REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 353ª, ORDINARIASesión 54ª, en miércoles 19 de octubre de 2005(Ordinaria, de 11.05 a 14.06 horas) Presidencia de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; y Cornejo Vidaurrázaga, don Patricio. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 6 II. Apertura de la sesión 9 III. Actas 9 IV. Cuenta 9 V. Orden del Día. - Mejoramiento de condiciones de retiro de los funcionarios públicos. Primer trámite constitucional. (Continuación) 9 - Suspensión de inscripción de automóviles colectivos y buses en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Proposición de Comisión Mixta 35 - Perfeccionamiento de normativa sobre documento electrónico e incorporación de firma electrónica. Modificación del Código de Procedimiento Civil y de la ley N° 19.799. Primer trámite constitucional 36 VI. Proyectos de acuerdo. - Suspensión de tratamiento de proyectos de acuerdo 37 VII. Incidentes. - Alcances sobre fiscalización de la pesquería artesanal en Aisén. Oficios 37 - Modificación del mecanismo de egreso de los pequeños agricultores del Programa de Desarrollo Local de Indap. Oficio 38 - Investigación de asesorías de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío a comités y cooperativas de agua potable rural. Oficio 39 - Instrumentos de desarrollo agrícola en comunas de Ñuble 41 VIII. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (boletín N° 3021-07) 43 2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, con el fin de exigir licencia clase “F” para conducir vehículos de emergencia de bomberos. (boletín N° 3556-15) 43 3. Ordena la anotación de los vehículos robados en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. (boletín N° 3344-15) 44Pág. - Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos: 4. Acuerdo aprobatorio del “Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros”. (boletín N° 3917-10) 44 5. Informe complementario de la Comisión de Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley N° 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas. (boletín N° 3797-19) 45 6. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Errázuriz que responsabiliza al comprador de un vehículo del pago de multas, aunque la transferencia no esté hecha. (boletín N° 4024-15) 48 7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vargas, Bayo, Barros, Bertolino, Delmastro, García, Hidalgo, Jofré, Olivares, y de la Diputada señora Soto, doña Laura, que modifica la forma de elegir alcalde en caso de vacancia en el cargo. (boletín N° 4023-06) 49 8. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ulloa, Álvarez, Bauer, Bertolino, Cardemil, Encina, Galilea, don José Antonio, Norambuena y Villouta, que establece un nuevo plazo para la regularización en la inscripción de armas de fuego, dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014. (boletín N° 4025-02) 50 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios Contraloría General de la República: - Diputado Navarro, información sobre venta de Essbío a Corfo. - Diputado Vargas, solicitud de información sobre proceso y legalidad de fijación de tarifas eléctricas. - Diputado Prieto, antecedentes proyecto de construcción nuevo puente sobre el Río Loncomilla, por la empresa Constructora Incafal. Ministerio Secretaría General de Gobierno: - Proyecto de Acuerdo Nº 660, patrocinio del Gobierno de Chile a solicitud del Comité Olímpico chileno para sede de Juegos Sudamericanos Odesur 2006. - Proyecto de Acuerdo Nº 661, apoyo oficial a realización de Juegos Sudamericanos Odesur 2006 en Chile. Intendencia Región de Los Lagos: - Diputado Kuschel, medidas para controlar y reducir manadas de perros vagos que deambulan por la ciudad. Municipalidad de San Carlos: - Diputado Monckeberg, medidas para limpiar el lecho del canal Navotavo, a la altura de calle General Venegas, comuna de San Carlos. Municipalidad de Puerto Montt: - Diputado Kuschel, avance en recuperación de locales incendiados en Angelmó. Municipalidad de Quemchi: - Diputado Kuschel, medidas para controlar y reducir manadas de perros vagos que deambulan por la ciudad. - Diputado Kuschel, factibilidad o estado avance comunidades terapéuticas alcoholismo y drogadicción. Municipalidad de Chonchi: - Diputado Kuschel, factibilidad o estado avance comunidades terapéuticas alcoholismo y drogadicción. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (90)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38Araya Guerrero, Pedro PDC II 4Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Bayo Veloso, Francisco RN IX 48Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Bustos Ramírez, Juan PS V 12Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo Vidaurrázaga, Patricio PDC V 11Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44Encina Moriamez, Francisco PS IV 8Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29Escalona Medina, Camilo PS VIII 46Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Forni Lobos, Marcelo UDI V 11Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Guido PPD RM 18González Torres, Rodrigo PPD V 14Guzmán Mena, Pía RN RM 23Hales Dib, Patricio PPD RM 19Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43Jofré Núñez, Néstor RN I 2Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57Leal Labrín, Antonio PPD III 5Longueira Montes, Pablo UDI RM 17Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Mora Longa, Waldo PDC II 3Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Palma Flores, Osvaldo RN VII 39Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1Paya Mira, Darío UDI RM 28Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35Pérez San Martín, Lily RN RM 26Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47Quintana Leal, Jaime PPD IX 49Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34Soto González, Laura PPD V 13Tapia Martínez, Boris PDC VII 36Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Tohá Morales, Carolina PPD RM 22Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32Varela Herrera, Mario UDI RM 20Vargas Lyng, Alfonso RN V 10Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos IND-RN III 5Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48Walker Prieto, Patricio PDC IV 8 -Con permiso constitucional no estuvieron presentes la diputada señora Isabel Allende, y el diputado señor Alejandro Navarro.- -Asistió, además, el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.05 horas. El señor ASCENCIO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor ASCENCIO (Presidente).- El acta de la sesión 49ª se declara aprobada. El acta de la sesión 50ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor ASCENCIO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a la Cuenta. V. ORDEN DEL DÍAMEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde iniciar el debate, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 3975-13, sesión 40ª, en 6 de septiembre de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Primeros informes de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda, sesión 52ª, en 18 de octubre de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs. 25 y 26, respectivamente. El señor ASCENCIO (Presidente).- Los informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda fueron rendidos en la sesión de ayer. En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros. El señor RIVEROS.- Señor Presidente, este proyecto podría llamar a confusión, porque todos esperábamos uno que resolviera el denominado “daño previsional”. Sin embargo, estamos conociendo una iniciativa que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. Es decir, toca tangencialmente lo referente al daño previsional, pero -debo decirlo con franqueza- no lo soluciona de manera global y definitiva. De manera que muchos trabajadores del sector público seguirán reclamando por esta situación, y nosotros -lo digo con absoluta decisión- los seguiremos acompañando en esa reclamación. El daño previsional tiene un origen estrictamente previsional. El elemento que más incide en que las tasas de reemplazo -es decir, la remuneración que el trabajador recibirá una vez que se pensione comparada con la de su etapa activa- sean sensiblemente más bajas para los trabajadores que se cambiaron del antiguo al nuevo sistema de pensiones es el cálculo del bono de reconocimiento, que se hizo sobre la base de sus cotizaciones previsionales en el antiguo sistema de pensiones, de acuerdo con su remuneración base, y no en relación con el total de sus haberes. Entonces, al revisarlo, uno se da cuenta de que su monto es considerablemente menor al que correspondería, si se hubiera considerado -reitero- el total de sus haberes. Ahora bien, ¿qué ocurre con el proyecto que estamos discutiendo? Que el Ejecutivo lo catalogó como laboral y no previsional. Por lo tanto, se produce una distancia enorme entre los numerosos requerimientos de la Cámara para solucionar el daño previsional y la respuesta del Ejecutivo. Se han presentado varios proyectos de acuerdo e, incluso, se realizó una sesión especial para tratar el tema. Desgraciadamente, en este plano, así como también en otros, los parlamentarios no tenemos iniciativa legal y quedamos sujetos a la voluntad del Ejecutivo y a las condiciones que éste fije para enfrentar estas materias. Es algo que debo dejar planteado, porque hay una distancia enorme entre lo que nosotros señalamos y la respuesta que hemos tenido a través de este proyecto. Además, el senador Andrés Zaldívar presentó un proyecto que apuntaba