismo acuerdo se logre en forma rápida con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. De esa forma, nuestro Estado y nuestro Gobierno habrán alcanzado un acuerdo global con todos los trabajadores del sector público. 
Anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Radical al proyecto de ley, porque así respaldamos el desarrollo del sector público y de sus trabajadores. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. 
El señor ROJAS.- Señor Presidente, como dijo un señor diputado, queremos la máxima responsabilidad en la administración del Estado, especialmente en materias financieras. Ese mismo diputado, que está junto al ministro en este minuto, señaló que le habían comentado que el ministro Velasco era más duro para entregar recursos que el ex ministro Eyzaguirre.
Aquí no se trata de decir cuál de los ministros es el más duro. Lo que queremos y lo que exige el pueblo es que sean responsables. Todos deseamos que el reajuste del sector público sea mucho más alto y que cumpla con las expectativas que nos hicimos, incluso los diputados.
Este reajuste del 5,2 por ciento demuestra responsabilidad, porque está dentro del rango del presupuesto que el ministro explicó. Supongo que eso es así, porque muchos organismos han firmado y han dado su venia para este acuerdo.
Sin embargo, también es importante señalar que todos los candidatos hicieron promesas a las asociaciones gremiales durante las campañas electorales para respaldar sus peticiones cuando a ellos les tocara administrar el país. Por ejemplo, la Presidenta Bachelet llegó a un acuerdo con la Anef, que no se ve reflejado en el proyecto, el cual respaldaremos no sólo porque lo consideramos positivo, sino que, porque como dijo un señor diputado, no habrá reajuste en caso de que lo rechacemos.
Sin embargo, debemos saber qué piensa la comunidad para participar en este debate. Tenemos conocimiento de que se van a producir alzas en las cuentas del gas, de la luz y del agua. Además, el proyecto no beneficia a ciertos sectores, como el de los pensionados. Asimismo, la iniciativa refleja que el Gobierno no está cumpliendo una vez más sus compromisos, como sucede con la deuda histórica de los profesores, materia respecto de la cual ningún diputado se ha pronunciado, a pesar de que existe un consenso transversal para buscar una solución al problema. Soy profesor, y como tal, debo exigir que se cumpla el compromiso sobre esta materia contraído durante la campaña electoral. En consecuencia, el proyecto de reajuste no cumple con las expectativas de todos, lo que ha generado los reclamos de algunos diputados. Por lo tanto, pedimos que el Gobierno de la Concertación dé una señal potente y clara, a corto plazo, de que se quiere solucionar el problema como corresponde.
Fui alcalde, por lo que tengo claro que no es lo mismo administrar el municipio de Santiago, el de Las Condes o los de las regiones Quinta o Sexta, de las zonas extremas o del norte, ya que no todos cuentan con los mismos recursos. Y puede ocurrir que un alcalde, por quedar bien con sus funcionarios, otorgue rentas mayores que otro que está en la misma provincia o en la misma región, que no tiene los recursos necesarios para entregar ese beneficio. Esto también podría generar problemas. 
Por lo tanto, como queremos que los municipios optimicen su funcionamiento y sus recursos, me alegra mucho que se haya retirado la indicación que incidía en esta materia, ya que, de lo contrario, la habríamos votado en contra, porque queremos respetar su autonomía; pero tenemos que dejar claramente establecido que no es lo mismo conceder este tipo de beneficio para las municipalidades de Santiago o de Las Condes que para las de María Elena, Tocopilla o Taltal. Por lo tanto, algunos funcionarios municipales van a quedar en una situación desmedrada.
También existe preocupación respecto de lo que pasa con los trabajadores a contrata y a honorarios que laboran en la administración pública, quienes deben ser beneficiados con este incremento, al igual como sucede con los funcionarios de planta. Alguien podría responder que eso se soluciona con la modificación de las plantas respectivas, pero sabemos que eso no es factible y que no tiene que ver con la discusión del proyecto.
Un señor diputado señaló que los beneficios que reciben los mineros de la Segunda Región, específicamente los de Codelco, eran excesivos.
Al respecto, debo señalar que quienes vivimos en la Segunda Región, especialmente la gente que trabaja en la minería, tenemos una mala calidad de vida y problemas sociales que no existen en otras regiones del país, por lo que merecemos que se reconozca ese esfuerzo.
Ojalá que el Gobierno acceda a las peticiones de la Anef, del Colegio de Profesores y de las que hagan a futuro los trabajadores públicos.
Por lo anterior, vamos a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, la Concertación es una coalición amplia, democrática y con diversidad de pensamiento. Votar diferente no implica pasarse a la Oposición, como señaló el diputado Dittborn, quien desgraciadamente no está en el hemiciclo, sino que representa la diversidad.
No actuamos como si fuésemos un regimiento, a lo cual, sin duda, él está acostumbrado. Somos políticos y personas con opiniones diversas e independientes. Y pensamos en el bien común, sin recibir órdenes verticales de partido.
Una vez más, veremos por televisión y en las fotos de los diarios y revistas, así como escucharemos en los relatos de las radios nacionales y locales cómo nuestro querido ministro de Hacienda, aquí presente, y el presidente de la CUT se darán un gran abrazo y celebrarán el reajuste finalmente aprobado. Pero, una vez más, los municipios tendrán que meter mano a sus exiguos presupuestos para pagar el incremento pactado, respecto del cual no fueron consultados sus alcaldes. En honor a la verdad, nunca se ha hecho eso.
Esto delata la necesidad de cambiar la ley respectiva; se debe descentralizar realmente la administración municipal y convertir a los municipios en gobiernos locales, para que puedan decidir cuánto pueden aumentar las remuneraciones de sus funcionarios.
Hace algunos días aprobamos un préstamo a los municipios por concepto de adelanto de la subvención educacional. Me abstuve en la votación de esa iniciativa. La razón es la misma que estoy dando ahora: no es posible adelantar plata a las municipalidades por concepto de educación, sin arreglar el problema de fondo, que es el sistema de financiamiento educacional, que consiste en entregar recursos en base al promedio de asistencia de los alumnos, porque ya sabemos que en los meses complicados de invierno la asistencia disminuye por enfermedades propias de la estación, por cortes de los caminos en zonas rurales o por tormentas que impiden que en los sectores más lejanos las barcazas crucen para llevarlos a sus escuelas. Sin embargo, las rentas e imposiciones de los docentes y personal de los establecimientos educacionales hay que pagarlas de todos modos, y no por promedio de asistencia de alumnos, sino que sueldos completos, lo que es muy justo.
Por eso he sostenido que hay que terminar con ese sistema de subvención, porque, como dije y lo seguiré diciendo, dentro de poco tiempo estaremos votando otro proyecto de ley con el propósito de adelantar platas para los mismos fines. El problema es que éstas deben ser devueltas. Entonces, la ayuda es pan para hoy y hambre para mañana.
No puedo dejar de mencionar este punto, para que las aprensiones que tengo queden en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Estoy seguro de que los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos y localidades también las tienen.
El abrazo es muy bonito, es una linda foto, y, sin duda, el reajuste es un incentivo necesario para disminuir, poco a poco, la brecha y la tremenda desigualdad en torno a los sueldos y los ingresos en nuestro país.
Abordemos de una vez por todas el tema de la regionalización y de la descentralización real; que el Gobierno ponga sobre el tapete de la discusión el famoso artículo 121, ex 110, de la Constitución Política, que da a las municipalidades la opción de rehacer sus plantas y otorgar incentivos a sus funcionarios.
También es importante que abordemos el problema de la brecha entre los trabajadores por el nivel de sus ingresos. Como dijo el diputado Tucapel Jiménez, los ejecutivos doblan sus sueldos en cinco meses, pero no así los trabajadores no sólo los públicos, sino todos los del sector privado, y, según la lógica humanista, deberían acercarse a ese ritmo de aumento. Así estaríamos haciendo un país más justo. Para eso, el sector privado también debe hacer esfuerzos y reajustar las remuneraciones de sus trabajadores de manera de reflejar las ganancias que han tenido en estos tiempos de bonanza económica, en definitiva, traspasar parte importante de ellas a quienes las producen, que son justamente los trabajadores.
Concuerdo con el diputado Jiménez respecto del problema que tiene la Anef, y me abstendré de votar en ese punto específico, pero es importante que si el resto de los sectores ha llegado a un acuerdo, éste se respete.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, el reajuste de remuneraciones que estamos discutiendo nos debe llevar a la reflexión.
En primer lugar, el rol del Estado es permitir que el beneficio del crecimiento económico llegue a todos los chilenos. El reajuste de 5,2 por ciento en las remuneraciones es restrictivo, conservador y ajustado, pero responsable y sano.
En segundo lugar, de acuerdo con las estimaciones de la inflación, 3,5 por ciento real, en promedio, es de 1,7 por ciento. Si lo comparamos con la tasa de aumento real de los últimos 13 años 2,6 por ciento, es un poco bajo. Si pensamos en que la última década el aumento real de remuneraciones ha sido de 1,38 y que el PIB ha aumentado en 1,4 por ciento, podemos concluir que se están dando las condiciones de crecimiento. Por tanto, quiero hacer notar que existe una deuda con los trabajadores del Estado y que hay una desigualdad que no está siendo considerada en los aumentos de remuneraciones. Dichos aumentos deben tener relación no sólo con el crecimiento del país y la tasa de inflación, sino también con el mérito de los trabajadores, con su desempeño, con la voluntad de recompensarlos y con un sentido de mercado. También debemos observar el crecimiento de la tasa remuneracional en el sector privado, que muchas veces no se condice con las variaciones del sector público. 
Además, el análisis hay que hacerlo por sectores. Así como se ha dicho que en el sector privado los niveles profesionales más elevados tienen aumentos de ingresos mucho más importantes, en la minería han sido aún mayores; de 8,8 por ciento, según datos de la Asociación Chilena de Seguridad.
Se han hecho estimaciones en el sentido de que el aumento de remuneraciones en el sector privado ha sido de alrededor de 6 por ciento; es decir, 2,5 por ciento real, lo que es muy superior al de los trabajadores estatales.
A nivel mundial, la tasa de crecimiento real de las remuneraciones es de alrededor de 1,9 por ciento. Por ejemplo, el Reino Unido tiene una diferencia, entre remuneraciones e inflación, de 1,7 por ciento. En Canadá es similar. Pero son países en que la deuda con sus trabajadores y las desigualdades están resueltas en gran parte. Chile no ha superado eso. En el futuro hay que tomar en consideración esos factores, ser menos conservadores y permitir aumentos mayores.
En todo caso, el reajuste no es el mejor, pero es aceptable para las condiciones del país. El Gobierno perdió la oportunidad de haber otorgado un aumento mayor, en consideración a que tenemos un presupuesto mucho más expansivo.
A pesar de ello, votaré favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hoy día volvemos a discutir sobre ideas y cifras, a raíz de nuestro deber anual de despachar el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público.
En el amplio segmento de trabajadores públicos se encuentra el personal civil y militar del Estado y sus instituciones, lo que, como se ha dicho aquí, involucra a alrededor de 600 mil funcionarios.
En efecto, el 5,2 por ciento con que se reajustarán las remuneraciones a partir de diciembre representa verdaderamente un aumento, si consideramos que la inflación proyectada no debería superar al 2,5 por ciento.
Si a lo anterior agregamos la concesión de aguinaldos para Navidad y Fiestas Patrias, y sumamos los bonos por término de conflicto, deberíamos estar conformes, en consideración a que un reajuste expansivo de estas características no se entregaba desde hace prácticamente una década.
¿Cuándo habíamos tenido una economía tan pujante, con resultados espectaculares como los que hoy tenemos? Sin duda, las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país son muy superiores a las de los años pasados. Por eso, ese 5,2 por ciento de reajuste que se otorga al sector público no satisface a la mayoría, porque el superávit fiscal logrado por el precio del cobre con récord histórico, y la balanza comercial favorable en cerca de 20 mil millones de dólares, implican por supuesto una responsabilidad mayor respecto de quienes constituyen una pieza importante para lograr un país con su economía sana: los trabajadores de Chile.
Por ello, se ha hecho un esfuerzo conservador. Podríamos haber llegado a un reajuste mayor, para tratar de lograr un equilibrio con lo que están percibiendo hoy los trabajadores especiales, los que producen riqueza; con lo que reciben aquellos que producen otra riqueza: servicio al país, los empleados fiscales, los de la Anef y el resto de los servidores públicos de los servicios del Estado.
(Aplausos)
Este proyecto era la oportunidad. Si la excusa es que se puede presionar un alza en la inflación, la pregunta, entonces, es ¿por qué la discriminación? Si miramos lo que se le ha ofrecido a los trabajadores de Codelco como bono de término de conflicto, ello es similar a la cantidad que recibirán como bono de término de conflicto doscientos mil trabajadores del sector público, lo que indica que algo no está bien equilibrado. Las finanzas son tremendamente complicadas, y hay que cuidarlas; pero cuando se distribuyen, debe hacerse con justicia.
Lo lógico es que el esfuerzo por detener la inflación lo hagan todos los chilenos, pero no tienen por qué pagarlo sólo algunos, como en este caso le ha correspondido a los trabajadores del sector público.
¡Y qué decir del sector pasivo! ¿Acaso representantes de ese sector no llegan a diario a las oficinas de cada uno de los parlamentarios a decirnos: “¡Queremos igualdad de oportunidades!” “¿Y cuándo nos toca a nosotros, los trabajadores del sector pasivo, los jubilados de Chile?” 
Este proyecto era la oportunidad para haber incluido una solución al daño que le estamos causando a esa gente que hoy no puede volver a laborar, ya sea por razones de edad o de enfermedad. Cuando jubilaron se les despidió y aplaudió por el deber cumplido; pero afuera se han encontrado con una realidad que en lugar de ser un premio es un sacrificio. Y esa situación sólo el Estado la puede revertir.
Hemos olvidado a nuestros viejos.
Debo reconocer que, aun siendo un hombre de Gobierno, en este momento, tengo dudas respecto de cómo debo votar el proyecto, sobre lo cual reflexionaré en el transcurso del debate.
He dicho.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el reajuste que el Gobierno de la Presidenta Bachelet somete a la consideración del honorable Congreso Nacional es el fruto de un amplio acuerdo político logrado luego de un largo y exhaustivo trabajo realizado con la mesa que dirige a los trabajadores del sector público, que comprende a catorce gremios. El trabajo fue extenso, positivo, minucioso, bueno y detallado. Se conversó, hubo una revisión de las cifras, se hizo un análisis técnico y después de una buena negociación, se llegó a las cifras contenidas en el proyecto.
No entraré en detalle sobre las cifras, respecto de las cuales ya se ha hecho mención en el debate. Sólo quiero enfatizar sobre dos aspectos del proyecto que me parecen más importantes.
Primero, como se ha dicho, se concede un reajuste de 5,2 por ciento las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones de los trabajadores del sector público. Dada las tasas actuales de inflación si miramos hacia adelante, las estimaciones para el año 2007 están entre el 2.5 y el 3 por ciento, lo que indica que hay un incremento real hay un incremento del poder de compra de las remuneraciones del sector público del orden de 2.2 puntos porcentuales. Si lo comparamos con los reajustes de años pasados, éste es un incremento importante.
En segundo término, si uno compara lo que está ocurriendo con las remuneraciones del sector privado el Instituto Nacional de Estadísticas tiene un índice al respecto uno puede observar, dependiendo de la fecha y del mes preciso, que este reajuste del sector público en términos nominales es igual o mayor que los reajustes que otorga ese sector. Por ello, tanto en niveles absolutos como en posición relativa frente a sus colegas, los trabajadores del sector público están obteniendo un buen reajuste. Además, está plenamente financiado con los fondos que el honorable Congreso Nacional aprobó en la ley de Presupuestos que la Presidenta Bachelet va a promulgar en dos días más. 
El segundo beneficio importante que quiero destacar es el bono por término de negociación. Se pagará en dos tramos y, como siempre ha sido la política en los Gobiernos de la Concertación, los que tienen menos reciben más, y en este caso ese principio se manifiesta en el hecho de que los trabajadores cuya remuneración líquida esto lo destacó el diputado Ortiz está por debajo de los 400 mil pesos, recibirán un bono de 100 mil pesos; los trabajadores cuya remuneración líquida está por sobre ese umbral, reciben un bono menor.
Es importante destacar también que se han alzado los puntos de corte. Para estos dos tramos del bono, el año pasado el umbral era de 350 mil pesos, ahora es de 400 mil pesos, con lo cual hay un número mayor de trabajadores que van a recibir el bono mayor, en este caso, de 100 mil pesos. A este bono hay que añadir una serie de beneficios: aguinaldos, asignaciones, etcétera, ya mencionados por los señores diputados, razón por la cual no me voy a extender sobre la materia.
Termino destacando que el proceso mediante el cual se llegó a este reajuste y el diálogo en el cual participaron el ministro del Trabajo aquí presente y 14 organizaciones del sector público demuestran que con madurez y buena voluntad se pueden construir acuerdos que, además de entregar beneficios a los trabajadores, son coherentes con la política de responsabilidad fiscal que los gobiernos de la Concertación siempre han mantenido. Creo que estamos ante un buen proyecto de ley. Con mucho entusiasmo y orgullo lo sometimos a la consideración de la Cámara de Diputados, y ayer fue aprobado por la Comisión de Hacienda sin votos en contra.
Esperamos que el reajuste se pague desde el 1° de diciembre, como lo indica la iniciativa.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Gracias, señor ministro.
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor LEAL (Presidente).- En votación general el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica, con excepción del inciso cuarto del artículo 35, que requiere quórum de ley orgánica constitucional.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Alvarado Andrade, Claudio; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Delmastro Naso, Roberto; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ortiz Novoa, José 
Miguel; Palma Flores, Osvaldo; Paredes Fierro, Iván; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tohá Morales, Carolina; Tuma Zedan, Eugenio; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Ward Edwards, Felipe.
Se abstuvo el diputado señor Errázuriz Eguiguren, Maximiano.
El señor LEAL (Presidente).- En votación general el inciso cuarto del artículo 35, cuya aprobación requiere del voto afirmativo de 67 señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Eluchans Urenda, Edmundo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías 
Ponce, Ramón; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ortiz Novoa, José Miguel; Paredes Fierro, Iván; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tohá Morales, Carolina; Tuma Zedan, Eugenio; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Ward Edwards, Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se declara también aprobado en particular, con excepción del artículo 1°, respecto del cual se ha pedido votación separada, y del inciso cuarto del artículo 35, que tiene una indicación.
En votación el artículo 1°.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Correa De La Cerda, Sergio; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Eluchans Urenda, Edmundo; Encina Moriamez, Francisco; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ortiz Novoa, José Miguel; Paredes Fierro, Iván; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Soto González, Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tohá Morales, Carolina; Tuma Zedan, Eugenio; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Ward Edwards, Felipe.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Escobar Rufatt, Alvaro; Jiménez Fuentes, Tucapel.
Se abstuvieron los diputados señores:
Enríquez Ominami Gumucio, Marco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Farías Ponce, Ramón; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge.
El señor LEAL (Presidente).- Se ha presentado una indicación al inciso cuarto del artículo 35.
El señor Secretario le dará lectura.
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de los diputados señores Cardemil, Becker, Alvarado, Paredes, Súnico y Montes, para eliminar en el inciso cuarto del artículo 35 la siguiente frase: “cuyos montos no podrán ser superiores a los establecidos en el inciso segundo de este artículo”.
En votación el inciso cuarto del artículo 35, que requiere quórum de ley orgánica constitucional, con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Eluchans Urenda, Edmundo; Encina 
Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Insunza, Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Paredes Fierro, Iván; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tohá Morales, Carolina; Tuma Zedan, Eugenio; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Walker Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto.
El señor LEAL (Presidente).- Antes de tratar el segundo proyecto de la Tabla, que extiende la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo a funcionarios civiles de Carabineros de Chile, que debe etsar promulgado antes del 30 del mes en curso, pido el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día por 15 ó 20 minutos.
¿Habría acuerdo?
El señor MONTES.- Señor Presidente, votémoslo sin debate, porque todos estamos de acuerdo.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LEAL (Presidente).- Pero, primero, acordemos prorrogar el Orden del Día por unos 15 minutos, porque el informe que rendirá el diputado señor Von Mühlenbrock será muy breve.
El señor ULLOA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, independientemente de lo que nos señala relacionado con el informe, sería necesario consultar si la propuesta del diputado señor Montes es acogida por la Sala, porque considero muy razonable votar el proyecto sin discusión.
Gracias, señor Presidente.
El señor LEAL (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo unánime para votar el proyecto sin discusión?
Acordado.


EXTENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE ESPECIALIDAD AL GRADO EFECTIVO A FUNCIONARIOS CIVILES DE CARABINEROS DE CHILE. Segundo trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar, entonces, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la asignación de especialidad al grado efectivo a funcionarios de Carabineros de Chile.
Diputado informante de la Comisión de la Comisión de Hacienda es el señor Von Mühlenbrock.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín N° 462002 (S), sesión 98ª, en 15 de noviembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VON MÚHLENBROCK.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la Asignación de Especialidad al Grado Efectivo a funcionarios civiles de Carabineros de Chile.
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en incorporar al personal de Carabineros de Chile en los beneficios compensatorios de la ley N° 19.699.
Los fundamentos expuestos en el mensaje señalan que, a raíz de las distintas interpretaciones de la Contraloría General de la República, en relación con las características que debía reunir el título exigido por la ley para acceder al beneficio denominado Asignación de Especialidad de Grado Efectivo, en el mes de noviembre de 2000 fue dictada la ley N° 19.699, en virtud de la cual se otorgaron compensaciones y otros beneficios a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior.
No obstante lo anterior, el artículo 14 de dicha ley, que se refiere al personal civil de las Fuerzas Armadas, excluyó a los funcionarios de Carabineros de Chile, a pesar de que, para estos efectos, tales funcionarios se rigen por las mismas disposiciones legales que sus pares de las Fuerzas Armadas. En efecto, la norma en referencia dispuso que “los funcionarios de las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación y de las Fuerzas Armadas no se menciona al personal civil de Carabineros de Chile que el 1° de diciembre de 1999 percibían la asignación de especialidad al grado efectivo, establecida en el artículo 185, letra b), del decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1997, en razón de un título técnico de nivel superior que, por interpretación de la Contraloría General de la República, se hubiese considerado como habilitante para acceder al pago de esa asignación en calidad de profesional, tendrán derecho, a contar del día de la vigencia de esta ley, a una planilla suplementaria equivalente a las diferencias que se produjeren en el pago de la asignación de especialidad al grado efectivo, como consecuencia de la aplicación del dictamen que reconsideró el anterior pronunciamiento.”.
De esta manera, los funcionarios civiles de Carabineros de Chile no fueron considerados en el beneficio del referido artículo 14 de la ley N° 19.699, a pesar de que el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, D.F.L. N° 2 (I), de 1968, al igual que el D.F.L. N° 1 (G), ya citado, en su artículo 46, letra r), contemplan entre las remuneraciones la asignación de especialidad al grado efectivo.
A continuación, el informe enumera las disposiciones legales que se modifican por el proyecto.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de fecha 17 de octubre de 2006, señala que el proyecto de ley tiene por objeto mantener la asignación de especialidad al grado efectivo que percibían los funcionarios civiles de Carabineros de Chile al 1° de diciembre de 1999, en las mismas condiciones que sus homólogos de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías correspondientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N° 19.699.
El proyecto no representa un mayor gasto fiscal.
En la discusión general y particular intervinieron el señor Andrés Velasco, ministro de Hacienda, y la subsecretaria de Carabineros, señora Javiera Blanco, que precisó que sesenta serían los funcionarios beneficiados. Según la información que he recibido quiero dejar constancia de ello para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, serían 61 los funcionarios que no fueron considerados en el beneficio compensatorio del artículo 14 de la ley ya mencionada, y que reciben la asignación en virtud de un dictamen de la Contraloría, que declaraba que, una vez regularizada la situación, dichos fondos se entenderían bien pagados. 
En cuanto al financiamiento del proyecto, en la Comisión se sostuvo que lo señalado en el informe de la Dirección de Presupuestos no sería exacto, ya que respecto de la ley vigente se produce un mayor gasto.
Puesto en votación general y particular, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Alvarado, Becker, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles, Tuma y Von Mühlenbrock.
No hay artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad.
El proyecto, que consta de tres artículos que regulan la situación descrita, fue tratado en la sesión de ayer, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, Alvarado, Becker, Dittborn, Insunza, Montes, Ortiz, Robles, Súnico, Tuma y Von Mühlenbrock.
Como el proyecto fue acogido en la Comisión por unanimidad, solicito a la Sala que lo apruebe en los mismos términos, porque sólo apunta a regularizar una situación que afectaba a funcionarios de Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, como existe acuerdo para votar el proyecto sin discusión, voy a suspender la sesión por unos minutos para llamar a votar a los diputados que están en comisiones.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto que extiende la asignación de especialidad al grado efectivo a funcionarios civiles de Carabineros de Chile.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Alvarado, Andrade, Claudio; Álvarez Salamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Ceroni Fuentes, Guillermo; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Eluchans Urenda, Edmundo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Escobar Rufatt, Alvaro; 
Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Paredes Fierro, Iván; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tohá Morales, Carolina; Tuma Zedan, Eugenio; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Walker 
Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe.
El señor LEAL (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS MARINOS.

