REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 100ª, en martes 21 de noviembre de 2006 (Ordinaria, de 11.04 a 14.48 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio, y Pérez Arriagada, don José. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Minuto de silencio en memoria de bomberos fallecidos en accidente de tránsito9 Inadmisibilidad de proyecto sobre despenalización del aborto9 Autorización a Comisión investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala12 Envío de proyecto a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía13 Permisos constitucionales13 V.Orden del Día. Investigación de irregularidades en el Servicio Médico Legal14 Condolencias a diputado Roberto Sepúlveda por fallecimiento de su señora madre45 VI.Proyectos de acuerdo. Mecanismo para evitar efectos de impuesto específico a los combustibles sobre pequeños empresarios del transporte de pasajeros. (Votación)45 Inclusión de carreras de perros galgos en juegos criollos46 Fondo especiale para la contratación por municipios de organismos técnicos de defensa del medio ambiente47 Inclusión de asignaturas de educación sexual y educación cívica en malla curricular de enseñanza media50 VII.Incidentes. Incumplimiento de programa de conservación global de caminos de la Novena Región. Oficios53 Problemas de pavimentos básicos en comuna de Chépica. Oficios54 Información sobre programas de empleos de emergencia en provincias de Colchagua y Cardenal Caro. Oficios55 Homenaje a bomberos fallecidos en accidente de tránsito. Oficios55 Carta a senadores sobre mantención de Osorno en Región de Los Lagos. Oficios56 Rechazo a cambio de nombre de cerrro Chena. Oficio57 Nota de felicitación a alcalde y concejo de comuna de Osorno por realización de consulta popular. Oficios58 Pág. Precisiones sobre expresiones vertidas en programa de televisión59 Reconocimiento a personal de hospital “Luis Tisné”. Oficio59 Estudio de medidas en favor de deudores habitacionales. Oficio60 Felicitaciones a autoridades municipales de Osorno por realización de consulta democrática. Oficio61 Labor educacional de Congregación de la Sagrada Familia en San Antonio. Oficios63 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S. E. el Vicepresidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica”. (boletín N° 468105)65 2.Oficio de .S E. el Vicepresidente de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto antes mencionado. (boletín N° 468105)82 3.Oficio de S. E. el Vicepresidente de la República mediante el cual formula observaciones al proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales. (boletín N° 395304)83 4.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, en relación al Fondo Común Municipal y otras materias municipales (boletín N° 404006)84 5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay y Venegas, don Mario, que modifica el Código Sanitario fijando responsabilidad municipal en ataques sufridos por personas a manos de animales sueltos en sitios públicos. (boletín N° 468312)84 6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Leal; Díaz, don Marcelo, y Quintana, que modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el objeto de perfeccionar sus disposiciones. (boletín N° 468606)85 7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Sule; Díaz, don Marcelo; EnríquezOminami; Jarpa; Meza; Robles y Venegas, don Samuel, que modifica la ley N° 18.918, con el objeto de establecer la obligatoriedad de que senadores y diputados den cuenta pública de su gestión parlamentaria. (boletín N° 468407)89 8.Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Barros, Errázuriz, Martínez, y de las diputadas señoras Herrera, doña Amelia, y Nogueira, doña Claudia, que modifica el artículo 19 N° 3, con el objeto de precisar el principio de la tipicidad delictual que dicha disposición contempla. (boletín N° 468507)91 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Comunicación. De diputados señores Espinosa, don Marcos, y Girardi quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 21 y 24 de noviembre en curso, para dirigirse a Israel y Francia, respectivamente. 2.Oficios. Del Presidente de la Corporación por el cual declara inadmisible el proyecto, iniciado en moción de los Diputado señores EnríquezOminami y Alinco, que despenaliza hipótesis de conductas de aborto consentido, en atención a que los contenidos de dicha iniciativa vulnera los artículos 19, números 1 y 2 de la Carta Fundamental. Oficio de la Comisión Especial Investigadora Encargada de Recopilar los antecedentes relativos a Intervención Electoral, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 23 de noviembre en curso, de 11 a 13 horas, con el objeto de votar las conclusiones del respectivo informe. Oficio de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que se le remita el proyecto, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica el Código Procesal Penal, estableciendo diligencias prioritarias para la investigación de desaparecimiento de personas (boletín N° 464107). Contraloría General de la República: Diputada Cristi, solicitud de copia del oficio reservado DMSAI N° 1143, de 2005, enviado por la CGR a la Municipalidad de Peñalolén. Diputado Sepúlveda, don Roberto, solicitud de auditar y remitir informes sobre programas deportivos asignados a las comunas de Estación Central, Maipú y Cerrillos en años 2005 y 2006. Diputado García, información sobre cobro para acceder a parques nacionales e informe sobre sociedad denominada “Las Raíces”. Ministerio de Agricultura: Diputado Jaramillo, aplicación de salvaguardia a la importación de leche. Consejo de Defensa del Estado: Diputado Silber, arbitrar agilización de solución vía transacción problema de pobladores en contra del fisco, Villa Los Puertos de Pudahuel. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (108) NOMBRE(Partido*RegiónDistrito) --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Allende Bussi, Isabel --Alvarado Andrade, Claudio --ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, EugenioUDIVI33 --Becker Alvear, GermánRNIX50 --Bertolino Rendic, MarioRNIV7 --Bobadilla Muñoz, SergioUDIVIII45 --Burgos Varela, JorgePDCRM21 --Bustos Ramírez, JuanPSV12 --Cardemil Herrera, AlbertoINDRM22 --Ceroni Fuentes, GuillermoPPDVII40 --Cristi Marfil, María AngélicaUDIRM24 --Chahuán Chahuán, FranciscoRNV14 --De Urresti Longton, AlfonsoPSX53 --Delmastro Naso, RobertoINDX53 --Díaz Del Río, EduardoPDCIX51 --Díaz Díaz, MarceloPSIV7 --Dittborn Cordua, JulioUDIRM23 --Duarte Leiva, GonzaloPDCRM26 --Egaña Respaldiza, AndrésUDIVIII44 --Eluchans Urenda, EdmundoUDIV15 --Encina Moriamez, FranciscoPSIV8 --EnríquezOminami, Gumucio MarcoPSV10 --Errázuriz Eguiguren, MaximianoRNRM29 --Escobar Rufatt, ÁlvaroPPDRM20 --Espinoza Sandoval, FidelPSX56 --Estay Peñaloza, EnriqueUDIIX49 --Farías Ponce, RamónPPDRM30 --Forni Lobos, MarceloUDIV11 --Fuentealba Vildósola, RenánPDCIV9 --Galilea Carrillo, PabloRNXI59 --García García, René ManuelRNIX52 --Girardi Briere, GuidoPPDRM18 --Godoy Ibáñez, JoaquínRNV13 --González Torres, RodrigoPPDV14 --Hales Dib, PatricioPPDRM19 --Hernández Hernández, JavierUDIX55 --Herrera Silva, AmeliaRNV12 --Insunza Gregorio De Las Heras, JorgePPDRM28 --Isasi Barbieri, MartaPARI2 --Jaramillo Becker, EnriquePPDX54 --Jarpa Wevar, Carlos AbelPRSDVIII41 --Jiménez Fuentes, TucapelINDRM27 --Kast Rist, José AntonioUDIRM30 --Latorre Carmona, Juan CarlosPDCVI35 --Leal Labrín, AntonioPPDIII5 --León Ramírez, RobertoPDCVII36 --Lobos Krause, JuanUDIVIII47 --Lorenzini Basso, PabloPDCVII38 --Martínez Labbé, RosauroRNVIII41 --Masferrer Pellizzari, JuanUDIVI34 --Melero Abaroa, PatricioUDIRM16 --Meza Moncada, FernandoPRSDIX52 --Monckeberg Díaz, NicolásRNVIII42 --Monsalve Benavides, ManuelPSVIII46 --Montes Cisternas, CarlosPSRM26 --Mulet Martínez, JaimePDCIII6 --Muñoz D'Albora, AdrianaPPDIV9 --Nogueira Fernández, ClaudiaUDIRM19 --Norambuena Farías, IvánUDIVIII46 --Núñez Lozano, Marco AntonioPPDV11 --Ojeda Uribe, SergioPDCX55 --Ortiz Novoa, José MiguelPDCVIII44 --Pacheco Rivas, ClemiraPSVIII45 --Palma Flores, OsvaldoRNVII39 --Paredes Fierro, IvánINDI1 --Pascal Allende DenisePSRM31 --Paya Mira, DaríoUDIRM28 --Pérez Arriagada, JoséPRSDVIII47 --Quintana Leal, JaimePPDIX49 --Recondo Lavanderos, CarlosUDIX56 --Robles Pantoja, AlbertoPRSDIII6 --Rojas Molina, ManuelUDIII4 --Rossi Ciocca, FulvioPSI2 --Rubilar Barahona, KarlaRNRM17 --Sabag Villalobos, JorgePDCVIII42 --Saffirio Suárez, EduardoPDCIX50 --Salaberry Soto, FelipeUDIRM25 --Sepúlveda Hermosilla, RobertoRNRM20 --Sepúlveda Orbenes, AlejandraPDCVI34 --Silber Romo, GabrielPDCRM16 --Soto González, LauraPPDV13 --Sule Fernando, AlejandroPRSDVI33 --Súnico Galdames, RaúlPSVIII43 --Tarud Daccarett, JorgePPDVII39 --Tuma Zedan, EugenioPPDIX51 --Turres Figueroa, MarisolUDIX57 --Ulloa Aguillón, JorgeUDIVIII43 --Uriarte Herrera, GonzaloUDIRM31 --Valenzuela Van Treek, EstebanPPDVI32 --Vallespín López, PatricioPDCX57 --Vargas Lyng, AlfonsoRNV10 --Venegas Cárdenas, MarioPDCIX48 --Venegas Rubio, SamuelPRSDV15 --Verdugo Soto, GermánRNVII37 --Vidal Lázaro, XimenaPPDRM25 --Von Mühlenbrock Zamora, GastónUDIX54 --Walker Prieto, PatricioPDCIV8 --Ward Edwards, FelipeUDIII3 Diputados en misión oficial señores Sergio Correa de la Cerda, Cristián Monckeberg Brunner, Iván Moreira Barros, Carlos Olivares Zepeda. Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron la diputada señora Carolina Goic Boroevic y el diputado señor Marcos Espinosa Monardes. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.04 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 95ª se declara aprobada. El acta de la sesión 96ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE BOMBEROS FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, el domingo pasado en la provincia de Arauco un vehículo que trasladaba a ocho voluntarios volcó cuando se dirigía a un llamado. Lamentablemente, en el accidente Bomberos de Chile perdió dos preciosas vidas, muy valiosas. El diputado Iván Norambuena me informó del hecho minutos después de ocurrido. Fallecieron el voluntario Benito Carrasco Cuevas, de 50 años y con más de 30 años en Bomberos, y la primera mujer voluntaria en Chile que pierde la vida en acto de servicio, Pilar Cid Cáceres, de apenas 31 años y que tenía un hijo de cinco años. Además quedaron cuatro voluntarios heridos. El lunes en la madrugada estuvimos en el hospital regional de Concepción interiorizándonos de la salud de los heridos. En consideración a lo anterior, solicito sentidamente un minuto de silencio en memoria de estos héroes de la paz que murieron al servicio de Chile. El señor LEAL (Presidente).- Solicito un minuto de silencio por el fallecimiento de los voluntarios de Bomberos de Chile. Los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio. INADMISIBILIDAD DE PROYECTO SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marco Enríquez Ominami. El señor ENRÍQUEZ OMINAMI.- Señor Presidente, en virtud del artículo 14 del Reglamento de la Corporación, quiero fundamentar la admisibilidad del proyecto que despenaliza hipótesis de conductas de aborto consentido, declarado inadmisible por la Mesa. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, voy a fundamentar la posición de la Mesa, y luego le voy a ofrecer la palabra. Hago presente a la Sala que, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, he resuelto declarar inadmisible el proyecto de ley suscrito por los diputados señores Marco Enríquez Ominami Gumucio y René Alinco Bustos, que despenaliza hipótesis de conductas de aborto consentido, en atención a que sus contenidos vulneran los incisos primero y segundo del número 1° del artículo 19 de la Carta Fundamental. En efecto, luego de analizar el proyecto sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, esta Presidencia estimó que la moción individualizada vulnera claramente el mandato que el constituyente ha otorgado al legislador de “proteger la vida del que está por nacer”, al establecer plazos y condiciones para la disposición de la vida fetal que exceden el marco fijado por la Carta Fundamental. Dicho mandato es inexcusable para el legislador, quien debe favorecer y resguardar la vida del no nacido, cuestión que surge claramente de una interpretación de los incisos primero y segundo del N° 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental. La Presidencia de la Cámara tiene el convencimiento de que se requiere previamente una reforma constitucional que regule con mayor precisión el mandato entregado al legislador, que aclare sus alcances y compatibilice las normas constitucionales, reafirmando la posibilidad de que el legislador pueda establecer un régimen legal diferenciado entre el nacido y el no nacido, cuestión ampliamente debatida en nuestra doctrina. En este caso, la Presidencia de la Cámara no se pronuncia sobre el contenido de fondo, sobre el contenido constitucional ni sobre los temas valóricos del proyecto respecto de los cuales el Presidente de esta Corporación tiene una opinión muy clara, sino que hace uso de las facultades que le entregan el Reglamento y la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para declarar inadmisible un proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Marco EnríquezOminami. El señor ENRÍQUEZ OMINAMI.- Señor Presidente, respeto el derecho a manifestar su opinión de los parlamentarios que arbitrariamente se autoimpusieron el nombre de “parlamentarios por la vida”, respeto el derecho de la Iglesia Católica a insultar cristianamente a quienes nos atrevimos a expresar el parecer de un gran porcentaje de las mujeres chilenas, respeto el derecho del Gobierno a guardar silencio en la materia, respeto el derecho de gran parte de la Concertación a mantener una actitud de omisión ante un tema valórico que representa a los sectores más vulnerables del país. Asimismo, valoro el apoyo de distintas organizaciones que, libre y valientemente, apoyaron y apoyan el proyecto de despenalización del aborto que presentamos junto al diputado René Alinco. La democracia se ha manifestado en la expresión ciudadana. Pero, lamentablemente, el lugar donde se adoptan las decisiones, el Congreso Nacional, no está dispuesto a cumplir con su trabajo. Clausurar el debate antes de su nacimiento es un aborto de las ideas. De esta forma, quienes se niegan a discutir la despenalización del aborto deberían también considerar penas de cárcel para los censuradores, para quienes estiman que aquellos temas que vulneran sus concepciones morales deben ser acallados. El Congreso Nacional debe ser el garante de la diversidad. En él deberían estar representados por igual todos los sectores de la Nación. La reacción de los sectores antes señalados deja en evidencia de manera clara y precisa que en esta representación no existe, que en Chile la democracia es una ilusión. En efecto, según encuestas recientes, cerca del 70 por ciento de las mujeres considera necesario legislar sobre el aborto. Claramente esta inmensa mayoría no tiene una debida representación en esta asamblea, que se jacta de ser democrática. Hoy, lamento tener que representar esa voz en esta Sala y que no exista la debida equivalencia entre hombre y mujer en el Congreso Nacional. No me extraña que la Derecha asuma esa postura. Sí me impresiona que la Derecha actual sea incluso más conservadora que los propios constituyentes. En efecto, si se revisan las Actas de la Comisión Ortúzar, en la redacción del número 1° del artículo 19 de la Constitución, podrán constatar que el constituyente dejó abierta la posibilidad al legislador de regular distintas situaciones de despenalización del aborto. Recuerdo a los señores diputados que en Francia, fue una ministra conservadora, Simone Veil, quien encabezó la despenalización del aborto. Ahora bien, cuando parlamentarios de la Concertación, que lucharon por recuperar la libertad, por restablecer el debate y la libre circulación de las ideas, censuran previamente un proyecto, cualquiera sea su naturaleza, me produce una profunda desilusión. Significa que hemos perdido aquellos vínculos que en un momento nos unieron en un combate común; significa que la Concertación es una alianza del poder, una maquinaria electoral. Si nuestro nexo es conservar el poder ante todo, si nuestra única lucha es el profesionalismo político, créanme que no estoy dispuesto a continuar en ella. Ahora bien, quiero aclararle a los colegas que se autodenominan “parlamentarios por la vida” muchos de los cuales fueron también, durante la discusión de la ley de matrimonio civil, que estableció el divorcio, “parlamentarios por la familia” que detesto el aborto en todas sus formas. Nadie, en su sano juicio, puede estar a favor del aborto. Todos creemos que es una práctica que idealmente debiera ser erradicada. Sin embargo, ante nuestro pesar debemos comprender que en Chile el aborto es una realidad. En efecto, hay cifras que indican que se practican más de ciento sesenta mil abortos. Por tanto, tarde o temprano tendremos que discutir el asunto, y yo los invito a hacerlo ahora. Parece claro que la mujer que acepta la realización de una práctica abortiva clandestina requiere de apoyo psicosocial que en la actualidad las políticas públicas no le otorgan, para que pueda tomar una decisión informada y no en virtud de la desesperación de su situación puntual. Una intervención profesional oportuna, cuando la mujer declara su intención de abortar, puede entregarle diversas herramientas personales que le permitirían otras posibilidades, por ejemplo, la de no abortar. Para ello, primero se debe despenalizar el aborto. Si pretenden defender el derecho a la vida dejando morir a las madres que se practican abortos riesgosos y al producto de la gestación, me parece sinceramente que la solución al derecho a la vida es una hipocresía. Cada día me queda más claro que la hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud, y que en Chile las arcas de la virtud están sumamente llenas. ¡Basta de hipocresías! La familia no se acabó con el divorcio. Las tasas de aborto no aumentarán con su despenalización; sí disminuirán las muertes asociadas a éste. En el mundo, sólo hay dos países que prohíben el aborto en todas sus formas. Repito, dos países. ¿Está todo el mundo equivocado sobre la correcta aplicación de los derechos humanos, específicamente, el derecho a la vida? ¿El nuestro es el único país que ve la luz, mientras el resto está sumido en las cavernas? ¿Somos los únicos que nos arrogamos la facultad de disponer sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sin siquiera consultarles? La soberbia y la censura tienen un límite, y la hipocresía también. Desearía que con la misma fuerza y energía que pusimos para legislar sobre la necesidad de que perros peligrosos ocupen bozales, lo hiciéramos sobre temas de fondo con contenido valórico. Quiero recordar a la Cámara que no tiene facultades constitucionales, legales ni reglamentarias para pronunciarse sobre la inadmisibilidad de fondo del proyecto. Esa es una facultad privativa del Tribunal Constitucional. Para mayor claridad, les recomiendo estudiar el N° 3 del artículo 93 de la Constitución, los artículos 14 y 15 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y el artículo 14 del Reglamento de la Cámara. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En votación la inadmisibilidad del proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobada. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño, René; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Burgos Varela, Jorge; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cristi Marfil, María Angélica; Delmastro Naso, Roberto; Díaz Del Río, Eduardo; Dittborn Cordua, Julio; Duarte Leiva, Gonzalo; Egaña Respaldiza, Andrés; Eluchans Urenda, Edmundo; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Estay Peñaloza, Enrique; Forni Lobos, Marcelo; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Hernández Hernández, Javier; Jaramillo Becker, Enrique; Kast Rist, José Antonio; Leal Labrín, Antonio; Lobos Krause, Juan; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Quintana Leal, Jaime; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Tarud Daccarett, Jorge; Turres Figueroa, Marisol; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Vallespín López, Patricio; Vargas Lyng, Alfonso; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Verdugo Soto, Germán; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Walker Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Bustos Ramírez, Juan; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Díaz, Marcelo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fuentealba Vildósola, Renán; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Jiménez Fuentes, Tucapel; Monsalve Benavides, Manuel; Pacheco Rivas, Clemira; Palma Flores, Osvaldo; Paredes Fierro, Iván; Pascal Allende, Denise; Rossi Ciocca, Fulvio; Súnico Galdames, Raúl. Se abstuvieron los diputados señores: Lorenzini Basso, Pablo; Muñoz D’Albora, Adriana; Pérez Arriagada, José. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión Investigadora de Intervención Electoral para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 23 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, con el objeto de votar las conclusiones del informe. ¿Habría acuerdo? Acordado. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA. El señor LEAL (Presidente).- La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía solicita el acuerdo de la Sala para que se le remita el proyecto, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica el Código Procesal Penal, a fin de establecer diligencias prioritarias para la investigación de desaparecimiento de personas. El señor ARAYA.- Pido la palabra. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor ARAYA.- Señor Presidente, no tengo inconveniente, siempre que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que sea revisado por ella, puesto que se trata de una modificación al Código Procesal Penal. Con esa salvedad, no habría problema. Gracias, señor Presidente. El señor LEAL (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que el proyecto sea enviado a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y, posteriormente, a la de Constitución, Legislación y Justicia? Acordado. PERMISOS CONSTITUCIONALES. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se otorgarán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Marcos Espinosa y Guido Girardi para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 21 y 24 de noviembre en curso, para dirigirse a Israel y Francia, respectivamente. El señor DITTBORN.- ¡Que se vote, señor Presidente! El señor LEAL (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobados los permisos constitucionales. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño, René; Aguiló Melo, Sergio; Allende Bussi, Isabel; Araya Guerrero, Pedro; Ascencio Mansilla, Gabriel; Becker Alvear, Germán; Bertolino Rendic, Mario; Bustos Ramírez, Juan; Ceroni Fuentes, Guillermo; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Delmastro Naso, Roberto; Díaz Díaz, Marcelo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; García García, René Manuel; Girardi Briere, Guido; Godoy Ibáñez, Joaquín; Jaramillo Becker, Enrique; Jiménez Fuentes, Tucapel; Leal Labrín, Antonio; Lorenzini Basso, Pablo; Meza Moncada, Fernando; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Muñoz D’Albora, Adriana; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Paredes Fierro, Iván; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Quintana Leal, Jaime; Rossi Ciocca, Fulvio; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Walker Prieto, Patricio. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez Zenteno, Rodrigo; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Bobadilla Muñoz, Sergio; Cristi Marfil, María Angélica; Dittborn Cordua, Julio; Egaña Respaldiza, Andrés; Forni Lobos, Marcelo; Hernández Hernández, Javier; Kast Rist, José Antonio; Lobos Krause, Juan; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Salaberry Soto, Felipe; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón. Se abstuvo el diputado señor Estay Peñaloza, Enrique. V. ORDEN DEL DÍA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO MÉDICO LEGAL. El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 54, de 2 de mayo de 2006, sobre las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Tucapel Jiménez. Antecedentes: Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 90ª, en 19 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante, hasta por treinta minutos. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, como el informe respectivo, que consta de 90 páginas, está en poder de las honorables diputadas y de los honorables diputados, voy a tratar de resumir al máximo para cumplir con el tiempo de que dispongo. Me corresponde informar sobre la investigación desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, acerca de las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la presunta y errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, según mandato de la Corporación que consta en el proyecto de acuerdo N° 54, aprobado en sesión de 2 de mayo del presente año. La Comisión realizó 22 sesiones para abocarse al cumplimiento del mandato entregado por la Sala, en las cuales se recibió el testimonio de 29 invitados, entre los que se cuentan ex ministros de Estado, ex y actuales subsecretarios, ex funcionarios del Servicio Médico Legal, expertos en medicina forense, funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Antecedentes generales. Antes de referirse a la investigación desarrollada por la Comisión, el informe contiene una breve referencia al origen histórico de los hechos investigados y a las causas que originaron las dificultades en la identificación de los restos hallados en el Patio 29. En el país se detuvo a miles de personas, principalmente en operativos masivos. Algunos de los detenidos murieron a causa de la tortura, otros fueron ejecutados y, luego, sus cuerpos sin vida, abandonados en la vía pública. Los cadáveres de esas personas eran recogidos en las noches por personal del Servicio Médico Legal y del Cementerio General de Santiago y trasladados a ese servicio, donde se les practicaba la autopsia. Un gran número de ellos no fue identificado, a pesar de que muchos contaban con elementos suficientes para hacerlo. Luego de permanecer algunos días en ese recinto, los cadáveres eran conducidos al Cementerio General de Santiago, donde se les sepultaba como N.N. en diversos lugares de ese cementerio, por ejemplo, en el Patio 29. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación pudo establecer que al menos en dos oportunidades y en años posteriores se efectuaron masivas remociones de los cuerpos inhumados en el mencionado Patio 29. Sin embargo, no se ha podido verificar el universo y las características de los cuerpos removidos. Recibidos los cuerpos como N.N. en el Servicio, debía procederse a su identificación y a su autopsia para establecer la causa de muerte. Sin embargo, de acuerdo a los registros del propio Servicio, en muchos casos no se tomaron huellas dactilares, no se permitió a los familiares de personas que buscaban a desaparecidos examinar los cadáveres para su reconocimiento ni se hicieron, en todos los casos, autopsias que permitieran registrar datos que luego pudieran contribuir a su identificación. El Servicio Médico Legal archivó la documentación correspondiente al proceso de recepción, autopsia y sepultación de todos los cuerpos. Ello incluye el acta de recepción de cada uno de ellos, en la que se indica el organismo que lo trajo al Servicio, en la mayoría de los casos, tribunales militares o personal militar o de Carabineros. Los protocolos de autopsia difieren en su nivel de detalles, constatando en ellos que no se logró su identificación por parte del Servicio de Registro Civil, que tiene las huellas de prácticamente todas las personas. Sin embargo, sólo en algunos casos existen las muestras de dichas huellas que debieron ser tomadas en la autopsia. Primeras investigaciones judiciales y prohibición de remoción. La primera investigación judicial que logró avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos y la preservación del Patio 29 se inició en noviembre de 1979, por denuncias de la Vicaría de la Solidaridad. Se referían a detenidos desaparecidos de Paine, donde hubo más de 70 víctimas, entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En ella se aportaron antecedentes sobre inhumaciones masivas e irregulares de cadáveres en el Patio 29. A raíz de esta investigación se logró precisar cuáles eran las tumbas que podían corresponder a cuerpos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se realizó un cruce de los registros del cementerio y del Servicio de Registro Civil, que fueran de septiembre a diciembre de 1973, cuya muerte hubiera sido causada aparentemente por acción violenta como heridas de bala, correspondientes en su mayoría a N.N. y que no hubieran sido posteriormente removidas. Establecidas estas tumbas, el juez prohibió su remoción o traslado. Luego, en 1980, la investigación fue traspasada a un tribunal militar, el que no extendió su investigación a la inhumación ilegal en el Patio 29 ni se realizó ningún progreso durante los diez años que la tuvo a su cargo. Definición de los lugares de inhumación y del universo de tumbas. Una vez instalado el primer gobierno democrático, en julio de 1990, la Vicaría de la Solidaridad solicitó al Ministerio de Salud la instrucción de una investigación administrativa, a fin de establecer las infracciones a la normativa sanitaria, en relación con las inhumaciones de cadáveres ocurridas en fechas posteriores al 11 de septiembre de 1973, en el Patio 29 del Cementerio General. Esa investigación administrativa concluyó en que en el Patio 29 existían 108 sepulturas, que contenían 128 cuerpos, 105 de ellos correspondientes a personas no identificadas, inhumadas como N.N., y 23 a personas identificadas. Los cadáveres, de acuerdo a la investigación, presentaban múltiples heridas de bala como causa de muerte. Primera exhumación sin resultados. Antes de la exhumación general, efectuada en enero de 1991, se exhumaron los restos de la tumba 2665 del Patio 29 que, según el registro del cementerio, correspondía a un N.N., cuyo protocolo de autopsia era el N° 3130, asignada a Ignacio Santander Albornoz, víctima de Paine, de 16 años de edad. Al efectuarse la exhumación, se comprobó que la tumba tenía señales de remoción, pese a la anotación “no sacar”. El resultado de la exhumación obliga a poner en duda, a lo menos en un número determinado de casos, la veracidad o exactitud de los registros sobre las autopsias e inhumaciones de 1973. Entre el 2 y el 14 de septiembre de 1991 fueron exhumadas 107 tumbas, señaladas en la querella presentada por la Vicaría de la Solidaridad, en las que se encontraron 125 osamentas, que fueron remitidas al Servicio Médico Legal para ser examinadas. Estas exhumaciones fueron realizadas por el Equipo de Antropología Forense y el Servicio Médico Legal. En 1997 fueron exhumadas otras tumbas que podían contener cuerpos de detenidos desaparecidos. En el proceso de inhumación se estableció que los registros del cementerio, en varios casos, no eran correctos.En 1993 se concluyeron las primeras identificaciones en base a peritajes antropomórficos y odontológicos, entregándose un total de 23 víctimas. En 1994 se identificaron 50 víctimas, ese año comenzó a emplearse la técnica de superposición cráneofacial de forma complementaria a los otros métodos. En 1995, fueron identificados 19 cuerpos; en 1998, se identificó 1; en 1999, 2, y en 2002, a la víctima número 96, única identificada tanto por métodos tradicionales como por empleo de ADN mitocondrial. Del total de víctimas identificadas, 11 correspondían a personas detenidas en Paine en octubre de 1973; 16 en el Palacio de La Moneda y sus alrededores el mismo día del golpe de Estado, dos en la industria Sumar y el resto detenidas en diversos lugares de Santiago y sus alrededores entre septiembre y diciembre de ese año. Otras 30 osamentas no han podido ser identificadas y se encuentran en el Servicio Médico Legal. Primeras dudas acerca del proceso de identificación. En 1994 surgieron las primeras dudas acerca del proceso de identificación. Uno de los antropólogos del GAF que había participado en las exhumaciones y primeras pericias de los restos entregó observaciones que diferían de algunas de las identificaciones hechas con posterioridad por el Servicio Médico Legal. Surgimiento de evidencia y peritajes contradictorios con identificaciones anteriores. Dos hechos contribuyeron a reforzar las dudas. El primero provino de las conclusiones de la Mesa de Diálogo. Se ha verificado que la información entregada fue incompleta y en algunos casos falsa, permitió reconstituir parte de lo ocurrido a algunas víctimas que habían sido detenidas juntas. Si bien el informe de las Fuerzas Armadas no menciona como lanzadas al mar a víctimas identificadas en el Patio 29, al concluir que personas detenidas junto con los identificados corrieron una suerte tan distinta sin existir motivos para ello, constituía una duda razonable. Por otra parte, el avance de las investigaciones judiciales en dos casos específicos reforzó esta misma contradicción. Ellos son los de los detenidos desaparecidos de Paine y del Palacio de La Moneda. En el primero se investiga la desaparición de 26 campesinos detenidos un mismo día en octubre de 1973. El avance de la investigación ha permitido concluir que los detenidos fueron ejecutados y sus cuerpos inhumados ilegalmente en el sector de Melipilla, y que en 1978 fueron exhumados ilegalmente, sin que hasta la fecha hayan sido encontrados. Ello se puede relacionar con lo dicho por las Fuerzas Armadas en el Informe de la Mesa de Diálogo, en el que se señala que parte de este grupo habría sido lanzado al mar. Seis de los detenidos desaparecidos de Paine en octubre de 1973, no incluidos en la información de las Fuerzas Armadas, habrían sido identificados en el Patio 29. El examen de ADN mitocondrial realizado recientemente habría arrojado un resultado excluyente. Para aclarar la discrepancia y verificar la identificación hecha a una de esas personas, en 2004 se exhumó uno de los cuerpos identificados en el Patio 29, correspondiente al señor Patricio Duque Orellana. Las pericias realizadas por la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos, consistentes en pericias antropológicas y odontológicas, determinaron la existencia de compatibilidad antropológica general entre la osamenta y el señor Duque. Sin embargo, los exámenes de ADN mitocondrial determinaron que genéticamente la osamenta entregada no correspondía a él. Una conclusión similar arrojó la investigación judicial respecto de las víctimas detenidas en el Palacio de La Moneda. El grupo de detenidos desaparecidos de La Moneda fue conducido al Regimiento Tacna, en el centro de Santiago. La investigación judicial de estos hechos ha encontrado evidencia de que, en días posteriores, un grupo de 24 de esas personas fueron conducidas en camiones militares a un recinto del mismo regimiento, denominado en la actualidad Fuerte Arteaga. Ahí habrían sido ejecutados e inhumados. Con posterioridad, como parte de la operación “retiro de televisores”, habrían sido exhumados y lanzados al mar. Este relato es también coincidente con lo informado en la Mesa de Diálogo respecto de aquellas víctimas de este grupo que no estaban identificadas como correspondientes al Patio 29. De ellas se informó que habían sido lanzadas al mar. La fosa donde estas personas habrían sido enterradas y luego sus restos removidos ha sido aparentemente encontrada y se han podido ubicar algunos fragmentos que son parte de los casos pendientes de identificación. Ello se contradice con la identificación de 11 de las personas que eran parte de este grupo entre los restos hallados en el Patio 29. Sin embargo, otro grupo de miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende, detenido cuando intentaban llegar a La Moneda, no habrían sido conducidos al referido regimiento y ellos sí podrían haber sido sepultados en el Patio 29, lo que en el proceso de identificación refuerza la importancia de considerar los elementos históricos en conjunto con los científicos. Otro ejemplo en igual sentido lo constituye el caso de tres trabajadores de la empresa Sumar. Revisión del proceso de identificación y realización de nuevas pericias. En julio de 2003 se asignó la investigación judicial del patio 29 al ministro de la Corte de Apelaciones don Sergio Muñoz. Éste ordenó hacer carpeta individual por osamentas con los antecedentes documentales de inhumación, exhumación y otros. Solicitó al Servicio Médico Legal y a una perito adhoc realizar un análisis documental. Se enfatizó en comparar las autopsias realizadas en 1973 con los estudios de osamentas realizados en 1991. Paralelamente, se ordenó ubicar a familiares de las víctimas identificadas con el objeto de completar el banco de ADN de familiares donantes. Durante la investigación del ministro Muñoz, al interrogar a las personas encargadas de recoger los cuerpos que se encontraban en la vía pública, declararon que el sitio del hallazgo no coincidía necesariamente con aquel que se consignaba en los registros, sino que usualmente registraban el último lugar de encuentro de cuerpos en su recorrido. A raíz de la conclusión contradictoria en la identificación de Patricio Duque Orellana, ordenada en el proceso que investigaba los hechos ocurridos en Paine, además de las inconsistencias detectadas en el estudio documental de los casos identificados, el ministro Muñoz dispuso la exhumación de la mayor parte de los restos que habían sido identificados anteriormente, desde sepulturas definitivas en distintos cementerios de la Región Metropolitana y otros lugares del país e incluso en el extranjero, a fin de realizar nuevas pericias médico legales que permitieran ratificar o no las identificaciones realizadas por el Servicio Médico Legal en su oportunidad. Ordenó realizar exámenes de ADN mitocondrial a las 96 osamentas identificadas y entregadas del Patio 29. En razón de ello, se exhumaron completamente 30 osamentas, a la que se agrega la osamenta identificada anteriormente como Duque Orellana, y 62 fueron exhumadas para extraer muestras y luego inhumadas. Sólo en tres casos esta diligencia no pudo efectuarse por encontrarse sepultadas fuera del país, dos en Bolivia y una en Uruguay. En 2005, cuando el ministro Muñoz asumió como ministro de la Corte Suprema, se reasignó la investigación al ministro de la Corte de Apelaciones don Carlos Gajardo, quien la tramita hasta la fecha. El 19 de abril de 2006, el ministro Carlos Gajardo, en conjunto con el Servicio Médico Legal, dio a conocer a las directivas de las agrupaciones de familiares los resultados del informe pericial del Servicio Médico Legal en relación a los análisis de ADN de las 89 víctimas del Patio 29, respecto de las cuales había muestras de sus familiares en el banco de datos de ADN del Servicio. Este informe dio cuenta de que en 48 casos los resultados eran “excluyentes” la identificación efectuada anteriormente no correspondía a la víctima identificada; en 37 casos los resultados fueron “no excluyentes” no se puede descartar el linaje materno con la víctima identificada, pero coincide también con otras víctimas y en cuatro casos los resultados fueron “inconcluyentes”, es decir, no se puede afirmar o descartar el linaje materno. Conclusiones y proposiciones. A)Contexto histórico. 1.No resultaría aceptable que esta Comisión, con motivo de concluir el mandato unánime que le otorgara la Corporación, se inhibiera de contextualizar históricamente el origen de los hechos, por cierto delictuales, que aún causan agudo dolor al país en general y a los familiares de las víctimas en particular. Lo anterior es aún más indispensable, pues no han faltado algunos que, durante el debate público que acompañó y acompaña a la dolorosa incerteza sobre la identificación de las víctimas del Patio 29, atrevidamente han intentado igualar esa dolorosa incerteza con su causa esencial: nos referimos a los actos delictuales que ejecutó y planificó la dictadura militar a través de sus aparatos represivos y que le costara la vida a miles de chilenos, entre ellos los ilegalmente inhumados en el Patio 29 del Cementerio General. Nadie puede ni debe olvidar que todas las víctimas enterradas en ese lugar fueron asesinadas y que dichos crímenes estuvieron durante largos años cubiertos por campañas de ocultamiento y encubrimiento. Para ello, las autoridades militares y civiles de la dictadura no trepidaron, incluso, en intentar engañar a la propia Organización de Naciones Unidas, ONU. Por ello, los principales responsables de esta dramática situación son quienes cometieron tan deleznables crímenes y han ocultado por años el destino de cientos de compatriotas. Párrafo aparte merecen quienes ordenaron retirar los restos de los lugares donde originalmente fueron enterrados, con el fin de hacer desaparecer todo rastro de ellos y evitar, de esa forma, que se conociera su destino final, procurando garantizar la impunidad de quienes cometieron los crímenes, hecho que, por fortuna, los tribunales de justicia se han encargado de impedir. Sólo a vía de ejemplo, cabe recordar lo ocurrido en Lonquén. Después de haber sido exhumados los cadáveres de los hornos, una vez identificados, fueron inhumados subrepticiamente por la dirección del Servicio Médico Legal de la época. Lo recién descrito, como lo señaló María Luisa Sepúlveda, constituye un hecho inédito en las dictaduras militares que asolaron nuestro continente. O bien se lanzaban los cuerpos directamente al mar o se les enterraba sin movimientos ulteriores. Sólo en Chile se registraron actos tan repudiables como el desentierro de los restos, a fin de ocultar su paradero. Por último, afirmamos con convicción que tienen alguna cuota de responsabilidad los que formaron parte del régimen que implementó la política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ya sea porque conocieron tales hechos y nada hicieron por denunciarlos ante la opinión pública nacional o internacional, o bien porque creyeron ingenuamente en la explicación dada por los aparatos de seguridad de la dictadura, pese a la evidencia patente de lo que estaba ocurriendo en el país, sin efectuar cuestionamiento alguno. 2.Antes de abordar el tema de la responsabilidad de quienes detentaron cargos de importancia en el Servicio Médico Legal en los hechos que motivaron la presente investigación, debe establecerse con meridiana claridad que el objetivo de la Comisión no ha sido en caso alguno determinar si existieron errores en la identificación de los restos hallados en el Patio 29. Esa tarea es propia de los tribunales de justicia, ya que a ellos corresponde determinar la identidad de tales restos. Serán éstos los que comunicarán cuáles estuvieron correcta o incorrectamente identificados. La Comisión sólo procuró determinar la posible existencia de irregularidades en el proceso de identificación, tal como lo señalara el mandato que le otorgó la Sala de esta Corporación. La conclusión número 1, a excepción de los párrafos tercero, séptimo y octavo, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Los párrafos tercero y séptimo se aprobaron por ocho votos a favor y cinco en contra. El párrafo octavo se aprobó por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. La conclusión número 2 se aprobó por 12 votos a favor y una abstención. B)Actuaciones del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General. 3.En primer lugar, resulta necesario recordar el contexto en que el Servicio Médico Legal recibió los cuerpos de las primeras víctimas. Se afirmó ante la Comisión que de acuerdo con los registros del propio Servicio, en muchos casos no se tomaron huellas dactilares ni se permitió a los familiares que buscaban personas desaparecidas examinar los cadáveres para su reconocimiento, ni se hicieron en todos los casos autopsias en las que se registraran datos que pudieran contribuir a su identificación posterior. Quienes por esos años desempeñaron cargos de alta responsabilidad en el Servicio Médico Legal deben responder por tales omisiones, las que, sin duda, afectaron el proceso de identificación. Con todo, se debe tener presente lo expuesto ante la Comisión por uno de los invitados: “fue muy dramático, después de dos días de toque de queda general en la ciudad, reincorporarme al Servicio el 14 de septiembre y encontrar sus pasillos cubiertos de cadáveres.” Resulta evidente que el Servicio Médico Legal no estaba preparado humana ni materialmente para enfrentar una situación de esa naturaleza. 4.Asimismo, no debe incurrirse en el error de juzgar con lo adelantos científicos y tecnológicos de hoy, situaciones y decisiones adoptadas en el pasado, cuando esos medios distaban bastante de aquellos con que se cuenta en la actualidad. Sin duda, varios de los partícipes en este proceso habrían obrado de manera diversa si hubieren tenido el convencimiento de que los avances de la ciencia permitirían abordar el proceso de identificación con herramientas que otorgaran mayores grados de certeza. Si bien este tema será abordado más adelante, una de las primeras conclusiones a la que se puede arribar dice relación con uno de los principales errores cometidos en ese proceso: haber dado el carácter de certeza absoluta a cosas que no la tenían, sin tener presente que se trabajó con elementos científicos que tenían márgenes de error o de duda muy altos. 5.Sin perjuicio de ello, es necesario efectuar un expreso reconocimiento a la prudencia con que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha obrado en relación con este tema. Pese a estar directamente afectados por lo ocurrido, sus integrantes jamás promovieron la entrega precipitada de los cuerpos ni efectuaron imputaciones que no pudieren responsablemente acreditar. Asimismo, la Comisión ha estimado pertinente manifestar su reconocimiento a la infatigable tarea desarrollada por la Agrupación. El esmero y la dedicación que ha demostrado a lo largo de estos años merecen el homenaje de la sociedad toda. Gracias a su labor y a la valiosa colaboración prestada por abogados del ámbito de los derechos humanos, hoy el país conoce la gravedad de lo ocurrido y se ha sancionado penalmente a algunos de los responsables. 