REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 354ª
Sesión 81ª, en miércoles 4 de octubre de 2006
(Especial, de 18.37 a 20.32 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; y Pérez Arriagada, don José.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.OBJETO DE LA SESIÓN
VI.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia4
II.Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V.Objeto de la sesión. 
Construcción de Carretera Austral y eventual indemnización por uso de terrenos del parque Pumalín. Proyecto de acuerdo8
VI.Documentos de la Cuenta. 
1.Moción de los diputados señores Bustos, Paredes, Aguiló, Espinoza, don Fidel, León, Quintana, Rossi, Sunico, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel y Pacheco, doña Clemira, que establece una reforma constitucional relativa a los efectos del desafuero. (boletín N° 458107)31
2.Moción de los diputados señores Paredes, Bustos, Ceroni, Chahuán, De Urresti, Girardi, León, Quintana, Saffirio y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que modifica el inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal referido al desafuero por delitos de acción privada. (boletín N° 458207)33
3.Moción del diputado señor Errázuriz, que modifica el número 10 del artículo 10 del Código Penal para sancionar a quien denuncie a un agente encubierto. (boletín N° 458307)36
4.Moción del diputado señor Errázuriz que sanciona la circulación clandestina de extranjeros en Chile. (boletín N° 458406)37
5.Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, Dittborn, Jaramillo, León, Lorenzini, Montes, Ortiz y Von Mühlenbrock, que prohíbe modificar unilateralmente un contrato, pese a cláusula que así lo establezca. (boletín 
N° 458503)37


VII.Otros documentos de la Cuenta. 

1.Oficios:
De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar por 30 días el plazo para cumplir el mandato otorgado relativo a investigar las eventuales irregularidades en que habría incurrido CodelcoChile relacionadas con la filtración de relaves provenientes de la División El Teniente, en los Esteros Carén y Alhué. 
Certificado médico acompañado por la diputada señora Rubilar por el cual acredita que deberá permanecer en reposo por tres días, a contar del 3 de 
octubre del año en curso.


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
NOMBRE(Partido*RegiónDistrito)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Aedo Ormeño, René
--Aguiló Melo, Sergio
--Alinco Bustos, René
--Allende Bussi, Isabel
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Araya Guerrero, Pedro
--Arenas Hödar, Gonzalo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Bobadilla Muñoz, Sergio
--Burgos Varela, Jorge
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chahuán Chahuán, Francisco
--De Urresti Longton, Alfonso
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Díaz Díaz, Marcelo
--Dittborn Cordua, Julio
--Duarte Leiva, Gonzalo
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Eluchans Urenda, Edmundo
--Encina Moriamez, Francisco
--EnríquezOminami Gumucio, Marco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escobar Rufatt, Álvaro
--Espinosa Monardes, Marcos
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Estay Peñaloza, Enrique
--Farías Ponce, Ramón
--Forni Lobos, Marcelo
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Briere, Guido
--Godoy Ibáñez, Joaquín
--Goic Boroevic, Carolina
--González Torres, Rodrigo
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Hernández, Javier
--Herrera Silva, Amelia
--Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge
--Isasi Barbieri, Marta
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Fuentes, Tucapel
--Kast Rist, José Antonio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Lobos Krause, Juan
--Lorenzini Basso, Pablo
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Meza Moncada, Fernando
--Monckeberg Bruner, Cristián
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Monsalve Benavides, Manuel
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Norambuena Farías, Iván
--Núñez Lozano, Marco Antonio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Pacheco Rivas, Clemira
--Palma Flores, Osvaldo
--Pascal Allende, Denise
--Pérez Arriagada, José
--Quintana Leal, Jaime
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Villalobos, Jorge
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Sepúlveda Hermosilla, Roberto
--Silber Romo, Gabriel
--Soto González, Laura
--Sule Fernando, Alejandro
--Tarud Daccarett, Jorge
--Tohá Morales, Carolina
--Turres Figueroa, Marisol
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Valenzuela Van Treek, Esteban
--Vallespín López, Patricio
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Cárdenas, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Verdugo Soto, Germán
--Vidal Lázaro, Ximena
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
--Ward Edwards, Felipe
Asistieron, además, los ministros de Obras Públicas, don Eduardo Bitrán, y de la Secretaría General de la Presidencia, doña Paulina Veloso.
Concurrieron, también, los senadores Antonio Horvath, Víctor Pérez y Adolfo Zaldívar.
Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Eugenio Tuma.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 18.37 horas.
El señor LEAL (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III ACTAS

El señor LEAL (Presidente).- El acta de la sesión 76ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 77ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV CUENTA
El señor LEAL (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, no es que me sienta aludida, pero en el diario La Segunda apareció un artículo donde se acusa de flojos a todos los integrantes de esta Cámara, razón por la cual quiero hacer uso de los cinco minutos que establece el artículo 34 del Reglamento.
El señor LEAL (Presidente).- Señora diputada, el artículo 34 del Reglamento se refiere al daño que se causa a la reputación de una diputada o diputado a través de algún medio de publicidad. Pero se requiere que la alusión sea a la persona, no genérica. En este caso, hubo una opinión en contra de todos los diputados. En consecuencia, no podré concederle los cinco minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en situaciones similares, se accedió a que un diputado hiciera uso de la palabra por cinco minutos en representación de todos sus colegas. En este caso, es perfectamente posible que la diputada señora Saa pueda contestar la alusión que se nos ha hecho a todos a través del diario La Segunda.
El señor LEAL (Presidente).- Señor diputado, el artículo 34 del Reglamento es absolutamente perentorio, en orden a que la alusión debe ser hecha a un diputado. Su inciso segundo establece que: “Cada diputado podrá hacer uso de este derecho por una sola vez en la misma sesión y, exclusivamente, en las oportunidades indicadas en el inciso anterior.”, y éste nos habla de la alusión directa que dañe la honorabilidad de un diputado.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, entiendo perfectamente su posición. Interpreta muy bien el Reglamento, pero ¿no será posible que pida la unanimidad de la Sala para que la diputada señora María Antonieta Saa haga los descargos correspondientes?
El señor LEAL (Presidente).- No hay consentimiento de la Sala, señor diputado.
Pero la diputada Saa, como todos los diputados, tiene derecho a hacer pública su opinión sobre el tema.
El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente en cuanto a prorrogar por treinta días el plazo, a fin de cumplir el mandato que le fue otorgado para investigar las eventuales irregularidades en que habría incurrido CodelcoChile respecto de la filtración de relaves provenientes de la división El Teniente, en los esteros Carén y Alhué.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.


V. OBJETO DE LA SESIÓN


CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA AUSTRAL Y EVENTUAL INDEMNIZACIÓN POR USO DE TERRENOS DEL PARQUE PUMALÍN. Proyecto de acuerdo.