El señor LEAL (Presidente).- Informo a la Sala que en reunión de Comités se acordó colocar sobre tabla un proyecto de acuerdo firmado por los trece integrantes de la Comisión de Pesca.
El señor Prosecretario le dará lectura.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 253, de los diputados señores Errázuriz, Vallespín, Galilea, Alinco; diputada señora Clemira Pacheco; diputados señores Ulloa, Recondo, Venegas, don Samuel, González y Melero.
“Considerando:
Que, en alta mar, vecina a la jurisdicción chilena, se ha desarrollado y crece día a día la actividad de grandes flotas pesqueras de agua distante, que capturan las mismas poblaciones de peces presentes en las doscientas millas de la zona económica exclusiva nacional. 
Que esa pesca tiene lugar sin que los Estados responsables de esos barcos cooperen con Chile en la conservación de los recursos presentes dentro y fuera de las doscientas millas, ni apliquen medidas compatibles con las vigentes bajo la jurisdicción chilena.
Que esa situación afecta muy especialmente al principal recurso chileno, el jurel, responsable de más de la mitad de la pesca tradicional e importante insumo para el cultivo del salmón.
Que, en la zona económica de doscientas millas y en alta mar, a los barcos nacionales se les aplica un estricto régimen de conservación, que ha obligado y obliga a grandes restricciones y sacrificios para la sostenibilidad del recurso.
Que, por parte del Estado, debe procurarse que embarcaciones de agua distante apliquen parecidas normas y colaboren en el cuidado de estos recursos, con énfasis en los especialmente vulnerables.
Que existe una normativa nacional que condiciona el uso logístico de los puertos por pesqueros distantes a que ellos cooperen con Chile y convengan y adopten normas compatibles de conservación respecto de las especies asociadas presentes dentro y fuera de las doscientas millas.
Que está en negociación la creación de una Organización Regional de Pesca para la alta mar de todo el Pacífico Sur, que deberá reglamentar la pesca en alta mar, cautelando el régimen vigente y los intereses de los países ribereños.
Que se requiere una completa y oportuna aplicación de las normas vigentes para los fines indicados. Es necesaria una prioritaria y acabada preparación, tanto para la negociación en curso, cuya próxima etapa será la primera semana de mayo 2007, en Chile, como para lograr una estrecha cooperación de los sectores público y privado.
Que conviene cautelar, en una materia relacionada, los recursos demersales (los que están en profundidad) y los ecosistemas de los fondos marinos en alta mar.
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Solicitar a S.E. la Presidenta de la República: 
a)La estricta aplicación del decreto supremo N° 123 a los pesqueros distantes que no cooperen sustantivamente con Chile en la conservación de los recursos presentes dentro y fuera de las doscientas millas y, por lo tanto, autorice el uso de los puertos a esas embarcaciones sólo cuando prueben dar cumplimiento a tal cooperación.
b)Dar máxima prioridad a la negociación en curso de la Organización Regional de Pesca para la alta mar de todo el Pacífico Sur en términos que resulten convenientes a la protección y la explotación de los importantes recursos marinos en juego.
c)Instruir a los organismos que llevan adelante las negociaciones por parte de Chile para obtener urgentes medidas provisionales que representen una limitación apropiada del esfuerzo pesquero en alta mar del Pacífico Sur.
d)Impulsar medidas a fin de que los responsables de la pesca industrial y artesanal implementen una acción coordinada y eficaz.
e)Adoptar medidas respecto de las prácticas de pesca más allá de las doscientas millas, destructivas de los ecosistemas vulnerables como montes submarinos, respiraderos biotermales y arrecifes de coral de aguas frías, y buscar cooperación internacional para evitar que ellas puedan afectar los recursos o los ecosistemas señalados.
2.Requerir al ministro de Relaciones Exteriores que transmita este acuerdo a las Cancillerías de los países que están participando en la creación de una Organización Regional de Pesca para la alta mar de todo el Pacífico Sur.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el proyecto tuvo su origen en la reciente reunión efectuada en Hobart, en la isla de Tasmania, Australia. Su objetivo fue crear la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, dado que dicho océano es el único que carece de una instancia de esa naturaleza que regule la pesca, en especial la de alta mar que tiene lugar más allá de las 200 millas.
¿Cuál es el problema concreto? En Chile se hacen enormes esfuerzos a fin de reducir la pesca, de manera de proteger los recursos. Así, por ejemplo, antes se pescaban 4 millones de toneladas de jurel, principal recurso pesquero del país, cifra que se redujo a 1 millón 400 mil toneladas anuales. 
En Valdivia, una enorme cantidad de barcos se encuentra en tierra resulta más barato que tenerlos en el mar porque sencillamente la cuota que se asignó fue mucho menor que la que existía antes. 
En suma, mientras en el país se hacen esfuerzos para proteger los recursos pesqueros, como se pudo apreciar en Hobart, donde Chile fue apoyado principalmente por Australia, Nueva Zelanda, Ecuador y Perú, la Unión Europea, Rusia y China mantienen tres barcos y, dado que no existe regulación en materia pesquera, arrasan con la pesca en alta mar más allá de las 200 millas marinas.
En Chile, se dictó el decreto supremo 
N° 123, que permite al Gobierno impedir el atraque de barcos que no protegen los recursos en alta mar.
Lo que pretendemos con el proyecto de acuerdo, copia del cual se remitirá a la Comisión de Pesca del Senado, es respaldar al Gobierno en la aplicación del decreto supremo N° 123 respecto de barcos que no protegen la pesca de alta mar y exterminan los recursos.
En Hobart, me impresionó ver a personas de diferentes sectores políticos, a ecologistas, a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, al subsecretario de Pesca, a miembros de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca; de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, y del Instituto de Fomento Pesquero, todos los cuales se jugaron por la protección de los recursos y por ayudar a Chile. Eso queremos: la unidad de los chilenos para proteger nuestros recursos.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, el proyecto surgió de un acuerdo unánime adoptado en la Comisión de Pesca y busca la defensa de una posición de país. Por eso, llamo a los colegas a aprobarlo por unanimidad.
En la práctica, lo único que se pide es acelerar al máximo una posiciónpaís respecto de llegar a un acuerdo en la creación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. 
Como se sabe, otros países, verdaderas potencias, extraen en forma indiscriminada los recursos del mar, con lo cual afectan el potencial desarrollo de la zona de 200 millas.
En ese sentido, creemos que debe existir una señal clara del Gobierno en cuanto a resguardar los recursos. Al respecto, se cuenta con el mecanismo que otorga el decreto supremo N° 123, aplicable a embarcaciones que no cooperan en la protección de los recursos más allá de las 200 millas, el que se traduce en no otorgarles autorización para el uso de puertos chilenos, la que quedaría limitada a embarcaciones que sí cumplen con la protección de esos recursos, fundamental por su implicancia para mucha gente que vive vinculada al sector pesquero.
Creemos fundamental que la Cámara emita una opinión clara y transversal respecto de esta materia. 
Por lo tanto, reitero mi llamado a aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo, porque significa respaldar una posición de país ante el perjuicio sufrido.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño, René; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; Delmastro Naso, Roberto; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Encina Moriamez, Francisco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; González Torres, Rodrigo; Hales Dib, Patricio; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; Lobos Krause, Juan; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Paredes Fierro, Iván; Pascal Allende, Denise; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Sabag Villalobos, Jorge; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Tarud Daccarett, Jorge; Turres, Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Walker Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe.