6.La tarea de identificación de los restos ha sido particularmente compleja. La cantidad de informes evacuados sobre la materia que han arribado a conclusiones diversas, demuestran lo difícil que ha resultado y la magnitud del esfuerzo que será necesario realizar para lograr una identificación certera e indubitada. Sin embargo, los hechos aquí relatados no justifican ni explican la serie de omisiones y negligencias en que el citado Servicio incurrió desde la década del 90 en adelante. a)El “Informe Glasgow” 7.Las dificultades en relación con los llamados “informes Glasgow” surgen desde las etapas preliminares. Ante la Comisión, varios invitados hicieron presente que la Universidad de Glasgow y el doctor Peter Vanezis no estaban cumpliendo con lo acordado, en atención a que no se remitieron oportunamente los exámenes realizados mediante la aplicación de la técnica de ADN mitocondrial, o bien, se enviaban informes que no habían sido solicitados. Ante tales afirmaciones, la Comisión estimó pertinente recabar del Servicio Médico Legal todos los contratos sobre el particular celebrados con expertos extranjeros, los que fueron remitidos prontamente, a excepción del celebrado con la Universidad de Glasgow. En este último caso, sólo se hizo llegar copia de una resolución exenta que autorizaba el gasto. Luego de que la Comisión exigiera que se remitiera el instrumento jurídico preciso por el que Glasgow contraía la obligación de realizar el informe, el Servicio Médico Legal responde lo siguiente: “el compromiso de colaboración de la Universidad de Glasgow con el Servicio Médico Legal fue aparentemente de manera informal y su desarrollo se plasmó en comunicaciones permanentes por el medio escrito, documentos que se encuentran acompañados a la investigación”. Vale decir, no existe por escrito contrato alguno que obligue a la Universidad de Glasgow a realizar los mentados informes. Sólo se acompañó una serie de notas de los ex directores del Servicio Médico Legal señores Claps y Rodríguez con el doctor Peter Vanezis y la citada resolución que autorizó el gasto. Sin duda, esa vía no constituye la forma correcta de relacionarse con instituciones extranjeras que prestan servicios remunerados al país. Sin ir más lejos, cuando correspondió al Servicio Médico Legal contratar los servicios de la Universidad de Granada, se celebró un convenio con ella donde se detallaban las obligaciones de las partes. Permitir la erogación de 23 mil 813 libras esterlinas, sin que existiera un antecedente jurídico que respaldara ese gasto constituye una grave negligencia de parte de quien encabezaba la dirección del servicio en ese entonces. 8.La prudencia aconsejaba remitir el llamado informe Glasgow a los tribunales de justicia. Si bien se puede afirmar categóricamente que éste no es una pericia, en atención a que no fue ordenado por un tribunal, ni se cumplieron una serie de formalidades propias del informe de peritos (a vía de ejemplo, los peritos no prestaron el juramento exigido), el sentido común indica que debió ser conocido por los tribunales. El ejercicio de centrar el debate en torno a si constituye o no una pericia es sólo una dimensión del problema. Se trataba de documentos que claramente cuestionaban el trabajo realizado en Chile por la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal. Si son los tribunales los llamados a identificar a la persona, ellos necesariamente debían conocer un documento que sostenía que las identificaciones hechas por el 22° Juzgado del Crimen eran erróneas. No entregar tales informes al tribunal puede ser considerado una negligencia, cualquiera sea la opinión técnica que se tenga sobre la calidad de los mismos. Al respecto, cabe recordar que el propio ex Director del Servicio Médico Legal, señor Oscar Vargas remitió a todos los tribunales del país que conocían de causas vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos, el informe emitido por la Universidad de Granada, el que destinaba una parte importante de su contenido a desvirtuar lo afirmado en el Informe Glasgow. Vale decir, si se estimó necesario remitir un informe que desvirtuaba uno anterior, resulta lógico concluir que el primero también debió ser conocido por el juez, por lo menos a juicio de quien envió el segundo informe. Del mismo modo, llama la atención que el tribunal, pese a haber autorizado el envío de las muestras a Glasgow, nunca requirió información acerca del resultado de la diligencia. Igual gestión podría haber realizado la parte querellante en el juicio. 9.Por otra parte, cabe hacer presente que la razón de ser del Servicio Médico Legal radica en la realización de peritajes para contribuir a la labor de los tribunales de justicia (hoy también contribuye a la investigación que desarrolla el Ministerio Público). Específicamente en los casos de “detenidos desaparecidos”, la realización de tales peritajes tienen por objeto que los tribunales logren determinar si en cada caso existe un hecho punible, y como parte de esa investigación, la “identidad” de las victimas es esencial. En este sentido, cabe hacer presente que en cuanto “los informes Glasgow” estuvieron a disposición del 22º Juzgado del Crimen de Santiago, de inmediato se ordenaron diligencias. Es así como se decretó: “Habiendo tomado conocimiento de la existencia de posibles contradicciones entre lo informado por el Instituto Médico Legal y el informe emitido por la Universidad de Glasgow, el tribunal de oficio resuelve: Fórmese un cuaderno separado de diligencias…”. “Cítese vía telefónica a las doctoras del Servicio Médico Legal, doña Patricia Hernández Mellado y América González”. “Ofíciese al Ministerio del Interior a fin de que remita copia autorizada de la traducción del informe de la Universidad de Glasgow”.” Ello demuestra en forma patente que el contenido de los llamados “Informes Glasgow” no eran en absoluto irrelevantes para el tribunal. 10. Los peritos afirmaron ante la Comisión que a ellos se les remitió el informe Glasgow y que manifestaron su opinión ante el Director del Servicio. Éste, por su parte, endosaba a los peritos la responsabilidad de relacionarse con los tribunales de justicia, haciendo presente que estaba imposibilitado legalmente de interferir en las pericias. Unos y otros son responsables de esta grave omisión. Los peritos debieron informar al tribunal y manifestar sus descargos ante éste, a fin de que el tribunal resolviera a qué pericias otorgaba mayor credibilidad. Por su parte, el Director del Servicio Médico Legal debió cerciorarse que el informe por el cual pagó 23 mil libras esterlinas fuera puesto en conocimiento del juez competente. No se trataba de que interfiriera en la pericia, sino sólo de comunicar, ante quien corresponde, un informe que cuestionaba la labor de sus peritos. La mala opinión que los peritos de la Unidad de Identificación pudieran haber tenido sobre el citado informe no es causal suficiente para omitir su entrega a los tribunales, en atención a que son éstos los llamados a identificar legalmente a las personas. 11. Además cabe tener presente que en el intercambio epistolar entre el doctor Alfonso Claps y el profesor Peter Vanezis, el primero le señala que: “Después de esto requeriremos la cooperación de su departamento para los casos pendientes no resueltos, que por requerimiento de nuestro sistema legal deben ser trabajados en Glasgow por la Dra. América González, es la única especialista forense asignada por la Corte reconocida por nuestro sistema judicial en nuestro departamento.” Si nunca se consideró al informe Glasgow como un informe pericial para ser presentado ante los tribunales, ¿Qué sentido tiene ese alcance? ¿Si nunca se pensó enviar el informe Glasgow a los tribunales, para qué exigir la presencia de una perito reconocida por éstos? Tales dudas no fueron despejadas en el curso de la investigación, lo que refuerza nuestra convicción respecto de la conveniencia de comunicar a los tribunales la existencia de los mencionados informes. 12. Ante esta Comisión se afirmó tajantemente que la calidad de los llamados “Informes Glasgow” era deficiente y que no serían útiles para el proceso de identificación. Sin el propósito de emitir juicios de valor sobre tal informe, no deja de llamar la atención que se cuestione en forma tan categórica el contenido del mismo, particularmente el de fecha 25 de julio de 1996, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, en el cual se señala que da por concluido el trabajo que se le ha encomendado y remite análisis de ADN de las muestras óseas del Patio 29, firmado por el experto contratado por la Universidad de Glasgow, Dr. William Goodwin. De acuerdo a las expresiones del doctor Ravanal, este informe: “representa, sin lugar a dudas, la prueba o resultado pericial de mayor trascendencia, por lo categórico de sus resultados, ya que este documento da cuenta de los estudios de ADN mitocondrial practicados, cuyos resultados demuestran en forma precisa la ausencia total de coincidencias y por ende de correspondencia genética exclusión entre las muestras de hueso de fémures y las identidades establecidas en Chile.” 13. Los peritos y autoridades del Servicio Médico Legal descalificaron con fuerza sus conclusiones. Sin embargo, los propios expertos en ADN del Servicio Médico Legal, en un informe emitido en julio de 1996, señalaban que en los exámenes practicados en Glasgow se aplicaron métodos estándar, metodología de uso tradicional y que las normas de precaución de contaminación son similares a las utilizadas por otros laboratorios. Nada dice este informe respecto a consideraciones técnicas que objeten su validez. Por el contrario, reconoce la metodología y no señala la existencia de errores en los métodos aplicados en Glasgow. Otro informe de fecha 12 de agosto de 1996, suscrito por Hugo Jorquera G., Jefe de la Unidad de Biología Molecular, y por Fabián Moreno Gálvez, Bioquímico Legista, dirigido al Director del Servicio Médico Legal, doctor Jorge Rodríguez, señala que: “Según la misma Tabla 5 no se encuentra match para 13 de 20 muestras secuenciadas, siendo éste un resultado concluyente.” Asimismo, en el Memorándum N°90, emitido por Hugo Jorquera, de fecha 12 de agosto de 2002, se señala lo siguiente: “1.- Nuestro laboratorio ha llevado a cabo a la fecha el análisis de ADN mitocondrial de seis de las 21 muestras óseas enviadas a Glasgow…” “Los informes correspondientes a dichos casos fueron oportunamente remitidos a la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal al ser concluidos. 2.- Los resultados de ADN mitocondrial obtenidos para los protocolos señalados en este laboratorio han sido comparados con los obtenidos por la Universidad de Glasgow, corroborándose idénticos resultados (para la región secuenciada).” En el punto 6 del citado documento se reproduce una nómina de desaparecidos respecto de los cuales el laboratorio posee muestras correspondientes a familiares de línea materna. En la parte final de este punto expresa que: “Los nombres señalados con asterisco poseen familiares de referencia ya secuenciados en nuestra Base de Datos de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sus secuencias de ADN mitocondrial coinciden con los resultados informados por Glasgow (para la región analizada).” Por último, en un Memorándum s/n de los doctores Fabián Moreno y Víctor Saragoni de fecha 28 de agosto de 2002, dirigido al Director del Servicio Médico Legal de la época, doctor Oscar Vargas, señalan que en atención a la información requerida por el ministro de Justicia “….consideramos un deber aportar información (genética) adicional que consideramos relevante para la evaluación del Informe Glasgow. La región analizada en Glasgow fue suficiente para excluir directamente un número importante de las osamentas examinadas. Varias (30%) de las muestras de familiares de referencia y muestras óseas de los protocolos enviados a Glasgow se han analizado en nuestro laboratorio, encontrándose concordancia o compatibilidad en los resultados obtenidos en ambos centros. Los resultados de los análisis de ADN mitocondrial son contradictorios con los resultados de los estudios antropológicos.” 14. Como se desprende de los documentos citados, los análisis de ADN mitocondrial realizados en Glasgow son coincidentes con los realizados en el propio Servicio Médico Legal. Sin embargo, igualmente se descalificó lo hecho en Glasgow, pese a que desde el año 1996 existían antecedentes para pensar que la institución europea estaba en lo cierto. Más aún, en forma contumaz y obcecada se insistió en no informar a los tribunales. Ello sólo se hizo cuando la fiscal de la Corte Suprema manifestó su molestia por la demora en que incurrió el director del Servicio Médico Legal de la época en enviar los antecedentes reclamados. Es así como el 7 de octubre de 2002, la citada fiscal, ante la falta de respuesta a sus oficios, dispuso reiterarlos, señalando textualmente: “Que la negativa del director del Servicio a dar respuesta a los oficios que oportunamente le fueron despachados, sin siquiera informar de las razones de dicha negativa, constituye, además de una falta de deferencia hacia un integrante del máximo tribunal de la República, una situación de extrema gravedad que debe ser puesta en conocimiento de su superior directo, a fin de que adopte las medidas pertinentes.” Esta conducta del director del Servicio Médico Legal viene a confirmar que no existió la voluntad de transparentar la información que se tenía respecto de la eventual errónea identificación de los restos hallados en el Patio 29. 15. Esta Comisión comparte los planteamientos efectuados por el experto Kenneth Jensen sobre el accionar del Servicio Médico Legal respecto del informe Glasgow. Éste manifestó que: “Desde el punto de vista metodológico, es curioso que se mande a hacer un estudio complementario y, a la vez, se entreguen los cuerpos, lo que significa que ya hay una decisión tomada. Se asumió que las identidades de esas personas correspondían a las de esos esqueletos. Entonces, ¿para qué se mandó a hacer el informe Glasgow? ¿Para confirmar lo que ya tenían claro?” b) Informe del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF). 16. Ya en 1994 existía el informe del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF) que cuestionaba las identificaciones efectuadas. Este informe fue puesto en conocimiento del director del Servicio Médico Legal, señor Alfonso Claps, quien, al respecto, afirmó lo siguiente: “El conjunto de las objeciones formuladas por los señores Cáceres y Jensen se basa en información incompleta acerca de cada caso, con que ellos cuentan. El peritaje médico legal realizado en este Servicio para cada uno de los casos es exhaustivo y multidisciplinario. En su ejecución se utilizan diversas técnicas diagnósticas de comparación de rasgos específicos y únicos, cuya combinación da lugar a la identificación positiva de cada uno de ellos.” Sobre el particular, cabe hacer presente que hoy el propio Servicio Médico Legal da la razón a los expertos del GAF en al menos cinco de los trece casos que ellos cuestionaron. Lo recién expuesto contribuye a hacer aún más inexplicable la no entrega del informe Glasgow a los tribunales, en atención a que éste no era el primer documento sino el segundo que cuestionaba las identificaciones. 17. Cabe recordar que el juez que conocía sobre esta causa por esos años tuvo, al parecer, serias dudas respecto de las identificaciones efectuadas por el Servicio Médico Legal, motivo por el cual no procedió a entregar los restos a sus familiares, luego de finalizado el proceso de identificación en la citada institución. 18. La abogada Pamela Pereira ha luchado infatigablemente, desde un comienzo, por esclarecer lo ocurrido en el país en materia de violaciones a los derechos humanos, por alcanzar la verdad, porque se haga justicia y por dar con el paradero de su padre, detenido desaparecido. En el marco de esta ardua labor, presentó, el 15 de febrero de 1993, un recurso de queja en contra de la magistrado subrogante del 22° Juzgado del Crimen, ante lo que consideró “demora inexcusable” en la entrega e identificación de los restos ya periciados por el Servicio Médico Legal. Sin duda, el propósito que la animaba era otorgar prontamente a los familiares de las víctimas la tranquilidad de conocer el destino de sus seres queridos, en atención a que existía un número importante de cuerpos que habían sido identificados por el Servicio Médico Legal y los tribunales no se pronunciaban al respecto. La historia, al parecer, estaría otorgando la razón a aquel juez que se negó a identificar porque no se había formado la convicción necesaria para entregar los restos a sus familiares. No cabe duda de que el recurso de queja presentado por la abogada aceleró la entrega de los cuerpos, cuya identificación hoy se cuestiona. Si se hubiera escuchado y atendido la opinión de los peritos del GAF y las inquietudes del juez Contreras, se habrían evitado las consecuencias que hoy el país conoce y lamenta. c) Desorden administrativo. 19. La importancia de las funciones del Servicio Médico Legal exigen un criterio riguroso en los métodos que emplea, más aún si su fin es asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales. Ello supone que la dirección de este importante Servicio debiera encomendarse a profesionales especialistas en la materia y no utilizar criterios políticos en su designación. A ello se debe la falta de una conducción profesional acorde con la importancia del Servicio Médico Legal en Chile y la cadena de desaciertos de quienes se desempeñaron como directores. 20. Se hizo presente ante la Comisión la falta de prolijidad y desorden del Servicio Médico Legal en sus procedimientos, comentarios que son respaldados por las conclusiones del informe emitido por la Universidad de Granada, donde se afirma que en los protocolos de dicho Servicio se emplea una metodología que no se ajusta a los patrones establecidos y aceptados internacionalmente; que se aprecia desorden en los expedientes e informes, contradicciones en determinados diagnósticos, etcétera. Tal desorden también se manifiesta en la ausencia de una copia de la nómina que acompañaba las muestras enviadas a la Universidad de Granada. Si bien no es efectivo que se haya extraviado la mencionada nómina, ya que consta en el acta de entrega de las muestras, no existe en Chile copia de la misma. Es así como en un oficio remitido a la Comisión por el ministro de Justicia se expresa que: “no es posible constatar la posesión del listado que se acompañó al envío por parte del Servicio Médico Legal o del Ministerio de Relaciones Exteriores.” 21. La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados en pro de alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos, como lo demuestran las diversas iniciativas emprendidas que se enumeran en la parte final de este informe. Sin embargo, éstas resultaron improductivas, en atención a los hechos aquí descritos. Medidas adoptadas por un director eran dejadas sin efecto por su sucesor, con la consiguiente pérdida de recursos y de esfuerzos humanos dedicados a ello. A vía de ejemplo, cabe recordar lo sucedido con el proyecto de reconstrucción facial robotizada, iniciado durante la gestión del doctor Medina, que fue estimado inviable durante la dirección del doctor Claps. Por otra parte, en diciembre de 1995, se adquirió un equipo de video de superposición computarizado, con tecnología de última generación. Hoy, tales equipos están en desuso. En resumen, la cadena de errores y negligencias cometidas por el Servicio Médico Legal en el proceso de identificación de los restos hallados en el Patio 29, no sólo ha dañado a los familiares de las víctimas, que hoy tienen una legítima desconfianza en relación al accionar de dicha institución, sino que también ha contribuido a sembrar un manto de dudas respecto de todo informe que emane de ella, afectando gravemente el funcionamiento de la justicia en el país. 22. Por último, esta Comisión ha estimado necesario hacer presente que, en reiteradas oportunidades, solicitó al señor ministro de Justicia copia del sumario administrativo realizado en su ministerio sobre las eventuales irregularidades cometidas por el Servicio Médico Legal en la presunta errónea identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. En la sesión efectuada el 11 de julio del presente año, el citado ministro manifestó lo siguiente: “La fiscal tenía veinte días para hacer la investigación y pidió una prórroga de sesenta días, que es el máximo que le permite la ley; es decir, estaríamos hablando del día 24 de este mes (julio). En ese momento, recién, voy a recibir el informe de la investigación. Por consiguiente, no estoy en condiciones de informar a la Comisión. Sin embargo, me comprometo en hacer llegar a la Comisión el resultado completo de la investigación, una vez que sea público.” Han transcurrido más de dos meses desde que venció el plazo que el propio ministro señaló para la entrega del mencionado sumario, sin que éste se haya remitido a la Comisión. Además, cabe hacer presente que el artículo 9° de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional faculta expresamente a éste para solicitar antecedentes, aun cuando éstos tengan el carácter de secretos o reservados, razón por la cual el supuesto impedimento legal invocado por el señor ministro para la entrega del sumario, no es aplicable cuando quien lo solicita es una Comisión de la Cámara de Diputados. Las conclusiones 3 a 22 se aprobaron por 12 votos a favor y 1 abstención. C)Responsabilidad de los ministros de justicia de la época. 23. Esta Comisión ha llegado a la convicción de que quienes desempeñaron el cargo de ministro de Justicia no tienen responsabilidad alguna en los hechos descritos. Por el contrario, ellos desplegaron sus mayores esfuerzos a fin de dotar al Servicio Médico Legal de las herramientas necesarias para cumplir con su cometido en forma adecuada. Consta en el presente informe las innumerables iniciativas desarrolladas para procurar alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos. Es así como se accedió a los requerimientos del Servicio en orden a dotar a éste de la más moderna tecnología disponible, se capacitó a sus profesionales tanto en Chile como en el extranjero, se invitó al país a los más destacados expertos en materia de identificación, se creó el laboratorio de ADN, se dio comienzo a un programa de un banco de muestras biológicas de línea materna de detenidos desaparecidos, a partir del 2001, se comenzó con estas muestras a elaborar en Chile un banco de ADN mitocondrial, etcétera. Como se puede apreciar, los ministros de Justicia hicieron lo que estaba a su alcance para dar una satisfactoria respuesta a las demandas vinculadas a la gestión del Servicio Médico Legal en materia de identificación. Esta conclusión se aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra. Proposiciones. 1.Como norma de buena administración, resulta indispensable que el Servicio Médico Legal regularice los convenios de colaboración técnica que posee con universidades chilenas y extranjeras, de manera de contar con los instrumentos jurídicos que formalicen las obligaciones de estos centros de estudios con el Servicio. Así se evitará que, en el futuro, nos encontremos con convenios, como el de la Universidad de Glasgow, sin protocolizar. 2.Asimismo, se sugiere que el Servicio Médico Legal implemente las siguientes medidas: a)Llevar catastros en sus laboratorios de las pruebas realizadas y de la evidencia analizada. Éstos deben ser claros y accesibles, de modo que su actuar esté acompañado siempre del principio de transparencia que debe informar todo acto público. b)Establecer políticas de respaldo de la información que posee, especialmente en materia de derechos humanos, dado que hoy no resulta claro cómo se organiza la custodia de los datos de familiares de detenidos desaparecidos. c)Considerar la posibilidad de reiniciar las relaciones con la Universidad de Granada y con las agrupaciones de detenidos desaparecidos a fin de buscar una solución al problema de la primera nómina enviada. En todo caso, esta recomendación debe quedar sujeta, según opinión de esta Comisión, al trabajo que despliega la delegada presidencial sobre Derechos Humanos, a fin de no entorpecer los objetivos de su mandato. d)Fijar, en el más breve plazo, una normativa interna que permitan establecer el proceso de adjudicación de convenios, los criterios de selección, los análisis de oferentes, las garantías, etc. e)Desarrollar políticas adecuadas de resguardo del buen uso del patrimonio fiscal, con controles automáticos y deliberados en las áreas financieras contables, de abastecimiento y recursos humanos. f)Desarrollar un sistema integral de información de personal, que permita acceder a información relativa a los peritos que trabajan en el Servicio. 