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El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente , cuando hace algunos días en la Comisión de Economía discutimos esta iniciativa, junto al proyecto que viene inmediatamente a continuación en el Orden del Día, que en definitiva propone lo mismo, pensé que podrían haberse tratado conjuntamente, en forma refundida, con un solo informe, pero no ha sido así.
En la Comisión, seis señores diputados votaron en contra de la idea de legislar y cuatro señores diputados se abstuvieron.
Aquí se ha mencionado el hecho de que este proyecto, no obstante ser iniciativa de diputados de la Concertación, que tienen mayoría en la Comisión, no fue votado favorablemente por ninguno de ellos.
Ingenuamente -ahora me doy cuenta de que no es así- creí que se habían convencido de lo innecesario de legislar por las contundentes informaciones que la Comisión recibió. En efecto, durante la discusión acordamos invitar al Superintendente de Bancos , a la Asociación de Bancos, a la ministra de Economía y a su asesor legal, para que nos dieran su opinión. También, a sugerencia del diputado Marcelo Díaz , se convocó a la Asociación de Consumidores, Conadecus.
Pues bien, la ministra de Economía, el Superintendente de Bancos -es importante recordar que este funcionario de Gobierno es dependiente del Ministerio de Hacienda-, los directivos de la Asociación de Bancos y de la Conadecus fueron enteramente contrarios a legislar sobre esta materia. Y no por razones caprichosas, como se ha pretendido dar a entender aquí, sino porque todos estimaron que esta iniciativa es innecesaria.
¿Cuáles son los objetivos, muy loables por cierto? Primero, protección a la vida privada de los clientes respecto de los bancos, los que hacen circular unas listas, que les dan el carácter de siniestros, donde aparecen sus nombres e historia; y, segundo, el igual acceso al crédito.
Pues bien, la vida privada de los clientes no puede ser expuesta de esa manera, toda vez que el propósito de ese listado es de uso exclusivo interno de los bancos sólo para su información. Además, hay sanciones penales y muy severas para quienes infringen lo dispuesto por la ley. De manera que ese aspecto ya está legislado.
El segundo propósito es la igualdad de acceso al crédito; esto es, la no discriminación y que también está legislado. En la ley de protección al consumidor, si bien no está expresamente establecido que el acceso al crédito es uno de los servicios que debe ser protegido -cosa que se ha interpretado así desde siempre-, no hay opinión en contrario.
Por eso decimos que esta legislación nos parece innecesaria.
Además, es importante que repasemos la relación de un banco con un cliente. Ya lo decía el diputado Alvarado. Existe una relación de confianza. A un banco no se le puede obligar a que preste plata, pero sí a que no discrimine. Si a determinada persona le otorgan un crédito con ciertas condiciones, otra podría exigir lo mismo. Pero ¡ojo!, cada operación de crédito es distinta. Los bancos no pueden poner en pizarras las condiciones de los créditos, porque cada uno de ellos es un traje a la medida. Está hecho especialmente, de acuerdo al proyecto que hay detrás de cada solicitud.
En consecuencia, un préstamo otorgado por el mismo monto, el mismo plazo y con las mismas garantías, por la sola circunstancia de tener un deudor distinto, ya es una operación distinta.
Como ya lo expresé, tiene que existir una relación de confianza y ésta es la que se da por parte del banco respecto del cliente como también del cliente hacia el banco. Además, debemos recordar que el dinero que prestan los bancos no es propio, sino que es el que captan del público.
Por otra parte, si hay un banco que paga la tasa más alta, podría pensarse que toda la gente depositará el dinero en esa institución. Pero, en la práctica, no ocurre así, porque la gran mayoría de las veces los bancos que pagan una tasa inferior son los que más reciben depósitos
¿Por qué? Porque hay una relación de confianza entre el depositante y el banco. Esa misma relación de confianza debe existir al revés, entre el banco y el cliente.
En consecuencia, tratar de obligar a los bancos a señalar en una pizarra las condiciones de los créditos, me parece completamente inconveniente. Eso atentaría en contra del sistema bancario, que goza de gran prestigio a nivel mundial. Quizás, contribuiríamos a su destrucción.
La Superintendencia de Bancos es uno de los organismos con más prestigio en el mundo en lo que se refiere a la supervigilancia de la actividad bancaria. Esta entidad no vela sólo por los bancos, sino también por la economía del país y por la seriedad con que deben funcionar nuestras instituciones. Tiene la obligación de calificar a los bancos en función de cómo desempeñan su actividad, y lo hace por gestión y por solvencia.
Insisto, pretender legislar sobre estas materias es completamente inconveniente, innecesario, incluso, perjudicial para el sistema. Si creemos que basta con un padrón que señale las condiciones para el otorgamiento de un crédito, a lo mejor no tendríamos sistema bancario. Podríamos tener un solo banco estatal que le preste a todo el mundo en las condiciones establecidas en una pizarra. Pero me imagino que eso no es lo que queremos, sino un sistema bancario, como el que tenemos, que goza de prestigio en todo el mundo.
En síntesis, el proyecto es malo e inconveniente. Ingenuamente, como lo dije al comienzo de mi intervención, pensé que los patrocinantes de esta iniciativa se habían convencido de ello, pues como van a ver, inmediatamente a continuación en el Orden del Día, cuando se votó el otro proyecto en la Comisión, también fue rechazado por cinco votos y cuatro abstenciones. O sea, no hubo ningún voto a favor para ninguno de los dos proyectos.
He dicho.
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