?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 364ª Sesión 2ª, en miércoles 16 de marzo de 2016 (Ordinaria, de 10.33 a 13.59 horas) Presidencia del señor Núñez Lozano, don Marco Antonio. Secretario, el señor Landeros Perki?, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 24 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 27 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 27 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 27 PERMISO CONSTITUCIONAL ......................................................................................................... 27 CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ........................................................ 27 ACUERDOS DE LOS COMITÉS........................................................................................................ 28 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 30 REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895-11) ..... 30 VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 79 1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 6252-09) ................................. 79 2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9835-13) ................................. 79 3.- INFORME FINANCIERO SUSTITUTIVO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE LEY QUE “MODERNIZA LA LEGISLACIÓN ADUANERA.”. (BOLETÍN N° 10165-05) ............................................. 80 4.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10161-08) ................................................................................ 82 5.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10381-11) ................................................................................ 85 6.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS RUBILAR, CARIOLA, FERNÁNDEZ Y SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO, FLORES, HERNÁNDEZ, NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO Y LA LEY N° 15.076, EN EL SENTIDO DE CONSIDERAR A LOS MÉDICOS VETERINARIOS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD”. (BOLETÍN N° 10574-11).................................................................... 86 7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AGUILÓ, CARMONA, GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON DANIEL, Y TEILLIER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE PERFECCIONAR LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES”. (BOLETÍN N° 10576-13) ........................................................................................................................ 89 VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1.- Petición: De 79 señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de recabar los antecedentes relativos a la participación de toda empresa u organismo público en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, así como de las características del contrato suscrito entre Corfo y SQM para la explotación de dicho metal. Para el cumplimiento del propósito, la referida Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. 2.- Copia: Del oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual remite a la Corte Suprema el informe sobre el proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Boletín N° 9895-11. 3.- Notas: De la diputada señora Pascal, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar de hoy, 16 de marzo, para dirigirse a Lusaka, Zambia. Del diputado señor Chávez por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 17 de marzo de 2016, para dirigirse a Marruecos. 3.- Licencia médica: Otorgada a la diputada señora Rubilar por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de cinco días, a contar del 14 de marzo de 2016. 4.- Comunicaciones: Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual se informa que el diputado señor Monckeberg, don Nicolás, reemplazará al diputado señor Verdugo en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual se informa que el diputado señor Berger reemplazará al diputado señor Rathgeb en la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades ocurridas en Junaeb, durante los años 2014 al 2015. 5.- Oficios: De la Comisión de Educación por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como presidente al diputado señor Robles. Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que los Comités Parlamentarios calificaron como misión oficial la participación de los diputados señores Chávez y Poblete en el Foro de Crans Montana, a desarrollarse en Marruecos, los días 17 al 22 de marzo de 2016 (504). Del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que los diputados señores Morales y Rincón integrarán la delegación que concurrirá a la convocatoria de Eurolat para asistir a las reuniones que se llevarán a cabo desde el 10 al 13 de mayo en Estrasburgo, Francia. (505). Del Secretario General de la Corporación por el cual se comunica que los diputados señores Urrutia, don Ignacio y Rincón concurrirán a la Reunión de Directivas de Comisiones del Parlatino, Ciudad de Panamá, Panamá, el 7 de abril de 2016. (506). Del Secretario General de la Corporación por el cual se comunica que el diputado señor Becker concurrirá a la reunión de la Junta Directiva del Parlatino, el 8 de abril de 2016, Ciudad de Panamá, Panamá. (506). Del Secretario General de la Corporación por el cual se comunica que el diputado señor Kort concurrirá a la reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino, los días 8 y 9 de abril de 2016, en la Ciudad de Panamá, Panamá. (506). Del Secretario General de la Corporación por el cual se comunica que el diputado señor Jiménez integrará la delegación que concurrirá al XLVIII Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, Bogotá, Colombia, del 29 a 31 de marzo de 2016. (508). Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual procede a declarar inadmisible la moción del diputado señor Rivas que “Modifica el decreto N°210, de 2015, del Ministerio de Educación, que Aprueba el Reglamento para el otorgamiento de auspicios del Ministerio de Educación a espectáculos y reuniones, con el objeto de reducir el plazo para la presentación de la solicitud de reducción del impuesto al valor agregado”, por cuanto incide en una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, dado que implica modificar una exención tributaria existente, con lo que se vulnera lo dispuesto en el N° 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental. A ello se suma la circunstancia de que la moción modifica un reglamento de ejecución de una ley, evidenciándose que la modificación propuesta no es de dominio legal (03-2016). Respuestas a Oficios Ministerio de Interior Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (117 al 15643). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (139 al 15912). Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (159 al 15642). Diputado Monsalve, Informar sobre la posibilidad de asignarle un cupo de empleo a la señora Angélica María Huichalao Llaulen de la comuna de Cañete. (193 al 15552). Diputado Gahona, Se sirva remitir el listado de proyectos de los programas de Mejoramiento Urbano y de Mejoramiento de Barrios aprobados por ese Servicio durante el año 2015 en la Región de Coquimbo, indicando el nombre, los recursos involucrados, la comuna y el estado de ejecución de cada plan. (321 al 15720). Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (4 al 15619). Diputado Urízar, Se sirva informar a esta Cámara sobre la factibilidad de brindar su apoyo para la adquisición del terreno que pretende el Comité de Vivienda Intercultural RukaWe, de la comuna de Villa Alemana, en los términos que plantea. (467 al 16070). Diputado Urrutia don Osvaldo, Solicita informar si existen proyectos de infraestructura planificados para su desarrollo en la comuna de Isla de Pascua, cuyo objeto sea la construcción de una red de alcantarillado, abastecimiento y distribución de agua potable, terminal portuario, vertedero para desechos sólidos y pista de aterrizaje paralela a la existente. (641 al 15063). Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (74 al 15612). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (88 al 15907). Diputado Trisotti, Se sirva remitir un informe estadístico, de los años 2014 y 2015, sobre el ingreso de extranjeros a nuestro país, señalando el número de personas, su nacionalidad, el paso fronterizo por el que ingresaron y el motivo de su visita. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (95 al 15484). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Diputado Coloma, Se sirva informar el plazo estipulado para el nombramiento de las personas que asumirán las Subsecretarías vacantes dependientes de esa cartera. (906 al 15847). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Factibilidad de trasladar la Dirección Regional de Turismo del Libertador General Bernardo O'Higgins, a la comuna de Pichilemu de la provincia de Cardenal Claro, con el fin de promover dicha actividad en la zona en que se requieren sus servicios con mayor intensidad. (92 al 15817). Diputado Santana, Solicita informar a esta Cámara sobre el estado de avance en la concreción de dos centros de desarrollo empresarial, en las comunas de Osorno y Puerto Montt y acerca de la ejecución, en su etapa de preinversión, de los cuatro programas de barrios comerciales seleccionados en las comunas de Osorno, Calbuco, Puerto Montt y Los Muermos, en el marco de las acciones programadas para el período mayo 2015 a mayo 2016, en el discurso presidencial del 21 de mayo pasado. (983 al 16428). Ministerio de Hacienda Diputada Cicardini doña Daniella, Se sirva informar a esta Cámara sobre el estudio acordado en el protocolo de acuerdo “Atacama Nuevo Trato”, del 5 de septiembre de 2014, sobre el costo de vida de carácter regional. (220 al 16341). Diputado Robles, Eventual vulneración a las normas contenidas en el Instructivo Presidencial sobre buenas prácticas laborales en desarrollo de personas en el Estado y en el oficio circular N° 35, de 13 de noviembre de 2014, que establece orientaciones generales a los jefes de servicios sobre proceso de renovación del personal a contrata, cometida en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama, al no renovar los contratos de los funcionarios señores Ramón Palacios Pizarro, César Pereira Vergara y Francisco Rojas Cárdenas, a pesar de presentar altas calificaciones en su desempeño, disponiendo una investigación al respecto. (621 al 15812). Diputado Chahin, Solicita una investigación en relación con los recursos que se destinaron a la contratación de artistas y a la producción del evento Feria Regional de Educación Técnico Profesional que se realizó en la comuna de Lautaro el día 12 de diciembre de 2014, particularmente en cuanto al monto de lo gastado y su relación con los fines perseguidos por este tipo de actividades educacionales financiadas con recursos públicos (622 al 15457). Ministerio de Educación Diputado Farcas, Solicita que tenga a bien modificar el criterio que se utiliza para la instalación de nuevos jardines infantiles, en el sentido de elegir espacios que no correspondan a áreas verdes ni espacios deportivos, como habría ocurrido en el sector norte de la Región Metropolitana de Santiago, y que significa la destrucción de estos importantes lugares de esparcimiento y recreación. (40 al 15513). Ministerio de Justicia Diputado Soto, Realizar las gestiones necesarias tendientes al cierre total del perímetro completo del Centro de Detención Tiempo Joven de la comuna de San Bernardo, informando a esta Cámara sobre las medidas adoptadas al respecto. (1096 al 15025). Diputado Chahin, Considere la petición formulada por el Cabo Alejandro Enrique Coliqueo Zampoña de la dotación del Subdepartamento de Servicios Especializados de Gendarmería de Chile para su traslado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro o a alguna unidad penal cercana, informado a esta Cámara su resolución. (1515 al 15079). Ministerio de Defensa Nacional Diputado Rivas, Remitir nómina e información complementaria respecto a las personas civiles contratadas de planta por el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016, incluyendo aquellas personas que estando contratadas en modalidad de honorario o contrata durante el período señalado, pasaron a la planta de dichas instituciones. (6855 al 15657). Diputado Espinoza don Fidel, Solicita disponer que funcionarios de la Armada de Chile efectúen labores de vigilancia en el sector Estaquilla de la comuna de Los Muermos, con el objeto de prevenir la ocurrencia de hechos de violencia que afectan a los productores del recurso loco, debido a los ataques y robo de los que han sido objeto por personas extrañas a la zona, informando las medidas que en este sentido se adoptarán (6855 al 15734). Diputado De Mussy, Solicita informar a esta Cámara sobre las medidas adoptadas para permitir el acceso de los vecinos a la playa del sector del islote Rupanco (6855 al 16465). Ministerio de Obras Públicas Diputado Norambuena, Informe a esta Cámara sobre el estado de avance de la construcción de la Ruta Curanilahue Renacimiento, precisando el tramo concesionado y la proyección del trayecto que falta para terminarla. (414 al 15879). Diputado Macaya, Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Diputado Barros, Informar sobre la posibilidad de que una central hidroeléctrica autorizada y aprobada en la categoría “de pasada” pueda embalsar agua, indicando las sanciones a las que se expondría una empresa que infrinja la normativa. (553 al 15586). Diputado Macaya, Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Diputado Barros, Informar sobre la posibilidad de que una central hidroeléctrica autorizada y aprobada en la categoría “de pasada” pueda embalsar agua, indicando las sanciones a las que se expondría una empresa que infrinja la normativa. (553 al 15587). Diputado Santana, Reconsiderar la resolución exenta N°1023 de 10 de diciembre de 2015 emanada por la Dirección General de Aguas de la Región de Los Lagos, o en su defecto, destinar recursos inmediatos a modo de garantizar la conectividad de las personas que viven en las inmediaciones del estero sin nombre, sector de Lelbun en la comuna de Queilen, informando a esta Cámara las medidas adoptadas en la materia. (554 al 15779). Diputado Santana, Solicita informar a esta Cámara sobre el estado de avance, calendarización, descripción de los proyectos y destinación de recursos en el marco de las acciones programadas para el período mayo 2015 a mayo 2016 en el discurso presidencial del 21 de mayo de 2015 y que hace referencia a las materias que indica. (555 al 16415). Diputado Pérez don José, Posibilidad de considerar la implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir el daño causado por las inundaciones ocasionadas por la apertura de compuertas de la centrales hidroeléctricas, involucrando a todas las instituciones que participan en las situaciones de emergencia. (556 al 15718). Diputado Rathgeb, Solicita informe del funcionamiento del proyecto de agua potable rural de la localidad de Tijeral en la comuna de Renaico, por cuanto no contaría con agua potable suficiente para el abastecimiento de dicha zona. (557 al 15517). Diputado Rathgeb, Solicita remitir un informe del funcionamiento del proyecto de agua potable rural de la localidad de Tijeral en la comuna de Renaico, por cuanto no contaría con agua potable suficiente para el abastecimiento de dicha zona. (557 al 15540). Diputado Jaramillo, Informar sobre las interrogantes que plantea respecto a los nueve proyectos que se realizarán en las comunas que indica en solicitud adjunta. (558 al 15520). Ministerio de Bienes Nacionales Diputado Sandoval, Solicita que el Ministerio de Bienes Nacionales, en coordinación con la Corporación Nacional Forestal, adopte a la brevedad las medidas necesarias para determinar los límites de la reserva natural Laguna San Rafael, a fin de entregar a los habitantes del fiordo Stephen de la comuna de Tortel sus respectivos títulos de dominio, informando las medidas que se adopten para concretar esta solicitud (113 al 15053). Ministerio de Salud Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita informar a esta Cámara sobre el porcentaje de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2015, señalando todas las adquisiciones de bienes y servicios cuyo valor exceda de 100.000 pesos y la suma total de las adquisiciones iguales o inferiores a dicha suma, con las precisiones que requiere (631 al 16479). Diputado Monsalve, Informar sobre la posibilidad de otorgar una nueva hora a la señora Magdalena Carril Villar, con un especialista oftalmólogo, con el objeto de retomar sus controles médicos en el Hospital Intercultural Kallvu Llanca de la comuna de Cañete. (667 al 15030). Diputada Núñez doña Paulina, Petición de habilitar en el futuro Hospital Clínico de Antofagasta, actualmente en construcción, por recomendación de la ciudadanía, un recinto para la atención veterinaria. (748 al 16519). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diputado Chahin, Posibilidad de considerar el otorgamiento de un subsidio especial para el transporte desde Loncoche hasta la Comunidad Indígena Antonio Cayufilo Lefián. (1693 al 15081). Diputado Hernández, Reiterar el oficio N° 8198 de esta Corporación, de fecha 22 de abril del año 2015. (238 al 9123). Diputado Hernández, Reiterar el oficio N° 8198 de fecha 22 de abril de 2015. (238 al 15976). Ministerio Secretaría General de Gobierno Diputado Monckeberg don Cristián, Informar sobre las interrogantes que plantea en solicitud adjunta respecto a los viajes realizados al extranjero por el Director de la Dirección de Organizaciones Sociales, en el marco de las actividades referidas a la implementación de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y del voto chileno en el extranjero. (2203 al 15575). Ministerio de Desarrollo Social Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Tenga a bien realizar una nueva encuesta de la Ficha de Protección Social a la señora María Mercedes Arce Gaete, informando a esta Corporación las medidas adoptadas en la materia. (403 al 15761). Intendencias Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (100 al 15918). Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (162 al 15601). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (197 al 15906). Diputado Silva, Se sirva informar a esta Cámara sobre los criterios utilizados por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía para la aprobación de la termoeléctrica emplazada en la comuna de Freire, incluyendo el informe de impacto ambiental, la nómina de los miembros de la Comisión y su respectiva votación. (214 al 16077). Diputado Hernández, Planes ideados para mejorar la frecuencia de los buses rurales que prestan servicios entre las comunas de Osorno y San Juan de la Costa. (238 al 8198). Diputado Alvarado, Solicita informar a esta Cámara sobre el estado de tramitación de las solicitudes de regularización de títulos de dominio en el sector denominado “Fundo Santa Inés” de la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, remitiendo todos los antecedentes que requiere. (299 al 16475). Diputado Chahin, Factibilidad de impulsar un proyecto de mejoramiento de la plaza de la localidad de Púa, en la comuna de Victoria, que incluya luminarias, escaños y ornamentación, entre otras obras. (320 al 15701). Diputado Edwards, Informar sobre el lugar de emplazamiento, los deslindes y superficie del bien inmueble fiscal que eventualmente sería donado a Carabineros de Chile para la construcción de un retén o unidad policial y el estado de tramitación de dicha donación. (438 al 15802). Diputado Fuenzalida, Se sirva informar sobre la ejecución presupuestaria del año 2015 de los recursos sectoriales, en la Región de Los Ríos. (498 al 15727). Diputado Santana, Recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (74 al 15620). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informar sobre la destinación de recursos para la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia desde el año 2010 al 2015, en los términos que señala en solicitud adjunta. (84 al 15909). Servicios Diputado Fuenzalida, Tenga a bien disponer de un cupo para una cirugía a la señora Guiselda del Carmen Leiva Pasten, informando a esta Corporación de las medidas adoptadas en la materia. (147 al 15722). Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir antecedentes y copia del acuerdo de colaboración mutua, suscrito por la Tesorería Regional de Los Lagos y el Servicio Nacional de Pesca, para aumentar la recuperación fiscal de deudores de la Ley General de Pesca y Acuicultura y mejorar la gestión de recursos y velar por el cumplimiento de las normas pesqueras. (1785 al 15035). Diputado Meza, Solicita el estudio de líneas de acción destinadas a garantizar a los adultos mayores gratuidad en el uso del transporte público, informando a esta Corporación las medidas que se adoptarán con este objetivo. (206 al 15051). Diputado Edwards, Se sirva informar sobre el plan de prevención de incendios para el verano 2016, en la Región de La Araucanía. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (22 al 15807). Diputado Urízar, Factibilidad de entregar en comodato un bien inmueble en la ciudad de La Ligua a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Provincial Petorca. (390 al 15824). Diputado Monsalve, Solicita informar la situación del señor César Torres Saavedra, en cuanto a si el monto que le fue pagado en su calidad de exonerado político se calculó correctamente y se incluye o no un bono de reconocimiento. (39358 al 16043). Diputado Fuentes, Se sirva remitir a esta Cámara toda la información elaborada y recibida por ese servicio con ocasión del terremoto ocurrido en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, el 21 de abril de 2007, con las especificaciones que requiere. (432 al 16081). Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre los terrenos fiscales disponibles para fines habitacionales, en las comunas de San Felipe y Los Andes. (472 al 15998). Diputado Macaya, Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Diputado Barros, Informar sobre la posibilidad de que una central hidroeléctrica autorizada y aprobada en la categoría “de pasada” pueda embalsar agua, indicando las sanciones a las que se expondría una empresa que infrinja la normativa. (553 al 15585). Diputado Rathgeb, Solicita un informe del funcionamiento del proyecto de agua potable rural de la localidad de Tijeral en la comuna de Renaico, por cuanto no contaría con agua potable suficiente para el abastecimiento de dicha zona. (557 al 15519). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Tirúa. (57 al 16352). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Lota. (57 al 16353). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Lebu. (57 al 16355). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Curanilahue. (57 al 16356). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Contulmo. (57 al 16357). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Cañete. (57 al 16358). Diputado Norambuena, Se sirva informar a esta Cámara sobre los proyectos de emprendimiento que se han financiado, ejecutado y finalizado en 2015 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en la comuna de Arauco. (57 al 16359). Diputado Chahin, Solicita que se beneficie a la comunidad Antonio Cayufilo de la comuna de Loncoche mediante el financiamiento de un Proyecto de Riego de Autoconsumo, informando las medidas que se adopten en este sentido. (6072 al 15461). Diputada Cicardini doña Daniella, Se sirva informar a esta Cámara sobre la instalación de una planta desalinizadora en la provincia de Copiapó, precisando la etapa en que se encuentra el proyecto, su financiamiento y las medidas de mitigación dispuestas. (717 al 16339). Diputado De Mussy, Solicita informar a esta Cámara sobre la situación actual del proyecto de centrales hidroeléctricas de pasada que se instalarán en el sector de Cascadas de la comuna de Puerto Octay, las etapas aprobadas y la evaluación y determinación de su impacto (84 al 16445). Varios Diputada Girardi doña Cristina, Solicita informar sobre la eventual deuda previsional y laboral, de los últimos 6 años, de la Municipalidad de Cerro Navia y la Corporación Municipal de la misma comuna. (12947 al 16397). Diputada Molina doña Andrea, Se sirva informar las circunstancias en las que se habría producido la detención del señor Juan Ugarte Palma. Asimismo se dé respuesta a los demás requerimientos indicados en el documento adjunto. (145 al 15757). Diputada Molina doña Andrea, Se sirva informar si esa Superintendencia es competente para regular los actos de la securitizadora Security S.A. (157 al 15475). Diputado Trisotti, Solicita que el Jefe de la Primera Zona de Carabineros de Tarapacá adopte las medidas necesarias que permitan mejorar las condiciones de seguridad ciudadana de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en virtud de los hechos descritos en presentación adjunta. Asimismo se requiere informar las líneas de acción que se sigan con el fin señalado. (191 al 15999). Diputado Robles, Informar sobre el estado en que se encuentra el sumario iniciado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a consecuencias de la denuncia por plagio presentada por el bioquímico señor William Marcos Acevedo Muñoz en contra de la doctora María Antonieta Guzmán. (237 al 7150). Diputado Espinoza don Fidel, Se sirva remitir a esta Cámara antecedentes acerca de los procesos sancionatorios y multas aplicadas a las Instituciones de Salud Previsional Masvida, Banmédica y Colmena por infracciones detectadas en la Región de Los Lagos, durante 2015, detallando las infracciones cometidas y la multa respectiva aplicada a cada una de las instituciones señaladas. (354 al 16068). Diputado Mirosevic, Acciones realizadas para ubicar e incorporar a los 230 alumnos beneficiados con la aplicación de la ley N° 20.590, que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica y las fechas previstas para la elaboración, realización y presentación de los resultados del seguimiento de los programas de reforzamiento y para el plan de apoyo específico a docentes y asistentes de la educación que indica. (45 al 15994). Diputado Urrutia don Osvaldo, Solicita informar las actividades de fiscalización efectuadas respecto de buques de pabellón extranjero que realicen labores extractivas de pesca en las aguas jurisdiccionales nacionales de las costas de Isla de Pascua, los incidentes ocurridos en los últimos 5 años que se han derivado de la transgresión de los límites territoriales señalados y los medios humanos y tecnológicos que se utilizan para detectar a naves de pabellón extranjero o sin pabellón que puedan ingresar a la zona económica exclusiva (6855 al 15736). Municipalidades Diputada Hernando doña Marcela, Reiterar el oficio N° 8976 de fecha 28 de mayo de 2015. (002 al 15006). Diputado Rathgeb, Informe sobre el número de funcionarios a honorarios que se desempeñan en ese municipio en la actualidad y cuántos mantendrán vigentes sus contratos el año 2016. (05 al 13937). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.937, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (05 al 16189). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.974, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (10 al 16295). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (1003 al 15310). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.812, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (102 al 16154). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.668, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (103 al 16116). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (105 al 15292). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (107 al 15323). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (116 al 15374). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (121 al 15368). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.929, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (121 al 16272). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.901, de esta Corporación, de fecha10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (123 al 16249). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.767, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (138 al 16143). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (139 al 15282). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (1400 al 15222). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.906, de esta Corporación, de fecha10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (146 al 16252). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.643, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015. (146 al 16322). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (153 al 15277). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.785, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015. (1546 al 16323). Diputado Fuenzalida, Reiterar el oficio de esta Corporación, N°14.172 del 17 de noviembre de 2015. (156 al 15773). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (158 al 15333). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (1607 al 15326). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (1700 al 15329). Diputado Schilling, Pone en su conocimiento las malas condiciones de funcionamiento que presenta el Terminal Pesquero Metropolitano, en la comuna de Santiago, y solicita adoptar las medidas pertinentes para terminar con los problemas de administración, salubridad y seguridad ciudadana que presenta ese centro comercial, informando las líneas de acción que se ejecuten en este sentido. (183 al 15938). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (191 al 15432). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (214 al 15414). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.706, de fecha 10 de noviembre de 2015, enviado al alcalde de la comuna de Cuaracutín (235 al 16173). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.965, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (30 al 16290). Diputado García don René Manuel, Reiterar el oficio de esta Corporación, N°14.966 de fecha 23 de diciembre de 2015. (309 al 16106). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (336 al 15377). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.887, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (37 al 16175). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (40 al 15385). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (45 al 15286). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.961, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (46 al 16193). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (53 al 15299). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.883, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (54 al 16174). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (56 al 15318). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (56 al 15441). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (57 al 15257). Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 13.894, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015, cuya copia se acompaña. (574 al 16247). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (58 al 15107). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (65 al 15417). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (726 al 15109). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (74 al 15230). Diputado Rathgeb, Reitera el oficio N° 13.783, de esta Corporación, de fecha 10 de noviembre de 2015 (79 al 16274). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (82 al 15347). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (87 al 15395). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (94 al 15424). Diputado Verdugo, Diputado Santana, Informe sobre los recursos asignados a la instalación, monitoreo y mantención de cámaras de televigilancia entre los años 2010 y 2015, clasificándolos según su destinación a cada uno de los ítems señalados y precisando el organismo encargado, desde el punto de vista presupuestario, de la operatividad del sistema. (98 al 15404). Presidencia de la República Diputado Pérez don José, Tenga a bien considerar la implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir el daño causado por las inundaciones ocasionadas por la apertura de compuertas de la centrales hidroeléctricas, involucrando a todas las instituciones que participan en las situaciones de emergencia. (556 al 2024). VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Berger, Se sirva informar a esta Corporación sobre el número de trabajadores a honorarios, con contrato vigente, en ese municipio. Asimismo, remite las observaciones que, a su juicio, debieran considerarse en futuras enmiendas a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. (17077 de 11/03/2016). A municipalidades. Diputado Berger, Se sirva informar a esta Corporación sobre el número de trabajadores a honorarios, con contrato vigente, en ese municipio. Asimismo, remite las observaciones que, a su juicio, debieran considerarse en futuras enmiendas a la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. (17078 de 11/03/2016). A municipalidades. Diputado Santana, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los procesos de fiscalización y contingencia, dada la aparición de marea roja, principalmente en el sur de la isla de Chiloé, a su vez, y si lo tiene a bien, pueda reforzar los equipos de trabajo al interior de la autoridad sanitaria en la provincia de Chiloé. (17379 de 14/03/2016). A Ministerio de Salud. Diputado Santana, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los procesos de fiscalización y contingencia, dada la aparición de marea roja, principalmente en el sur de la isla de Chiloé, a su vez, y si lo tiene a bien, pueda reforzar los equipos de trabajo al interior de la autoridad sanitaria en la provincia de Chiloé. (17380 de 14/03/2016). A Ministerio de Salud. Diputado Ceroni, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el mal estado del camino L-715, Sector el Castillo, refiriéndose a las medidas correspondientes que se tomaran para mitigar el problema. (17381 de 14/03/2016). A directora de Vialidad de la Región del Maule. Diputado Kort, Para reiterar el oficio N° 1556, de esta Corporación, de fecha 16 de Diciembre de 2015. (17382 de 14/03/2016). A Contraloría General de la República. Diputado Kort, Para que, al tenor de la solicitud y antecedentes que se acompañan, tenga a bien recibir el documento adjunto y dar respuesta a cada una de las interrogantes del señor Alejandro Denhan Núñez, representante legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Serviden, quien manifestó dudas en el proceso de licitación que comprendía la adjudicación de cuatro concesiones para operar plantas de revisión técnica vehicular en la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, cuyo llamado está contenido en la resolución N° 227 de 2014 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (17383 de 14/03/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputado Espinosa don Marcos, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el acuerdo próximo a firmar entre el gobierno de Chile y la empresa estadounidense Rockwood Litio Limitada para explotación de litio en el Salar de Atacama. (17384 de 14/03/2016). A empresas del Estado. Diputado Espinosa don Marcos, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la solicitud de revisión de imposiciones pagadas por el señor Juan Ignacio Angulo Tapia, en la Caja de Previsión Ex Empart, tanto con su actual número de Rut, como con el antiguo número de identificación 58.207. (17385 de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Monsalve, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación de la señora Dorshy Contreras Medina, refiriéndose a los motivos por los cuales todos los cupos de trabajos vía Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para discapacitados, pasaron a jornada completa a excepción de ella. (17386 de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputada Hernando doña Marcela, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las acciones legales que ha tomado el municipio respecto al proceso de retiro de estanques de combustibles y lubricantes ubicados en la Avenida Edmundo Pérez Zujovic, Región de Antofagasta. (17387 de 14/03/2016). A municipalidades. Diputada Hernando doña Marcela, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el proceso en el que se encuentra actualmente el retiro de la Empresa Molinera del Norte S.A y las acciones legales que se tomarán en virtud del incumplimiento del Decreto Alcaldicio que ordeno el traslado del inmueble. (17388 de 14/03/2016). A municipalidades. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de iniciar una exhaustiva labor de fiscalización de acuerdo a sus facultades legales y constitucionales, respecto de ciertas resoluciones pronunciadas por el señor alcalde subrogante de la comuna de Puyehue. (17389 de 14/03/2016). A Contraloría General de la República. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo a nuestros agricultores y los montos a que ascienden tales asistencias. (17390 de 14/03/2016). A Ministerio de Agricultura. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los efectos en la tramitación de los procesos judiciales iniciados en las fiscalía y defensorías en relación a la falta de un médico psiquiatra en el Servicio Médico Legal de la ciudad de Osorno. (17391 de 14/03/2016). A Ministerio de Justicia. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo a nuestros agricultores, comprendiendo los montos a que ascienden tales asistencias. (17392 de 14/03/2016). A Ministerio de Agricultura. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo para los agricultores y los montos a que ascienden tales asistencias. (17393 de 14/03/2016). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo para los agricultores y los montos a que ascienden tales asistencias. (17394 de 14/03/2016). A Ministerio de Agricultura. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los efectos en la tramitación de los procesos judiciales iniciados en las fiscalía y defensorías, en relación a la falta de un médico psiquiatra en el Servicio Médico Legal de la ciudad de Osorno. (17395 de 14/03/2016). A Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Los Lagos. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los efectos en la tramitación de los procesos judiciales iniciados en las fiscalía y defensorías, en relación a la falta de un médico psiquiatra en el Servicio Médico Legal de la ciudad de Osorno. (17396 de 14/03/2016). A director del Servicio Médico Legal de Osorno. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo para los agricultores y los montos a que ascienden tales asistencias. (17397 de 14/03/2016). A Ministerio de Agricultura. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre las medidas, planes y programas de apoyo para los agricultores y los montos a que ascienden tales asistencias. (17398 de 14/03/2016). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Hernández, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los efectos en la tramitación de los procesos judiciales iniciados en las fiscalía y defensorías, en relación a la falta de un médico psiquiatra en el Servicio Médico Legal de la ciudad de Osorno. (17399 de 14/03/2016). A subsecretario de Justicia. Diputada Nogueira doña Claudia, Informar a esta Cámara sobre el registro de fondos previsionales de la señora Lucrecia Sandra Romo Carrasco, anteriores a 1973 y en caso de no haber constancia, indique las razones y la forma de recuperarlos. (17400de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre los actos efectuados de acuerdo al convenio de coordinación y colaboración, en materia de fiscalización, entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional y la Dirección del Trabajo, respecto de la situación del personal que está efectuando el vertimiento de salmones en descomposición al mar, en la Región de Los Lagos. (17401 de 14/03/2016). A subsecretario del Trabajo y Previsión Social. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre los actos efectuados de acuerdo al convenio de coordinación y colaboración, en materia de fiscalización, entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional y la Dirección del Trabajo, respecto de la situación del personal que está efectuando el vertimiento de salmones en descomposición al mar, en la Región de Los Lagos. (17402 de 14/03/2016). A director regional del Trabajo de la Región de Los Lagos. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17403 de 14/03/2016). A subsecretaria de Economía y empresas de menor tamaño. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre los actos efectuados de acuerdo al convenio de coordinación y colaboración, en materia de fiscalización, entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional y la Dirección del Trabajo, respecto de la situación del personal que está efectuando el vertimiento de salmones en descomposición al mar, en la Región de Los Lagos. (17404 de 14/03/2016). A Ministerio de Defensa Nacional. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre los actos efectuados de acuerdo al convenio de coordinación y colaboración, en materia de fiscalización, entre la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional y la Dirección del Trabajo, respecto de la situación del personal que está efectuando el vertimiento de salmones en descomposición al mar, en la Región de Los Lagos. (17405 de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17406 de 14/03/2016). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17407 de 14/03/2016). A Ministerio de Agricultura. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17408 de 14/03/2016). A Ministerio de Bienes Nacionales. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17409 de 14/03/2016). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Santana, Informar a esta Cámara sobre la etapa, observaciones, estado de avance, calendarización, recursos destinados y ejecución presupuestaria de los proyectos que indica, enmarcados en el plan de zonas extremas, Plan Patagonia Verde, en la provincia de Palena. (17410 de 14/03/2016). A servicios. Diputado Ward, Diputado Silva, Informar a esta Cámara sobre las propuestas de licitaciones y adjudicaciones para el retiro de basura domiciliaria desde el año 2000 a la fecha, por cada comuna de la Región Metropolitana, indicando en cada caso los montos involucrados, empresas y periodos de su adjudicación. (17411 de 14/03/2016). A director de Compras y Contratación Pública. Diputado Ward, Informar a esta Cámara si posee información sobre la empresa brasileña de Transportes TAP, la cual prestó servicios al ex candidato Marco Enriquez-Ominami, y si tiene algún grado de vinculación a políticos, personas públicas o privadas que se encuentran procesadas o siendo investigadas en casos de corrupción en su país. (17412 de 14/03/2016). A Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de mejorar las condiciones de cumplimiento del decreto supremo N° 511, del 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica, respecto de los estudiantes con necesidades especiales, promoviendo una mayor fiscalización. (17413 de 14/03/2016). A Ministerio de Educación. Diputada Hernando doña Marcela, Se sirva informar a esta Cámara sobre la posibilidad de disponer la revisión de los antecedentes de los tres ex trabajadores portuarios de Antofagasta que señala, quienes aspiran a obtener los beneficios económicos establecidos en la ley N° 20.773, que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en materia de trabajo portuario, estableciendo las obligaciones y beneficios que indica. (17414 de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Monsalve, Posibilidad de disponer una evaluación social a las seis mujeres jefas de hogar que indica, considerando la posibilidad de asignarles un cupo de empleo. (17415 de 14/03/2016). A intendencias. Diputado Monsalve, Director del Servicio de Salud Arauco informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la señora Rosa Ediht Veloso Solar de la comuna de Los Álamos, disponiendo una evaluación y agilizar la interconsulta que tiene pendiente en el Hospital San Vicente de la comuna de Arauco. (17416 de 14/03/2016). A Ministerio de Salud. Diputado Monsalve, Posibilidad de agilizar la apelación presentada por el señor Abraham Paredes Leal de la comuna de Los Álamos por el rechazo de una licencia médica y del pago de la aprobada. (17417 de 14/03/2016). A servicios. Diputado Monsalve, Director Regional del Servicio de Capacitación y Empleo del Biobío informe a esta Cámara sobre sobre la posibilidad de analizar la situación que afecta a la señora Alison Estéfani Sanhueza Carrasco de la comuna de Arauco y considere la asignación de un puesto de trabajo. (17418 de 14/03/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputada Núñez doña Paulina, Criterios considerados para la adquisición y evaluación de textos escolares por el Gobierno y para determinar la pertinencia de incorporar en ellos declaraciones o entrevistas a parlamentarios en ejercicio, señalando la composición del organismo encargado de dichas evaluaciones y la nómina completa de funcionarios que componen la unidad de currículo y evaluación. Asimismo, remita el acto administrativo por el cual se aprueba la adquisición del texto escolar de historia de 8° Básico de la editorial SM, en el que aparece la entrevista a una diputada en ejercicio que motiva esta solicitud. (17419 de 14/03/2016). A Ministerio de Educación. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Alvarado Ramírez Miguel Ángel -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Sabag Villalobos, Jorge -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González; la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher; la ministra Directora del Serman, señora Claudia Pascual Grau; el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; el ministro secretario general de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz; el ministro secretario general de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y el ministro de Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez. -Se contó con la asistencia, también, del senador señor Patricio Walker Prieto. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: Las diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado y Marcela Sabat Fernández. -Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende. -Con licencia médica: La diputada señora Karla Rubilar Barahona.- * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.33 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 127ª de la legislatura 363ª se declara aprobada. El acta de la sesión 128ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. PERMISO CONSTITUCIONAL El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la diputada señora Denise Pascal Allende, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar de hoy, para dirigirse a Lusaka, Zambia. ¿Habría acuerdo? Acordado. CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por 79 señoras y señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República y 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una comisión especial investigadora encargada de recabar los antecedentes relativos a la participación de toda empresa u organismo público en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, así como de las características del contrato suscrito entre Corfo y SQM para la explotación de dicho metal. Para el cumplimiento del propósito, la referida comisión especial investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Marco Antonio Núñez, adoptaron por mayoría, con la oposición del Comité de la Democracia Cristiana, los siguientes acuerdos: 1.- Debatir el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9895-11), bajo el siguiente procedimiento: cinco minutos por bancada, más los siguientes tiempos: Unión Demócrata Independiente, 164 minutos y 20 segundos; Democracia Cristiana, 124 minutos y 40 segundos; Partido Socialista, 96 minutos y 20 segundos; Renovación Nacional, 90 minutos y 40 segundos; Partido por la Democracia, 85 minutos; Independientes, 45 minutos y 20 segundos; Partido Comunista Izquierda Ciudadana, 39 minutos y 40 segundos, y Partido Radical Social Demócrata, 34 minutos. 2.- Establecer que la renovación de indicaciones y las peticiones de votación separada para el citado proyecto se podrán presentar hasta las 12.00 horas de mañana jueves 17 de marzo. 3.- Los tiempos no utilizados en las dos sesiones de hoy no se acumularán para la sesión de mañana jueves 17 de marzo. Asimismo, no se podrá solicitar cierre del debate mientras no hayan concluido los 680 minutos de discusión destinados a este proyecto. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, dada la envergadura de este proyecto, cada uno de los parlamentarios, o al menos los de la bancada de la Democracia Cristiana, requiere del tiempo establecido en el Reglamento para fundamentar su voto, esto es, diez minutos y no la proporcionalidad que se propone. Por eso no dimos la unanimidad al acuerdo logrado en reunión de Comités. Por lo tanto, pido que se vote el acuerdo de los Comités Parlamentarios. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, hasta este momento la Democracia Cristiana no tiene ningún inscrito, a pesar de que ya hay al menos cuarenta diputados inscritos. Lo mínimo que pueden hacer es inscribirse para hacer uso de la palabra. Si efectivamente la intención es que todos hablen, el riesgo de rechazar el acuerdo de los Comités es que alguien pida el cierre del debate, lo cual, de aprobarse, no permitirá que todos los parlamentarios intervengan en este debate. Además, cabe señalar que esto da una certeza a la gente de cuál va a ser el horario aproximado en el que se estaría votando mañana, lo cual también es relevante, pues, de lo contrario, bastaría con que en cualquier momento, hoy o mañana, se solicitara el cierre del debate y este fuese aprobado para que no pudiese intervenir ningún parlamentario más. Basta con que diez diputados hayan hablado para que se pueda pedir el cierre del debate. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste. La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, solo quiero aclarar el punto, porque ha sido aludida la bancada de la Democracia Cristiana. Precisamente, no nos hemos inscrito en el sistema electrónico porque este tema no está resuelto. De hecho, aquí tengo la lista con todos los diputados de mi bancada que quieren hacer uso de la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señora diputada, hágala llegar a la Mesa. Corresponde votar los acuerdos de los Comités, menos el de la Democracia Cristiana, sobre la proporcionalidad y el no cierre del debate. Quienes votan a favor, aprueban los acuerdos; quienes votan en contra, los rechazan. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Andrade Lara, Osvaldo; Auth Stewart, Pepe; Barros Montero, Ramón; Bellolio Avaria, Jaime; Berger Fett, Bernardo; Campos Jara, Cristián; Castro González, Juan Luis; Ceroni Fuentes, Guillermo; Cicardini Milla, Daniella; Coloma Alamos, Juan Antonio; Espinosa Monardes, Marcos; Fernández Allende, Maya; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo; Gutiérrez Pino, Romilio; Hasbún Selume, Gustavo; Hernández Hernández, Javier; Hernando Pérez, Marcela; Hoffmann Opazo, María José; Jackson Drago, Giorgio; Jarpa Wevar, Carlos Abel; Jiménez Fuentes, Tucapel; Kast Sommerhoff, Felipe; Kort Garriga, Issa; Lavín León, Joaquín; Lemus Aracena, Luis; Letelier Norambuena, Felipe; Melero Abaroa, Patricio; Molina Oliva, Andrea; Monsalve Benavides, Manuel; Norambuena Farías, Iván; Núñez Lozano, Marco Antonio; Pacheco Rivas, Clemira; Pérez Lahsen, Leopoldo; Poblete Zapata, Roberto; Rathgeb Schifferli, Jorge; Saldívar Auger, Raúl; Sandoval Plaza, David; Santana Tirachini, Alejandro; Sepúlveda Orbenes, Alejandra; Silva Méndez, Ernesto; Teillier Del Valle, Guillermo; Trisotti Martínez, Renzo; Ulloa Aguillón, Jorge; Urrutia Bonilla, Ignacio; Urrutia Soto, Osvaldo; Vallejo Dowling, Camila; Vallespín López, Patricio; Van Rysselberghe Herrera, Enrique; Verdugo Soto, Germán; Ward Edwards, Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Chávez Velásquez, Marcelo; Cornejo González, Aldo; Espejo Yaksic, Sergio; Flores García, Iván; Morano Cornejo, Juan Enrique; Pilowsky Greene, Jaime; Provoste Campillay, Yasna; Sabag Villalobos, Jorge; Saffirio Espinoza, René; Walker Prieto, Matías. V. ORDEN DEL DÍA REGULACIÓN DE DESPENALIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9895?11) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Diputados informantes de las comisiones de Salud, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, son los señores Juan Luis Castro, Osvaldo Andrade y Alejandro Santana, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 7. -Informe de la Comisión de Salud, sesión 72ª de la legislatura 363ª, en 29 de septiembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 1ª de la presente legislatura, en 15 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 21. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 1ª de la presente legislatura, en 15 de marzo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 23. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud. El señor CASTRO (de pie).- Señor Presidente, este es un día histórico: después de veintiséis años desde el retorno a la democracia, la Sala de esta Corporación tratará esta materia de tanto impacto y sensibilidad ciudadana. Honorable Cámara: en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de la Presidenta de la República, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La idea matriz o fundamental del proyecto es regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por las siguientes causales: a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida. b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación, y en el caso de las menores de catorce años de edad. Para lograr esos objetivos, la iniciativa legal está estructurada sobre la base de tres artículos permanentes. Durante el análisis del proyecto, la comisión contó con la colaboración de las ministras de Salud, señora Carmen Castillo; del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual Grau; de Justicia, señora Javiera Blanco; de la entonces ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón, y del actual titular de esa cartera, señor Nicolás Eyzaguirre. Asimismo, concurrieron subsecretarios y asesores de dichas secretarías de Estado durante las sesiones en que se debatió la iniciativa. Los fundamentos del proyecto de ley contenidos en el mensaje fueron divididos por el Ejecutivo en cuatro acápites, a saber: a) antecedentes, b) fundamentos, c) objetivos y d) contenido. a) Antecedentes. Se señala la dignidad de las mujeres como atributo inviolable y el deber de respeto y protección. Sobre el particular, se menciona que en el programa de gobierno se adquirió un compromiso con la ciudadanía, el que fue ratificado en el discurso de la Presidenta Michelle Bachelet del 21 de Mayo de 2014, y se formuló un llamado a la discusión madura e informada para debatir el tema en el Congreso Nacional. Con la presentación del proyecto se ha dado cumplimiento a dicho compromiso. El proyecto se hace cargo de ciertas experiencias de vida críticas, las cuales se presentan cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer, cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación. Se parte de la base de que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no solo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen. Por ello, la Constitución Política consagra el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, e impone a la ley el deber de proteger la vida del que está por nacer. Junto con ello, el Estado debe equilibrar dicho mandato con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones, lo que conlleva la obligación de regular la interrupción del embarazo. La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en esas situaciones y sitúa a Chile junto con cuatro países en el mundo -Nicaragua, El Salvador, Malta y El Vaticano que la criminaliza en todas sus modalidades. Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no impide su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres; por el contrario, se traduce en una vulneración de sus derechos. Representa un problema social del que el Estado debe hacerse cargo plenamente. En efecto, un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva. Los derechos de las mujeres -continúa el mensaje están en el centro de esta propuesta. Por tal razón, las tres causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda exigen la expresión libre de la voluntad de la mujer, sin la cual dicha interrupción no puede tener lugar. En casos específicos en que la mujer es incapaz, o está incapacitada, o es menor de 14 años, el proyecto propone reglas especiales para resguardar su voluntad. Por otra parte, el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean estos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen ejercer el derecho de objeción de conciencia, acto estricta y esencialmente individual del profesional clínico que deba intervenir directamente en la interrupción del embarazo, de mediar la voluntad de la mujer en los casos a que se refiere. Pero ese derecho no puede ser obstáculo insalvable para acceder a la interrupción del embarazo. Por ello, en situaciones extremas, el Estado no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino más bien debe entregarles alternativas, respetando su voluntad, sea que deseen continuar el embarazo u opten por interrumpirlo. Expone el mensaje que se trata de una realidad que no se puede ignorar. Analizada la información de los egresos hospitalarios entre 2001 y 2012, se constató la existencia de 395.905 abortos, es decir, interrupciones de embarazos antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos de aborto al año, en que las mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas. Los registros de egresos hospitalarios por causas reproductivas permiten estimar el número de casos de interrupciones de los embarazos, espontáneas o provocadas, sean por una condición médica o por una alteración estructural, así como aquellas interrupciones voluntarias que se complicaron y requirieron atención médica. Por tanto, los registros no dan cuenta de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino solo de los antes indicados, ya que al estar penalizado, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no existen encuestas de salud sexual y reproductiva que den cuenta de estos procedimientos. En promedio, en Chile, al año, se hospitalizan 16.510 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas, pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza, como son interrupción del embarazo anormal o por razones de salud, según se describe en libros de la especialidad, que enuncio a continuación: embarazo ectópico; mola hidatiforme; otros productos anormales de la concepción; complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar. Esto imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de estas mujeres, generando inequidades, según el nivel de ingresos de la población. Analizadas las mencionadas cifras y las causales que se propone regular en el proyecto de ley, y conforme a los antecedentes que posee el Ministerio de Salud, se deduce lo siguiente: a) Tratándose de la primera causal que regula el proyecto, se sabe que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación: tres defunciones de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, equivalentes al 5,6 por ciento del total; seis muertes de mujeres de entre 20 y 24 años de edad, equivalentes al 11,1 por ciento; 11 defunciones de mujeres de entre 25 y 29 años de edad, equivalentes al 20,4 por ciento; 15 fallecimientos de mujeres de entre 30 y 34 años de edad, equivalentes al 27,8 por ciento; 14 defunciones de mujeres de entre 35 y 39 años de edad, equivalentes al 25,9 por ciento, y tres muertes de mujeres de entre 40 y 44 años de edad, equivalentes al 5,6 por ciento del total de fallecimientos. Al realizar una auditoría de las muertes maternas en 2012 se pudo observar que el 40 por ciento presentaba una patología médica concomitante, ya sea insuficiencia hepática, hígado graso, tormenta tiroidea, insuficiencia respiratoria aguda, coriocarcinoma metastásico o cardiopatías. A su vez, el 22,5 por ciento presentó condiciones clínicas, como preeclampsia severa, eclampsia, síndrome Hellp, de las cuales un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo para haber resguardado su vida. b) En la segunda causal que trata el proyecto: la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de 250.000 partos anuales, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patología. Estas estimaciones serían concordantes con las cifras analizadas entre los años 2004 y 2012, que mostraron un promedio anual de 465 casos de niños menores de 28 días de vida que fallen por malformaciones incompatibles con la vida. c) Con relación a los casos de embarazos secundarios originados por violencia sexual, no hay datos que permitan dimensionar la magnitud de la situación, pues no existen registros estadísticos integrados, a lo cual se suma la variable de la no denuncia mayoritaria de este tipo de hechos. Se estima que la probabilidad de embarazo producto de una violación se aproxima al 10 por ciento. Las estimaciones oscilan entre el 3, el 5 y el 17 por ciento, según la fuente de los estudios analizados. Las cifras señaladas impactan la percepción ciudadana sobre el déficit de la actual normativa nacional. Los estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas. Se hace hincapié en el mensaje que Chile tiene una historia de políticas públicas en salud de las mujeres, y que diversos actores han contribuido por décadas a mejorar las condiciones de la salud y los derechos de las mujeres. De esta forma, tanto el proyecto de ley que se presenta como las políticas públicas, a través de las décadas, desde los años 30, han tenido por finalidad resguardar los derechos de las mujeres y ofrecerles una adecuada protección. El mensaje hace presente que han existido diversas iniciativas parlamentarias para regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Señala que parlamentarios de todos los sectores se han hecho eco de las demandas de la ciudadanía, presentando varios proyectos que buscan hacerse cargo de esta realidad. Así se puede observar en mociones presentadas desde 1991 hasta 2014. Cada uno de los proyectos y análisis prelegislativos que el mensaje enuncia representa un avance importante, al que también contribuyeron las organizaciones de mujeres y feministas, de médicos y matronas, de científicos, las cuales han sostenido la necesidad imperiosa de establecer políticas públicas que atiendan el problema de la interrupción voluntaria del embarazo. El mensaje reconoce e incorpora dicho acervo y somete a la consideración del Congreso Nacional y de la ciudadanía un proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales específicas, dando así cumplimiento a los compromisos explicitados en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Fundamentos del mensaje Se señalan como fundamentos del mensaje los compromisos del país con el derecho internacional de los derechos humanos, el contexto normativo global, y la obligación del Estado de proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía. El mensaje señala que el Estado no puede, tal como le han representado los organismos internacionales de derechos humanos, seguir rehuyendo la situación que viven mujeres de distintas edades y condiciones y que afecta principalmente a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural ante la penalización absoluta de la interrupción del embarazo. De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente tres las causales que el proyecto de ley pretende regular: cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando la gestante está obligada a llevar a término un embarazo sobre el cual se ha diagnosticado inviabilidad fetal y cuando el embarazo es producto de violencia sexual. La prohibición absoluta de interrumpir el embarazo no reconoce que existen circunstancias en las cuales no es exigible a una mujer, por medio de la amenaza de una pena privativa de libertad, que continúe un embarazo. La penalización del aborto sin excepciones constituye un incumplimiento inequívoco de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en relación con la garantía que debe existir respecto del pleno goce de los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las mujeres. En cuanto a la existencia de un contexto normativo global, las modificaciones que han solicitado los organismos de Naciones Unidas encargados del monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos no son ajenas a la forma en que en el contexto mundial se ha legislado sobre la interrupción del embarazo. En general, pueden distinguirse dos tipos de regulaciones. Un primer modelo es aquel que establece un sistema de plazos que permite la interrupción del embarazo sin exigir a la mujer justificar sus motivos. El segundo corresponde a aquellos que establecen un sistema de indicaciones o causales. En este, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo debe estar en alguna de las situaciones en que la ley lo permita. Habitualmente, estas causales suelen ser médicas o terapéuticas, embriopáticas, criminológicas y socioeconómicas. Este es el sistema que tienen Italia, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Argentina e Irlanda, y es el que se propone adoptar mediante la iniciativa de ley. Otros sistemas, como los existentes en Alemania, España y Uruguay, combinan ambos modelos. En particular, Alemania permite interrumpir el embarazo hasta las doce semanas de gestación sin que se deban expresar motivos, pero con un sistema que incluye consejería. Además, considera la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de ese plazo, pero solo en caso de causales específicas que lo justifican, que están establecidas en la ley. La modificación propuesta podría a Chile dentro de los márgenes normativos que el resto de las naciones han considerado adecuados para regular la interrupción del embarazo. En cuanto a la idea de que el Estado debe proteger y respetar la vida y la salud de las mujeres, reconociendo su autonomía, el mensaje hace presente que la presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer. Por ello, el fundamento principal de la iniciativa lo encontramos en el reconocimiento de ciertos hechos bien definidos en que se reconoce que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema. En ese sentido, el Estado y el proyecto de ley no obligan a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que les ofrecen opciones en caso de tres situaciones, para que puedan tomar una decisión de acuerdo a sus convicciones personales. Se abordan tres circunstancias críticas para las mujeres: evitar un peligro para su vida, embrión o feto con alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, y el embarazo como consecuencia de una violación. La interrupción del embarazo solo se podrá llevar a cabo con el consentimiento voluntario de la mujer, por lo cual se le deberá asegurar el espacio de discernimiento que le permita tomar su decisión y luego respetarla, cualquiera que sea esta. La interrupción del embarazo que propone despenalizar el proyecto, en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegura que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación es irrelevante. Más aún, se perpetuarían las desigualdades entre las mujeres a partir de su condición económica y social. Lo anterior implica una oportunidad y un desafío de fortalecimiento para el sistema de salud, en especial, de la atención primaria; supone un cambio de la cultura de acogida y trato a las mujeres, reconociendo sus derechos, en especial en las situaciones difíciles que se abordan en la iniciativa, para lo cual será necesario incorporar en las prestaciones de salud el control preconcepcional y el diagnóstico de patologías preexistentes, la adecuada derivación de alto riesgo, el diagnóstico precoz y oportuno de alteraciones estructurales genéticas o congénitas incompatibles con la vida extrauterina, el trato digno a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y, por supuesto, el reconocimiento de su voluntad en todos esos casos. Por consiguiente, el mensaje indica que, por tratarse de una prestación de salud, la modificación principal debe hacerse en el Código Sanitario, y, en consecuencia, los cambios que se propone introducir en el Código Penal y en el Código Procesal Penal buscan resguardar la responsabilidad de las mujeres y de los médicos. Objetivos del mensaje Se plantea la ponderación necesaria, es decir, se busca resolver un conflicto entre bienes que son inconmensurables. Se trata de situaciones extremas en que la afectación de la dignidad y de los derechos de la mujer es tal, que no puede sino garantizarse un espacio de discernimiento para ella. Por otra parte, el proyecto busca proteger a las niñas y a las adolescentes. El ordenamiento jurídico protege el interés superior de las niñas y reconoce su autonomía progresiva. Por ello, en coherencia con otra normativa aplicable, se establecen ciertas reglas especiales. Es así como en el derecho chileno son penalmente imputables los mayores de 14 años, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.084, que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. A su vez, esta normativa fija reglas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, y reconoce márgenes de libertad a las adolecentes. Por ello, podemos afirmar que el proyecto de ley se enmarca en el reconocimiento de autonomía limitada para las menores de 18 y mayores de 14 años. En efecto, si bien se da eficacia a su manifestación de voluntad, se cautela el conocimiento de sus representantes legales o, a falta de estos, de otro adulto. Además, desde el punto de vista sanitario, la presencia de esos mayores de edad es una garantía para la menor. Por otra parte, es importante recordar que en el Código Penal se reconoce la autonomía sexual de las personas mayores de 14 años, en tanto medie su consentimiento. Cuestión distinta ocurre con las menores de 14 años, quienes deben actuar con autorización de su representante legal: su padre, su madre u otro adulto responsable. Esta regulación eleva los estándares de participación de los representantes legales de las menores, en comparación con lo que dispone la ley N° 20.418. No obstante, es importante reconocer un legítimo espacio de discernimiento a la menor, habida consideración de que será ella quien sobrellevará las consecuencias de la decisión que tome, razón por la cual se establece la posibilidad de que el equipo de salud pueda acceder al juez de familia para que este otorgue la autorización respectiva, en subsidio de sus representantes, siempre que concurran los requisitos de la causal respectiva. Finalmente, el proyecto reconoce que la violencia sexual que afecta a las niñas y adolescentes con frecuencia se manifiesta dentro de su propio hogar. Por ello, autoriza al médico cirujano a prescindir de la solicitud de autorización al representante legal de las menores de 14 años, cuando existan antecedentes para afirmar que, al hacerlo, se expondrá a la menor a un riesgo de violencia intrafamiliar, coacción, amenaza, maltrato o, incluso, a una posible situación de desarraigo o de abandono. En tal caso, podrá acudir al juez de familia competente. Por último, se hace hincapié en la necesidad de destacar el rol de los prestadores y profesionales de la salud en la información sanitaria para una decisión consciente, en la constatación de las causales, en la objeción de conciencia y en la confidencialidad. En cuanto a la información sanitaria para una decisión consciente, el proyecto prevé, cualquiera que sea la causal invocada, la obligación del prestador de salud de otorgar información veraz, como instancia a partir de la cual el discernimiento de la mujer se acompañe de toda la información necesaria. La información entregada debe ser respetuosa de la decisión de la mujer, en concordancia con lo dispuesto en la ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Adicionalmente, la obligación del prestador se extiende a entregar, por escrito, información sobre alternativas a la interrupción del embarazo, para que cuente con los antecedentes que le permitan tomar una decisión libre. En relación con la constatación de las causales, se establece un procedimiento que trata de ponderar la necesidad de otorgar una prestación médica rápida y respetuosa de la situación compleja que está viviendo la mujer, con la de contar con diagnósticos certeros que permitan realizar las acciones de salud necesarias, con respeto a la legislación vigente. Así, la regla general es que se requiere el diagnóstico de un médico cirujano, ratificado por el de otro profesional. Sin embargo, dicha regla reconoce excepciones en los casos en que se requiere una intervención médica inmediata e impostergable, como cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer sea inminente. Por ello, no se requiere tal ratificación en caso de un embarazo ectópico. En cuanto a la violación, para evitar a la mujer un proceso penal como condición para interrumpir su embarazo, debe primar su protección y bienestar y no se debe perder de vista que la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal. Respecto de la objeción de conciencia, el proyecto encara situaciones difíciles, pues están en juego convicciones profundas de cada persona. Por ello, se reconoce al médico cirujano la posibilidad de expresar, por escrito y previamente, su objeción de conciencia. Además, se hace explícito el deber ético del facultativo afectado por la objeción de conciencia de informar cuando una paciente se encuentra en alguna de las causales prevista en el proyecto de ley. Desde luego, se trata de un derecho propio del médico que interviene, en tanto persona natural. Como contrapartida, el prestador de salud tiene la obligación de derivar a la mujer a un profesional que no esté afectado por la objeción de conciencia. Con todo, la objeción de conciencia no puede ser obstáculo en los casos excepcionales en que la mujer requiere una interrupción del embarazo en forma inmediata e impostergable, y no existe otro médico que pueda realizar la intervención. Finalmente, el proyecto resguarda el principio de la confidencialidad, con la finalidad de prevenir que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico o de solicitar asistencia médica por temor a una posible sanción penal. Con este objetivo en mente, se busca privilegiar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia ante una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Así se evita condicionar la relación entre el equipo de salud y la paciente, para permitir efectuar oportuna y adecuadamente las acciones de salud que correspondan. Contenido del proyecto Se propone una nueva normativa para la despenalización de la interrupción del embarazo cuando este se produzca por tres causales específicas, para lo que se modifican los códigos Sanitario, Penal y Procesal Penal. Las tres causales específicas para la despenalización de la interrupción del embarazo son: La primera, referida al caso en que la mujer se encuentra en riesgo vital presente o futuro. La segunda, cuando el embrión o feto padezca alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina. La tercera, cuando el embarazo es resultado de una violación, con un límite general de tiempo de doce semanas de gestación, y de dieciocho semanas cuando se trata de menores de catorce años, lo cual después se modificó. Para aplicar la última causal, se ha cuidado de establecer un procedimiento de constatación, que respete la dignidad de las mujeres y que asegure una intervención médica eficaz. Se contemplan disposiciones referidas a la manifestación de voluntad de la mujer en los tres casos referidos. En primer lugar, la mujer es quien debe decidir si continúa o no con el embarazo; la manifestación de voluntad debe ser expresa, previa y constar por escrito, salvo que no sea posible, situaciones en las que regirá la legislación vigente. En segundo lugar, se regula la manifestación de voluntad de las menores de edad, distinguiéndose entre menores de catorce y mayores de catorce, pero menores de dieciocho años de edad. Las primeras requieren contar con autorización de su representante legal. A falta de dicha autorización, la menor, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del tribunal de familia competente para que otorgue la autorización, siempre que concurra la causal respectiva. El tribunal deberá pronunciarse, sin forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la solicitud. El juez oirá a la menor y, en su caso, al integrante del equipo de salud que la asiste. También se podrá recurrir al tribunal de familia cuando, a juicio del médico cirujano, existan antecedentes para afirmar que la solicitud de autorización al representante legal generará graves riesgos para la menor. Las mayores de catorce, pero menores de dieciocho años de edad podrán requerir o manifestar por sí su voluntad, sin perjuicio de que el representante legal deberá ser informado de la decisión. A falta de este o cuando la información pueda generar graves riesgos para la menor, será informado otro adulto a elección de la menor. Se contempla un procedimiento para efectuar la interrupción del embarazo. En los casos de las dos primeras causales, se requiere el diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características. Podrá prescindirse de la ratificación en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable. Cuando se invoque la tercera causal, un equipo de salud evaluará la concurrencia de los hechos que la constituyen, asegurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia la mujer. Se establece que el médico podrá abstenerse de interrumpir un embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia; pero no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando la mujer requiera atención inmediata e impostergable, y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a la mujer que requiere la intervención otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia e informar acerca de la necesidad de reasignación. Se regula, además, una oportunidad de entrega de información objetiva, que tenga por finalidad proporcionar a la mujer aquella que sea necesaria en relación con la prestación médica y todos sus riesgos inherentes. Esta instancia debe ser respetuosa de la decisión de la mujer y no tendrá por finalidad influir en su voluntad. En cuanto a las causales segunda y tercera, se deberá entregar a la mujer la información por escrito sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo programas de apoyo social y económico disponibles. Se propone una modificación de la regulación penal, con la finalidad de hacer concordante la normativa con el Código Sanitario. De esta manera, se propone introducir dos incisos nuevos en los artículos 344 y 345 del Código Penal, que establecen expresamente que no constituye delito de aborto la interrupción del embarazo en los casos autorizados por esta ley en proyecto. Se propone también una modificación al Código Procesal Penal, mediante la incorporación de dos disposiciones que hacen primar el deber de confidencialidad por sobre el deber de denuncia en caso de estar frente a una interrupción del embarazo realizada por la mujer o por un tercero con su consentimiento. Con ello, se permite que la relación médico-paciente no esté condicionada por la amenaza penal. Discusión del proyecto a) Discusión general. Fueron escuchadas diversas instituciones y personas en veintidós sesiones y en dos jornadas temáticas o audiencias ampliadas que se realizaron para que fuera posible escuchar al gran número de personas que pidieron intervenir y a otras que los diputados decidieron invitar. El detalle de dichas exposiciones se adjunta como anexo de este informe. Asistieron los ministros de la Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón; del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual; de Justicia de la época, señor José Antonio Gómez; de Salud, señora Carmen Castillo. Asimismo, la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Marcela Labraña, y abogados de todas esas reparticiones. También se escuchó a representantes de distintas organizaciones, como la socióloga y directora ejecutiva de Corporación Miles-Chile, señora Claudia Dides; la directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, señora Verónica Hoffmann; la abogada de la Corporación Humanas, señora Camila Maturana; la presidenta de la Fundación Chile es Vida, señora Victoria Latorre; la presidenta de Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, señora María Isabel Matamala; la directora de Proyecto Esperanza, señora Elizabeth Bunster; el director ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia, señor Ruggero Cozzi; la señora Soledad Lizama, de la agrupación Movimiento Historias de Vida; señora Débora Solís, de la Asociación Chilena de Protección de la Familia; señora Jarai Jaramillo, del Centro de Liderazgo Público Cristiano Oikonomos; señor Ricardo Rodríguez, del Movimiento Evangélico Juventud con una Misión; señor Julio Isamit, de la fundación Chile Siempre; señor Jorge Acosta, del Instituto Res Pública; señora María Magdalena del Río, de la Organización de Matrones(as) por la Vida; señora Rosario Vidal, presidenta del Movimiento de Mujeres Reivindica; señora Paulina Benavente, en representación de la señora Ana Cecilia, de la Coordinadora de la Red por la Vida Biobío, y el doctor Eduardo Sepúlveda, del Movimiento por la Vida Biobío. Asimismo, se escuchó a representantes de organizaciones religiosas o espirituales, obispo Alejandro Goic y monseñor Fernando Chomalí, de la Conferencia Episcopal de Chile; obispo Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas y Protestantes, y obispo Francisco Rivera; rabino Daniel Zang, de la Comunidad Judía en Chile; maestro señor Luis Riveros, de la Gran Logia Masónica, y pastor Domingo de la Sotta, que asistió en representación del Pastor David Anabalón, de las Iglesias Evangélicas Pentecostales. También se escuchó a distinguidos profesionales médicos que fueron a dar su visión sobre el tema, como el presidente del Colegio Médico, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el director de Desarrollo Comunitario de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile; el doctor Mauricio Besio Rollero, de la División de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el doctor Sebastián Illanes, profesor de la Universidad de Los Andes; el doctor Ricardo Espinoza, director médico de la Clínica Universidad de Los Andes; el doctor Fernando Zegers, director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales; el doctor Jorge Neira, director del Programa Acompañar-es de la Universidad Católica; el doctor Enrique Oyarzún, jefe de Ginecología del Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile; la doctora Adela Montero, especialista en ginecología pediátrica y adolescente del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile; el doctor Jorge Becker Valdivieso, especialista en obstetricia y ginecología; los doctores Waldo Sepúlveda, Rubi Maldonado, Fernando Abarzúa, Andrea Huneeus, Andrea Schilling, Francisca Decebal-Cuza, Rodolfo Philippi, Susana Cubillos, Mónica Kimelman, Álvaro Jeria. Del mismo modo, se escuchó a las matronas y a los matrones, como la señora Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas; la profesora Mariana Arancibia, de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso. Los abogados señora Ángela Vivanco, profesora de