directamente a resolver el daño previsional, pero la moción no fue patrocinada ni acogida por el Ejecutivo. Creo que estaríamos en otro escenario si se hubiera acogido esa iniciativa, la cual no puede ser tramitada en esta Corporación ni en el Senado, porque está fuera de nuestras facultades como parlamentarios. Cuando intervengo, no lo hago sólo en nombre propio, sino en el de muchos otros parlamentarios, entre los cuales se encuentra el diputado Eduardo Saffirio, quien ha estado íntimamente comprometido con el problema, toda vez que conoce casos muy específicos en la Novena Región, los que se repiten a lo largo de todo el país. Quiero señalar un punto que cruza el proyecto, y que hemos debido analizar en comisiones especializadas. Sin ser miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social concurrí a ella, porque me parecía importante analizar algunos aspectos, partiendo de la base -insisto- de que este proyecto no resuelve de manera definitiva el daño previsional. ¿Qué preocupaciones surgieron durante la discusión del proyecto? Que hay elementos técnicos a los cuales había que hacer frente. Por ejemplo, la base de cálculo para la tasa de reemplazo estaba establecida única y exclusivamente en relación al retiro programado, que es una de las modalidades de nuestro sistema previsional. Ése era el proyecto original presentado por el Ejecutivo. Si sólo se toma como base de cálculo de la tasa de reemplazo el retiro programado, una gran cantidad de trabajadores puede quedar al margen de este beneficio, que aun cuando no soluciona el daño previsional, es significativo. La tasa de reemplazo, que se fija en 55 por ciento, calculada de otro modo pudiera dejarlos fuera. El proyecto incorpora otras modalidades para definir la pensión de los trabajadores. Por ejemplo, la renta vitalicia inmediata o renta vitalicia inmediata con retiro programado, o retiro programado o renta temporal vitalicia diferida, para quienes se encuentren percibiendo pensiones de vejez del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Sin embargo, fue necesario hacerse cargo de otras situaciones. Para ello, se instaló una mesa de diálogo con el sector público y en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se analizó la retroactividad del beneficio, que luego fue refrendada en la Comisión de Hacienda. En el proyecto original el financiamiento era mediante las partidas de las distintas reparticiones. Pero el Estado debe financiar totalmente este beneficio con dineros extras del Tesoro Público, sin tocar los recursos asignados a cada uno de los servicios de la administración pública. Por otra parte, el artículo 8º, a mi juicio, declara la incompatibilidad entre el bono al que los trabajadores tienen derecho, por concepto de nuevo trato, con el bono que ahora se plantea. Está redactado de tal manera, que elude una situación muy concreta: que los trabajadores del sector público tienen derechos adquiridos. Hemos buscado la forma de votar por separado el artículo 8º, pero está redactado de tal manera que ni por esa vía se lograría el objetivo deseado, porque colisionaría con los intereses de algunos beneficiados por la futura ley. Es una situación típica que se produce en proyectos de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en los cuales se toma o se deja. Desde mi punto de vista, esa no es la forma más idónea de legislar. Algunos sectores han quedado fuera del proyecto. Por ejemplo, los ferroviarios, que también tienen una tasa de reemplazo muy precaria una vez que termina el período de puente que establece la ley. Por eso, con energía digo que aquellos que se acogieron a jubilación por una ley especial deberían estar entre quienes mejoren sus pensiones a través de ésta o de otra iniciativa que solucione el daño previsional. Insisto, con este proyecto no se solucionará el daño previsional, porque muchos trabajadores seguirán con tasas de reemplazo muy precarias. Hay casos emblemáticos, como el de la arquitecta señora María Teresa Hortal, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que debió trabajar diez años más, hasta los 70 años de edad, y sólo logró mejorar en un 50 por ciento su tasa de reemplazo. En definitiva, debemos procurar que se repare el daño previsional. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, hace un tiempo realizamos una sesión especial para analizar el daño previsional. En aquella ocasión contamos con la presencia en las tribunas de muchos trabajadores, ante los cuales, durante mi intervención en el debate, comprometí el apoyo de la UDI para aprobar cualquier iniciativa del Gobierno -el Presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en esta materia- que buscara reparar la injusticia de la que durante muchos años fueron objeto los funcionarios públicos. El origen de esa injusticia, que sólo afecta a los trabajadores del sector público, no a los del sector privado, se encuentra en una práctica utilizada por diversos y sucesivos gobiernos, de todos los signos políticos, que incluyeron entre las remuneraciones de sus trabajadores una serie de asignaciones no imponibles, como la de profesionales, la de responsabilidad y otras. Esta situación nunca se habría notado si no hubiéramos cambiado de sistema previsional, porque aunque eran muchos los regímenes que consideraba el antiguo sistema, el de cajas de previsión, el concepto era el mismo: la pensión se calculaba, básicamente, de acuerdo con un promedio de las remuneraciones brutas que durante los últimos tres o cinco años había percibido el trabajador. Por cierto, ese promedio incluía las asignaciones no imponibles. Por eso no se notaba esta “frescura” de los gobiernos, que buscaban abaratar la contratación de funcionarios públicos mediante el pago de cotizaciones previsionales que no consideraban el total de sus remuneraciones. Pero cuando se produjo el cambio de sistema previsional, quedó al desnudo, porque hubo que calcular el bono de reconocimiento a todos los trabajadores que se cambiaron de sistema. Ése es el origen del problema. Creemos que debe repararse esa injusticia, razón por la cual en la sesión especial que mencioné comprometí el apoyo de la UDI a cualquier iniciativa del Gobierno que tendiera a hacer justicia en esta materia. Lamentablemente, el proyecto en debate es insuficiente, pues en lugar de proponer una solución por grupo, de acuerdo con el daño que se les causó, otorga un bono parejo a todos los afectados. Más que un real intento por reparar la injusticia cometida, esto parece una dádiva. Además, el beneficio se hace incompatible con otros que los trabajadores han obtenido por diversos conceptos, como el bono considerado en la ley de nuevo trato. Por otra parte, hay sectores, como el de los ferroviarios, como mencionó el diputado señor Riveros, que resultan completamente fuera del beneficio, no obstante que también fueron perjudicados por la mala práctica de no imponer cotizaciones a los trabajadores del sector público por el total de sus remuneraciones. Estamos ante un proyecto respecto del cual el Congreso Nacional no tiene mucho que decir, pues, por carecer de facultades, los parlamentarios no podemos corregir nada. Estamos entregados a la voluntad del Ejecutivo. Se ha hecho un esfuerzo, pero, a nuestro juicio, es menor. Además, la iniciativa fue calificada como un proyecto de carácter laboral, cuando todos sabemos que, en el fondo, tiene carácter previsional. Como consecuencia de ello, estamos obligados a votar a favor o en contra de lo que se nos ha presentado. Obviamente, lo haremos a favor, pues si bien es insuficiente el grado de justicia que se hace, como dicen los jóvenes: “Es lo que hay”. Nos parecería absurdo negar a los trabajadores al menos una reparación parcial por la injusticia que se cometió con ellos durante tantos años, al no imponérseles cotizaciones por el total de sus remuneraciones. Por eso, anuncio el voto a favor de mi bancada. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, nuestras facultades constitucionales son tan restringidas en materia de seguridad social y en otras que sólo debemos remitirnos a aceptar o rechazar el proyecto. Ni siquiera podemos formular indicaciones, por lo cual resulta muy compleja la discusión. También resulta difícil, y quizás tedioso, remontarnos a los orígenes históricos del daño previsional de los funcionarios públicos. El diputado Dittborn señaló una secuencia de gobiernos, pero no indicó exactamente el momento histórico en que se produjo. A mi juicio, el daño previsional se inició con el cambio del antiguo sistema previsional al nuevo, representado por las AFP, que ocasionó una pérdida de hasta un 30 por ciento de las rentas al momento de jubilar. Hay responsabilidad política del gobierno que dictó el decreto ley Nº 3.550, que creó el nuevo sistema previsional, y también de aquellos que lo sucedieron al no haber resuelto hasta ahora el problema. El proyecto que hoy nos convoca, más que una reparación al daño previsional, es una bonificación al retiro. Mejora las condiciones de retiro de los trabajadores y de las trabajadoras del sector público. Su discusión ha sido un trabajo difícil y además viene con urgencia. En la Comisión de Trabajo escuchamos a los funcionarios y a las funcionarias del sector público y sus integrantes quedamos convencidos, como lo señaló el diputado Edgardo Riveros, que sólo se establece un incentivo o una bonificación al retiro. De reparación al daño previsional hay muy poco. Quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los funcionarios públicos por