CREACIÓN DE COMUNA DE LICAN RAY.

El señor LEAL (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 214, de los diputados señores Meza, García, Espinosa, don Marcos; Duarte, Quintana, Estay, Venegas, don Mario; Escobar, Becker y Forni.
“Considerando:
Que la comuna de Villarrica, en la Novena Región, de La Araucanía, con una superficie de 1.291 km2 y una población de cuarenta y cinco mil quinientos treinta y un habitantes, acoge al 5,24% de la población total de la región. El 32,22% corresponde a población rural y el 67,78% a población urbana, de modo que un tercio es de la zona rural. Del grupo etario mayoritario, que es de 55,5 años de edad esto es, más del 35% del total de la población, el 62% está afiliado al sistema público de salud y el 47% de los menores de seis años de edad son atendidos por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria.
Que, en esta comuna el 37% de los hogares está dirigido por mujeres con más de sesenta y dos años de edad. Con una escolaridad promedio de 8,4 años, se registra un analfabetismo de dos mil once personas, correspondiente al 6,4% de la población mayor de diez años de edad. La escolaridad femenina es de dieciocho mil setecientas sesenta y nueve personas y, la masculina, de dieciocho mil cuatrocientas sesenta y siete personas. Hay doce mil seiscientas veintinueve casas, de las cuales ocho mil quinientas ochenta y dos cuentan con arranque domiciliario de agua potable, en tanto que diez mil quinientas ochenta y siete están conectadas al alcantarillado.
Que la población mayor de quince años de edad representa el 47,8% de la fuerza de trabajo de Villarrica. Cinco mil quinientas noventa y tres personas son indigentes, cantidad equivalente al 11,65%. Ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho habitantes son considerados pobres no indigentes, con el 17,60% del total comunal. En los hogares indigentes, hay un promedio de 4,4 personas, en tanto que en los hogares pobres no indigentes hay 3,6 personas. Más de dos mil habitantes reciben el Subsidio Único Familiar (SUF) y más de mil la Pensión Asistencial de Invalidez (Pasis). Se otorgan alrededor de setecientos ochenta y cuatro subsidios al agua potable (SAP) urbanos y un centenar de SAP rurales.
Que, entre los problemas de desarrollo urbano de la localidad de LicanRay están los de vivienda, pavimentación, infraestructura urbana, evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, manejo y disposición de residuos sólidos domiciliarios, mantenimiento de la red secundaria de caminos rurales, falta de desarrollo del potencial turístico, deficiente capacitación laboral y dificultades de acceso al servicio de electrificación rural, alto índice de cesantía, déficit de infraestructura para acceder a la jornada escolar completa (JEC) y necesidad de mejoras en infraestructura, equipamiento y adquisición de vehículos para el sector de la salud.
Que el documento ‘Diagnóstico y Propuestas para la Integración de Territorios Aislados’, elaborado en agosto de 1999 por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Pucv) para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), constata que hay territorios con diferentes grados de aislamiento, como producto de factores geográficos, económicos o culturales, con la consiguiente carencia en materias de administración, de recursos y de oportunidades, con incidencia en la efectiva participación en las decisiones regionales y en el progreso del resto del país.
Que el Estado, además de su responsabilidad de asegurar la mayor equidad social a sus habitantes, tiene la ineludible tarea de lo que podría denominarse la equidad territorial mínima, necesaria para asegurar un desarrollo más armónico y equitativo de los territorios en condiciones de aislamiento crítico. Ello constituye también una respuesta a los desafíos de un Estado moderno en materia de soberanía.
Que, a su vez, el documento ‘Metodología para la Definición de Territorios Especiales’ elaborado en noviembre de 2002 por la Subdere, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Pucv) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) señala que ‘nuestro país contiene un conjunto de territorios con una vasta diversidad de condicionantes ambientales, dadas, principalmente, por su emplazamiento ..., a lo que se asocia la existencia de ‘una diversidad de etnias que habitan a lo largo del territorio, desarrollando las potencialidades naturales con sus propias especificidades'.
Que el informe concluye que ‘Tal localización y diversidad cultural le imprimen al país un desafío que tiene relación con un manejo tal que lo sitúe equitativamente en cuanto a las posibilidades de desarrollo que solicita el mundo actual, en el sentido de que sea capaz de responder tanto a los requerimientos de estructurarse en la red que impone la globalización como a las demandas locales de desarrollo de la propia identidad local'. El estudio da cuenta también de ‘una desigual integración territorial, cuestión que se ve mayormente agravada en los momentos en que el fenómeno de la globalización obliga a enfrentar este desafío con una estructura de país equitativamente integrada'.
Que el estudio considera los siguientes criterios y variables para determinar territorios especiales:
1.Criterio económico, con las variables de ingreso, inversión, fuerza de trabajo, desempleo e incentivos públicos.
2.Criterio social, con las variables de salud, educación, pobreza, demografía, identidad cultural y servicios básicos.
3.Criterio territorial ambiental, con las variables de paisaje, recursos naturales, patrimonio, calidad ambiental, condición geopolítica, aislamiento e infraestructura.
4.Criterio institucional administrativo, con las variables de organización, administración pública y acceso a la información.
Que el estudio sobre territorios especiales respecto de las comunas rezagadas socialmente afirma que ‘El solo acceso a un conjunto de bienes y servicios básicos para toda la población no favorece a la equidad, puesto que las diferencias finalmente se establecen en base a lo que cada uno hará con esos bienes y servicios, lo que está ligado a las valoraciones, las motivaciones, las capacidades, y apelan a toda la carga cultural de los sujetos. Lo supuesto en la base de este estudio es que no se pueden imaginar acciones contra la exclusión social que no se basen en acciones contra la exclusión espacial'.
Que, en el caso específico de la Novena Región, de La Araucanía, treinta de las treinta y tres comunas que la constituyen (90,9%) presentan alguna situación de rezago social, siendo predominantes el crítico y el reciente, con el 57,3% y el 33,6% de las comunas, respectivamente. El 69,2% de las comunas ofrece una situación de desventaja en la dimensión socioeducativa. Si se consideran sólo las comunas en estado de rezago social, esta incidencia alcanza al 78,7%.
Que el documento ’Diagnóstico y Propuesta Metodológica para Modificar la División PolíticoAdministrativa del País’ elaborado en 2003 por el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Pucv) para la Subdere propone la creación de comunas basada en la ‘Política de Estructuración Territorial de Comunas’, lo que supera el desfase entre las estructuras territorial comunal, administrativa, participativa y funcional municipal. Se trata de la creación de comunas fundada en criterios territoriales, económicos, productivos y financieros, de servicios públicos, socioculturales y organizativos, que permitan un análisis objetivo y riguroso de la estructuración comunal del país.
Que la creación de una provincia debe considerar procedimientos técnicos que comprendan criterios cuantificables, fundados en información oportuna y pertinente. Ha de tener en cuenta criterios generales básicos, como el mantenimiento de un equilibrio territorial, la valoración de la dimensión política, los procedimientos legales y administrativos de la petición y las disposiciones constitucionales. Es importante observar que esta propuesta representa una ayuda a la decisión final y corresponde al componente técnico de la evaluación de una solicitud. La decisión final siempre tendrá un importante componente de carácter político.
Que la ley N° 19.526 modificó el artículo 62, N° 2, de la Constitución Política de la República, en el párrafo penúltimo del Capítulo XIII, Gobierno y Administración Interior del Estado, y agregó una nueva disposición transitoria. Estas enmiendas implican el fortalecimiento de la autonomía municipal.
Que la normativa encomienda a la ley orgánica constitucional respectiva regular la administración transitoria y el procedimiento para la instalación de nuevas municipalidades. También prescribe los procedimientos de traspaso del personal municipal y de los servicios, estableciendo los resguardos para cautelar el uso y la disposición de los bienes ubicados en el territorio de las comunas nuevas.
Que, en la actual comuna de Villarrica, la localidad denominada LicanRay ocupa gran parte del territorio comunal y concentra la mayor parte de la población rural, en donde existe una importantísima población mapuche pehuenche, que se dedica mayoritariamente a la agricultura y a la ganadería y que conserva su cultura y sus tradiciones.
Que el sector de Lican Ray aparece claramente diferenciado del sector urbano de la comuna en sus dinámicas económica, medioambiental y cultural, lo que ha tendido a potenciarse con la designación de esa zona como área de desarrollo indígena.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en el marco de las investigaciones sociales y estudios metodológicos que conjuntamente con distintos organismos desarrolla la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), disponga que se analice detalladamente la conveniencia de que el actual sector de Lican Ray, de la comuna de Villarrica, en la Novena Región, de La Araucanía, se convierta en la comuna de LicanRay, de manera de fortalecer su autonomía que en los hechos existe respecto del sector urbano de Villarrica y proyectar el desarrollo de sus potencialidades económicas, turísticas, ecológicas y culturales.”
El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo responde a un anhelo largamente mantenido por la gente de Lican Ray, en el sentido de que ese pueblo pase a ser comuna. De concretarse, no se tocaría un solo metro de la Décima Región, aspecto que preocupa a algunas personas de dicha región. En efecto, al dividir la comuna de Villarrica, quedaría un territorio de aproximadamente 480 kilómetros cuadrados que pasaría a formar parte de la nueva comuna de Lican Ray.
Lican Ray es una de las zonas más lindas de la Novena Región, pero, a su vez, la más atrasada: sus calles no se encuentran pavimentadas, no dispone de alcantarillado. En suma, no tiene nada porque es como el patio trasero de Villarrica. 
La gran inversión que correspondería a la comuna de Lican Ray si el ingreso per cápita se dividiera como corresponde, sería de 540 millones de pesos al año, pero en la práctica no se invierten ni siquiera 50 millones. 
Se formó una corporación transversal, integrada por personas de diferentes colores políticos que deseamos que ese anhelo se convierta en realidad. Con el diputado Meza y con los senadores Vásquez y García Ruminot, estamos de acuerdo en la iniciativa. 
La Corporación de desarrollo pro comuna es presidida por la señora María Luz Serry, quien ha conversado con representantes de todas las organizaciones sociales.
La futura comuna tendría una gran particularidad en una zona turística: conservar el patrimonio y la cultura mapuche. El 90 por ciento de quienes viven en Lican Ray son mapuches y todos quieren la autonomía de esa localidad para que llegue el progreso.
Además, los concejales y la alcaldesa de Villarrica están de acuerdo con la creación de la comuna de Lican Ray. Por lo tanto, es fundamental que la señora Presidenta tome cartas en el asunto y ordene el estudio del caso, para que el anhelo de sus habitantes se haga realidad lo antes posible.
Ese es el fondo del proyecto de acuerdo. No tiene otra lectura. Simplemente, se trata de crear la comuna de Lican Ray y conservar el patrimonio y la cultura mapuche, con la consiguiente inversión, por lo que implican para el turismo. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, tal como dijo el diputado René Manuel García, más de 6 mil personas, que viven completamente aisladas gran parte del año en la localidad de Lican Ray, comuna de Villarrica, comparten la aspiración de crear la nueva comuna desde hace muchos años. 
Cabe destacar que en verano 40 mil personas llegan a un balneario que carece de alojamiento, de pavimentación, de alcantarillado; en general, de infraestructura urbana.
Treinta de las treinta y tres comunas de la Novena Región tienen rezago social. En particular, la localidad de Lican Ray, no obstante la pujanza de su gente, la cercanía de la cordillera de los Andes, con toda su majestuosidad, y el lago Calafquén, no contaminado.
El aislamiento es geográfico, económico y cultural. Las redes secundarias de caminos no se atienden. Por lo tanto, el potencial turístico de esa zona no se ha desarrollado. 
Los habitantes de Lican Ray, dirigidos por la corporación de desarrollo de esa localidad, cuya presidenta es doña María Luz Serry, a través de sus parlamentarios solicitan a la honorable Cámara, tal como nosotros lo hicimos a la subsecretaria de Desarrollo Regional, que tenga en cuenta que no se trata de un capricho, sino de la necesidad imperiosa de explotar los potenciales turísticos de la zona para lograr su desarrollo económico. 
A la Presidenta Bachelet, en nombre de todos los parlamentarios de la Novena Región, se le ha pedido una audiencia para explicarle en detalle lo que solicitamos. 
Por último, quiero resaltar que la propia comuna madre, Villarrica, a través de su concejo, ha manifestado su acuerdo, al igual que Pucón, Curarrehue, Loncoche; es decir, la unanimidad es absoluta en cuanto a la creación de la comuna de Lican Ray.
En consecuencia, solicito a mis colegas parlamentarios que ayuden a los diputados y senadores de la Novena Región y aprueben el proyecto de acuerdo, para ayudar a concretar el sueño de las fuerzas vivas de Lican Ray y convertir en comuna a esa localidad, con lo cual mejorará la calidad de vida de muchísima gente. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- El diputado Latorre ha pedido la palabra.
¿Habría acuerdo para concedérsela por un par de minutos? 
No hay acuerdo. 
Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. 
El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. 
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo, Enrique; Aedo Ormeño, René; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Bustos Ramírez, Juan; Cardemil Herrera, Alberto; Correa De La Cerda, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Encina Moriamez, Francisco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Bruner, Cristián; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Pascal Allende, Denise; Paya Mira, Darío; Pérez Arriagada, José; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Sabag Villalobos, Jorge; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla, Ignacio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Verdugo Soto, Germán; Vidal Lázaro, Ximena; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Walker Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe.
Se abstuvo el diputado señor Bauer Jouanne, Eugenio.