3.Se recomienda, asimismo, que el Ministerio de Justicia disponga que la política de recursos humanos del Servicio Médico Legal se someta a la consideración, opinión y asistencia del Servicio Civil, buscando asegurar y preservar la excelencia técnica de su personal. Se hace presente que esta Comisión tiene conocimiento de la incorporación del Servicio Médico Legal al Sistema de la Alta Dirección Pública, lo cual implica que todos sus cargos directivos dejan de ser de confianza política y pasan a ser designados por concurso . 4.Se recomienda al Ministerio de Salud la implementación, a la brevedad, de políticas públicas que signifiquen la creación de programas de becas y doctorados en especialidades médicas vinculadas al quehacer del Servicio Médico Legal, destinadas a las facultades de Medicina del país, con el fin de estimular el ingreso de profesionales a esta área de la salud. 5.Finalmente, se recomienda realizar todos los trámites y gestiones que fueren necesarias y conducentes para la obtención de acreditación o certificación, según las normas internacionales de los procesos del Servicio Médico Legal. Es una labor que a la fecha no se ha realizado; por lo tanto, no existe una pauta de acreditación de profesionales, de instalaciones ni de funciones. De esa forma se entregará al país una institucionalidad moderna en el campo médicolegal, que responda a los actuales requerimientos de la sociedad. Las proposiciones se aprobaron por 12 votos a favor y una abstención. Consideraciones que sirvan de base a las conclusiones o a las proposiciones rechazadas por la Comisión. Por 5 votos a favor y 8 en contra, e rechazaron las conclusiones propuestas por el señor Von Mühlenbrock que sostenían que quienes detentaron el cargo de Ministro de Justicia, en la época en que ocurrieron los hechos que hoy se investigan, deben asumir la responsabilidad política que les cabe, en atención a que no ejercieron un adecuado control respecto de la forma en que el Servicio Médico Legal desempeñó su función. Quienes se desempeñen en tan altos cargos tienen perfecto conocimiento que la responsabilidad jamás se puede delegar. Por el contrario, ésta debe ser asumida cabalmente. Las consideraciones de estas conclusiones fueron las siguientes: El artículo 5° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. “Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.” El artículo 11 del citado cuerpo legal establece que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Por su parte, el artículo 12 preceptúa que las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia. Por último, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 22, que estipula que los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones. En su inciso segundo, acota que, para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. Las normas recién citadas demuestran, en forma patente, que corresponde al Ministro de Justicia fiscalizar las actividades desarrolladas en los servicios públicos bajo su dependencia. Es todo cuanto puedo informar. El señor LEAL (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHÚAN.- Señor Presidente, en vista de que faltan antecedentes relevantes y sustanciales para que los colegas que no integraron la Comisión puedan pronunciarse informadamente, pido a la Mesa postergar la votación del informe. Me explico. Al Ministerio de Justicia se le solicitó que remitiera copia del sumario interno que instruyó sobre eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, documentación que nunca llegó a la Comisión. La Contraloría General de la República también está instruyendo un sumario para establecer eventuales responsabilidades de las autoridades que estaban a cargo del Servicio Médico Legal. El conocimiento de esos antecedentes podría cambiar sustancialmente las convicciones de los colegas que no formaron parte de la Comisión investigadora. Por lo tanto, pido que la Mesa se pronuncie sobre mi petición. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, eso lo tiene que resolver la Sala. Hemos iniciado el debate; en su momento, vamos a considerar su propuesta. El señor CHAHÚAN.- Señor Presidente, ojalá así sea, porque considero que la Sala no debe votar el informe de la comisión investigadora sin tener conocimiento de esos antecedentes. Sin perjuicio de que espero que este tema sea considerado en su oportunidad, me gustaría hacer algunos comentarios respecto de lo señalado por el Presidente de la Comisión y de lo que expresa el informe. Hablamos de un tema particularmente sensible, ya que hubo familias que enterraron dos o tres veces a sus muertos. Además, se presentaron muchas denuncias con antelación que señalaban que existían errores en la identificación de los cuerpos, pero no fueron escuchadas en su oportunidad. Incluso, se expusieron en la ONU. Pues bien, hoy se conoce en esta Sala el informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre las irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el patio 29 del Cementerio General de la ciudad de Santiago. Cabe hacer presente que esta Comisión tuvo el carácter de investigadora y, por lo tanto, su misión era la de determinar responsabilidades políticas en esos eventuales errores, faltas o negligencias. La responsabilidad política es un concepto que involucra tanto a los ciudadanos como a los gobernantes que ocupan cargos públicos, sean o no de elección popular. Se considera que éstos tienen la obligación de informar y responder ante la ciudadanía por sus actos públicos además de quedar sometido al control político para garantizar que cumplan cabalmente sus compromisos y las funciones que les encomienda el orden institucional. En definitiva, también se trata de afianzar el ejercicio del derecho de la prensa y de la opinión pública a fiscalizar los actos de las autoridades en todos los aspectos del desempeño de sus cargos. La responsabilidad política apunta a determinar o a criticar la conveniencia, la oportunidad, la prudencia o imprudencia, las ventajas o desventajas de una conducta u omisión de la autoridad, desde el punto de vista de las expectativas de la ciudadanía, para dejar a los órganos jurisdiccionales competentes la determinación de los aspectos de ella que implican una inhabilidad constitucional o su responsabilidad civil, penal o de otra especie. Las autoridades políticas de un gobierno están sometidas a obligaciones y, por cierto, se les debe exigir el cumplimiento de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En esa línea, deben actuar conforme a los principios de la legalidad, de servicialidad y de eficiencia. Todos los principios señalados se recogen en el artículo 53 de la ley mencionada, lo que se traduce en las siguientes exigencias específicas, entre otras: la utilización de medios idóneos de diagnósticos, decisión y control, dentro del orden jurídico, y en una gestión eficiente y eficaz. Lo que he señalado se aplica en forma preferente a quienes desempeñan los cargos de mayor responsabilidad en la administración del Estado y, sin duda, a los ministros. Me voy a referir particularmente a este punto, ya que en relación con la otra votación dividida que se realizó en la Comisión, referida al contexto histórico, considero que cada cual puede tener su opinión por lo acontecido hace un tercio de siglo , pero nadie puede encontrar allí la justificación de los errores administrativos y las negligencias ocurridas posteriormente en la identificación de los cuerpos. Me voy a detener brevemente en algunos de los antecedentes recogidos por la Comisión y que resultan inaceptables. En primer lugar, el compromiso de colaboración de la Universidad de Glasgow con el Servicio Médico Legal fue absolutamente informal, es decir, no existe contrato alguno por escrito que obligue a la Universidad de Glasgow a realizar los informes que se le solicitaron. Cabe señalar que en el marco de esta informalidad se pagaron 23.813 libras esterlinas, equivalentes a casi 24 millones de pesos en la actualidad. Respecto de todas las dudas referidas al informe Glasgow, basta señalar que el informe de la Comisión expresa: “Tales dudas no fueron despejadas en el curso de la investigación,”. En segundo lugar, el capítulo “Desorden administrativo” del informe de la Comisión consigna un párrafo ilustrativo, ya que es la fuente constante de la mala administración en Chile, que indica: “…la Dirección de este importante Servicio debiera encomendarse a profesionales especialistas en la materia y no utilizar criterios políticos en su designación. A ello se debe la falta de una conducción profesional acorde con la importancia del Servicio Médico Legal en Chile, y la cadena de desaciertos de quienes se desempeñaron como Directores.” Señor Presidente, cabe preguntarse, ¿quién los nombró? En tercer lugar, otro hecho que se debe tener presente en esta Sala es la falta de cooperación fiel del Ministerio de Justicia, organismo que, como señala el informe de la Comisión, no hizo llegar el sumario administrativo realizado en ese ministerio sobre eventuales irregularidades en la errónea identificación de los restos hallados en el patio 29. En cuarto lugar, la Contraloría General de la República se encuentra investigando las responsabilidades por la errónea identificación de las víctimas, no obstante, vamos a votar esta materia sin conocer lo que determine finalmente dicho organismo respecto de las responsabilidades. En quinto lugar, la mayoría de los diputados de la Concertación aprobaron que la Comisión ha llegado a la convicción de que quienes desempeñaron altos cargos que tenían que ver con esta materia no tienen responsabilidad alguna en los hechos descritos. Esta última conclusión no es compartida por nosotros y menos aún la explicación entregada por la ex ministra de Justicia a la Comisión, que señala: “La actuación del Ministerio se tradujo en la decisión de obtener los recursos, en remitirlos al Servicio Médico Legal y, en definitiva, en darle la prioridad que, a su juicio, merecía este trabajo.” Nos encontramos frente a un hecho particularmente doloroso. Concurrieron a nuestra Comisión los familiares de las víctimas, muchos de los cuales tuvieron que enterrar dos o tres veces a sus seres queridos. Se entregaron cuerpos, en circunstancias de que había antecedentes fundados de que no correspondían a las personas fallecidas. No se puede acutar con tanta indolencia. Al menos, esta Sala merece conocer lo que señaló en su oportunidad el Ministerio de Justicia y las responsabilidades que está investigando la Contraloría General de la República para tener un juicio de valor respecto de los hechos. Por el bien y por el prestigio de esta Sala, no sería oportuno ni pertinente que votara favorablemente el informe de la Comisión que exculpa definitivamente a ciertas autoridades, en circunstancias de que, finalmente, la Contraloría General de la República podría determinar algo distinto. No sería bueno para el prestigio de las comisiones investigadoras y de la Cámara votar en estas circunstancias. Por último, sugiero que, al menos, se vote como se hizo en la Comisión, vale decir, separadamente las responsabilidades políticas de los antecedentes históricos. Cada diputado puede tener su propia opinión respecto de los antecedentes históricos, pero no se puede tener opiniones distintas en relación con las graves negligencias que ocurrieron en el Servicio Médico Legal. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, aunque el tiempo haya quitado dramatismo y espectacularidad al tema que hoy nos ocupa, en su momento llenó titulares de muchos medios de comunicación y se hizo mucho caudal acerca de la gravedad de la errónea identificación de muchos cuerpos de detenidos desaparecidos. En primer lugar, quiero decir que la Comisión realizó un trabajo extraordinariamente exhaustivo. Llevo varios períodos en la Corporación, y puedo decir que, probablemente, éste es uno de los trabajos legislativos e investigativos más serios en los que me ha tocado participar. Señor Presidente, por su intermedio, felicito al presidente de la Comisión, quien encabezó una tarea muy difícil, compleja, con actuaciones y situaciones contradictorias. Sin embargo, pudo conducir una investigación con la máxima ecuanimidad, entregando garantías a todo el mundo, muy especialmente a los familiares de las víctimas, quienes han sido los principales afectados. También por su intermedio, felicito sinceramente, en la persona de don Carlos Loyola, Secretario de la Cámara, al equipo de secretaría de la Comisión, porque desarrolló una labor encomiable, una de las tareas más profesionales y sistemáticas, sin la cual probablemente no habríamos logrado el éxito investigativo a que llegamos, incluso asesorándonos de una manera que prestigia a la Cámara y a sus funcionarios. Los miembros de la Comisión ya tendremos la oportunidad de referirnos al aporte que significó el trabajo de secretaría. Sobre el fondo, sólo quiero referirme a tres aspectos. En primer lugar, después de analizar el tema con acuciosidad, a la inmensa mayoría de los especialistas que concurrieron a la Comisión tanatólogos, médicos especialistas en identificación de restos óseos, profesionales que incluso en otras partes del mundo se han desempeñado en estas funciones, abogados penalistas que hicieron análisis y acompañaron a los familiares de las víctimas, no les cupo ninguna duda de que la principal responsabilidad no en las muertes, sino en la errónea identificación de los cuerpos recaía en quienes asesinaron a esas personas, en quienes trabajaron arduamente para ocultar sus cuerpos, en quienes se esmeraron para que nunca fueran ubicados, incluso en quienes se esmeraron, ante la posibilidad de que fueran encontrados, en que nunca pudieran ser identificados. Constituye casi un milagro que existan restos óseos y que puedan ser objeto de investigación por un equipo de científicos expertos de muchas partes del mundo, convocados por su Excelencia la Presidenta de la República, para identificarlos y entregarlos a sus familiares a fin de darles una cristiana sepultura. Señor Presidente, por su intermedio, le digo al diputado Chahuán que no deja de ser moralmente muy discutible que alguien que está por la vida no constate que quienes asesinaron a esas personas, quienes escondieron sus cuerpos, quienes enterraron dos o tres cuerpos en una misma fosa, quienes se preocuparon de que sus nombres nunca estuvieran en el Servicio Médico Legal, quienes falsearon sus nombres en Naciones Unidas, quienes incluso cambiaron las fichas y los listados de nombres en dicho Servicio en la época de la dictadura militar, no tengan, a juicio de los moralistas de hoy, ni una sola afirmación, a pesar de lo que decían todos los técnicos, científicos y peritos: que la principal responsabilidad es de quienes los mataron y ocultaron. Trabajaron para que nunca se identificaran los cuerpos ni sus huesos; no sólo querían matarlos. Prueba de ello son los detenidos desaparecidos. De eso se trató este particular crimen, que es distinto a la ejecución política, al asesinato y a otras formas de delitos. La figura de detenido desaparecido es una forma particular de crimen, en que la idea era que nunca tuviéramos esta conversación, que no hubiera restos óseos ni un equipo de peritos tratando de identificarlos. Me parece una ………………… tremenda que la Oposición no haya querido votar a favor de la constatación que nos propusieron gente de todos los partidos políticos, todos los especialistas y personas que acompañaron la investigación de la Comisión. En segundo lugar, las votaciones están en el informe. Entiendo que cuando lo presento de esta manera le parezca chocante al propio diputado Chahuán. Tiene razón el diputado. Puede cambiar su voto en la Sala. El señor CHAUÁN.- Yo voté a favor. El señor AGUILÓ.- Quiero destacar que se encontró un conjunto de irregularidades en el Servicio Médico Legal que tienen que ver con lo que se ha dicho aquí y que expuso muy bien el presidente de nuestra Comisión en un informe completo y circunstanciado hace unos instantes. Efectivamente, se entregaron recursos al Servicio Médico Legal. Incluso, se incurrió en onerosos gastos para implementación y tecnología con el objeto de realizar la investigación. Muchos recursos fueron malgastados. Por ejemplo, un director del Servicio Médico Legal comenzaba la investigación, pero el director siguiente la desechaba. Se invitaba a especialistas de una universidad extranjera a participar en la investigación y, como se ha dicho, ni siquiera había un convenio firmado. La universidad de Glasgow, del Reino Unido, no señaló que tuviera contrato formal alguno para poder cumplirnos, no obstante haberse pagado una cantidad significativa de recursos en la tarea encomendada. Todas las irregularidades están claramente consignadas en el informe, y las conclusiones respectivas fueron aprobadas por unanimidad, ya que ningún parlamentario de la Concertación hizo caso omiso de la evidencia de la desprolijidad, de la falta absoluta de orden y profesionalismo del trabajo del Servicio Médico Legal. Ante la disyuntiva de saber si había responsabilidad de los dos ministros de la época, José Antonio Gómez y Soledad Alvear, actuales senadores, optamos por investigar a fondo, y empezamos a constatar la cantidad de recursos complementarios que, por iniciativa propia y con cargo al Tesoro Público, se asignaron al Servicio Médico Legal. Dichos ministros decidieron motu proprio contratar o comprar tecnología adicional para ponerla a disposición de dicho Servicio. En Chile, en 1992 no existía la prueba de ADN, sino que se realizaba una investigación a través de métodos tradicionales. Hoy, a raíz de estas demandas, el Servicio Médico Legal tiene el laboratorio tanatológico mejor dotado de América Latina. Ello es consecuencia precisamente del trabajo realizado en su época por ambos ministros. De manera que, en estricta conciencia y sin sentirnos con ninguna obligación política de defender a Soledad Alvear o a José Antonio Gómez, sino que el mérito de su desempeño como ministros en esta materia, la mayoría de los miembros de la Comisión llegamos a la conclusión de que no tenían ninguna responsabilidad política, sino que realizaron hechos significativos para que efectivamente se pudiera cumplir con la investigación. Gracias a la sensibilidad de la Presidenta de la República, esta historia dolorosa para las familias va a tener el final más feliz de los posibles, porque tampoco es ciento por ciento seguro que podamos identificar todos los restos, dado el tiempo que ha pasado y las carencias tecnológicas con que cuenta en esta materia no sólo Chile, sino el mundo entero. La Presidenta de la República ha invitado a un panel de expertos, los mejores del mundo, y sobre la base del esfuerzo del Gobierno, esperamos que ellos puedan llevar a buen término las investigaciones y, al final, podamos dar una buena noticia sobre esta trágica historia a todos los familiares de los detenidos desaparecidos. He dicho. Los puntos suspensivos corresponden a expresiones retiradas por su autor en conformidad al artículo 10 del Reglamento. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, se ha hecho un trabajo bastante acucioso y completo. En el informe de ciento cincuenta páginas, consta que se evacuaron todas las diligencias, se analizaron las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, se elaboraron sus conclusiones y se propusieron las medidas conducentes a corregir las falencias detectadas en el mencionado Servicio. Una vez que vencieron los plazos, se pidió información sobre todas las diligencias encargadas, de manera que, a estas alturas, resulta difícil e incomprensible que se estén pidiendo nuevos antecedentes. Es indudable que el tema tiene un profundo contenido de dolor como también de gran preocupación por lo delicado de la investigación. Se trata de los detenidos desaparecidos y de su verdadera identidad, de reconocer el error en su determinación y de atenuar en parte el dolor de sus familias. Cuesta entender o tener siquiera una respuesta de por qué ocurrió esta errónea identificación, sobre todo, en un gobierno democrático, el cual se supone reparador y en el que quienes detentan las funciones públicas, en el pasado coincidieron en la lucha librada en defensa de los derechos humanos y, después en la comprensión del dolor de los familiares de los detenidos desaparecidos. Creemos que esos errores, esas equivocaciones, no dejan sin efecto la gran consecuencia de esos funcionarios en la defensa de los derechos humanos. También resulta chocante que quienes alguna vez dieron su apoyo al gobierno militar que provocó estos hechos, estas muertes, estos asesinatos, se transformen hoy en acusadores de situaciones realmente lamentables, y que quienes lucharon por la democracia y fueron víctimas pasen a constituirse en acusados. No aceptamos que se pretenda igualar los actos delictuales ejecutados y planificados por la dictadura militar a través de sus aparatos represivos, que costaron la vida a miles de chilenos, con los hechos que se investigan. Desde luego, lo ocurrido en el Patio 29 del Cementerio general ha sido una oportunidad propicia para ello. No podemos olvidar que se ocultaron esos crímenes, que se cambiaron los restos de lugar, que se alteraron sus identidades, que se hicieron desaparecer a quienes disintieron. En la Comisión se determinó que desde 1973 en adelante los cuerpos fueron enterrados en forma clandestina y no se tomó nota de sus identidades ni de sus huellas dactilares. Eso es lo grave. Cuando llegó la democracia, se encontró con un Servicio Médico Legal precario, desprovisto de los adelantos técnicos, sin elementos para identificar los cuerpos. Pero esa no es responsabilidad de los jefes de servicio de la época, sino de aquellos que nos dejaron un servicio precario, que permitió el entierro de cuerpos sin dejar ninguna identidad ni huella dactilar. Incluso, algunos restos aún permanecen en dicho Servicio. El error fue haber dado el carácter de certeza absoluta a casos que no la tenían, sin considerar que se trabajó con elementos científicos que tenían altos márgenes de error y duda. Hubo omisión y negligencia del Servicio Médico Legal. Pero es distinta la negligencia de la intencionalidad. Aquí no ha habido mala fe, sino error y falta de elementos que pudieran llevar a la certeza. Incluso, el informe Glasgow constituye un conjunto de testimonios escritos que debieron ser conocidos en su oportunidad por los tribunales; aun cuando su realización no fue solicitada por juez alguno, pero el sentido común necesario y la prudencia aconsejaban remitirlo a los tribunales correspondientes. En el Servicio Médico Legal existía desorden administrativo, porque pasaban de un jefe a otro; había falta de prolijidad y desorden en su procedimiento y en el trabajo. Faltaba especialización. No estábamos a la par con otros servicios de tal envergadura. Ello, sin duda, en alguna época no se justificaba y condujo al Servicio Médico Legal a estos errores y negligencias en el proceso de identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General, que no sólo han dañado a los familiares de las víctimas, sino que han sembrado un manto de dudas respecto de todo el informe que emita, afectando gravemente el funcionamiento de la justicia en el país. Todo este desorden y caos que existía en el Servicio Médico Legal fue una herencia, un legado del gobierno autoritario, y las responsabilidades no están claras en el sentido de la relación directa…. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, terminó el tiempo que le asignó su bancada. El señor OJEDA.