El señor LEAL (Presidente).- La presente sesión, motivada en una presentación suscrita por cuarenta diputadas y diputados, tiene por objeto “analizar la ejecución de la construcción de la carretera Austral en la Décima Región, en relación con una eventual indemnización al empresario Douglas Tompkins por el uso de terrenos del parque Pumalín, ello en virtud del acuerdo alcanzado entre el gobierno del Presidente Lagos y este ciudadano estadounidense en 2003”.
A esta sesión han sido citados los ministros de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán, y del Interior, señor Belisario Velasco, quien se excusó de asistir por encontrarse en una reunión con alcaldes en la Novena Región. Informo a la Sala que se encuentra presente en la Sala la ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso.
En el tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, de nuevo en este hemiciclo los diputados vamos a estudiar una situación que dice relación con Douglas Tompkins. No es primera vez que los dichos, actos u omisiones de este señor generan un debate en nuestra Cámara, dadas las implicancias que éstos tienen en la integración del sur austral del país, a través de un camino por el parque Pumalín.
Hagamos historia. Hace algunos años, en esta misma Sala discutimos acerca de las presiones a los colonos; del despoblamiento en la zona de Palena; de la adquisición de terrenos limítrofes o fronterizos; de los obstáculos a la realización de futuros proyectos de desarrollo; de la superposición de títulos; de las controversias de este empresario con actividades económicoproductivas en la zona sur austral; de la preocupación por el desarrollo de las fronteras interiores del país y su conectividad, y por los efectos de sus adquisiciones de tierras en la soberanía nacional.
En julio de 1997, en razón de esos hechos y basado en la colaboración y buena voluntad de las partes, se consensuó y suscribió un acuerdo entre Douglas Tompkins, su fundación americana y el gobierno.
¿En qué consistía ese acuerdo? A grandes rasgos, el gobierno se comprometía a declarar santuario de la naturaleza los terrenos del parque, a conceder personería jurídica a una nueva fundación chilena, que se constituiría para el desarrollo del parque, a la cual se le donarían los terrenos, y a conceder la exención de impuestos a la donación que gravarían el aporte de propiedades de la Fundación Pumalín a la nueva fundación donataria.
Por su parte, Douglas Tompkins se comprometía a crear un parque privado, denominado parque Pumalín, cuya administración se entregaría a la fundación chilena, en trámite en ese entonces; a materializar, previas autorizaciones y exenciones que se requirieran, el aporte modal o gratuito de los terrenos que comprendería el parque a la nueva Fundación; a entregar al Estado, sus organismos o a terceros, en dominio, servidumbre, arrendamiento u otro título oneroso, los terrenos del parque necesarios para materialización de proyectos con interés público comprometido, y a regularizar problemas con colonos que tenían superposición de títulos.
Posteriormente, en esta misma Sala discutimos las implicancias del acuerdo complementario suscrito en 2003 con el gobierno del Presidente Lagos. La razón de ser de ese acuerdo era definir un mecanismo definitivo que permitiera la declaración del parque Pumalín como santuario de la naturaleza y, a su vez, que el gobierno pudiera asegurar y garantizar al país la continuidad territorial, reservando el derecho de conservar la Ruta Austral y construir nuevas vías que permitieran unir a Chile por un camino terrestre. Ésos eran los grandes objetivos.
Así llegamos al documento complemento base del acuerdo de 1997, que se suscribió en 2003.
Pongan atención a lo siguiente. Por un lado, están la declaración de santuario de la naturaleza, el traspaso de los terrenos a una fundación chilena y el compromiso del Estado a eximirlo de impuestos a las donaciones y, por otro, está este señor, que hace algunos días anunció que si el gobierno de Chile toma la decisión de beneficiar a nuestros compatriotas del suelo austral, construyéndoles un camino por el parque Pumalín, hay que indemnizarlo, olvidándose que el Estado ya hizo un esfuerzo importante al dejar de recaudar impuestos, que son recursos de todos los chilenos que se focalizan en gasto social. Es decir, “el acuerdo de caballeros” comienza a desvanecerse.
¿Con qué Tompkins firmó el gobierno el acuerdo? ¿Con el ecologista dadivoso, de sonrisa fácil, de apariencia física débil, que proclama a los cuatro vientos que nos hace el gran favor de regalarnos un parque a todos los chilenos, o con el empresario exitoso, soberbio, prepotente, que usa y utiliza su poder económico y político, que presiona, que genera dificultades y que busca adherentes para imponer sus ideas y criterios, despreciando los intereses del Estado chileno y de nuestra gente? 
¿Con quién firmó el gobierno ese acuerdo? ¿Con el Tompkins ecologista o con el Tompkins comerciante?
Daré a conocer una serie de hechos que nos permitirán llegar a una conclusión.
En primer lugar, quiero recordar que en el acuerdo suscrito en 2003, el gobierno chileno, además, se comprometió a traspasar una cantidad no despreciable de hectáreas para complementar el parque Pumalín, y otras más al sur para proyectos de preservación del medio ambiente. O sea, el Estado exime a este señor de impuestos y le entrega territorios para su proyecto; pero, hoy, ese mismo señor nos quiere cobrar, por cuanto, a su juicio, corresponde que se le indemnice, ya que, según manifiesta, la ley es igual para todos los chilenos. Sin embargo, cuando quería comprar tierras en la provincia de Palena y los colonos, que habían recibido del gobierno de Chile los títulos de dominio de acuerdo con lo dispuesto en el decreto ley 2.695, debidamente inscritos, no deseaban venderle, recurría a los tribunales de justicia para que esos títulos fueran declarados inconstitucionales. En este caso, la ley no era igual para todos. Así comenzamos a conocer la soberbia y la prepotencia de Douglas Tompkins.
Aquí tengo el título de dominio de una isla, inscrito, a nombre del colono Juan Arnaldo Gallardo Báez, de Chaitén, que posteriormente aparece inscrito, sin mediar transacción comercial alguna, a nombre de una de las empresas de Douglas Tompkins. Este hecho, denunciado en su oportunidad ante la Corte Suprema, demuestra cómo esta persona no sólo no respetaba los derechos de nuestra gente, sino que también los vulneraba impunemente.
Aquí tengo una carta de Germán Huenchuan Huenchuan, colono de la zona de Palena, de 13 de mayo de 1996, enviada al entonces subsecretario de Interior, Belisario Velasco, en la cual le manifiesta haber trabajado durante diez años en predios que posteriormente fueron adquiridos por Tompkins, el cual, desde que llegó a la zona, comenzó a presionarlo para sacarlo de sus tierras. Para ello, le ofrecieron un terreno cercano a Puerto Montt, pero antes debía renunciar a su indemnización, entregar otros predios de su pertenencia y una lancha, fruto de su trabajo y de su esfuerzo, como compensación al aporte que hacía Tompkins para la adquisición de la nueva propiedad. Cuando don Germán Huenchuan se da cuenta de que ese predio, cercano a Puerto Montt, tenía un precio muy inferior a todo lo que había entregado, va donde Tompkins, llevando la escritura que demostraba tal situación y le pide compensaciones, pero éste le manifestó que lo sentía mucho y que el negocio ya estaba cerrado.
¿Ante quién estamos? ¿Ante el ecologista o el comerciante? Claramente, el ecologista aún no aparece.
Posteriormente, cuando en Huinay y Vodudahue se generó polémica pública por las compras de terrenos ¿qué hizo Tompkins? Buscó apoyo en organizaciones no gubernamentales, lideradas por personalidades del ámbito medioambiental, y comenzó a financiarlas. Aquí tengo copia de cheques por cuatro millones de pesos para la señora Adriana Hoffman, y de recibos de pago de la fundación Educec, de la misma Adriana Hoffman, mediante los cuales se acusa recibo de 220 mil pesos para financiar los actos de desagravio de Tompkins. O sea, autofinanciaba esas actividades para mostrarse como el ecologista al cual las fuerzas del mal entre las cuales incluía a muchos de nosotros le estaban haciendo daño. ¿Ése es el ecologista? A mi juicio, ese es el comerciante.
Aquí tengo antecedentes sobre donaciones a la Fundación Lahuén, por más de 65 mil dólares en 1993 y 1994. ¿Quién la presidía? Sergio Vergara, en ese entonces, cercano al subsecretario de Bienes Nacionales. Tompkins así comenzaba a armar sus redes de apoyos, financiándose su propia defensa.
Posteriormente, cuando la presión pública se hace muy fuerte y dificulta la compra de terrenos, recurre a terceros. 
Nosotros denunciamos que Tompkins pidió a un millonario británico que apareciera comprando un gran fundo perteneciente al Ejército, en el sur.
¿Y dónde se delata el señor Tompkins? En una carta a su amigo Pedro, donde le dice: “Como ya sabes, también he estado intentando que se aprueben otros proyectos que, por supuesto, incluyen el de CorcovadoTic Toc. También hemos estado negociando con los militares un terreno de 170 hectáreas. He logrado que Timmy Goldsmith actúe como la fundación compradora, Fundación Goldsmith, también para apartar la atención de nosotros y reducir los candentes ánimos que las fuerzas de desarrollo pueden desear causarnos.”
Así actúa Tompkins. Cuando la polémica es candente, se sumerge y deja que actúen otros, pero su mano está detrás promoviendo esas acciones. 
Señalé los problemas con los colonos; apoyo de algunas ONG y de personalidades públicas; resquicios para seguir comprando terrenos utilizando a terceros. 
¿Qué hizo Tompkins cuando tuvo conflictos con empresas de la zona que estaban pidiendo que se les vendieran terrenos? Ahí aparecieron sus abogados y recomendaron acciones judiciales en tribunales para que se declararan nulos los actos que, facultada por ley, llevaba a cabo la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. Ahí, él señaló, con todas sus letras: “Un fallo lo perdimos, porque el Gobierno presionaba para que el fallo sea favorable a estas personas naturales o compañías”. 
¿Qué hizo este señor cuando se produjo el conflicto en la isla Las Nieves, en el Fiordo Pillán, cerca de caleta Gonzalo, en la provincia de Palena? Dijo que había que recurrir a todas las instancias de carácter político para que esa isla no fuera enajenada a quienes desarrollaban actividades económicoproductivas. Y ahí mencionó incluso a un ex Presidente de la República y a un ex ministro de Estado, de la Cartera de Bienes Nacionales. Según él, ya había hablado con un ex ministro de Obras Públicas que le había asegurado que el Ministerio de Bienes Nacionales no ejercería acción.
¿Qué dijo Tompkins de los diputados cuando nos opusimos a que comprara el fundo San Ignacio de Huinay? Señaló: “Hablemos de los últimos quince meses. Digo quince meses, porque ésa es la fecha cuando la balacera comenzó y cuando el primer grupo de diputados UDI llegaron a Huinay. Al comienzo, por supuesto, no sabíamos lo que sus maniobras producirían, así que nos tomó algunos meses ver cuánto problema han causado. En ese minuto no teníamos idea de la oscura manipulación de Velasco” el actual ministro del Interior “la que se hizo más evidente con el tiempo. 
Nos vimos completamente abocados a la tarea de convencer a la universidad de que nos vendiera y que frustrara los ataques. Movilizamos al movimiento ambientalista. En un principio, Daniel” que era un administrador “y yo” Tompkins, ya que trabajábamos juntos por mucho tiempo y en forma cercana, hicimos la mayoría, siempre con aportes de los directores y de personas como Sara, Manuel, Adriana, y muchos más, tratando de ajustar estrategias constantemente.” 
Así se manejaba este señor: buscando apoyos, generando estrategias. Este pobre, humilde y disminuido ecologista dadivoso, decía: “Que se sepa que los políticos de la UDI, el señor Velasco, el señor Ortega” entonces ministro de Agricultura “y el resto y, por supuesto, la Universidad Católica de Valparaíso, están tratando de caracterizarnos como los malos de la película, cuando son ellos los que están manipulando a la opinión pública. Creo que se podrían salir con la suya si nadie se preocupa de llamar la atención en los medios de prensa.” 
De esa manera nos indica cómo desarrollar una estrategia de carácter comunicacional. O sea, un buen líder en el mundo de los negocios sabe que para posicionar bien su producto en el mercado hay que venderlo y, para ello, hay que promocionarlo. ¿Cómo lo hacía? De la forma que he descrito.
¿Qué dijimos el diputado Darío Paya y quien habla en 1995 ó 1996 respecto del tema de los impuestos? Que las adquisiciones de terrenos de Tompkins en nuestro país le permitían rebajar impuestos en Estados Unidos. Su abogado nos contestó respecto de la forma cómo habíamos abordado las tasas de impuestos, pero no desmintió ni una sola palabra de lo que dijimos.
¿Qué pasaba en Chile con los impuestos de este ecologista dadivoso? Tengo en mi poder copia de una factura de una de las empresas de este ecologista, en la que facturó 60 mil metros cúbicos de leña a tres años plazo, puestos, según él, en la estación de ferrocarriles de Puerto Montt. Según mis conocimientos, el tren acaba de llegar a esa ciudad.
¿Qué hace este señor con otra de sus empresas? Forestal y Agrícola Reñihué factura mil novillos para entregar en un plazo de tres años, puestos en Puerto Montt. ¿Por qué lo hace? Única y exclusivamente tengo en mi poder copia de sus declaraciones de IVA, porque había acumulado créditos fiscales por varios millones de pesos. Obviamente, al hacer esta transferencia con facturas por animales y otra por 60 mil metros cúbicos de leña, la empresa que recibía esa transacción comercial descargaba IVA. Como ellos sabían que esa acción merecía reparos, un año después resciliaban el contrato, aduciendo que ni la leña ni los animales se podían entregar. 
¿Qué ocurre posteriormente? Le dicen que la empresa que se vio beneficiada con el IVA le debe devolver una parte del impuesto que rebajó, por lo que ésta le deposita 13 millones doscientos mil pesos en sus cuentas corrientes, 7 millones para una empresa y la diferencia para la otra.
¡Ése es el ecologista! ¡Ése es el que nos viene a regalar el parque! ¡Ése es el señor sencillo, generoso! Porque, según él, los chilenos no sabemos administrar parques. Él nos viene a dar una clase magistral y una lección. He hablado de su soberbia con los colonos; pero ¿qué se dice respecto de la soberbia con que trata a la propia gente que colabora con él? Tengo en mi poder copia de una carta, en la que uno de sus asesores le señala: “Creo que deberías ser más cauteloso en la forma como te expresas, pues tu lenguaje, aunque coloquial, la mayoría de las veces rebasa lo que la cortesía hispanoamericana acepta. No estamos en el far west ni estamos acostumbrados al modo de hablar de los cowboys ni de los colonizadores americanos. Somos un pueblo pequeño, pero digno. Piensa sobre lo que te digo, pues en ello podrás encontrar la clave de muchos de tus traspiés en Chile.”
¿Por qué hago este recuerdo? Porque quiero salir de dudas. ¿Quién firmó el convenio? ¿El Tompkins ecologista o el Tompkins comerciante y empresario? Respecto de otros actos de soberbia, puedo señalar que el señor Tompkins pidió por escrito a la Dirección de Vialidad en 2000 que no interviniese en el trabajo de mantención de la carretera Austral, en el tramo de Caleta Gonzalo a Chaitén, porque la constitución de las servidumbres de paso no está perfeccionada y, por ende, la carretera le pertenece. Y como él es el propietario de la carretera, la legislación lo respalda y tienen que pedirle permiso. O sea, el esfuerzo de cientos de colonos y de todos los chilenos que contribuimos con nuestros impuestos al erario para que se construya la carretera Austral, se diluye de la noche a la mañana, por cuanto dice que a él le corresponde su administración porque está al interior de su predio y se le debe pedir permiso para transitar por ella. O sea, falta poco para que en un tiempo más, si la constitución de las servidumbres de paso no está perfeccionada, nos cobre peaje cuando lleguemos a Caleta Gonzalo, porque ésa es su manera de actuar.
Deseo referirme al espíritu del acuerdo suscrito entre Tompkins y el gobierno de la época. 
¿Qué dijo la Fundación Pumalín en julio de 1998, un año después del acuerdo adoptado en el gobierno del Presidente Eduardo Frei? En la página N° 10, punto N° 5, titulado “Faja fiscal”, del denominado Informe de avances acuerdo GobiernoEl bosque Pumalín Fundación, señala:
“El tema de la faja fiscal a lo largo de la Carretera Austral en el tramo comprendido dentro del proyecto Pumalín es un asunto que debiera incluirse dentro de un Convenio entre El Bosque Pumalín Foundation y el Ministerio de Obras Públicas. El punto de vista de la Fundación” esto es muy importante “es donar la carretera mediante un acuerdo de cooperación que fije la amplitud y tratamiento de las obras de infraestructura dentro de la faja, evitándose la instancia de la expropiación.”
¿Qué nos dijo la gente de Tompkins, su espíritu y su ánimo, un año después de firmado el acuerdo con el señor Frei? Donar la carretera y evitarse el trámite de la expropiación.
¿Qué nos dijo Tompkins hace pocos días por los diarios? ¡Que hay que pagarle! 
¿A este señor le interesa la plata? No, lo que le interesa es generar dificultades, problemas, ir a tribunales, ganar tiempo, buscar adeptos para imponer su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que el camino no pase por el parque Pumalín, sino por el sector costero que, curiosamente, no toca ningún predio de Tompkins y nos obliga a los chilenos que estamos en esa zona a seguir dependiendo del trasbordo a través de las barcazas.
Señor ministro, por intermedio del señor Presidente, quiero decirle con mucho respeto que la gente de Palena y de Aisén necesita con urgencia tener una respuesta del Gobierno respecto de la construcción del camino por el parque Pumalín. Esa gente no puede seguir dependiendo de un servicio de transbordadores precario, de las condiciones del clima para entrar o salir a Chaitén, de los pasos fronterizos con Argentina, donde cuando quieren nos suben y nos bajan el valor de los combustibles, de las tasas de migración y de los seguros. Nuestra gente quiere llegar a otro punto del país cuando tenga una necesidad, una urgencia, como trasladar a un enfermo, acompañar a un hijo o ejercer el derecho legítimo de salir de vacaciones o visistar a su familia. Ese camino es muy importante.
Por eso, espero que en esta sesión tengamos la respuesta clara y definitiva del Gobierno sobre la materia: el camino se va a construir por el parque Pumalín. Así se harán valer los derechos, las necesidades y anhelos de nuestra gente de la provincia de Palena, en lugar de seguir supeditados a los caprichos de este ecologista con visa de turista que tiene una serie de actitudes, hechos y acciones que no se condicen con una persona afable, noble y transparente.
Sin duda, el país necesita continuidad territorial. Por eso la UDI velará y exigirá al Gobierno la construcción de ese camino, porque Palena lo exige y Chile, por supuesto, lo necesita.
Espero que el Gobierno privilegie definitivamente los intereses del país, la conectividad de la zona austral y no se doblegue a los caprichos y presiones de este particular turista americano que nos ha dado ejemplos claros en todo este tiempo de su maestría para presionar y obtener sus propósitos.
Es la hora de actuar, señor ministro, por intermedio del señor Presidente. ¡Camino a Chile, ahora! 
He dicho.
(Aplausos).