VII. INCIDENTES

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. 
Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi. 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, en la Comisión de Discapacidad, a pesar del gran acuerdo que hubo para construir en los edificios públicos accesos para los discapacitados, hemos sabido que en varios no se ha hecho nada. 
Por eso, pido que se envíen oficios a todos los ministros, sin perjuicio de que se hagan extensivos a intendentes y gobernadores, para pedirles que cumplan con la ley, porque el Estado debe dar el ejemplo en esta materia.
Se debe dar una señal potente y aplicar la ley con toda rigurosidad. 
He dicho. 
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. 


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CREACIÓN DE COMUNA DE COÑARIPE. Oficio.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, se acaba de aprobar el proyecto de acuerdo N° 214, mediante el cual se pide crear la comuna de Lican Ray.
Los parlamentarios del distrito N° 54, en diversas oportunidades, desde hace años, hemos solicitado la creación de la comuna de Coñaripe. En su minuto, se entregaron los estudios pertinentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Las dos localidades, Lican Ray y Coñaripe, son hermosas, como dice el diputado Meza. 
La comuna de Panguipulli, de la cual depende Coñaripe, tiene que preocuparse de otras localidades y sus medios son escasísimos. El presupuesto municipal no va más allá de los 2 mil 500 millones de pesos y, por lo tanto, no le alcanzan para todas. 
Coñaripe, ciudad turística, debe tener alrededor de 8 mil habitantes, que sobrepasan los 10 mil si se le agregan los de Liquiñe. Incluso, habría más habitantes que en la localidad mencionada de la Novena Región.
Por lo expuesto pido que se oficie al ministro del interior, a fin de que el subsecretario de Desarrollo Regional disponga el estudio, en el curso del próximo año, a más tardar, de factibilidad de la creación de la comuna de Coñaripe, sin dejar de pertenecer a la provincia de Valdivia.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Sepúlveda y de los diputados Tuma, Ascencio y Araya.


PETICIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE PRESENTACIÓN DE CLUB DE DEPORTES TEMUCO. Oficio.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero que se envíe, en mi nombre, un oficio a la contralora general de la República subrogante, señora Noemí Rojas, con el objeto de que atienda la consulta del tesorero general de la República en orden a una presentación que realizó el club de deportes Temuco, justo en el límite de la fecha de vencimiento del plazo de la ley que permite a las asociaciones deportivas acogerse a los beneficios de condonación de deudas tributarias y de un plazo de veinte años para pagar.
Dicho plazo venció el 7 de noviembre y, de acuerdo con la ley, se extendía hasta las veinticuatro horas de ese día. Los representantes del club de deportes Temuco llegaron a la Tesorería General de la República a las siete de la tarde y no encontraron a quien entregar el documento para cumplir con la norma, la cual reitero los autorizaba a efectuar ese trámmite hasta las veinticuatro horas. Como tampoco había condiciones para entregar oficialmente el documento, el ingreso de éste lo efectuaron durante la mañana del día siguiente. 
Solicitamos a la contralora que acoja la interpretación de que dicho documento se presentó dentro del plazo legal, porque los representantes del club no tuvieron a quién entregarlo el día 7 de noviembre a las 19 horas, entendiéndose que el plazo que se concede hasta las veinticuatro horas de ese día.
En consecuencia, solicito que la señora contralora atienda esa argumentación.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Vidal y de los diputados señores Enrique Jaramillo, Gabriel Ascencio, Enrique Accorsi, 
Jorge Burgos y Juan Bustos. 


INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS DE EMPLEOS “BRUJOS” EN LA UNDÉCIMA REGIÓN. Oficios.

El señor BURGOS (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, ayer, en los titulares del diario “La Segunda” se señala que nuevos empleos brujos se destapan en la Undécima Región. Luego, en forma muy extensa, en una página completa, se dice: “Revientan nuevos empleos brujos en la Undécima Región. En Coyhaique, esta vez, se detectó que, en listados de beneficiados, hay personas que niegan haber trabajado. El Ministerio Público inició una investigación por malversación de caudales públicos, al menos, entre julio y octubre.”
Debido a la gravedad de las denuncias de ese diario y, porque hoy los empleos brujos también están siendo investigados por la Cámara, he sentido la responsabilidad y la obligación de pronunciarme respecto a esta materia por tres razones fundamentales:
Primero, porque tengo la convicción y la certeza de que esos empleos brujos que se mencionan obedecen a una razón absolutamente distinta a la de la clara intervención electoral, como lo van a reconocer los informes de la Comisión investigadora de esta Corporación sobre el particular.
Segundo, porque enloda a un porcentaje muy alto de funcionarios municipales que son muy responsables y que están comprometidos con el trabajo y el desarrollo de su comuna. Son personas honorables y, sin duda, se ven afectadas por este tipo de situaciones.
Tercero, porque uno tiene que tener el mínimo grado de consecuencia. El alcalde de Coyhaique es de la Alianza por Chile y, por lo tanto, tenemos la obligación de transparentar y de llegar al fondo de la verdad para que en esta acusación que se hace sobre empleos brujos se determinen claramente sus orígenes y también se establezca que no tienen ninguna relación con lo que ha ocurrido en varias regiones de Chile y en muchos municipios, especialmente aquí en la Quinta Región, en relación con ocupar recursos de todos los chilenos en campañas políticas.
Por lo mismo, pido que el Ministerio Público, la Contraloría y el concejo de Coyhaique cumplan con un activo rol para encontrar la verdad respecto a tan importantes materias. También solicito que se envíen oficios a la contraloría regional de Aisén y a la municipalidad de Coyhaique para que hagan llegar a esta Corporación los informes respecto de esas denuncias, por las investigaciones que tanto la Contraloría como la fiscalía interna han realizado.
Tengo la esperanza de que ningún tipo de relaciones que pueda existir en comunas chicas o de población pequeña, como es el caso de Coihaique, enturbie la necesaria profundización que debe existir en la investigación, que debe conducir a sanción de todos los responsables de tan graves hechos.
El resto del tiempo de Renovación Nacional, después de la intervención del señor Errázuriz, se lo concedo al diputado Rodrigo Álvarez, de la Unión Demócrata Independiente.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


COMUNICACIÓN A POSTULANTES SIN DERECHO A PENSIÓN ASISTENCIAL. Oficios.