- Por último, se ha querido implicar e imputar responsabilidades a los ministros de justicia de la época, señora Soledad Alvear y señor José Antonio Gómez. No la tienen. Por el contrario, ellos desplegaron sus mayores esfuerzos para dotar al Servicio Médico Legal de las herramientas necesarias para cumplir con su cometido en forma adecuada. Tuvieron iniciativa para procurar alcanzar una correcta identificación de los detenidos desaparecidos. Y lo hicieron. Consideramos que establecer tal responsabilidad fue la principal finalidad de la Oposición para propiciar esta investigación. Pero, se equivocaron. Durante los dieciséis años en que ha funcionado la Comisión de Derechos Humanos, ha pasado por ella una gran cantidad de personas que ha entregado un testimonio vivo de lo que fue la violación de los derechos humanos. Por eso, vamos a seguir trabajando para que ello no vuelva a ocurrir. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en mi intervención, por el entusiasmo, use una expresión que quiero retirar del acta, sobre todo respecto del diputado Chahuán. El señor LEAL (Presidente).- Así se hará, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero manifestar mi total apoyo al informe y dar las gracias también a todos quienes colaboraron en el trabajo de la Comisión, especialmente a la Secretaría. Sin duda, tenemos una deuda histórica. En el informe quedan demostrados los tremendos errores y las grandes injusticias cometidos en contra de quienes más han sufrido: los familiares de todas esas personas que continúan desaparecidas. Debemos tomar conciencia de la importancia que reviste tener un Servicio Médico Legal profesionalizado y que cuente con los recursos que requiere, porque hoy, con la reforma procesal penal, dicho servicio es más necesario que nunca. También ha quedado demostrado así lo han dicho otros diputados que hubo personas que, a sabiendas, hicieron todo lo posible para que no se pudieran identificar los cuerpos de las personas y que recurrieron a todos los medios a su alcance para crear confusión y no se conociera la verdad. Como integrantes del poder Legislativo, tenemos el deber de entregar nuestro apoyo a la comisión que estuvo a cargo de la investigación, y buscar por todos los medios que se conozca la verdad. Asimismo, hago un llamado a las facultades de Medicina para que, en lo posible, a través del Ministerio de Salud, se entreguen becas para formar a los profesionales que necesitaremos en los años venideros. El informe es contundente y debemos aprobarlo. El diputado Chahuán señaló que faltan algunos antecedentes, pero ma prece que podrán entregarse en su debido momento. Este informe tiene gran contundencia, es histórico, porque en él se establece una verdad que muchos pretendieron ocultar. Por lo tanto, voy a dar mi voto favorable al informe en discusión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en verdad, éste es un asunto muy sensible para mí y para muchos parlamentarios de la Alianza, a pesar de que se pretende hacer creer lo contrario. Quiero empezar repitiendo una frase que dijo alguien: “Lo que es real, yo sé, son los huesos, y todo el resto es sólo relleno.”. El tema del Patio 29 ha sido algo brutal. Conocer la experiencia de los familiares de los detenidos desaparecidos y su sufrimiento al comprobar que los cuerpos encontrados después de tantos años no correspondían a sus familiares o que existían dudas de que lo fueran y sentir que habían muerto nuevamente, fue tremendamente conmovedor para todos los parlamentarios que participamos en la Comisión de Derechos Humanos. Hay algo que nosotros, como Alianza, no negamos. Creemos que este informe constituye un gran paso y esperamos que la Cámara de Diputados también lo estime así. La Alianza reconoció que, probablemente, no estaríamos discutiendo este tema, si no se hubieran cometido los terribles crímenes denunciados. Reconocemos que los detenidos desaparecidos existen, y pensamos que nunca más debe volver a ocurrir lo que pasó. Pero con la misma tranquilidad con que reconocemos que se ha avanzado mucho en esta materia, creemos que lo relacionado con el Patio 29 refleja algo muy importante: se pretende establecer un empate. Me gustaría saber si antes de hablar de los detenidos desaparecidos, se les preguntó a sus familiares qué pensaban al respecto. Ellos piensan que aquí hay una especie de empate. Por un lado, no se reconoce que durante la dictadura se cometieron estos crímenes y, por otro, no se reconoce que lo que sucede en democracia es mucho más sensible que lo que puede ocurrir en una dictadura. Ellos piensan que este empate no les sirve; que, obviamente, es tan condenable lo que pasó durante el régimen de Pinochet como lo que está pasando hoy en democracia que, incluso, es más condenable, porque ellos no lo esperaban. Por lo tanto, aquí hay que hacer una reflexión: es necesario saber todo lo que pasó en el Servicio Médico Legal para que nunca más vuelva a ocurrir; preguntarnos de quién es la responsabilidad política de esto y qué es lo que esperamos de nuestros ministros. Lo digo porque si el Servicio Médico Legal ardiera en llamas, alguien tendría que responder por ello, y la persona más ligada a él es el ministro; es algo que va más allá del Gobierno de turno. Es decir, si hoy estuviera gobernando la Alianza, no podríamos argumentar que el ministro no es responsable de lo ocurra en el Servicio Médico Legal. Eso no tiene lógica alguna. Entonces, ¿para qué están los ministros? Si fueran muchas las reparticiones que dependieran del Ministerio de Justicia, tendríamos que decir que hay responsabilidades compartidas; pero no corresponde desconocer la responsabilidad de los ministerios respecto de los servicios que dependen directamente de ellos, porque eso no les hace bien. Como digo, hay avances en el informe. La comisión trabajó con mucha prolijidad, y las irregularidades están muy claras. Creo, sí, que faltan los antecedentes que mencionó el diputado Chahuán. Nosotros los solicitamos en su momento, pero, lamentablemente, no han llegado. Sería muy bueno tenerlos a la vista. Esperamos que esta discusión les dé alguna tranquilidad a los familiares, porque no estamos justificando nada, ni lo que pasó antes ni lo que está sucediendo en el presente. No queremos justificar nada que pueda dañar a las personas que tanto han sufrido durante todos estos años. Creemos que aquí nadie tiene autoridad moral para enrostrarle nada a nadie. Espero que el diálogo que se dé sobre problemas relacionados con derechos humanos se haga respetando, precisamente, los derechos humanos. En ese sentido, es de esperar que nos respetemos unos a otros, porque ése es el espíritu que debemos transmitirles a nuestros hijos. Pido que se reconozca el tremendo esfuerzo que ha hecho la Alianza para reconocer lo que sucedió, pero también habríamos esperado que la Concertación hubiera reconocido queremos ser justos que los ministros cometieron errores que hoy deben lamentar y que contribuyen a que nosotros también tengamos que lamentar lo relacionado con los detenidos desaparecidos. ¿Por qué digo esto? Porque eso le habría hecho bien a los familiares y a todo el país. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones de que ha sido objeto el equipo que trabajó en la elaboración de este informe y al presidente de la Comisión. Tuve ocasión de participar en gran parte de su desarrollo, y es destacable el esfuerzo, la sistematicidad, la organización y la forma que acompañaron el trabajo de los parlamentarios. Lo primero que quiero expresar es el horror y el dolor que nos causa la situación del Patio 29. Horror ante la brutal acción desarrollada por la dictadura de Pinochet para evitar que las familias pudieran encontrar a sus muertos. Ciento ocho sepulturas, 128 cuerpos. ¿Y qué nos dijo el dictador cuando se le preguntó sobre ello?: “¡Qué economía tan grande!”. Hoy, esto no puede sino causarle horror a todos los chilenos. Se buscó sistemáticamente impedir que las familias pudieran enfrentar el duelo por la muerte de sus familiares. No creo que haya horror ni crueldad más grandes que impedir que las personas encuentren a sus muertos. Ésa fue la finalidad sistemática desarrollada por el régimen militar de Pinochet, durante tantos años. Casi al terminar su gestión, aún insistía en desarrollar iniciativas de esta naturaleza. ¡Qué horror! Ese horror no se puede borrar de nuestras conciencias; debe formar parte de nuestra historia, porque no podemos volver a permitir que vuelva a ocurrir lo mismo. ¡Y qué dolor, de corazón!, ¡qué dolor! Por las víctimas y por sus familias. Vaya para ellas toda nuestra solidaridad. ¡Qué dolor, por los que pasaron tantos años antes de que reconocieran una verdad que estaba frente a sus ojos! ¡Qué dolor! Por nuestras limitaciones humanas, de conocimiento científico y tecnológico, que aún no permiten identificar con certeza esos cuerpos, que aún permiten que se mantenga vigente y exitoso el objetivo último de la dictadura: impedir que los cuerpos fueran encontrados por sus familiares, manteniendo un castigo permanente, una agresión eterna en la vida de hombres y mujeres de Chile. ¡Qué dolor! Porque nuestro país aún mantiene en su alma la herida de tantos detenidos desaparecidos que no hemos podido identificar y por tantos que aún no hemos podido encontrar. No puedo dejar de decir que también siento dolor por este debate, en el que se percibe cierta utilización política de un tema tan sensible; política pequeña, que intenta culpar a unos y a otros. Me parece un error pretender que los ministros asuman responsabilidades administrativas y que la Contraloría determine algo de esa naturaleza. Todos sabemos que las responsabilidades de los ministros de Estado no son administrativas: sus responsabilidades son políticas. También constituye un error establecer responsabilidades de los ministros de Estado frente al funcionamiento de servicios autónomos. Se equivocan quienes pretenden aquello. Luego de todo lo que hemos vivido, sólo cabe expresar respeto a las familias de los detenidos desaparecidos y reafirmar el esfuerzo sostenido para identificar los cuerpos y entregar a cada una de sus familias la paz de una adecuada sepultura, la paz de una adecuada justicia y la paz que Chile exige para su historia en el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y en el justo castigo a los responsables. En eso estamos, para eso hemos trabajado. Espero que en la Sala se apruebe el informe de la Comisión, que constituye, además, un ejemplo de la capacidad investigadora de la Cámara de Diputados. Por último, quiero pedir, si así lo acuerda la Sala, que este informe ocupe un lugar destacado en nuestra página web, como ejemplo y enseñanza para los que ayer, hoy y mañana deben evitar que se vuelva a cometer el horror de matar a la gente y hacerla desaparecer. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, hoy estamos rememorando hechos tremendamente dolorosos para la historia de nuestro país. El informe de la Comisión de Derechos Humanos parte con un marco histórico que nos vuelve a traer a la memoria los hechos ocurridos en 1973 y en los años siguientes, que estuvieron enmarcados en una política de Estado de hacer desaparecer a chilenos y chilenas en razón de sus pensamientos, tal como plantearon los diputados Aguiló y Duarte, en una forma que confirma que en esa época las personas que estuvieron a cargo del Estado de Chile tuvieron una postura nula en derechos humanos. La forma en que se hizo desaparecer a chilenos y chilenas, sólo porque pensaban distinto del régimen que tomó el poder por las armas, nos conmociona a todos. Desde esa época se planteaba, tal como lo señala el informe, cómo en el Servicio Médico Legal los cuerpos se amontonaban y ninguno de los peritos ni de los agentes de ese Servicio médico legal adoptaron acción alguna conducente a la identificación de aquellos a los que la dictadura había hecho desaparecer o había asesinado. La Agrupación de Familiares de DetenidosDesaparecidos, desde que se restableció la democracia, ha hecho esfuerzos denodados para, primero, encontrar a sus familiares y, luego, una vez que se abren fosas como las del Patio 29, donde reposan restos de personas sin identificación, pedir que esos restos sean identificados, de manera de encontrar a sus familiares desaparecidos. Como se desprende del informe de la Comisión, el proceso de reconocimiento de los cuerpos, a partir de restos óseos, es difícil. En el proceso, durante todos estos años, el Estado ha ido avanzando en tecnología forense para identificar los restos óseos encontrados. Se nos explicó tanto la tecnología odontológica como la antropometría forense y, por supuesto, las pericias óseas. Impelido, tal vez, por la necesidad de identificar pronto los cuerpos, incluso, a mi juicio y tal como lo planteó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a veces tratando de que el reconocimiento de los cuerpos fuese efectuado con requerimiento judicial, con el objeto de apurar la decisión del juez de dar a conocer las identidades de los restos, por resoluciones judiciales de 1994 y 1995, el Servicio Médico Legal de la época, no conforme con sus resultados, buscó apoyo en el exterior para ratificar sus conclusiones. El director de la época, señor Claps, logró que la Universidad de Glasgow emitiera un informe respecto de las pericias desarrolladas para dar fe de que las identidades establecidas eran las correctas. Éste es un punto importante. Tal como reconoce el informe de la jueza instructora de un sumario en relación con la materia, ése no era un informe pericial, sino que fue solicitado por el mismo Servicio Médico Legal, cuyo resultado fue revelado públicamente en 2002. Si uno revisa hacia atrás, se da cuenta de que en el Servicio Médico Legal de la época se tomaron decisiones, a mi juicio, sin ninguna lógica ni sentido común, para apoyar sus determinaciones. Lo digo con todas sus letras. Señor Presidente, quiero terminar diciendo que los ministros de la época hicieron todo lo necesario para que el Servicio Médico Legal cumpliera con su misión: entregaron los recursos para que se hicieran los peritajes del caso, dieron instrucciones e instruyeron sumarios para que el Servicio trabajara en mejor forma. La bancada Radical Social Demócrata aprobará el informe de la Comisión de Derechos Humanos, porque nos parece que el trabajo realizado por todos los parlamentarios ha sido de un alto nivel y prestigia a esta Cámara de Diputados. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado el señor Gastón von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo sumarme al agradecimiento a la Secretaría de la Comisión por su eficiente y abnegado trabajo. Como miembro de la Comisión Investigadora, deseo iniciar mi intervención precisando el texto del proyecto de acuerdo que dio origen a dicha instancia investigadora. Así, por ejemplo, en uno de sus considerandos se establece lo siguiente: “Que, conforme a la declaración del director del Servicio Médico Legal, en las investigaciones realizadas a los restos humanos de detenidos desaparecidos encontrados en el recinto, se cometieron errores graves, precisando que su repartición ha realizado, hasta la fecha, nuevas investigaciones y exámenes de ADN mitocondrial, que verifican que algunas osamentas no fueron identificadas adecuadamente”. Además, la parte resolutiva del mismo dispone: “Mandatar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que, en carácter de Comisión Investigadora, examine las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, las que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el ‘Patio 29’ del Cementerio General de la ciudad de Santiago”. En consecuencia, los expresados son los alcances de dicho mandato, no otros. Sin embargo, aprovechando una vez más su mayoría circunstancial en la Comisión, los miembros de la Concertación impusieron en las conclusiones antecedentes relativos al contexto histórico en que se desarrollaron los hechos. Al respecto, la posición de la Unión Demócrata Independiente es la siguiente: Creemos que la actuación mencionada constituyó una maniobra distractiva y odiosa que demuestra la falta de voluntad real de la Izquierda chilena para buscar la unidad del país. A nuestro juicio, ello sólo se planteó como una manera de evitar asumir la responsabilidad política del senador Gómez y de la senadora Alvear cuando se desempeñaron como ministros de Justicia y tuvieron bajo su dependencia al Servicio Médico Legal. En materia de proyectos sobre derechos humanos, la Izquierda presente en el Congreso Nacional siempre nos ha pedido gestos en pro de la reconciliación y hacia las víctimas de la violencia de Estado, como indultos a terroristas, etcétera. Por lo tanto, hemos participado con nuestros votos e ideas para que Chile pueda reconciliarse y subsanar las tristes heridas de un pasado que, en los tiempos actuales, nadie quiere revivir. Por eso, sin duda, estamos dispuestos, con la frente en alto, a entregar nuestros votos y nuestras ideas para reparar con celo el daño causado. La UDI ha contribuido con ese espíritu. Pero no me parece legítimo que en cada documento se pretenda incluir una visión parcial de los hechos. Con esa misma lógica, podríamos analizar las causas del golpe militar y llegar a la misma conclusión a la que arribó el ex Presidente Aylwin, es decir, que la intervención militar fue necesaria debido a la destrucción jurídica, moral y política a la que nos llevó el Presidente Allende. Con la misma firmeza con la cual rechazamos la triquiñuela de contextualizar políticamente un error inexcusable del Servicio Médico Legal, no justificamos los atropellos a los derechos humanos. En consecuencia, queremos discutir en serio esta materia, no para utilizar el dolor de los familiares de las víctimas en beneficio de algunos políticos que ven la oportunidad para distraer de la verdadera razón que se tuvo al crear de la Comisión Investigadora, que no es otra que tratar de dilucidar el error manifiesto en la identificación de restos óseos de detenidos desaparecidos. Me pareció necesario efectuar esas precisiones antes de iniciar mi análisis en consideración a la hipótesis inicial que dio origen a la Comisión Investigadora. En efecto, en aquélla se parte de la base de que existirían serios y graves errores en la identificación de personas detenidas desaparecidas. Participé desde el comienzo y hasta el término de la investigación en todas las sesiones en las que se discutió y analizó la materia. Al respecto, pude apreciar dos objetivos claros y precisos: el primero, sumamente claro y definido, determinar las responsabilidades al interior del Servicio Médico Legal en la verdadera tragedia que significó la errónea identificación de seres humanos por parte de ese Servicio. Sobre el particular, mi posición y la de mi partido es clara y tajante: la cadena de errores y negligencias cometidos por el Servicio Médico Legal en el proceso de identificación de los restos hallados en el Patio 29 no sólo ha dañado a los familiares de las víctimas, que hoy tienen una legítima desconfianza en relación con el accionar de dicha institución, sino que ha contribuido a sembrar un manto de dudas respecto de todo informe que emane de dicha instancia, con lo cual se afecta en forma grave el funcionamiento de la justicia. Despejado ese punto, quiero solidarizar con las familias de los detenidos desaparecidos, quienes han enfrentado con estatura moral este dramático episodio. En la práctica, ellas están sufriendo un doble luto debido a la ineficiencia inexcusable cometida en el Servicio Médico Legal. En consecuencia, desde este hemiciclo les entrego mi más sincero y público reconocimiento por su hidalguía y entereza para enfrentar tan triste episodio. Deseo enfatizar el peligro y la gravedad que significa para la justicia contar con un servicio tan inoperante e ineficiente, que siembra un manto de dudas sobre todas sus actuaciones como coadyuvante del sistema judicial. Por lo tanto, de no adoptarse las medidas conducentes para jueces, abogados y, en general, para todo el sistema, subsistirán las legítimas dudas sobre la veracidad de las conclusiones emanadas de ese servicio, que se encuentra en tela de juicio en una materia tan delicada y sensible para la sociedad chilena. En otras palabras, si el Servicio Médico Legal se equivocó en forma grosera y triste en la identificación de cuerpos de detenidos desaparecidos, no obstante que los gobiernos de la Concertación han hecho de ese tema una bandera de lucha y un ícono de la democracia, y se ha plasmado como el legado más oscuro del gobierno militar, se puede concluir que, al parecer, la inyección de recursos para profesionalizar a dicho Servicio no fue suficiente y que los operadores políticos nombrados a cargo de él no realizaron bien su pega. No podemos estar tranquilos, porque con esto todo el sistema judicial se ve seriamente trizado. En efecto, si en las cosas importantes existen negligencias inexcusables, ¿qué se puede esperar, por ejemplo, respecto de la certificación de alguna muestra de alcoholemia o de droga? Hace un rato, señalé que en la Comisión divisé dos objetivos. El primero ya lo expresé y creo que no hay más consideraciones que expresar. Por su parte, el segundo se refiere a la necesidad de actualizar y profesionalizar al Servicio, y de evitar el desorden administrativo y el cuoteo político en el nombramiento del director del Servicio Médico Legal. Espero que las proposiciones sirvan de algo a los familiares de las víctimas. Pero, en verdad, después de conocer las conclusiones, los familiares mantendrán en larga espera sus aspiraciones. Por otra parte, advertí una verdadera crisis de pánico en los miembros de la Comisión pertenecientes a la Concertación, en el sentido de evitar a toda costa endosar algún grado de responsabilidad por las irregularidades a los ex ministros de Justicia de la época y actuales senadores señora Soledad Alvear y señor José Antonio Gómez. En primer lugar, desde un punto de vista jurídico, me parece insostenible que los ex ministros de Justicia señalen que, en la práctica, el Servicio Médico Legal no era supervisado por ellos en su calidad de secretarios de Estado de dicha cartera. A mi juicio, eso escapa a todo razonamiento lógico y jurídico, más aun cuando el decreto con fuerza de ley N° 196 señala expresamente que el Servicio Médico Legal depende de dicho ministerio. A mayor abundamiento, el artículo 5° de la ley de bases generales de la administración del Estado dispone que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Los órganos de la administración del Estado deberán cumplir con sus cometido coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones”. El artículo 11 del citado cuerpo legal establece que “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.”. Por su parte, el artículo 12 preceptúa que “Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.”