REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 354ª Sesión 57ª, en jueves 3 de agosto de 2006 (Ordinaria, de 10.41 a 13.59 horas) Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriagada, don José. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.FÁCIL DESPACHO VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Incorporación en la Cuenta del proyecto que concede un bono extraordinario a exonerados por motivos políticos9 Remisión de proyecto a Comisión Especial de zonas Extremas9 Integración de Comisión Mixta10 Archivo de proyectos10 Autorización a Comisión Especial de Deportes para sesionar simultáneamente con la Sala11 Integración de Comisión Especial Investigadora por avisaje del Estado11 V.Fácil despacho. Fundamentación por escrito de negativa a otorgamiento de crédito o prestación de servicios. Primer trámite constitucional11 VI.Orden del Día. Informe de la Comisión de Familia sobre la situación de crisis de los tribunales de familia14 VII.Proyectos de acuerdo. Apoyo al alto al fuego anunciado por la Eta34 Pago a profesores de “deuda histórica”35 Venta directa de combustibles a pequeñas y medianas empresas distribuidoras37 VIII.Incidentes. Sesión especial de análisis de gastos en defensa nacional. Oficio39 Programa de riego para agricultores de Pehuenco Norte, comuna de Lonquimay. Oficio41 Electrificación rural en localidad de Troyo, comuna de Lonquimay. Oficios41 Asfaltado del camino público que une Lautaro con Vilcún. Oficio42 Solución habitacional para campamentos de comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba. Oficio42 Campaña de apoyo a bomberos de Renca43 Política habitacional con énfasis en la calidad de las viviendas y en la formación e idoneidad de los profesionales de la construcción. Oficios44 Reforzamiento de la capitanía de puerto de Constitución. Oficio45 Pág. Información sobre término de construcción del paso internacional Pehuenche. Oficio46 Información sobre quiebra de agroindustrial Vallenar S.A. Oficios47 Antecedentes sobre paralización de programas de construcción de viviendas sociales en Vallenar. Oficio47 Diferencias en condiciones de reclusión en centro penitenciario Cordillera. Oficios48 Robo de cables telefónicos en Reñaca Alto. Oficios49 Construcción de vía alternativa en acceso norte a Chillán. Oficio50 Vigencia de legislación sobre cobro en cruce ferroviario. Oficios51 Protección de la industria láctea del sur. Oficios52 Solución a deficiencias habitacionales y de seguridad en Villa Francia, comuna de Collipulli. Oficios52 Asesoría técnica en mantención de canal Santa Elena, comuna de Angol. Oficios53 Información sobre calidad de agua potable de la comuna de Lumaco. Oficios54 IX.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S.E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica. (boletín N° 439505)56 2.Oficio del H. Senado por el cual solicita el acuerdo de la Cámara de Diputados para proceder al archivo de los proyectos que a continuación se indican: a)Modifica los cuerpos legales que indica, con el objeto de eliminar el trámite de la insinuación para las donaciones entre vivos. (boletín N° 173907). b)Modifica el Código de Procedimiento Penal, en materia de libertad provisional, concediendo facultades especiales a los jueces del crimen, al momento de otorgar este beneficio, para su cumplimiento. (boletín N° 308007). c)Restablece la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en los procesos por pedofilia. (boletín N° 327118). d)Modifica el artículo 60 de la ley N° 18.045 y el Título V del Código Penal. (boletín N° 329207)60 3.Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha designado a los H. Senadores Ricardo Núñez y Baldo Prokurica como integrantes de la Comisión Especial que se creó en la ley N° 20.081, que autorizó erigir un monumento en la ciudad de Copiapó, en memoria de Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Obispo Emérito de Copiapó61 4.Moción de los diputados señores Leal, Encina y Saffirio, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, elevando el monto de las multas. (boletín N° 439115)61 Pág. 5.Moción de los diputados Rossi, Alinco, Lorenzini, Paredes, y de la Diputada señora Goic, doña Carolina, que exime a vehículos internados al país bajo el régimen de zona franca de extensión del cumplimiento de normas de emisión dictadas con posterioridad a su fecha de fabricación. (boletín N° 439203)63 6.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Forni, Martínez y Verdugo, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de establecer la prohibición de otorgamiento de licencia de conducir a quienes hubieren sido condenados por manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, con anterioridad a la solicitud de dicho documento. (boletín N° 439315)65 7.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, ÁlvarezSalamanca, Bauer, Estay, Forni, Girardi, Meza, Palma y Venegas, don Mario, que modifica los artículos 12 y 18 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del medio Ambiente, con el objeto de exigir la intervención de un ingeniero ambiental en los estudios de impacto ambiental y declaraciones de impacto ambiental, que se establecen en dicho cuerpo legal. (boletín N° 439412)66 X.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión Especial de Deportes por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a constituirse y eligió como Presidente al diputado señor Ascencio. De la Comisión Especial de Deportes por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días miércoles de cada semana, de 11 a 12,30 horas. Ministerio de Defensa Nacional: Diputado Alinco, aumento de retenes para la ciudad de Puerto Aisén. Diputado Hales, aumento de retenes para la ciudad de Puerto Aisén. Ministerio Obras Públicas: Diputado Walker, información sobre tarifas de agua potable y energía eléctrica en Undécima Región. Diputado Vargas, aplicación de dictamen en contrato de “Concesión Internacional Ruta 60 CH”. Ministerio Minería: Diputado Ward, información sobre instalación de vertedero de residuos peligrosos en Sector Montecristo, comuna de Calama. Diputado GarcíaHuidobro, información sobre instalación de vertedero de residuos peligrosos en Sector Montecristo, comuna de Calama. Diputado Sule, situación de deudores de Compañía General de Electricidad S.A., Sexta Región. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Diputado Goic, investigación sobre derrame de petróleo en Isla Magdalena. Diputado Von Mühlenbrock, información respecto del proyecto “Vertedero Privado de Lodos Orgánicos”. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (110) NOMBRE --Accorsi Opazo, Enrique --Aedo Ormeño, René --Aguiló Melo, Sergio --Alinco Bustos, René --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Arenas Hödar, Gonzalo --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Bobadilla Muñoz, Sergio --Burgos Varela, Jorge --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Chahuán Chahuán, Francisco --De Urresti Longton, Alfonso --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Díaz, Marcelo --Dittborn Cordua, Julio --Duarte Leiva, Gonzalo --Egaña Respaldiza, Andrés --Eluchans Urenda, Edmundo --Encina Moriamez, Francisco --Enríquez-Ominami Gumucio, Marco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escobar Rufatt, Álvaro --Espinosa Monardes, Marcos --Espinoza Sandoval, Fidel --Estay Peñaloza, Enrique --Farías Ponce, Ramón --Fuentealba Vildósola, Renán --Galilea Carrillo, Pablo --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Briere, Guido --Godoy Ibáñez, Joaquín --Goic Boroevic, Carolina --González Torres, Rodrigo --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge --Isasi Barbieri, Marta --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jiménez Fuentes, Tucapel --Kast Rist, José Antonio --Latorre Carmona, Juan Carlos --Leal Labrín, Antonio --Lobos Krause, Juan --Lorenzini Basso, Pablo --Martínez Labbé, Rosauro --Melero Abaroa, Patricio --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Bruner, Cristián --Monckeberg Díaz, Nicolás --Monsalve Benavides, Manuel --Montes Cisternas, Carlos --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz D'Albora, Adriana --Nogueira Fernández, Claudia --Norambuena Farías, Iván --Núñez Lozano, Marco Antonio --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Pacheco Rivas, Clemira --Palma Flores, Osvaldo --Pascal Allende, Denise --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Robles Pantoja, Alberto --Rossi Ciocca, Fulvio --Rubilar Barahona, Karla --Saa Díaz, María Antonieta --Sabag Villalobos, Jorge --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Sepúlveda Hermosilla, Roberto --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Silber Romo, Gabriel --Soto González, Laura --Sule Fernando, Alejandro --Súnico Galdames, Raúl --Tarud Daccarett, Jorge --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Turres Figueroa, Marisol --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valcarce Becerra, Ximena --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vallespín López, Patricio --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Cárdenas, Mario --Venegas Rubio, Samuel --Verdugo Soto, Germán --Vidal Lázaro, Ximena --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio --Ward Edwards, Felipe Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Juan Bustos. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.41 horas. El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 52ª se declara aprobada. El acta de la sesión 53ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. INCORPORACIÓN EN LA CUENTA DEL PROYECTO QUE CONCEDE UN BONO EXTRAORDINARIO A EXONERADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, en este momento, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo el proyecto que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica. La iniciativa da forma al acuerdo adoptado para recalcular las pensiones que se otorgaron en escudos. Pido a la Sala que se autorice su incorporación a la Cuenta de hoy, a fin de enviarlo a la Comisión de Hacienda de inmediato. ¿Habría acuerdo? Acordado. REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS. El señor LEAL (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en el punto N° 4 de la Cuenta figura el proyecto iniciado en moción de los diputados señores Rossi, Alinco y Paredes, de la diputada señora Goic, doña Carolina, y del diputado que habla, que exime a vehículos internados al país bajo el régimen de zona franca de extensión, del cumplimiento de normas de emisión dictadas con posterioridad a su fecha de fabricación. Dicha iniciativa requiere calificación de urgencia, dado que el plazo para su despacho vence el 31 de agosto. No obstante que la Comisión de Zonas Extremas es especial y, por lo tanto, transitoria, pido que el proyecto sea remitido a dicha instancia y no a la de Economía se encuentra presente el presidente de la Comisión de Economía, diputado señor Ortiz, para dar celeridad al despacho de una iniciativa que cuenta con el respaldo de todas las bancadas. El señor LEAL (Presidente).- Como se trata de una Comisión Especial y dado que el proyecto goza de amplio consenso, además su tramitación está muy avanzada, lo solicitado por el diputado Lorenzini sería posible en la medida en que hubiera unanimidad. Si le parece a la Sala, se trasladará el proyecto a la Comisión Especial de Zonas Extremas y posteriormente se informará a la Sala. ¿Habría acuerdo en tal sentido? Acordado. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA. El señor LEAL (Presidente).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica el numeral 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece la obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición de la educación parvularia, con los siguientes señores diputados: Felipe Ward, Guillermo Ceroni, Cristián Monckeberg, Pedro Araya y Juan Bustos. ¿Habría acuerdo? Acordado. ARCHIVO DE PROYECTOS. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, el honorable Senado ha pedido archivar de los siguientes proyectos, debido a que han perdido su oportunidad: a)El que modifica los cuerpos legales que indica, con el objeto de eliminar el trámite de insinuación para las donaciones entre vivos. Boletín Nº 173907; b)El que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional, concediendo facultades especiales a los jueces del crimen, al momento de otorgar este beneficio, para su cumplimiento. Boletín Nº 308007; c)El que restablece la facultad del Servicio Nacional de Menores para hacerse parte en los procesos por pedofilia. Boletín Nº 327118, y d)El que modifica el artículo 60 de la ley Nº 18.045 y el Título V del Código Penal. Boletín Nº 329207 (26.661). Por otro lado, desde el 15 de junio se encuentra pendiente la resolución sobre el archivo de diez mociones, planteada por la Comisión de Salud, cuyo detalle es el siguiente: 1.Moción que establece normas sobre bioética (Boletín Nº 201011); 2.Moción que autoriza a médicos extranjeros el ejercicio de la medicina en Chile (Boletín Nº 201711); 3.Moción que obliga a establecimientos habilitados para atender partos habituales a otorgar certificado de parto en 72 horas (Boletín Nº 238211); 4.Moción que regula la publicidad en la venta de medicamentos y establece la obligación de incluir la denominación genérica en la prescripción de los mismos (Boletín Nº 239911); 5.Moción que establece y regula la declaración de salud como elemento constitutivo del contrato de salud previsional, contemplado en la ley Nº 18.933 (Boletín Nº 301611); 6.Moción que modifica la ley Nº 18.455, sobre alcoholes, en lo relativo al etiquetado de bebidas alcohólicas (Boletín Nº 308111); 7.Moción que modifica la ley Nº 19.925, que crea nueva categoría de patente de alcoholes y flexibiliza las limitaciones a la instalación y funcionamiento de los expendios que indica (Boletín Nº 355311); 8.Moción que precisa la manera en que se hará la consulta a la junta de vecinos respectiva, tratándose del otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes de alcoholes (Boletín Nº 357611); 9.Moción que prohíbe el uso de hilo curado y regula el volantinismo (Boletín Nº 364011), y 10. Moción que modifica el artículo 127 del Código Sanitario, que exige que las recetas médicas san expedidas con letra imprenta clara y legible (Boletín Nº 394211). ¿Habría acuerdo para acceder a las dos peticiones de archivo? Acordado. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud formulada por la Comisión Especial de Deportes para sesionar simultáneamente con la Sala, los miércoles de cada semana, de 11.00 a 12.30 horas. ¿Habría acuerdo? Acordado. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA POR AVISAJE DEL ESTADO. El señor LEAL (Presidente).- Señores diputados, propongo integrar la Comisión Especial Investigadora por avisaje del Estado con los siguientes diputados y diputadas: Alberto Cardemil, María Angélica Cristi, Marcelo Díaz, Julio Dittborn, Andrés Egaña, Marco EnríquezOminami, Marcelo Forni, Tucapel Jiménez, Juan Carlos Latorre, Nicolás Monckeberg, Marco Antonio Núñez, Gabriel Silber y Alejandro Sule. ¿Habría acuerdo para aceptar la propuesta? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO FUNDAMENTACIÓN POR ESCRITO DE NEGATIVA A OTORGAMIENTO DE CRÉDITO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Primer trámite constitucional. El señor LEAL (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley Nº 19.496 y el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de establecer la obligación para bancos e instituciones financieras de fundar por escrito la negativa a una solicitud de crédito. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Marcelo Díaz. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Economía, boletín Nº 381403, sesión 53ª, en 1 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta N° 8. El señor LEAL (Presidente).- Recuerdo a los señores diputados que ha sido incluido en Tabla de Fácil Despacho porque ya aprobamos un proyecto bastante parecido a éste y, por lo tanto, no será necesario repetir la discusión, sino que sólo se dispondrá de treinta minutos para intervenir. Tiene la palabra el diputado informante. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.496 y el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de establecer la obligación para bancos e instituciones financieras de fundar por escrito la negativa a una solicitud de crédito. Al respecto, corresponde señalar que se modificaron los siguientes artículos: El artículo 1º, que agrega un inciso segundo en el artículo 13 de la ley, obligando a que la negativa de venta o prestación de servicios conste por escrito, expresándose las razones de ello, fue objeto de una indicación que, además de introducir una modificación de tipo formal, considera una sanción de multa en caso de que se transgreda la norma. El artículo 2º, que señala que en caso de negación de un crédito debe informarse al solicitante los motivos de tal resolución, fue objeto de una indicación complementaria, con el objeto de precisar que las condiciones generales de contratación y los requisitos para el otorgamiento del servicio, tratándose de entidades crediticias, debían establecerse de manera que fuera accesible al conocimiento público, contemplando, asimismo, la sanción respectiva. No se incorporaron artículos nuevos al proyecto de ley en el presente trámite, ni hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. En suma, se modifica el artículo 13 de la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, y se agrega un artículo 85 bis al decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos. La Comisión, en consecuencia, recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley: “Artículo 1°. Introdúcese en la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la siguiente modificación: Agréganse en su artículo 13 los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos: “Para el cumplimiento de lo anterior, la negativa a la venta o a la prestación de servicios deberá constar por escrito, expresándose clara y circunstanciadamente las razones de ella. Las infracciones a esta norma serán sancionadas con multa de 1 a 100 unidades tributarias.” Artículo 2°. Introdúcese en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, ley General de Bancos, la siguiente modificación: Agrégase un nuevo artículo 85 Bis. “Artículo 85 bis.- En caso de negación de un crédito, deberá informarse al solicitante, circunstanciadamente por escrito el o los motivos de dicha negación. Para lo anterior los bancos, financieras y otras entidades crediticias deberán establecer, en forma accesible al conocimiento público, las condiciones generales de la contratación y los requisitos para el otorgamiento del servicio determinados por cada institución. Las infracciones a esta norma serán sancionadas con multa de 1 a 100 unidades tributarias.” Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, sólo quiero hacer presente que en el último inciso del artículo 85 bis, nuevo, que se propone hay un error de hecho, puesto que dice: “Las infracciones a esta norma serán sancionadas con multa de 1 a 100 unidades tributarias”, sin especificar si se trata de unidades tributarias mensuales o anuales. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, a través de la secretaría veremos si es un problema de transcripción o de la formulación del proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar el proyecto, originado en moción, que modifica la ley N° 19.496 y el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, de Hacienda, con el fin de establecer la obligación para bancos e instituciones financieras, de fundar por escrito la negativa a una solicitud de crédito. Respecto de la consulta hecha por el diputado Dittborn, quiero aclarar que se trató sólo de un problema de transcripción. La cita se refiere a unidades tributarias mensuales. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Eluchans Urenda Edmundo; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Se abstuvo el diputado señor Egaña Respaldiza Andrés. El señor LEAL (Presidente).- Despachado el proyecto. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, la bancada del partido Socialista quiere saludar y hacer entrega de un presente a nuestra compañera Claudia Nogueira que el lunes comienza su permiso prenatal. Queremos desearle que el nacimiento de su hija Elisa le produzca una enorme felicidad. El señor LEAL (Presidente).- La Mesa se asocia a este saludo. La señora Pascal, doña Denise, hace entrega de un ramo de flores a la diputada Claudia Nogueira. El señor LEAL (Presidente).- Se reanuda la sesión. VI. ORDEN DEL DÍA INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA SOBRE LA SITUACIÓN DE CRISIS DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. El señor LEAL (Presidente).- En el Orden del día, corresponde conocer el informe de la Comisión de Familia recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo Nº 715, de fecha 24 de enero de 2006, referido a la situación de crisis de los tribunales de familia. Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora Adriana Muñoz. Antecedentes: Informe de la Comisión de Familia, sesión 49ª, en 18 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, el 24 de enero de este año, con la aprobación del proyecto de acuerdo Nº 715, la Sala encomendó a la Comisión de Familia la tarea de evacuar un informe referido a la crisis de los tribunales de familia, fundamentalmente sobre el retraso en la tramitación de causas. La Comisión analizó una cantidad considerable de cuadros estadísticos referidos al ingreso de causas por juez, por región y en relación a la celeridad con que se tramitan los procesos bajo el imperio de la nueva estructura de la justicia de familia, implementada en septiembre del año pasado. Es muy importante considerar que existen dos derechos fundamentales objeto de reparos. Ellos son la igualdad de protección de los derechos ante la ley y el acceso a la justicia, tema sensible en la opinión pública y, de alguna manera, muy poco tratado. El informe que rindo ante esta Sala es una forma de abordar la problemática del funcionamiento de los tribunales de familia y destaca cuatro aspectos deficitarios: deficiencias en el diseño; problemas en la implementación y puesta en marcha; gestión, y funcionamiento. Dentro del primer punto, el informe destaca la ausencia de una defensoría de la familia en aspectos orgánicos. En materia funcional, una amplitud en la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores. La comparecencia personal como una solución, lejos de serlo, ha derivado en un inconveniente para los propios usuarios, quienes desconocen las normas de procedimiento y, en consecuencia, no saben cómo ejercer sus derechos. Además, muchos tribunales, frente a partes en las que una comparece patrocinada por abogados y la otra no, optan por suspender las audiencias y derivan a las personas a las corporaciones de asistencia judicial para ser patrocinadas por abogados que no dan abasto, porque a esas audiencias no pueden comparecer estudiantes en prácticas. Finalmente, dentro de las deficiencias del diseño está la mediación, institución extraña a nuestra idiosincrasia, que sólo ha pretendido incorporarse a la justicia con miras a hacer de ella, al parecer, un negocio más. Nuestra sociedad judicializa con facilidad sus conflictos y pretender, vías de solución alternativas a esto para una sociedad que demanda justicia, quizás, significa vender gatos a quien demanda carne de conejo. En cuanto a los problemas de implementación y puesta en marcha, luego de analizar la manera en que el sistema comenzó a operar, queda claro que, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma procesal penal, los recursos que se asignaron a la reforma que crea los tribunales de familia han sido del todo insuficientes, lo que importó que el sistema comenzara a funcionar con retrasos y responsabilidades acarreadas del sistema antiguo, lo que ha ayudado a su colapso. En ese sentido, en la Comisión hemos consignado que la creación de los tribunales de familia, en el marco de la reforma a la justicia de familia, es la hermanita pobre de la gran reforma al sistema judicial del país. En cuanto a gestión, el informe señala en sus conclusiones que es débil, ya que el administrador no tiene el control de la agenda de funcionamiento del tribunal, y los jueces, en general, no han asumido el cambio de lógica que requiere el nuevo sistema de gestión. Los jueces, antes, manejaban con cierta independencia, junto a los secretarios, sus respectivos tribunales. Hoy existe un sistema de gestión que los libera de esas obligaciones y se las entrega a un administrador, de modo que los jueces y secretarios debe estar abocados ciento por ciento a su labor de administrar justicia. En cuanto a funcionamiento, no obstante haberse anunciado su tratamiento en el informe, en éste se omite la referencia circunstanciada y, al parecer, es tratado en forma conjunta con los problemas de gestión. Finalmente, en el informe se plantea una serie de recomendaciones y se formulan proposiciones de modificación legal. Con el fin de no alargar mi intervención, sólo consideraré estas últimas. 1.Establecer directrices claras que permitan distinguir las acciones administrativas de las netamente jurisdiccionales en las áreas en que se puede vulnerar o amenazar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, la clave para distinguir la judicialización de una materia, dirá relación con el sujeto de quien se debe hacer exigible el cumplimiento del derecho; 2.Consecuente con lo anterior, se deben fortalecer y aumentar las redes de apoyo que existen en materia de protección, terapia familiar, servicios de salud psiquiátricos, establecimientos para tratamientos contra dependencias de drogas y alcohol, entre otras; 3.Debe implementarse una institución que sea capaz de efectuar las derivaciones hacia el organismo pertinente del sistema público, que puede ser, como existe en el derecho comparado, una policía judicial con competencias para distinguir a quién corresponde el conocimiento de la materia de que se trata y con facultad de remitir. Otra importante alternativa en algunas municipalidades en funcionamiento son las Oficinas de Protección de Derechos, OPD, dependientes del Sename, pero instaladas en las municipalidades con estrecha colaboración de las direcciones de desarrollo comunitario; 4.Se debe instaurar una defensoría pública de la familia, que otorgue servicios de asistencia, orientación y defensa jurídica, dada la naturaleza del conflicto familiar, sin perjuicio del trabajo que realizan las corporaciones de asistencia judicial en estas materias; 5.Incrementar la dotación y capacitación del personal de los juzgados de familia, y adecuar los recursos humanos existentes jueces y funcionarios, según el caso, de acuerdo con las cargas reales de trabajo; 6.Implementar, dentro de la actual estructura, una unidad de recepción con un juez que se pronuncie sobre la admisibilidad de las causas y cuya resolución de inadmisibilidad sea impugnable por la vía jurisdiccional, dotado, además, de competencia para adoptar las medidas cautelares que correspondan, en especial en materia de violencia intrafamiliar; 7.Instituir, en la propia organización, una unidad de cumplimiento de sentencias judiciales que se ocupe del oportuno e íntegro cumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, así como de las resoluciones adoptadas por el tribunal. La mencionada unidad podría aprovechar la capacidad instalada de los antiguos juzgados de menores, cuya supresión, por mandato de la ley, ocurrirá el 1 de octubre de 2007, los cuales existen en todo el país en establecimientos plenamente funcionales, asociados a un número importante de jueces y funcionarios; 8.Creación de centrales de notificaciones en lugares de asientos de cortes de apelaciones; La adopción de centrales de notificación transversales a los juzgados de diversa competencia, dependientes de una misma corte de apelaciones, permite disfrutar de las ventajas de las economías a escala, hecho que ha quedado evidenciado con el funcionamiento del Centro de Notificación del Centro de Justicia de Santiago. No obstante, el funcionamiento de un mecanismo similar en otras jurisdicciones supone la sumatoria de tribunales de diversa competencia, como los de la reforma procesal penal, de cobranza laboral y de familia. Se trata de modernizar el sistema de notificaciones judiciales, introduciendo informática en la gestión de las centrales, de manera de flexibilizar su funcionamiento para que responda a las variaciones de requerimientos. Además, como su cometido es de connotación administrativa y no propiamente jurisdiccional, dependerán directamente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; 9.Introducir modificaciones en la mediación, institución que debería constituir el primer y gran filtro de las causas que ingresan a los tribunales de familia. Para que este mecanismo funcione, las partes deben someterse necesaria y obligatoriamente a él, y en forma previa al menos para admitir las demandas respecto de alimentos, cuidado personal y régimen comunicacional. Además, en su caso, debe ser gratuita, y siempre fuera del ámbito judicial, y 10. Incrementar la campaña de difusión de la mediación en cuanto a su particular característica de resolución de conflictos de naturaleza familiar, disponiendo, para estos efectos, de parte de los recursos no utilizados por la comunidad. Como dije, la Comisión preparó un proyecto de ley que recoge la visión de la mayoría también hay observaciones a algunas de sus disposiciones, cuyo texto será entregado hoy a la oficina de partes para su posterior tramitación. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente, con motivo del mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 715, la Comisión de Familia se abocó al estudio de la situación creada en los tribunales de familia Como bien informó la diputada Muñoz, dentro de las próximas horas vamos a presentar, como Comisión, un proyecto de ley a través del cual pretendemos modificar numerosos aspectos del funcionamiento de los tribunales de familia. Se nos pidió hacer un análisis sobre el funcionamiento de dichos tribunales como consecuencia de la alarma pública o inquietud de la gente por las demoras excesivas y los atochamientos de causas que se han producido con su implementación. Recordemos que la ley entró en vigencia el 1 de octubre de 2005 y considera la creación de sesenta juzgados de familia con una dotación de doscientos cincuenta y ocho jueces, la cual es cinco veces más que la existente antes de la reforma. A ello se agregan setenta y siete juzgados de letras con competencia en materias de familia. Los problemas detectados, como las deficiencias en el diseño, implementación, gestión y funcionamiento, obviamente, son temas relevantes. La ley fue elaborada sobre la base del Código Procesal Penal y los tribunales orales, por lo cual el sistema es muy semejante. Sin embargo, su similitud se llevó a extremos y se olvidó que en materia de familia no existe la institución del fiscal ni la de defensoría, en las cuales descansa gran parte de la reforma procesal penal. Además, se crea un juez unipersonal que conoce en primera instancia. En cambio, en materia procesal penal, existe un juez de garantía y un tribunal oral colegiado y de única instancia. Además, no hay segunda instancia especializada y con dedicación exclusiva. La modificación del diseño original, respecto de la puesta en marcha gradual en un plazo de seis años, para implementarlo simultáneamente en el plazo de un año y un mes, con un sistema gradual de aumento de dotaciones, impidió, entre otros aspectos, corregir errores, como se hizo con la reforma procesal penal. Relacionado también con lo anterior, se produjeron problemas de cálculo y de previsión debido al escaso tiempo que se dispuso y a la rigidez en los ítem presupuestarios para el empleo de los recursos económicos. Como Comisión visitamos algunos juzgados de familia en Santiago y vimos cómo se arrendaron locales inadecuados a raíz de la premura y, de alguna manera, de la improvisación. Por lo tanto, la adaptación para el funcionamiento de ellos no fue la adecuada. Queda la sensación de que éste es “el hermano pobre” del sistema de justicia, no obstante que en la Constitución Política, la familia está consagrada como el núcleo fundamental de la sociedad. La estimación original de ingreso de causas fue de 185 mil para el primer año. Sin embargo, a menos de tres meses ya habían ingresado sobre 80 mil causas y, al quinto mes, sobre 187 mil causas. Vale decir, en cinco meses ya se habían cumplido las estimaciones de ingreso de causas para todo el año. Asimismo, las dificultades en la aplicación práctica de los principios procesales son parte importante de lo que se está viviendo en los juzgados respecto de la oralidad. Algunos funcionarios y jueces tienen dificultades para adecuarse a la justicia oral. Hay jueces que solicitan la transcripción de las audiencias y, por consiguiente, recargan enormemente el trabajo de los funcionarios y, en general, los funcionarios no son capaces de hacer extractos o actas resumidas de las audiencias y tienen dificultades con el sistema informático. En el caso de la formalización, el principal problema se presenta al permitir la comparecencia sin el patrocinio de abogado. Las personas presentan demandas confusas y los funcionarios pierden mucho tiempo en ingresar las causas. Hay demora también en los tiempos de audiencia por ignorancia de los usuarios y dificultad para mantener la imparcialidad por parte de los jueces. En el caso de la concentración, hay interpretaciones que impiden a los jueces suspender audiencias antes de que se realicen, cuando saben que faltará una prueba esencial, por ejemplo, para manejar mejor la agenda en los juzgados. También hay imposibilidad de las partes para suspender más veces las audiencias. En la inmediación, ¿debe ser el mismo juez el de la audiencia preparatoria y el de la audiencia del juicio? En relación con la actuación de oficio, hay dificultades respecto de los organismos que deben aportar pruebas el Sename, el Servicio Médico Legal, etcétera, por falta de recursos. Además, existe la imposibilidad de contar con el recurso del consejo técnico para generar pruebas. En cuanto a la publicidad: Aplicación casi nula del principio de publicidad; distorsión del principio de protección de la intimidad y reserva; salas sin las condiciones físicas para recibir público; escaso control ciudadano. Al respecto, por ejemplo, en los juzgados de familia no hay personal de gendarmería, lo cual también implica un alto riesgo para los jueces. Esta inquietud la hicieron notar ellos mismos en nuestra visita a los distintos tribunales. Por otro lado, los usuarios y los actores no se han adecuado al cambio que se requiere y, al respecto, es fundamental la difusión. A través de este proyecto se pretende provocar un cambio cultural tremendo de las costumbres de antaño. Por ejemplo, limitación a la gestión del administrador por costumbre operativa independiente de los jueces; formación de consejeros técnicos. La competencia abarca numerosas materias que irán en aumento como consecuencia de las que provengan de otras leyes generales y especiales. El diseño original contemplaba mediación antes de la demanda y derivación obligatoria en materia de alimentación, tuición y visitas. Durante el trámite legislativo, el Senado dispuso que la mediación fuera voluntaria. Nosotros somos partidarios de la mediación obligatoria, puesto que, de ser así, obviamente, todos los casos llegan a los juzgados y por eso hay atochamientos y un colapso total. Por lo tanto, en el proyecto planteamos el establecimiento de la mediación obligatoria. La oficina de atención al público está desbordada por la gran demanda. El público requiere previamente asesoría por desconocimiento legal. Hay falta de información para el público acerca de la agenda de audiencias; imposibilidad de notificar demandas por desconocimiento del domicilio del demandado y falta de aplicación de las facultades del juez para investigarlo. Asimismo, hay demora de los servicios en contestar oficios; falta de personal, situación que aún subsiste. Desde un comienzo no se contó con la dotación originalmente establecida. Inexperiencia de los funcionarios que fueron traspasados desde el antiguo sistema y que han requerido de un gran trabajo de adaptación. Incluso, hay quienes piensan que nunca estarán preparados adecuadamente, debido a su formación anterior. Funcionarios destinados a notificar, pero que también deben cumplir labores administrativas del tribunal, por lo que no cuentan con el tiempo suficiente para realizar su trabajo ni tienen criterios claros de priorización. Dificultad para hacerse cargo en forma oportuna del flujo de casos recepcionados y demora de las autoridades para encarar el problema de la mayor carga de trabajo. Falta de programación de las audiencias en tiempo razonable. Incumplimiento de los plazos para resolver los casos por duración excesiva de los procedimientos. En síntesis, se registra falta de rigor, planificación y profesionalismo en el proceso de reforma de la justicia. El proceso de implementación ha sido distinto al de la Reforma Procesal Penal que sirvió de modelo. Queda la sensación de que estos tribunales son el hijo pobre de la Justicia. El sistema está colapsado por una carga de trabajo inmanejable y es débil en su gestión, pues reproduce el sistema anterior ya que depende de la voluntad de cada uno de los jueces. En general, los jueces y funcionarios no han asumido el cambio de lógica que requiere este nuevo sistema en materia de gestión y administración de tribunales. Prácticas amplísimas de secreto impiden la publicidad del procedimiento. Las posibles soluciones están planteadas en el proyecto que presentó la Comisión de Familia, entre las que se incluye la mediación obligatoria; se exigen mayores recursos tema conversado con las autoridades, y se pide aumentar la dotación de jueces de los centros de justicia que están más recargados de trabajo. Asimismo, se solicita implementar un sistema online para requerir información del Servicio de Impuestos Internos, del INP y del Registro Civil. La Comisión de Familia realizó un trabajo a conciencia y esperamos debatir los distintos proyectos que se han presentado para reformular los tribunales de familia. Esperamos poder presentar nuestro proyecto para darle prioridad en nuestra Comisión. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, la primera actividad que realice después de asumir como diputada, el 11 de marzo de este año, fue visitar los tribunales de familia de Arica, a petición de los propios jueces. La provincia de Tarapacá, en general, y la ciudad de Arica, en particular, registran la tasa más alta de violencia intrafamiliar del país. El promedio de mujeres jefas de hogar es mucho mayor que en el resto del país. Esa situación agobia a los cinco jueces de nuestros tribunales de familia. Por eso, me alegro de que estemos discutiendo este tema, porque, en mi distrito, los problemas de violencia intrafamiliar son enormes. Comparto las palabras del diputado Barros, cuando señaló que los tribunales de familia son el hermano pobre de la Reforma Procesal Penal. En Arica, la demora en la celebración de audiencia es de seis meses. Quizás no es la peor de las demoras, pero el tiempo es fundamental para una población que registra un promedio de cesantía de 12 por ciento. En Arica, muchas mujeres son jefas de hogar; otras están solas porque sus parejas han emigrado a otras ciudades en busca de trabajo. Lamentablemente, sólo les envían dinero durante un par de meses, pero después se olvidan de ellas y de sus hijos; incluso, algunas se han encontrado con que les vendieron la casa. Reformar los tribunales de familia es necesario. Es importante llevar a cabo la conciliación, porque estamos hablando de mujeres y niños que están sufriendo; estamos hablando de violencia intrafamiliar, un flagelo que afecta a miles de mujeres, que requieren que sus problemas sean resueltos con celeridad. Debemos avanzar más de lo que lo hemos hecho para superar los problemas culturales que inhiben a muchas mujeres de recurrir a la protección de la justicia. Es necesario que las 6.022 causas que han ingresado a los tribunales de familia, desde octubre a la fecha, se resuelvan lo antes posible, porque la situación es demasiado delicada. Lamentablemente, el desarrollo de los procesos es muy lento. En Arica, por ejemplo, los padres o esposos demandados no pueden ser notificados, porque la mayoría de han emigrado de la ciudad y no hay cómo hacerlos comparecer para buscar una solución adecuada a los problemas que originan la controversia. También es importante que se otorgue defensa jurídica a ambas partes. Como sabemos, la Corporación de Asistencia Judicial sólo presta asesoría sólo a una , y es usual que la otra quede en la indefensión y se sienta menoscabada. Espero que los proyectos que surjan a partir del informe elaborado por la Comisión de Familia se discutan lo antes posible y en profundidad, para que los graves problemas que se han planteado, como los que afectan a las familias de Arica y Parinacota, se resuelvan pronto. He dicho. El señor LEAL.- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, felicito a la Comisión de Familia por el informe que nos ha presentado esta mañana acerca de la crisis que afecta a los tribunales de familia. Estoy segura de que, diputadas y diputados, como representantes de la ciudadanía, hemos recogido en nuestros distritos las denuncias de quienes se han visto en la necesidad de recurrir a los tribunales de familia para resolver sus conflictos familiares. Por lo que escuché, me parece que coincidimos en el diagnóstico de la crisis. Por ejemplo, coincidimos en que los tribunales de familia debieron hacerse cargo de una gran cantidad de solicitudes de divorcio que se encontraban a la espera de la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil, en noviembre de 2004, juicios que se vieron demorados porque fue necesario organizar charlas para que los funcionarios de la administración de justicia aplicaran correctamente las normas del nuevo procedimiento. La creación de los tribunales de familia responde a la necesidad, que data de muchos años, de entregar mejor administración de justicia, respuesta en la que se enmarcan, también, la reforma procesal penal y los tribunales del Trabajo. Seguramente, cuando estos últimos se instalen, se van a suscitar problemas. Con todo, estas medidas pretenden dar respuesta a esa necesidad de justicia y de solución a los conflictos, que han debido esperar mucho tiempo para ser resueltos. También coincidimos en que el permanente archivo y desarchivo del gran número de causas que se encontraban radicadas en los juzgados de menores y que le fueron traspasadas a los tribunales de familia a partir de 2005, algunas de las cuales ni siquiera habían sido notificadas durante años, es otra de las causas de la crisis. Asimismo, la comparecencia personal de las partes sin patrocinio de abogado también se ha transformado en un problema. Si bien la ley faculta a no comparecer con abogado, ello no significa que no se requiera de asesoría jurídica para una adecuada defensa. Además, cuando se comparece sin abogado tanto las partes como el tribunal pierden mucho tiempo. Otra de las dificultades constatadas en el funcionamiento de la nueva justicia de familia es la falta de claridad de los funcionarios respecto de la mediación. Parece ser que no están convencidos de sus resultados, de modo que no motivan a los usuarios para concurrir a un mediador. Lamentablemente, no se utiliza esta importante herramienta, que permitiría desjudicializar un porcentaje importante de causas y aliviaría la tremenda demanda de atención. La instancia de la mediación debieran llevarla a cabo otros órganos y sin tanto costo para las partes. Por ejemplo, se podría crear un servicio de asistencia jurídica y mediación para la familia, con jurisdicción comunal y bajo la supervisión del ministerio del ramo, lo que permitiría que las personas tuvieran más a la mano la resolución de sus conflictos. Es una, entre otras varias propuestas de la Comisión, y esperamos que el Gobierno se haga cargo de ellas para entregar una respuesta coherente a las necesidades que hemos visualizado en terreno. Un grupo de diputados presentamos un proyecto de acuerdo, que se suma a las propuestas de la comisión, para dotar de mayor aplicabilidad y eficacia al sistema de mediación familiar, establecido en los artículos 103 al 114 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de Familia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, hoy analizamos una materia de la mayor importancia para la familia chilena y para las miles de personas que ven afectadas por los dramáticos conflictos que viven al interior de sus familias. Ayer, el ministro de Justicia alababa, muy orgulloso, las reformas legales que han realizado los gobiernos de la Concertación, a propósito del proyecto sobre división y especialización de la Corte de Apelaciones de Santiago. Nos explicaba el éxito de la reforma procesal penal y nos reseñaba las reformas que vienen en camino. Sin embargo, nos encontramos ante realidades muy distintas. La primera realidad es que el ministro de Justicia no está presente en esta sesión. En la Comisión asumió el compromiso de presentar, en el plazo de 60 días, un proyecto de ley para resolver los problemas de los tribunales de familia; sin embargo, no está presente en la Sala y tampoco lo están personeros de su Cartera. Esta es la más clara demostración de que al Gobierno no le interesan los tribunales de familia, porque, al parecer, no le interesa la familia. Se han venido repitiendo una serie de situaciones que demuestran que no hay tal maravilla en las reformas que han propuesto. Por ejemplo, la instalación de la reforma procesal penal se retrasó; el sistema ha sido objeto de una serie de cuestionamientos. A lo mejor, ciertos delitos se resuelven más rápido; sin embargo, hay miles de delincuentes reincidentes en las calles, hoy más que nunca, que salen en la mañana y en la tarde cometen un crimen. Vienen en camino reformas al procedimiento laboral y a la ley de menores, que han estado años dando vueltas. El proyecto de los tribunales de familia comenzó a planearse en 1998. Las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia trabajaron durante muchos meses y, a la larga, para nada, porque una indicación sustitutiva lo cambió todo. Uno de los principales problema que tienen los tribunales de familia es que están trabajando con estudios y cifras de 1998, que no se condicen con la realidad de 2006. Estamos con un retraso de seis años, de acuerdo con lo que se planeó. En consecuencia, han cambiado las cosas, la delincuencia, los conflictos e, incluso, la familia. Cuando esta reforma se puso en vigencia en octubre de 2005, se pensó que estos tribunales tendrían un ingreso de 60 mil causas al año; sin embargo, en diciembre de ese año ya estaban colapsados. A los pocos días, los medios de comunicación publicaban una cantidad enorme de reclamos: “Ya más de 3 mil causas atochan a la nueva justicia de familia”. “Afluencia masiva a los juzgados de familia”. “Colapsan los tribunales de familia, ¿dónde recurrir?” “¿Cómo superar la crisis? Contratando más gente e inyectando más recursos”. “Parlamentarios reconocen el error de cálculo”. “Abogados rechazan el sistema de turnos en los tribunales”. “Juzgados colapsados en regiones”. “Grave atochamiento”. Y así suma y sigue. Esto fue en diciembre; estamos en julio, pero no ha pasado nada. La Comisión estimó que había alrededor de 270 mil causas ingresadas a junio de este año en los tribunales de familia del país, en circunstancias de que se planeó que sólo llegarían a 60 mil. En consecuencia, se calcula que en un año se van a presentar 410 mil causas. ¿Cómo va a poder funcionar así el sistema? Reitero, lo que más apena es que en esta oportunidad no se encuentre presente ningún representante del Gobierno para tratar esta situación. También recuerdo que la ministra de Justicia dijo el año pasado que con la creación de los tribunales de familia se abre un nuevo tiempo en la historia, se van a terminar las soluciones parciales a los problemas complejos, se va a entregar una atención integral y rápida. Hoy el país quiere justicia, con mayúscula. ¿Y, dónde estamos, señor Presidente? Los chilenos son testigos de que lo que estoy diciendo no es mentira. A las miles de personas que concurren a los tribunales de familia desesperadas por pensiones de alimentos, por ejemplo, que son la mayoría de las causas, les dicen que vuelva en seis meses. ¿Cómo una familia va a dejar de comer durante seis meses? La ley establece que los alimentos provisorios deben ser entregados en 10 días, pero a las peticionarias les están diciendo que vuelvan en seis meses. Las personas que reclaman la tuición de sus hijos tienen los mismos problemas. Además, muchos de ellas tienen que hacer filas por horas y horas; pero cuando, ¡por fin!, llegan a ser atendidas por un recepcionista, éste les dice que no es un problema que deba ser resuelto por los tribunales de familia, por lo que las derivan a los tribunales de garantía o a una asistente social. La Comisión pudo detectar que existe una situación dramática al respecto, que no solamente afecta a los usuarios y a los jueces y a las juezas que deben resolver estos problemas, sino también a los mediadores. En efecto, éstos se prepararon para resolver esos problemas, pero finalmente, no fueron considerados. Incluso, muchos de ellos se instalaron con sus oficinas de acuerdo con todas las normas y requisitos que les exigimos por ley; contrataron personal, psicólogos y psiquiatras. Es decir, hicieron una linda tarea, pero no tienen clientes. Esto ocurrió porque el proyecto original establecía que el principio de la mediación debía ser obligatorio para resolver los conflictos, a fin de que no se judicializaran los problemas de familia. Sin embargo, no funcionó, porque al Senado se le ocurrió que la mediación no fuera obligatoria. Entonces, la gente desestima esta instancia, porque consideran que el juez debe resolverle el problema. ¡Error garrafal de la reforma fue no haber promovido la mediación! A lo anterior se agregan todos los problemas de infraestructura, jueces, etcétera. La mediación se debió instaurar con gran publicidad, así como lo hace el Sernam, que se dedica a un montón de cosas que no apuntan al tema de familia ni de la mujer, como andar distribuyendo proyectos concursables para la prevención de la sexualidad y otras cosas raras que inventa. Reitero, después de hacer un lindo proyecto, pudo haberse publicitado por todo Chile para darle prioridad a la mediación, que es la instancia en que las personas en conflicto se sientan ante un experto para que les ayude a resolver su problema; luego, esa resolución la presentan ante el juez, quien es el que finalmente resuelve. Así se ahorran un montón de dramas, porque los problemas familiares son siempre los peores. Nada puede afectar más a una persona que tener un problema de familia, como un divorcio, una demanda de alimentos, un reclamo por el derecho a ver a sus hijos o que el padre saque a los hijos del país sin el permiso de la madre. Estos tribunales, que supuestamente iban a resolver esos problemas, no dan ninguna respuesta, porque no existe la posibilidad de llegar a ellos. Las causas por violencia intrafamiliar, que desgraciadamente ascienden a más de la mitad del total, reciben al menos una atención más expedita, que les permite obtener algunas medidas de protección, aunque, como vemos en los medios de prensa, muchas de ellas no sirven para nada. Estimo que el mismo tratamiento debiera darse a las demandas de alimentos o a las situaciones dramáticas. Repito, el sistema de mediación era uno de los pilares para lograr que esta reforma fuera efectiva. De hecho, en un proyecto relacionado con la calidad de la vivienda y de los conflictos vecinales, se pidió a las municipalidades actuar como mediadoras para resolverlos, lo que ha resultado espectacular. Por lo tanto, hay una gran falla y falta insistir en que la mediación fuese obligatoria, pues de esa manera se habrían evitado las largas colas de demandantes ante los jueces, con las consiguientes molestias. Como el tiempo es escaso, sólo me voy a referir a algunas situaciones que pueden ayudar y que fueron diagnosticadas y expuestas en la Comisión no sólo por abogados y jueces, sino por las juezas que administran este tipo de justicia. (Admiro mucho a estas mujeres, porque la están pasando muy mal, ya que se están sobreexcedidas en sus posibilidades de atención y de tener una vida tranquila). Entre los temas urgentes que mencionaron las juezas, figura el de la protección. En caso de agresión, no tienen quién las proteja o cómo ponerse a salvo. Necesitan jueces filtro que determinen qué hacer con los casos y que los manden a los lugares correctos para que no lleguen donde no deben ir. Asimismo, necesitan más apoyo de jueces de seguimiento de los casos, ya que ellas no pueden hacer todo. También necesitan lugares donde derivar los niños con problemas de vagancia, drogadicción, alcoholismo, etcétera. En los tribunales, los miembros de la Comisión fuimos testigos de la llegada de los niños denunciados por robo, violencia, drogadicción, embarazo de adolescentes, entre otros, que vienen de la calle y las juezas no tienen dónde derivarlos. Es menester la ayuda y apoyo del Sename para contar con un lugar donde enviarlos. Por otra parte, piden más cantidad de personal y de jueces, ya que quedan muchos por nombrar. Volviendo a la mediación, se asignó alrededor de 3 mil millones de pesos para este año, que ni siquiera se han ocupado, debido a que la gente no recurre a esta instancia. Otorgar la posibilidad de declarar abandonadas las causas. Como las juezas no están autorizadas para hacerlo, deben seguir llamando una y otra vez a los demandantes. A eso apunta el proyecto de ley que presentamos los diputados de la Comisión de Familia, en uso de la única facultad que tenemos, ya que el resto es de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República. Hubo una gran discusión sobre si esta instancia procesal se aplicaría también a las causas de violencia intrafamiliar. Al final, se acordó incluirla, siempre y cuando fuese la primera denuncia. En todo caso, la situación de los tribunales de familia no es un asunto menor; pero la ausencia del ministro de Justicia o de las personas encargadas del proyecto demuestra que el Gobierno no tiene interés en esta materia. Sin embargo, espero que se cumpla la palabra empeñada, en cuanto a que en sesenta días, que ya pasaron, se enviará un nuevo proyecto, mediante el cual se recompondrá la mediación, se aumentarán los jueces y se nombrarán jueces filtro. De esa manera, se trataría de resolver este drama que no sólo afecta a las familias, sino a la judicatura completa, incluyendo a las juezas, que están en un tremendo estado de abandono, y a los mediadores, que se prepararon y no han sido llamados a cumplir para resolver esos problemas. Reitero, nada es más importante que resolver los problemas de las familias chilenas y facilitarles su vida. En eso el Gobierno tiene su responsabilidad. La Comisión espera que se cumpla con la palabra empeñada y que dentro de pocos días podamos ver ese nuevo proyecto de tribunales de familia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, mientras escuchaba los discursos de algunos diputados, recordaba una intervención que hice cuando se suspendió la aplicación de la ley sobre responsabilidad juvenil. En esa ocasión me pregunté por qué se había adoptado esa medida, y la respuesta fue que estábamos en presencia de una mala ley. Ahora, cuando escucho las intervenciones de los honorables colegas, más me convenzo de que sí estamos hablando de una mala ley. Me preguntaba también cuántas modificaciones se han hecho ya al Código Procesal Penal y cuántas más habrá que introducirle para que realmente pueda funcionar y la gente recupere la sensación de seguridad y de justicia. Quiero llamar la atención respecto de un problema mucho más profundo que se evidencia en estas situaciones. Tal vez, se producen porque no tenemos o no nos damos el tiempo suficiente para hacer debidamente el estudio, el análisis, la reflexión y la discusión de proyectos tan importantes como el que estamos tratando. Esta iniciativa generó enormes expectativas ¿Cuál fue el resultado? ¡Frustración! Frustración que trae como consecuencia desconfianza en el trabajo que realizamos los diputados, porque no siempre se entiende que nos pronunciamos sobre proyectos concebidos, estructurados y estudiados por funcionarios de los respectivos ministerios, respecto de los cuales entregamos nuestra opinión, la cual no siempre es acogida, porque hay una visión ya tomada sobre el tema. Hago un llamado para que en el estudio de los proyectos en las respectivas comisiones tengamos la independencia necesaria para plantear lo que recogemos en el contacto que tenemos con nuestros representados. Esta ley evidencia un desconocimiento profundo de la necesidad real que existía para resolver el problema. A pesar de que una universidad hizo estudios sobre la materia, nos damos cuenta de que fueron absolutamente sobrepasados desde el primer año en que se pusieron en funcionamiento los tribunales de familia. Un proyecto mal concebido, mal estudiado y mal aprobado. Ésa es la realidad de la situación que estamos analizando en este momento. Debemos plantearnos el problema en su verdadera dimensión. Sin duda, habrá que hacer las correcciones necesarias. Aquí se pide urgencia para hacerlas, pero debemos tomarnos el tiempo necesario para ello. Si no son suficientes sesenta días, que sean noventa o ciento veinte, pero que se envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que responda a las necesidades reales y que dé solución a los problemas que se pretende resolver, a fin de evitar que, como consecuencia de esa normativa, se generen nuevas dificultades. Lo anterior es prioritario y urgente, pero debe tramitarse con el tiempo necesario, a fin de recoger los problemas en su verdadera dimensión y darles una solución adecuada. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, felicito a la Comisión de Familia y a su presidenta, diputada señora Adriana Muñoz, porque el informe, originado en un proyecto de acuerdo, recoge los problemas que se suscitan a diario en los tribunales de familia y contiene cifras y antecedentes que ayudarán a efectuar las modificaciones necesarias. Quiero expresar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, con todo respeto, que la solución no consiste en tachar la reforma a la justicia en materia de tribunales de familia y que tampoco se puede decir que el proceso legislativo fue mal hecho en la Cámara de Diputados, que fue donde tuvo su génesis. Integré la Comisión de Familia durante todo el período parlamentario pasado, en la cual, al igual que los diputados de la Oposición, siempre actué constructivamente en las sesiones celebradas sobre esta materia. En ella se escuchó a diferentes actores relacionados con el tema, a fin de incorporar en la normativa todos los aspectos involucrados y dictar una ley que fuera positiva, que rescatara y plasmara las necesidades de la ciudadanía. Otra cosa es cómo la ley se lleva a la práctica. De manera que debemos revisar los procesos para mejorar el funcionamiento de los tribunales de familia. Por eso, sugiero al colega Germán Verdugo que revise las actas de las sesiones que celebró la Comisión de Familia para tratar la materia por más de tres años. Sin embargo, como lo hemos dicho en forma reiterada en esta Sala, aún hay carencias. Deberíamos estar en un proceso de puesta en marcha de esos tribunales, con el propósito de determinar sus necesidades objetivas. Sin embargo, en algún momento el diagnóstico se complicó, porque no dio cuenta de la realidad de la familia chilena. El atochamiento producido en los tribunales de familia durante los pasados seis o siete meses aparece reflejado en las cifras del informe de la Comisión, pues todos han sido afectados por esa situación. Pero eso no quiere decir que hubo dificultades por la ley, sin perjuicio de que debemos mejorarla, pues, sin duda, todas las legislaciones son perfectibles. No obstante, la solución no pasa por tachar inmediatamente un proceso legislativo. En virtud de lo que señala el informe y de las conversaciones que deberemos sostener en forma periódica con los jueces y con las familias en cada uno de nuestros distritos, habrá que efectuar las modificaciones que se requieran. Estamos en el momento indicado para plantear la urgencia de incorporar más recursos, porque se está discutiendo el presupuesto de la nación para el próximo año. Una de las medidas por tomar y que obviamente se incorpora en este informe es el aumento de los recursos para crear más tribunales de familia. Como aún hay cosas pendientes en los procesos de licitación, se debe procurar que la relacionada a la mediación sea nuevamente considerada, precisamente para una mejor justicia. Pese a que el diputado señor Araya se va a referir en forma más extensa y detallada sobre esta materia, quiero decir que los procesos administrativos de los tribunales de familia deben ser revisados, aunque debemos centrar nuestra preocupación en cómo solucionar el problema de la familia, que es el núcleo humano que queremos proteger. Aunque se observa un notorio aumento de la violencia intrafamiliar, pues existen cada vez más muertes y problemas en las familias, todavía no vemos que los tribunales de familia representen un sistema más ágil que permita enfrentar el problema y proteger a las víctimas. Después de reuniones en mi distrito con grupos de mujeres que sufren este tipo de delitos, he enviado reiteradas cartas a los tribunales de familia, pero no he recibido respuestas adecuadas. Comprendo los atochamientos, las dificultades administrativas y esta realidad tan compleja, pero como estamos hablando de la vida de personas, debemos revisar el sistema de tribunales de familia con una mirada crítica y hallar una vía rápida de solución los problemas y, sobre todo, de protección a las víctimas. En la misma forma tenemos que abordar el caso de las pensiones alimenticias. En este hemiciclo, reiteradamente, se ha hablado de la “feminización de la pobreza”. Hoy, la pobreza tiene rostro de mujer, que no está sola, porque tiene niños que alimentar. De paso cabe señalar que las mujeres perciben un salario un 30 por ciento inferior al del hombre; además, tienen menos posibilidades de trabajar, pues no pueden compatibilizar la vida laboral con la familiar. Por lo tanto, debemos encontrar una vía rápida y distinta para solucionar los problemas relativos a las pensiones alimenticias. Agradezco a los diputados que trabajaron en el proyecto sobre los tribunales de familia. Reitero que toda reforma o proyecto en esta materia es muy importante para el país. En un proceso de reflexión natural y lógico, nadie puede poner en duda de que estos tribunales son necesarios y que significan un avance muy importante para proteger a la familia. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea. El señor GALILEA.- Señor Presidente, múltiples inconvenientes han tenido los tribunales de familia a lo largo del país. También los tenemos en el distrito 59, de la región de Aisén. Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi preocupación por el funcionamiento del juzgado de letras, garantía y familia de Puerto Aisén, que cuenta sólo con un juez, el cual debe atender obligaciones en materias civiles, laborales, de la ley de Pesca, criminales y de familia. Todo ello lo ha transformado en el tribunal con más carga procesal en la región. La Corte de Apelaciones de Coihaique ha hecho reiterados requerimientos y manifestado su preocupación. Lo mismo han hecho el Ministerio Público y la Fiscalía Regional. Sin embargo, hasta ahora, esta preocupación no ha sido escuchada. Como es sabido, tanto en las causas criminales como en los asuntos de familia, el procedimiento es oral y debe ser atendido exclusivamente por el juez, lo que significa que, entre otras cosas, no se puede dar cumplimiento a la segunda fecha de audiencia preparatoria, conforme con lo establecido en la ley N° 19.968, pues físicamente es imposible cumplir con las tres funciones. Por lo mismo, así como lo hice ayer en forma personal con el ministro de Justicia, solicito que se revalúe la situación del tribunal de Puerto Aisén. Para dicho efecto, propongo tres alternativas: la creación de un juzgado de familia independiente, la creación de un segundo juzgado a cargo de un juez de garantía, o la división del actual tribunal en un juzgado de letras y de garantía y otro de familia. Esperamos que nuestra petición sea acogida, porque, como he dicho en forma reiterada, es una sentida aspiración de los diferentes actores del sector justicia de la Región de Aisén, de manera que podamos tener una pronta respuesta a una importante necesidad. Si en verdad se quiere acercar la justicia a la gente y permitir que muchas familias de Aisén encuentren solución a sus problemas, es necesario que se acceda a la solicitud que la región de Aisén está haciendo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, a mi juicio, éste es uno de los debates trascendentales que se dan en nuestra Corporación. A muy corto andar, ha sido necesario revisar una importante reforma a la justicia chilena que significó la creación de una judicatura especial para la familia. Por cierto, han existido deficiencias, de lo cual se hizo cargo a comienzos de este año la Comisión de Familia, en respuesta a una preocupación de la Cámara y a un mandato de la Sala. Debido a la recarga que enfrentan los tribunales de familia, las esperanzas de mujeres, hombres y familias de encontrar una respuesta adecuada a su conflicto familiar, se transforma en desazón y frustración. Todo lo contrario de las expectativas que la ciudadanía se había forjado. Haciéndonos cargo de esta situación, lo que nos corresponde como parlamentarios es perfeccionar la legislación y proponer políticas públicas, dirigidas a la familia. Tal es lo que hace el informe de la Comisión. Resulta difícil decir que, como legisladores, somos los responsables de esta crisis. Por cierto, tenemos responsabilidad; hay que asumirlo y hacer las correcciones necesarias. También existen responsabilidades gubernativas y de otros sectores. Este debate nos debe llamar la atención sobre la enorme y profunda crisis que viven la familia y la sociedad chilenas. Si no nos hacemos cargo de esa situación y de la responsabilidad de cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos de desarrollo y de participación política o social y en la construcción de nuestro país, el permanente intento de encontrar un culpable es una tarea ciega. Por lo general, se responsabiliza a una institución: el Gobierno, el Congreso Nacional, los tribunales de justicia, etcétera. Por cierto, reitero que existen responsabilidades compartidas, pero en forma cotidiana la familia chilena está viviendo los efectos de la sociedad perversa que estamos construyendo entre todos. Las condiciones laborales, las escasas oportunidades de desarrollo para los jóvenes y una serie de otras situaciones que tienen un origen social, como una visión muy patriarcal en las relaciones entre hombre y mujer, inciden en el problema descrito. No es por nada que hoy el femicidio aumenta en forma galopante. En las noticias de cada día de los medios de comunicación se da cuenta en forma truculenta junto a robos y asaltos a domicilios, de los asesinatos de mujeres por sus parejas. Lo que sucede con el comportamiento y la cultura de la sociedad es algo muy profundo, de lo cual también debemos hacernos cargo, ya que la ley, por sí sola, no lo va a solucionar, ni tampoco lo harán 10 mil tribunales de familia. Hay que determinar cómo nos hacemos cargo de esa complejidad y de la crisis profunda que existe en el comportamiento, en las relaciones humanas de pareja, de familia, etcétera. Para hacernos cargo de esa complejidad, lo que nos corresponde es entregar instrumentos, elementos y normativas a los tribunales. Hemos realizado una serie de propuestas las entregué cuando informé y, además, hemos presentado un proyecto de ley, puesto que es necesario incorporar cambios culturales en los tribunales y en el comportamiento de los jueces. La mediación que se incluyó en la normativa original, que es parte del funcionamiento de los tribunales de familia, no se hizo obligatoria y no se difundió su existencia. Por ejemplo, los jueces muchas de las propuestas que presentamos proceden de la cotidianeidad del trabajo de los jueces y juezas de familia nos plantearon que la mediación debería ser entendida como un filtro, como una instancia donde las personas planteen el problema y se resuelva si es necesario judicializar una determinada situación o si es posible solucionarlo, en forma voluntaria, vía conversación, terapia, tratamiento, etcétera. Con la mediación, una persona no puede obligar a otra a que se desista de hacer la denuncia e ir a juicio. Sólo es una instancia previa para descongestionar los tribunales de causas. Estamos ante un tema mucho más profundo como para transformarlo en una simple acusación al Gobierno. No lo digo por ser gobiernista ni por hacer una defensa corporativa de los parlamentarios, sino porque considero que el problema es mucho más complejo, va más allá de lo que creemos, por lo que, cuando legislemos, debemos tener presente la complejidad de la situación de la familia chilena. Debemos considerar las dimensiones de las conductas netamente culturales en los jueces y en las juezas, así como también en nosotros. Cuando aprobamos el proyecto original, no percibimos que los recursos eran los más bajos que se habían asignado para una reforma de los tribunales de justicia y de los procedimientos judiciales en el país. Es la hermanita pobre de la reforma judicial chilena, consecuencia de una connotación netamente cultural. Cuando legislamos y se definen políticas públicas en relación con la familia como centro, si bien ésta no es invisible, sí se la ha minimizado en las decisiones presupuestarias y de políticas. El proyecto presentado representa una primera propuesta, orientada a reducir el número de causas y a hacer más eficiente, más eficaz, más expedita y más transparente la judicatura de familia. También se incluyen otros temas que van aparejados con los debates relacionados con la situación de la familia en Chile, sobre todo el femicidio y la violencia intrafamiliar, que debe llamarnos la atención cuando debatamos y definamos nuestras leyes. Cedo el tiempo restante del Comité a la diputada María Antonieta Saa. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- A su Comité le quedan cuatro minutos con veintiún segundos, que la diputada María Antonieta Saa puede utilizar cuando le corresponda. Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Familia, especialmente a su Presidenta, diputada Adriana Muñoz, por su completo informe y por la radiografía que entregó sobre lo que está ocurriendo en el país con la judicatura de familia. Sin duda, son muchas las reflexiones que se podrían hacer en torno a lo que ocurre con los tribunales de familia, especialmente por el colapso que hoy viven. Sin embargo, quiero detenerme en dos aspectos. Primero, siento que el estudio que se tuvo a la vista para determinar las causas que se iban a conocer en los tribunales de familia, que realizó una prestigiosa universidad del país, no fue el más adecuado. Además, es posible afirmar que detrás de lo que hoy ocurre en los tribunales de familia está patente un conflicto que quizás muchos no alcanzamos a visualizar: la realidad que hoy viven las familias chilenas. Quienes tramitábamos en los antiguos juzgados de menores sabíamos que muchos matrimonios no podía resolver sus conflictos definitivamente, en primer lugar, porque existía un filtro natural que lo impedía: la inexistencia del divorcio, con disolución de vínculo, por lo que se recurría a pedir la nulidad del matrimonio, para lo cual siempre se requerirá el acuerdo de las partes para obtenerla. La modificación de la ley de matrimonio civil, que incorporó el divorcio, significó que muchas personas que llevaban años separados quisieran regularizar su situación. Un segundo filtro que impedía a mucha gente, sobre todo a los más modestos, solucionar sus problemas familiares, era que no tenían los recursos necesarios para contratar un abogado, ya que para la tramitación del juicio de nulidad no contaban con el patrocinio de la Corporación de Asistencia Judicial. Sin duda, es un gran avance que los tribunales de familia permitan la comparecencia personal de las partes, lo que ha significado que muchas personas quieran regularizar su situación. Si comparamos el ingreso de causas desde el inicio de funcionamiento de los tribunales de familia a lo ocurrido en los últimos meses, concluiremos que se está produciendo un estancamiento, quizá consecuencia de que ya se han sincerado un poco las realidades en esta materia. Es así porque mucha gente que por años vio postergados sus anhelos de regularizar su situación legal en materia familiar, ahora pudo hacerlo. Sin duda, éste es un tema que nos preocupa y hay otros que escapan, quizá, a lo que fue el diseño original de la reforma. Al respecto, para Antofagasta se propone la creación de dos tribunales de familia con diez jueces. Pero, ¿cómo le explicamos a sus habitantes que estando creados los diez cargos de juez, se llamó a concurso y sólo se proveyeron cinco cargos, porque no hay interesados en ser juez de familia en dicha ciudad, que es asiento de Corte? Entonces, ¿alguien puede culpar al Gobierno o a este proyecto de que no hay interesados en llenar las plazas vacantes de jueces de familia? En el colapso de los tribunales de familia, hay temas que necesariamente se cruzan. En Antofagasta, los cinco jueces se están repartiendo la carga y pese a que durante meses se ha llamado a concurso, ha sido imposible proveer las otras vacantes porque no hay interesados. Lo mismo ocurre, según informaciones que he recibido, en las regiones Primera, Undécima y Duodécima, que son las zonas extremas, y en algunas otras comunas. Es decir, otro tipo de problemas está aquejando a los tribunales de familia, que escapa a lo que podamos hacer como legisladores o lo que pueda hacer el Gobierno en su minuto. Los tribunales de familia fueron un gran avance. No podemos decir que estamos peor que antes, puesto que han permitido un acceso más directo a la justicia. Pero, hay que hacer cambios. Me parece que un tema importante es establecer un filtro respecto de las materias que llegan a conocimiento de los jueces de familia. Básicamente, eso debería darse con la mediación, porque, como ya señalé, hay gente puede concurrir a los tribunales de familia sin abogado, lo que significa, en la práctica, que llega con un conflicto que muchas veces no tiene el carácter jurisdiccional o no es de competencia de dichos tribunales, pero el juez igual debe atenderlo. El segundo tema que nos preocupa es que en los juicios de familia, a diferencia de los juicios criminales o civiles, son cíclicos, es decir, terminan después de mucho tiempo, puesto que sabemos que una familia que obtiene una pensión de alimentos, en uno o dos años, la mujer o los niños, pueden demandar su aumento. O, viceversa, el demandado, en este caso el padre, puede pedir el cese de la pensión. Es decir, una familia que entra al circuito de dichos tribunales, va a permanecer dentro de él durante mucho tiempo. Hay un tema que debe diferenciarse. El cumplimiento de una sentencia, por ejemplo, que fija una pensión de alimentos, perfectamente podría ser conocido por un juez de cumplimiento de sentencia, institución que hoy no existe en nuestro sistema jurisdiccional. El tercer tema es el siguiente. En mi opinión, se cometió un error en el diseño de esta reforma en la planta de funcionarios del escalafón de tribunales de familia, ya que no fue pensada para atender su realidad, sino en lo que era el funcionamiento de los juzgados de menores con el sistema de actuarios, pero como ahora los juicios son presenciales, demandan una mayor cantidad de funcionarios para apoyar la labor del juez. Al respecto, vuelvo a citar lo que sucede en Antofagasta, donde se da el absurdo de que hay un receptor para notificar las causas de los tribunales de familia con competencia en Baquedano y Mejillones. Si el receptor sale a notificar a la comuna de Mejillones, a 70 kilómetros de Antofagasta, el tribunal se queda sin ese ministro de fe para realizar diligencias ese día. Por lo tanto, es un tema que hay que modificar. En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hemos conversado con el ministro de Justicia y con el presidente de la Corte Suprema sobre la necesidad además de las reformas procedimentales que, por cierto, son muy importantes, y lo que ha hecho la Comisión de Familia va en la dirección correcta de establecer una nueva estructura en estos tribunales, que contemple, además del aumento de jueces en aquellos lugares donde sea necesario, una planta de funcionarios acorde con la realidad y una unidad de atención que pueda actuar como un primer filtro en el trabajo de los tribunales de familia. En esta reforma no se invirtieron los recursos que demandó la reforma procesal penal, pero sí hubo una asignación considerable de recursos, lo que significó el aumento de muchos jueces y una planta importante de personal. En Antofagasta había dos jueces de menores y ahora hay diez de familia. Es un hecho que hay que destacar. Creo que no ha sido el pariente pobre; quizás, por la gran demanda que tuvimos al comienzo pues no se contó con las cifras exactas, lo que sí ocurrió en la implementación de la reforma procesal penal, nos hemos encontrado en esta situación. El Ministerio de Justicia y el Gobierno tienen la posibilidad de corregir estos inconvenientes. Al respecto, una prevención: tener presente lo ocurrido en los tribunales de familia para cuando el próximo año comience a operar la reforma laboral, sobre todo si se considera que se ha hecho un estudio en base a una proyección de ingreso de causas, volumen de ingreso y el trabajo de los jueces. Podrían existir fundados temores de que lo que hoy sucede en los tribunales de familia, también puede acontecer en los primeros tres o cuatro meses de funcionamiento de los tribunales del trabajo. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En el tiempo que resta del partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en la intervención anterior quise hacer referencia a una situación que también afecta a los procedimientos de los tribunales de familia, especialmente en lo que tiene que ver con la no existencia de un fiscal ni de un defensor, instituciones en las que descansa la reforma procesal penal. En los tribunales de familia el tema es muy distinto. Comparecer sin patrocinio de abogados deriva en demandas confusas y en la pérdida de tiempo de los funcionarios en ingresarlas. Por lo tanto, es muy importante que en la nueva legislación que va a solucionar los problemas pendientes, exista la posibilidad de una defensoría de la familia, como en la reforma procesal penal. Por último, no es que los parlamentarios hayamos descuidado la normativa correspondiente. Creo que es una de las leyes que más se trabajó en las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia. Simplemente, se calculó mal. Si se estimaron sesenta mil causas al año, pero ingresaron cuatrocientas mil, es imposible que los tribunales de familia puedan funcionar con la implementación que se dio. Por otra parte, insisto en que si el ministro de Justicia no se hizo presente esta mañana, significa que el gobierno no tiene interés en los tribunales de familia. El Gobierno ha sido ineficiente todo lo contrario a lo que dijo una diputada en la implementación de las reformas en materia judicial, lo que da como resultado los problemas que tenemos relacionados con la delincuencia, las inseguridades ciudadanas y los índices de victimización que hoy conocemos. No se le puede echar la culpa a los diputados. Aquí, hay una responsabilidad absoluta del Gobierno, especialmente del anterior. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En el tiempo que resta del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, creo que esta materia amerita una discusión profunda. La crisis de los tribunales de familia nos demuestra, más allá de si la Cámara de Diputados o un gobierno fueron eficientes, que los problemas de la familia están saliendo a la luz de manera dramática. Así lo indica el hecho de que entre octubre de 2005 y marzo de 2006 hayan ingresado 201.503 causas a esos tribunales. ¿Qué significa esto? Que las familias tienen mucha necesidad de resolver sus conflictos, para lo cual están pidiendo nuestra ayuda. Uno de los primeros análisis que hicimos en la Comisión de Familia, en la sesión a la cual concurrieron algunas juezas, dice relación con la ausencia de políticas públicas que ayuden a las familias a resolver muchos problemas que llegan a los tribunales, toda vez que no tendría por qué ser así. Creo que el problema de fondo es que la familia no nos importa, a pesar de que hablamos mucho de ella, de que nuestra Constitución Política la consagra como núcleo fundamental de la sociedad, de que celebramos con profusión el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Niño y de que todo el comercio participa en ello. Creo que éste es un problema profundo, pero no de nuestra sociedad, sino del Estado en su conjunto, es decir, de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo. La justicia de familia siempre ha sido el pariente pobre en la administración de justicia. Recordemos que los juzgados de menores los abogados hablan de “menores”, no de “niños y niñas”, como si se tratara de los niños malos eran, en realidad, tribunales de cuarta clase dentro del Poder Judicial. Los jueces de menores, que generalmente eran juezas por un sesgo de discriminación se piensa que las mujeres deben hacerse cargo de los asuntos relacionados con la familia, no tenían posibilidades de hacer una carrera judicial. Por eso, digo que el pariente más pobre de la justicia chilena era la de familia. Además, cuando estas causas llegaban a las cortes de apelaciones, los magistrados les daban una mirada condescendiente, porque se trataba de asuntos de mujeres, de niños y, por lo tanto, no tenían valor alguno. Entonces, de lo primero que debemos dar cuenta es que la familia, a pesar de que es colocada en primer lugar desde un punto de vista valórico y respecto de la cual se hacen declaraciones retóricas, realmente no tiene la importancia que debería tener. En ese sentido, los tribunales de familia fueron el pariente pobre dentro de las reformas efectuadas al sistema judicial. En virtud de la reforma procesal penal, se crearon los fiscales, el Ministerio Público, la defensoría, etcétera. Sin embargo, los tribunales de familia no cuentan con fiscalía ni con defensoría, sino simplemente con jueces de familia, con tribunales y con un consejo que los asesora, pero no tienen todos los recursos de que deberían disponer. Lamentablemente, ni el Gobierno ni nosotros los parlamentarios nos dimos cuenta de la importancia de los juzgados de familia. Los tribunales de familia han significado un cambio importantísimo, y tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial tienen el deber de profundizarlo. Entonces, uno de los problemas detectados es que a los juzgados de familia llegan causas que deberían ser conocidas por otras instancias, municipales o estatales, que podrían ayudar a las personas a solucionar sus conflictos familiares, puesto que ellos no tienen medios para hacerlo. Por ejemplo, cuando se trata de conciliar un matrimonio que lleva 20 ó 30 años separado según nos comentaron los magistrados que concurrieron a la Comisión, los jueces deben caer en el ridículo de pedir a la pareja que vuelvan a su vida matrimonial. Eso no le corresponde a un juzgado de familia, sino a otras instancias en las cuales las parejas en conflicto pueden acceder a terapias familiares en el momento oportuno. En fin, hay una serie de problemas importantes que podemos solucionar. Pero, como dije, el problema de fondo es otorgar a los tribunales de familia el valor que realmente les corresponde en nuestra sociedad. Hay propuestas muy importantes, como la relacionada con la dotación y capacitación del personal de los juzgados de familia. ¿Qué nos dice el diputado Araya? Que no hay interesados para desempeñarse como jueces de familia. Imagínense, tenemos miles de egresados de las escuelas de derecho, pero no tienen interés en ser jueces de familia. ¿Por qué? ¿Porque el cargo no tiene estatus? ¿Porque es muy difícil? ¿Porque las escuelas de derecho no enseñan a fondo derecho de familia o porque éste no da cuenta de los verdaderos problemas que afectan a la familia? Debemos preguntarnos por qué no hay interesados. Entonces, aparte de los problemas de dotación, también es fundamental implementar una defensoría pública de familia. Aun cuando su naturaleza sea distinta, creo que se podría considerar una defensoría de la familia. No debemos entregar la solución de estos problemas a la Corporación de Asistencia Judicial. No estoy despreciando esta instancia, pero ella no es suficiente para defender a la familia ni tiene la especialización necesaria. Por lo tanto reitero, debemos crear una defensoría pública de familia. Asimismo, es necesario mejorar la gestión de los tribunales. Para ello, se consideran algunas medidas, como la creación de la unidad de cumplimiento o de ejecución de las resoluciones y una central de notificaciones. Pero, sobre todo, tenemos que cambiar la mentalidad. Las cortes de apelaciones, por ejemplo, deberían tener salas especializadas en asuntos de familia, pues los ministros los respeto mucho y sabrán disculparme tienen una visión muy apartada de la realidad de la familia. Creo que debemos avanzar en eso. De la misma forma, la obligatoriedad de la mediación es algo muy importante. No sé cuáles son las razones que tienen algunos senadores para oponerse a ella. Sabemos que hay problemas de cultura respecto de la mediación, pero eso se puede solucionar informando por qué es necesaria en algunos casos y difundiendo su importancia. Otro tema que me preocupa y que refleja una mentalidad que no comprende los actuales fenómenos, se relaciona con que algunos jueces, y también algunos abogados, dicen que uno de los motivos del atochamiento en los tribunales de familia es la ley de violencia intrafamiliar, que hay una serie de mecanismos, que discutimos a fondo en su momento, que provocan tal atochamiento. Uno de esos mecanismos respecto del cual planteé mis reparos es la suspensión condicional de la sentencia, para lo cual proponen que su aplicación sea mucho más abierta que la que aprobamos en la Cámara de Diputados. ¡Ojo! Modificar la ley en este sentido se lo digo al colega Burgos, con quien logré una sintonía muy importante va a significar impunidad en materia de violencia intrafamiliar, una impunidad que sabemos que es nefasta, porque en la conciencia de nuestra sociedad todavía existe la idea de que hay un “derecho a agredir”. Si no es así, veamos cómo escandaliza a la opinión pública la violencia en las calles, pero no ocurre lo mismo respecto de las 31 mujeres asesinadas por sus parejas en el curso del presente año. O sea, la seguridad ciudadana sólo debe existir en la calle, pero las mujeres que han sido objeto de femicidio no tienen el mismo derecho. Debemos hacer un análisis de fondo sobre esa materia. Creo que dimos un gran paso con la creación de los tribunales de familia; pero debemos dar otro paso para perfeccionarlos y enfrentar los problemas que hoy tienen las familias chilenas. No podemos tener la frente en alto ni hablar retóricamente respecto de los asuntos familiares; eso no corresponde en el siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es enfrentar lo que es hoy la familia. Ayer se publicó una encuesta según la cual la mayoría de los ciudadanos dicen que para ellos la familia es lo más importante. ¿Qué es la familia? El núcleo afectivo fundamental, el núcleo cotidiano de afecto y amor. No es una formalidad; es un sentimiento, una responsabilidad, un compromiso. Pero, hoy, algunas familias tienen conflictos, y debemos tener la sabiduría necesaria para preocuparnos verdaderamente de la familia, que la Constitución Política define como la unidad más importante de la sociedad creo que nadie discute eso, no para imponer los pensamientos o dogmas que podamos tener al respecto; no para decir que la familia sólo es la que nace de un matrimonio establecido por las dos leyes. No, la familia representa núcleos afectivos distintos y diversos. Pero debemos contar con los instrumentos, tanto legales como de políticas públicas y de resolución de los conflictos, para contribuir a que ese núcleo afectivo, donde se crían los ciudadanos y las ciudadanas, donde se nos da la base fundamental de nuestro ser y de nuestra manera de ver el mundo, sea realmente estable y valga la pena. Y eso implica la implementación de muchas políticas de respeto a la crianza y a la maternidad, a la solidaridad con respecto a la crianza de los hijos, etcétera. Y esto no es patrimonio de un gobierno o de un Estado; es responsabilidad de todos nosotros, de toda la sociedad chilena. Por eso, este punto de los tribunales de familia es una parte importante del enfrentamiento de las políticas de familia. Si nos importa de verdad la familia, entre todos debemos colaborar para establecer lo mejor en ellos. Eso significa entregar más financiamiento, estudiar otros proyectos e implementar nuevas políticas públicas. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos: El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión de Familia recaído en el mandato contenido en el proyecto de acuerdo N° 715, de 24 de enero de 2006, referido a la situación de crisis de los tribunales de familia. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. VII. PROYECTOS DE ACUERDOS APOYO AL ALTO AL FUEGO ANUCIADO POR LA ETA. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 85. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 85, de los diputados señores De Urresti, Ortiz, Uriarte, Díaz, don Marcelo; Vallespín; señoras Pacheco, doña Clemira; Pascal, doña Denise, y señores Súnico, Sule y Monckeberg, don Cristián. “Considerando: Que la Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció hacer un alto al fuego permanente a partir del viernes 24 de marzo de 2006. Que esta noticia representa una gran esperanza para España y abre perspectivas significativas para acabar con la violencia en el País Vasco. Que el fin de la violencia es indispensable para asegurar el más pleno e irrestricto respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos del País Vasco y de España. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, conforme a sus atribuciones constitucionales, mediante el embajador respectivo, haga llegar las más sinceras esperanzas de la Cámara de Diputados a fin de que el cese al fuego anunciado por la Euskadi Ta Askatasuna (ETA) represente el principio del fin de la violencia política en el País Vasco y a la apertura de una etapa caracterizada por el diálogo entre todas las partes implicadas, por sus repercusiones en el respeto de los derechos fundamentales y la convivencia democrática, dirigidas tanto al Presidente del Gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, como también al Jefe de Gobierno vasco Lehendakari, don Juan José Ibarretxe.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, que fue consensuado por diputados de casi todas las bancadas, tiene por objeto apoyar y saludar la declaración de alto al fuego en el País Vasco y las perspectivas de término definitivo de la violencia y de pleno e irrestricto respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa región autonómica y del resto de España, razón por la cual esperamos que se apruebe por unanimidad. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte. El señor URIARTE.- Señor Presidente, como es públicamente conocido, el 24 de marzo del presente año se produjo un hecho fundamental en la historia del pueblo español y, sin duda, del país vasco. La organización Euzkadi Ta Askatasuna, ETA, anunció el cese de la violencia y, por tanto, inauguró, en ese momento, una nueva era de diálogo, de búsqueda, de entendimiento y de cese de todas las formas violentas de lucha, que en el transcurso de varios años, en particular en la segunda mitad del siglo pasado, causaron numerosas muertes. Por eso, un grupo de diputadas y diputados hemos suscrito este proyecto de acuerdo, que no tiene otro objeto que no sea saludar y apoyar esa iniciativa de alto a la violencia política, así como fortalecer las convicciones que apuntan hacia la paz y el entendimiento en el País Vasco. Nos parece muy oportuno que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre ese hecho, por lo que esperamos que el proyecto de acuerdo que hemos presentado se apruebe por unanimidad, ya que cuenta con el apoyo de todos los diputados que tenemos origen vasco, entre ellos los diputados Melero y Salaberry, quienes también adhieren a él. He dicho. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, pido la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo. El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, sólo pueden intervenir dos personas. Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. Aprobado. PAGO A PROFESORES DE “DEUDA HISTÓRICA”. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 86, del señor Dittborn; señora Cubillos, doña Marcela; señores Forni, Recondo, Bobadilla, Kast, Estay, Masferrer, Lobos y Ulloa. “Considerando: Que, el 26 de diciembre de 2005, el Colegio de Profesores entregó una carta al entonces Presidente de República para solicitarle que respondiera el proyecto de acuerdo N° 619 aprobado el 13 de diciembre de 2005, en sesión 59ª, por la Cámara de Diputados, que exige una solución definitiva al tema de la deuda histórica con los profesores de Chile. En la carta, también, informaron del fallecimiento de cuatro mil novecientos ochenta maestros que eran parte del juicio que se lleva adelante por este caso; Que el Senado de la República, por la unanimidad de sus miembros, reiteró esta solicitud en los mismos términos al entonces Presidente Lagos, al objeto de que encargara al Ministro de Educación de la época, junto a las demás reparticiones públicas pertinentes, estudiar y proponer una solución definitiva al objeto de poner término a la deuda que el Estado de Chile adquirió con sus profesores por el no pago oportuno de los municipios de la asignación establecida en el artículo 40 del decreto ley N° 3.551; Que, asimismo, cabe considerar el hecho de que en diversas comunas del país los profesores afectados entablaron juicios en contra de los respectivos municipios, algunos de los cuales obtuvieron sentencia favorable declarando como responsable al Estado en esta materia. Sin embargo, el derecho invocado por los afectados no ha sido objeto de sentencias uniformes, por lo que no existe similitud de criterio jurídico en los diversos tribunales del país. Más aún, el Colegio de Profesores presentó una demanda al Fisco por dicha deuda, entablada por miles de profesores de todas las regiones del país. Sin embargo, en este juicio se acogió en primera instancia la postura del Consejo de Defensa del Estado, que ha planteado la prescripción de esta acción. No obstante, los afectados anunciaron la interposición de recursos procesales ante los Tribunales Superiores de Justicia e, incluso, están dispuestos a recurrir a la Corte Interamericana de Justicia y a diversos foros de Derechos Humanos en el nivel internacional; Que es necesario alcanzar un acuerdo marco donde participen todos los sectores involucrados, que permita alcanzar un consenso a fin de satisfacer la justa demanda de los profesores, y Que la bonanza económica temporal por la que atraviesa Chile, como fruto del mayor precio del cobre, debe ser un elemento a considerar por el actual Gobierno, ya que permitiría disponer de los recursos económicos necesarios para llegar a un acuerdo extrajudicial con los profesores y, de esta forma, poner término a los litigios pendientes y resarcir de manera justa a quienes se vieron afectados por la aplicación del decreto con fuerza de ley N° 3.551. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en virtud de los inusuales excedentes provenientes del alto precio del cobre, instruya al ministro de Hacienda para que destine una parte de éstos a fin de lograr un convenio extrajudicial con los profesores que demandaron al Fisco de Chile por la denominada ‘deuda histórica’, originada por el no pago oportuno de parte de los municipios de la asignación establecida en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 3.551.” El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, este proyecto es muy simple y puede tener un apoyo transversal. Es de todos conocido que cuando se produjo el traspaso de los profesores desde el sector fiscal al municipal y éstos se transformaron en empleados particulares, quedó allí una deuda previsional muy parecida, conceptualmente, al daño previsional que hoy están tratando de que se repare algunos empleados públicos. Esta deuda, que en mi opinión es de toda justicia que el Estado la pague, ha sido motivo de innumerables juicios de profesores a lo largo de todo el país, por muchos años. Los resultados han sido dispares. En ciertos casos algunos profesores los han ganado y muchos de ellos, lamentablemente, los han perdido. Como consecuencia de eso, a la fecha se estima que alrededor de cinco mil han fallecido y, por ende, no recuperaron lo que en justicia les correspondía. El Consejo de Defensa del Estado ha participado en estos juicios alegando prescripción. Así, dada la inusual riqueza que el país tiene a raíz del alto precio del cobre, y considerando que las autoridades del Ministerio de Hacienda han sido muy claras en señalar que esos mayores ingresos son transitorios y que, por lo tanto, con ellos sólo es posible financiar gastos transitorios, teniendo presente que el pago de la deuda a los profesores sería, por definición, un gasto transitorio en el que se incurriría por una sola vez, me parece perfectamente factible financiarlo, por una sola vez, con los ingresos transitorios del cobre, cuyo precio nunca había estado tan alto. Es factible solucionar este problema y mantener vigente la plena responsabilidad fiscal que ha caracterizado a los gobiernos de la Concertación durante los últimos años. Por eso, me parece razonable y justo financiar y pagar esta deuda de los profesores de Chile. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto de acuerdo porque los profesores lo merecen. Simplemente, creo que la historia no va a referirse a la deuda histórica, sino a la deuda de la dictadura. Entiendo que no se ponga colorado el diputado Dittborn, porque tiene una particular distancia con ese color. Pero podría ponerse blanco; un poquito azul o algo amarillo. Hay varias alternativas en el arco iris cuando se menciona la deuda histórica a la que él se refería. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstención. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Melero Abaroa Patricio; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Votó por la negativa el diputado señor Alinco Bustos René. VENTA DIRECTA DE COMBUSTIBLES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 87, de los señores Dittborn, Barros, Masferrer, Lobos, Bobadilla, Recondo, Norambuena, Palma, García y Delmastro. “Considerando: Que es labor del Estado y de sus reparticiones promover la competencia en todas las áreas de la producción y de la distribución donde sea posible; Que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) es una empresa pública cuyos objetivos no deben ser sólo tener utilidades razonables que transferir al Fisco, sino también, y muy especialmente, fomentar una mayor competencia en el mercado de distribución de combustibles en el país; Que es deseable que existan más empresas distribuidoras de combustibles, y Que, actualmente, la Enap no vende combustibles a las pequeñas empresas distribuidoras en los patios de carga de sus refinerías y, en cambio, sí lo hace a las grandes empresas distribuidoras, lo que significa el encarecimiento del producto a las pequeñas distribuidoras. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la ministra de Minería y Energía y Presidenta del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que instruya al Gerente General de Enap para que, a la brevedad posible, la empresa estatal venda combustibles en los patios de carga de las dos refinerías que posee Concón y Perox a todas las empresas distribuidoras que cumplan con los requisitos de seguridad en el transporte para retirar dichos combustibles. Si las empresas distribuidoras que desean comprar combustibles no son sujetos de crédito para la Enap, dicha venta debe ser al contado. La Enap, en ningún caso, negará la venta de combustibles en sus patios de carga a empresas distribuidoras cualquiera sea su tamaño que cumplan con los requisitos de seguridad y paguen al contado.” El señor LEAL (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, es muy importante que aprobáramos este proyecto de acuerdo sin las ironías del diputado Aguiló. Actualmente, existen numerosas empresas pequeñas que distribuyen combustibles, con sus propios camiones, directamente a los hospitales, a los terminales de buses y de colectivos, entre otros. Pero, lamentablemente, esas empresas, que son todas pymes, muy chicas, compran los combustibles a las grandes empresas distribuidoras, como Copec, Esso, Schell, YPF, con lo cual obviamente se encarece el producto. ¿Por qué no comprarlo a la Enap? Es lo que les sugeriría para que ahorrasen el pago del intermediario. Porque la Enap tiene en una muy alta calificación a sus clientes, en cuanto a exigirles una cantidad importante de garantías para poder venderles. Es decir, no es fácil acceder a ser cliente de la Enap. He conversado con varios representantes de esas empresas chicas y me han pedido que les ayude para que la Enap les venda en forma directa. Están dispuestos a pagar al contado, pero que no les exijan tremendos respaldos financiero que no tienen. Agregan que eso sería muy provechoso para ellos, porque no tendrían que seguir comprándole a las grandes empresas distribuidoras, puesto que les encarece el litro de combustible, entre 20 y 30 pesos; y, por consiguiente, se les dificulta el negocio. Hablé sobre este tema con autoridades del Ministerio del Minería con muy poco éxito. Recibieron a los representantes de esas empresas, pero, finalmente, no les dieron ninguna respuesta. Por ello, me animé a pedirle a esta Cámara que evaluara la posibilidad de aprobar este proyecto de acuerdo. Entiendo que si la Enap no quiere asumir riesgos financieros, entonces, que venda al contado, tanto en sus plantas de refinación de Talcahuano, Petrox, como en la refinería de Concón, a cualquiera empresa pequeña que cumpla con las condiciones técnicas de contar con camiones adecuados para ello. Eso es específicamente lo que se está pidiendo. Me parece de justicia y contribuiría a hacer más competitivo el mercado de la distribución de combustible, que ya constituye un oligopolio bastante grande. He dicho. El señor LEAL (Presidente).- Para apoyar el proyecto, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- Nuevamente no se ha alcanzado el quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor LEAL (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LEAL (Presidente).- La votación de algunos señores diputados no quedó registrada en el sistema electrónico. ¿Habría acuerdo para repetir la votación? Acordado. En votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor LEAL (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Burgos Varela Jorge; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; EnríquezOminami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Melero Abaroa Patricio; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. Se abstuvieron los diputados señores: Fuentealba Vildósola Renán; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Vidal Lázaro Ximena. VIII. INCIDENTES SESIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS DE GASTOS EN DEFENSA NACIONAL. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, en la misma línea argumental relacionada con la compra de armas a Israel, quiero hacer algunos planeamientos que tienen como fundamento básico un principio democrático, cual es, ni más ni menos, el derecho a ser informado, y en esta materia en particular, nuestro pueblo, nuestros compatriotas, entre los cuales me incluyo, más bien están desinformados. Por lo tanto, pido formalmente que se invite a la Cámara de Diputados a la ministra de Defensa y a analistas y cientistas militares a una sesión especial de esta Cámara, para debatir centralmente sobre este tema y otros vinculados. Sugiero que se dialogue, por ejemplo, sobre los montos de dinero que el país gasta en defensa versus los porcentajes aproximados que cada país de la región declara que destina de su producto interno bruto a ese fin. Es necesario establecer parámetros que nos permitan dimensionar los montos que Chile ha venido gastando en la adquisición de armamentos y lo que se destinará para renovarlos; a qué países ha comprado material bélico, y con quién ha convenido su adquisición. Al respecto, durante la administración pasada, supimos sólo, grosso modo, cuando la actual Presidenta de la República era ministra de Defensa, acerca de la compra de aviones F16, de submarinos, de tanques, etcétera. ¿Cuál podría ser el motivo para que ahora no nos sentemos a conversar sobre la cuantía del gasto en defensa nacional? ¿Cuáles son las razones para adquirir material de guerra? A este diputado como imagino a cualquier otro, le interesa saber en qué se gasta la plata de todos los chilenos porque, cuando se producen conflictos en los sectores públicos de salud, de educación y municipal, sólo hay una explicación común: falta de recursos. Como dicen los economistas: “A múltiples necesidades, escasos recursos” y quedamos esperando soluciones. Sin ir más lejos, a miles de compatriotas que habitan en la Isla Grande de Chiloé se les desdibujó en sus mentes el puente, porque el proyecto se truncó, porque los recursos que se necesitan para su ejecución no alcanzan, según anunció el ministro de Obras Públicas. Añadió que con esos dineros se podría pavimentar lo que resta de nuestras carreteras. ¡Por favor! Todos sabemos que grandes obras requieren grandes inversiones y si seguimos con comparaciones, con lo gastado en la compra de los aviones F16, por ejemplo, tengo entendido que cada uno cuesta alrededor de 60 millones de dólares se habrían podido construir viviendas de mejor calidad para los más humildes. Asimismo, cuántos profesionales y técnicos en salud pudimos haber contratado en regiones como la mía, donde faltan especialistas? Incluso se podría haber pensado en nivelar los sueldos de los uniformados que conforman la tropa, de los suboficiales y de los cabos, ahora que se alargó la carrera militar; que en vez de los treinta y tantos mil pesos mensuales que reciben hoy los conscriptos, se les hubiera pagado una digna y comparable con su obligación de prestar servicios a la patria y de estar dispuestos a perder la vida si fuese necesario. Creo en el legítimo derecho de la defensa de los países, así como en su autodeterminación, pero creo también en la solidaridad de los pueblos, lo cual pasa necesariamente por evitar seguir armándonos para la paz. Que esta idea cale hondo en la conciencia de nuestras generaciones. La hermandad y la solidaridad latinoamericana deben practicarse. No podemos seguir con la lógica de que cada vez que protestemos con una decisión económica que nos afecta, nuestras palabras tengan un costo que nuestros vecinos traduzcan en cobros, cual un mensaje telegráfico: un peaje por cada pasada de frontera; un sobreprecio discriminador por abastecernos de combustible o el riesgo de que nos corten el gas. Debemos concordar en políticas macizas y estables que nos permitan a todos vivir en paz y el desarrollo de nuestros pueblos. Termino con el dicho que reza: “A río revuelto ganancia de traficantes de armas” ¿O acaso detrás de un conflicto bélico, causado por la búsqueda de armas químicas que están más perdidas que el teniente Bello y por el supuesto secuestro de un militar israelí, se puede matar a diestro y siniestro? En consecuencia, reitero mi solicitud de celebrar una sesión especial para tratar la materia, a fin de que todos sepamos cuánto gasta Chile en la adquisición de armamentos. He dicho. PROGRAMA DE RIEGO PARA AGRICULTORES DE PEHUENCO NORTE, COMUNA DE LONQUIMAY. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el subdirector nacional del Indap, con ocasión de la visita que efectuó hace algunos días a la región de La Araucanía, se refirió a diversos programas que viene impulsando ese organismo para mejorar la alicaída situación económica de un gran número de pequeños agricultores. Hace varios años, en la localidad de Pehuenco Norte, de la comuna de Lonquimay, muy cerca del paso internacional Pino Achado, cuarenta y cinco pequeños agricultores mapuchespehuenches fueron incluidos en un programa de riego a cargo del Indap y de la Conadi, cuyos resultados no fueron los esperados, pues no se logró dotarlos del riego que necesitaban. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, con el objeto de que consideren la situación que durante mucho tiempo ha afectado a esos modestos agricultores de Pehuenco Norte, pues, como señalé, el programa de rehabilitación implementado cuyo carácter no era de condonación no logró los resultados esperados. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic y Ximena Vidal y de los diputados señores Arenas, Urrutia, Chahuán, Martínez, Lorenzini, Jarpa, EnríquezOminami y Burgos. ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOCALIDAD DE TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY. Oficios. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que tiene bastante preocupados a los habitantes de un poblado muy apartado de la localidad de Troyo, en la comuna de Lonquimay, ubicado a pocos kilómetros del Alto Biobío, pues, a pesar de que allí se encuentran las generadoras eléctricas más importantes del país, curiosamente, hace quince días carecen de suministro eléctrico. En 1995, una empresa privada y Mideplán les brindaron asesoría a través de un programa para la construcción de una microcentral (energía hídrica), en circunstancias de que, curiosamente, el gobierno regional de La Araucanía había implementado proyectos de electrificación rural. Ese experimento nunca dio resultado y ha funcionado en forma muy irregular durante los últimos diez años, situación que tiene muy complicados a los pobladores de Troyo, lo cual pude comprobar el fin de semana pasado cuando visité esa localidad junto a los concejales de Lonquimay señores Nibaldo Alegría y Eduardo Fernández. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que disponga que la Superintendencia de Electricidad y Combustible nos informe, tal como lo pidió el diputado señor Enrique Estay, respecto de la asesoría brindada por esa entidad pública y revise los términos del contrato con la empresa Energer S.A., la cual aún dispone de veinte años más para explotar una actividad que no ha dado resultados. De igual forma, que se oficie al intendente de la Novena Región de La Araucanía, ya que ese gobierno regional tiene a su cargo esos programas y puede brindar asesoría a los habitantes de Troyo, que acaban de constituir un comité de electrificación rural. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic y Ximena Vidal y de los diputados señores Arenas, Urrutia, Chahuán, Martínez, Lorenzini, Jarpa, EnríquezOminami y Burgos. ASFALTADO DEL CAMINO PÚBLICO QUE UNE LAUTARO CON VILCÚN. Oficio. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el sábado 8 de julio, junto al alcalde de la comuna de Lautaro, señor Renato Hauri Gómez, visité la localidad de Dollinco Bajo, a fin de conocer la iniciativa mejor dicho, el sueño impulsada por sus habitantes, de asfaltar el camino LautaroVilcún, en el sector conocido como Quilacura. El camino público de Quilacura conecta a gran cantidad de comunidades indígenas y a parceleros de las comunas de Lautaro y Vilcún. El asfaltado cubriría un tramo aproximado de 25 kilómetros y beneficiaría a una gran cantidad de habitantes. Esta obra transformaría sus vidas, pues se trata de un eje estructurante de ambas comunas, y sería de gran beneficio para el turismo si se considera la gran cantidad de vehículos que por allí transitan en dirección al parque nacional Los Paraguas, donde se encuentra el centro de esquí Las Araucarias, en el imponente volcán Llaima, de la región de La Araucanía. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, con este planteamiento que interpreta la petición formulada por los alcaldes señores Renato Hauri, de Lautaro, y Patricio Villanueva, de Vilcún, a fin de que, si esa cartera estima que ese camino debe ser el eje estructurante de la zona, se dé inicio a los estudios de diseño correspondientes para su asfaltado. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic y Ximena Vidal y de los diputados señores Arenas, Urrutia, Chahuán, Martínez, Lorenzini, Jarpa, Enríquez Ominami y de quien preside. SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA CAMPAMENTOS DE COMUNAS DE RENCA, CONCHALÍ Y HUECHURABA. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, me voy a referir a un problema tangible de mi distrito y que me tiene muy preocupada. El Gobierno ha dicho que el problema de vivienda no es de cantidad sino de calidad. La Constitución Política, en su artículo 1º, establece que es deber del Estado contribuir a crear las condiciones que permitan la realización espiritual y material posible de todos los chilenos. Le pregunto al Gobierno si se trata de un problema de cantidad, cuando defiende y justifica la mala calidad de sus viviendas sociales. ¿Cómo es posible que en Renca, Conchalí y Huechuraba existan campamentos, que datan desde hace treinta y cinco años , como el Santa Inés, de Conchalí, que alberga a cien familias que esperan una vivienda dinámica sin deuda? ¿Es digno que el campamento Los Copihues, de Conchalí, ubicado cerca de la nueva autopista concesionada Vespucio Norte Express, una muestra del crecimiento de nuestra Patria, apegada al cordón industrial, después de 23 años ni siquiera tiene un baño; que todavía tenga pozo séptico y que todos los años se inunde con la lluvia del invierno? ¿Cuál es el concepto de dignidad de nuestros gobernantes? El campamento Mapumahuida, de Renca, que tiene 20 años, alberga once familias y, en Huechuraba, el campamento Esperanza y Fe, otras 12, y todas sueñan con la casa propia. Como se puede ver, no son muchos las familias. Las preguntas nacen en forma espontánea: ¿Será tan difícil ubicar a ese reducido número de personas en habitaciones de mejor calidad que las que hoy tienen? ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo para ubicarlos en otro lugar con condiciones mínimas de salud y derecho? ¿Dónde está nuestra política habitacional? ¿Qué hace el programa Chile Barrio? En Huechuraba se instaló, hace dos años, el campamento “Jorge Inostroza”, compuesto por 67 familias sin solución habitacional. Su directiva cuenta hace más de un año con personalidad jurídica, y no le hemos dado respuesta a sus requerimientos. ¿Tendremos que esperar que transcurran 20 años más para preocuparnos de estas 67 familias? Quizás podrán argumentar que existen otras familias con prioridad para acceder a una vivienda. Si esa fuera la razón, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para el campamento Lo Boza, que alberga a 180 familias de Renca? Llevan 25 años esperando, al igual que los del campamento Las Margaritas, que alberga a 72 familias, o del Villa Esperanza, que cobija a 56 familias, que esperan desde hace 20 años. Es inconcebible que en estas comunas todavía existan campamentos con una antigüedad de 20 ó 30 años. No es posible que todavía no seamos capaces de dar respuesta a este drama social, que trae aparejado delincuencia, drogadicción, prostitución y maltrato infantil, acrecentando el círculo de la pobreza y aumentando la brecha de desigualdad. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, para que nos informe sobre la situación de los campamentos mencionados y qué soluciones se contemplan dentro de la política habitacional para darles una respuesta. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados y diputadas que así lo indiquen. CAMPAÑA DE APOYO A BOMBEROS DE RENCA. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, desde esta tribuna llamo a todos los renquinos a contribuir con sus bomberos. El 25 de noviembre del año pasado, en el cerro de Renca, ocurrió una tremenda tragedia: el volcamiento de un carrobomba con resultado fatal. En esa oportunidad, a los 52 años de edad, falleció el voluntario de la 21ª compañía y primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Renca, Juan Encina Espinoza, casado, con dos hijos, de veinte y diecisiete años. Mañana, en la comuna se da inicio a una campaña de apoyo a Bomberos. En el volante publicitario se lee lo siguiente: “Renca se une a nuestros bomberos. Nuestros bomberos lo dieron todo, incluso uno de ellos, la vida. No esperemos que una tragedia llegue a tu hogar y nuestros bomberos no te puedan auxiliar. Ellos perdieron todo su material ese lamentable 25 de noviembre del año 2005. Ahora, estamos tocando tu puerta para que colabores con tus bomberos renquinos”. Junto con la alcaldesa de Renca, señora Vicky Barahona, vamos a iniciar una hermosa campaña para ayudar a recuperar lo perdido en la tragedia, y llamamos a todas las personas a contribuir para recuperar el carrobomba, de manera que Renca tenga nuevamente lo que merece. He dicho. POLÍTICA HABITACIONAL CON ÉNFASIS EN LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EN LA FORMACIÓN E IDONEIDAD DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, cada invierno, la intensidad de la lluvia golpea con fuerza la conciencia nacional al revelarnos, con mayor dramatismo, la mala calidad de las viviendas. En la sesión especial que íbamos a tener para tratar el tema, pensaba entregar algunas sugerencias para enfrentar el problema. Como no se efectuó, voy a referirme a ello en esta oportunidad. Pero antes, pido oficiar al contralor general de la República para que instruya una amplia investigación sobre la calidad de la construcción del parque residencial Río Viejo, de Chillán, conjunto habitacional entregado el año pasado, donde residen personas que hasta hace poco vivían en campamentos. Sus casas presentan actualmente serios problemas en muros, terminaciones, techos y canaletas. Pido al contralor que en la investigación se incluya la situación de las obras del comité habitacional de la comuna de Coihueco, que se encuentran abandonadas y que iban a albergar a 62 familias del comité de allegados Santa Teresa de Los Andes. Sólo se construyeron 8 metros cuadrados que permanecen como testimonio vivo de la deshumanización. Asimismo, que se establezcan las responsabilidades, la individualización de las empresas constructoras, las modalidades mediante las cuales se adjudicaron las obras y el rol de los organismos técnicos involucrados. Además, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que estudie la forma de dar solución a los problemas de dichos conjuntos habitacionales e informe de la disponibilidad de recursos para financiar el programa denominado “Subsidio destinado a la mantención de la vivienda”, contenido en el decreto supremo N° 149, de Vivienda y Urbanismo, de agosto de 2005, destinado a recuperar el proceso de envejecimiento de las viviendas sociales y hermosear su entorno, ampliamente difundido el año pasado y al cual muchas familias, haciendo un gran esfuerzo, postularon sus viviendas. No obstante, a la fecha no existe financiamiento. Incluso más, el delegado provincial del Serviu de Ñuble reconoce, según información de prensa aparecida en el diario La Discusión de Chillán, del domingo 30 de julio, que nunca hubo plata para ese proyecto, lo que me parece insólito. En consecuencia, es necesario que la ministra aclare el tema y, en caso de ser efectivo, que se destinen los recursos. Con motivo de la mala calidad de la infraestructura educacional, aprobamos un proyecto de acuerdo para enfrentar el problema. Propusimos acciones, como el establecimiento de registros de empresas, con identificación de los socios y de los profesionales que las integran y, en particular, de las casas de estudio donde se formaron. Creo que eso sería perfectamente aplicable a esta situación. Segundo, si la calidad de la educación no está entregando las competencias pertinentes, tenemos el legítimo derecho a pensar que ocurre lo mismo con la formación de los profesionales de la construcción, debido a la amplia gama de casas de estudios que imparten esas carreras. Hace algunos años, presentamos un proyecto de ley que consagra como títulos universitarios los de constructor civil y de ingeniero constructor, lo que en la práctica significa, tal como lo hicimos con las asistentes sociales, restituirle su carácter universitario, porque ello implica la obtención previa del grado de licenciado y, como tal, mayor profundización de los conocimientos. Tercero, que la nueva política habitacional dada a conocer por la señora Presidenta de la República incorpore, en el caso del subsidio rural, métodos de construcción y materiales que respondan a la diversidad climática y geográfica del país, que, como sabemos, es diversa. Hoy no es así y de los resultados, que todos conocemos, nos avergonzamos. Cuarto, que en los diseños habitacionales, especialmente del sector rural, se incorpore el concepto de “entorno”, para darle una estructura armónica con el paisaje. Por lo tanto, y siempre en el ánimo constructivo de aportar al desarrollo humano del país, solicito que se incluyan también en el oficio a la señora ministra de Vivienda y Urbanismo los siguientes puntos: patrocinio del proyecto de ley que consagra como títulos universitarios los de constructor civil e ingeniero constructor; incorporar, en el caso del subsidio rural, métodos de construcción y materiales que respondan a la diversidad climática y geográfica del país, y que en los diseños habitacionales se incorpore el concepto de “entorno”. En la medida en que todos contribuyamos a tener una política habitacional que ponga a las personas como objetivo central de su quehacer, mejorará nuestra calidad de vida y tendremos un país más armónico. Finalmente, pido que los oficios solicitados incluyan copia íntegra de mi intervención. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo señalan. REFORZAMIENTO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CONSTITUCIÓN. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, ayer, cuando los pescadores de Constitución empezaban sus labores temprano por la mañana, divisaron en lontananza una desconocida barcaza. Obviamente, se asustaron. Se preguntaban qué hacía esa barcaza. Trataron de acercarse, porque pensaban que, a lo mejor, estaba extrayendo pescado donde no corresponde. Y, ¡oh sorpresa!, efectivamente, no era el monstruo del lago Ness que se movía por los mares de Constitución, ni tampoco era el Caleuche, como acota el diputado Jaime Mulet, quien, según me han dicho, es un experto marino. Simplemente, se trataba de una barcaza semihundida, sin tripulantes, que contenía cincuenta toneladas de jureles, abandonada a poca distancia de salir a alta mar. Dicen que venía de Talcahuano. Quizás algún diputado dirá que estamos en Incidentes, que es algo serio. Justamente, éste es un incidente. Los pescadores artesanales, que se sacan la mugre trabajando cada día, son quienes, según la legislación chilena, tienen derecho a pescar en forma exclusiva en cierta cantidad de millas. Pero a esa barcaza, de las treinta o cuarenta que entran y salen de esa zona exclusiva, seguramente le pasó algún percance, los tripulantes se asustaron y abandonaron el barco, como siempre hacen los grandes pesqueros. Ahora será necesario gastar dinero para extraer ese pescado, que ya se está descomponiendo. Quizás algún diputado me dirá que en el lugar existe una Capitanía de Puerto con su correspondiente capitán, que saldrá raudo en su patrulla a investigar esa situación. Sin embargo, ese capitán de puerto ¡sólo dispone de una camioneta y de un chofer! ¡Y así queremos hacer crecer al país! Se trata de un lugar no muy alejado de Santiago, donde hay playas, puertos y que está lleno de pescadores artesanales, ¡pero la Capitanía de puerto de Constitución no cuenta con personal ni con elementos para patrullar! En consecuencia, entregamos nuestras fronteras abiertas a las grandes pesqueras nacionales e internacionales para que hagan un pingüe negocio en perjuicio de nuestros pescadores artesanales. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Defensa Nacional con el objeto de que, a través de la subsecretaria de Marina y del comandante en jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina, nos informe respecto de la pobreza franciscana en que se encuentra la capitanía de puerto de Constitución. Espero que en la próxima ley de Presupuestos podamos otorgarle más recursos para proteger lo que nos corresponde. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Jarpa, Mulet, Enríquez-Ominami, Chahuán y de quien habla. INFORMACIÓN SOBRE TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN DEL PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE. Oficio. El señor LORENZINI.- Por otra parte espero que no me escuche el diputado Ascencio, para que no me influencie, una vez más el ministro Bitrán está cambiando las reglas del juego. Los entonces Presidentes de la República Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos anunciaron durante sus visitas a la zona que el paso internacional Pehuenche, que permitirá la unión con Argentina y con la ruta Bioceánica, estaría listo para el Bicentenario. Sin embargo, después de que el ministro Bitrán estuvo en la zona, los lugareños dicen que está atrasando su inauguración para 2012, 2014 ó 2015. Estoy disfrutando de la jefatura de bancada, por lo que no me voy a apresurar a reaccionar, como lo hicieron los diputados Ascencio y Mulet; pero considero que el ministro de Obras Públicas está cambiando las reglas del juego, porque está dejando a las regiones de lado porque está poniendo objeciones a la construcción de un puente que une a Chiloé con el resto de Chile y a la alternativa del paso internacional Los Libertadores, que es el paso internacional Pehuenche, que nos une con Argentina y crea una conexión con el Mercosur y con la ruta Bioceánica al AsiaPacífico. Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe acerca del cronograma para construir los tramos que restan de dicho paso, cuántos recursos se van a invertir y en qué fecha exacta piensa que vamos a inaugurarlo. Yo sé que la alternativa es el 28 de diciembre de algún año. Ojalá que la respuesta no sea esa. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo, Jarpa, Mulet, EnríquezOminami, Chahuán y de quien habla. INFORMACIÓN SOBRE QUIEBRA DE AGROINDUSTRIAL VALLENAR S.A. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, agradezco el saludo de la Mesa y de los colegas parlamentarios con motivo de mi cumpleaños. Ahora bien, me preocupa la quiebra de Agroindustrial Vallenar S.A., empresa constituida con capitales privados y con los aportados por la Fundación Chile. Existe preocupación porque la quiebra de esta agroindustria, ubicada en la comuna de Vallenar, ha perjudicado a una gran cantidad de pequeños y medianos agricultores que eran proveedores de frutas y verduras que eran procesadas en esa empresa y en su planta ubicada en la localidad de Buena Esperanza, de esa comuna, porque no han recibido el pago por los productos que entregaron. Algunos de ellos han expresado pública y privadamente sus dudas en cuanto a la forma en que se administró esta empresa mixta y la forma como se llevó adelante la quiebra. Por lo tanto, solicito oficiar, con copia de mi intervención, al ministro de Economía, a fin de que disponga que la Fundación Chile informe a la Cámara sobre las medidas que adoptó para evitar la quiebra de la Agroindustria Vallenar S.A. y sobre los acontecimientos que la desencadenaron, ya que parecía que estaba funcionando muy bien, pues llevaba tres o cuatro años exportando parte importante de sus productos, fundamentalmente alcachofas y alchachofines, al mercado estadounidense, a pesar de lo cual quebró repentinamente, situación que resulta bastante curiosa. En segundo lugar, solicito oficiar, con copia de mi intervención, al ministro de Justicia, con el objeto de que el superintendente de Quiebras nos informe sobre el estado de quiebra de esta agroindustria y sobre los procedimientos legales que le corresponde fiscalizar al organismo que encabeza, sin que esta solicitud implique inmiscuirse en el procedimiento judicial. Sólo me interesa que todo esto esté en orden, que se hayan resguardado los intereses de esos acreedores y que se evite cualquiera situación que no esté de acuerdo con la ley. Los acreedores son pequeños agricultores, de manera que no se han podido defender ni agruparse para concursar en la quiebra. Por eso me preocupa que se haga un buen análisis de lo que ha pasado allí para que se respeten los derechos de los pequeños agricultores. Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de Vallenar y de Freirina, por su condición de presidentes de los concejos de sus respectivas comunas. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Marco EnríquezOminami, Carlos Abel Jarpa, Francisco Chahuán, Gonzalo Arenas, Ignacio Urrutia y de quien habla. ANTECEDENTES SOBRE PARALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN VALLENAR. Oficio. El señor MULET.- Por otra parte, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que nos informe por qué no se inician desde hace más de tres años programas de construcción de viviendas sociales en la comuna de Vallenar. Mi impresión es que esta nueva fórmula de organizar la demanda de viviendas sociales a través de entidades organizadoras o de los municipios, en lugar de que lo haga directamente el Serviu, teóricamente podría dejar a ciertas comunas, como Vallenar, fuera del programa de construcción de viviendas sociales, a pesar de que se me ha informado de que hay más de tres mil personas inscritas en el Serviu que esperan la oportunidad para postular. Se están terminando algunos proyectos de construcción de viviendas sociales en Vallenar; pero, reitero, me parece que ése es el motivo por el cual no se han comenzado otros nuevos desde hace más de tres años. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Marco EnríquezOminami, Carlos Abel Jarpa, Francisco Chahuán, Gonzalo Arenas, Ignacio Urrutia y de quien habla. DIFERENCIAS EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN EN CENTRO PENITENCIARIO CORDILLERA. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marco EnríquezOminami. El señor ENRÍQUEZOMINAMI.- Señor Presidente, en virtud del decreto supremo N° 956, de 25 de noviembre de 2004, se creó el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera. El presidio, de 57 hectáreas, se ubica en la avenida José Arrieta con Las Perdices, Peñalolén Alto. Al interior del complejo se encuentran el Comando y la Escuela de Telecomunicaciones y el Penal Cordillera, a cargo de Gendarmería de Chile desde fines de 2004, donde cumplen diversas condenas ex jerarcas de los aparatos de seguridad de la dictadura militar y otros conocidos genocidas. Las condiciones en que se encuentran los militares en retiro con altos rangos, en prisión preventiva y cumpliendo condena en el recinto señalado, atentan contra mínimos principios de legalidad y de igualdad. Éstas parecen más bien un cambio de domicilio de los procesados, todos criminales de alta peligrosidad, que una medida precautoria sobre su persona. El documento denominado “Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial” demuestra los privilegios y comodidades que acogen a esos criminales en dicho recinto penitenciario. Entre otros, cuentan con servicios de mucama, sistema telefónico en sus dependencias, atención especial de asistente, mozo, libre tránsito por las dependencias del club de oficiales así como por el casino, gimnasio, sala de internet, etcétera. Esto sería menos odioso si el beneficio se hiciera extensivo a todos los internos del lugar y no sólo a los oficiales de mayor rango. Al parecer, quienes fueron el último eslabón de la cadena de mando en la represión organizada desde el Estado de Chile hacia otros chilenos, deben soportar las condiciones reales de su privación de libertad, mientras quienes planificaron e impartieron las órdenes, parece que estuvieran de vacaciones en un resort all inclusive. Esta costumbre tan arraigada en las Fuerzas Armadas de que, a mayor rango, mayores privilegios, sólo corrompe la moral de nuestro Ejército. Castas que no son capaces de mostrar su valía, que extienden sus beneficios incluso hasta para los castigos frente a una condena, debería asumir la pena mayor quien tiene mayor grado, dada la verticalidad del mando en las Fuerzas Armadas, son absolutamente inaceptables en una sociedad que se pretende democrática e igualitaria. Con ello se desconoce y violenta todo sistema de administración basado en el mérito y la probidad. Las Fuerzas Armadas son parte del Estado y están sujetas a la Constitución Política y a la ley, al igual que los demás servicios públicos. En consecuencia, sus actuaciones no pueden violentar las normas constitucionales. Nadie puede establecer diferencias arbitrarias entre las personas, ni siquiera en el Ejército. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados, según reza la Constitución Política de la República. Sin embargo, estas máximas constitucionales se violentan actualmente en las dependencias del Batallón de Policía Militar, lo que no puede dejarnos indiferentes como órgano público destinado por ley a fiscalizar los actos del gobierno. En virtud de lo anterior, los diputados Sergio Aguiló, Tucapel Jiménez y Jorge Burgos presentaron un proyecto de ley tendiente a derogar el decreto supremo N° 956, de 25 de noviembre de 2004, que crea el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera. Con el objeto de recabar información sobre los recursos públicos que se destinan a mantener cómodos a los oficiales hoy recluidos en Batallón de Policía Militar, pido que se oficie al ministro de Defensa y al comandante en jefe del Ejército de Chile, a fin de que nos informen sobre los montos que se destinan mensualmente a cada uno de los militares que se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar; al ministro de Justicia, para que nos informe sobre el monto que se destina mensualmente a los militares que cumplen condena en el referido recinto penitenciario, y al director nacional de Gendarmería de Chile para que nos informe sobre los siguientes puntos: 1.Diferencias en las condiciones de reclusión entre oficiales y suboficiales en el Batallón de Policía Militar; 2.Cantidad de televisores instalados al interior de dicho recinto con indicación expresa de su ubicación física; 3.Cuentas de los servicios de luz, agua, gas, acceso a internet y televisión por cable en el Batallón; 4.Cantidad de computadores de que disponen los detenidos en el Batallón de Policía Militar, con indicación de los usuarios habilitados para acceder a internet; 5.Las justificaciones para el trato diferenciado entre los detenidos en el Batallón de Policía Militar que son oficiales y aquellos que no los son; 6.El lugar físico de reclusión de las personas detenidas en el Batallón de Policía Militar, con descripción de las instalaciones e indicación expresa del lugar donde se encuentran; 7.La comida que recibe cada recluso, con indicación del nombre y rango del detenido en el Batallón de Policía Militar. En el caso de haber diferencias, que sean explicadas las razones; 8.El régimen de visitas imperante en el centro, y 9.El régimen de aseo y mantenimiento de dormitorios y baños. Por otra parte, a través del mismo oficio, solicito que envíe copia del instructivo y disposiciones para el personal en situación especial, que rigen la vida de los prisioneros en el Batallón de Policía Militar. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gastón Von Mühlenbrock, Ignacio Urrutia, Carlos Abel Jarpa y de quien habla. ROBO DE CABLES TELEFÓNICOS EN REÑACA ALTO. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- El tiempo que le resta al Comité del Partido Socialista le fue cedido al diputado Francisco Chahuán. Tiene la palabra su señoría. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, agradezco al Comité del Partido Socialista por cederme su tiempo. Quiero dar a conocer la situación que afecta a un vasto sector de Reñaca Alto, Viña del Mar, que bien podría repetirse en otras comunas y localidades del país. Sus líneas telefónicas están fuera de servicio, porque los cables que las sostienen fueron robados, hecho que, incluso, motivó una protesta ciudadana. La sustracción de cables telefónicos constituye una faceta más de la escalada delictual que afecta a nuestro país, ya que el cobre que se obtiene de estos robos tiene un buen precio en el mercado, según han señalado los agentes de los respectivos cuerpos policiales. Se produce, entonces, un doble delito, ya que, además del robo, quienes lo compran cometen el delito de receptación. Los ladrones de este material, obviamente, no tienen en consideración el daño que provocan a los pobladores, a los establecimientos educacionales y de atención de salud y a los locales comerciales ubicados en los sectores afectados, los que quedan absolutamente incomunicados, lo cual se ve agravado en caso de situaciones de emergencia, como las ocurridas durante las lluvias que afectaron a la ciudad. Sin embargo, lo que resulta más grave para los usuarios de la empresa Telefonica, es que aún no se remedia el problema, a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde que produjeron los hechos. No obstante, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la empresa cobra igualmente el servicio que no ha prestado, independientemente de las causas que originaron el problema. Estimamos que debe rebajarse de la cuenta el período durante el cual se ha dejado de prestar el servicio, lo cual debería reflejarse en la siguiente facturación. Además, creemos que las diversas empresas que prestan servicios telefónicos deben contar con planes de contingencia que eviten la interrupción del respectivo servicio. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que nos informe si se han adoptado las medidas conducentes a reparar la situación que afecta a los pobladores del sector de Reñaca Alto y si existen planes de contingencia para que las empresas que prestan servicios telefónicos domiciliario o básico reconecten el suministro en el evento de ser afectadas por robos de cables. De no ser así, sería lamentable, pues ello nos obligaría a legislar para velar debidamente por este derecho ciudadano, tan indispensable hoy en día. De la misma forma, pido que se envíe copia de mi intervención a la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Reñaca Alto. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez, Gastón Von Mühlenbrock, Ignacio Urrutia, Gonzalo Arenas, Carlos Abel Jarpa y de quien habla. CONSTRUCCIÓN DE VÍA ALTERNATIVA EN ACCESO NORTE A CHILLÁN. Oficio. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, siempre las obras de progreso, especialmente las concesionadas, nos muestran grandes avances, como el caso del nuevo bypass en Chillán. Sin embargo, una vez más debo reiterar nuestra preocupación, tal como lo han hecho los alcaldes de Chillán, Aldo Bernucci, y de San Nicolás, Víctor Toro, y el diputado Rosauro Martínez, el 5 de julio recién pasado en esta misma Sala, por la instalación de un peaje en el acceso norte de dicha ciudad, que está en la ribera del río Ñuble y que produce la división de dicha provincia al separar las comunas del secano costero, que, como se ha dicho, lamentablemente son las últimas del sector, con excepción de la de San Juan de la Costa. Lo mismo sucede con algunos sectores de Chillán, como la Villa Illinois, Oratorio, la villa San Nicolás, la población Ismael Martín y, especialmente, las comunidades de San Nicolás, de Quirihue y de Ninhue. Como señalé, la situación preocupa a las autoridades de la zona y los vecinos han manifestado su inquietud en varias oportunidades. Sin ir más lejos, el 1 de agosto recién pasado, los alcaldes de Chillán y de San Nicolás, señores Bernucci y Toro, respectivamente, sostuvieron una reunión con los vecinos de esos sectores para expresarles su preocupación y esperan tener una pronta respuesta de parte del ministro de Obras Públicas, por cuanto en la zona no existe una vía alternativa ni una calle de servicio para evitar el cobro de los peajes. Las comunidades de San Nicolás, Ninhue y Villa Illinois deben pagar dos peajes para llegar hasta sus hogares uno de ellos se ubica en el acceso norte a Chillán, por un valor de ochocientos pesos diarios. Estoy seguro de que el Ministerio de Obras Públicas busca la interconexión del país, pero ello no puede significar la división de una provincia. El pasado 5 de julio se solicitó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, una solución respecto de la obra concesionada en cuestión, por cuanto no hay vías alternativas para el acceso a Chillán. Por lo tanto, solicito reiterar el oficio dirigido al ministro Bitrán, para que nos dé una respuesta sobre la situación descrita. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez, Gonzalo Arenas, Gastón Von Mühlenbrock, Ignacio Urrutia, Francisco Chahuán y quien preside. VIGENCIA DE LEGISLACIÓN SOBRE COBRO EN CRUCE FERROVIARIO. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, recibí una carta de un agricultor de la zona que represento llamado Leonardo Manríquez Candia que me pareció curiosa y mediante la cual me dice que la Empresa de Ferrocarriles del Estado le está cobrando alrededor de 10 UTM por pasar por sobre la vía férrea. Ello está fundado en una carta que le envió dicha empresa, de la cual leeré algunos puntos: “En conformidad con el Reglamento de Cruces Particulares, decreto supremo N° 2.132, de 1939, el cual deben cumplir todos los usuarios de cruces particulares que atraviesan la faja vía férrea de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, cúmplenos informarle que, de acuerdo con nuestros registros y en conjunto con diversas inspecciones efectuadas en terreno por personal de EFE, el cruce ubicado en el kilómetro 353,945 LCS, del cual usted es usuario, se encuentra transgrediendo la legislación vigente. Además, debido a que en ésta se establece la facultad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para clausurar los cruces particulares, la no regularización de estos conlleva a su clausura temporal, proceso que comenzará a efectuarse a partir del 27 de marzo del año en curso, con el consecuente cobro de la clausura y del levantamiento de ésta, si corresponde.” Lo anterior llama la atención, porque nunca se ha cobrado porque un agricultor pase por arriba de la línea férrea para ingresar a su campo. En este caso no tiene otra alternativa. Es su única posibilidad. Nunca se ha cobrado por utilizar esos cruces. El decreto supremo reitero es de 1939, es decir, han pasado 67 años y nunca se había aplicado. Por eso, cuesta entender esta situación. Intenté buscar el decreto aquí en el Congreso, incluso por Internet, pero sin resultados positivos. No sé dónde encontrarlo. Quizás esté en la Biblioteca. Me parece que se trata de una situación muy irregular. Por lo tanto, pido que se oficie al director de Ferrocarriles del Estado para que nos informe por qué, después de 67 años, se hace efectivo por primera vez este decreto. Asimismo, pido que se oficie al contralor general de la República para que informe si ese decreto se encuentra vigente y si la cobranza que realiza Ferrocarriles del Estado se ajusta a derecho. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Von Mühlenbrock, Arenas y de quien preside. PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA DEL SUR. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, la zona sur está viviendo una situación muy grave debido a la importación de leche en polvo y de quesos provenientes de Argentina que aumentó, entre enero y mayo de este año, 185 y 157 por ciento, respectivamente. Esos productos subsidiados están dañando seriamente a nuestra industria láctea. En los países desarrollados, cuando se presenta una solicitud de salvaguardia, de inmediato se detiene el ingreso de productos subsidiados y, luego, se investiga. En Chile se actúa al revés. El ministro de Agricultura presentó ante la Comisión Antidistorsiones una salvaguardia para nuestra industria lechera. El problema radica en que nuestros mecanismos e instituciones son demasiado lentos para operar. Lamentablemente, en Chile se presentan, se estudian y después se detiene el ingreso de productos subsidiados al país. Esa demora resulta lapidaria, ya que cada día de retraso significa mayor desempleo y un daño irreparable para los productores de leche y nuestra industria láctea en general. Ahora bien, es importante que nuestros vecinos no gasifiquen el problema de la leche, como señaló el ministro de Agricultura, porque son temas que van por carriles distintos. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura, a fin de que adopte todas las medidas necesarias destinadas a enfrentar cualquier reclamo del Gobierno argentino por las medidas que se adopten para proteger, mediante derecho, nuestra industria láctea y no se involucre el tema del gas. Asimismo, solicito que la Comisión Antidistorsiones actúe lo más pronto posible, porque cada día de atraso significa un daño irreparable para la economía del sur de Chile. Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los dirigentes de Aproleche y de Fedeleche, que solicitaron nuestro apoyo para defender el sustento de miles de campesinos de la zona sur. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. SOLUCIÓN A DEFICIENCIAS HABITACIONALES Y DE SEGURIDAD EN VILLA FRANCIA, COMUNA DE COLLIPULLI. Oficios. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente, quiero hacer presente la situación que viven las 127 familias de la Villa Francia, comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Novena Región, que tuve la oportunidad de constatar en terreno, la semana pasada. En la ocasión, pude apreciar las graves deficiencias de las viviendas que habitan, no obstante que se las entregaron hace muy poco tiempo, específicamente, en enero de 2005. Los afectados postularon y se adjudicaron dichas casas a través del comité de vivienda Formando Nuestro Hogar, que después de muchos años y esfuerzos, obtuvo la casa propia para sus asociados, a través de la modalidad de vivienda social dinámica sin deuda. Como señalé, esas viviendas fueron entregadas hace poco más de un año, no obstante lo cual, con ocasión de los últimos temporales que afectaron al sur de nuestro país, sus propietarios vieron con decepción e impotencia como sus casas se llovían a causa de las innumerables filtraciones que se habían producido, tanto en el techo como en las paredes, lo cual habla de posibles deficiencias estructurales serias. No obstante los reclamos que han hecho, hasta ahora no han sido escuchados. A esa situación hay que agregarle los serios problemas de seguridad ciudadana que afectan a esa población, lo cual se debe a que fue construida en lo que antes era un sitio eriazo. En efecto, según comentan los propios vecinos, después se las siete de la tarde la Villa Francia se transforma en un lugar intransitable, toda vez que por los sitios eriazos que rodean la villa deambulan un gran número de jóvenes en estado de ebriedad, muchos de los cuales cobran peaje a quienes transitan por el sector después de la hora señalada. También se han producido robos y hurtos al interior de los hogares. Los hechos denunciados hacen que la vida de esas familias, que antes eran allegadas y que esperaron con mucha ilusión recibir sus casas, se torne cada vez más difícil, tanto por las fallas estructurales de las viviendas que les entregaron, como por los graves problemas de seguridad ciudadana que he mencionado. Por eso, pido que se envíe un oficio al secretario regional ministerial de Vivienda de la Novena Región, a fin de que evacue un informe que dé cuenta de las posibles deficiencias estructurales que afectan a las viviendas de estas 127 familias de la Villa Francia. Además, que nos informe respecto de la posibilidad de ejercer las garantías correspondientes en caso de que se confirme la existencia de fallas mayores que sean de responsabilidad de la empresa constructora. Asimismo, pido que se envíe un oficio al comisario de Carabineros de la comuna de Collipulli, para que otorgue protección especial a las familias de la Villa Francia, que reiteradamente se han quejado de que cada vez que llaman a Carabineros, éstos simplemente no acuden al sector que, como mencioné, a partir de las siete de la tarde se transforma en un lugar sin ley, lo cual se debe, especialmente, a innumerables fiestas, autorizadas por la autoridad, que se organizan en los alrededores de la villa, lo que atenta en contra de la calidad de vida de estas familias, constituidas, principalmente, por matrimonios jóvenes con hijos pequeños, a los cuales poco menos que tienen que encerrar a partir de las siete de la tarde, sin poder salir a jugar, como corresponde a niños de esa edad. Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención y de los oficios solicitados al alcalde de la comuna, a cada uno de los concejales y a la directiva de la Villa Francia, presidida por la señora Elizabeth Imilpán Segura, ex comité de vivienda Formando Nuestro Hogar. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviaran los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención. ASESORÍA TÉCNICA EN MANTENCIÓN DE CANAL SANTA ELENA, COMUNA DE ANGOL. Oficios. El señor ARENAS.- Señor Presidente, quiero hacer presente la situación que vive la Comunidad de Aguas del canal Santa Elena, de la comuna de Angol. Está integrada por más de cincuenta familias de pequeños agricultores, que tienen una bocatoma en el canal, que se encuentra en la ribera derecha del río Malleco, específicamente en el kilómetro 15 del camino Angol-Collipulli. Desde 2004 ha presentando innumerables denuncias y reclamos, especialmente en el 2006 a propósito de los últimos temporales ocurridos en la zona sur, por las erosicones producidas en el lecho del canal, lo que constituye un peligro no sólo para la actividad productiva de esos pequeños campesinos, sino que también para sus hogares a raíz de las crecidas del río Malleco. La Dirección de Obras Hidráulicas ha señalado que las obras del canal Santa Elena son privadas y, por lo tanto, no pueden intervenir en ellas. Según nuestra legislación son de cargo de la propia Comunidad de Aguas y de los usuarios de dicho canal, quienes tienen que asumir los costos del mejoramiento del canal Santa Elena. Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Dirección de Obras Hidráulicas, entendiendo que son obras privadas, para que ayude a la comunidad con asesoría técnica y con la elaboración de un proyecto para mejoramiento de las obras del actual canal Santa Elena. Además, que la Dirección tome las medidas necesarias y conducentes para evitar los continuos desbordes del río Malleco en el sector, porque hace aún más difícil las actividades productivas de los pequeños y medianos agricultores de la comuna de Angol. Pido que copia de mi intervención se haga llegar al alcalde de la comuna de Angol, a cada uno de sus concejales y a la directiva de la Comunidad de Aguas del canal Santa Elena, de la comuna de Angol, encabezada por su secretaria, doña María Riquelme Hidalgo. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, y se adjuntará, a quienes corresponda, copia íntegra de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA DE LUMACO. Oficios. El señor ARENAS.- Señor Presidente, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios debido a la calidad del agua potable que se consume hoy en la comuna de Lumaco. Aguas Araucanía es la proveedora de dicho servicio y ha sido una constante en el último tiempo que muchos vecinos han reclamado por la calidad del agua potable. Algunos dicen que sale con olor, con ciertos colores que no corresponden y, por tanto, temen por la calidad del agua. Se han hecho algunos estudios para ver si efectivamente cumple con las normas que corresponde. Algunos de ellos, no constantes en el tiempo, indican que la calidad del agua potable en la comuna es la adecuada; sin embargo, los vecinos se encuentran sumamente preocupados y decepcionados porque eso no se condice con la realidad que ellos pueden apreciar en el día a día. Por eso, pido oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que exija a Aguas Araucanía presentar informes completos y periódicos sobre la calidad del agua potable a los vecinos de la comuna de Lumaco y, especialmente, a la directiva de la Junta de Vecinos Nº 1, que ha formulado los reclamos. Pido que copia de mi intervención sea enviada al alcalde de la comuna de Lumaco, a cada uno de sus concejales y a la directiva de la Junta de Vecinos Nº 1 de dicha comuna. He dicho. El señor BURGOS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, y se adjuntará, a quienes corresponda, copia íntegra de su intervención. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.59 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.