El señor BURGOS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, son miles las personas que están postulando a una pensión asistencial. Dicha pensión es de sólo 47 mil y tantos pesos mensuales de por vida; a pesar de su monto, constituye un apoyo, una ayuda, para las personas de escasos recursos.
Cuando estuvo acá la ministra Clarisa Hardy nos dijo que toda persona que tuviera menos de 550 puntos, automáticamente iba a acceder a una pensión asistencial. En el fondo, repitió lo que había dicho la Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo pasado.
He solicitado a tres intendencias regionales informe sobre cuántas personas postularon a una pensión asistencial y cuántas tenían menos de 550 puntos. Mientras algunos intendentes, en forma muy razonable, como la intendenta de la Duodécima Región, doña Eugenia Mancilla Macías, informó que en su región no se permitió postulaciones de personas con más de 550 puntos, en otras regiones, como la Metropolitana, 1.352 personas tuvieron menos de 550 puntos y 5.732, más de 550 puntos, y, por lo tanto, no van a tener derecho a una pensión asistencial.
En la Primera Región se aprobaron 85 pensiones asistenciales; no hay información acerca de las rechazadas. En la Segunda Región, se aprobaron 52 pensiones y 237 se rechazaron, por tener más de 550 puntos. En la Quinta Región; se rechazaron 1.700 solucitudes de pensión. En la Sexta Región se rechazaron 838. En la Octava Región, se aprobaron 844 pensiones y se rechazaron 1.005 solicitudes. En la Novena Región, se aprobaron 470 pensiones asistenciales y 691 peticiones se rechazaron. En la Décima Región, se aprobaron 527 y 393 se rechazaron, y en la Undécima Región, se aprobaron 44 y se rechazaron 27. 
En otras palabras, se permitió postular a la pensión asistencial a personas que tenían más de 550 puntos con la antigua ficha CAS, que era muy estricta, con lo cual se les ilusionó con la idea de que tenían derecho a dicha pensión.
Señor Presidente, pido, por su intermedio lo mismo que le pedí a la ministra Clarisa Hardy y que, al parecer, nada se ha hecho, que se oficie al ministro del Interior para que todas las intendencias regionales envíen una comunicación a las personas que han sido postuladas por las municipalidades a un pensión asistencial que exceden los 550 puntos de la actual ficha CAS, por lo que no tendrían derecho al beneficio, que a partir de abril del próximo año podrán pedir que se les reencueste con la ficha de protección social. Es muy probable que los nuevos parámetros de medición disminuyan los puntajes y que las personas que hoy aparecen con sus peticiones rechazadas puedan acceder a la pensión asistencial.
He dicho. 


AUTORIZACIÓN A CRUCEROS TRANSOCEÁNICOS PARA OPERAR EN ZONAS TURÍSTICAS AUSTRALES. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez, del Partido Unión Demócrata Independiente. 
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, agradezco el gesto a la bancada de Renovación Nacional. 
En las regiones que representamos en la Cámara los diputados Galilea, Ascencio, Alvarado y el que habla existen numerosos parajes de inconmensurable belleza, zonas turísticas mundialmente famosas, como Cabo de Hornos, Golfo de Penas, Golfo Corcovado, Ventisquero Pío XI, Isla Wellington, etcétera. Son lugares de enorme potencial turístico, que poseen reservas forestales únicas en el mundo y prácticamente intocadas. 
En el sur de Chile existen diversas empresas, como Naviera y Turismo Skorpios, de la familia Kochifas, Transbordadora Austral Broom, Mares Australes y Navimag, entre otras, que han hecho grandes esfuerzos por desarrollar esas zonas, a través de verdaderas armadas regionales. 
En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de cruceros extranjeros que navegan por aguas nacionales del sur. Las navieras extranjeras que desarrollan el turismo marítimo no pagan IVA ni impuesto a la renta y tampoco cumplen con la legislación sobre casinos. Sencillamente, hacen uso del derecho de paso inocente en rutas marítimas chilenas. 
Lamentablemente, en los últimos años se les concedió permisos para navegar por ciertos fiordos, como el Calvo y el de las Montañas; sin embargo, no hacen uso del derecho de paso inocente, sino que realizan actividades turísticas repito sin pagar impuesto, en abierta contraposición con las obligaciones de las empresas navieras nacionales y regionales. 
Es cierto, es una situación aislada, pero nos hemos enterado de que la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y el Servicio Nacional de Aduanas han autorizado 31 lugares por los que pueden navegar esos buques; sin embargo, en ellos también pueden recalar, embarcar y desembarcar pasajeros. Se trata de lugares muy emblemáticos como Cabo de Hornos, bahía Azopardo, isla Carlos III, Estero Las Montañas, Seno Calvo, Seno Amalia, Puerto Edén, Laguna San Rafael, Puerto Puyuhuapi, Puerto Cisne y Ventisquero Pío XI.
Ninguna de nuestras naves podría realizar ese tipo de cruceros y menos cabotaje en Alaska o Noruega. Sin embargo, nuestra autoridad concede permiso para que alrededor de 200 cruceros no sólo se desvíen de la ruta con derecho de paso inocente, sino que también para que puedan hacer recaladas turísticas, desembarcando y embarcando pasajeros, pero sin beneficios concretos para nuestro país, porque no pagan impuesto a la renta, IVA, ni impuesto a los alcoholes, ni tampoco cumplen con la normativa de casinos. Además, todo se hace sin consideraciones de seguridad, sin consideraciones por el medio ambiente, sin consideraciones por la Conaf, que está a cargo de la mayoría de estos lugares; sin una valoración de las regiones y sin importar la competencia desleal, porque con esa medida se asesta un duro golpe a las empresas nacionales, con bandera chilena, no panameña, que pagan impuestos, que cumplen con la ley de alcoholes y con la ley de casinos. Directemar y Aduanas se han arrogado atribuciones que no tienen, porque la norma internacional sólo contempla el derecho de paso inocente.
Manifiesto mi total rechazo a la decisión de autorizar que 31 lugares de la más maravillosa belleza de Chile sean explotados sin restricciones y sin ningún beneficio directo para nuestro país.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Transportes, a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, al Servicio Nacional de Aduanas y a la Corporación Nacional Forestal, para que expliquen a la Cámara de Diputados por qué, sin considerar beneficios para el país, se ha permitido que los cruceros ya no sólo hagan uso del derecho de paso inocente, desde Punta Arenas a Puerto Montt, sino que también puedan desviarse hacia 31 de los lugares más bellos de nuestro país, embarcando y desembarcando pasajeros, sin que se favorezca a la zona y del país, en directa oposición a lo que exigen legislaciones como la Americana, para Alaska, o las de los países escandinavos.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. 


INFORMACIÓN SOBRE VENTA DE EDIFICIO DIEGO PORTALES. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, en primer lugar, el tiempo que reste a mí bancada, luego de mi breve intervención, se lo cederé a los diputados señor Bustos y Robles. 
En segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Defensa Nacional para que informe a la Cámara, al tenor de lo que ha aparecido en diversos medios de comunicación, sobre la eventual venta del edificio Diego Portales y del traslado de la cartera de Defensa al antiguo edificio del Ministerio de Defensa, ubicado en calle Zenteno esquina de Alameda Bernardo OHiggins.
De ser efectiva la información, me gustaría conocer las razones de la venta del edificio y el modo en que se hará. Además, deseo saber si el producto de esa venta irá al Ministerio de Bienes Nacionales, como ocurre cuando se enajenan inmuebles fiscales, o está destinado al presupuesto de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de haber sido asignado durante los años 88, 89 o posteriores, a algunas de las ramas de la Defensa Nacional. 
El señor ASCENSIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


RESULTADOS DE ESTUDIO PARA ALTERNATIVAS A OBRAS VIALES EN EJECUCIÓN EN SANTIAGO.

El señor BURGOS.- Señor Presidente, a través de la prensa se ha informado de una comisión técnica, integrada principalmente por arquitectos e ingenieros civiles y que preside el reputado arquitecto chileno señor Marcial Echeñique, está estudiando alternativas para dos obras viales importantísimas que se proyectan y se ejecutan, en su caso, en la Región Metropolitana. Unda de ellas sería para el tramo que falta de la circunvalación Américo Vespucio, que va desde la rotonda Grecia hasta el puente Lo Saldes. Existe una larga discusión en torno a si la vía va a ser elevada o bajo nivel. Se dice que este estudio está pronto a concluir.
También se estudian alternativas para las salidas del túnel del Cerro San Cristóbal, que ya están diseñadas, porque la obra se está construyendo. Se trata de buscar mitigaciones, particularmente para la salida oriente del túnel, porque tal como está diseñada, el tránsito vehicular y la vida de los habitantes de Pedro de Valdivia Norte serían un desastre. 
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro, de Obras Públicas, con el objeto de que remita copia a la Corporación de los resultados del estudio del arquitecto Marcial Echeñique y de quienes lo acompañan en ese análisis técnico de alternativas.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Robles, De Urresti, Bustos, Espinoza, Hernández, Von Mühlenbrock y Ascencio.


PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGULACIÓN LEGAL PARA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Oficio.

El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS.- Señor Presidente, hace algunos días me reuní con vecinos del condominio Alto Manquehue, ubicado en Quilpué, quienes me manifestaron su preocupación e indignación por la instalación de una antena para telefonía móvil a escasos metros de sus domicilios.
Esas antenas producen contaminación electromagnética en niveles perjudiciales para la salud. Esas radiaciones tienen un gran alcance y están experimentando un crecimiento exponencial, por lo que afectan a un sector cada vez más amplio de la población.
Entre los efectos adversos establecidos en recientes investigaciones podemos destacar: cefaleas, insomnio, alteraciones del comportamiento, depresión, ansiedad, leucemia infantil, cáncer, enfermedad de Alzheimer, alergias, abortos, malformaciones congénitas, etcétera.
Al no existir en Chile legislación sobre la materia, esas antenas se instalan sin la necesaria evaluación de impacto ambiental que producen las ondas electromagnéticas.
La Constitución Política de la República dispone que es deber del Estado velar por el bien común y dar protección a la integridad física y psíquica de las personas.
Cabe destacar que los vecinos de Alto Manquehue llegaron a vivir a ese sector de Quilpué atraídos por las bondades de su microclima. Tradicionalmente, Quilpué se conoce como “la ciudad del sol”. Ahí viven numerosas familias que han utilizado los ahorros de toda una vida para realizar el anhelado sueño de la casa propia. No obstante, con la amenaza inminente del funcionamiento de esa antena, ven frustradas sus esperanzas de una vida tranquila para ellos y para sus hijos.
A escasos quince metros de la citada antena vive la señora Diana Martinich, invidente y usuaria de audífono, junto a su hija Marcela, quien ha sido operada del corazón en dos oportunidades y tiene instalado un marcapasos. De concretarse el funcionamiento de la antena, deberán abandonar el hogar adquirido luego de mucho esfuerzo, puesto que se trasladaron desde Punta Arenas a Quilpué atraídas precisamente por los beneficios de su clima.
Lamentablemente la situación que afecta a los vecinos de Alto Manquehue está ocurriendo en todo el territorio de la nación. Las empresas de telefonía móvil no tienen el menor interés en instalar esas antenas en lugares apartados de la población.
Llama poderosamente la atención que mientras la legislación de otros países establece una distancia mínima de un kilómetro y medio entre la antena y el poblado más cercano, como ocurre en la Unión Europea, en Chile esas antenas se ubican a escasos metros de viviendas y escuelas. Mientras tanto, duermen en el Congreso diversas iniciativas tendientes a regular esa materia.
Por lo expuesto, solicito oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones, para que emita un pronunciamiento sobre la materia y, de una vez por todas, agilice la tramitación de alguno de los proyectos que fija normas para la instalación y funcionamiento de las antenas de telefonía móvil.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Robles, De Urresti, Espinoza, don Fidel, y Burgos.


ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE PLANTAS DE MOLIENDA DE CONCHUELAS EN CALDERA. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, agradezco la gentileza del Comité Demócrata Cristiano de concederme parte de su tiempo para plantear el siguiente tema.
He recibido una carta del presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Caldera, don Víctor Bravo, quien me explica un problema bastante serio.
Hace años se instaló una planta de molienda en los depósitos de canchuela que adornan diversos paisajes de nuestra zona costera. Como se trataba de una pequeña planta, no se notó en sus comienzos el daño que estaba ocasionando. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se han instalado otras plantas, con grandes máquinas, que en su constante excavar en la superficie de múltiples sectores han dejado destruidas las planicies cercanas a la zona urbana de Caldera y sus típicos paisajes áridos y rocosos.
Lo cierto es que la situación expuesta ha tornado casi intransitables los lugares indicados, de los cuales podemos señalar las planicies que están junto a la carretera hacia Bahía Inglesa, Villa Playa Blanca, las zonas cercanas a los estanques de la Copec, lugares costeros, como la Tumba del Marino, etcétera. En general, hay una gran extensión destruida por grandes e irracionales excavaciones, que dejan rocas diseminadas por todos lados, las que impiden el libre tránsito, el que sólo se puede hacer a través del borde costero.
Además, si uno viaja hacia Caldera por la carretera 5 Sur, se da cuenta de que el polvo que levantan esas plantas también afecta la visibilidad de un puerto tan interesante e importante como Caldera, que queremos desarrollar desde el punto de vista turístico, pesquero y económico.
Si bien es cierto que estas plantas son importantes desde el punto de vista laboral, no es menos cierto que tienen que actuar dentro de las normas para mantener adecuadamente los alrededores de Caldera.
En el futuro, nos vamos a preguntar por qué dejamos que pasara esto.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Conama, con el objeto de que la Corporación Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama investigue y nos informe quiénes autorizaron la instalación de esas plantas en ese sector, qué se está haciendo para mitigar el grave daño que se está produciendo al medio ambiente en las playas de Caldera, qué precauciones ha adoptado ese organismo para reparar el daño producido, si hay algún tipo de reparación en favor de la comunidad o del municipio y si las plantas cuentan con los permisos sanitarios y ambientales del caso para realizar sus faenas.
También solicito que esta petición se haga llegar al intendente de la Región de Atacama, al alcalde y a los consejales de la municipalidad de Caldera y a don Víctor Bravo, quien me envió una carta en que denuncia esta situación.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti, Hernández, Von Mühlenbrock, Espinoza, don Fidel, y Burgos.


DEFICIENCIAS Y CARENCIAS DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL DE VALDIVIA. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el Servicio Médico Legal, dependiente del Ministerio de Justicia, es un organismo técnico especializado que cada cierto tiempo vuelve a ser objeto de críticas, debido, en algunos casos, a desafortunadas intervenciones en casos emblemáticos, como también a la mala atención brindada a sus usuarios.
En efecto, al permanente cuestionamiento por la falta de recursos y disposición de tiempo de sus especialistas, se unen quejas por dilaciones injustificadas de procedimientos, tramitación excesiva y falta de una respuesta ágil y dinámica ante la urgente demanda de solución legal de quienes sufren la traumática experiencia de perder a un ser querido.
Estas son situaciones que requieren urgente solución, más aún cuando se trata de una entidad pública cuya misión fundamental es contribuir a la administración y aplicación de justicia en nuestro país.
Conscientes de la necesidad de solucionar esas falencias, las autoridades gubernamentales han adoptado una serie de medidas de gran impacto.
Es así como entre las principales prioridades del presupuesto de 2007 para el Ministerio de Justicia se contemplan recursos que permitirán iniciar su proceso de acreditación y normalización. Entre los principales recursos asignados con ese objetivo destacan 1.496 millones de pesos para su ley de planta, lo que se traduce en aumento de dotación, creación de direcciones regionales y modernización del servicio.
Sin duda, son excelentes noticias para ese organismo, que requería con urgencia una intervención mayor para dotarlo del estilo moderno y eficiente que caracteriza a otros entes estatales.
Por lo tanto, celebro esta iniciativa, la que minimizará las posibilidades de que ocurran hechos como el que afectó a don Raúl Jaramillo Albarrán, ex funcionario de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de La Unión, provincia de Valdivia, fallecido el fin de semana antepasado a causa de un ataque cardíaco. No obstante atribuírsele su muerte a causas naturales, el fiscal de dicha localidad dispuso el traslado del cuerpo hasta la ciudad de Valdivia para someterlo a los exámenes de rigor por parte del Servicio Médico Legal.
Para sus deudos y amigos comenzó un doloroso peregrinaje, el cual, sin saberlo, los iría entrampando cada vez más en la intrincada maraña de la burocracia deshumanizada que a menudo aumenta la tragedia de muchas familias.
En efecto, a la sorpresa del traslado se unió la decepción, porque no había especialistas de turno dispuestos a atender emergencias como la descrita. Ello significó la postergación del trámite hasta el primer día hábil siguiente, con el evidente perjuicio moral para todos quienes veíamos con sorpresa la falta de previsión institucional en la atención de requerimientos urgentes.
La situación descrita es francamente inaceptable y evidencia una inconsecuencia de los profesionales a cargo, aparentemente inspirada en un noble espíritu de servicio.
Por ello, insto a las autoridades responsables a adoptar rápidamente las medidas necesarias para revertir ese tipo de falencias y mejorar la atención al público por parte del Servicio Médico Legal de Valdivia. No es posible que los seres queridos de alguien que fallece un fin de semana, familiares y amigos, tengan que esperar dos y hasta tres días para que se les entregue el cadáver.
Por lo mismo, solicito que se oficie al director del Servicio Médico Legal para que informe sobre el sistema de turnos, especialmente del de Valdivia, es decir, cómo funciona, cómo opera, cómo está ordenado.
A su vez, solicito que se oficie al fiscal regional del Ministerio Público de la Décima Región de Los Lagos, a través del Ministerio de Justicia, para que informe el procedimiento que los fiscales a cargo de esas investigaciones deben llevar a cabo en esas situaciones.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. 


ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL NEGLIGENCIA MÉDICA EN CONSULTORIO DE FRUTILLAR. Oficio.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que se oficie al alcalde de la Municipalidad de Frutillar, Décima Región, con el objeto de que nos entregue antecedentes sobre una compleja situación que vive una familia de la comuna.
En el distrito que represento se me acercó un joven matrimonio, hace aproximadamente dos semanas, con el objeto de darme a conocer una triste situación. La señora María Barrientos y su esposo, del sector Pichi López, me contaron el drama que vivían con su hija de muy corta edad, quien sufrió los efectos de una negligencia médica en el consultorio de Frutillar, la que habría significado la pérdida de una pieza dental de por vida.
Por eso pido que el municipio, de quien depende el consultorio, entregue los antecedentes que dan cuenta de esa compleja situación, por cuanto hay un claro indicio de negligencia médica que debe ser reparada por las personas comprometidas individual o corporativamente.
Debo decir que el alcalde de la comuna es hermano mío. Sin embargo, considero que la labor de un parlamentario en el marco de la fiscalización jamás debe restringirse, independientemente de las relaciones de parentesco.
Por lo tanto, pido conocer todos los antecedentes que dan cuenta de este caso, lo que ha provocado desazón y daños sicológicos en una familia joven, de esfuerzo, de trabajo, que quiere una respuesta ante lo sucedido.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


RESULTADO DE SUMARIO A FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT. Oficio.

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, por antecedentes que he recibido, don Víctor Angulo, funcionario de la Dirección del Trabajo de Puerto Montt y concejal de la comuna de Llanquihue, en la anterior administración de dicha dirección habría sido sumariado por irregularidades que habría cometido en el desempeño de sus funciones de fiscalizador.
Por esa razón, solicito que se oficie al ministro del Trabajo, a fin de que nos informe sobre el resultado de dicho sumario, las sanciones que se aplicaron y los hechos que fueron investigados, con el objeto de conocer la real dimensión de la situación.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.


DIFERENCIA TARIFARIA DE AGUA POTABLE EN REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor 
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el pasado, en Chile el servicio de agua potable era del Estado, que lo administraba con un criterio solidario. Es cierto que es mucho más barato producir agua potable en el sur de Chile que en el norte. Sin embargo, las tarifas eran prorrateadas entre las regiones. Con el devenir del tiempo, en el gobierno militar se tomaron decisiones distintas; se fragmentaron las empresas de agua potable y cada región tuvo la suya. Algunas de esas empresas fueron privatizadas y otras, concesionadas. En la actualidad, en la región de Atacama está Aguas Chañar, que es concesionada.
Pero el problema no es ése. Hay una decisión del Gobierno que se ha mantenido durante mucho tiempo y que he venido cuestionando desde el período pasado, pero no he tenido respuestas claras del Ministerio de Economía ni de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
En el distrito que represento, está sólo Aguas Chañar como digo, pero hay dos tarifas distintas abiertamente disímiles: una para Copiapó y Vallenar y otra para Caldera, Freirina, Huasco, Alto del Carmen, Chañaral y Diego de Almagro. Para el segundo grupo de localidades que mencioné la tarifa es mucho mayor: 1.313 pesos el metro cúbico. Con ese precio, la gente del distrito que represento ni siquiera puede hacerse aseo como corresponde; apenas les alcanza para beber, preparar alimentos y algunas necesidades básicas.
He solicitado al ministro de Economía que revise la situación para que en la región de Atacama haya solo una tarifa. Si sólo hay una empresa no tiene ningún sentido que haya más de una tarifa.
He conversado con los gerentes de Aguas Chañar y me han dicho que no tienen ningún problema en fijar una tarifa común para toda la región. También lo he hablado con técnicos del área y me han explicado que no hay ninguna dificultad técnica para ello. Por lo tanto, es un problema de voluntad política.
Pido que se oficie al ministro de Economía y al superintendente de Servicios Sanitarios, a fin de que vean la posibilidad de fijar las tarifas de agua potable en la Región de Atacama, que abarca las comunas de Caldera, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina, Alto del Carmen, Chañaral y Diego de Almagro. Ello permitirá una regularización, desde el punto de vista de una solidaridad regional en materia de agua potable, lo que me parece absolutamente necesario.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.


