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El señor ULLOA.-
Señor Presidente , sin duda estamos en presencia de un informe para cuya elaboración los diputados que integran la Comisión debieron realizar un gran esfuerzo.
Recordemos que esta investigación tiene su origen en un proyecto de acuerdo presentado, entre otros, por la diputada señora Rosa González y el diputado señor Mario Varela , y que en su discusión tuvo activa participación mi querido amigo y ex diputado , Ramón Pérez Opazo , ya fallecido. Fue a ellos a quienes les solicitamos que encabezaran este trabajo.
Los resultados están a la vista. Se encuentran en el informe, especialmente en las conclusiones y en las proposiciones.
Las conclusiones son “dramáticas”, pues dan cuenta de las graves irregularidades cometidas y demuestran que hubo apropiación indebida de dineros fiscales por personas que nada tenían que ver con el tema marítimo-portuario. Todo ello con ocasión de una ley que puso término a Emporchi y que creó un número importante de empresas portuarias a lo largo del país, entre ellas Talcahuano-San Vicente . Pero lo más grave está dado en las conclusiones y proposiciones del informe.
En la proposición número 1 se solicita al Consejo de Defensa del Estado el estudio de estos antecedentes con el objeto de que interponga las acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables de los eventuales delitos -es la manera elegante de decir “de los delitos que se vieron aquí”- que se puedan haber cometido -y que se cometieron- por parte de funcionarios públicos y, en su caso, se haga parte en los procesos penales actualmente en tramitación.
No sé si el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte y me gustaría saber si lo ha hecho.
En el número 2 de las propuestas se solicita que la Contraloría General de la República instruya los sumarios administrativos correspondientes en contra de aquellos funcionarios públicos que aparecen comprometidos en los hechos investigados hasta hacer efectiva su total responsabilidad administrativa, prosiguiendo con los juicios de cuentas ya iniciados en contra de quienes resulten responsables.
Quisiera saber si estos sumarios están en camino y en qué etapa.
En la Comisión Investigadora se revisaron hechos increíbles. Por ejemplo, a cada uno de los 79 trabajadores marítimos-portuarios que operaban en el puerto de Lirquén, y también en Talcahuano, el Gobierno, a través de funcionarios públicos del gobierno regional -están los documentos; aquí se mostraron-, se comprometió a pagarles 8 millones de pesos. Además, de acuerdo al compromiso, les pagarían cursos de capacitación, ya que tenían que ser gratis para ellos. Así figura por escrito. Pero, ¿qué ocurrió? A los trabajadores les dieron 4 millones de pesos, de los cuales les descontaron los cursos de capacitación, y de los otros 4 millones nunca más se supo.
Posteriormente, todo el mundo se lavó las manos y hasta el día de hoy esos trabajadores están con sus proyectos de reconversión a medio camino. Los funcionarios públicos que asumieron el compromiso no lo cumplieron. Por eso, los trabajadores fueron golpeando las puertas de todas las autoridades, partiendo por las locales, las provinciales, las regionales, hasta llegar al ministro del Interior , con quien en la época tuve distintas conversaciones y me reconoció que estaba dispuesto a corregir el problema, pero nunca lo hizo. Me refiero al ex ministro José Miguel Insulza .
Nunca más se les pagó el compromiso adquirido con el Gobierno. En consecuencia, una vez más, los trabajadores fueron burlados.
Pero más allá de eso, los antecedentes recogidos en este informe permiten darse cuenta de que la propia Policía de Investigaciones reconoce que se cobraron comisiones por parte de “dirigentes”, pero que no lo hacían personalmente sino a través de otro personaje. Este caso lo comprobó la propia Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, Bridec, entre otros.
Se entregaron millones de pesos que no correspondían entregar, y a los pobres trabajadores -con los cuales se asumieron los compromisos-, por supuesto, no se les pagó.
Se comprobaron irregularidades por montos de cientos de millones de pesos que fueron entregados a personas que claramente no cumplían ni un solo requisito.
Suma y sigue. El diputado señor Rojas ha dicho -con toda razón, por cierto- que le gustaría que al final de la administración del Presidente Lagos se reconociera que en este caso hubo robo de plata y se cumpliera el compromiso del propio Gobierno; es decir, que se pagará a esos trabajadores, hasta el día de hoy, objeto de burla.
Quiero decir que de los 79 trabajadores de Lirquén, uno ya está muerto. Murió esperando que se cumpliera el compromiso que quedó establecido por escrito.
Debo agregar más. La propia Cámara ha aprobado dos proyectos de acuerdo dirigidos al Ejecutivo con el propósito que se pague. ¡Nunca se ha resuelto!
Según este informe, elaborado con tanto trabajo por señores diputados de todas las tendencias, demuestra que efectivamente hubo robos, irregularidades y situaciones anormales que esperamos nunca más vuelvan a ocurrir.
He dicho.
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