derecho constitucional de la Pontifica Universidad Católica de Chile; señora Constanza Salgado, profesora de derecho constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez; señora María de los Ángeles Coddou, de la Asociación de Abogadas de Chile; señora Magdalena Ossandón, abogada penalista; señora María Elena Santibáñez, abogada penalista, con especialidad en delitos sexuales; señor Ignacio Covarrubias, abogado constitucionalista; señora Alejandra Zúñiga; señor Juan Pablo Mañalich, abogado y profesor de derecho penal de la Universidad de Chile. Otros profesionales de las ciencias sociales: Nicolás León, director ejecutivo de Idea País; Marcela Ferrer, socióloga, presidenta del Comité de Ética de la Investigación de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; señor Claudio Alvarado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. En la jornada temática de fecha 1 de junio de 2015, asistieron la representante de Médicos por la Vida, doctora Francisca Valdivieso; la abogada Lidia Poza, presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile; la representante de la Corporación Maternitas, Patricia Gonnelle; la académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, señora Irma Palma; las representantes de Amigos del Maule por la Vida, señoras Magdalena Rodríguez y Paulina Arellano; la señora Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces Chile; la señora Miriam Paya, de la organización Quiero Nacer; la señora Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile; la señora Alicia Muñoz, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), y la señora Isabel Sepúlveda, presidenta de la organización Unidos por la Vida y la Familia. En la jornada temática de fecha 8 de junio de 2015, asistieron la directora ejecutiva de la fundación Equitas, señora Pamela Díaz; la representante de Voces Católicas, señorita Alejandra Pérez; los representantes de las siguientes entidades: de la Corporación Mujeres Líderes para Chile, señora Vania Figueroa; de la fundación Miradas Más Humanas, señora Carolina Aguilera; de la fundación Educación Popular en Salud (EPES), señora María Estela Toro; de InformAborto, señor Francisco Subercaseaux; la exministra de Salud señora Soledad Barría, en representación del Observatorio de Género y Equidad; de la fundación Porta Vitae, señora Paulina Lucherini; la representante del Observatorio Equidad de Género en Salud, señora Pamela Eguiguren, y la representante de la organización Chile dice no al aborto, de Temuco, señora Catherine Nambrard. Discusión de los diputados Durante las exposiciones de los diversos invitados que fueron escuchados por la comisión se produjo un debate e intercambio de opiniones muy prolíferos. Durante más de seis meses, la Comisión de Salud recibió a más de 70 instituciones y organizaciones, de las cuales he mencionado a la gran mayoría. A juicio de algunos diputados, el aborto ya existe en Chile, pues es evidente que en la actualidad se realizan procedimientos abortivos, por múltiples razones. Lo que pretende esta iniciativa legal es simplemente regular dicha situación, con la finalidad de contemplarla como una prestación de salud legalizada, a fin de que la interrupción del embarazo se haga de forma segura, con buenas prácticas y en condiciones de higiene que aseguren la salud de la madre, sobre todo de aquellas mujeres de menos recursos, que optan por realizarse abortos clandestinos, quedando en una situación más riesgosa que aquella que tiene los medios para hacerlo en forma segura. En tal sentido, se ha sostenido que la iniciativa tiene por objeto, entre otras cosas, otorgar a la mujer un derecho de opción, el que, ejercido frente a ciertas hipótesis acotadas, que en la iniciativa se indican, permite optar por la interrupción del embarazo, como una legítima prestación de salud. Otros diputados, en tanto, han sostenido que ello no es así, por cuanto dicha libertad de decidir en forma autónoma esta constreñida por la pareja, por su entorno y por los miedos, pues en todos estos casos la interrupción del embarazo es reflejo de que el Estado ha llegado tarde. Por otra parte, se ha argumentado que la iniciativa no está despenalizando el aborto, sino que lo está legalizando en tres causales, lo que, en definitiva, podría ser la antesala del aborto libre. En ese sentido, las expresiones “riesgo presente o futuro de la madre”, el derecho-deber de la confidencialidad y la eliminación de la obligación de denunciar pueden ser discutibles. Otros, en tanto, sostienen que la iniciativa no legaliza el aborto, el cual sigue estando prohibido y penado en Chile, sino que solo establece tres excepciones precisas a la regla general en las que es factible interrumpir el embarazo, otorgando a la mujer la facultad de decidir, en tres causas específicas y acotadas, si sigue o no con dicho embarazo u opta por interrumpirlo. Otros plantearon que el Estado, en vez de proponer la interrupción del embarazo en las causales que indica la iniciativa, debiera proponer, en su reemplazo, la contención, la protección y la ayuda de la mujer que se encuentra en las hipótesis que allí se describen. A juicio de un grupo de miembros de la comisión, dicha circunstancia no está protegida o suficientemente prevista. Votación general del proyecto la comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el mensaje, y luego de recibir las explicaciones y los fundamentos de las autoridades ministeriales y de todos los invitados y expositores que concurrieron a manifestar sus opiniones, observaciones, concordancias, críticas y objeciones, que permitieron a sus miembros formarse una idea clara de las implicancias y de la incidencia real que tienen las normas y modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría absoluta de los diputados presentes (8 votos a favor y 5 en contra). Votaron a favor de la idea de legislar los diputados Juan Luis Castro (Presidente), Karol Cariola, Cristina Girardi, Marcela Hernando, Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez, Gabriel Silber y Víctor Torres. Votaron en contra de la idea de legislar los diputados Gustavo Hasbún, Javier Macaya, Nicolás Monckeberg, Jorge Rathgeb y Marisol Turres. Hubo completa fundamentación del voto, de lo cual se dejó constancia en los anexos del respectivo informe. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor ANDRADE (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La idea matriz o fundamental de este proyecto de ley consiste en regular la despenalización de la interrupción del embarazo por las siguientes causales: a) En caso de que la mujer se encuentre en riesgo vital, presente o futuro, de modo que la interrupción evite un peligro para su vida. b) En la situación de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. c) Cuando el embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación. Cabe hacer presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, corresponde a esta comisión analizar el texto propuesto por la Comisión de Salud y formular las modificaciones o enmiendas que estime pertinente. En ese sentido, el detalle de las mismas es el siguiente: 1.- En relación con el artículo 119 del Código Sanitario, sustituido por el N° 1) del artículo 1° del proyecto en informe, se introducen las siguientes modificaciones: a) En el encabezado de dicho artículo se hace una precisión formal, en cuanto a que la autorización para la interrupción del embarazo en las tres causales se regulará por todas las disposiciones que se introducen al Código Sanitario. b) Se trasladan las normas de competencia, contenidas en los incisos cuarto y quinto del referido artículo 119, a un nuevo inciso sexto, el que dispone que las autorizaciones judiciales sustitutivas serán solicitadas al juez o jueza con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la niña menor de 14 años o la mujer declarada incapaz judicialmente por causa de demencia. c) Se establece que la decisión de una adolescente de 14 años y menor de 18 de interrumpir su embarazo se comunicará a uno de sus representantes legales, si fueran varios, a su elección. Si existen antecedentes que permitan deducir que entregar dicha información al representante legal podría generar alguna situación de riesgo a la menor, se informará a un adulto familiar o adulto responsable que la adolescente señale. Junto con ello, la situación de riesgo será informada por la jefatura del hospital o clínica particular al tribunal de familia competente para que se adopten las medidas de protección correspondientes. d) Se establece que, junto con informar a la mujer acerca de los programas sociales y económicos de apoyo, se le deberá informar acerca de los programas de adopción. e) Se precisan con mayor detalle los aspectos esenciales del acompañamiento, señalando que incluirá acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en cualquier otro momento de este proceso. f) Se precisa que la información que se entregue a la mujer será siempre completa y objetiva, y no podrá, en forma alguna, estar destinada a influir en la voluntad de ella. g) Se señala que los derechos y deberes que el acompañamiento implique se cumplirán, principalmente, mediante las prestaciones vigentes del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial del Sistema Chile Crece Contigo, todo ello en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social. Respecto del derecho a reclamo que pueda ejercer la mujer, será a través de la instancia regulada en el artículo 30 de la ley N° 20.584. 2.- Respecto del artículo 119 bis del Código Sanitario, que se agrega en virtud del N° 2) del artículo 1° del proyecto de ley en informe, las enmiendas son las siguientes: a) Se dispone que para interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo vital se requerirá del respectivo diagnóstico médico. En caso de que la causal sea la de no viabilidad del feto o embrión, se requerirá, adicionalmente al diagnóstico médico, la ratificación de un médico que detente las habilidades específicas requeridas. En el caso de que la causal de interrupción sea la de violación, junto con confirmar la concurrencia de los hechos y la edad gestacional, el equipo médico conformado para estos efectos deberá informar por escrito a la mujer o a su representante legal y a la jefatura del hospital o clínica particular donde se solicita la interrupción. b) En el caso de violación de una mujer mayor de 18 años que no haya hecho la denuncia, la jefatura del hospital o clínica particular deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. c) Se dispone que la concurrencia de la mujer víctima a las audiencias del proceso penal será siempre voluntaria, sin que puedan decretarse medidas de apremio. 3.- En el artículo 119 ter del Código Sanitario, agregado en virtud del N° 3 del artículo 1° del proyecto, relativo a la objeción de conciencia, se precisa que en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal de riesgo vital de ella, el médico que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo en la medida en que no exista otro médico que pueda realizar la intervención. 4.- En el artículo 2° del proyecto, referente a las enmiendas que se introducen al Código Penal, se suprime el N° 3), relativo al delito cometido por quien proporcionare a otro cualquier órgano o fluido humano proveniente de aborto o interrupción del embarazo, ya que esta figura se traslada, con mayor propiedad, a la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos. 5.- Se incorpora un artículo 3°, nuevo, que añade el tipo penal, antes referido, a la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y donación de órganos. 6.- En el artículo 3°, que pasaría a ser 4°, que introduce enmiendas al Código Procesal Penal, la Comisión de Salud dispuso que no existiría la obligación de denunciar para la jefatura del hospital o clínica particular cuando se tratara del delito de aborto, contemplado en el artículo 344 del Código Penal, debiendo mantener el deber de confidencialidad. Vuestra Comisión de Constitución propone eliminar dicho deber de confidencialidad. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor SANTANA. (de pie)Señor Presidente, honorables diputadas y diputados: me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que “regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con simple urgencia, de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación. En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido fueron abordados por quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe, fundamentalmente, en los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto, al tenor de los correspondientes informes financieros. Sin perjuicio de lo señalado, tal como su nombre lo indica, el presente proyecto de ley busca regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones extremas, a saber: a) Peligro de la vida de la mujer embarazada: explica la iniciativa que la finalidad de esta indicación es permitir que la mujer tenga acceso a los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando la realización de los mismos implique la interrupción del embarazo. Agrega que, en la actualidad, la penalización sin ningún tipo de excepción genera incertidumbre en los equipos médicos, al no existir claridad de que las acciones que se llevan a cabo para la protección de la vida de la mujer no sean sancionadas penalmente. A su vez, la actual regulación no asegura que sea la mujer quien tome la decisión en conciencia. b) Embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina: se exige que sea debidamente diagnosticada por un equipo médico. c) Embarazo producto de una violación: se considera que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer. Las comisiones técnicas coincidieron en que la aplicación del sistema de acompañamiento del Estado, coordinado en forma interministerial, que figura en los incisos octavo y noveno (séptimo y octavo del texto de la Comisión de Salud) del nuevo artículo 119 del Código Sanitario, incorporado por el N° 1 del artículo 1° del proyecto de ley en informe, implicaba gasto fiscal, por lo que determinaron que esos incisos eran de competencia de esta comisión. Atendido que el proyecto no contemplaba en ninguna parte del articulado una norma que hiciera referencia a la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el referido gasto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Ejecutivo introduce, mediante indicación, un artículo transitorio, nuevo, que resuelve la carencia señalada y que, por su naturaleza, también corresponde a la competencia de la Comisión de Hacienda. Finalmente, se presenta indicación parlamentaria del señor Lorenzini, declarada admisible, al artículo transitorio, nuevo, para intercalar entre el vocablo “año” y la coma (,) que le sigue, el término “presupuestario”. En cuanto al impacto en términos de costo fiscal de este proyecto, el informe financiero sustitutivo N° 123, de 28 de agosto de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos, refiere que para las distintas causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo el proyecto contempla el trabajo con un equipo profesional de apoyo psicosocial, constituido por un psicólogo y un trabajador social, que acompañará a las mujeres en todos los procesos dentro la red pública de Salud en 69 establecimientos priorizados, además de las prestaciones médicas correspondientes, las cuales se realizarán con el equipo médico existente en los servicios de salud. A continuación, explica que las modificaciones planteadas se traducirán en gastos por única vez y otros en forma permanente. Así: a) Se requerirá reforzar la red pública de salud, con recursos para la intervención y diagnóstico en aquellos establecimientos definidos para practicar la interrupción del embarazo solo para las tres causales, junto con la difusión, capacitación y coordinación, para su implementación a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria en la red pública de salud. b) Conjuntamente, se requiere la contratación de profesionales no médicos que acompañen el proceso a las mujeres en la red de prestadores públicos definida, sobre todo desde el punto de vista psicosocial, unido a la coordinación a nivel del sistema público, estimándose para esto la incorporación, en jornada parcial, de un trabajador social y de un psicólogo por servicio de salud, para los 69 establecimientos definidos, de mediana y alta complejidad del país. En este punto, se considera el reforzamiento del Sistema Intersectorial de Protección Social mencionado en la indicación, a través del programa Chile Crece Contigo. Las prestaciones consideradas dentro de esta línea son: visita domiciliaria integral, atención psicoterapéutica individual y grupal en la atención primaria de salud y en servicios de salud que tienen atención primaria a su cargo. c) Adicionalmente, se requiere el refuerzo de recursos para gastos de operación respectivos, destinados a realizar la intervención y diagnóstico por las tres causales. Se contempla que en el 70 por ciento de los casos se logrará un aborto farmacológico o no quirúrgico, siendo necesario considerar el costo de los medicamentos e insumos para practicar los procedimientos necesarios. d) Asimismo, se contempla un gasto adicional que refuerza la operación de Salud Responde, la plataforma telefónica del Ministerio de Salud encargada de brindar información, apoyo y educación en salud a todo el país las 24 horas del día durante todo el año, explicado por objeto de mayores consultas que se reciban de la población producto de la iniciativa legal, correspondientes al costo por llamada adicional recibida, estimándose el incremento en 10.000 llamadas. El mayor gasto fiscal por ítem es el siguiente. En capacitación y sensibilización de los funcionarios de los servicios de salud y atención primaria se contempla un gasto, el primer año, de 592.700.000 de pesos, y en régimen, cero. En recursos humanos no médicos y operación: acompañamiento, 1.608.000.000 de pesos el primer año y la misma cifra en régimen. En medicamentos, insumos y equipamiento, 973.127.000 pesos el primer año y en régimen 373.127.000 pesos. En el programa Salud Responde, la suma de 150.000.000 de pesos y la misma cifra en régimen. De esa forma, el total durante el primer año corresponde a 3.323.831.000 pesos, y en régimen, a 2.131.131.000 pesos. Concluye que el mayor gasto fiscal se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. El informe financiero N° 13, de 20 de enero de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, acompaña indicaciones del Ejecutivo relacionadas con el proceso de acompañamiento, las acciones de acogida y el apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico o en cualquier otro momento. En caso de continuación del embarazo, también se otorgará información pertinente a la condición de salud y activación de redes de apoyo. En cuanto a los efectos de estas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, el informe financiero señala que no implican un mayor gasto fiscal. Finalmente, el informe financiero N° 22, de 8 de marzo de 2016, acompañó indicación del Ejecutivo que incorporó al proyecto un artículo transitorio de financiamiento, el cual establece que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta futura ley, en su primer año, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la partida 16 Ministerio de Salud de la ley de presupuestos respectiva. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con dichos recursos. Para los años siguientes, se contemplará el financiamiento en las leyes de presupuestos. Aclara que la indicación no implica un gasto fiscal adicional a los ya informados. Durante el debate se escuchó a las siguientes autoridades, personas u organizaciones: a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo; a la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y al abogado jefe de la División Jurídica, señor Ignacio Castillo; a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual; al director del Programa “acompañar-es”, doctor Jorge Neira, y a los representantes de ese organismo, señor Claudio Daniels y señora Antonia Muñoz; al presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, doctor Omar Nazzal; a la directora ejecutiva de Miles Chile, señora Claudia Dides; a la presidenta de ese organismo, señora María Antonieta Saa; a las representantes de la Fundación Chile Unido, señoras Verónica Hoffmann, directora ejecutiva, y Catalina Delpiano, directora de Estudios; a la representante de la Fundación Esperanza, señora Elizabeth Bunster; a la exsenadora señora Soledad Alvear, en su condición de abogada, y a la doctora señora Paz Robledo. Finalmente, recibidos todos los antecedentes, la Comisión de Hacienda, por la mayoría de los diputados presentes, aprobó los artículos del proyecto de ley de su competencia. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro. El señor CASTRO.- Señor Presidente, rendidos los tres informes en la Sala, y luego de más de un año desde el ingreso a tramitación legislativa de esta iniciativa a esta Corporación, no me cabe sino decir que estamos en un día histórico para Chile. Han pasado veintisiete años desde aquella fecha en que a puertas cerradas, en 1989, en las postrimerías de la dictadura militar, se estableció la prohibición de lo que hasta entonces había existido por más de cincuenta años: el aborto terapéutico establecido en el Código Sanitario. Por lo tanto, hoy no estamos inaugurando una legislación, sino recuperando un esfuerzo de décadas, en las que Chile consagró, bajo condiciones de excepción y con la firma y autorización de dos médicos cirujanos, la posibilidad de llevar a cabo la interrupción terapéutica del embarazo. Quienes nos hemos formado en medicina o en salud pública sabemos que en la década del sesenta las mujeres llegaban prácticamente agónicas a los centros asistenciales de salud, producto de septicemias a causa de abortos provocados en forma clandestina, los que eran practicados de esa manera como consecuencia de una legislación que era punitiva y que barría para fuera a aquellas personas que por su condición económica se veían enfrentadas a ese drama. Muchas mujeres colocaban en riesgo su vida debido a la masiva oleada de abortos clandestinos que experimentó Chile en las décadas del sesenta y setenta. A diferencia de lo que algunos han dicho, este proyecto de ley no busca pavimentar el camino para el aborto libre. Hay quienes han querido hacer terrorismo con esta iniciativa al señalar que tiene por finalidad facilitar el aborto libre, en circunstancias de que en las dos primeras causales que se establecen se esgrimen con claridad razones médicas para la despenalización de la interrupción del embarazo, como tener eclampsia severa o septicemia grave. En esos casos, ante el riego de vida de la madre, el personal médico obviamente debe intervenir, tal como lo hace en la inmensa mayoría de los casos, porque el bien superior está en juego. En la actualidad, cuando una mujer presenta un embarazo tubario o ectópico, algo que es común, tiene que estar prácticamente en un estado agónico, en shock y con hemorragia, para que se le extirpen las trompas, y con ello el producto de la concepción, debido a que está en riesgo su vida. Respecto de la segunda causal, hay gente que ha señalado que poco menos que el síndrome de Down -por graficar una enfermedad estaría sometido a la condición de ser segunda causal de aborto. ¡Falso, de falsedad absoluta! El proyecto de ley es taxativo al señalar que la inviabilidad fetal debe ser letal, condición que deberá ser acreditada por médicos con las habilidades específicas. Incluso, se deberá pedir certificaciones diagnósticas precisas -por ejemplo, en el evento de un embarazo anencefálico; ha habido casos dramáticos-, con el objeto de asegurar que haya una toma de decisión consciente de la mujer respecto de esa situación. Ha habido casos en que la mujer ha decidido proseguir con su embarazo, porque el Estado hoy le impone la obligación de continuarlo hasta el final, pese a que el feto padezca de anencefalia. Con este proyecto, sobre la base de sus creencias, la mujer tendrá la posibilidad de decidir si lo continúa. El sistema sanitario, con los aportes que ha hecho el Ministerio de Salud, dispone que no solo en la red de atención primaria, no solo en el control ginecoobstétrico hecho por matronas en postas rurales y en Cesfam, sino en todos los niveles, se cautelará que la patología del embarazo sea diagnosticada a tiempo, a fin de discriminar cuándo existe riesgo de inviabilidad fetal. En la actualidad, una de cada diez mujeres víctimas de violencia sexual se embaraza, porque existe la posibilidad de acceder a la píldora anticonceptiva de emergencia. Es decir, una mujer que haya tenido relaciones sexuales no protegidas o que haya sido víctima de un ataque sexual puede concurrir, dentro de las 72 horas siguientes, a un centro de salud para que le sea proporcionada dicha píldora, a fin de evitar el embarazo. Por fin se legisló tiempo atrás al respecto. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje mínimo de mujeres que o no detectaron su embarazo, o no pudieron concurrir a un centro asistencial, o no tuvieron forma de evitarlo después de una relación sexual no consentida. En promedio -reitero-, una de cada diez mujeres víctimas de una agresión sexual se embaraza. ¿Qué hacer en esos casos? Precisamente, en esos casos este proyecto de ley establece, con claridad, que se deberá denunciar el hecho a la justicia, disposición que no estaba considerada en el proyecto original, pero que fue agregada, lo que permitió enriquecerlo. De manera que los equipos de salud tendrán la obligación de denunciar. Pero también se asegura el resguardo de la confidencialidad, para no revictimizar a la mujer al someterla a peritajes, a procedimientos y a la espera del fallo respectivo de la justicia ordinaria, en la que la dictación de una sentencia por violación demora más de catorce meses. Además, se dispone el principio de objeción de conciencia previa del profesional que en su fuero íntimo prefiere no ser él quien practique la interrupción del embarazo, caso en el cual la red de salud deberá derivar a la paciente, salvo condición extrema en la que sea inevitable e inminente la necesidad de intervenir. Por otro lado, se plantea la creación de un programa de acompañamiento antes, durante y después de la toma de decisión. Este programa será de carácter neutro, esto es, no influirá en la toma de decisiones de la mujer, y su financiamiento está aprobado. Sin perjuicio de que podría ser mejorado, dicho financiamiento permitirá que se coloque sobre la mesa el drama de una mujer que puede o no decidir interrumpir el embarazo. Porque este no es un programa para las que van a abortar, sino para aquellas cuyos casos se incluyen en alguna de las tres causales que establece la iniciativa, sea cual fuere la decisión final. Pero ese programa no puede influir en la mente de esa persona. Y esto también quiero decirlo enfáticamente: el programa no puede ser un mecanismo que permita llevar a una condición distinta, como se ha dicho por algunos -legítimamente, porque están en su derecho de plantearlo-, en el sentido de que induciría la adopción prenatal o una toma de decisión en ese sentido antes de que nazca el hijo, puesto que el deber principal es resolver, primero, la viabilidad o la continuidad del embarazo, antes de hacer frente a una situación que regula otra ley distinta: la ley de Adopción. La neutralidad en la información, la confidencialidad y la toma libre de decisión por parte de la mujer es consustancial a este proyecto. Luego de catorce meses de debate, Chile está esperando que por fin se tome una decisión en esta materia. Para ello se ha escuchado a decenas de instituciones y organizaciones, a favor o en contra de la iniciativa; a toda clase de expertos, científicos, abogados e instituciones, a favor o en contra del proyecto, y a todas las iglesias en sus máximas expresiones. Creo que la riqueza de este debate, después de veintiséis años luego de la recuperación de la democracia y de múltiples iniciativas que fracasaron, porque en su momento se dijo aquí, en plena democracia, que eran inadmisibles, de manera que ni siquiera pudieron discutirse en el Congreso Nacional, nos ha permitido llegar a este día en el que por fin podemos legislar. Por tanto, pido tranquilidad en esto para que entendamos que estamos reponiendo un derecho que hoy no existe, no para violentar la conciencia de nadie, sino -por fin para regular condiciones específicas. Serán 2.550 mujeres las potenciales beneficiarias de la ley en proyecto. No son millones, como indican los que hablan del aborto libre, porque ya se estimó, ya se sabe cuántos casos corresponden a las causales uno, dos y tres: aproximadamente, 2.500. A esas mujeres beneficiaremos con la futura ley. Chile no puede esperar más tiempo para dar este paso hacia la dignidad de la mujer chilena, que se halla sometida a la condición tan dramática y aberrante de no poder decidir frente a causales tan extremas. Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto, y recojo el sentir de nuestra bancada del Partido Socialista, que lo respaldará en forma unánime y férrea. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, en primer lugar, hay que entender que este es un debate legítimo y que las distintas posiciones sobre el tema que nos ocupa también lo son. Por cierto, mi postura viene acompañada de una concepción de la vida que, desde luego, me fue impartida y que sigo sosteniendo con mucha fuerza. Sin embargo, el hecho de tener una concepción católica no obstruye la razón o la capacidad de pensar. Por eso, he resuelto tomar, desde el punto vista de la razón, opiniones de distintas personas, particularmente de un pastor respecto del cual todo el mundo reconoce su excepcional condición en estas materias: don Fernando Chomalí. Él nos ha enviado algunos documentos, uno de los cuales lleva al planteamiento de que, en la práctica, existe la concepción de que hay un nivel distinto en cuanto al derecho a la vida: el nivel del derecho a la vida del que aún no nace respecto del que ya nació. Eso es, en efecto, lo que propone el proyecto, porque da la posibilidad de que algunos elijan quiénes nacen y quiénes no. Y eso, naturalmente, envuelve una cuestión de conciencia, la que, desde luego, para mí es muy importante. Ahora, ¿cuándo comenzamos a existir? Sin duda, todos los aquí presentes empezamos a existir cuando nuestros padres resolvieron unirse, bajo distintas condiciones, en diferentes momentos; algunos con mucho amor, otros con menos. Pero así es como llegamos a existir. También es muy importante que todos entendamos que si la razón nos lleva a respetar al ser humano, hay que respetar a todas las personas, a todos los seres humanos. No podemos pensar que al interior del vientre materno existe -incluso así lo llaman un ser humano potencial. Este ser humano lo es por su naturaleza. No va a ser otra cosa. No será ni mono ni perro, sino un ser humano, y, por tanto, al nacer no tiene otra opción más que la de ser un ser humano. En consecuencia, es completamente difícil resolver al final quién debe vivir y quién no. Señor Presidente, en los dos minutos que me quedan resulta muy difícil señalar una cantidad importante de argumentos. Sin embargo, solo me remitiré a señalar que con este proyecto queda muy claro que aquellos que estén a favor del aborto en cualquiera de sus formas dejan al arbitrio de los más fuertes la posibilidad de vivir de los más débiles. Esa es una cuestión real. Es decir, el aborto implica la capacidad de seleccionar quién vive y quién no vive, lo que nos lleva a pensar que aquí estamos elevando a una categoría que no corresponde a quien decidirá qué vida merece ser vivida y cuál no. Esto, por cierto, constituye un elemento central. Nadie puede negar -se darán muchos argumentos sobre el particular a lo largo de esta discusión que cuando se habla de violación, aquí el punto central -no me cabe ninguna duda de ello es lograr, a través de la redacción del articulado del proyecto, que efectivamente exista aborto libre. Por último, quiero entregar algunas cifras. En España, el 2013 nacieron 454.000 niños y hubo 112.000 abortos; en Italia, el 2009 nacieron 568.000 niños y hubo 115.000 abortos; en Alemania, el 2010 nacieron 650.000 personas y hubo 110.000 abortos. Al respecto, les pregunto a sus señorías, ¿estamos en condiciones de resolver quién vive y quién no? Por estas y muchas razones más voto que no. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la señora ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Sin duda, este es el debate legislativo más complejo en el que me ha tocado participar en estos seis años que llevo como diputado. Se trata de una discusión absolutamente legítima; por tanto, cuando este proyecto se ingresó a tramitación, como jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano, defendí nuestro derecho a debatirlo. Algunos sostenían que no teníamos ese derecho porque había un congreso ideológico que nos vinculaba y que, en consecuencia, ni siquiera podíamos discutir ni aprobar la idea de legislar esta iniciativa. Defendí el derecho de todos los diputados de mi bancada a legislar, a debatir un proyecto que no dice relación con la legalización del aborto, sino con tres circunstancias excepcionales, dramáticas, muy complejas sobre las cuales todos hemos hecho -para ello escuchamos numerosas opiniones de médicos y de juristas un largo raciocinio y discernimiento, y a todos nos ha costado mucho tomar una decisión. Pero los legisladores estamos llamados a decidir, a legislar, y somos conscientes de que nunca podremos darle la razón o darle en el gusto a todo el mundo. Y llegó el momento de tomar una decisión y optar. En este proceso quiero defender el rol que ha cumplido la bancada de diputados de la Democracia Cristiana: un rol serio, sin acudir a frases hechas, a lugares comunes, a simplismos, pues, entendiendo la complejidad de este proyecto, hizo aportes sustanciales tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Constitución para restringir el sentido y alcance de cada una de las tres causales que plantea, incorporar requisitos adicionales y, en definitiva, perfeccionarlo. Vaya todo mi respeto a los diputados de la Democracia Cristiana que integran las comisiones de Salud, de Constitución y de Hacienda, por el aporte sustancial que hicieron para mejorar esta iniciativa. Como señalé, esta es una decisión difícil porque incide en el respeto a los derechos humanos, en el más importante de ellos: el derecho a la vida, que está por sobre el resto de las garantías consagrados en nuestra Constitución y en el ordenamiento jurídico internacional. Por ello, afirmamos que todo esto incide en la dignidad de la madre, pero también en la del hijo no nacido. Esa es la perspectiva desde la cual enfrento este debate, como un asunto de derechos humanos. Es complejo, además, porque se trata de un proyecto del gobierno, de mi gobierno. Pero precisamente por eso considero necesario recordar que cuando se elaboró nuestro programa, la Democracia Cristiana, a través del profesor de derecho constitucional Patricio Zapata, que fue nuestro representante en ese ámbito, hizo expresa reserva sobre este punto, en consideración de las conclusiones a las que arribó nuestro congreso ideológico y a lo que establece nuestra doctrina en cuanto al respeto a la vida del que está por nacer, desde el momento mismo de la concepción. Aquí está presente la ministra Ximena Rincón, que en ese entonces era la titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a quien agradezco que comprendiera en ese momento que tendríamos diversidad de opiniones en esta materia. Ello permitió que el gobierno, anticipándose a esa circunstancia, enviara este proyecto, que considera las tres causales por separado, dado que comprendió que eran tres situaciones muy distintas en cuanto al debate ético que suscitarían. ¿Por qué decimos que es un asunto de derechos humanos? Porque así está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 1.2 dispone que para sus efectos, persona es todo ser humano. ¿Y qué dispone esa convención respecto del derecho a la vida? Que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”. Eso mismo es lo que establece nuestra Constitución Política, que en su artículo 19, número 1°, reconoce y asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, lo que incluye a madres e hijos no nacidos. La inclusión del hijo no nacido se encuentra ratificada en el inciso segundo de esa disposición constitucional, que exige a la ley, a nosotros, los legisladores, proteger la vida del que está por nacer. Podemos tener muchas opiniones respecto de este proyecto, pero ese es el marco jurídico bajo el cual la Cámara de Diputados enfrenta esta compleja decisión. Como expresé, este es un tema que debatimos en el congreso ideológico de la Democracia Cristiana, por lo cual quiero reafirmar que es asunto de derechos humanos, no uno de carácter religioso. Quienes afirman que esta es una decisión religiosa o que algunos queremos imponer al resto de la sociedad nuestra propia religión, no han entendido la profundidad de este debate. Insisto, este no es un debate religioso, por suerte y en hora buena. El respeto a los derechos humanos no es un tema religioso: la conquista internacional del derecho a la vida es un asunto de derechos humanos que ha sido recogido así en los tratados internacionales pertinentes suscritos por nuestro país. En nombre de las religiones se ha matado -y se sigue matando a millones de personas. Es cosa de ver lo que está ocurriendo con el Estado Islámico en Medio Oriente, o lo que hizo la Iglesia católica en los tiempos de la Inquisición. No, este no es un debate religioso; es un asunto de derechos humanos, que es una conquista de la humanidad, y constituyen las reglas bajo las cuales nosotros, como seres humanos, orientamos nuestro ordenamiento jurídico. Estimo necesario hacer una distinción, porque se discute si este es un proyecto de legalización o de mera despenalización del aborto en estas tres causales. Después de reflexionar sobre el punto, me he formado la convicción de que al menos en los casos de la segunda y la tercera causales estamos hablando, más que de despenalización, de un proyecto de legalización del aborto, y eso es lo que me complica, porque entra en colisión con la defensa del derecho a la vida del que está por nacer, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales, como ya expresé. Muchos pensamos que en ningún caso el aborto es la solución a casos tan dramáticos como los que enfrentan las mujeres en esas tres circunstancias. Voy a votar a favor la primera causal, porque creo que, de alguna manera, estamos reponiendo el verdadero aborto terapéutico, que existió en Chile desde el gobierno del Presidente Frei Montalva hasta el término de la dictadura. Eso no es aborto, sino una acción destinada a salvar la vida de la madre. Así lo reconoce nuestra doctrina, que cree en el comunitarismo y en el humanismo. El problema de la segunda causal, que es la que me causó más dudas, es que muchas veces los médicos se equivocan. Es cierto que incorporamos más requisitos y exigimos un segundo diagnóstico respecto de la inviabilidad fetal; pero aquí mismo, en el Congreso Nacional, hemos conocido muy bonitos testimonios de niños que fueron diagnosticados como inviables, pero resulta que, no por dolo ni por mala fe, los médicos se equivocaron. Además, resulta que no tenemos más de cuarenta especialistas en todo el país con las habilidades suficientes para diagnosticar esa inviabilidad. Por eso, votaré en contra la segunda causal del proyecto de ley. Respecto de la tercera causal, estamos convencidos de que ninguna mujer que ha sido violada debe ir a la cárcel. De hecho, en este momento en Chile no hay ninguna mujer que esté cumpliendo pena privativa de libertad por el delito de aborto. En todo caso, creemos que el aborto no es la solución; la solución es crear una eximente de responsabilidad en el Código Penal, no legalizar esa causal. Como el aborto no es solución, lo que corresponde es ayudar a la mujer a través de un sistema integral de acompañamiento. Ese es el objetivo del proyecto de ley que presentamos con un grupo de diputados de mi partido… (Manifestaciones en las tribunas) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se recuerda a las personas que se encuentran en las tribunas que acordamos destinar un día y medio al debate de esta iniciativa. Les pido, por favor, que respeten las intervenciones de los diputados y que esperen el final de sus discursos para manifestarse, de modo de facilitar la continuidad del debate y de la sesión. Diputado Walker, recupera el uso de la palabra. El señor WALKER.- Por eso mismo, hemos propuesto un proyecto de adopción, de modo que la mujer tenga la posibilidad de entregar en adopción al hijo que está por nacer a una familia de acompañamiento, pero dándole incluso la posibilidad de retractarse de su decisión una vez que el hijo haya nacido, porque hemos conocido muchos testimonios de mujeres que se arrepintieron de dar en adopción a su hijo, y ese derecho a retracto existe. La Democracia Cristiana, mi partido, no tiene doble estándar en materia de derechos humanos: aprobamos la derogación de la pena de muerte, con Soledad Alvear como ministra y Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Presidente, y defendimos los derechos humanos durante la dictadura. En el mismo sentido, lo que hoy estamos haciendo es reafirmar que, en el estatuto de derechos humanos, el derecho a la vida está por sobre los demás derechos. Por eso, también, votaré en contra la tercera causal del proyecto. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards. El señor EDWARDS.- Señor Presidente, este es uno de los temas que me resulta más difícil plantear. Me cuesta creer que estemos legislando para permitir que se quite la vida a seres humanos indefensos bajo ciertas causales, así como aceptar los argumentos utilizados para justificarlo. Señor Presidente, permítame entregar un poco de contexto. Hace unos días un grupo de animalistas se lanzó violentamente a la arena de un rodeo de mi distrito. Uno de sus carteles decía que debía darse un trato más humano a los novillos. Algo parecido hemos visto en muchos lugares en que se protesta en contra de la investigación con animales o para defender la vida de las ballenas. Muchos políticos partidarios del aborto han formado ligas para defender a los animales, mientras que otros han apoyado la idea de defender a los novillos, lo que me parece bien. No obstante, me cuesta entender cómo es posible conjugar éticamente una preocupación tan grande por un novillo en un rodeo, con la defensa del descuajamiento, descuartizamiento o envenenamiento de un niño que está por nacer. ¿Cómo se reconcilia con su humanidad quien protesta contra el rodeo, para después apoyar que se descuartice a un niño en el vientre materno? En segundo lugar, también me resulta difícil entender a quienes dicen que esto es un problema de elección, ya que hablan del derecho a elegir con lo que está dentro del cuerpo de la mujer. También es difícil entender que quienes enarbolan este supuesto derecho, se oponen a que un padre pueda elegir con toda libertad la educación de sus hijos, por ejemplo, en un colegio particular subvencionado que tenga o no tenga fines de lucro. Entonces, por un lado, se permite a alguien decidir sobre la vida de un tercero, de un niño; pero no nos permiten elegir la educación de nuestros hijos. En consecuencia, el argumento queda bastante debilitado. En tercer lugar, los abortistas argumentan que no es un niño, sino un tejido. En Estados Unidos de América existe una organización llamada Planned Parenthood, que fomenta el aborto, pero además compra los órganos de los niños abortados para después venderlos. De hecho, pide que el aborto se haga con cuidado para no rasgar el hígado o algún músculo de las piernas. La contradicción es total, porque ese supuesto tejido entrega todos los órganos de un ser humano que se utilizan para salvar a otros seres humanos, igual como ocurre con un trasplante. ¿No será que ese tejido siempre es un ser humano? La debilidad del argumento de que el que está por nacer es un tejido y no un niño es un insulto a la inteligencia. Como dice el viejo tango, es un “atropello a la razón”. De hecho, la práctica de dictaminar que hay seres humanos que no son personas, como proponen quienes están a favor del aborto, tiene tristes antecedentes. Les voy a recordar cuatro de ellos. En 1881 había un debate respecto de si un indio era o no era una persona. La American Law Review dijo que un indio no era una persona tal como la entendía la Constitución. En 1909, durante el debate por el derecho de voto de la mujer en Inglaterra, se afirmaba que el término “persona” no incluía a la mujer. En 1858, el Tribunal Supremo de Virginia, Estados Unidos de América, dijo: “A los ojos de la ley, un esclavo no es una persona”. Finalmente, en 1936 el Tribunal Supremo de Alemania, Reichsgericht, rechazó reconocer a los judíos como personas en el sentido legal. A lo largo de la historia han existido grupos opresores de otros grupos. Lo primero que hacen esos grupos opresores es deshumanizar a la persona a la cual están oprimiendo. Eso pasó durante la esclavitud con los negros; también ha ocurrido con las mujeres, con los pueblos originarios y hoy con los inmigrantes, como vemos en el debate político que se realiza en Estados Unidos de América. Incluso, científicos de la época decían que ser negro era una especie de deformación que requería una cura, o se les consideraba un parásito. Señor Presidente, lo que debemos hacer es defender la vida. Quienes determinan que un ser humano no es persona por el simple hecho de tener menos edad que uno, tienen tristes antecedentes. Señor Presidente, si se aprueba el proyecto, Chile va a ingresar al listado de países que acepta el aborto, y al igual que sucedió con la esclavitud, el aborto va a tener lugar en el mundo por décadas o quizás por cien años. Sin embargo, sus partidarios deben saber que nunca se extinguirá la flama de quienes defendemos la vida, y al igual que quienes derrotaron la esclavitud en su tiempo, derrotaremos a los abortistas más temprano que tarde. Señor Presidente, votaré en contra de un proyecto que considero que tiene efectos muy graves, como sería una iniciativa legal que permitiera la esclavitud por tres causales. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, hemos discutido durante muchos meses este tema, que se debe a la manera en que se ha construido nuestra sociedad. Es difícil entender este tema si no consideramos el contexto que tenemos como sociedad respecto de lo que mencionó el diputado Edwards en relación con “el cuerpo de las mujeres” y si no se comprende cómo se ejerce el poder. El lugar privilegiado en la historia para ejercer el poder ha sido el cuerpo de las personas, como sucede con la violación y con la tortura, que son ejercicios de poder. Si no entendemos esto, no podremos comprender la importancia que tiene el proyecto de ley en discusión. Un autor ha estudiado lo que tiene que ver con el poder. En ese ejercicio figura el tema de la dominación masculina. ¿Quién decide por las mujeres? El autor señala textualmente: “La verdad es que nunca he dejado de asombrarme ante lo que podría llamarse “la paradoja de la doxa”: el hecho de que la realidad del orden del mundo (…) sea grosso modo respetado; o más sorprendente todavía, que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad, (…) y que las condiciones de existencia más intolerables puedan aparecer tan a menudo como aceptables por no decir naturales. Y siempre he visto en la dominación masculina, y en la manera como se han impuesto y soportado, el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que llamo violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y el conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento.”. ¡Ojo!, como dije, esto lo escribió un hombre. Es difícil entender que somos parte de una sociedad que afirma que el orden social ha hecho la diferencia anatómica de los sexos, como el fundamento garante para la división de los géneros. No obstante, una cosa es la diferencia y otra es la división. Y esta división se ha perpetuado en el campo de lo social. Es así que las mujeres han sido históricamente relegadas al espacio de lo doméstico, y los hombres, al espacio público. Así, los roles de trabajo de los hombres y de las mujeres son distintos. La historia de la humanidad está construida sobre esta división sexual, que ha hecho que esto sea natural. Es natural que todo sea así. Si es una cuestión de la naturaleza, no podemos ir en contra de ella. Todo es natural. Si es natural, no es cuestionable, no está sujeta a examen o a revisión. Simplemente es, no la podemos modificar. El orden social establecido por la historia nos ha llevado a constituir esta superioridad de los hombres sobre las mujeres como algo natural. La literatura y la historia están llenas de ejemplos. No sé si se recuerda que hace unos días pedí diez veces la palabra al Presidente. Nunca me la dio, nunca. El presidente de mi bancada tuvo que decirle que yo estaba solicitando la palabra para que me la diera. El autor cuyas palabras citamos dice que esto ocurre cuando participan en un debate público. Además, señala que las mujeres tienen que luchar permanentemente para tomar la palabra y retener la atención, que la infravaloración que sufren es tanto o más implacable en la medida en que no se ha inspirado en ninguna malquerencia explícita y se ejerce con la inocencia perfecta de la inconsciencia. La historia está llena de ejemplos. El orden social en que nos movemos funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya. La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. La visión androcéntrica se impone como neutra. ¿Cuántas veces decimos nosotros y no nosotras, aunque seamos veinte mujeres y un hombre? El hombre no necesita la visión androcéntrica, que se impone como neutra, y no siente la necesidad de enunciarse en un discurso capaz de legitimarla. No me voy a referir a la primera ni a la segunda causales, sino a la causal de la violación. El diputado Edwards se refirió al cuerpo de la mujer como si fuera una cosa extraña. Al respecto, debo señalar que el cuerpo ha sido el lugar privilegiado en la historia de la humanidad para el ejercicio del poder. El poder se ejerce directamente sobre los cuerpos: la violencia física, la tortura, la violación. Cuando hablamos de violación la debemos entender como el acto más violento de dominación. El acto sexual en muchas sociedades -en la nuestra todavía quedan huellas es un acto de dominación, es un acto de posesión que se verbaliza con frases como “la hice mía” y “es mía”. En el acto sexual la poseo. La violación es el acto más violento de posesión y de dominación, en que el violador penetra y se apropia o se adueña del cuerpo de la mujer. Y si ella queda embarazada, no importa, porque ella no es dueña de su cuerpo. Nunca lo ha sido, no tiene cuerpo propio, es de otro; ella no es nadie. Cuando a una mujer no se le da la posibilidad de tener su cuerpo, eso la invisibiliza, la elimina, la hace inexistente. El cuerpo de la mujer no solo es posesión del violador, sino que es propiedad de la sociedad toda, y esta la reduce a un mero receptáculo. Si no quiere tener el hijo que es producto de una violación, que lo regale, que se convierta en una vasija. Aquí no se trata de imponer a las mujeres el aborto, que tengan que abortar obligatoriamente frente a una violación, sino que se le da la posibilidad a la mujer de que decida qué quiere hacer con su cuerpo; en otras palabras, es decirle a las mujeres que existen, que son parte de esta sociedad, que no son objeto de dominación del hombre, del Estado y de la Iglesia, que deciden qué se va a hacer con ese cuerpo. La historia nos dice que el cuerpo de la mujer ha sido territorio ocupado por los hombres, por el Estado, por la Iglesia. No sé si tenemos conciencia de que si queremos realmente convertirnos en una sociedad igualitaria, en una sociedad en que las mujeres sean dueñas de su propio cuerpo, serán ellas las que tomarán la decisión de perpetuar o no el producto de ese acto de violación, de dominación y de posesión violenta. Siempre lo he dicho y lo repito acá: hombres son violados al igual que mujeres, pero no quedan embarazados. Considerando la historia de la humanidad, si el hombre quedara embarazado, les puedo asegurar que hace mucho tiempo tendríamos una ley de aborto en nuestro país. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. El señor GODOY.- Señor Presidente, escuchar los planteamientos de la diputada Cristina Girardi, desde el punto de vista de la mujer, es muy sobrecogedor. Es evidente que uno, como hombre, no siente de la misma manera este tema. Por lo tanto, esgrimiré argumentos distintos de los que ha dado la diputada Girardi. Valoro del proyecto el hecho de que no se le impone nada a nadie, a diferencia de lo que plantean muchos. Este proyecto en ningún caso obliga a una familia a actuar en contra de su credo, en contra de su voluntad, en contra de su filosofía. Es muy importante destacarlo, porque significa un respeto profundo hacia los demás, lo cual tiene que ver con la libertad, que es un principio que en Amplitud defendemos con mucho entusiasmo. Me referiré al tema de la mujer. Me parece irracional que el Estado de Chile tome la decisión por una mujer que está viviendo un calvario, que está sufriendo, porque no es fácil tomar la decisión, y eso es algo que hay que entender. No es fácil decidir cuando a uno le dicen que su hijo no va a poder vivir fuera del vientre de su madre. Tampoco es fácil cuando alguien es víctima de una violación y queda embarazada, o cuando a una madre le dicen que si no le realizan tal tratamiento se muere, pero, lamentablemente, si se lo aplican va a morir el ser que está dentro de su vientre. Por lo tanto, esto es algo de sentido común, pues esa decisión no la puede tomar el Estado de Chile, no la puedo tomar yo ni la puede tomar nadie en el Congreso Nacional por los demás. La persona que está involucrada en esa tragedia tiene que tomar la decisión. En relación con la argumentación que esgrimen algunos conservadores respecto de que la mujer chilena va a salir a la calle a decir que la violaron para poder realizarse un aborto, creo que es referirse de la peor manera a la mujer chilena, y yo no voy a ser partícipe de ello. No se trata solo de una creencia, sino de algo que demuestran las cifras. En efecto, en Francia primero se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en estas tres causales y después se estableció el aborto libre, y no por ello disminuyeron las denuncias de violaciones. Por lo tanto, claramente, la experiencia internacional demuestra que la violación no es un argumento que esgrimen las mujeres para realizarse un aborto, y por una razón muy sencilla y de sentido común: hacerse un aborto es, lejos, la experiencia más dura, más traumática, más difícil que puede vivir una mujer. Es evidente que una mujer va a usar antes todo el resto de los mecanismos. Lo que uno no entiende es que los conservadores se opongan además a la entrega de la píldora del día después. Entonces, no quieren aborto y tampoco quieren entregar la píldora del día después. En suma, su argumentación no es consistente. La legislación chilena no puede tener dos visiones. Me da la impresión de que esto forma parte de la hipocresía de nuestro país. En la actualidad, si a una persona se le efectúa un electroencefalograma y su resultado es plano, o sea, no tiene actividad cerebral, pero el resto de su cuerpo funciona perfectamente, sus familiares pueden donar sus órganos. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque es considerada una persona muerta. Y la medicina señala que antes de las catorce semanas de embarazo no hay actividad cerebral. Repito: no hay actividad cerebral. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia con el caso que acabo de citar. En esto quiero ser muy enfático, porque a quienes hemos planteado este tipo de argumentos se nos acusa de estar por la muerte. No estoy por la muerte de nadie y tampoco estoy por el camino de acogerme a las causales. Al respecto, he conversado sobre esto con mi señora muy profundamente y ella me ha dicho que su voluntad es llegar hasta el final. Pero esa es nuestra voluntad y no tengo por qué exigirle lo mismo al resto de las personas, menos si nuestra legislación esgrime que el feto no tiene vida desde el momento en que no tiene actividad cerebral. Lo dice la legislación chilena. Por lo tanto, quiero ser muy categórico en señalar que aquella mujer que decide practicarse el tratamiento, con lo que, lamentablemente, terminaría el proceso de desarrollo de ese ser que el día de mañana tendría vida, no está matando a alguien. Y en el caso de una mujer que es violada y toma la decisión antes de que ese ser tenga actividad cerebral, tampoco está matando a alguien. (Manifestaciones en las tribunas) Me parece justo y razonable que haya personas con ideas distintas a las mías. Pero creo que hay que utilizar los argumentos correctos y no inventar cosas que no existen. Por lo tanto, por la mujer, por la libertad de las personas y porque creo en los ciudadanos, votaré a favor de las tres causales. He dicho. -Aplausos y manifestaciones en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, quiero saludar a todos los que se encuentran en la Sala, ya que estamos ante un debate nacional entre aquellos que estamos a favor de este proyecto y los que están en contra, a quienes me quiero dirigir con mucho respeto. Además, es importante saludar a quienes han hecho posible la tramitación de esta iniciativa: las ministras del Sernam, señora Claudia Pascual; de Salud, señora Carmen Castillo, y de Justicia, señora Javiera Blanco. Asimismo, saludo a las organizaciones que han sido parte de la tramitación de este proyecto, como Corporación Humanas, Corporación Miles, Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Comunidad Mujer, Memch, Observatorio de Género y Equidad, Asociación de Magistradas de Chile, profesionales, académicos, mujeres, hombres y, en general, a todas y cada una de las personas y organizaciones que han sido parte de este complejo ejercicio democrático: manifestar posiciones respecto de un proyecto tan complejo y debatido. Esta iniciativa no es como cualquiera otra; de lo contrario, no concitaría la opinión pública de la manera en que lo hace ni enfrentaría posiciones con tanta vehemencia. Esto pasa cada vez que se habla de los derechos de la mujer. Desde la dura oposición de los sectores conservadores al derecho a voto de la mujer hasta el enfrentamiento con los grandes empresarios por la consecución de sus derechos laborales, siempre hemos debido ganarnos el espacio que nos corresponde a pulso y luchando con todo. Hoy no es la excepción. Aprobar este proyecto de ley es una necesidad que ha sido recogida por la ciudadanía, que apoya en más de 80 por ciento la iniciativa, pues hemos comprendido su valor y significado en términos sanitarios y de protección de derechos. Es difícil calcular la cantidad de interrupciones de embarazos que se producen anualmente en Chile, debido a que el aborto está penalizado en todas las circunstancias. Otros países con penalización total son El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. No mencionaré al Vaticano, porque no tiene hospitales y la red de salud pública pertenece a Italia, donde la interrupción voluntaria del embarazo se permite hasta los 90 días, como regla general. En el caso de riesgo de la madre o inviabilidad fetal, se extiende hasta las 22 semanas. De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud, incluyendo las del gobierno anterior, en Chile se realizan más de 33.000 abortos clandestinos por año, es decir, 90 abortos diarios en promedio. Otros estudios, como el del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, estiman la cifra entre 60.000 a 70.000 abortos al año. Es más, el académico Ramiro Molina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, estableció que en los hospitales públicos, entre 2001 y 2010, hubo un promedio de 34.000 casos de aborto al año. De ellos, el 40 por ciento sería voluntario, y por cada aborto que se realiza en un hospital hay otros 10 desconocidos. Además, se estableció que existen entre 130.000 y 180.000 abortos clandestinos por fuera de la red de salud. Todas estas cifras dan cuenta de que la interrupción voluntaria del embarazo es, en primer lugar, un asunto de salud pública, cuya ocurrencia y efectos no son en ningún caso deseables, pero frente a ellos no podemos esconder la cabeza y negar la realidad por decreto ni, mucho menos, hacer vista gorda ante hechos que se trataron de esconder en el país desde 1989. Por ello, se ha tomado la determinación de avanzar, en base a acuerdos, en un proyecto de ley que busca la interrupción voluntaria del embarazo. Tal como dijo el diputado Godoy, quiero destacar el concepto de “voluntario”, porque no se busca obligar a ninguna mujer a tomar una decisión contra su voluntad. Eso debe quedar absolutamente claro frente a las opiniones oportunistas y mentirosas de algunos sectores. La perspectiva sanitaria se fundamenta en la posibilidad de que la mujer violentada, en riesgo vital o con un embarazo imposible de llevar a término vea afectada tan solo en lo mínimo su salud y su integridad física y psíquica. Es decir, queremos que la vida y la salud de las mujeres estén protegidas, de una vez por todas, frente a una brutal agresión o frente a situaciones extremas que le son inimputables. La primera causal, que indica que se puede interrumpir el embarazo cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que se evite un peligro para su vida, viene a resolver la primera cuestión sanitaria, esto es, que ante la inminente posibilidad de muerte, se resuelva a favor de la paciente que está en riesgo y no esperar a que finalmente la mujer se encuentre en una situación de absoluta postergación y de riesgo vital o, incluso, a que esté conectada a un ventilador artificial para poder intervenirla. Contradictoriamente, algunos sectores dicen que este procedimiento ya se encuentra autorizado y se ejecuta en nuestros establecimientos. La pregunta que cabe formularse es: ¿por qué, si está autorizado de manera inhibitoria, no lo reglamentamos de forma explícita? Es necesario hacer de este procedimiento una práctica segura y no una simple interpretación de normas. ¿O esperan que estemos sufriendo y agonizantes para proceder a intervenir, en circunstancias de que con las capacidades médicas con que se cuenta se podría determinar con mayor antelación? Es cierto que los avances médicos han permitido disminuir notablemente la mortalidad materna, pero queremos reducir aún más esta cifra y eliminar la mortalidad materna por cualquiera de las causas antes mencionadas. En el caso de la segunda causal, interrupción del embarazo en caso de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, el proyecto de ley es muy claro al respecto, pues plantea que una alteración de carácter letal no da la posibilidad de eugenesia y los médicos presentes en esta Sala, tanto diputados, autoridades como invitados, lo saben muy bien, ya que algunos han dicho que aquí estamos hablando de aborto eugenésico, y sabemos que no es así. Estamos hablando de inviabilidad, cuando sabemos a ciencia cierta que la supervivencia de ese embrión ha sido descartada. De eso se trata la segunda causal. Aquí se ha pretendido desvirtuar este debate al tratar de anteponer, incluso, un listado de patologías, que sabemos que evoluciona con el tiempo. Creemos que no es necesario cuando existen facultades -por lo demás, absolutamente amparadas en este proyecto de ley para que la práctica médica se haga cargo de la materia que nos convoca, resguardando el sentido del proyecto y los elementos que permitan tomar una decisión. Respecto de la tercera causal, hay que decir que claramente es la más debatida y compleja. Hemos escuchado expresiones brutales en torno a este tema. Es lamentable ver y escuchar cómo los opositores creen en toda su dimensión en el ridículo argumento que entregó una senadora cuando dijo que las mujeres prestábamos el cuerpo. ¿Debemos entender que nuestro cuerpo es objeto de diversión, que debe ser prestado contra nuestra voluntad para ser un juguete sexual y ser forzadas a embarazarnos? Otra desafortunada expresión de una parlamentaria de derecha habla de las violaciones no violentas, como si vulnerar la autonomía, si agredir la esfera más íntima de la mujer pudiera no ser un forzamiento violento. Si no hay violencia en una violación, entonces, ¿qué hay? ¿Hay una culpa accidental? Me pregunto si cada agresión sexual contiene repercusiones que la víctima debe cargar de por vida, pues ese contenido es el más profundo de la violencia que se ejerce contra nosotras. Entre 2010 y 2014, la Fiscalía Nacional registró 11.848 causas de violación a mujeres, de las cuales más del 60 por ciento fueron archivadas provisionalmente. Les quiero decir, con total pena y con la brutal consecuencia de lo que esto significa, que las cifras del Consejo Nacional de la Infancia indican que en 2015, del total nacional de delitos contra menores de edad, 18.615 fueron víctimas de delitos sexuales. Es decir, el 51,9 por ciento de las violaciones que se producen en Chile son contra menores de 14 años. ¡Eso no nos puede dejar indiferentes! La mujer no puede ser obligada a embarazarse. Los mismos argumentos que la derecha da hoy en contra de este proyecto fueron esgrimidos contra los anticonceptivos de emergencia, las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, y contra las campañas del uso del preservativo. Aquellos que están en contra del proyecto creen que la procreación es un derecho del hombre, que se puede ejercer cuando ellos quieran, como quieran y donde quieran, sin importar nuestra voluntad como mujeres. Para ellos, la mujer es un cuerpo que prestar y no una persona con derechos plenos. Es lamentable porque se trata de un debate que nos ha puesto y dispuesto en una falsa posición de quienes están por la vida y quienes, supuestamente, estaríamos en contra de ella. Señor Presidente, pienso que lo básico de ese debate mentiroso y abusivo da cuenta de que, lamentablemente, hay un sector político que no ha querido estar a la altura de un debate tan profundo como este, con perspectivas de derecho y perspectivas sanitarias. Debemos saludar la disposición del Ejecutivo de incluir los programas de apoyo y diagnóstico, y también de acompañamiento, tal como lo requerían nuestros colegas que propusieron esta moción. El programa Chile Crece Contigo y el sector intersectorial de protección social estarán a disposición de todas las mujeres en situación de embarazo vulnerable de nuestro país, sin importar si desean o no interrumpir su embarazo, pues no se condicionará en ningún caso su decisión. Estamos convencidos, y lo dijimos durante el debate, de que aquellas mujeres que decidan seguir adelante con su embarazo deben ser apoyadas; lo mismo debe ocurrir con aquellas mujeres que decidan interrumpirlo por cualquiera de las tres causales que se discuten. Creemos que en ello no debe hacerse diferencia, porque se trata de un derecho completamente adquirido. Señor Presidente, algunos han dicho que la legislación que penaliza el aborto por cualquier causal Chile no ha traído consecuencias penales para las mujeres. Quiero decir que en 2014 se iniciaron 174 investigaciones judiciales por aborto consentido, 113 de las cuales involucraban a mujeres. Entre 2006 y 2010, la Defensoría Penal Pública contabilizó 398 casos relacionados con aborto consentido. De ese total, 288 imputados eran mujeres y 110 eran hombres. Es decir, estos últimos equivalen a menos de la mitad de las primeras, y, además, tuvieron condenas menores. Según la misma Defensoría Penal Pública, sus investigaciones han determinado que un aborto clandestino tiene un valor de 40.000 pesos y de hasta 4 millones de pesos, dependiendo de si el que practica es una persona sin título o un facultativo médico. Con esas cifras, podemos deducir que la interrupción voluntaria del embarazo en Chile es un delito que criminaliza a las mujeres. Por lo tanto, al modificar el Código Penal y el Código Sanitario estamos abriendo paso también a una justicia de género. Los que hoy apelan a la vida y que estarían, probablemente, protegiendo con esto la decisión de la dictadura de penalizar toda forma de interrupción del embarazo a raíz del decreto de 1989, suelen olvidar que ellos mismos son cómplices de quienes atentaron impunemente contra la vida durante ese período; suelen olvidar que esa misma dictadura militar cruel y homicida -de la que varios de los que están presentes fueron cómplices, como funcionarios de gobierno o como alcaldes designados-, violó y torturó a mujeres, niños y también a los no nacidos. Recordemos que hubo mujeres embarazadas que fueron desaparecidas. Recordemos que 229 mujeres fueron detenidas estando embarazas y 11 de ellas declararon que habían sido violadas. A raíz de las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en el presidio. Los representantes políticos de esos criminales no pueden venir a apuntar con el dedo a las mujeres de nuestro país y erigirse con una falsa estatura moral, autonombrándose defensores de la vida. Hoy, nuestro país exige más de sus representantes y demanda que las voces ciudadanas sean recogidas. Dejemos de mirar para el lado cuando la exigencia de la mayoría no nos gusta. Nuestra bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana aprobará gustosamente este proyecto, absolutamente convencidos y convencidas de que es un ejercicio de mejoramiento sanitario, de justicia social y de lealtad con nuestras mujeres y nuestro pueblo. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, colegas parlamentarios: Sin duda, este es un día especial. Algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra lo denominaron histórico, de alegría en la conquista de derechos por la mujer. Otros han indicado estar profundamente tristes. Ambas reacciones representan los diferentes pensamientos de la sociedad chilena sobre esta materia. Quiero referirme brevemente a la historia del derecho de aborto en la legislación chilena, porque los cambios han sido paralelos al devenir sociológico de nuestra sociedad. En un Chile progresista y laico, como fue desde 1930 hasta la dictadura -coincidente, además, con las grandes transformaciones impulsadas por los gobiernos radicales-, el problema del aborto se radicó exclusivamente en el terreno sanitario, y la decisión de realizarlo era tomada por una junta médica, sin especificar causas que siempre serían médicas. En dictadura, la junta militar, por imposición, decide el momento en que se inicia la vida y declara que la condición materna es secundaria y sacrificable a todo evento. Soy católica, pero dicha decisión constituyó un retroceso en los avances de la separación del Estado y la Iglesia. Han debido pasar 26 años desde recuperación de la democracia para replantearnos esto. Insisto en mi fe católica, pero además soy médico y política. Me encuentro día a día con la realidad que viven demasiadas niñas y mujeres de nuestro país y entiendo que no puedo imponer a los demás mi fe y mis elecciones personales. He aprendido a golpes que “otra cosa es con guitarra”. La Cámara es rica en diversidad y, además, representa a la sociedad chilena, pero ninguno de nosotros tiene las competencias ni la aspiración de definir en qué momento empieza la vida. El debate en la Comisión de Salud, y luego en la de Constitución y en la de Hacienda, ha durado muchos meses y la ciudadanía ha sido testigo de cómo hemos escuchado a todos los representantes de grupos de interés. Hay que dejar en claro que este proyecto no legaliza el aborto y solo lo despenaliza cuando existen tres condiciones específicas. Para el resto de los casos, la interrupción voluntaria del embarazo seguirá siendo un delito perseguido por ley. La discusión ha sido compleja en cada una de las tres causales. Sobre las dos primeras -peligro de vida de la madre y malformación del feto, incompatible con la vida-, se ha podido avanzar en acuerdos y, por tanto, modificar la iniciativa en este aspecto a través de indicaciones, de manera de dar seguridad a todos de que habrá precisión en los diagnósticos y de que, además, la decisión última será de la mujer, conociendo los riesgos. La tercera causa, el caso de violación, es la que ha resultado más polémica, lo cual también se palpa en la ciudadanía y en las diferentes encuestas de opinión difundidas por los medios. Según el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el 87 por ciento de los jóvenes adhiere a la medida, pues han transcurrido siglos de no reconocimiento de los derechos de la mujer. La ciudadanía lo percibe y sabe que esa situación debe cambiar. Según la encuesta Cadem publicada el 13 de julio del 2015, el 69 por ciento de la ciudadanía aprueba el proyecto, el 74 por ciento aprueba el aborto en el caso de riesgo de la madre y el 72 por ciento lo aprueba en caso de violación. Me quiero detener en esta última causal. Quiero compartir con ustedes que muchas veces me sorprendí en la comisión al escuchar presunciones que para mí son inverosímiles. Por ejemplo, se habló del tráfico y del comercio de placentas, en el que, incluso, los parlamentarios podríamos tener interés; o de cómo podía fingirse una violación. Francamente, me sorprendí ante la desinformación e irresponsabilidad de expositores que ni siquiera habían leído el proyecto. No obstante, fuimos despejando la paja del trigo. Quiero explicar, con términos lo más simples posible, por qué votaré a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación. (Aplausos en las tribunas) En el caso de las mujeres adultas, con o sin pareja, podemos suponer dos tipos de violación: a) La que ocurre en un entorno de maltrato habitual, como expresión de violencia intrafamiliar, en mujeres adultas vulneradas. En este caso, si hubiere embarazo y la mujer solicitara su interrupción, deberá hacerse una denuncia y la investigación de la violencia reiterada, la vulneración de derechos, etcétera. Debo decir, en todo caso, que lo menos probable es que la mujer víctima de violencia reiterada denuncie un embarazo en el marco de una relación de pareja formal. b) En segundo lugar, analicemos el caso de las mujeres que sufren una violación como un suceso único. Según estadísticas, lo más probable es que de ellas solo el 10 por ciento se embarace y que, además, no denuncie la violación. Si llegara a producirse un embarazo, la mujer se verá forzada a denunciar la violación para solicitar su interrupción. En consecuencia, aunque se interrumpa el embarazo, el caso se verá en sede judicial. En el caso de mujeres adultas es altamente probable la utilización de métodos anticonceptivos. Si no es así, existe la posibilidad de recurrir a la “píldora del día después”. Finalmente, llegamos al objeto fundamental de incluir la causal de violación: las adolescentes y las niñas. En lo personal, la situación que las afecta es la que me hizo tener la convicción acerca del voto que formularé. Lamentablemente, en nuestro país existen miles de niñas y adolescentes que son violadas en su entorno. Son violadas por sus padres, padrastros, primos, hermanos, tíos o abuelos y una infinidad de etcéteras, de manera reiterada y compartiendo el mismo techo que su agresor. Esa niña no tiene las mismas herramientas que una mujer adulta, ya que siempre su condición es de extrema vulnerabilidad, sea por edad, condición socioeconómica o cultural. En ellas centro mi voto, pues la ley en proyecto establece que en aquellos casos en que una menor de 14 años sea violada, se entregará la facultad jurídica a un médico cirujano, quien deberá establecer que la intervención se justifica para proteger a la niña y para evitar exponerla a mayores riesgos que puedan afectarla. Estamos poniendo el foco en esas niñas que pasan de ser impúberes a estar embarazadas sin jamás haber tenido la regla, y que, además, evidenciarán tardíamente su embarazo. Por esa razón se ha hecho una distinción en el número de semanas en el que puede interrumpirse la gestación. Hago un paréntesis para tratar de explicar por qué en este caso se establece un umbral de doce semanas de gestación. El criterio tiene que ver con el crecimiento del feto y no con la diferenciación de los órganos, pues, a partir de las doce semanas, el procedimiento se torna mucho más complejo y peligroso debido al tamaño que va adquiriendo el feto. Como mencioné, el foco por el cual se incluyó la causa “violación” fueron las niñas y las adolescentes. En la comisión escuchamos el testimonio de la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), quien, con lágrimas, se refirió a una cifra para mí sorprendente: de todas las niñas internadas en hogares del Sename, 2.600 estaban embarazadas. La diputada Cristina Girardi fue muy clara para expresar los sentimientos femeninos respecto de la violación y me siento plenamente representada por su discurso. No puedo imaginar el sufrimiento que puede significar estar embarazada del propio padre o de un ser al que se le teme y se le odia. Por ello, me parece inconcebible que el Estado pretenda obligar a esa niña-mujer a revivir permanentemente su violación, manteniendo el embarazo hasta el término. Estoy de acuerdo en que ella decida, y este proyecto es innovador al reconocer esa capacidad de decidir de una niña adolescente, que algunos consideran apta para ser madre. Insisto en que a lo largo de este año de discusión, en la que he participado activamente en la Comisión de Salud, me he formado la convicción de que estamos lejos de abrir la puerta al aborto libre, como los sectores conservadores de nuestra sociedad han tratado establecer en el juicio público. Además de votar a favor esta futura ley por el trabajo propio que hemos puesto en ella a través de indicaciones, también respondo a un compromiso con un programa de gobierno, al que adherimos todos los que conformamos el pacto de la Nueva Mayoría, en el marco de nuestras respetivas campañas. Voy a honrar ese compromiso. (Aplausos en las tribunas) Con estas nuevas disposiciones estamos dando un paso importante en nuestra legislación. La ley en proyecto no obliga a nadie ni legaliza el aborto. Por el contrario, reconoce a las mujeres como seres libres de decidir, les otorga mayor protección y permitirá que, como país, dejemos de formar parte del grupo conformado por seis naciones que aún conservan normativas impositivas en la materia. Por lo dicho y porque defendemos un Estado laico, en el que todos tenemos un lugar y podemos ejercer en forma particular nuestra fe, anuncio que la bancada del Partido Radical apoyará despenalizar el aborto en estas tres causales. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, la discusión acerca del aborto en tres causales ha sido vista por muchos de mis colegas desde una óptica equivocada. Creo que esta no es solo una discusión legal respecto de los derechos de la mujer ni tampoco sobre cierta modernidad cultural o moral. Lo cierto es que este es fundamentalmente un debate antropológico, pues define el tipo de hombre y de mujer que aspiramos a construir en nuestra sociedad. Desde este punto de vista, promover el aborto en tres causales es limitar el concepto de persona humana, tal como en el pasado lo hicieron los nacionalsocialistas y los comunistas. Los nazis limitaron el concepto de ser humano en función de una raza. Así, solo merecían el concepto y el reconocimiento de persona humana aquellos que pertenecían a la raza aria. Los demás eran mucho más que animales, pero mucho menos que hombres. Seis millones de judíos fueron eliminados, una vez que les fue retirada su condición de humanos. En consecuencia -según los nazis-, como no eran considerados personas humanas, su eliminación no constituía homicidio, sino solo una limpieza étnica. Por su parte, los comunistas pensaban que los únicos que merecían ser llamados seres humanos eran los que pertenecían a una clase social: el proletariado. Así, todos los que no pertenecían a esa clase podían ser aniquilados, como objetivamente ocurrió en los regímenes comunistas del siglo XX. Cien millones de muertes se le atribuyen al comunismo en poco más de sesenta años de vigencia. Pues bien, hoy en nuestro país hay quienes dicen, al igual que los nazis y los comunistas, que la vida humana se puede limitar, ya no en función de una raza ni de una clase social, sino en razón de un estado o período del desarrollo humano. Entonces, en esa lógica, serán personas humanas solo quienes superen cierta cantidad de semanas de gestación, y dejarán de serlo aquellos que no lo logren. Me inquieta profundamente el razonamiento antropológico de los abortistas y el que este sea el mismo que emplearon los nazis para matar a seis millones de judíos y que todavía siguen utilizando algunos regímenes comunistas para tiranizar a sus pueblos y perseguir a quienes piensan distinto. Me preocupa que al final del día nuestro país deje de tener una visión integral de la persona humana, en la que se respeten los derechos de todos los seres humanos: nacidos y por nacer. Creo que, al margen del juego de palabras y del hábil manejo del vocabulario que utilizan los abortistas, el votar a favor de este proyecto es, sin duda, votar en favor del exterminio de personas humanas, en favor de eliminar a niños por nacer, en favor de limitar el concepto de ser humano. (Aplausos y manifestaciones en las tribunas) Permítame decirle, señor Presidente, que siempre que esto ha ocurrido, en los hechos han terminado muriendo los inocentes a los que se les ha quitado dicha condición. Por eso, porque creo que todos tenemos los mismos derechos: los nacidos y los no nacidos, y por la defensa férrea de los más indefensos, votaré en contra de esta lamentable iniciativa. He dicho. -Aplausos y manifestaciones en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Juan Morano. El señor MORANO.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las ministras que nos acompañan, en especial a la señora Ximena Rincón, quien alguna vez estuvo sentada en este hemiciclo. Formo parte de la Cámara porque muchos hombres y -sobre todo mujeres de Magallanes votaron por mí. Hice mi campaña impulsando el programa del gobierno que la Nueva Mayoría y mi partido propusieron, el cual hoy aún apoyan. Durante dicha campaña y ante reiteradas consultas que me formularon en foros, debates y medios de comunicación, siempre señalé que estaría de acuerdo en despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales, con las debidas regulaciones. Hoy no pienso distinto. (Aplausos) Mi compromiso personal y esencial es con la vida, con los derechos humanos, ayer, hoy y mañana. Tengo mi propia convicción acerca de cuándo se inicia la vida y de cuándo estamos ante la presencia de un ser humano, aunque sea incipiente. No obstante lo anterior, nada me autoriza, impulsa o faculta a creer o pensar que puedo imponer mi particular visión, mis propios principios, mis creencias religiosas, éticas o morales a las demás personas. Por cierto que trataré de dialogar, como lo he hecho siempre; de persuadir, de convencer, pero jamás de imponer. Sabiamente, mi partido, la Democracia Cristiana, nunca pretendió limitar la libertad de conciencia personal, ni con acuerdos de congresos ni con acuerdos de juntas o consejos ni menos con reservas de expertos. Lo que cada uno de nosotros vote hoy será lo que nos dicten nuestra conciencia y libertad. Por mi familia, por mi esposa, por mis cuatro hijos, votaré a favor de la idea de legislar, aprobaré las dos primeras causales propuestas y, con la debida reserva, pidiendo votación separada, también votaré positivamente la tercera causal. (Aplausos en las tribunas y manifestaciones en la Sala) Señor Presidente, no vine a buscar el aplauso fácil ni la crítica difícil; sin embargo, no puedo aceptar que colegas que no vieron la tortura, que no vieron la muerte, que no vieron la desaparición, que no vieron a quien nos trataba de “humanos” y de “humanoides”, hoy pretendan venir a darme clases de moral en este hemiciclo. Por eso, votaré a favor. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señor Presidente, por su intermedio, saludo cordialmente a las señoras ministras y a todas las personas presentes en las tribunas. Sin lugar a dudas, este es un tema controvertido y uno de los más oscuros de toda sociedad, precisamente porque aborda la destrucción del nasciturus y viene a dar solución a una materia no grata de toda sociedad, ya que, a pesar de décadas de planificación familiar, el aborto aún es recurrente. Debido a su opacidad, no existen cifras oficiales sobre el número de abortos practicados en nuestro país, pero se estima que estos bordean los 100.000 al año. Al respecto, la prohibición del aborto ha significado la proliferación de un mercado negro que satisface esta demanda. Asimismo, muchas veces estos procedimientos son realizados en condiciones deplorables, lo que en numerosos casos ha significado la muerte de la progenitora. Ante esta realidad, el Estado y nosotros, como sociedad, debemos aceptar esta situación absolutamente objetiva. Lo controvertido del debate ha gestado posiciones extremas: por un lado, aquella que lo prohíbe en todas sus causales, amparada en el conservadurismo y una visión muchas veces religiosa y fundamental del ser humano, que ve en el aborto el asesinato de un ejemplar de la especie humana; y por el otro, la de quienes ven en el aborto una expresión de más derechos reproductivos de la mujer por sobre otros. Al respecto, el caso del proyecto de ley que estamos discutiendo es una síntesis de esas posiciones confrontadas, y se sustenta en el carácter conservador de nuestra sociedad. No obstante, esta iniciativa es un avance sustantivo, ya que despenaliza el aborto en tres contextos específicos: cuando el embarazo pone en peligro inminente la vida de la madre, cuando existe inviabilidad fetal e imposibilidad de vida extrauterina, y -se ha dicho en forma reiterada-, naturalmente, en los casos de violación. Ante un debate de tamaña envergadura es preciso recordar que hasta el año 1989 en nuestro país se contemplaba el aborto en contextos determinados y que fue el fundamentalismo religioso de quienes redactaron -a mi juicio, ella es ilegítima desde su origenla Constitución que rige nuestra vida en sociedad el que estableció la prohibición absoluta del aborto, lo que significó un claro retroceso en comparación al Texto Constitucional de 1925. (Aplausos) Contenido del proyecto En la primera causal se argumenta que la mujer tiene un deber solidario con el feto. Sin embargo, aunque se respeta el derecho a la vida del que está por nacer, este colisiona con el derecho a la vida de la madre en el caso de que ella peligre. Por tanto, se debe tener en consideración la integridad de la progenitora. En la segunda causal, la de la inviabilidad del feto, no se está abriendo la posibilidad del aborto eugenésico, sino que solo se considera la imposibilidad de la vida posterior al nacimiento, lo que, sin duda, es un alivio -ello, a pesar del amor que le tienen a su pequeño para los padres que tienen la certeza de que su hijo finalmente no vivirá. Por último, la causal de la violación es, por cierto, la más controvertida de todas. Pero está abierta la posibilidad de debatirla. Al respecto, en nuestro país se cometen diariamente 17 violaciones, de las cuales el 60 por ciento son perpetradas por cercanos a las víctimas. Esto significa que muchas veces se trata de un delito que se comete en la intimidad del hogar. En este caso, la legislación actual impone, so pena de cárcel, la maternidad a víctimas de un hecho violento y traumático. Por último, anuncio que apoyaré este proyecto en todas sus causales. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, hemos escuchado varios argumentos de uno y de otro lado, pero el que más me ha llamado la atención es aquel en que se han comparado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar con lo que estamos tratando aquí. Podríamos ser más crueles y decir que el gobierno militar, o la dictadura, como quieran llamarlo, al menos mataba a personas adultas, pero ustedes matan seres humanos antes de que nazcan. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? (Manifestaciones en las tribunas) Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Hemos dicho en todos los tonos que debemos tener la conciencia tranquila, porque reconocimos que hubo violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar. Pero esta otra situación no se quiere reconocer. Nos dan como gran argumento que van a cumplir el programa de gobierno. Nada más. Ese es el gran argumento. Con profundo respeto por quienes votarán a favor el proyecto, pero con tremendo dolor, les pregunto cómo no han recapacitado respecto de lo que están haciendo, cómo no se dan cuenta que están matando a personas que no pueden pensar ni defenderse, cómo no se dan cuenta de que les están quitando la vida antes de nacer. Por último, vayan a la iglesia los que creen en Dios y denle gracias a Dios porque sus padres no fueron “aborteros”, porque, si no, no estaría ninguno de ustedes en las tribunas aplaudiendo el aborto. En verdad, los partidarios del aborto juegan con la vida humana; creen que es muy avanzado, muy moderno, disponer de esa herramienta. Me gustaría hacer una pregunta respecto de la primera causal de despenalización del proyecto, que se pone en el supuesto de que la madre esté en peligro. Y si la que está por tener un hijo es una madre con cáncer terminal, ¿qué hace el médico? Lo pregunto. No quiero respuestas hoy. Solo dejar establecido que, al parecer, será el médico el que decida; él tendrá la facultad para decidir. ¡Por algo intentan protegerse! ¡Miren cómo se defienden los médicos! Quieren tener seguridad de que la ley los amparará cuando practiquen abortos a diestra y siniestra. Eso no está bien. Segunda causal: la malformación del feto. He conversado con muchas madres que han tenido un hijo con algún problema, ¿y saben lo que me ha dicho la madre que ha tenido a ese hijo? Quizás algún familiar de ustedes está en esa condición. Me han dicho que ha sido una bendición de Dios. Ha servido para entregarle amor al hijo que Dios me ha dado. Y eso no tiene precio. (Aplausos) Eso es lo que estamos defendiendo quienes estamos en contra del aborto. Por último, el caso de los violadores. Este proyecto de ley impide que una niña menor de edad diga quién es su violador. O sea, le hacen un aborto y la siguen violando. Lo que se debe hacer es meter preso al señor que viola a esa niña; no debe estar en su casa. -Manifestaciones en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Hago presente a las personas que se encuentran en las tribunas que deben guardar silencio. El señor GARCÍA.- ¡Déjelos, señor Presidente! ¿Por qué en algunos casos esas niñas no se atreven a denunciar a sus violadores? Por una razón muy simple: porque muchos de esos violadores son los que llevan el sustento a la casa. Por eso, el gobierno actual o los que vendrán deberían entregar sustento a las familias que denuncian a ese violador, para que él vaya a la cárcel y la niña viva segura. (Aplausos) Por otro lado, decían que habría que darles la píldora del día después. Al respecto, hubo otra discusión. Bueno, tómese la píldora si quiere, pero no maten a la guagua. Me parece injusto matar a los niños que están por nacer. A los que dicen que esas criaturas son materia inerte, les pregunto: ¿Crecen por inercia? ¿Crecen porque tienen que crecer? No, están creciendo porque son un ser vivo que se está desarrollando. Esa es la verdad. Por lo tanto, quienes creemos en la vida humana, en el derecho a nacer, en las enseñanzas que se nos han dado, indudablemente votaremos en contra la idea de legislar de este proyecto que establece esas tres causales. Y les digo una cosa: más temprano que tarde podremos pasearnos por la calle con nuestra conciencia tranquila al ver que hemos permitido que nazcan niños, que tanta falta le hacen a este país y que tanto necesitamos como generaciones venideras. Por lo tanto, con mucho orgullo y honor, pase lo que pase, votaré en contra el proyecto de ley. He dicho. -Manifestaciones en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por once minutos, el diputado señor Miguel Ángel Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, la sociedad actual interactúa en redes de globalización, lo que le da un carácter pluralista, dado que en ella conviven personas con distintos valores y posiciones religiosas, aunque han variado con el transcurso de los años. En efecto, en el siglo XIX la Iglesia católica aún aceptaba la teoría de la hominización tardía, que incluso establecía plazos: cuarenta días para los hombres y ochenta para la mujer, para el alojamiento del alma humana en el feto. En la actualidad aún quedan teólogos que la siguen revisando. Estas posiciones requieren respeto y tolerancia, conforme al principio de respeto a las personas con concepciones distintas de la vida buena e ideales con lo que significa el respeto del bien y la felicidad. Coexisten creencias diferentes e ideas políticas y filosóficas. Por lo tanto, en este momento, siglo XXI, se exige establecer entre estos “extraños morales” -concepto de Engelhardtuna forma de convivencia más bien armónica, reconocer ciertos deberes mínimos que todos los extraños estemos obligados a respetar para salvaguardar los derechos e ideales de todos, lo que marca distancia con aquello que acontecía en sociedades premodernas. Por otra parte, el desarrollo científico-técnico nos confronta a diálogos sin experiencias ni parangón previo en la historia de la humanidad; nos genera preguntas morales inéditas. ¿Es legítima la fecundación in vitro? ¿Es legítima, y en qué límite, la prolongación artificial de la vida humana? ¿Es legítima la crio conservación de embriones y la manipulación genética de vegetales y animales, incluida la especie humana, etcétera? No se trata, pues, de reemplazar la moral y la ética tradicional, sino de complementarla en relación con los problemas actuales, que nos solicitan, por ende, nuevos procedimientos. En el caso del que estamos hablando, ¿en qué momento del ciclo de embriogénesis el óvulo fecundado deja de ser simplemente parte de un proceso que ocurre en el cuerpo de la mujer y se constituye en una persona distinta? Esa es la pregunta. En la mayor parte del mundo se acepta que los derechos del óvulo recién fecundado no son iguales a los de un feto de nueve meses. Por cierto, estos derechos van en aumento a lo largo del desarrollo embrionario y fetal. Este concepto de estatus moral del feto es aceptado por la mayoría de las corrientes filosóficas, religiosas y legislaciones del mundo. Hay grupos que sostienen que la célula, el cigoto, posee plenos derechos, iguales a los de la mujer que lo lleva en su cuerpo. No obstante, en Chile es difícil explicar cómo aceptamos, entonces, desde hace más de cuarenta y cinco años, el uso de la “T” de cobre o dispositivo intrauterino en las mujeres. Acá las posiciones varían, y es difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo. Estamos claros en eso. Pero no nos parece posible aceptar que el cigoto tiene iguales derechos morales y legales que la mujer. De la misma forma, tampoco nos parece aceptable justificar que el feto de nueve meses tenga igual autonomía que la de la mujer. Se nos da este conflicto entre los derechos de la mujer y los que va adquiriendo el feto, en la medida en que se pone en especial evidencia en los casos en que amenaza la vida de la mujer. En casos en que se reconoce el riesgo de la vida de la madre, esta tiene prioridad sobre la vida del feto, como se acepta en la legislación del 98 por ciento de los países del mundo. Tenemos casos, y hemos vivido casos, como el síndrome de Hellp o el cáncer de cuello uterino. No estamos hablando de fetos más allá de las doce semanas -quiero dejarlo claro-, sino solo en proceso, que ni siquiera tienen el desarrollo del sistema nervioso central, donde muere la mujer en muchos casos. Esta es la situación que se afronta en los hospitales y en los servicios de urgencia y de ginecología de nuestro país. La protección de la vida de la mujer debe prevalecer y ser digna de atención en los centros de salud, en especial en los que reciben aporte estatal. Debemos respetar la objeción de conciencia, es cierto; pero en el caso de que se trate del único profesional disponible, debe primar la protección de la mujer y debe proveerse la asistencia sanitaria. La experiencia mundial nos muestra que los países en que la ley restringe severamente el aborto no son los que tienen las menores tasas de morbilidad o mortalidad en las mujeres, o en el aborto de feto; al contrario, las cifras son mayores y las enfermedades son mayores. En otros casos, como los de malformación incompatible con la vida extrauterina, mantener el embarazo no beneficia al feto y claramente perjudica a la madre, que se ve obligada a seguir con su embarazo bajo esta coacción, lo que no tiene justificación ética alguna. En ese caso, por supuesto se debe interrumpir el embarazo tan pronto como la mujer lo solicite. Recordemos que el proyecto de ley en estudio no impone absolutamente nada. Las tres situaciones que se plantean se ajustan a los principios de autonomía y de justicia social, como hemos manifestado en este caso. Debemos llegar a un consenso para dar prioridad al principio de autonomía de las personas, además de distinguir entre el reconocimiento de los derechos y del estatus moral de quien está por nacer y de la mujer embarazada. Cuando el embarazo coloca en riesgo la vida de la madre, no debería existir límite de edad gestacional para aceptar la interrupción del embarazo. Asimismo, el aborto debería estar permitido cuando se diagnostica que el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina. De igual forma, la mujer embarazada de un feto gravemente malformado no debería recibir ninguna presión para provocar el aborto o para continuar con el embarazo. En el caso que nos compete, el legislador debe hacer abstracción de la conducta moral del individuo, pues su análisis ético es distinto, ya que se refiere a decidir qué acciones de cualquier individuo de una sociedad deben ser permitidas y cuáles, penalizadas. En este caso, se debe tomar en cuenta el bien común y no la conducta moral de un individuo. Un artículo de bioética señala que un miembro del Parlamento puede tener la convicción personal de que el aborto no es aceptable o solo lo es en situaciones muy excepcionales, pero él o ella puede estar a favor de la descriminalización del aborto si considera que de esta forma protege la salud de la población y repara una situación de injusticia, a pesar de que ello puede entrar en conflicto con sus creencias religiosas. Estoy en lo correcto al decir que este largo período de análisis del proyecto que tuvieron las comisiones nos lleva a tomar medidas que reducirán el alto costo personal y social del aborto en nuestra sociedad. Por lo tanto, apoyaremos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales señaladas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, tal como dijo a principios del siglo XX Luis Emilio Recabarren, el maestro de la lucha por la emancipación de hombres y mujeres, y fundador de nuestro partido: “La historia de la mujer es la historia del martirio, del dolor y de la abnegada sublimidad”. Así es y así ha sido. Conservadores fanáticos y derechistas ven en la mujer la maldición de Eva: instigadora del mal, culpable y responsable de todas las desgracias de la humanidad, relegada a un papel secundario, a un papel doméstico de crianza en su casa. Con el nacimiento de la república, solo nace la república de los hombres. La mujer queda excluida de sus derechos civiles y políticos. No es sino hasta la primera mitad del siglo XX que, mediante el avance de su lucha, logra el derecho a voto en las elecciones municipales de 1935 y recién logra votar en las elecciones generales de 1952, en la que participó por primera vez en una elección presidencial. Solo en 1970 llega a la paridad con los votantes masculinos. Y por qué no recordar que hasta 1945, cuando se buscaban razones sobre el femicidio, el marido tenía el derecho a asesinar a la esposa si esta era encontrada con otro hombre. En suma, la mujer reducida a cosa, a pertenencia. No debemos olvidar que quienes consentían esas situaciones y se oponían a la libertad plena de la mujer fueron la derecha, los conservadores y la jerarquía de la Iglesia, los mismos que hoy se oponen a este derecho que se está concediendo a la mujer para interrumpir el embarazo en ciertas situaciones trágicas. ¿Debe el Congreso Nacional volver a tender la mano de la historia legislativa a esos sectores oscurantistas? Definitivamente, no. Respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, hemos avanzado en algunos aspectos, pero aún queda mucho por hacer. En este marco, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas emplazó a Chile en 2015 a avanzar en la adopción del proyecto de ley que estamos debatiendo, en el que debía primar tanto el derecho a la salud como a la vida de la mujer. Esto lo dijo nada menos que las Naciones Unidas en su informe sobre derechos humanos en Chile. Recordemos que el Congreso Nacional lleva veinte años postergando este debate, con lo que hemos pospuesto el reconocimiento de la mujer como ciudadana plena, con autonomía y con poder de decisión sobre su cuerpo, su salud, su bienestar y su vida. Hoy damos un pequeño paso al respecto; pero todo será en vano si nos dejamos embaucar por las voces que han condenado a las mujeres al calabozo de la historia y de la república. El proyecto debe asegurar la plena confidencialidad de los médicos y de los equipos de salud, y resguardar que la consejería de acompañamiento no sea disuasiva. La mujer no es un sujeto interdicto, sino un ser humano con pleno derecho a ejercer su más plena libertad, según le indiquen su conciencia, su autonomía y su dignidad moral. Nada justifica poner en riesgo la vida y la libertad de la madre para responder a caprichos filosóficos y religiosos fundamentalistas. Menos razonable resulta obligar a una mujer a llevar el dolor por una violación de la que ella fue víctima, durante nueve meses y por toda su vida; pero hoy, de acuerdo con nuestra legislación, se transforma en imputada y en condenada. El proyecto no obliga a abortar, sino que genera las condiciones para que las mujeres tomen una elección segura respecto de su cuerpo y de su vida cuando esté en peligro o ha sido ultrajada. Toda la evidencia indica la correlación entre aborto inseguro, aborto ilegal y mortalidad materna. Por eso, estamos dispuestos a legislar en favor de la vida. Sí, con este proyecto de ley salvaremos vidas. Negar la interrupción del embarazo por estas tres causales es atentar contra los derechos humanos de la mujer, es negar su derecho a la vida y a la libertad. Ronald Dworkin señaló algo muy interesante cuando dijo que tomáramos los derechos en serio. Los legisladores hemos sido puestos en este lugar por la soberanía popular, no para predicar sobre el bien o el mal. Aquí no soy un pastor ni un religioso, sino un legislador elegido por un pueblo que tiene diversas creencias, convicciones, ideas y diversidad social. Aquí estamos para legislar. -Manifestaciones en las tribunas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Reitero el llamado a las personas que están en las tribunas. Tenemos un día y medio de debate. Hay que permitir que los diputados se expresen. Estamos en un país que respeta la libertad de expresión y particularmente el derecho de los parlamentarios a argumentar antes de votar este importante proyecto de ley. Así es la democracia. Puede continuar, señor diputado. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, no me molesta que griten, es señal de que avanzamos. Los parlamentarios estamos para legislar, para hacer las leyes, para decir lo que es justo institucionalmente. Bien dijo Víctor Hugo: “Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo.”. Y estamos en el Congreso Nacional para hacer leyes justas, no para predicar lo que es bueno o malo en la sociedad. Cada cual elegirá su camino; a ninguna mujer se le obligará a abortar. Este no es un proyecto abortista. Al contrario, responde al pedido constante de las Naciones Unidas para que legislemos sobre la materia. Por lo demás, el acto que los parlamentarios necesitamos ejercer con mayor racionalidad es cuando imponemos una sanción, cuando castigamos a alguien. Cada vez que ejercemos el derecho que el Estado tiene para sancionar a una persona, le estamos diciendo que su conducta es reprobada por el cuerpo social, por lo que le aplicaremos un castigo, una sanción para disuadirla y para demostrarle que su conducta es reprochable. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si podemos reprochar a una mujer que interrumpe su embarazo porque fue víctima de una violación, porque está en riesgo vital o porque el feto es inviable. La norma vigente la sanciona penalmente; en cambio, el proyecto establece no sancionarla penalmente. ¿Por qué la vamos a sancionar si decide interrumpir su embarazo, si este es consecuencia de que ha sido violada? El acto máximo que podemos hacer es dictar leyes penales que sancionen a personas, que les digan que el cuerpo social reprocha su conducta. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿El cuerpo social, la sociedad chilena, rechaza, reprueba que se castigue a la mujer por interrumpir su embarazo según las tres causales? El cuerpo social no la rechaza. En consecuencia, no tenemos por qué tener leyes penales que sancionen a la mujer porque resuelve abortar de acuerdo a las causales sobre las que estamos legislando. Es necesario hacerlo. No hay ningún cuerpo social, ninguna sociedad que nos lleve a legislar o a mantener la sanción penal en contra de la mujer por abortar. La ultima ratio, la última argumentación que puede dar un Estado para disuadir una conducta es la sanción que imponemos hasta hoy, porque seguramente vamos a dar el gran paso para que al menos en estas tres causales no haya sanción penal. El cuerpo social rechaza la sanción penal contra la mujer si interrumpe el embarazo en esas causales. No le estamos dando chipe libre a nadie; este no es un proyecto de ley abortista. Solo estamos reconociendo, de una vez por todas, que la mujer no puede ser sancionada penalmente en estas tres causales, que, sin duda, vamos a aprobar. Si analizamos las actas, los que se oponen a aprobar la despenalización del aborto en estas tres causales, son los mismos que dijeron que las mujeres no tenían que ir a la escuela, porque no debíamos sustraerlas de sus tareas domésticas; son los mismos que dijeron que no podían ir a las universidades; son los mismos que dijeron que no tenían derecho a voto, porque también era sustraerlas de sus tareas domésticas. Es decir, son los mismos que han dicho que la mujer no tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a votar, no tiene derecho a ser elegida, no tiene derecho sexual ni reproductivo. En consecuencia, son los mismos que hoy se oponen a este proyecto de ley, que es exigido no solo por nuestro país, sino por Naciones Unidas en sus reiterados informes de derechos humanos. Hay que respetar la dignidad y la autonomía de las mujeres. He dicho. -Aplausos El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, esta es una de las decisiones más difíciles que nos ha tocado tomar. Desde que ingresó a tramitación el proyecto al Congreso Nacional, cada uno de nosotros ha hecho una reflexión íntima, pero también colectiva. Se trata de una decisión que debo tomar no solo como diputada, sino como mujer, por lo que se hace mucho más compleja. Cuando asistimos a reuniones, incluso sin relación con este tema, nos preguntaban cómo íbamos a votar. Yo respondía con la sinceridad que nos debe caracterizar a todos: que no sabía cómo iba a votar; que para mí era muy difícil votar enfrentando la realidad y lo que realmente pienso. Si hubo algo que rescaté de la conversación permanente, que fue riquísima, con hombres y mujeres, con dirigentes, con gente que vive cotidianamente estas dificultades, fue que debíamos legislar y resolver la disyuntiva, que debíamos aclarar este problema de frente al país. Por esa razón, quiero solicitarle a la ministra, por su intermedio, señor Presidente, que lo que ha propuesto la Democracia Cristiana en relación con mejorar la ley de adopciones y con el acompañamiento, sea escuchado, porque es una alternativa importante que se debe tomar en cuenta. (Aplausos) ¡Por favor, no aplaudan! ¡De ninguno de los dos sectores! Si hay algo traumático para una mujer es esto. No hay amor más grande que el de una madre por sus hijos. ¡No hay amor más grande que ese! Estén como estén. Creo en la vida desde su concepción; creo que no debe haber aborto aunque el feto sea inviable, creo que ese ser debe morir al nacer y no antes; creo que el feto es potencialmente persona desde la concepción. ¡Creo en todo eso! Asimismo, creo en la libertad de conciencia de los profesionales y, por eso, a nadie se le puede obligar a practicar un aborto. El dolor de una mujer violada es inmenso, porque además de lo que dijo la diputada Cristina Girardi, tiene que haber conciencia y consentimiento. Cada uno va a una relación sexual con conciencia, con consentimiento y sabiendo las consecuencias. ¡Aquí no hay nada de eso! Por eso es brutal. Sin embargo, porque creo en lo que he dicho, tengo que darle la posibilidad a aquellos que no creen a elegir distinto. Por mis convicciones, mi fe, mi conciencia, mis creencias y mi propia historia sé que debo dar la posibilidad a otros que piensan distinto, que tienen una realidad distinta, de tomar decisiones diferentes de las que yo tomaría en similares circunstancias. Por esa razón, pese a no ser partidaria del aborto en ninguna de las tres causales, entiendo que una mujer y su familia pueden tomar otra opción distinta de la que yo tomaría. En consecuencia, voy a votar a favor las tres causales, porque si todos votáramos en contra el proyecto de ley, cerraríamos la puerta a que otras personas que piensan distinto pudieran elegir. ¡Esa es la diferencia! (Aplausos) No puedo pedir que todos piensen como yo, que crean lo que yo creo. Lo que estoy diciendo es que con mis creencias -como bien dijo el diputado Miguel Ángel Alvarado-, con mi credo, con mi historia, con mi forma de ser, tengo que darles la posibilidad a otros que miran la vida de una forma distinta, incluso pese a las complicaciones que puede enfrentar una mujer al decir que necesita un aborto. Por lo tanto, con el dolor de una mujer que es madre y con mis creencias, voy a votar favorablemente las tres causales. He dicho. -Aplausos El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, este es un tema relevante para la sociedad chilena. Desde el punto de vista sanitario, durante muchos años los médicos, amparados en la ley, practicaban abortos terapéuticos sin mayores problemas, porque se entendía que la ley amparaba el acto médico cuando se trataba de salvar una vida, sobre todo la de la madre. La decisión tomada durante el gobierno militar, en el sentido de eliminar del Código Sanitario la causal de aborto terapéutico, trajo como consecuencia una mirada que, a mi juicio, hoy nos tiene en este debate. En ocasiones pasadas, en el Congreso Nacional se desarrollaron debates como este, pero más bien pensando en el aborto en general. El tema sobre el cual estamos legislando hoy es muy distinto al del aborto en general. En primer lugar, estamos debatiendo si una mujer que se encuentra en riesgo vital, porque está desarrollando un embarazo inviable, tiene derecho a que un facultativo la atienda en forma adecuada y con el conocimiento que significa el arte médico para resolver su problema. A mí me parece que sí. Esa mujer tiene derecho a que su vida sea salvada por la vía de darle autoridad legal a un médico para