El señor LEAL (Presidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, hace ya unos cuantos años, en la década de los 80, viajé a Alemania junto a un grupo importante de pequeños empresarios invitado por la Fundación Friedrich Eber. Entre otras actividades, visitamos algunas granjas agrícolas de entre 40 a 50 hectáreas de superficie. Pregunté a los granjeros si podía comprar algunas de esas granjas alemanas. Me contestaron: “No, señor; el suelo alemán es para los alemanes”. Pero, cosa curiosa, en nuestro país cualquier extranjero puede comprar 200 mil, 300 mil ó 400 mil hectáreas so pretexto, como lo hace el señor Douglas Tompkins, de ser ecologista y de querer traspasar después esos terrenos al Estado chileno, con el objeto de que los transformen en un parque nacional.
Recordemos que este señor pagó un precio miserable por cada hectárea, de ninguna significación; sin embargo, pretende que se le indemnice si pasa la carretera Austral por ese lugar y, seguramente, cobrar por ese concepto mucho más dinero del que pagó por las casi 400 mil hectáreas. Como chilenos, debemos preocuparnos un poco más de lo nuestro. Lamentablemente, nos hemos descuidado con este señor.
En la década de los 60, David Rockefeller financió una investigación patrocinada por Henry Kissinger, que culminó en el llamado Iron Mountain Plan. Se imponía en ese entonces la imperiosa necesidad que tenía Washington de buscar una forma silenciosa de ganar presencia en zonas geográficas de interés estratégico para Estados Unidos en pos de mantener su posición hegemónica a nivel global. Entre muchas de las alternativas propuestas estaba la de vincular esta operación con supuestos negocios de carácter ecologista.
De ahí, entonces, que llama profundamente la atención tanta cantidad de recursos invertidos para dominar una importante superficie de hectáreas, no sólo en Chile, sino que también en la República Argentina. 
Estamos en presencia de una situación compleja; estamos en presencia de un norteamericano que llegó disfrazado con piel de oveja, pero que, con el correr del tiempo, se transformó en lobo feroz.
Recuerdo que por los años 70 hubo necesidad de nacionalizar el cobre, porque era de todos los chilenos. Ahora, en la medida en que se complique la situación, deberemos legislar, como en esa oportunidad, para recuperar las grandes superficies que están en manos de extranjeros y nacionalizarlas, para que pasen a poder del Estado y sean administradas por la Conaf, a fin de que los parques nacionales cumplan algún rol importante para el país.
No olvidemos los inconvenientes que ha tenido un sinnúmero de colonos que habitaban las tierras que Tompkins domina en estos momentos, así como los problemas que ha tenido el Gobierno con ocasión de las distintas operaciones que ha realizado este señor.
Debemos estudiar en profundidad este tema. Soy partidario de que si no hay claridad y entendimiento con el señor Tompkins en el corto plazo, se estudie algún procedimiento legal con el fin de recuperar esas tierras, más aún si se trata de superficies tan importantes como las que he mencionado.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, al igual que el colega Claudio Alvarado, soy diputado por el distrito N° 58, por lo que también represento a la gente que vive en la provincia de Palena, donde se ubica el parque Pumalín. En consecuencia, haré mis observaciones desde esa perspectiva y dentro del marco de la convocatoria a esta sesión, que tiene por objeto analizar la ejecución de la construcción de la continuación de la carretera Austral y la indemnización que reclama Douglas Tompkins. 
En todo caso, cabe precisar que será difícil analizar todas las observaciones que se han hecho en relación con Douglas Tompkins, quien es una persona que concita mucho apoyo, pero también mucho rechazo. 
Por lo tanto, si a pesar de todas las discusiones que hemos tenido acá, de todos los documentos analizados y de todas las investigaciones realizadas sobre Tompkins tribu
tarias, previsionales, etcétera, todavía quedan razones que justifiquen mayores investigaciones, éstas se tendrán que hacer, y si se encuentran antecedentes sobre hechos que podrían ser calificados de delitos acabo de escuchar algo sobre una manipulación tributaria, los tribunales de justicia tendrán que resolver esa situación. Pero ése es otro punto en relación con lo que debemos tratar, porque el tema que motiva este debate es la continuación de la carretera y la indemnización.
Una observación previa: he estado siempre de acuerdo con la existencia del parque Pumalín. Siempre he creído que efectivamente representa para la provincia de Palena una posibilidad de desarrollo indudable, que no fuimos capaces de realizar los chilenos y que Douglas Tompkins está realizando a través de su fundación. Aún más, desde un comienzo estimé que el Estado tenía que asociarse con el objeto de desarrollar los parques, como se hizo durante el gobierno de Eduardo Frei, porque implica un conjunto de otras actividades, especialmente turísticas, y a partir de ese momento hacer una explotación racional.
El parque Pumalín es bueno. Insisto en algo que he dicho siempre: lo que Torres del Paine representa para Magallanes, Pumalín lo es para la provincia de Palena.
Respecto de la declaración de santuario de la naturaleza, mucho se ha hablado; algunos la apoyarán, otros no. Siempre estuve de acuerdo con ella, porque es preferible que ese parque quede dentro de los regímenes jurídicos del Estado chileno que mantenerlo como propiedad privada de Tompkins.
El primer punto es la carretera. ¿Cómo vamos a continuar la carretera? Entiendo a Tompkins, quien no quiere que la carretera pase por su parque. Es efectivo; nadie miente al respecto. Tompkins quiere evitar el paso de la carretera y los chilenos queremos que pase por allí. Eso también es una realidad. Muchas personas están esperando el anuncio del ministro de Obras Públicas. Se ha corrido la voz de que va a anunciar en esta sesión que la carretera pasará por el terreno de Tompkins. Esa decisión es buena y va a ser aplaudida. Me parece correcto. Todos los chilenos queremos que se continúe la construcción de la carretera, con el objeto de que la gente que vive en Aisén o en la zona de Palena pase directamente por tierra y no tenga que hacer trasbordos cuando deba ir, por ejemplo, a Puerto Montt.
Pero, por favor, la gente que vive en la costa, las comunidades de Casa de Pesca, Loyola, Chumeldén, Ayacara, Poyo, Buil y Reldehue no debe ser olvidada. 
Por lo tanto, esto no es lo uno en contra de lo otro. Se necesita la carretera que va por la costa, porque favorece a centenares de familias, y se necesita también el camino por tierra firme que pasará por las propiedades de Tompkins.
En todo caso, no debemos permitir abusos. Creo que se debió impedir de inmediato la primera reacción de Tompkins cuando trató de oponerse. Hace pocos días, en el diario La Nación leí una entrevista, en la cual, a mi juicio, ha cambiado su posición. Hoy dice que no se opone al camino. Pero, además, dice algo muy racional: que si le van a expropiar, tienen que indemnizarlo. Eso es un asunto legal; no es cuestión de que a alguien se le ocurra ni de emotividad o de discrecionalidad. Si el camino también pasa por el fundo Huinay, que pertenece a Endesa, y ésta reclama su indemnización, me imagino que habrá que pagársela. Eso corresponde. Pero el tema es complejo. Si alguien dice: a los gringos o aquellas personas cuyos apellidos empiezan con T no les vamos a pagar indemnizaciones, entonces debe presentar un proyecto de ley, que debemos discutir y despachar, pero eso es difícil hacerlo. Entonces, hay que cumplir con lo que se ha dicho.
Quiero hacer presente que el ministro de Ricardo Lagos, Francisco Huenchumilla, y el ex subsecretario general de la Presidencia, Rodrigo Egaña, han señalado que no hay ningún compromiso con Tompkins en el sentido de no pagar. Por lo tanto, si procede la indemnización, se pagará; si hay acuerdo sobre la indemnización, se respetará, y si no lo hay, resolverán los tribunales de justicia. Tengo entendido que esa indemnización no es para Douglas Tompkins, sino para la Fundación Pumalín.
Tenemos que esperar que el ministro nos diga si el camino va a pasar por el parque Pumalín. Las autoridades del ministerio tendrán que estudiar la forma en que solucionan el problema de las indemnizaciones, que serán para Tompkins, Endesa o para quien las reclame.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas, señor Eduardo Bitrán.
El señor BITRÁN (ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, en 2005 el Ministerio de Obras Públicas contrató a la empresa consultora RyQ para estudiar alternativas de conectividad entre Puerto Montt y la provincia de Palena. Ese estudio consideró alrededor de doce posibilidades que involucraban opciones terrestres, marítimas y mixtas.
El estudio se entregó al Ministerio de Obras Públicas hace un mes y medio. Recordarán que la alternativa de conectividad terrestre entre Hornopirén y Caleta Gonzalo tenía, de acuerdo con los antecedentes aportados por la consultora, un costo de 210 millones de dólares. Una alternativa costera tenía un costo de alrededor de 45 millones de dólares. Esta última requería el uso de transbordadores en áreas que, en algunas épocas del año, tienen mal tiempo y, por lo tanto, generan condiciones de conectividad bastante limitadas e, incluso, inexistentes en ciertos períodos para la provincia de Palena y la región de Aisén.
Quiero recordar que este estudio consideró una serie de instancias de participación ciudadana que se llevaron a cabo en Chaitén, donde el ciento por ciento de la gente planteó la preferencia por una opción terrestre. Desafortunadamente, 210 millones de dólares nos pareció un costo excesivo para un camino de longitud relativamente modesta: 65 kilómetros. Por ello, entendiendo que las condiciones objetivas no eran fáciles, consideramos que había que estudiar el tema, porque los recursos públicos hay que cuidarlos.
Nos interesa muchísimo la conectividad y la integración de la gente de Palena y Aisén al resto del territorio nacional, pero estábamos convencidos de que era posible hacer un esfuerzo por plantear una opción razonable y de menor costo.
Por eso, tomamos la decisión de encargar dos estudios. Por una parte, solicitamos a la empresa consultora RyQ que efectuara una revaluación, con un estándar de un camino de seis metros de ancho, bidireccional, que posibilite el tránsito en ambos sentidos sin interrupción, con una velocidad promedio entre 40 y 50 kilómetros por hora que permita hacer ese segmento en una hora y media aproximadamente. Hoy, las alternativas pueden tomar cinco, seis e, incluso, hasta doce horas. Por lo tanto, nos parecía que un planteamiento de esa naturaleza era realmente un mejoramiento sustantivo.
Conversamos con los alcaldes de la provincia, y ellos coincidían en que el proyecto que se había presentado, con un costo superior a 200 millones de dólares, estaba sobredimensionado para las razonables necesidades de la región.
El viernes, la empresa consultora nos entregó los antecedentes. Al mismo tiempo, solicitamos al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) que nos hiciera una cotización para abordar, por tierra, el trayecto HornopirénCaleta Gonzalo. 
Hemos recibido ambos estudios y podemos concluir que un camino del estándar que señalé tendría un costo de alrededor de 100 millones de dólares, es decir, 110 millones de dólares menos que el planteado originalmente.
Ese estándar, analizado cuidadosamente, satisface con creces las demandas y las necesidades de la gente de Aisén y de Palena. En realidad, es bastante superior al que originalmente se empleó cuando, en los años 80, se desarrolló la carretera Austral.
Por lo tanto, quiero dar una muy buena noticia para la gente de Aisén, de Palena y, en general, diría para todos los chilenos que quieren ver un país más integrado; que quieren que los habitantes de Palena puedan transitar por el territorio nacional para conectarse con Puerto Montt y no tener que ir, por ejemplo, por Argentina: el Gobierno ha tomado la decisión de llevar adelante el proyecto de conectividad entre Puerto Montt y Palena, a través de la que denominamos la opción interior costera, es decir, conectando Hornopirén con Caleta Gonzalo, lo cual permitirá a la gente hacer ese trayecto en forma expedita y con un estándar de carretera bastante adecuado, que podremos mejorar a lo largo del tiempo para llegar, en algún momento, a tener una carretera pavimentada.
(Aplausos)
La decisión del Gobierno es que el Cuerpo Militar del Trabajo realice esa obra, con todos los estudios de impacto ambiental necesarios para un proyecto de esas características. Porque valoramos el parque Pumalín y queremos mantener condiciones ambientales adecuadas, es necesario construir ese camino cumpliendo estrictas normas ambientales, y evitar, por ejemplo, el vertimiento de desechos al mar, y una serie de otras condiciones fundamentales y que estarán establecidas en el estudio de impacto ambiental que, además, establece mecanismos de participación ciudadana, donde todos los propietarios de esa zona tendrán la oportunidad de entregar su opinión sobre las características, formas constructivas y cuidados ambientales que se tomarán con esta medida, porque el Gobierno de la Presidenta Bachelet está comprometido con el cuidado del medio ambiente y con el desarrollo de nuestras riquezas naturales y del turismo.
Este proyecto ésta también es una muy buena noticia de 100 millones de dólares de inversión, aproximadamente, será financiado en los próximos cuatro o cinco años, en un 50 por ciento, con recursos del Ministerio de Obras Públicas, y el otro 50 por ciento, con recursos propios del CMT. Por lo tanto, el nivel de costo presupuestario es equivalente al que habríamos tenido en las otras alternativas. Esto demuestra un compromiso del Cuerpo Militar del Trabajo por esta obra, a la cual al igual que todos los chilenos le da una gran importancia estratégica desde el punto de vista nacional.
Este proyecto cumple varios propósitos y entrega diversos beneficios para el país. 
En primer lugar, junto con la realización de este camino que une Caleta Gonzalo con Hornopirén, al mismo tiempo estamos avanzando en el desarrollo de un nuevo paso fronterizo, el paso Puelo, que permitirá conectar esta zona continental de la Décima Región con la ciudad argentina de El Bolsón, zona de gran atractivo turístico.
Simultáneamente, estamos avanzando en reducir el tiempo, generando un camino alternativo nuevo a Futaleufú si se viene desde el norte, lo cual nos permitirá llegar más rápidamente a Esquel.
En consecuencia, hoy no sólo estamos anunciando la conectividad integral de Palena y de Aisén al territorio nacional, sino también el desarrollo de un circuito turístico de enorme belleza natural y de gran nivel, tanto nacional como internacional binacional, que permitirá recorrer El Bolsón, Puelo, Hornopirén, Caleta Gonzalo, Futaleufú y Esquel. 
Estamos convencidos de que el turismo de intereses especiales, sofisticado, es amigable con el medio ambiente. Es más, establece exigencias medioambientales que nos obligan a preocuparnos por el medio ambiente, para mantener el valor económico, desde el punto de vista turístico. Al mismo tiempo, tiene un gran impacto en términos de desarrollo local para esas comunidades relativamente aisladas que se verán integradas a nuestro territorio.
En segundo lugar, comparto con el diputado Ascencio la idea de que aquí no se trata de oponer una alternativa versus la otra. Estamos hablando de temas de alcances muy distintos. 
En la zona costera hay una serie de comunidades locales pequeñas que hoy efectivamente están aisladas, por lo que necesitamos continuar con los programas normales de vialidad, conectando esos pueblos, porque las personas que habitan ahí hoy sólo pueden hacerlo arriba de un animal, caminando o por lancha. Y debemos seguir avanzando en esa dirección. No se trata de una u otra alternativa.
Obviamente, son estándares distintos, que cumplen objetivos muy diferentes, porque en un caso hablamos de un camino que genera conectividad local y, en el otro, de un camino de mejor estándar, que origina una conectividad de una provincia o de una región, como la de Aisén, con el resto del país. Por lo tanto, ésa también es una buena noticia. Vamos a continuar avanzando en la integración de poblados que hoy están relativamente aislados, como Chaitén. 
En cuanto a las implicancias que tiene este camino y a la decisión del Gobierno en ese sentido, quizá, una de las más importantes es el Protocolo de Acuerdo, en el cual se señala que el Gobierno podría ocupar una franja de cien metros en el parque Pumalín a través de un acuerdo voluntario con la fundación y, si no lo hubiere, por la vía del mecanismo de expropiación. La voluntad del Gobierno es seguir adelante con el proyecto y cumplir rigurosamente las leyes. Pero como en un principio no habría acuerdo para ceder territorio el señor Tompkins no está obligado a hacerlo y entiendo que no estuvo en las conversaciones, por lo que no hay un compromiso, el Estado va a aplicar las leyes y a expropiar una franja de cien metros para construir dicho camino. Ello, porque Chile necesita los múltiples recursos hidroeléctricos de la provincia de Palena y de la zona de Puelo para instalar potenciales centrales de paso.
Nuestro interés es minimizar el impacto ambiental, por lo que no queremos que se establezcan dos o tres servidumbres sobre ese parque, por ejemplo, para levantar líneas de transmisión eléctrica, ya que ello implicaría construir un camino más largo y complejo que significaría la desafección de una parte de dicho parque. Nuestro objetivo es resolver simultáneamente varios problemas: conectividad, desarrollo del turismo y desarrollo local, pero al expropiar una franja de cien metros generamos la posibilidad de establecer en ese lugar una servidumbre para un tendido de transmisión eléctrica. Obviamente, una vez presentados los proyectos, tendrán que hacerse todos los estudios de impacto ambiental que corresponda, pero, al menos, vamos a resolver un tema importante, que es minimizar el impacto ambiental, ya que para hacer una línea de transmisión eléctrica en esa zona se requiere de un camino. Entonces, para qué hacer dos vías, si podemos usar la misma para conectar a los habitantes de Palena y para acceder a las torres de transmisión eléctrica.
Ésa es la razón por la cual vamos a usar plenamente los derechos que tenemos establecidos sin desafectar el parque, de acuerdo con el Protocolo ratificado en 2003. Vamos a expropiar una franja de cien metros. Sin embargo, si a futuro se decide, por ejemplo, generar una expansión del troncal de transmisión eléctrica, estaremos dispuestos a negociar con las empresas que lleven adelante esos proyectos, una vez que hayan cumplido todos los requisitos medioambientales. 
Ahora bien, como ministro de Obras Públicas aún tengo la expectativa de resolver el tema por la vía de un acuerdo con la fundación. Por eso, hoy nos hemos puesto en contacto con el abogado del señor Tompkins, quien me ha solicitado una reunión y a quien, por supuesto, voy a recibir. En todo caso, si no logramos llegar a un acuerdo, vamos a proceder en la forma que establece la ley respecto de cualquier persona o fundación que posee tierras, o sea, por la vía de la expropiación.
La franja de tierra que necesitamos para la construcción del camino no es la que el Estado chileno donó para la constitución de dicho parque. Ésa no se verá afectada.
En su oportunidad, este santuario de la naturaleza se constituyó con el aporte del señor Tompkins y del gobierno de Chile. Estamos en el proceso final, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, para concretar los compromisos del gobierno de Chile en cuanto a perfeccionar el acuerdo, haciendo los traspasos que corresponden, para tener una fundación dentro de los marcos del acuerdo establecido en 2003.
Por lo tanto, esta decisión, que responde al interés nacional, no debe ser un obstáculo para seguir avanzando en la implementación del acuerdo de 2003, en orden a constituir este importante patrimonio que, además, permitirá generar un foco turístico de atracción, complementario al desarrollo del camino. En consecuencia, va a haber sinergia entre la decisión que hemos tomado hoy, de avanzar en esta conectividad, con el desarrollo turístico, ecológico y sustentable que genera la opción del parque.