CARTA A PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOBRE CONSULTA CIUDADANA EN OSORNO. RECONOCIMIENTO A PROMOTORES DEL ACTO CÍVICO. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, ayer le envié una carta a cada uno de los senadores, con el objeto de informarles sobre el resultado de la última consulta ciudadana realizada en Osorno para determinar nuestra incorporación a la Región de Los Ríos o su rechazo.
En esa misma línea, hoy pido que se envíe una carta a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que señala:
“Señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República.
El día 19 de noviembre de 2006, se realizó en la comuna de Osorno una consulta ciudadana organizada por la Ilustre Municipalidad de Osorno, donde se preguntaba a la comunidad si frente a la creación de la Región de Los Ríos prefería que Osorno se integrara a la nueva Región o permaneciera en la Región de Los Lagos.
La actividad se desarrolló con un nivel de participación que superó ampliamente lo que todos esperaban, ya que 20 mil 742 personas concurrieron de manera voluntaria a uno de los nueve locales establecidos por el municipio para emitir su sufragio, todos ellos inscritos en los registros electorales. Una cifra altísima para una comuna donde los electores que concurren a votar de manera obligatoria en elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales, oscila entre las 60 mil y 70 mil personas.
El resultado de la elección arrojó que 19 mil 98 personas se pronunciaran por la opción de permanecer en la Región de Los Lagos, representando un 92,07 por ciento, mientras que 1.646 personas prefirieron que Osorno se incorpore a la nueva Región de Los Ríos, representando un 7,45 por ciento.
La comunidad de Osorno concurrió masivamente a las urnas, aun sabiendo que la consulta no tenía el carácter legal de vinculante. Pero lo hizo bajo el convencimiento de que el Gobierno que usted representa no podía desconocer la voz de la ciudadanía, sobre todo si se trataba de un proceso ordenado, transparente, con una alta concurrencia y un resultado categórico. Todos elementos que se cumplieron.
Por lo anterior, es que vengo a solicitar respetuosamente a usted, y tomando en consideración que su Gobierno ha sido calificado por usted misma como “ciudadano”, que tome en consideración el contundente ejercicio democrático realizado por la comunidad y retire las indicaciones al proyecto de ley que crea la Región de Los Ríos, donde se establece que Osorno pasaría a formar parte de la nueva unidad territorial.
Pido también a usted, que ante lo sucedido en Osorno y en la gran mayoría de las comunas de la provincia, donde también se realizaron consultas ciudadanas con resultados muy parecidos, que considere la posibilidad de retirar el proyecto que divide la Región de Los Lagos, y que antes de dividir, se realice un completo análisis y revisión de la actual regionalización en nuestro país.
Sin otro particular, se despide, Javier Hernández.”
Asimismo, deseo destacar el acto cívico y agradecer a las personas seguramente muchas van a quedar sin nombrar que con su trabajo y dedicación dieron una lección a nuestro país, ya que se la jugaron por el éxito de la consulta trabajando por la opción triunfadora. 
Por ello, esta tarde quiero expresar mis agradecimientos a los señores Héctor Barría Báez, Héctor Angulo Cárdenas, Guillermo Sáez Eickhoff, Sergio Anuch Alaff, Raúl García Piel, Víctor Hugo Bravo Chomalí, Ricardo Santa María Cisternas, Pablo Pool Burgos, Luis Alberto Guzmán, Santiago Rivera Rosas, Sergio Otero Soto; señoras Nora Moraga Ojeda, Lorena Moraga Barriga, Alicia Aquez Aguirre, Filomena Vargas Guzmán, Meri Rosbita Fuentealba Pacheco, María Ángela Soto Cárcamo, Tessie Bujes Rojas, Patricio Guerrero Moraga, Santiago Gomez Valdevellano; señoras Andrea Montes Salgado, María Elisabeth Mancilla Cárdenas; Mario Anuch Puelle, Gabriela Sotomayor Peralta, Víctor Barría Dadal; señora Marta Dadal Ramnírez; Francisco Barría Baez, Sergio Villegas, Alfredo Frohlich A., Iván Aedo Morales, Javier Muñoz Reyes, Helmut Velásquez, Rodolfo Bello; señoras Ximena Fajardo Fernández, Gladis Sube Guzmán; César Fernández, Mauricio Otero, Marcelo Soto P, Samuel Garnica, Luis Reyes, Humberto Barría Báez, Patricio Hernández Intiman; señoras Juanita Guzmán F, Ana Quinan Rosas; Juan Carlos Agüero, Marco Boldt Martínez; señora Nori Agoni Molina; Ernesto Bello Hernández; señoras Marcia Piticar, Patricia Verónica Cárdenas Estrada, Miriam Kramm Casas, María Estela Mancilla Cárdenas, Ruth Fajardo Oyarzo, Martha Riquelme Aguilar, Marcela Navarro; Orlando Rosamel Monsalve Püchel, Washington Muñoz, Hugo Asenjo y Sergio Silva.
Pido que a todas las personas que he nombrado se les haga llegar copia de mi intervención.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.


PATROCINIO A PROYECTO DE LEY PARA CREAR COMUNA DE COÑARIPE. Oficios.

El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÚLENBROCK.- Señor Presidente, con fecha 5 de marzo del año 2003, presenté a la Sala el proyecto de acuerdo N° 174, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, por el cual solicitaba al Presidente de la República de la época, don Ricardo Lagos Escobar, el patrocinio a un proyecto de ley para la creación de la comuna de Coñaripe, conformada por las localidades de Coñaripe, Liquiñe y Pocura, junto con sus zonas de influencia, manteniéndola en todo caso como parte integrante de la provincia de Valdivia, dentro de la Décima Región de Los Lagos, próximamente, Región de Los Ríos.
Sin embargo, han pasado más de tres años y no ha ingresado a tramitación ningún proyecto para ese efecto, por lo que pido reiterar el envío del proyecto de acuerdo antes señalado, para recordar e insistir al Ejecutivo la necesidad de la creación de la nueva comuna de Coñaripe.
La Décima Región posee características geográficas que la distinguen y diferencian del resto del territorio nacional, convirtiéndola en una zona única en cuanto a riquezas naturales y potencial turístico. 
Por ello, se hace cada día más importante tomar medidas conducentes a garantizar la conservación de su patrimonio natural y territorial, toda vez que cada una de sus localidades tiene una identificación muy particular. En este sentido, es preciso entregar el patrocinio a todas aquellas políticas públicas que tiendan a la conservación de dicho patrimonio, bajo la perspectiva de que, a través del incentivo de iniciativas locales, se contribuye a satisfacer en mejor forma las necesidades de cada localidad. También es necesario dar nuevos pasos en la creación de comunas en aquellas zonas donde existe una comunidad organizada, la intención de llevar a cabo iniciativas locales y una realidad geográfica que, en el fondo, respalda esta necesidad práctica.
Por lo señalado y en consideración a los requerimientos de la gran mayoría de las personas que viven en las zonas de Coñaripe, Liquiñe y Pocura, provincia de Valdivia, ha llegado el momento de que el Ejecutivo patrocine un proyecto que cree la comuna de Coñaripe, que estaría integrada por Coñaripe, Liquiñe y Pocura y sus zonas de influencia, atendidos los siguientes hechos: 
Primero, la voluntad de los chilenos que allí residen y las especiales características territoriales y poblacionales de esas localidades. Tales medidas se hacen necesarias, dado el extenso territorio que abarcan, lo que, en la práctica, se ha traducido en demora en la toma de decisiones, en su desarrollo y en la llegada de los beneficios implementados en favor de las zonas más alejadas.
Segundo, que la Carta Fundamental dispone que la creación, modificación y supresión de provincias y comunas es materia de ley de quórum calificado, a propuesta del Presidente de la República, a quien le corresponde la iniciativa exclusiva en proyectos relacionados con la alteración de la división político administrativa del país.
Tercero, que recientemente se han presentado iniciativas parlamentarias tendientes a modificar la división político administrativa del país, algunas de las cuales parecen desconocer la realidad territorial y geográfica de la provincia de Valdivia, toda vez que no reconocen la importancia que tienen para la Décima Región las localidades de Coñaripe, Liquiñe y Pocura, entre otras.
Estamos en el momento propicio para seguir avanzando en la creación de la comuna de Coñaripe, por las razones que detallo.
En primer lugar, porque en estos momentos se está estudiando en el Senado la creación de la Decimocuarta Región de los Ríos, lo que modificaría la división políticoadministrativa de la región.
En segundo lugar, porque hace tres años que presentamos al Ejecutivo un proyecto sobre la materia.
En tercer lugar, porque acabamos de aprobar el proyecto de acuerdo N° 214, que busca analizar la posibilidad de crear la comuna de Lican Ray, en Villarrica, Novena Región de La Araucanía.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República, a fin de reiterarle el envío del proyecto de acuerdo N° 174, de 5 de marzo de 2003, aprobado por la Cámara, para que en uso de sus facultades constitucionales patrocine un proyecto de ley, cuya idea matriz sea la creación de la comuna de Coñaripe, conformada por Coñaripe, Liquiñe y Pocura, junto con sus zonas de influencia, manteniéndola como integrante de la provincia de Valdivia, Décima Región, o en la Decimocuarta Región de los Ríos, y así podamos dar efectivamente a los miles de personas que viven allí los beneficios que, lamentablemente, hasta el momento les han sido negados.
Asimismo, pido que se oficie al ministro del Interior y a la subsecretaria de Desarrollo Regional en el mismo sentido, y que se envíe copia de mi intervención al alcalde de la comuna de Panguipulli, Alejandro Koehler Vargas; a los concejales de la misma, señores Ricardo Kunstman Hott, Carlos Durán Romero, Víctor Poveda Torres, Jerman Martínez Peña y David Ruiz Jara; al presidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Cámara de Turismo, Erwin Aedo Millapán, y al presidente de la Cámara de Turismo de Coñaripe, Osvaldo Riedemann.
He dicho.
El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 14.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.