ejecutar un acto terapéutico que, desde el punto de vista conceptual, constituye un aborto. Si una mujer tiene un embarazo tubario y llega al Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estoy absolutamente seguro de que ningún médico de esa institución dejará de realizar ese aborto terapéutico, porque lo que hace es justamente eso: un aborto terapéutico de un embrión que está desarrollándose en forma normal, pero en un lugar equivocado, donde su crecimiento causará la muerte de la madre si un médico no interviene. Desde el punto de vista del sentido común, hay un elemento que le dice al médico que actúe. De hecho, actualmente los médicos lo hacen; fuera de la ley, pero lo hacen. El otro tema relevante sobre el cual estamos legislando hoy tiene que ver con el caso de una malformación congénita inviable, que no permite que el feto siga con vida después de nacer, y la decisión de esa mujer de mantener el embarazo en forma completa, durante los nueve meses, o abortarlo antes de cumplir ese tiempo. Desde el punto de vista médico, hay varias causales que pueden inducir a esa medida, como la anencefalia, que con la tecnología moderna se puede diagnosticar en forma precisa, con absoluta certeza. Entonces, si una mujer embarazada puede detectar que el fruto de su concepción es un feto inviable, que no va a vivir, y ella libremente decide no continuar con su embarazo, ¿se lo vamos a negar? Yo creo que no corresponde; es su derecho seguir con su vida en forma normal, con el dolor de haber concebido un niño que no va a vivir. Y también tiene el derecho a mantener su embarazo, que esa criatura nazca, aunque finalmente no sobreviva, porque eso es lo que va a ocurrir irremediablemente. Varios diputados y diputadas han expuesto con claridad sobre la tercera causal, referida al derecho que debe tener una mujer que es violada, después de haberse tomado todas las precauciones y considerado todos los elementos. Incluso, la ley contempla el acompañamiento y ella debe decidir qué hacer respecto de ese niño que no desea, decisión que debe adoptar en forma adecuada, con acompañamiento médico para resolver su dilema. En esas ocasiones, la gran mayoría de las mujeres que decide abortar lo hará igual, pero de manera insegura. He dicho que en Chile existe una discusión absurda sobre el aborto, porque actualmente es legal para algunas mujeres, pero para otras no. Y digo “legal” porque, si una mujer tiene recursos económicos y quiere practicarse un aborto, basta que compre un pasaje, viaje al otro lado de la cordillera y se lo haga en forma absolutamente legal, sin que nadie le diga nada, y vuelva al país luego de haber procedido a realizarse un aborto sin ningún tipo de penalización. ¿Quiénes sí son penalizadas? Las mujeres que lo hacen en Chile, porque no tienen recursos para cruzar la cordillera. Entonces, en verdad esto se convirtió en un tema económico y no en uno social ni de principios. Pero hay otro tema que me preocupa, que quiero poner en debate. Por ello, pido votación separada del numeral 3), que incorpora un artículo 119 ter nuevo, al que me referiré a continuación. La objeción de conciencia que se le entrega al médico, particularmente en el sector público, no solo me preocupa, sino que me parece una fórmula que, para resolver un tema que se está dando en el ambiente político, al final puede ser un arma de doble filo. Me explico: en su actividad privada, el médico puede tener todas las objeciones de conciencia que quiera, porque es personal; pero cuando actúa en una institución, sobre todo pública, es una persona contratada institucionalmente, que debe seguir las normas que el Estado le indica. Ese médico debe entregar su conocimiento y su capacidad para resolver el problema de la persona, la paciente, que está recurriendo a él. El médico no puede responder que no hará lo que le están pidiendo porque plantea su objeción de conciencia, porque eso atenta incluso contra la posibilidad de que esa mujer reciba atención, por ejemplo, en los lugares apartados de Chile, donde hay pocos facultativos y donde la objeción de conciencia de dos o tres médicos impediría que esos problemas de salud se puedan resolver. Leí un artículo del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile que decía que todos los médicos que trabajan en esa institución van a presentar objeción de conciencia, porque la política de la institución es esa. Yo entiendo que si el médico adscribe a esa política, mandará el documento de objeción de conciencia, pero, en un hospital público, ¿podemos aceptar que uno de nuestros colegas no entregue atención médica a una paciente? ¡Por cierto que no, porque al final del día tiene que respetar la decisión de esa persona! En un Estado laico, a nadie se le obliga a tomar una decisión. Quiero saber qué va a pasar con ese médico objetor de conciencia cuando se enfrente, por ejemplo, a un paciente testigo de Jehová que se oponga a que le practiquen una transfusión de sangre. ¿Quién es la persona que tiene el derecho? ¿El paciente que no quiere que le coloquen sangre o el médico objetor de conciencia que le va a colocar la sangre a la fuerza? ¡No, pues! Esa persona tiene el derecho a actuar de acuerdo a su juicio libre, y en un Estado laico este debe respetar la conciencia de todos: la del católico que no quiere hacerse un aborto, la del evangélico que tampoco quiere ese procedimiento y tiene que respetar la conciencia de aquella persona que, en su fuero interno, tiene otra visión, desde el punto de vista social. Por eso me parece muy relevante que, en relación con la objeción de conciencia, podamos expresar nuestra opinión con el voto. Votaré a favor de las tres causales, pero en contra de esa norma que permite al médico presentar objeción de conciencia para no atender a una mujer que haya resuelto interrumpir voluntariamente su embarazo en alguna de las tres causales contempladas en el proyecto de ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se ha cumplido el tiempo del Orden del Día. El debate continuará en la sesión citada para las 15.00 horas. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.59 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS RUBILAR, CARIOLA, FERNÁNDEZ Y SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CASTRO, FLORES, HERNÁNDEZ; NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y TORRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO SANITARIO Y LA LEY N° 15.076, EN EL SENTIDO DE CONSIDERAR A LOS MÉDICOS VETERINARIOS COMO PROFESIONALES DE LA SALUD”. (BOLETÍN N° 10574?11) I. ANTECEDENTES Como es de general y público conocimiento, el mundo ha tenido una serie de cambios en los últimos veinte años, resultado de una serie de adelantos tecnológicos y científicos, que han producido una mejora en la condiciones de vida de las poblaciones y un acercamiento de las mismas por la mejoría y multiplicación de los sistemas de comunicación y transporte. Sin duda que nos encontramos frente a cambios profundos que están llevando a la globalización de diversas actividades, y a la estandarización de normativas de toda índole que apuntan a una optimización en tiempo y forma de procesos y actividades que tienen efectos en otras partes del mundo. Es así como entre las actividades que presentan una especial tendencia de globalización se encuentran las ligadas al mercado del trabajo y en particular las que dicen relación con el ejercicio de las profesiones universitarias. Entre éstas se encuentra la medicina veterinaria. La medicina veterinaria, al igual que otras profesiones, ha tenido una fuerte evolución en lo últimos veinte años, abriéndose camino en nuevas áreas de interés como lo son su participación directa en la producción alimentaria; la sanidad animal en los hogares, en la producción y en los ecosistemas; la lucha contra la zoonosis, las enfermedades vectoriales y las transmitidas por alimentos; la vigilancia de la calidad y la inocuidad de los alimentos; la investigación biomédica y la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica. En el campo de la Salud Pública, la medicina veterinaria es sin lugar a duda hoy día uno de sus pilares más importantes, aportando en forma directa a la salud no sólo animal, sino de la población humana en general. II. FUNDAMENTOS La revisión de algunas publicaciones sobre el ámbito del quehacer de las ciencias veterinarias es coincidente en señalar que, las intervenciones, tanto en salud pública como en salud pública veterinaria, (SPV) son multisectoriales y que requieren de una acción interdisciplinaria, existiendo eventos específicos en los que una determinada profesión puede y debe asumir liderazgos dada su particular experticia y competencia. Desde un comienzo, las intervenciones de la medicina veterinaria en salud pública, entendida esta última como “el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de carácter colectivo” se dieron particularmente en el cuidado de animales productivos, de transporte y carga; la inspección de alimentos de origen animal, carne y leche; el control de algunas enfermedades que desde los animales se transmitían a los humanos –zoonosis– y; en la eliminación de deshechos animales con la finalidad de proteger el medio ambiente (saneamiento ambiental). El año 2001 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), conjuntamente con la OMS y la OIE, organizaron la “Conferencia Electrónica sobre la Salud Pública Veterinaria y el Control de las Zoonosis en los países en desarrollo” a la cual se registraron unos 700 participantes de 80 países. Un documento especial para dicho evento preparado por Waltner-Toews de la Universidad de Guelph, sintetiza lo que en su entender constituyen las tres grandes áreas en las cuales la Salud Pública Veterinaria se relaciona con la salud pública: i.- la producción de alimentos mediante el control de enfermedades que afectan la oferta alimenticia y la salud de animales empleados como medio de trabajo o transporte; ii.-el control de enfermedades zoonóticas que se transmiten ya sea directamente o a través de los alimentos; y, iii.- desarrollando e implementando nuevas metodología para promover una salud pública sostenible basadas en el ecosistema, culturalmente factibles y económicamente realistas. En el año 2003, la Asociación Americana de Escuelas de Medicina Veterinaria de los Estados Unidos, llama la atención sobre el rol de esa profesión en la Salud Pública y la Biodefensa, señalando que dicho país enfrenta amenazas biológicas naturales y deliberadas cuyos efectos, en caso de concretarse, tendrían consecuencias devastadoras sea afectando la salud humana, la salud animal, la inocuidad de alimentos, la agricultura y la producción y oferta de alimentos. En abril del año 2005, se introdujo en el Senado de los Estados Unidos una propuesta de ley para incrementar la presencia de médicos veterinarios que se desempeñan en el Sistema Nacional de Salud Pública (Veterinary Workforce Expansion Act), considerando que los médicos veterinarios están calificados para intervenir entre otros aspectos en la prevención y control de enfermedades infecciosas, asegurar la inocuidad y seguridad de la oferta de alimentos, promover la salud ambiental, proteger la salud de los animales y actuar en la detección rápida y la atención de enfermedades infecciosas emergentes. También, últimamente en los estatutos de la recientemente creada Sociedad Interamericana de Salud Pública Veterinaria se describe una serie de áreas de actuaciones de la SPV. Con base en lo señalado y las experiencias recogidas en los países de la región, las principales áreas en las cuales interviene y participa la SPV en apoyo a la salud y bienestar humano son: -Prevención, control y eliminación de las zoonosis. -Prevención y control de problemas de salud animal de importancia social y económica. -Inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal (de la granja a la mesa y “viceversa”). -Promoción y apoyo de acciones que favorecen el turismo nacional e internacional así como el comercio e intercambio pecuario dentro y fuera de las fronteras. -Investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario. -Investigación, detección temprana, prevención y control de enfermedades animales exóticas, zoonosis emergentes y amenazas biológicas. -Control y protección del ambiente de deshechos animales y del efecto de determinadas prácticas de manejo, producción de animales y transformación de productos y subproductos de origen animal. -Promoción de la salud y el bienestar de la población humana. -Producción, desarrollo y promoción del uso apropiado de biológicos y reactivos. -Promoción del bienestar de animales domésticos y silvestres -Promoción de la propiedad responsable de animales de compañía. -Intervención en desastres naturales o provocados por el hombre. -Prevención de peligros laborales o asociados con animales vivos y sus productos. -Desarrollo de modelos biomédicos para investigación en salud humana. -Formación y capacitación del recurso humano que participa en salud pública. -Formulación y realización de proyectos de desarrollo local y comunitario. -Investigación, promoción y aplicación de desarrollos biotecnológicos eficientes y apropiados a las condiciones sociales, económicas y culturales. -Promoción y participación en la formulación e implementación de iniciativas intersectoriales y de políticas públicas que favorezcan la salud y el bienestar humano. -Hacer operable la colaboración intersectorial e interdisciplinaria entre agricultura y salud pública. Dentro de la legislación comparada se puede constatar que en diversos países la profesión de médico veterinario ha sido incluida en diversos cuerpos legales, reconociendo expresamente que apoyan en la prevención y restablecimiento de la salud humana. Un reconocimiento legislativo de la profesión médico veterinaria entre aquellas que colaboran a la prevención, protección y restablecimiento de la salud humana, permitiría reconocerla como tal, en concordancia con el art. 112 del Código Sanitario y además reconocerla para el ejercicio de funciones y el goce de derechos de los profesionales de la salud en nuestro país. III. OBJETO DEL PROYECTO El proyecto que se somete a consideración de este Congreso tiene por objeto reconocer la profesión de médico veterinario como profesión de la salud e incluirla en los cuerpos legislativos que regulan este tipo de profesiones y que a su vez le otorgan protección y beneficios laborales en el ámbito público y administrativo. IV. CONTENIDO DEL PROYECTO El proyecto de ley consta de tres artículos permanentes. PROYECTO DE LEY “ARTÍCULO PRIMERO.- Modificase el Decreto con Fuerza de Ley N°725 de 11 de diciembre de 1967, Código Sanitario. 1.-Agréguese en el inciso primero del art. 112 del Libro V, del Código Sanitario, entre las expresiones “química y farmacia” y “u otras relacionadas” la expresión “, medicina veterinaria”. 2.-Agrégase el siguiente artículo 117 Bis. “Art. 117 bis. Los médicos veterinarios podrán desempeñarse en el ámbito de la prevención y conservación de la salud, en las áreas de prevención y control de zoonosis; de inocuidad de los alimentos de origen animal; investigación de brotes de enfermedades de origen alimentario; en la investigación, detección temprana, prevención y control de enfermedades animales exóticas, zoonosis emergentes y amenazas biológicas y en la promoción de la salud y el bienestar de la población humana en sus relaciones con la salud y bienestar de animales domésticos y silvestres”. “ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificase el inciso primero del artículo 1 la ley 15.076 “Estatuto para médicos cirujanos, farmacéuticos o químico farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas”, en el siguiente sentido: 1.- Eliminase la palabra “y” entre las expresiones “bioquímicos” y “Cirujanos dentistas”. 2.-Intercalese en el inciso primero del art. 1 de la ley, entre las expresiones “cirujanos dentistas” y “, que desempeñen”, la frase “y médicos veterinarios”. “ARTICULO TERCERO. Facúltese al Presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, para dictar los reglamentos necesarios para un adecuado ejercicio de la profesión de medicina veterinaria y a modificar la normativa reglamentaria necesaria para la inclusión de la profesión de médico veterinaria como profesionales funcionarios y de la salud.”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AGUILÓ, CARMONA; GUTIÉRREZ, DON HUGO; NÚÑEZ, DON DANIEL, Y TEILLIER, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO CON EL OBJETO DE PERFECCIONAR LA REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES”. (BOLETÍN N° 10576?13) I. ANTECEDENTES Si bien en un sensible vacío, nuestra Carta Magna no reconoce ni protege el derecho constitucional al trabajo, el artículo 19 N° 16 que garantiza “la libertad de trabajo y su protección”, en su inciso segundo establece un derecho primordial para el resguardo de los derechos laborales, eso es la prohibición de cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Sin embargo, la existencia de prohibiciones programáticas, no ha significado un retroceso en la brecha salarial entre hombres y mujeres que no puede ser explicada por factores relacionados con la productividad, sino que más bien se refiere a efectos relativos a la discriminación. II. LA EQUIDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES El principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres fue incorporado por primera vez al Derecho Internacional en el Tratado Internacional de Versalles de 1919 y además fue reconocido específicamente en el Preámbulo del Tratado que constituyó la Organización Internacional del Trabajo en 1940. Una diversidad de pactos y convenciones internacionales lo han venido recogiendo tales como el Convenio Nº 100 de la OIT, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Estas ideas han mantenido total vigencia para impulsar cambios normativos en todo el mundo, y es así como en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre las Mujeres (Beijing, 1995) convocada por la Organización de las Naciones Unidas se establecieron compromisos de parte de todos los Estados miembros para reconocer no sólo que los derechos humanos, son, también, de las niñas y de las mujeres, sino que se adoptaron compromisos en pos de tomar medidas en el campo de las leyes y los procesos judiciales, de la administración y las políticas públicas, de las organizaciones sociales y políticas para que la consecución real de la igualdad de las mujeres y de los hombres se acelere. III. BRECHA SALARIAL EN CHILE La OCDE conceptualiza la brecha salarial de género como la “diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres expresada como un porcentaje del salario masculino”. Y el diagnóstico es categórico: Mujeres y hombres no ganan lo mismo por la realización del mismo trabajo o por trabajos de igual valor, y las mujeres son las principales perjudicadas, independientemente del sector en el que laboren, la categoría profesional que ocupen, la modalidad de contrato que tengan, el tipo de jornada que cumplan o el espacio territorial en que residen. La participación de las mujeres en el mercado laboral nacional oscila alrededor de 48%, distante del 62,3% de los países miembros de la OCDE y del 52,6% de los vecinos en América Latina. Según la OIT, la participación masculina llega al 71,2%. El estudio del INE “Mujeres en Chile y Mercado del Trabajo. Participación laboral femenina y brechas salariales” señala que “Las brechas salariales de género se producen indistintamente de la actividad económica en que se desempeñen las mujeres, la categoría ocupacional donde se insertan o los cargos y empleos a los que acceden”. Es decir, el componente discriminatorio que se aprecia la diferencia de salarios, es inherente al mercado del trabajo cuando se analiza éste con perspectiva de género, en cualquiera de sus ámbitos. Según datos entregados por el INE en su estudio de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos, en Chile el total de personas ocupadas es de 7.199.138, de las cuales 3.104.902 corresponde a mujeres y 4.094.196 corresponde a hombres. El mismo estudio revela que la estructura ocupacional de hombres y mujeres en nuestro país se desagrega en que el 65,8% de las mujeres se ubica en la categoría asalariadas, 20,6% en cuenta propia y 10,9% en servicio doméstico. En el caso de los hombres, estos se ubican principalmente en la categoría asalariados con un 74,6% y en segundo lugar en la categoría cuenta propia 19,2%. Los hombres que trabajan en servicio doméstico sólo corresponden a un 0,3%. Sin embargo lo más revelador es que el ingreso medio para las mujeres asciende a $338.791 y en el caso de los hombres es de $500.787. Esto da cuenta de una brecha salarial desfavorable para las trabajadoras de un 32,3%. La brecha promedio a nivel mundial se estima en el 15,6% Si se analiza por hora y dotación, nos encontramos con un escenario desfavorable a las mujeres, y que da cuenta de un sensible retroceso, pese a las políticas públicas y actividad legislativa en su favor: Descomposición de brechas salariales por hora para el total de ocupados IMAGEN A pesar de los resultados que Chile registra en las últimas décadas en materia de crecimiento económico, los niveles de desigualdad en los ingresos son altos y han permanecido casi inalterados. En este contexto, la OIT presenta diversos estudios que evidencian que existe una marcada relación entre la incidencia global de los bajos salarios en un país y su brecha salarial promedio de género. Esta fáctica y triste realidad, tiene implicancias en múltiples dimensiones: 1. En la economía: “la remuneración equitativa es un pilar fundamental del crecimiento económico y está estrechamente vinculada a la reducción de la pobreza: la ausencia de equidad remunerativa puede generar pobreza y fragmentación social, fenómenos que comprometen seriamente el crecimiento económico y el desarrollo”. 2. En la pobreza en cuanto a trabajadoras: Los niveles de pobreza de la mujer, están vinculados a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Chile ocupa el tercer lugar de las brechas salariales más elevadas entre los países de la región. 3. En la pobreza en cuanto a la tercera edad: Debido a la estructuración de nuestro sistema de pensiones, recibir una cantidad menor de ingresos a lo largo de la vida se traduce en una considerable rebaja de las pensiones a la hora de la jubilación, de ese modo las mujeres son perjudicadas y el Estado debe subsidiar el déficit, lo que no es suficiente solución. La Superintendencia de Pensiones aporta datos específicos respecto de aquellos trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema de AFP. En mayo de 2014 el ingreso imponible promedio a nivel país de los trabajadores dependientes hombres que cotizan en dicho sistema fue de $ 661.000, esto es 20,45% más que el ingreso imponible promedio de las mujeres, que llegó a $ 549.000. Esta brecha aumentó 9,45 puntos porcentuales desde 2004, cuando los hombres ganaban 11% más que las mujeres. IV. POLÍTICA Y LEGISLACION NACIONAL El problema de la brecha salarial de género por mucho tiempo formó parte de la agenda de género impulsada básicamente por organizaciones no gubernamentales, hasta la creación del Servicio Nacional de la Mujer. En el 2009 cristalizó en la publicación de la Ley Nº 20.348, producto de una moción parlamentaria de la diputada Alejandra Sepúlveda y de los diputados Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Eduardo Díaz, Jaime Mulet, Sergio Ojeda, Carlos Olivares, Jorge Sabag, Mario Venegas y Patricio Walker, para resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones. Con su promulgación se buscó también cumplir con la implementación del convenio Nº 100 de la OIT concerniente a “igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”, sin embargo se cambió su carácter a “igual remuneración por un mismo trabajo”. Esta mutación en la tramitación del proyecto de ley, lo amplio de su carácter, la reclamación en procedimiento ante el empleador (por escrito, según reglamento interno, con respuesta del empleador en 30 días), tornan muy difícil configurar las situaciones de discriminación salarial, y por ende, la norma se diluye en el pantano .normativo, dejando en indefensión a las mujeres en los hechos- El Comité CEDAW, en respuesta al informe periódico (2012) que Chile debió presentar a dicho organismo, planteó algunas preocupaciones en relación con la igualdad de remuneraciones. La primera, “por la persistencia de diferencias salariales entre las mujeres y los hombres y por el hecho de que el Estado parte no haya incluido el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en la Ley N° 20.348 (2009) sobre el derecho a la igualdad en las remuneraciones, de conformidad con lo las normas de la OIT”. Además, y aunque observa que en la ley se establece un mecanismo de presentación de denuncias, el Comité señala estar “particularmente preocupado por el reducido número de denuncias interpuestas”. En consecuencia, recomienda al Estado chileno: “a) considere la posibilidad de modificar la legislación para incluir el principio de igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor a fin de reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres, de conformidad con el Convenio N° 100 (1951) de la OIT sobre igualdad de remuneraciones; b) establezca mecanismos eficaces para hacer efectiva la Ley N° 20.348. c) Por último, solicita responder a las preocupaciones en un próximo informe que tiene fecha octubre de 2016.” En ese sentido Ley Nº 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, se promulgó en Chile el 2009, se inspiró especialmente en el Convenio Nº 100 de la OIT, que hace referencia en detalle y profundidad al principio de la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Hasta la fecha este Convenio ha sido adoptado por 171 países y aunque adquiere especial importancia en mercados laborales con elevada segmentación ocupacional por sexo, pocos han tomado medidas concretas para enfrentar el problema y en Chile estamos muy por debajo de la norma, a la cual voluntariamente nos obligamos y éticamente adeudamos. Es por todas estas razones que las diputadas y los diputados abajo firmantes presentamos el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Primero: Reemplácese el artículo 62 bis del Código del Trabajo por el siguiente: Art. 62 bis. El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor. Para determinar que a un trabajo se le atribuye un mismo valor que a otro, se deberá tomar en cuenta la existencia de similares requerimientos tales como la naturaleza de los servicios prestados, los requisitos de formación exigidos para su ejercicio, las condiciones laborales, las responsabilidades que se ejerzan o cualquier otro que permita establecer objetivamente la análoga valoración del trabajo realizado, no importando que los servicios a comparar se presten para un empleador distinto. Excepcionalmente, no se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones, cuando el empleador demuestre que se fundan en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. Las denuncias, revestirán el carácter de confidenciales cuando se realicen por la trabajadora afectada invocando el presente artículo y se sustanciarán de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V de este Código. Verificada la discriminación salarial, no sólo dará lugar a la multa correspondiente, sino que además, en el acto de la conciliación o sentencia definitiva, el juez adoptará todas las medidas que sean necesarias para corregir las arbitrariedades detectadas. Artículo Segundo: Sustitúyase en el artículo 154 número 6 del Código del Trabajo, el guarismo “200” por el guarismo “50”. Artículo Tercero: Intercálese un nuevo inciso tercero en el artículo 163 del Código del Trabajo del siguiente tenor: “La trabajadora despedida tendrá derecho a que la remuneración mensual para el cálculo de la indemnización, sea aquella que corresponda a un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, en aplicación del artículo 62 bis de este Código.”.