Señor Presidente, eso es lo que hoy quería comunicar. En verdad, se trata de un tema que tendrá un enorme impacto en la calidad de vida de los habitantes de Palena y de Aisén y, además, un impacto económico a largo plazo por la cantidad de recursos hidroeléctricos disponibles en toda la región, incluso en la Décima norte, que hoy no tiene forma de conectarse. Aquí tendrán una opción para el desarrollo de una red de transmisión eléctrica.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, es una gran noticia la que nos ha dado el señor ministro, a pesar de que ya la había anticipado el diputado señor Ascencio.
Desde los albores del proyecto parque Pumalín se ha generado una gran polémica, que ha tenido como consecuencia la polarización de la opinión pública en general y de muchos defensores y detractores del proyecto, debido a la importante consecuencia que tiene el hecho de destinar una parte importante de nuestro territorio a una actividad de conservación y preservación de recursos naturales y que, a su vez, implica, por un lado, la exclusión de actividades productivas y de desarrollo de la región y, por otro, la exclusión y el congelamiento para siempre de la posibilidad de incorporar nuevos poblados y ciudades en el territorio de una zona eminentemente deshabitada.
En Chile, como sabemos, el señor Tompkins ha adquirido más de 400 mil hectáreas, de las cuales 300 mil constituyen este parque denominado Pumalín. El parque en sí es un territorio extremadamente extenso. Tanto es así, que corta nuestro territorio nacional en dos, dejando a una zona austral aislada si no se considera una conexión territorial a través del parque que una a nuestro país.
Esta polémica también ha estado presente en la vecina República de Argentina, donde el señor Tompkins ha adquirido importantes territorios, ya sea en forma directa o a través de terceras personas o instituciones ad hoc. Es el caso de las Estancias Monte León, Esteros del Ibera, El Rincón, Dor Aike, etcétera. Se estima que en Argentina el señor Tompkins ha adquirido alrededor de 300 mil hectáreas, bajo figuras jurídicas, similares a las utilizadas en Chile. Curiosamente, las mismas aprensiones que tenemos en Chile han sido motivo de intensos debates en Argentina, donde no se tiene claridad respecto de la verdadera intencionalidad de las inversiones y proyectos del señor Tompkins.
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Bienes Nacionales, desde 1995 ha estado estudiando este tema y ha realizado diversos coloquios, audiencias públicas con alcaldes y con la comunidad de Palena; entrevistas, amén de múltiples oficios enviados a diferentes organismos e instituciones chilenas y extranjeras, recabando información respecto de este polémico proyecto.
Dentro de la documentación que la Comisión logró recopilar, quizás la más interesante y orientadora es la respuesta que dio el entonces embajador de Chile en Argentina, señor Belisario Velasco Baraona, quien se había desempeñado como subsecretario del Interior entre 1990 y 1999, y que actualmente es ministro del Interior. El entonces subsecretario del Interior encargó un exhaustivo análisis basado en antecedentes recogidos en visitas personales a la zona, en informes de asesores destacados y en múltiples denuncias que habían sido investigadas. En virtud de este informe, en el Ministerio del Interior se manifestaron serias aprensiones en relación con diversos aspectos muy sensibles a las comunidades locales y a los intereses superiores de la nación. Estos temas dicen relación con la continuidad territorial del país entre los paralelos 42 y 43; con la precaria situación de los colonos de la zona; con la vulnerabilidad del desarrollo salmonero y cultivos marinos en las aguas comprendidas en el parque; con la factibilidad de transmisión de energía eléctrica y construcción de gasoductos, oleoductos u otros sistemas de transporte de combustibles; con las posibles superposiciones de límites prediales con terrenos que el Estado consideraba propiedad fiscal y que el señor Tompkins reclamaba como propios, y con el libre desplazamiento de personas, vehículos y mercadería por ese territorio, que por su ubicación y tamaño es paso obligado de norte a sur y viceversa.
El tema que nos preocupa hoy es la construcción de la carretera Austral en un tramo del parque Pumalín. A mi juicio, no es aceptable que para construir un camino se expropie el terreno de un privado sin indemnizarlo, como lo establece la ley y la Constitución Política; pero tampoco es aceptable que un privado, y menos un extranjero, trate de imponer condiciones para el desarrollo de una región y para la posibilidad de conectar nuestro territorio en una zona tan aislada, como ese sector austral del país.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, cuando los diputados de la Alianza por Chile empezamos a reunir las firmas para convocar a esta sesión, a petición expresa del diputado Claudio Alvarado, no esperábamos recibir una noticia que nos iba a llenar tanto de alegría y de esperanza, como la que acaba de dar el ministro, razón por la cual lo felicitamos. Vamos a tener un camino interno, tan anhelado por las comunidades de la Décima y Undécima regiones, que permitirá la conectividad entre Hornopirén, Caleta Gonzalo y, en general, de toda la región austral. Por eso hay muestras de alegría, como la manifestada por los diputados Roberto Delmastro, Pablo Galilea, René Alinco, Fidel Espinoza y todos quienes creemos que la conectividad es un desafío para el país.
Me contaba el diputado Claudio Alvarado que esta sesión está siendo transmitida a Chaitén por radio. Me imagino la alegría que existirá en ese lugar al saber sus habitantes que algo tan buscado y anhelado por tanto tiempo se va a concretar: el camino interno que unirá caleta Gonzalo con Hornopirén, y que se continuará ese gran esfuerzo de unión entre la Décima y la Undécima regiones.
Pero esto hay que mirarlo desde una perspectiva aún más amplia. Hay que insistir en que uno de nuestros desafíos debería ser una de las principales tareas para el bicentenario es la conectividad de nuestro territorio, de manera que, desde Visviri hasta las aguas del Canal Beagle, nuestro país pueda estar absolutamente conectado por rutas internas, por caminos propios, para que no tengamos que depender de situaciones climáticas o del mal o buen humor de nuestros vecinos. Los habitantes de la Décima, Undécima y Duodécima regiones no tienen por qué depender de los pasos transfronterizos, no deberían recurrir a rutas por Argentina, cuando podemos tener caminos y senderos, y todo un sistema de conectividad que una nuestro sur austral, nuestra Patagonia.
Por eso, el desafío de la conectividad no sólo está marcado por el camino que hoy defienden tan bien los diputados de Aisén y de la Décima Región; dicho desafío deberá continuar para unir definitivamente Villa O'Higgins, al sur de la carretera Austral, con Puerto Natales, que es la zona más al norte a la que se puede llegar desde Magallanes. Debemos contar con un conjunto de caminos que permitan unir adecuadamente, en este caso a través de un transporte multimodal, a nuestro país. Asimismo, debemos continuar cuanto antes el camino que unirá a Vicuña con bahía Yendegaia, hasta las aguas del Canal Beagle, y que también deberá enfrentar una mal entendida resistencia de ciertos grupos ecologistas, que seguramente se opondrán a que continúe el camino que une el Seno Almirantazgo con el canal Beagle. Es imprescindible asumir como tarea del bicentenario, como tarea de país, con el esfuerzo de todos, no sólo de las regiones australes y del Cuerpo Militar del Trabajo, la conectividad completa de Chile por nuestras rutas y caminos, desde Visviri, por el norte, hasta el canal Beagle, por el sur.
¡Qué bueno el anuncio de hoy día! Al menos, es un primer paso, y acogemos el compromiso del ministro de seguir avanzando en una carretera de mejores características que la anunciada. Pero, insisto en que éste es el primer paso de una conectividad que unirá a más del 30 por ciento de nuestro territorio nacional, cuando tengamos rutas, a través de un transporte multimodal adecuado, entre Villa O'Higgins y Puerto Natales y esté concluido ese hermosísimo camino que está desarrollando el Cuerpo Militar del Trabajo, al que felicitamos, entre la zona de Vicuña, en Tierra del Fuego, y Bahía Yendegaia, a orillas del canal Beagle.
Douglas Tompkins ha hecho advertencias, con un cierto grado de chantaje; declaraciones contradictorias y ha tenido comportamientos inadecuados al señalar que habrá que indemnizarlo. Perfecto. El Estado chileno siempre cumple la ley. Por cierto, la Alianza por Chile siempre ha respaldado el cumplimiento de la ley y ha respetado el derecho de propiedad. Si no hay acuerdo, si el señor Tompkins no cumple las promesas que hizo en su momento y que hoy ha recordado adecuadamente el diputado Alvarado, enumerando una serie de declaraciones que prueban que así lo hizo; si lamentablemente en esa época no tuvimos la precaución de incluir en el acuerdo la cesión a título gratuito de esas tierras para un futuro camino, nos parece bien que el Estado, respetando absolutamente el derecho de propiedad de todos, de los chilenos y de los extranjeros, las expropie. 
De acuerdo con lo que se ha informado, son aproximadamente mil hectáreas; pero el pago de esos terrenos no será impedimento para que la comunidad tenga un camino y para salvaguardar el derecho del país a lograr su conectividad.
El señor Tompkins debe haber pagado alrededor de tres mil pesos por hectárea y hay mil hectáreas por expropiar; es decir, son tres millones de pesos. Da exactamente lo mismo que se le pague más, que se le pague el valor comercial. El senador Horvath hablaba de 200 mil pesos por hectárea. ¿Se dan cuenta? ¡Son 70 veces lo que él pagó! Pero si es necesario pagar esa suma para que Chile esté conectado, para que las regiones, las comunas y las localidades que hemos aludido tengan un camino, entonces que se pague conforme a la ley y al procedimiento, sin ningún beneficio adicional para ese señor; sencillamente, de acuerdo con la misma ley que se le aplicaría a un chileno. Sin embargo, esto no debiera ser un obstáculo para la gran tarea, para la gran labor, titánica y, al mismo tiempo, nacional, de dar conectividad al país, desde Visviri, por el norte, hasta las aguas del canal Beagle, por el sur, noticia que, con felicidad y alegría, hemos escuchado al ministro dar a la Cámara.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, por principio, por formación y por convicción, soy internacionalista. Creo en la relación amistosa de los pueblos, pero también que debemos hacer respetar nuestra soberanía. Por eso, no podemos permitir que un gringo con visa de turista intervenga en las decisiones de nuestro país.
Hace pocos días, vimos en las pantallas de la televisión un reportaje sobre la histórica firma del convenio celebrado entre el multimillonario Douglas Tompkins y el gobierno, representado por el entonces ministro secretario general de la Presidencia Francisco Huenchumilla, hermano mapuche. Pareciera que en aquella oportunidad la premura por aprovechar no se qué, llevó al gobierno, ingenuamente, a firmar un convenio de buenas intenciones y promesas, entre ellas me imagino, la posibilidad de que el ecologista norteamericano permitiera la construcción de un camino que pasara por su parque. Lo digo, porque hoy ni siquiera Francisco Huenchumilla tiene claras al menos, dice no recordar en detalle las condiciones en que se concretaría la construcción del siempre tan necesario camino longitudinal, que nos permitiría, a los aislados aiseninos, ser parte del continente, con todas las ventajas que ello trae consigo.
Como se dice en mi tierra, “la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da el afrecho”. Es decir, el gobierno de la época y los redactores del convenio con el gringo Tompkins, necesariamente, tienen que dar explicaciones y buscar una salida viable, acorde con los intereses de nuestra patria.
En lo personal, creo firmemente que resulta insostenible e injustificable no intervenir ante la postura estilo terrateniente del multimillonario. ¿Por qué tantas concesiones con este personaje? ¿Acaso, porque es yankee y se las da de ecologista, puede darnos cátedra sobre cómo construir el desarrollo de nuestro país? Tal vez, si no fuera norteamericano, hace rato que habríamos actuado de otra forma. ¿Qué habría pasado si fuera, por ejemplo, boliviano o venezolano? Seguramente, algunos derechistas ya estarían pidiendo la cancelación de sus derechos y su expulsión del país. Quiero pedir me alegra el anuncio hecho por el ministro que la Presidenta, en uso de sus facultades y prerrogativas en esta materia, dicte el correspondiente decreto de expropiación, y que a Tompkins se le pague de acuerdo con el avalúo fiscal que, incluso, es superior a la cifra que el norteamericano les pagó a los empobrecidos y esforzados colonos del lugar. Está clarito: ni Tompkins ni nadie pueden interponerse en las políticas de desarrollo de nuestro país. Razones de Estado y expropiar, para prevenir que el gringo judicialice el tema y pasen años antes de que los tribunales competentes emitan su dictamen. Que recuerde que los intereses superiores de Chile están primero. 
De nada sirve armarse para defender el territorio nacional si las aguas, la energía eléctrica y otros recursos estratégicos están en manos privadas, de empresas transnacionales. 
Basta de tanta pacatería y eufemismo. Hay que expropiar ahora y construir inmediatamente. No esperemos más, porque Chile, incluido Aisén, necesita desarrollarse. 
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una Comisión de la Cámara con el objeto de dar a conocer la opinión del Ministerio de Obras Públicas respecto del eventual convenio que en ese entonces se discutía entre el gobierno y el señor Tompkins.
En esa oportunidad, el Ministerio dejó expresa constancia en comisiones del Congreso Nacional de que no podría existir un convenio de esa naturaleza si no se garantizaba simultáneamente la posibilidad de que en los terrenos en cuestión se construyeran las obras viales necesarias para garantizar un desarrollo nacional integral.
La conveniencia de firmar ese convenio era un punto de discusión, pero nunca existió de parte del gobierno de la época duda alguna respecto de que frente a obras de ese carácter debían respetarse la integridad del territorio nacional y el ejercicio pleno de nuestra soberanía. 
Por eso, hoy no cabe la crítica insinuada por algunos diputados en cuanto a que en ese convenio no se habría defendido en forma adecuada el interés del país. 
En consecuencia, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana expreso nuestra satisfacción por lo señalado por el ministro Bitrán, en orden a dar los primeros pasos en torno a una decisión fundamental para el interés de Chile, acorde con los procesos de participación ciudadana realizados en esa zona.
Es importante señalar que la opción adoptada por el Gobierno es tremendamente relevante en cuanto a garantizar aspectos de carácter geopolítico que tienen que ver con la seguridad interna, que siempre han estado presentes en la discusión por la forma en que un particular ha ido adquiriendo grandes extensiones de tierras en esas zonas, hecho que ha significado partir en dos a nuestro país y, ¿por qué no decirlo?, a la República Argentina. 
Lo efectos que eso genera para el desarrollo de todas las zonas en cuestión es una materia respecto de la cual no podemos sino reiterar nuestra preocupación y satisfacción por la forma en que el Gobierno ha resuelto abordarla definitivamente.
Estimo vergonzoso que el señor Tompkins se permita hablar en los términos que se han conocido a través de la prensa respecto de los eventuales derechos a los cuales quiere acudir en función de su “proyecto ecológico”. Que yo sepa, no existe ciudadano chileno que se haya expresado en esa forma frente a decisiones soberanas de nuestro país, incluso en situaciones mucho más dolorosas. Conozco varios casos de personas que han aceptado sin mayores problemas la expropiación de sus predios para avanzar en obras de infraestructura a nivel nacional, las cuales han sido abordadas con pleno respeto a la legalidad mediante los instrumentos que para estos efectos dispone el Estado chileno.
En este caso en particular, concuerdo con aquellos que entienden que el tema de fondo no es si se paga o no una expropiación. Deberán concurrir expertos independientes del Ministerio de Obras Públicas, que son peritos calificados, para señalar cuál es, a su juicio, el valor en que deben ser expropiadas esas tierras. No lo fija ni el ministro ni la Presidenta de la República, sino los peritos independientes, cuyo rol ha sido históricamente respetado. En muy pocos casos se ha cuestionado su decisión.
Con el camino legal abierto, luego que se determinen los valores de la expropiación, los tribunales, tal como ocurre con cualquier ciudadano chileno, dictaminarán el momento en que se puede ingresar a esas tierras a realizar los trabajos que demanda la construcción de la carretera.
También quiero manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que muy oportunamente se considere que la faja expropiada también servirá para la instalación de las líneas de transmisión de energía eléctrica, necesarias para garantizar las inversiones en el ámbito hidroeléctrico en esa región. Éste es un punto central en relación con nuestro derecho soberano para enfrentar las exigencias que en esta materia tiene nuestro país y que pueden ser abordadas a través de opciones que están a nuestro alcance en toda la zona de Palena y la región de Aisén.
Finalmente, me parece destacable la forma en que el Gobierno ha reaccionado ante el comportamiento del señor Douglas Tompkins, por cuanto no ha entrado en una discusión que pudiera parecer descalificatoria respecto de los derechos que tiene en nuestro país, ya que todavía permanece como turista en Chile, de acuerdo con la información que he leído en la prensa. Creo que ha abusado de la hospitalidad de los chilenos en ese sentido.
La forma en que el Gobierno ha tomado la decisión al respecto merece el respaldo unánime de la Cámara de Diputados y espero que eso se refleje en los acuerdos que se adopten en esta sesión.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar y agradecer al ministro Bitrán por la importante noticia que hoy nos ha dado respecto de la construcción del camino por donde más le conviene a los habitantes de Palena y de la región de Aisén. Eso demuestra que el Estado de Chile ha ejercido su soberanía y no se ha dejado chantajear, pese a las últimas declaraciones del empresario Douglas Tompkins, en las que advertía al fisco de Chile de la presentación de una demanda para obtener una indemnización si la Carretera Austral pasa por el parque Pumalín, creando con ello toda clase de polémicas, motivo por el cual hoy tratamos el tema en esta sesión especial. 
En segundo lugar, creo muy necesario puntualizar y remarcar que, por razones de utilidad pública, entre otras, será absolutamente procedente la expropiación, la que siempre dará derecho a una indemnización. Están normados los procedimientos para la fijación de sus montos y todo se encuentra amparado por el derecho de propiedad garantizado en nuestra Constitución. Por tanto, el derecho que ejercerá Tompkins es legal y no admite discusión alguna. Eso es muy importante en un Estado de derecho que todos nosotros debemos respetar.
Sin duda, quienes estuvieron a cargo de la firma del acuerdo tienen responsabilidades que la historia podrá asignarles por no haber contemplado claramente que los cien metros de franja por el parque Pumalín debieran ser donados, sin derecho a ejercer posterior reclamo.
Otra cosa son los verdaderos intereses que tiene Tompkins en relación con la indemnización. Permítanme presumir que el real propósito del empresario no es obtener una retribución económica por la franja de camino que pasará por su propiedad, sino evitar o dilatar la construcción de la ruta.