. Las normas recién citadas demuestran, en forma patente e indubitada, que corresponde al ministro de Justicia fiscalizar las actividades desarrolladas en los servicios públicos bajo su dependencia. Teniendo presente el marco jurídico que obliga a los ministros de Estado, en términos generales, quiero señalar un dato relevante que se conoció al interior de la Comisión y que dice relación con los llamados informes Glasgow, encargados para dilucidar la verdadera identidad de los cuerpos. Al respecto, quiero recalcar que dichos informes fueron realizados previo pago de 23.813 libras esterlinas, equivalentes, aproximadamente, a 25 millones de pesos, sin que existiera un contrato de prestación de servicios en el que se especificaran los deberes y derechos del ejecutante. Nos enteramos que se autorizó ese gasto, que no es menor, a través de una resolución exenta y, por tanto, sólo existió un compromiso informal en la materia. Es decir, al parecer, y así lo entendimos todos los miembros de la Comisión, en este punto también hubo negligencia grave, pero esta negligencia solamente se hace aplicable a los mandos medios, y en ningún caso al ministro de Justicia, por lo que debo deducir que es lo más normal del mundo autorizar el gasto de una importante suma de dinero del erario que sale fuera de Chile y que no se requiere de los resguardos jurídicos adecuados para proteger los intereses de todos los chilenos. Acá nos encontramos con un concepto que debemos dilucidar. ¿Qué es la responsabilidad? De acuerdo al Diccionario, es “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado”. En Derecho, es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Sobre la base a estos argumentos, quiero decir que los errores cometidos por el Servicio Médico Legal no sólo aumentaron el dolor de los familiares de las víctimas, sino que se pone en tela de juicio el funcionamiento de nuestra justicia. Ante ello, no aceptamos la irresponsabilidad de los ex ministros Gómez y Alvear. Ellos deben asumir su responsabilidad no sólo política, que desde ya es indubitada, sino porque perfectamente podrían haber sido sujetos de una acusación constitucional, ya que, a mi juicio, infringieron la ley o fue ella dejada sin ejecución, causal expresamente descrita en el artículo 52, número 2), letra b), de la Constitución Política de la República. La falta de argumentos de los ex ministros los lleva a señalar que los diputados de la Alianza queremos generar un hecho político, al responsabilizarlos, tanto al senador Gómez como a la senadora Alvear, cuando se desempeñaron como ministros de Justicia y debían controlar al Servicio Médico Legal, en la cadena de errores cometidos en la identificación de los restos de los detenidos desaparecidos. Ello no es cierto. Nosotros no queremos generar un hecho político. Nos apoyamos en la ley y en la Constitución. Si no fueron capaces de hacer bien su pega, no es problema nuestro, y desde ya los indicamos como los directamente responsables de los errores y negligencias manifiestas cometidas en el Servicio Médico Legal, porque, al parecer, y así lo hemos visto en las últimas semanas, la responsabilidad sólo debe ser asumida por funcionarios de menor jerarquía y se está sentando un nefasto precedente de lo que podríamos llamar la responsabilidad política en la jerarquía de los gobiernos de la Concertación. Por último, quiero sumarme a lo solicitado públicamente por la abogada señora Pamela Pereira, en el sentido de hacer un llamado a todos los parlamentarios presentes para que voten en conciencia y den muestra de lo que pregonan por estos días. El “caiga quien caiga” comienza hoy, con la votación que se hará dentro de unos minutos. Es éste el momento de señalar dos elementos fundamentales del informe. Los errores en una materia tan sensible para los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos fueron groseros y se jugó con lo más sagrado que pueden tener sus deudos: su fe, su esperanza y su recuerdo; y en segundo lugar, la directa responsabilidad política de los senadores Alvear y Gómez en los hechos acaecidos durante su desempeño como ministros de Justicia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, la verdad es que con las intervenciones de mis colegas de la Concertación creía que no había mucho que agregar, pero la de mi distinguido colega Gastón Von Mühlenbrock me obliga a hacer un par de consideraciones. No basta decir que no hay interés político con el informe y acto seguido, sin justificación alguna, imputar responsabilidad de algún tipo, porque ni siquiera se señala a quienes durante parte de los períodos investigados en el Servicio Médico Legal desempeñaron el cargo de ministros de Justicia. ¿Para qué realizar una investigación si a la hora de analizar el informe de la Comisión, sin ningún elemento objetivo, se concluye una imputación de responsabilidad política sin fundamento? No puede ser que se aparte del texto para hacer una declaración de ese tipo. En Comisión se hizo un trabajo riguroso, objetivo, agradecido por todos, en el cual se contó con la colaboración de técnicos. En consecuencia, las expresiones en esta Sala deben responder a él y no a declaraciones que busquen una ventaja política, aunque se diga que no, porque las cosas son como son y no como se quieren interpretar. A mi juicio, debemos atenernos a la investigación de la Comisión, cuyo informe tenemos a la vista. Se hizo una investigación rigurosa, precisa, con algunos grados de disenso en cuestiones específicas, pero que de ningún modo dan para concluir aquello, salvo que la intención sea dañar políticamente a personas que hoy desempeñan determinados cargos. Por esa razón, he creído indispensable salir al paso de una declaración injustificada al rigor del análisis. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, honorable diputado Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, como presidente de la Comisión, quiero hacer un tremendo reconocimiento a los secretarios que, al igual que los integrantes de la Comisión, tuvieron que realizar un gran esfuerzo para trabajar sobre un tema tan doloroso y sensible, no sólo para las familias sino también para la sociedad toda. Después de 22 sesiones, y de escuchar a todos quienes había que escuchar, se logró llegar a acuerdo en 90 por ciento de las conclusiones. ¿Cuál fue el 10 por ciento que nos diferenció? El contexto histórico y la responsabilidad política, en ese entonces, de la ministra Soledad Alvear y del ministro José Antonio Gómez. En relación con esto último y sin entrar en detalles, porque el tema ya fue tocado por otros diputados, quiero decir lo siguiente: Tengo la más absoluta convicción de la nula responsabilidad política de los ex ministros. Aún más, creo que hicieron todo lo que tenían que hacer en su momento. El 90 por ciento de las identificaciones se efectuaron entre 1993 y 1994, cuando no eran ministros. En relación con el contexto histórico, con todo el respeto que me merecen mis colegas de Oposición, quiero decirles que aquí se produce la mayor inconsecuencia en su votación. En el párrafo 8°, sobre el contexto histórico, todas las diputadas y diputados de Oposición votaron en contra de la responsabilidad política de quienes ostentaban el poder cuando ocurrieron los crímenes; sin embargo, votaron a favor de la responsabilidad política de los ministros. O sea, para entender su posición, cuando se cometieron los crímenes, las desapariciones, las torturas, el exilio, etcétera, nadie tuvo responsabilidad política; pero sí existe responsabilidad política en cuanto a los errores en la identificación. Ésa es una tremenda inconsecuencia y me abstuve de votar en ese párrafo, porque encontré que era inconsecuente votar en contra de uno y a favor de otro. Ellos lo hicieron y, repito con todo el respeto que me merecen, es una profunda inconsecuencia y, al menos también, una votación muy extraña. ¿Dónde están las verdaderas responsabilidades? Lo han dicho todos: en el Servicio Médico Legal y en sus tres directores. Allí ocurrieron todos los hechos mencionados; pero el más grave que hay que resaltar es que ya, en 1994, el Grupo de Antropología Forense entregó un informe al Servicio Médico Legal, que no fue tomado en consideración, en el cual señalaba que había errores en la identificación de los cuerpos de detenidos desaparecidos. A mi parecer, ése es el mayor error que se produjo. Qué distinto hubiese sido todo si se hubiere tenido la más mínima consideración cuando se entregó ese informe. Quiero, asimismo, recordar que la Comisión de Expertos coincidió en que en el trabajo de identificación existió un desorden metodológico y científico, y que lo más cuestionado el banco de datos para contrastar las muestras de osamentas, según ellos, era muy frágil. Pido a mis colegas, especialmente de Oposición que, solamente por esta vez, por tratarse de un tema muy sensible, que causa tanto dolor a miles de chilenos, no busquemos sacar ventajas ni dividendos políticos y votemos a conciencia. El país no estaba preparado para una tragedia de esta magnitud. Basta leer el informe o escuchar al doctor cuando dice que el 14 de septiembre del 73 entró al Servicio Médico Legal y sus pasillos estaban repletos de cuerpos. Nadie, ni él ni el Servicio, estaban preparados para eso. Mientras no seamos capaces, como país, de hacer propio el dolor ajeno, de encontrar a todos los detenidos desaparecidos, estos cuerpos, cada cierto tiempo, a través de hechos tan dolorosos como los que hemos conocido, seguirán apareciendo en nuestra sociedad para recordarnos que existe una tremenda deuda de justicia con ellos y que el nunca más de que tanto hablamos debe ser realmente convicción y no sólo una estrategia comunicacional. He dicho. Aplausos. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. El diputado Francisco Chahuán ha pedido que se postergue la votación del informe. Previamente, quiero hacer dos observaciones. En primer lugar, la Comisión terminó su cometido y, por tanto, no se puede volver a reunir. Se requeriría formar una segunda comisión. En segundo lugar, la investigación que realiza la Contraloría tiene su propio mérito. Naturalmente, si mañana la Contraloría encontrara antecedentes nuevos, es posible pedir una nueva Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, si se amerita, para determinar responsabilidades políticas. Sin embargo, como el diputado Chahuán ha pedido postergar la votación, pido la unanimidad de la Sala para ese efecto. No hay unanimidad. Entonces, en votación el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el mandado contenido en el proyecto de acuerdo N° 54, de 2 de mayo de 2006. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 44 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Aplausos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo, Enrique; Aguiló Melo, Sergio; Alinco Bustos, René; Allende Bussi, Isabel; Araya Guerrero, Pedro; Ascencio Mansilla, Gabriel; Burgos Varela, Jorge; Bustos Ramírez, Juan; Ceroni Fuentes, Guillermo; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Díaz Díaz, Marcelo; Duarte Leiva, Gonzalo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Farías Ponce, Ramón; Fuentealba Vildósola, Renán; Girardi Briere, Guido; González Torres, Rodrigo; Hales Dib, Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jarpa Wevar Carlos, Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lorenzini Basso, Pablo; Meza Moncada, Fernando; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Paredes Fierro, Iván; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Robles Pantoja, Alberto; Rossi Ciocca, Fulvio; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Suárez, Eduardo; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Soto González, Laura; Sule Fernández, Alejandro; Súnico Galdames, Raúl; Tarud Daccarett, Jorge; Tuma Zedan, Eugenio; Valenzuela Van Treek, Esteban; Vallespín López, Patricio; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Vidal Lázaro, Ximena; Walker Prieto, Patricio. Se abstuvieron los diputados señores: Aedo Ormeño, René; Alvarado Andrade, Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Arenas Hödar, Gonzalo; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Cardemil Herrera, Alberto; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; Delmastro Naso, Roberto; Dittborn Cordua, Julio; Egaña Respaldiza, Andrés; Errázuriz Eguiguren, Maximiano; Estay Peñaloza, Enrique; Forni Lobos, Marcelo; Galilea Carrillo, Pablo; García García, René Manuel; Godoy Ibáñez, Joaquín; Hernández Hernández, Javier; Herrera Silva, Amelia; Kast Rist, José Antonio; Lobos Krause, Juan; Martínez Labbé, Rosauro; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Palma Flores, Osvaldo; Paya Mira, Darío; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rubilar Barahona, Karla; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Vargas Lyng, Alfonso; Verdugo Soto, Germán; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Ward Edwards, Felipe. CONDOLENCIAS A DIPUTADO ROBERTO SEPÚLVEDA POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE. El señor LEAL (Presidente) En nombre de la Mesa y de todas las señoras diputadas y señores diputados, quiero hacer llegar nuestras condolencias públicas ayer lo hicimos de manera privada al honorable diputado Roberto Sepúlveda por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña María Enriqueta Hermosilla viuda de Sepúlveda. Estamos con usted, diputado, en este momento de dolor. VI. PROYECTOS DE ACUERDO MECANISMO PARA EVITAR EFECTOS DE IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES SOBRE PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS. (Votación). El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 210. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño, René; Alinco Bustos, René; Alvarado Andrade, Claudio; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Cardemil Herrera, Alberto; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; Díaz Del Río, Eduardo; Dittborn Cordua, Julio; Egaña Respaldiza, Andrés; Encina Moriamez, Francisco; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; González Torres, Rodrigo; Hernández Hernández, Javier; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Rist, José Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Díaz, Nicolás; Nogueira Fernández, Claudia; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ojeda Uribe, Sergio; Ortiz Novoa, José Miguel; Palma Flores, Osvaldo; Paya Mira, Darío; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Soto González, Laura; Tuma Zedan, Eugenio; Ulloa Aguillón, Jorge; Uriarte Herrera, Gonzalo; Venegas Cárdenas, Mario; Venegas Rubio, Samuel; Verdugo Soto, Germán; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón; Ward Edwards, Felipe. Votó por la negativa el diputado señor Burgos Varela, Jorge Se abstuvieron los diputados señores: Duarte Leiva, Gonzalo; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Girardi Briere, Guido; Latorre Carmona, Juan Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Valenzuela Van Treek, Esteban. INCLUSIÓN DE CARRERAS DE PERROS GALGOS EN JUEGOS CRIOLLOS. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 211. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 211, de los diputados señores Lobos, Urrutia, Barros, Bauer, Estay, Cardemil, Arenas, García, Bobadilla y Sepúlveda, don Roberto. “Considerando: Que Chile tiene un sinnúmero de actividades que le son propias, reconocidas como parte sustancial de su identidad y que conforman su historia y tradición. El folclore nacional, aquello que identifica al país y que, a lo largo de los años, de generación en generación, se transmite invariablemente como elemento importante de sus raíces y motivo de orgullo y alegría de todos los chilenos; Que, en el folclore nacional, constituido por un conjunto de creencias tradicionales de un pueblo y reconocidas por todos como tales, se encuentran las manifestaciones culturales, musicales, artísticas, culinarias, deportivas, etcétera, que el transcurso del tiempo ha ido decantando, pero, indudablemente, existen algunas que permanecen y que es necesario cuidar; Que, dentro de estas tradiciones, hay un conjunto de juegos o deportes criollos conocidos por todos y que, a lo largo de todo el país, mayormente en las zonas rurales, son desarrollados y cultivados, proporcionando una sana entretención. Muchas de estas prácticas y su desarrollo se han transmitido de generación en generación, constituyéndose en verdaderos símbolos locales y motivo de orgullo; Que, dentro de estas prácticas, están deportes como el rodeo y juegos como el palo ensebado, el lanzamiento del trompo, las carreras a la chilena, la rayuela, el volantín, etcétera. Cada una de estas actividades son parte del folclore nacional y como tal deben cuidarse y, más aun, adoptarse las medidas para conservarlas y desarrollarlas; Que, a lo largo de los años, la carrera de perros galgos se fue haciendo cada vez más popular y conocida, transformándose en una verdadera práctica popular y motivo de entretención y unión de la comunidad. Así, principalmente en las zonas rurales, forma parte sustancial de las tradiciones patrias; Que la carrera de perros galgos no sólo se ha transmitido de generación en generación, sino que su práctica se ha masificado y popularizado, siendo conocida por todos y motivo de expectación e interés, principalmente en las fiestas patrias; Que éstas forman parte del folclore nacional y requieren de la misma atención y cuidado que los denominados deportes criollos; Que cabe velar por que cada una de las prácticas que identifican a Chile como nación y recogen sus tradiciones se mantengan vigentes, más aun, es necesario facilitar su práctica e incentivar su difusión, La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la ministra de Educación que desarrolle una política activa de difusión de los juegos criollos del país y que incorpore oficialmente en ellos la carrera de perros galgos, ya que se han transformado en una práctica deportiva tradicional y habitual en las zonas rurales, y se han masificado de tal manera que, sin duda, forman parte intrínseca del folclore nacional.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, las carreras de perros galgos se han transformado en una práctica deportiva habitual en las zonas rurales. En muchas provincias ya forman parte de la tradición campesina; incluso, en algunos lugares, han ido reemplazando las carreras de caballos a la chilena. Los criadores de perros galgos han transformado la competencia en una verdadera fiesta criolla. Están bien organizados y cada día tienen mejores canódromos; incluso, en Rancagua desarrollan competencias con participación internacional. Durante las fiestas patrias, muchas municipalidades incorporan las carreras de perros galgos como parte de las manifestaciones folclóricas. Por eso, llamo a votar favorablemente el proyecto, a fin de que el Gobierno incorpore las carreras de perros galgos, que han pasado a constituir parte de nuestro acervo folclórico y de nuestra alma nacional, dentro de los juegos criollos y desarrolle una política activa de difusión de este tipo de manifestaciones folclóricas. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Chahuán Chahuán Francisco; Díaz Del Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Burgos Varela Jorge; Meza Moncada Fernando; Mulet Martínez Jaime. Se abstuvieron los diputados señores: Ascencio Mansilla Gabriel; Cristi Marfil María Angélica; Enríquez Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Latorre Carmona Juan Carlos; Venegas Cárdenas Mario. FONDO ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN POR MUNICIPIOS DE ORGANISMOS TÉCNICOS DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 212. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 212, de los diputados señores Barros, Masferrer, Sule, Araya, Bauer, Valenzuela, Urrutia, Espinoza, don Fidel; Sepúlveda, don Roberto y Delmastro. “Considerando: Que la ley N° 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, señala el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental; Que, según esta ley, es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente; Que, a modo de ejemplo, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los acueductos, los embalses o tranques, las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, las centrales generadoras de energía mayores, los reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas, los vertederos, etcétera; Que son titulares de la acción ambiental las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o el perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado; Que, para el cumplimiento de sus funciones, la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que las municipalidades tendrán ciertas atribuciones esenciales, sin perjuicio de las funciones y atribuciones de otros organismos públicos. Las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites comunales; Que la mayor parte de las municipalidades no cuentan con organismos técnicos especializados para la defensa del medio ambiente dentro de sus límites comunales, los que se ven afectados por grandes corporaciones privadas que cuentan con los medios de infraestructura y organismos técnicos para realizar dichos estudios; Que se hace necesario que a las municipalidades que no cuentan con presupuesto para la defensa del medio ambiente dentro de su territorio les sea asignado un ítem especial dentro de la ley de presupuestos para la defensa de los vecinos y de sus intereses. Que, como ciudadanos, se tiene el derecho a defender y proteger el medio ambiente. En este sentido, la población debe contar con el resguardo municipal, ente propicio para el apoyo de los derechos y deberes comunales. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que incluya en la ley de presupuestos un fondo especial para que las municipalidades del país puedan contratar organismos técnicos para la defensa del medio ambiente dentro de los límites de sus comunas.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo cuenta con apoyo político transversal, ya que ha sido firmado por diputados de varias bancadas. La ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, establece una metodología para que la comunidad organizada pueda oponerse a proyectos que, de acuerdo con sus intereses, considere que impiden el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. En la Sexta Región, tenemos los casos de las centrales termoeléctricas Totihue y Monte Lorenzo y del emisario submarino de Pichilemu, que ha ocasionado numerosos problemas a la comunidad. Pues bien, la falta de medios económicos no permite que la comunidad pueda organizarse para opinar y eventualmente oponerse a la instalación de esas plantas, porque las grandes empresas cuentan con todos los recursos técnicos para imponer sus proyectos. Por lo tanto, el proyecto de acuerdo pretende que se cree un fondo especial, al cual puedan acceder las municipalidades, de manera de terminar con la asimetría que hoy existe y la comunidad pueda defenderse, de acuerdo con lo que señala la ley sobre bases generales del medio ambiente, de proyectos susceptibles de causar impacto ambiental. El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, felicito a los autores de un proyecto tan pertinente. Puede que no haya sido el momento más oportuno para presentarlo, pero algún ajuste presupuestario se podrá hacer. El objetivo que persigue el proyecto es muy loable, porque pretende entregar instrumentos a las municipalidades para defender los derechos de los ciudadanos a vivir en un ambiente más limpio y sustentable. Hace poco, en San Vicente de Tagua Tagua se pretendió construir una central termoeléctrica y la comunidad no tuvo recursos para organizarse y argumentar, técnica y jurídicamente, sobre el daño que iba a causar la instalación de esa planta. Por eso, es vital crear un fondo especial para que las municipalidades contraten organismos técnicos que defiendan a la ciudadanía de ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, los diputados democratacristianos vamos a votar favorablemente el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, cero voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade, Claudio; Álvarez Zenteno, Rodrigo; Araya Guerrero, Pedro; Arenas Hödar, Gonzalo; Ascencio Mansilla, Gabriel; Barros Montero, Ramón; Bauer Jouanne, Eugenio; Bertolino Rendic, Mario; Bobadilla Muñoz, Sergio; Cardemil Herrera, Alberto; Cristi Marfil, María Angélica; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Del Río, Eduardo; Encina Moriamez, Francisco; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Forni Lobos, Marcelo; Fuentealba Vildósola, Renán; Galilea Carrillo, Pablo; Hernández Hernández, Javier; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Kast Rist, José Antonio; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; Lobos Krause, Juan; Masferrer Pellizzari, Juan; Melero Abaroa, Patricio; Meza Moncada, Fernando; Monckeberg Díaz, Nicolás; Mulet Martínez, Jaime; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Palma Flores, Osvaldo; Pascal Allende, Denise; Paya Mira, Darío; Recondo Lavanderos, Carlos; Rojas Molina, Manuel; Sabag Villalobos, Jorge; Salaberry Soto, Felipe; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Súnico Galdames, Raúl; Ulloa Aguillón, Jorge; Valenzuela Van Treek, Esteban; Venegas Cárdenas, Mario; Walker Prieto, Patricio; Ward Edwards, Felipe. Se abstuvo el diputado señor EnríquezOminami Gumucio, Marco. INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y EDUCACIÓN CÍVICA EN MALLA CURRICULAR DE ENSEÑANZA MEDIA. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 213. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 213 de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Pacheco, doña Clemira; Muñoz, doña Adriana; Goic, doña Carolina, y de los señores Paredes, Díaz, don Marcelo; De Urresti, Súnico, Monsalve y Escobar. “Considerando: Que la única decisión libre es la de aquella persona suficientemente informada. Por ello, para que los adolescentes tomen decisiones libres y responsables en los planos esenciales de su vida, como lo relativo a su sexualidad y a su participación en la vida pública, es imprescindible incorporar en la malla curricular de la Enseñanza Media las asignaturas de Educación Cívica y Educación Sexual y Afectiva; Que, en primer lugar, la Educación Sexual y Afectiva debe ser considerada por la reforma global de la ley orgánica constitucional de Enseñanza (Loce), como un curso obligatorio y de eje transversal en los colegios de Enseñanza Media. La orientación debe ser siempre interdisciplinaria, sin biologismo reduccionista y educativamente inoperante. Por esta razón, dicha asignatura debería considerar siempre en relación con la sexualidad contenidos médico biológicos, antropológicos, históricos, éticos, legales, psicológicos, estadísticos, culturales, económicos, religiosos, etcétera. Su inserción en la malla curricular permitirá crear en los jóvenes un talante abierto y dialogante, por lo que se deberían proporcionar materiales con puntos de vista contrapuestos estimulantes para el debate y la reflexión, sin dogmatismos. Se trata de presentar las diversas posturas existentes sobre estos temas; Que, frente a la pregunta de si se debiera enseñar educación sexual en las escuelas, ésta no se refiere a si se debe enseñar, sino es en cómo debe hacerse. Actualmente, en los países desarrollados, más del 93% de todas las escuelas públicas ofrecen cursos sobre la sexualidad o el VIHSida, y muchas de estas escuelas trabajan en coordinación con las clínicas de salud; Que, por este motivo, los jóvenes necesitan información correcta para ayudarles a protegerse a sí mismos. Los Estados Unidos de América tiene más del doble de tasas de embarazo que cualquier otro país industrializado del extremo Oeste; más de un millón de jóvenes queda embarazada cada año. Las más altas tasas de enfermedades transmitidas sexualmente (ETS) las tienen los jóvenes sobre cualquier otro grupo de otras edades. Uno de cada cuatro contrae algunas de las ETS antes de los veintiún años de edad. Las ETS, incluyendo al VIHSida, para el cual todavía no hay cura, pueden dañar tanto la salud como la habilidad reproductiva de un (a) joven; Que el conocimiento por sí solo no es suficiente para cambiar la conducta. Los programas que se basan principalmente en brindar información sobre preceptos morales y sexuales de cómo funciona el sistema sexual del cuerpo y qué es lo que los jóvenes deben y no deben hacer han fallado. Sin embargo, los programas cuyo enfoque fundamental es ayudar a los jóvenes a cambiar su conducta usando la dramatización, los juegos y los ejercicios que refuercen su habilidad al socializar han mostrado señales de efectividad; Que, en Chile, la controversia sobre el mensaje que se debe dar a los niños ha limitado los programas de educación sexual en las escuelas. A menudo, frases de valor moral como ‘mis hijos no deben tener relaciones sexuales fuera del matrimonio’ se mezclan con frases contradictorias de hechos malinterpretados: ‘de todas formas, la educación sexual no funciona’. Acaso ¿se debería hacer todo lo posible por suprimir la conducta sexual de los jóvenes o se debería reconocer que muchos son sexualmente activos, para así prepararlos a enfrentar las consecuencias negativas? Los argumentos dictados por la emoción pueden representar un obstáculo para lograr evaluar los efectos de la educación sexual; Que otros países han logrado mucho más que Chile al afrontar el problema del embarazo en la juventud. La edad en que se tiene la primera relación sexual es similar tanto en Chile como en Canadá, Inglaterra, Francia, los Países Bajos y Suecia; sin embargo, en estos países, las tasas de embarazo entre los jóvenes es, por lo menos, la mitad de las de Chile; Que la educación sexual en estos países se basa en una política que favorece explícitamente la educación sexual. Es una apertura hacia el sexo, mensajes consistentes a la sociedad y al acceso a los anticonceptivos; Que, muy a menudo, la educación sexual en la Educación Secundaria empieza una vez que muchos de los estudiantes han comenzado ya a experimentar la sexualidad. Los estudios han demostrado que cuando la educación sexual se imparte antes de que los jóvenes se vuelvan sexualmente activos, ésta los ayuda a mantener la abstinencia y a protegerse; Que, para la formación de los jóvenes como ciudadanos en una cultura de derechos humanos y principios democráticos, es importante que ellos manejen conocimientos relativos a los derechos y los deberes de los ciudadanos, como nacionalidad y garantías constitucionales. La primera oportunidad real de adquirir este tipo de información es precisamente en el colegio, mas, unas cuantas horas de la asignatura de Historia no es suficiente para abarcar la gran cantidad de información al respecto. Por esto, es necesario y totalmente deseable que, dentro de los contenidos obligatorios de la Enseñanza Media, se reponga la asignatura de Educación Cívica; La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la ministra de Educación que, junto al Presidente del Consejo Asesor de la Presidencia para la Reforma Educacional, incorpore como asignaturas obligatorias de la malla curricular de la Enseñanza Media las de Educación Cívica y Educación Sexual y Afectiva.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, hemos hablado constantemente de valores éticos, de la necesidad de proteger a los jóvenes en sus relaciones sexuales. Recién discutimos acerca de un proyecto sobre el aborto y siempre debatimos diversos temas que tienen que ver con el crecimiento de los jóvenes y de cómo enfrentan sus vidas. Una de las falencias que tiene nuestra educación es que no se tocan esos temas, ineludibles para que los jóvenes tengan un conocimiento mayor desde niños de lo que significa una relación, así como del conocimiento de su cuerpo, de su vida y de la forma de enfrentar el futuro de una manera madura cuando son mayores. Considero necesario que exista en los colegios una educación sexual real y comprometida con los valores éticos, cristianos y morales, que complemente las enseñanzas de la familia. Además, en la década de los 70 se eliminó la educación cívica de nuestros colegios. Por eso cuando uno pregunta a los jóvenes cómo está conformado nuestro gobierno, nuestro Estado o nuestro país desde el punto de vista político y cívico, demuestran no tener mayores conocimientos sobre la materia. Por lo tanto, a través del proyecto de acuerdo se solicita al Ministerio de Educación que incluya estos dos ramos en el currículo escolar de los colegios, para enfrentar estos dos temas de manera seria en nuestro país. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, creo que se trata de un muy buen proyecto de acuerdo. Comparto sus fundamentos, sobre todo porque nos encontramos en un período en que la sociedad contribuye poco a formar a los jóvenes. Los medios de comunicación masiva exaltan el sexo, a pesar de que los menores de entre 10 y 14 años no tienen los elementos necesarios para entender bien los mensajes que les llegan todos los días. Es increíble esto de la farandulización, ya que todos los programas se enfocan en cuestiones de orden sexual, a pesar de que nuestros hijos y los menores no tienen ni siquiera la ayuda de los padres para formarse adecuadamente. Creo que los colegios son un buen lugar para aprender sobre estas materias y por eso la incorporación de estos dos ramos debiera ser obligatoria. Señor Presidente, he denunciado hechos tan graves como la venta de pornografía a través de teléfonos celulares a menores, quienes, obviamente, no tienen un criterio formado y ni siquiera los elementos necesarios para entender y ubicarse en estos temas, por lo que estimo necesario que el Estado cumpla con este rol. Lo mismo sucede en materia de educación cívica. Por lo tanto, varios diputados estamos dispuestos a apoyar el proyecto de acuerdo, para que nuestra educación pública y la educación en general no tengan miedo de enseñar a nuestros niños educación cívica y sexual como corresponde. De lo contrario, vamos a seguir viendo casos tan espeluznantes como algunos que se han denunciado últimamente en los medios de comunicación. Creo que la diaria erotización de menores contribuye a tener una sociedad más insana. La familia y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad sobre esta materia, pero también es deber del Estado, a través de la educación, avanzar y ayudar a construir una sociedad más sana. El señor LEAL (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en ningún caso se podría decir que no estoy de acuerdo en que en los colegios se imparta el ramo de educación sexual; muy por el contrario, creo que es necesario y urgente. La pregunta es qué tipo de educación sexual se debe impartir. De hecho, he estado revisando los programas de educación sexual destinados a las niñas de 12 años de la comuna de Peñalolén. En ellos se señalaba que se impartiría cursos sobre las fantasías sexuales. No se cuántos señores diputados tienen niñas de 12 años y están dispuestos a que se les enseñe este tipo de materias. Creo que no es lo más urgente. Por otra parte, el Ministerio de Educación acaba de responder un oficio en que solicité información respecto de los programas de educación sexual. Señala que está elaborando un plan piloto de educación sexual en alrededor de quince comunas del país. Sería interesante conocerlo, porque, insisto, estoy de acuerdo con la educación sexual en los colegios, pero estoy en contra de la píldora del día después o del análisis de las fantasías sexuales a los 12 años. No creo que ése sea el tema. Por lo tanto, me abstendré en la votación del proyecto de acuerdo. El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor LEAL (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Araya Guerrero, Pedro; Ascencio Mansilla, Gabriel; Bauer Jouanne, Eugenio; Chahuán Chahuán, Francisco; De Urresti Longton, Alfonso; Díaz Díaz, Marcelo; Encina Moriamez, Francisco; EnríquezOminami Gumucio, Marco; Escobar Rufatt, Alvaro; Espinoza Sandoval, Fidel; Estay Peñaloza, Enrique; Farías Ponce, Ramón; Fuentealba Vildósola, Renán; Girardi Briere, Guido; González Torres, Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge; Jaramillo Becker, Enrique; Latorre Carmona, Juan Carlos; Leal Labrín, Antonio; León Ramírez, Roberto; Lobos Krause, Juan; Meza Moncada, Fernando; Monsalve Benavides, Manuel; Montes Cisternas, Carlos; Mulet Martínez, Jaime; Muñoz D’Albora, Adriana; Núñez Lozano, Marco Antonio; Ortiz Novoa, José Miguel; Pacheco Rivas, Clemira; Palma Flores, Osvaldo; Pascal Allende, Denise; Pérez Arriagada, José; Rubilar Barahona, Karla; Sabag Villalobos, Jorge; Sepúlveda Hermosilla, Roberto; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silber Romo, Gabriel; Súnico Galdames, Raúl; Valenzuela Van Treek, Esteban; Venegas Cárdenas, Mario; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón. Se abstuvo el diputado señor Burgos Varela, Jorge. VII. INCIDENTES INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS EN LA NOVENA REGIÓN. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay. El señor ESTAY.- Señor Presidente, por enésima vez tendré que referirme al estado de los caminos de la Novena Región de La Araucanía. En esta oportunidad quiero hablar específicamente del programa de conservación global de caminos de Malleco Cordillera, V etapa. Entre otros, comprende los caminos Victoria Curacautín Pino Hachado, LiucuraIcalma, Santa EmaRari Ruca, Selva OscuraVilla Cautín, Selva Oscura Perquenco, Curacautín Conguillío, Icalma Melipeuco. Estos programas dicen relación fundamentalmente con operaciones de tipo rutinario, es decir, limpieza manual de faja, remoción de derrumbes, formación y compactación de terraplenes, limpieza de fosos y alcantarillas, reperfilado de caminos con motoniveladoras, reparación de puentes de madera, reinstalación de señalética, en fin. El caso es que el programa Malleco Cordillera, V etapa, fue licitado el 26 de junio de este año, con un presupuesto oficial de 1.288 millones de pesos; sin embargo, a pesar de que han transcurrido más de cinco meses a la fecha, las obras aún no pueden comenzar, porque los contratos no se han materializado. La constructora Jorge Rojas Figueroa se adjudicó las obras con una oferta de 1.176 millones de pesos. Sin embargo, no han podido comenzar, y el estado de los caminos es, por decir lo menos, absolutamente deplorable. Me referiré específicamente al camino de Icalma a la comuna de Melipeuco. Cabe destacar que es una zona poblada principalmente por pehuenches y que tienen dos alternativas para llegar a la capital regional, Temuco: una, por el paso IcalmaMelipeuco, lo que significa un recorrido de aproximadamente tres horas, y la otra, por Lonquimay, lo que implica aproximadamente nueve horas. En la práctica, se traduce en que esas personas deben disponer de tres días, porque dos son de viaje más el que van a ocupar en sus trámites. Si se considera que se trata de una ruta internacional, la situación es mucho más grave, puesto que por ella no sólo se moviliza gente que vive en Icalma, sino personas que viajan desde ciudades argentinas. Es un paso internacional turístico que une a los más importantes lagos de la zona: Galletué e Icalma. La parte más deplorable está en el sector Cuesta Casa de Lata. Me refiero a la ruta S51, MelipeucoIcalma, entre los kilómetros 120 y 123, donde hay una verdadera zanja, debido a derrumbes y a la inclemencia del invierno, lo que la hace intransitable, especialmente para los buses. Esa situación ya no da para más. El Departamento de Vialidad de la Novena Región está colapsado. Además, no se ha podido llevar a efecto ninguno de los programas de desarrollo indígena, PDI. Por lo tanto, solicito que se envíen con urgencia los siguientes oficios: En primer lugar, uno dirigido a la Presidenta de la República adjuntándole copia íntegra de mi intervención. En esta Sala se ha dado cuenta del mal estado de los caminos en innumerables oportunidades, incluso, en una sesión especial, con la presencia del ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, quien dijo haber sentido vergüenza por lo que ocurría en la Novena Región. Sin embargo, las autoridades regionales no han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, pido que en el mismo oficio a la Presidenta se le solicite que pida la renuncia al intendente de la Novena Región por la responsabilidad que le cabe en la pésima gestión de la Dirección de Vialidad de la región. En segundo lugar, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas, adjuntando copia íntegra de mi intervención, a fin de que disponga medidas urgentes para materializar la contratación de obras, con el objeto de dar cumplimiento al programa de conservación global de caminos en Malleco, V etapa. Finalmente, al intendente de la Novena Región, a fin de que se pronuncie en forma clara respecto del colapso del Departamento de Vialidad, sobre sus actuaciones y responsabilidades en la incapacidad de gestión en relación con la conservación de los caminos de la Araucanía, especialmente los rurales. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención. PROBLEMAS EN PAVIMENTOS BÁSICOS EN COMUNA DE CHÉPICA. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, quiero hace presente los problemas relativos a las deficiencias de los pavimentos básicos y participativos en la comuna de Chépica. Estas deficiencias hacen difícil y riesgoso el tránsito de los vecinos, con la agravante de que los problemas se presentaron, incluso, antes de ser inauguradas las obras. Solicito que se oficie a la seremi de Obras Públicas y al director regional de Vialidad de la Sexta Región, en relación con los pavimentos de los sectores La Ruda, Las Alamedas y Auquinco, a fin de que informen qué medidas se van a tomar respecto de garantías involucradas y qué están haciendo para solucionar los problemas. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE EMPLEOS DE EMERGENCIA EN PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO. Oficios. El señor BARROS.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a los ministros del Interior y del Trabajo, para que nos informen con el mayor grado de precisiónr especto de los programas de empleos de emergencia de 2005 y 2006 en las provincias de Colchagua y de Cardenal Caro. Deseo saber el número de personas involucradas, sus roles únicos tributarios y los períodos en los cuales se desarrollaron dichos planes, a fin de fiscalizar que se hayan hecho las verificaciones de acuerdo con lo prescrito en los proyectos respectivos. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. HOMENAJE A BOMBEROS FALLECIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, nuestro país está nuevamente de luto. En esta oportunidad quiero rendir un sentido homenaje a Bomberos de Chile. La provincia de Arauco, específicamente la comuna de Contulmo, ha sufrido la pérdida irreparable de dos voluntarios de Bomberos de Chile. En efecto, un lamentable hecho ha golpeado a esa prestigiosa institución, llevándose a dos destacados de sus miembros, al voluntario Benito Carrasco Cuevas, conocido como Beno, con 30 años de servicio, y a la voluntaria Constanza del Pilar Cid Cáceres, conocida como Pilo, madre de una pequeña de cinco años, quien en un acto de servicio y con la prestancia que caracteriza a nuestros bomberos, entregó su vida por los demás, convirtiéndose en la primera mártir de Bomberos de Chile, institución que la vio llegar el 26 de septiembre de 1996 y que diez años después la ve partir, dejando una huella indeleble en el alma de la institución. Por ello, rindo homenaje a esa abnegada mujer y a ese valiente hombre, quienes, con su ejemplo de entrega y sacrificio, elevaron a lo más alto el sentido del honor y de la responsabilidad. Sus vidas se han transformado en un testimonio no sólo para los bomberos de nuestro país, sino para todos los chilenos, que ven reflejados en esa joven mujer y madre y en ese valioso hombre los más preciados valores y principios que inspiran el actuar diario de las personas de bien. Es cierto que preferiríamos que Pilar y Beno no fueran mártires y estuvieran entre nosotros, pero tenemos la seguridad de que Dios dará una resignación cristiana a sus familias, amigos y a la institución. Sólo nos queda el consuelo de que Pilo y Beno, con sus vidas y actos de entrega, se han transformado en un ejemplo de vida, y su huella y recuerdo vivirán por siempre entre nosotros. La hijita de Pilar y los familiares de Benito serán los orgullosos herederos de los más profundos valores de entrega, amor al prójimo y sacrificio. Las familias de Pilar y de Benito han perdido a uno de sus integrantes; nuestro país ha perdido a ciudadanos ejemplares, pero, a la vez, nuestra historia nacional ha recibido a nuevos héroes, quienes, al darse por entero a su pasión entregaron lo más preciado que posee un ser humano: sus propias vidas. Quiero que estos sentimientos de condolencias se hagan llegar al presidente de la Junta Nacional de Bomberos, al alcalde y concejales de la Municipalidad de Contulmo, al director del Cuerpo de Bomberos de Contulmo y a los familiares de Pilar y de Benito. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y la de quien preside. CARTA A SENADORES SOBRE MANTENCIÓN DE OSORNO EN REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, quiero que se oficie al ministro del Interior, adjuntando la carta a la cual daré lectura, que haré llegar a cada uno de los senadores de la República. Dice como sigue: “Señores senadores de la República: Por medio de la presente, vengo a poner en su conocimiento que con fecha 19 de noviembre de 2006 se realizó en la comuna de Osorno una consulta ciudadana organizada por la Ilustre Municipalidad de Osorno, donde se preguntaba a la comunidad si frente a la creación de la Región de Los Ríos prefería que Osorno se integrara a la nueva Región o permaneciera en la Región de Los Lagos. El nivel de participación de la ciudadanía superó con creces lo que todos esperaban, ya que 20.742 personas concurrieron de manera voluntaria a uno de los nueve locales establecidos por el municipio para emitir su sufragio. Todos ellos inscritos en los registros electorales. Una cifra altísima para una comuna donde los electores que concurren a votar de manera obligatoria en elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales oscilan entre las 60 mil y las 70 mil personas. El resultado de la elección arrojó que 19.098 personas se pronunciaron por la opción de permanecer en la Región de Los Lagos, representando un 92,07 por ciento, mientras que 1.646 personas prefirieron que Osorno se incorpore a la nueva Región de Los Ríos, representando un 7,45 por ciento de los sufragios. La comunidad de Osorno concurrió masivamente a las urnas, aun sabiendo que la consulta no tenía el carácter legal de vinculante, pero lo hizo bajo el convencimiento de que los honorables senadores no podían desconocer la voz de la ciudadanía, sobre todo si se trata de un proceso ordenado, transparente, con una alta concurrencia y un resultado categórico, todos elementos que se cumplieron. Por lo anterior, es que vengo a solicitar respetuosamente a usted que tome en consideración el contundente ejercicio democrático realizado por la comunidad osornina y vote en contra de la indicación del Gobierno al proyecto de ley que crea la Región de Los Ríos con la provincia de Osorno incorporada. Como antecedente informo a usted también que en la comuna de Purranque se realizó un proceso similar organizado por el municipio local, con una alta participación y un contundente resultado a favor de permanecer en la Región de Los Lagos. En otras comunas, como Puyehue y Río Negro, se desarrollaron procesos similares, y ante la negativa de los municipios a organizarlos, han sido los concejales y la propia comunidad los que lo han llevado a cabo con resultados claros y rotundos a favor de permanecer en la Región de Los Lagos. Sin otro particular, se despide, Javier Hernández, Diputado de la República.”. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando la carta a la cual ha dado lectura, con la adhesión de los diputados que así lo indican. RECHAZO A CAMBIO DE NOMBRE DE CERRO CHENA. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farias. El señor FARIAS.- Señor Presidente, como diputado del distrito 30, que comprende las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, provincias del Maipo, quiero dar cuenta de un hecho que ha provocado una profunda inquietud a la comunidad que represento. Se trata de la iniciativa para cambiar el nombre del popular Cerro Chena, donde funcionó la Escuela de Infantería del Ejército durante el régimen militar, por el de “Parque Metropolitano Sur Ejército de Chile”. Es de público conocimiento que el Comandante en Jefe del Ejército de la época, general Juan Emilio Cheyre, realizó el traspaso al Ministerio de Bienes Nacionales de varias hectáreas que la Institución poseía en el Cerro Chena, ubicado en la comuna de San Bernardo, hecho respecto del cual, sin duda, no existe reparo alguno. Pero muy distinto es dar a dichos terrenos el nombre de “Parque Metropolitano Sur Ejército de Chile”, pues no representa la memoria histórica de nuestro país ni de los sucesos horribles cometidos a personas de una de las comunas que represento. Diversos documentos, como el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dan cuenta de las atrocidades cometidas en dicho lugar, así como también existen varias causas en los tribunales de justicia, algunas cerradas y otras no, que acreditan que allí se cometieron violaciones a los derechos humanos, por lo que hoy representa un espacio importante en la memoria colectiva de la comunidad. Por ello, la iniciativa de cambio de nombre antes señalada sólo viene a provocar molestia a la comunidad y a las familias de las víctimas, muchas de ellas residentes en nuestro distrito. Es necesario que dicho lugar reciba otro nombre, representativo de lo que allí sucedió, que se instaure de una manera conmemorativa a quienes sufrieron apremios ilegítimos y fallecieron en un período oscuro y difícil de nuestra historia. No es posible que lleve el nombre de “Parque Metropolitano Sur Ejército de Chile”, cuando todavía existen heridas abiertas respecto de lo acontecido en dichos terrenos y donde a la institución castrense le correspondió un rol protagónico. Es de imperiosa necesidad que en todos los lugares destinados al sufrimiento de muchos compatriotas se lleven a cabo iniciativas concretas para recordarlos y se transformen en lugares de reflexión para la comunidad; pero, en ningún caso, en desagravio a los autores de las violaciones de derechos humanos. En consecuencia, pido oficiar a la ministra de Bienes Nacionales, con el objeto de que informe: Primero, fecha en que el Ejército de Chile realizó la transferencia de los terrenos del Cerro Chena a su cartera; segundo, metros en superficie traspasada; tercero, a qué título se realizó dicho traspaso; cuarto, cuál es el destino que dicho Ministerio le dará a la totalidad de dichos terrenos, y quinto, cuál fue el procedimiento para nombrar al Cerro Chena “Parque Metropolitano Sur Ejército de Chile”. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa. NOTA DE FELICITACIÓN A ALCALDE Y CONCEJO DE COMUNA DE OSORNO POR REALIZACIÓN DE CONSULTA POPULAR. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en el Sur, el 19 de noviembre recién pasado, sin duda, será recordado como la fecha en que por primera vez se realiza una consulta comunal, específicamente en la comuna de Osorno, provincia del mismo nombre. Allí se le pidió a la ciudadanía que diera su opinión sobre si quería permanecer en su región u optar por la nueva que se crea por el proyecto que se está tramitando, como dije, en el Senado. El domingo recién pasado, 20.751 ciudadanos de Osorno se pronunciaron para decir que no estaban de acuerdo con la mencionada iniciativa, que considera su incorporación a la nueva Región de los Ríos. El 92 por ciento de los votantes 53 por ciento de mujeres y 46 por ciento de varones, que representan cerca del 30 por ciento del padrón votante de la ciudad, señaló categóricamente que no estaba de acuerdo con que su ciudad pasara a formar parte de la nueva región y que prefería permanecer como provincia de la actual Región de Los Lagos. Pero, no debemos confundirnos. El voto negativo no fue en contra de la iniciativa que crea la nueva región, sino del peligro que representa para la comuna de Osorno quedar entre dos capitales regionales, siendo discriminada por el consabido centralismo existente en el país y que no opera sólo respecto de Santiago y la regiones, sino que también al interior de las ciudades capitales y las restantes ciudades que componen las regiones. Planteado en otros términos, el sentimiento ciudadano resultante del plebiscito efectuado en Osorno fue el llamado de sus habitantes a ser partícipes del proceso de descentralización que se está viviendo en la Décima Región, del cual esperan salir beneficiados, obteniendo una mayor participación en la toma de decisiones de los organismos públicos que deberán reestructurarse, a partir de la nueva realidad territorial. Todo esto fue tomado como base por el Concejo de Osorno, lo que habla de su madurez política. Vaya para sus integrantes mi aprecio fraterno por la acción democrática llevada a cabo, sobre la base de las distintas opiniones que en un momento se pensó que estaban muy equiparadas. El alcalde y el concejo actuaron bien al decidir llamar a esa consulta, que es ejemplo para el país. Debemos recordar que el último proceso de regionalización se realizó en 1974, año en el cual no existía el grado de libertad y de participación que hay en la actualidad. En aquella oportunidad, todo el proceso fue inconsulto. Desde las oficinas del poder central se decidió el futuro de las nuevas regiones que constituirían el mapa nacional, sin que se tomara en consideración la opinión de los habitantes de los nuevos territorios que se crearon. En la situación actual, en que vivimos en democracia, existen los mecanismos para que los ciudadanos puedan manifestar su opinión, como ocurrió en la consulta ciudadana de Osorno, y normas legales que son discutidas en un foro constituido por representantes elegidos por los habitantes de los territorios que representamos. Si bien el acto cívico celebrado en Osorno no es legalmente vinculante para los parlamentarios, sí lo es moral y éticamente para todos, ya que representa el sentir de miles de personas que se habrían visto afectadas a futuro por la decisión normativa que se tome en el Congreso Nacional, que podría ser contraria al sentir ciudadano. Como parlamentario por la Décima Región, espero que este hito de participación ciudadana en nuestro país sea tomado en consideración al momento de tomar las decisiones correspondientes. El diputado Hernández fue muy claro al referirse al mismo tema. Creo que el Senado tomará en cuenta lo que estamos viviendo en democracia. Por supuesto, es un hito histórico. Por eso, quiero enviar un saludo muy especial al alcalde y al Concejo de la comuna de Osorno, gestores de esta actividad democrática, por el logro entregado en su momento a la ciudadanía que se expresó. Los habitantes de Osorno también deben ser felicitados por creer en su identidad. Muchas veces, resultó un tanto complicado decirles que era mejor que se fueran de la región en la cual quieren permanecer. Me alegro mucho de haber estado cerca de lo que el domingo recién pasado se vivió en la ciudad de Osorno. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores De Urresti, Espinosa, Rosauro Martínez y de quien habla. PRECISIONES SOBRE EXPRESIONES VERTIDAS EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, hace algunos días, en el programa “El Termómetro” de Chilevisión, aludiendo a las comisiones especiales investigadoras, me referí a una intervención del diputado Gonzalo Duarte, en cuanto a que nos habría ofrecido a los diputados de la Alianza un canje: negociar los textos de las comisiones especiales investigadoras. Tengo la mejor impresión del diputado Gonzalo Duarte, puesto que es un excelente parlamentario. Lo dije expresamente después en ese programa de televisión. No pretendí afectar la honra del colega; por el contrario, sólo puedo señalar que me siento particularmente honrado de tener como colegas a parlamentarios de su categoría. He dicho. RECONOCIMIENTO A PERSONAL DE HOSPITAL “LUIS TISNÉ”. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, en muchas oportunidades he usado esta tribuna para hacer denuncias orientadas a fiscalizar actos de Gobierno. En esta ocasión, quiero referirme específicamente a los funcionarios del Hospital Luis Tisné, perteneciente a la red pública de salud de la Región Metropolitana, con el objeto de agradecerles por su profesionalismo y abnegación, en especial, por los cuidados que dispensan a los enfermos. A raíz del reciente fallecimiento de mi señora madre, que estuvo internada en ese hospital público durante una semana, pude comprobar no tan sólo el profesionalismo, entrega y dedicación de sus funcionarios, sino que también su alto espíritu de sacrificio. Por eso, a través de esta tribuna, quiero enviar a su personal mi reconocimiento por su abnegada labor, y dar las gracias a quienes atendieron a mi señora madre. En particular, envío mi saludo al director del Hospital Luis Tisné, doctor Julio Montt, y mis felicitaciones a todos los médicos, enfermeras y, en general, a todo el personal que labora en ese recinto asistencial. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ESTUDIO DE MEDIDAS EN FAVOR DE DEUDORES HABITACIONALES. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el año pasado se destinaron recursos para enfrentar la deuda de los deudores del Serviu. Aplaudimos la medida del Gobierno, pero discrepamos de la forma en que se implementó, puesto que resultó verdaderamente desastrosa, incluso inhumana. Recordemos que las familias fueron encasilladas en pobres, no pobres e indigentes. De acuerdo a esas categorías se les entregó un beneficio, básicamente en función de la ficha Cas, que tenía todas las debilidades de una ficha obsoleta, ya que no reflejaba la realidad de las familias. Esa situación, conocida por todos, generó injustas discriminaciones entre vecinos y familias de los mismos sectores poblacionales, circunstancia que, además, produjo odiosidades y hasta violencia. Un numeroso grupo de deudores Serviu no obtuvieron solución alguna, debido a que fueron calificados como no pobres. Son los “nuevos ricos” de esas poblaciones; sin embargo, resulta que en la realidad están cesantes, algunas son madres solteras y otros trabajan, pero sus ingresos sólo les alcanzan para alimentación y vestuario. Esto es verdaderamente insólito y ocurre cuando se hacen clasificaciones teóricas. Existe un segundo grupo de deudores del orden de 21 mil personas, que fue traspasado a la banca privada, aun cuando habían postulado al Serviu. En la práctica, se les impuso la medida y hasta diría que se les engañó, porque funcionarios del servicio los conminaron, incluso, a presentar ingresos irreales, tanto del postulante como del aval, para que aparecieran como sujetos susceptibles de crédito. Ésa es la realidad de estos deudores que despectivamente algunos señalan que son de la banca privada, pero son tanto o más pobres que los propios deudores Serviu. Muchos han llegado incluso a destinar más del 50 por ciento del total de sus ingresos para solventar los dividendos. Imposible mantener una situación de esa naturaleza. El Estado avala eso, en circunstancias de que cualquier entidad crediticia puede cobrar hasta el 25 por ciento de los ingresos brutos del deudor. Por otra parte, ¿cuál ha sido la actitud de los bancos que otorgan esos créditos? ¿Es acorde con lo que se dijo al momento de traspasar la cartera, que el trato sería mejor que el del Serviu? La respuesta la sabemos todos los que conocemos la realidad: los presionan hasta hacerlos pedir un crédito de consumo para ponerse al día en el pago de los dividendos, lo cual hace aún mucho más dramática la situación que están viviendo. Los que tienen esa cartera son los Bancos del Desarrollo y del Estado. Existe otro grupo de deudores, derivados del Programa Especial para Trabajadores, PET. Son personas que han tenido problemas de cesantía por largo tiempo o han debido enfrentar enfermedades catastróficas. Ambas situaciones los han transformado en deudores y están con la angustia permanente de la amenaza del remate de sus viviendas. La política habitacional ha sido desordenada, y ha cambiado constantemente: Serviu, banca, programas PET y recientemente la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, para compatriotas que carecen de estabilidad laboral y que es, precisamente, donde debieran estar los deudores ya mencionados. Los deudores de los programas PET, en la práctica, están en la misma situación. No se puede seguir postergando a estas personas. Es urgente abordar integralmente el problema de todos los deudores habitacionales del país; de lo contrario, vamos a presenciar problemas sociales de envergadura, porque ya no resisten más. Hay familias en huelga de hambre, como el caso de los ocupantes de la población Islas del Sur, en Chillán, y diversas manifestaciones en distintas ciudades revelan un descontento que va en crecimiento. Es hora de que el Gobierno aborde en serio este problema y terminemos con la humillante clasificación de indigentes, pobres y no pobres. Son todas familias igualmente pobres, con trabajo esporádico, enfermos, que sólo anhelan vivir con tranquilidad. Por lo tanto, solicito que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República, para que tenga a bien disponer la constitución de una mesa de diálogo social para los deudores habitacionales del país, tanto del Serviu como de la banca. Asimismo, que se fije un porcentaje máximo de pago de dividendo, acorde con el ingreso familiar, que se condonen las deudas de los adultos mayores y de las personas con enfermedades catastróficas y que se suspendan los remates de las viviendas sociales. En definitiva, que se haga a la mayor brevedad un trabajo serio y técnico, porque cada día que pasa aumenta la angustia y la desesperanza de estos deudores. Un país que progresa y se desarrolla es aquel que se preocupa de reducir las distancias entre las personas. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Roberto Sepúlveda. FELICITACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES DE OSORNO POR REALIZACIÓN DE CONSULTA DEMOCRÁTICA. Oficio. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero rendir homenaje y celebrar la consulta ciudadana, el gran ejercicio democrático llevado a efecto el pasado domingo 19 de noviembre en la ciudad de Osorno, en la que más de 21 mil ciudadanos, libre y democráticamente, concurrieron a las urnas para manifestarse sobre un tema crucial en sus vidas y en el destino de las regiones que se están formando en el sur de Chile. Se han pronunciado por un categórico 92 por ciento a favor de no incorporarse a la nueva Región de Los Ríos que se va a crear. Esto debe ser un gran llamado de alerta, una expresión de reconocimiento al ejercicio democrático, de participación ciudadana, al ejercicio de que efectivamente se consulte a los ciudadanos y a las ciudadanas dónde quieren permanecer, qué tipo de región quieren fomentar. Como diputado de Valdivia, de la futura capital de la Región de Los Ríos, celebro y felicito este tipo de instancias; celebro que las ciudades y regiones del país sean respetadas y que esta instancia de participación sea un mecanismo permanente de consulta, de ratificación de lo que queremos para nuestro territorio. Lo digo con toda fuerza: esta misma consulta ciudadana en Valdivia habría contado con el ciento por ciento de respaldo para crear nuestra región, porque llevamos muchos años luchando por algo que genera un absoluto consenso. Pero nunca vamos a aceptar Osorno ha dado una muestra de esto que desde Santiago, con intereses centralistas y mezquinos, se pretenda dirigir el destino de nuestro territorio, de nuestras ciudades. Así como en 1974 se cometió un gran error al hacer una división administrativa y crear regiones sin consulta a los ciudadanos, hoy día, en democracia y con un gobierno absolutamente representativo y ciudadano, como el de nuestra Presidenta Bachelet, debemos impulsar la necesidad de consultar a los ciudadanos, de no cometer los mismos errores y preguntar, a cada habitante, a cada ciudadano, en qué región quiere permanecer y qué tipo de sociedad, qué tipo de estructura quiere construir. Queremos una región fuerte y poderosa; una región innovadora, que proyecte el espíritu de sus ciudadanos. Queremos que en la Región de Los Ríos se incluya a todos los habitantes, una región donde todas las comunas se sientan representadas, donde florezca el espíritu emprendedor de nuestros hombres y mujeres que quieren proyectarse a través de una institucionalidad; proyectar su vida, sus anhelos, sus deseos de contribuir mejor al desarrollo de nuestro país. Por último, quiero reiterar mis felicitaciones por este ejercicio democrático a quienes impulsaron este proyecto, al concejal Gallardo, del Partido Socialista, entre otros, y a los miles de ciudadanos de Rahue, quienes entendieron y vieron en esta oportunidad la manera de impulsar un proceso en el cual se les pregunta, votan, deciden y se respeta esa decisión. Por lo indicado, solicito oficiar al alcalde y a los concejales de la ciudad de Osorno, a fin de felicitarlos por ese gran ejercicio democrático. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, muchos colegas se han referido al gran proceso democrático vivido durante el fin de semana pasado por la comuna de Osorno. En efecto, más de 20 mil osorninos concurrieron a las urnas para decir con su voto que sí les importa opinar sobre una decisión que se quería tomar entre cuatro paredes, cual es la de incorporar a la provincia de Osorno a la nueva Región de Los Ríos, con Valdivia como capital regional. Los osorninos dijeron que no a quienes hace algunos meses eligieron para que fueran sus representantes en el Congreso Nacional; es decir, a sus parlamentarios, porque sintieron que no estaban representando los intereses de la gente, que se relacionan con la territorialidad, con la identidad y con el diario de vivir de los miles de osorninos, sino otros, quizás de carácter político. El 92 por ciento de apoyo a la permanencia de la provincia de Osorno en la Región de Los Lagos representa el sentir de toda una comunidad que cree, y con su voto lo expresó, que en Chile no se pueden introducir modificaciones de ese tipo sin consultar a la gente. En consecuencia, Osorno dio un ejemplo en ese sentido. Por lo tanto, tal como lo hizo el colega De Urresti, felicito a los concejales Carlos Gallardo, del Partido Socialista, y Alexis Casanova, de Renovación Nacional. Asimismo, al consejero regional Jorge Campos y al ex consejero Regional Iván Aedo, todos de Osorno. También quiero destacar los grandes procesos democráticos vividos en otras comunas. En Río Negro, más de 3 mil personas llegaron a las urnas para votar. De ellas, más del 97 por ciento se pronunció a favor de que la provincia de Osorno continúe perteneciendo a la Región de Los Lagos. Felicito a la concejala Mónica Villarroel y a don Francisco Pino, gran funcionario del gobierno regional que, en su calidad de dirigente vecinal de esa comuna, jugó también un gran rol en dicho proceso. Asimismo, felicito a todos los dirigentes sociales de Río Negro, que llevaron a cabo el proceso sin el apoyo del alcalde de esa comuna, quien no quiso consultar a la gente sobre su pensamiento respecto de ese importante proceso. En Puyehue, 1.045 personas llegaron a las urnas a votar. En la oportunidad, el 97 por ciento de los votantes se manifestó a favor de seguir perteneciendo a la Región de Los Lagos. Felicito al concejal Héctor Gallardo y a Angélica García, trabajadora de la radio local, que jugó un gran rol en ese proceso. En Puerto Octay, también se llevó a cabo dicho proceso democrático. Allí, el 96 por ciento de la gente manifestó la misma intención, es decir, seguir perteneciendo a la Región de Los Lagos. Felicito a don Andrés Leiva Rivera y a Helmut Tilleman, quienes tuvieron un importante papel en ese proceso. En los breves segundos que me restan, deseo destacar que los socialistas siempre tuvimos una posición única y consecuente respecto del tema: la necesidad de consultar a la gente, de pedir que los ciudadanos se expresaran. Con orgullo, podemos decir que lo logramos. Felicito a los alcaldes de Purranque, señor César Negrón, y de Osorno, Mauricio Saint Jean. Éste, a pesar de tener una posición divergente en la materia, respetó la democracia y llevó a cabo un proceso de consulta ciudadana. Asimismo, felicito a los concejales de las comunas mencionadas, es decir, Río Negro, Puyehue y Puerto Octay. Finalmente, agradezco el gran apoyo de las radios locales, que informaron a la comunidad sobre ese proceso: Sago, La Palabra, Musicoop, Voz de la Costa y Digital, todas de Osorno; Ola, de Purranque; Anahí, de Río Negro; Nuevo Amanecer, de Puerto Octay, y Acogida, de Puyehue. También agradezco al diario Austral, de la comuna de Osorno. Todos esos medios jugaron un gran rol para lograr que ese proceso fuese amplio, democrático e informado a la comunidad. Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención a los concejales de Osorno, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay y Purranque. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican. LABOR EDUCACIONAL DE CONGREGACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA EN SAN ANTONIO. Oficios. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas. El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, en esta oportunidad, deseo resaltar la acción que lleva a cabo la congregación religiosa católica de La Sagrada Familia en la provincia y comuna de San Antonio, que inculca los valores del humanismo cristiano entre sus alumnas. En 1927, dicha congregación fundó un colegio en San Antonio, que acogió a niñas que, sin tener otras posibilidades, fueron formadas, educadas y convertidas en personas de provecho para un pueblo que nacía, que quería desarrollarse y tener una cultura y una visión diferentes. Su labor a través del tiempo es digna de resaltarse con fuerza. En ese sentido, ha logrado cosas muy valiosas en cuanto a incorporar a las niñas en toda la acción cívica y ciudadana en que la vemos cada vez más comprometida a la mujer. Además, su establecimiento fue uno de los primeros en crear una banda de guerra que, con el tiempo, se convirtió en una banda instrumental, que ha destacado en diferentes oportunidades en que ha sido invitada a participar en concursos en diversos puntos del país. Hoy, la congregación afronta un desafío de mayor importancia: dar un paso en la educación técnicoprofesional mediante la creación del curso de técnico en asistencia médica. De esa manera, sus alumnas podrán prepararse en forma profesional y asumir el rol, a lo mejor vocacional, de servir con profesionalismo y corazón a la gente en momentos complicados, cuando se quebranta su salud. Por eso, pido oficiar a la ministra de Educación y al secretario regional ministerial de Educación de la Quinta Región, a fin de que se dé la mayor rapidez a la respectiva tramitación para contar con la autorización correspondiente y, de esa forma, iniciar el proceso de matrícula. De esa manera, en 2007 el establecimiento podrá funcionar en plenitud, lo que llenará de gozo a San Antonio por tan importante logro, alcanzado en gran medida por la acción de la directora del colegio, la querida y apreciada madre Nieves, para quien pido se haga llegar copia de mi intervención. He dicho. El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.48 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.