Quiero recordarles que el camino que falta entre Chaitén y Puerto Montt es de aproximadamente 65 kilómetros. Así, los cien metros de franja comprometidos en el acuerdo representan, aproximadamente, 650 hectáreas que, según se dice, podrían afectar al parque Pumalín; pero en verdad constituyen un porcentaje mínimo, no superior al 0,3 por ciento de sus 289 mil hectáreas. 
Me quiero aventurar a creer que Tompkins fijará un valor muy superior a los precios de mercado que se manejan en las tierras de la región y que ha servido de base para el pago de algunas indemnizaciones que el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad, ha tenido que pagar para el ensanchamiento de lo que hoy se está pavimentado en la carretera Austral.
Esto implicará que, de acuerdo con los procedimientos, deberá nombrarse una comisión de peritos, de hombres buenos, que tendrán que fijar el precio entre lo que cree que debe pagarse al señor Tompkis y lo que efectivamente es justo. Finalmente, se trabará en los tribunales una disputa que puede durar años y años. 
Ojalá me equivoque y, en definitiva, no ocurra lo que estoy señalando. Pero me temo, conociendo las actuaciones anteriores, como las que señaló el diputado Alvarado con respecto a los verdaderos intereses de Tompkins en relación con su visión de desarrollo en la zona austral, que él va a ejercer todo tipo de acciones para hacer lo que ya indicaba.
Quiero destacar otro aspecto, a propósito de lo que hoy nos convoca, como habitante de la zona y representante de los aiseninos. Conociendo muchas de las actuaciones del empresario, aparte de querer imponer sus criterios sobre el trazado del camino, también quiere imponer a los habitantes de la zona austral su visión de desarrollo. Esto es delicado y debemos tenerlo presente como Estado de Chile en el futuro.
Así como él se transformó en el principal y más tenaz opositor a la industria salmonera, que hoy genera más de 45 mil puestos de trabajo y exporta más de 2 mil millones de dólares, transformándose lejos en la principal actividad económica de la zona, ha realizado un incansable lobby para lograr adeptos en su lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica en Aisén, la cual será absolutamente gravitante en la solución del déficit energético que tiene el país. Considera innecesaria la carretera Austral, expone lo trágico que ha resultado su construcción y hoy se opone a que se concrete el trazado por las propiedades que posee en la zona. A eso se suman las pésimas relaciones que tiene con la gran mayoría de las autoridades y las comunidades aledañas.
En definitiva, escudado en una ecología y un conservacionismo que afectan la soberanía de Chile, la conducta de Tompkins siembra un manto de dudas respecto de sus verdaderos intereses, a la cual habrá que prestar especial atención en el futuro porque creo que la cosa no termina aquí.
Por otro lado, quiero resaltar el hecho de que varios centenares de colonos chilenos, a lo largo de más de mil kilómetros de carretera Austral, cedieron sus terrenos para su construcción sin cobrar un solo peso. Simplemente los donaron, teniendo el mismo derecho que hoy defiende el señor Tompkins. No lo ejercieron y privilegiaron el interés nacional por sobre los intereses personales. Por eso, sería bueno invitar al empresario a imitar la conducta de nuestros compatriotas respecto del tema.
Por lo anterior, no me cuadra la filantropía que exhibe y de la cual se jacta el empresario, porque el cobro de una indemnización, por muy ajustada a derecho que sea, a mi juicio, carece de ética y moral, por las razones que acabo de señalar.
El plan de infraestructura para la conectividad es un gran anuncio del Gobierno. Asimismo, debo destacar la noticia que hoy nos ha dado el señor ministro, porque no hay obra más importante para la conectividad de Palena y Aisén que la construcción de un camino que nos permita evitar los transbordadores, el paso por Argentina y, muchas veces, el traslado aéreo, el cual, por condiciones climáticas, no siempre se puede hacer.
Por eso, valoramos su anuncio. La construcción de ese camino va a ser la obra más emblemática, importante, trascendente, que marcará la diferencia. Sin lugar a dudas, será la gran obra con que Chile celebrará el bicentenario.
No quiero agregar más a la importante declaración del señor ministro. Los aiseninos esperamos empezar a soñar con tener en un tiempo no muy lejano un camino pavimentado entre Aisén y Puerto Montt.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, la realización de esta sesión especial ha sido un feliz acontecimiento, porque ha mostrado varias cosas. 
En primer lugar, ha permitido al ministro dar a conocer un anuncio de gran significación en la sede del Parlamento, que es donde se debe hacer: la construcción de una vía de conectividad entre Aisén y Palena, que pasará por el parque Pumalín y que, por lo tanto, no se buscarán otros recovecos, como sugirió el empresario Tompkins en estos días. 
Además, hemos establecido una base de coincidencia enmarcada en la legalidad chilena y en la defensa de los intereses del país y de nuestras comunidades, pero que, al mismo tiempo, no sienta un precedente negativo en cuanto a la inversión extranjera. Cuando se instaló el parque Pumalín hubo un punto de partida diferente. Siempre fui partidario del parque, pero no algunos colegas. Sin embargo, todas las intervenciones que hoy hemos escuchado con distintos matices, coinciden en que esta reserva natural es muy importante para Chile, pero no puede enajenarse el derecho ni obstaculizarse la conectividad del país estableciendo un territorio donde no se pueda pasar para unir a sus comunidades.
Quiero recordar algunos hitos que subrayó el diputado Claudio Alvarado en su intervención y que yo también destaco, porque el Ministerio de Obras Públicas debe tenerlos en cuenta.
En la firma del acuerdo de 1997 se contempló la obligación para el señor Tompkins de entregar al Estado, a sus organismos o a terceros, en dominio, servidumbre, arrendamiento, usufructo u otro título oneroso los terrenos del parque Pumalín que “sean necesarios” se dice con comilla para la materialización de proyectos en que exista interés público comprometido. Ése fue el acuerdo.
Por tanto, no es cierto que las autoridades de la época no tomaron prevenciones. Quedó establecido en el acuerdo que el señor Tompkins tenía que entregar esos terrenos en dominio, servidumbre, arrendamiento, usufructo u otro título. En verdad, el Ministerio también tiene que examinar esos terrenos, porque son varias las opciones que se pueden seguir para determinar finalmente la construcción del camino.
Pero en 2003, con la firma del acuerdo complementario, se establecieron los resguardos jurídicos necesarios para proteger las redes viales y los caminos existentes, así como aquellos que en el futuro se proyecten, tanto en los terrenos que se donaron y transfirieron, por los cuales no va a pasar el camino, como en aquellos que comprenden el parque Pumalín. En este último caso, se dispone expresamente que la red del camino no se entenderá incluida dentro de los límites de la declaración de santuario de la naturaleza. De hecho, el camino en estudio, que se trazó originalmente, se excluyó de la declaración de santuario de la naturaleza. Ello consta, porque se tomaron los resguardos en el decreto supremo Nº 1.137, de 19 de agosto de 2006. Está acordado.
De esta forma se aseguró la interconectividad en las comunicaciones viales de la zona. Se protegió asimismo que los caminos que se proyecten en el futuro estén libres de impedimentos jurídicos que puedan entrabar su trazado, acordando las partes que el gobierno chileno proyectará y construirá los caminos públicos que sean necesarios para garantizar la comunicación vial de las distintas localidades de la zona que cubrirá el parque Pumalín, lo que se hará en la medida en que se disponga de los estudios necesarios que lo sustenten y que los proyectos sean incorporados en la planificación vial del país.
Se señaló, específicamente, el deber especial del directorio de la Fundación Pumalín. En este sentido, el empresario Tompkins ha cometido un grave error, porque él ha salido a la palestra como si no existiera esa fundación, desconociéndola en la práctica. La interlocución del gobierno chileno tiene que ser con la fundación. Obviamente, no tenemos por qué no reunirnos con el señor Tompkins, pero existe una fundación a la cual donó el parque Pumalín y es con ella con la que se debe acordar la exclusión de los límites del santuario de la naturaleza o de solicitar la desafectación respecto de dicha condición de las fajas de terrenos que en el futuro sean destinadas a caminos públicos u otras obras similares, quedando facultado el directorio para adoptar las medidas que sean conducentes a ese fin. Es decir, por estatuto, la fundación tiene facultades para concordar con el Estado chileno que esta faja de cien metros pueda ser efectivamente utilizada en un camino interno dentro del parque y adoptar las medidas o los acuerdos que sean necesarios para ese fin. Más allá de las declaraciones del empresario Tompkins que, a mi parecer, han sido desafortunadas, porque decir que lo están tratando como terrateniente, cuando la discusión recién comenzaba, fue un exceso. Por lo demás, los terratenientes en Chile desaparecieron con la reforma agraria, con la ley Nº 15.020, de Alessandri; con la Nº 16.640, de Frei, y con la posterior de Allende. A pesar de que sus declaraciones han molestado y exacerbado los ánimos, existe hoy un consenso importante en orden a que: primero, hay que construir el camino; segundo, el empresario reconoce y en esto ha cambiado de opinión, de que el Estado chileno tiene derecho a construir un camino que cruce el parque Pumalín y él también tiene derecho a presentar una alternativa que no nos gusta, que es la costera.
¿Cuál ha sido el cambio de opinión del empresario? Ha sido importante el debate; que las fuerzas políticas se pronuncien, que varios ministros se hayan manifestado al respecto. En los últimos días, en varias entrevistas, ha dicho: “No discuto que hay que construir un camino. Lo único que digo es que ese camino, si se construye en medio del parque, obviamente tiene que haber una indemnización que está establecida en la ley.”
De manera que en esta sesión hemos logrado aclarar muchas cosas, tener un buen anuncio y, al mismo tiempo, fijar una base, un piso común. Esta Cámara, por ser política, le da un piso gigantesco de consenso al señor ministro para iniciar negociaciones y lograr un acuerdo. Aquí están todas las fuerzas políticas chilenas representadas. Hay gran consenso sobre esta materia; hemos valorado el anuncio del señor ministro y, simplemente, entre el valor comercial y el de tasación, que naturalmente determinarán los expertos y, posteriormente, los tribunales, obviamente hay que tener en cuenta lo que el empresario pagó por hectárea. Ése es un dato relevante al momento de fijar el monto de la indemnización.
Me parece importante que estemos concluyendo el tema de esta manera, porque garantiza, además, la seriedad del Gobierno para defender los intereses de nuestra conectividad y la relación con quien invierte en Chile en un parque que siempre será extremadamente significativo para el país.
He dicho.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en mi segunda intervención quiero, en nombre de la gente de Palena que represento en esta Cámara desde hace años, agradecer sinceramente que el Gobierno haya tomado esta decisión tan importante, histórica, de integración del territorio nacional a través de un camino.
Podemos tener muchas diferencias en el ámbito político, pero en materia de integración territorial, de conectividad, de resguardo de la soberanía y de calidad de vida de nuestros habitantes, todos quienes estamos en el servicio público sumamos nuestras voluntades para que puedan ser realidad. En esa perspectiva, este proceso ha sido bastante largo, de muchos años, de muchos desencuentros y dificultades, las que no pasan precisamente por un mal ánimo respecto de personas determinadas, sino por situaciones que provocaron reacciones de dolor en quienes necesitaban ayuda. Y quienes más necesitaban, en su momento, el apoyo y la mano protectora del Gobierno, desde los puntos de vista de su radicación definitiva en esos territorios, de proyectos de desarrollo que mejoraran su calidad de vida, de la apertura a sendas de penetración, de la inversión en colegios, en postas de salud y en tantas otras cosas, sintieron, de pronto, que eran invadidos, que iban siendo arrinconados y que de una u otra forma tenían que abandonar el área en la cual habían vivido por siempre.
Hoy, afortunadamente, con esta decisión, estamos comenzando a recuperar soberanía, a retomar las decisiones que son propias de un estado libre y soberano para actuar en beneficio de sus habitantes. Hoy, no tengo ninguna duda de que en Chaitén, en Palena, en Futaleufú y en Hualaihué, la gente está contenta y, a lo mejor, está celebrando en las calles. No lo sé, pero, desde aquí me parece ver los rostros de alegría de aquellos que tanto sufrieron durante muchos años para poder conectarse al resto del territorio nacional.
En consecuencia, creo que la decisión adoptada constituye un hito importante.
También, quiero hacer notar es noble reconocer las cosas positivas el hecho de que en esta Cámara política, en esta sesión especial convocada para el análisis y discusión de este tema, para intercambiar puntos de vista, el señor ministro nos haya privilegiado al darnos a conocer este anuncio. Eso habla bien en el sentido de que, desde el punto de vista del desarrollo del país, tenemos intereses comunes.
Concluyo reafirmando la alegría de la gente de Palena. Rescato las palabras del señor ministro en cuanto a que se continuará trabajando en la construcción de la ruta costera entre Chaitén y Loyola, porque para la gente de Loyola, de Chumeldén, de Casa de Pesca, de Pumalín, de Chana, de Santa Bárbara, la Carretera Austral está muy lejana y dependen de las embarcaciones. En consecuencia, el anuncio de integrar a esas comunidades a su provincia y, por la otra vía, integrarlas al resto del país, vale la pena reconocerlo en su mérito.
Recuerdo que, durante muchos años, no obstante su precaria condición económica, colonos que sembraban, mantenían a sus animales y se dedicaban en el borde costero a la pesca artesanal, cedieron en forma gratuita parte de sus terrenos, de muy pequeñas extensiones. Espero que hoy, un señor que tiene infinitamente más recursos que esa gente humilde, tenga un gesto de nobleza y de consideración para un país que ha aceptado su importante inversión, destinada a la preservación del medio ambiente, con la contribución de todos los chilenos, a través del aporte de terrenos, la declaración de santuario de la naturaleza y, en definitiva, eximiéndolo del pago de impuestos.
Reitero mi gratitud y reconocimiento a la gran decisión que se ha adoptado. Estamos disponibles para seguir avanzando y construir un país mejor, en este caso específico, a través de un camino que une a Chile.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
A la Mesa han llegado dos proyectos de acuerdo, los Nos 221 y 222, que están firmados por casi los mismos señores diputados. Entiendo que el proyecto de acuerdo Nº 222 es el más vigente.
El proyecto de acuerdo Nº 221 solicita al Gobierno que adopte las medidas para la construcción de caminos por el parque Pumalín, a fin de dar continuidad a la Carretera Austral, y el Nº 222, que fue presentado posteriormente, respalda la construcción del camino austral en el tramo entre Chaitén y Puerto Montt.
¿Habría acuerdo para poner en votación el proyecto de acuerdo Nº 222?
Acordado.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario).- Proyecto de acuerdo Nº 222, de los diputados señores Galilea, Alvarado, Alinco, Delmastro, Vargas, de la señora Goic, doña Carolina; de los señores Jarpa, Walker, Álvarez, Estay y Monckeberg, don Cristián.
“Considerando:
Que la integración territorial de un país debe ser el objetivo ineludible de toda nación que valora su independencia y soberanía, por lo que la conectividad del territorio es vital para potenciar su desarrollo y asegurar a sus habitantes el libre y expedito desplazamiento;
Que Chile ha realizado importantes avances para mejorar la conectividad en las últimas décadas. Sin embargo, no se puede desconocer que todavía quedan zonas absolutamente aisladas, particularmente la provincia de Palena y la Undécima Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo;
Que los problemas de conectividad, derivados del aislamiento geográfico de sus habitantes, se traducen también en un aislamiento económico, por cuanto, el costo de trasladarse al resto del país desde la zona austral es infinitamente superior a cualquier otra región de Chile;
Que la provincia de Palena y la Undécima Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo dependen de transbordadores o del uso de rutas de otro país para unirse al resto de Chile, y que uno de los grandes anhelos de sus habitantes es la integración territorial a través de vías terrestres en territorio chileno;
Que es de la esencia de toda nación procurar su total conectividad, evitando riesgos a su población, favoreciendo su desarrollo comercial, la habilitación de mercados para sus productos y la integración con el resto de la población y el territorio nacional;
Que el principal obstáculo actual para materializar estos anhelos y desarrollar los proyectos que permitirían cumplir los objetivos señalados se debe a que la propiedad de los territorios que necesariamente deben destinarse para conectar a Chile con su extremo austral pertenecen a un particular, que rechaza la utilización de su propiedad con ese objeto y pretende incidir en estas materias de acuerdo con sus individuales intereses;
Que si bien el parque Pumalín es propiedad de Douglas Tompkins y la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 24, asegura expresamente el derecho de propiedad, el mismo artículo señala que por causa de utilidad pública, entre otras, procederá la expropiación, la que siempre tendrá derecho a indemnización. Por tanto, ello no es obstáculo para que el Estado de Chile determine el trazado más conveniente para los intereses nacionales;
Que las últimas declaraciones del propietario, en las que advierte al fisco de Chile con una demanda para obtener una indemnización si la ruta austral pasa por el parque Pumalín, más allá de consideración jurídica alguna, reflejan el afán del empresario de interpretar los acuerdos con el Estado de Chile a su plena conveniencia, tratando de imponer sus criterios para el trazado de la ruta, y
Que la celebración del Bicentenario representa una oportunidad para lograr la decisión del Estado de proporcionar los recursos para obras emblemáticas, trascendentes, que marquen la diferencia y que generen condiciones para el desarrollo de la región.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Respaldar las acciones de los organismos públicos para que en el cumplimiento de sus deberes, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, impulsen la construcción del camino austral, en el tramo que falta entre Chaitén y Puerto Montt, por el trazado que asegure la mejor conectividad terrestre y que más convenga a los habitantes de las provincias de Palena y la Undécima Región, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y
2.Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, por tratarse de una obra de interés general y de gran envergadura, el financiamiento de esta obra se realice con fondos nacionales y no endosar los costos a los recursos regionales para su ejecución.”
El señor LEAL (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Aplausos en la Sala. 
El señor LEAL (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 20.32 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.


VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Moción de los diputados señores Bustos, Paredes, Aguiló, Espinoza, don Fidel; León, Quintana, Rossi, Sunico, y de las diputadas señoras Allende, doña Isabel y Pacheco, doña Clemira.
Reforma constitucional relativa a los efectos del desafuero. (boletín N° 458107)

1.Fundamentos.- En general es posible sostener que nuestro sistema constitucional, es coherente con el sistemas universal y regional de protección en materia de derechos humanos, y acepta sin ambages los alcances de la noción del debido proceso, cuya expresión en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, principio que despliega en un ámbito más específico el de igualdad ante la ley y cuyo fin es atribuir a quienes deben recurrir ante cualquier autoridad para la protección de sus derechos iguales condiciones para el ejercicio de los mismos, proscribiendo discriminaciones arbitrarias. La norma mencionada, en su inciso quinto, dispone que: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
Corrobora lo anterior lo resuelto por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, sobre la cual declaró: “inaplicable en el proceso sobre desafuero seguido ante la corte de apelaciones de santiago, ingreso de corte Nº 22572006, el precepto contenido en el inciso tercero del artículo 416 del código procesal penal” . 
Tradicionalmente se ha entendido al fuero parlamentario en cuanto a su naturaleza jurídica un privilegio en razón del cargo, esto con el propósito de velar por el mejor desempeño de la función parlamentaria, pues se busca una situación de privilegio en relación a los demás ciudadanos, pero jamás para colocar a los parlamentarios al margen del ordenamiento jurídico, sino que para asegurar independencia en su gestión, así también “libertad de las determinaciones y actuaciones de quienes, temporalmente los sirven, y de proveer los medios adecuados para conseguir sus objetivos” . Sin embargo, modernamente la ciencia procesal observa en la institución, una condición de procesabilidad que como cuestión previa debe resolver un Tribunal determinado a objeto que ciertas personas que desempeñan ciertas funciones puedan ser sometidas a un procedimiento determinado, especialmente de índole procesal penal.
En este sentido la evolución de la institución, así como la jurisprudencia de los Tribunales ha indicado algunos defectos de técnica legislativa, así como impresentables soluciones desde el punto de vista de los principios y de las consecuencias. Uno de los aspectos dice relación con la manifiesta vulneración del principio de inocencia en relación a los efectos del desafuero: que implica la suspensión del parlamentario en el ejercicio del cargo, y no así de otro tipo de prerrogativas. El contenido material de la “presunción de inocencia”, al decir de Roxin , “es hasta hoy discutido”. “las medidas de coerción del proceso penal, fundadas en la mera sospecha, deben ser, en todo caso, compatibles con ella, así como la gradación de las facultades de intervención del Estado debe responder al grado de la sospecha sobre la comisión del hecho punible”. Es por eso que “la presunción de inocencia debe ser incluida como manifestación específica del principio del Estado de Derecho, en el mandato de un procedimiento llevado a cabo con lealtad. De ello se infiere que la pena no debe ser anticipada, esto es, impuesta antes que se haya condenado a esa consecuencia jurídica”. Es por eso que las autoridades no pueden calificar de culpable a alguien que todavía no ha sido condenado por sentencia firme es por eso que resulta deplorable los efectos respecto a una simple declaración de desafuero que en ningún caso puede significar una declaración de culpabilidad por lo que el parlamentario afectado sólo podrá ser sujeto de un juicio pero no debe importar la privación del ejercicio de su cargo.
Es posible, además en el contexto del proyecto vincular el precepto en lo relativo al derecho de defensa y al principio de inocencia. La situación ha sido abordada en el contexto americano a partir de Suárez Rosero, que al decir de la Corte Interamericana, se violaron los artículos 8, Nº 2, lits. c, d y e, de la Convención Americana de derechos humanos (Cadh). El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, declara que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por su parte, el artículo 4 del Código Procesal Penal, dispone que “ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. Lo anterior corrobora que el debido proceso se ha visto reforzado en Chile, mediante el expreso reconocimiento de uno de sus principios esenciales.
2. Historia legislativa y comparada. De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política, el fuero parlamentario se encuentra consagrado del modo siguiente: “Ningún diputado o senador, desde el día de su elección, o desde su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar la formación de la causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”. Tal precepto, debe interpretarse de acuerdo a los fines de la norma y en el contexto del ordenamiento jurídico en que ella se inserta, y este no es otro como señala Nogueira  que el resguardo de la función legislativa (finalidad mediata); ésta se vería anulada si el parlamento fuera objeto de violencia o acusaciones (finalidad inmediata).
Pero, que pasa, con los autores del derecho penal, su punto de vista es unánime e indiscutido y se entiende que diversas normas establecen modalidades dirigidas a asegurar la seriedad de las acciones penales que se deduzcan en contra de determinadas autoridades, que algunos califican como privilegios, pero que en rigor no tienen ese carácter, como bien señala Cousiño no protegen a personas individuales, sino amparan la función pública, que ejercen. Se trata en definitiva de procedimientos, antejuicios que han de seguirse en forma previa, para que se pueda procesar a una persona que inviste la calidad de autoridad pública. Estos obstáculos procesales, no constituyen excepción al principio de igualdad ante la ley; ni constituyen inviolabilidad, toda vez que cumplidos las exigencias y trámites que en cada caso indican, por lo que corresponde a la justicia iniciar proceso en contra los afectados en la misma forma que cualquier otro particular .
Otra consecuencia del citado precepto, dice relación, con la independencia y esta se debe mantener durante un período determinado de tiempo, correspondiente a la duración del cargo, pero ocurre, que los si hechos criminales perpetrados son anteriores al cargo que ocupa en el parlamentario con mayor razón este puede ser perseguido. El fuero no es un privilegio personal, sino que es una garantía para la protección de carácter legislativo. Esto es  señalan  un ante juicio que tiene por única y exclusiva finalidad esa protección y, por eso, su objeto procesal único es simplemente recabar antecedentes para determinar la sospecha de la comisión de un delito por un parlamentario, así lo ha entendido también la jurisprudencia y no se refiere a establecer los requisitos del auto de procesamiento como lo han señalado algunos constituyentes sobre la base de las actas de la comisión Ortúzar, que por lo demás es sólo uno de los elementos de interpretación y nunca el más importante.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer el siguiente:


PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Art. Único: Suprímase en el inciso cuarto del artículo 61, a continuación de la palabra imputado la frase “suspendido de su cargo y”:


Moción de los diputados señores Paredes, Bustos, Ceroni, Chahuán, De Urresti, Girardi, León, Quintana, Saffirio y de la diputada señora Goic, doña Carolina.
Modifica el inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal referido al desafuero por delitos de acción privada. (boletín N° 458207)

1.Prolegómenos.- En general es posible sostener que nuestro sistema constitucional, es coherente con el sistemas universal y regional de protección en materia de derechos humanos, y acepta sin ambages los alcances de la noción del debido proceso, cuya expresión en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, principio que despliega en un ámbito más específico el de igualdad ante la ley y cuyo fin es atribuir a quienes deben recurrir ante cualquier autoridad para la protección de sus derechos iguales condiciones para el ejercicio de los mismos, proscribiendo discriminaciones arbitrarias. La norma mencionada, en su inciso quinto, dispone que: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
Corrobora lo anterior lo resuelto por el Tribunal Constitucional, mediante sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, sobre la cual declaró: “inaplicable en el proceso sobre desafuero seguido ante la corte de apelaciones de santiago, ingreso de corte Nº 22572006, el precepto contenido en el inciso tercero del artículo 416 del código procesal penal”1. 
Tradicionalmente se ha entendido al fuero parlamentario en cuanto a su naturaleza jurídica un privilegio en razón del cargo, esto con el propósito de velar por el mejor desempeño de la función parlamentaria, pues se busca una situación de privilegio en relación a los demás ciudadanos, pero jamás para colocar a los parlamentarios al margen del ordenamiento jurídico, sino que para asegurar independencia en su gestión, así también “libertad de las determinaciones y actuaciones de quienes, temporalmente los sirven, y de proveer los medios adecuados para conseguir sus objetivos”2. Sin embargo, modernamente la ciencia procesal observa en la institución, una condición de procesabilidad que como cuestión previa debe resolver un Tribunal determinado a objeto que ciertas personas que desempeñan ciertas funciones puedan ser sometidas a un procedimiento determinado, especialmente de índole procesal penal.
En este sentido la evolución de la institución, así como la jurisprudencia de los Tribunales ha indicado algunos defectos de técnica legislativa, así como impresentables soluciones desde el punto de vista de los principios y de las consecuencias. Uno de los aspectos dice relación con la manifiesta vulneración del principio de inocencia en relación a los efectos del desafuero: que implica la suspensión del parlamentario en el ejercicio del cargo, y no así de otro tipo de prerrogativas. El contenido material de la “presunción de inocencia”, al decir de Roxin3, “es hasta hoy discutido”. “las medidas de coerción del proceso penal, fundadas en la mera sospecha, deben ser, en todo caso, compatibles con ella, así como la gradación de las facultades de intervención del Estado debe responder al grado de la sospecha sobre la comisión del hecho punible”. Es por eso que “la presunción de inocencia debe ser incluida como manifestación específica del principio del Estado de Derecho, en el mandato de un procedimiento llevado a cabo con lealtad. De ello se infiere que la pena no debe ser anticipada, esto es, impuesta antes que se haya condenado a esa consecuencia jurídica”. Es por eso que las autoridades no pueden calificar de culpable a alguien que todavía no ha sido condenado por sentencia firme es por eso que resulta deplorable los efectos respecto a una simple declaración de desafuero que en ningún caso puede significar una declaración de culpabilidad por lo que el parlamentario afectado sólo podrá ser sujeto de un juicio pero no debe importar la privación del ejercicio de su cargo.
Es posible, además en el contexto del proyecto vincular el precepto en lo relativo al derecho de defensa y al principio de inocencia. La situación ha sido abordada en el contexto americano a partir de Suárez Rosero, que al decir de la Corte Interamericana, se violaron los artículos 8, Nº 2, lits. c, d y e, de la Convención Americana de derechos humanos (Cadh). El artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, declara que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Por su parte, el artículo 4 del Código Procesal Penal, dispone que “ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”. Lo anterior corrobora que el debido proceso se ha visto reforzado en Chile, mediante el expreso reconocimiento de uno de sus principios esenciales.
Sin embargo, de acuerdo al inciso tercero del artículo 416 del Código Procesal Penal, la Corte de Apelaciones respectiva, tiene como antecedente para fundar su decisión sobre el desafuero únicamente el tenor de la querella, antes de que se verifique siquiera su admisibilidad, y carece de elementos probatorios, debidamente producidos, que le permitan constatar la existencia de un fundamento serio sobre el mérito o justificación para formar causa. De esta manera el conocimiento, previo a la resolución, es precario e incompleto, no existiendo una recepción y producción de la prueba, que es connatural al derecho de defensa, constituyéndose en garantía esencial de un procedimiento racional y justo. Su ausencia priva a la norma procesal señalada, de un requisito mínimo para satisfacer el mandato constitucional del debido proceso.
2. Historia legislativa y comparada. De conformidad a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política, el fuero parlamentario se encuentra consagrado del modo siguiente: “Ningún diputado o senador, desde el día de su elección, o desde su incorporación, según el caso, puede ser procesado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación, declarando haber lugar la formación de la causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”. Tal precepto, debe interpretarse de acuerdo a los fines de la norma y en el contexto del ordenamiento jurídico en que ella se inserta, y este no es otro como señala Nogueira4 que el resguardo de la función legislativa (finalidad mediata); ésta se vería anulada si el parlamento fuera objeto de violencia o acusaciones (finalidad inmediata).
Pero, que pasa, con los autores del derecho penal, su punto de vista es unánime e indiscutido y se entiende que diversas normas establecen modalidades dirigidas a asegurar la seriedad de las acciones penales que se deduzcan en contra de determinadas autoridades, que algunos califican como privilegios, pero que en rigor no tienen ese carácter, como bien señala Cousiño no protegen a personas individuales, sino amparan la función pública, que ejercen. Se trata en definitiva de procedimientos, antejuicios que han de seguirse en forma previa, para que se pueda procesar a una persona que inviste la calidad de autoridad pública. Estos obstáculos procesales, no constituyen excepción al principio de igualdad ante la ley; ni constituyen inviolabilidad, toda vez que cumplidos las exigencias y trámites que en cada caso indican, por lo que corresponde a la justicia iniciar proceso en contra los afectados en la misma forma que cualquier otro particular5.
Otra consecuencia del citado precepto, dice relación, con la independencia y esta se debe mantener durante un período determinado de tiempo, correspondiente a la duración del cargo, pero ocurre, que los si hechos criminales perpetrados son anteriores al cargo que ocupa en el parlamentario con mayor razón este puede ser perseguido. El fuero no es un privilegio personal, sino que es una garantía para la protección de carácter legislativo. Esto es señalan  un ante juicio que tiene por única y exclusiva finalidad esa protección y, por eso, su objeto procesal único es simplemente recabar antecedentes para determinar la sospecha de la comisión de un delito por un parlamentario, así lo ha entendido también la jurisprudencia y no se refiere a establecer los requisitos del auto de procesamiento como lo han señalado algunos constituyentes sobre la base de las actas de la comisión Ortuzar, que por lo demás es sólo uno de los elementos de interpretación y nunca el más importante.
3. Ideas Matrices.- Las reflexiones anteriores hacen imprescindible una propuesta de modificativa a nivel procesal, a objeto de atemperar la absurda regulación en materias de delitos de acción privada, que infringe garantías constitucionales. Desde la perspectiva práctica, lo anterior pone en evidencia la necesidad de reforma en la materia ante el evidente vicio de inconstitucionalidad que adolece el precepto.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer el siguiente:


PROYECTO DE LEY:

Art. Único. Sustitúyanse el artículo 416 del Código Procesal Penal, por el siguiente:
“Solicitud de desafuero. Si el fiscal estimare que procediere formalizar por crimen o simple delito en contra de una persona que tenga el fuero a que se refieren los incisos segundo a cuarto del artículo 58 de la Constitución Política, remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, declare que ha lugar a formación de causa”.
“Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá presentar su querella ante el juez de garantía, quien, siempre que la admita a tramitación citará a una audiencia que se practicará no más allá de treinta días y no antes de quince días desde la presentación de la acción, para que tanto el querellante como el querellado, presenten los antecedentes respectivos de sus cargos y descargos. El juez de garantía en atención a los elementos de convicción que emanan de la audiencia respectiva por resolución fundada determinará si se elevan los autos a la Corte de Apelaciones”.
2° Suprímase el inciso segundo del artículo 416 del Código procesal penal.


Moción del diputado señor Errázuriz.
Modifica el N° 10 del artículo 10 del Código Penal para sancionar a quien denuncie a un agente encubierto. (boletín N° 458307)
“Considerando:

1. Que el artículo 10 del Código Penal dice: “Están exentos de responsabilidad criminal: 
N° 10 el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.
2. Que quien denuncie a un agente encubierto, poniendo en riesgo su vida, no puede escudarse en la norma transcrita para justificar su actitud;
3. Que si bien no parece absolutamente necesario precisar la norma, a fin de evitar que puedan producirse situaciones como las que han ocurrido más de una vez, vengo en presentar el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese el N° 10 del artículo 10 del Código Penal por el siguiente:
“10 El que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. En ningún caso se entenderá que ello ocurre cuando se delate a un agente encubierto.”


Moción del diputado señor Errázuriz.
Sanciona la circulación clandestina de extranjeros en Chile. (boletín N° 458406)

“Considerando:
1. Que el decreto ley N° 1.094, del Ministerio del Interior, de 1975, modificado por la ley 
N° 18.252, en su artículo 69 señala:
“Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.
“Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo.
“Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado mínimo.
“Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los extranjeros serán expulsados del territorio nacional”:
2.Que, como se observa, no se contempla sanción alguna para el extranjero que, habiendo ingresado clandestinamente al país, circule dentro de Chile, vengo en proponer el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Sustitúyese el inciso primero del artículo 69 del decreto ley 
N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, ley de Extranjería, por el siguiente:
“Los extranjeros que ingresen al país o circulen por él o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. La misma pena se aplicará a quien o quienes faciliten los medios para lo anterior”.


Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, Dittborn, Jaramillo, León, Lorenzini, Montes, Ortiz y Von Mühlenbrock.
Prohibe modificar unilateralmente un contrato, pese a cláusula que así lo establezca. (boletín N° 458503)

“Considerando:
1.Que diversas instituciones, especialmente los bancos e instituciones financieras, incluyen en los contratos con sus clientes cláusulas de administración de los recursos aportados por dichos clientes, que les permiten modificar unilateralmente diversos artículos del contrato, en especial, el que se refiere a la comisión que el banco o la financiera pueden cobrar;
2. Que ya es sorprendente que en el mismo contrato se aluda a un reglamento interno que el cliente firma haber conocido en su totalidad, lo cual casi nunca es posible porque no se lo exhiben;
3. Que así, por ejemplo, un banco hace firmar a un cliente una cláusula que dice h) Que la sociedad administradora puede efectuar, unilateralmente, modificaciones tanto al reglamento interno del fondo (se trata de un fondo mutuo) como el texto del presente contrato de suscripción de cuotas, en los términos señalados en el número 4 de la sección IV del reglamento interno y según la formativa vigente:
4.Que en derecho, las cosas se deshacen como se hacen y si un cliente acuerda determinadas condiciones con un banco o institución financiera, no es justo que en el mismo instrumento, faculte al banco o institución financiera cambiar las cláusulas del mismo, unilateralmente y sin siquiera comunicarle al cliente, vengo en presentar el siguiente


PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1°.- Es nula, de nulidad absoluta y por el solo ministerio de la ley, toda cláusula en un contrato que faculte a una de las partes para modificar unilateralmente cualquier cláusula del citado contrato o cualquier instrumento que se entienda formar parte del referido contrato.
ARTÍCULO 2°.- Los contratos actualmente vigentes que contemplen cláusulas como las señaladas en el artículo anterior, se entenderán vigentes con excepción de las cláusulas contrarias al citado artículo.