mejorar esta situación. Sin embargo, hay conflicto, hay tensión, como también lo señaló el diputado Riveros, porque ni siquiera con una votación separada en el artículo 8º podría salvarse el problema de fondo, que tiene que ver con los derechos adquiridos de los funcionarios públicos. Fue nuestro deseo que este proyecto se hubiera visto con más calma, ojalá en noviembre; sin embargo, fue calificado con urgencia. Ayer logramos que, de alguna manera, se redujeran las carencias. Ahí es donde radica el conflicto en relación a los derechos que han ganado los funcionarios públicos gracias a sus muchas movilizaciones. Porque nada de lo que han obtenido, entre ello la ley de Nuevo Trato, ha sido un regalo, sino consecuencia de las movilizaciones realizadas durante muchos años. Por eso señalamos que en el número 2) del artículo 8º está el conflicto de fondo del proyecto. Si bien es cierto que aquí se favorece a un gran número de funcionarios y de funcionarias de la administración pública que hoy ganan menos de 437 mil pesos, queda pendiente otra gran cantidad, quienes van a tener que esperar el bono durante cinco años si es que hoy aprobamos esa modificación mínima que hemos solicitado al Ejecutivo, para reducir este conflicto relacionado con los derechos adquiridos. Lamento esta situación, porque, de verdad, no hay un mejoramiento en el daño previsional que se provocó con el nuevo sistema. Éste va a persistir. Hoy, todos los afiliados al antiguo sistema reciben el ciento por ciento de lo que han cotizado -es decir, en el antiguo sistema no se produce esta “frescura” de que hablaba el diputado Dittborn-. Ellos se jubilan con el ciento por ciento de sus remuneraciones, lo que no sucede en el nuevo sistema. Aquí se cometió un error histórico que hoy provoca tanto daño a miles de chilenas y chilenos, y que tenemos el deber de corregir profundamente en los próximos gobiernos de la Concertación. El Estado debe subsidiar permanentemente, a través de distintas pensiones asistenciales o de la garantía estatal, de manera de ir subsanando los desaciertos perversos que contiene este sistema previsional fundado en la capitalización individual de los fondos de pensiones. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, esta mañana la Cámara de Diputados nos ha convocado a debatir sobre un proyecto, de iniciativa del Ejecutivo y, por lo mismo, me alegro mucho de que esté presente en la Sala el ministro de Hacienda para escuchar lo que los diputados de Oposición pensamos al respecto. Lo digo de esta manera, porque el proyecto es diferente de como dice el epígrafe “Proyecto de ley que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones”. Efectivamente, aquí hay una propuesta para las rentas más bajas de los funcionarios públicos, pero -quiero decirlo con la claridad que requiere esta materia- es absolutamente insuficiente para resolver el problema del daño previsional. El país debe asumir que existe un grupo de chilenos que durante más de veinte años prestaron servicios al país como funcionarios públicos; le entregaron parte de su vida para servirlo bien, lo cual ha sido reconocido en este proyecto. Ya se explicó a la Sala que el daño previsional viene de cambiar, en 1981, el sistema de reparto, solidario, por el de las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, el ahorro privado, particular, de cada trabajador. Pero, en ese tiempo, los funcionarios públicos tenían un sueldo base y asignaciones que no estaban consideradas en el sistema previsional. Ésa es la primera razón de su increíble deterioro previsional. Durante los quince años de gobiernos de la Concertación hemos legislado sobre distintas materias. Por ejemplo, el país asumió la situación de los exonerados políticos que implicaba resolver, entre otros derechos que habían perdido, un problema previsional. Los diputados de Derecha también concurrimos con nuestros votos para ayudar a los exonerados políticos. En esta oportunidad, un daño previsional no puede resolverse con un bono de carácter laboral. Es imposible aceptar esta solución cuando hemos trabajado para demostrar que el cálculo del bono de reconocimiento -cifra más bien ilustrativa, porque esa plata no existe; no la tiene el Estado; la perdieron todos los gobiernos anteriores- no aporta nada nuevo al sistema previsional de los trabajadores públicos. Por eso, voy a votar en contra, porque, con los recursos de que dispone el erario y con la responsabilidad política de un Presidente popular, reconocido por todos los sectores como que ha hecho un buen gobierno, no podemos aceptar que un sector de 178 mil chilenos sea sometido a una vejez invivible, etapa en la que necesitan más recursos. Por eso, es imprescindible hacer una modificación. Las razones dadas por el ministro de Hacienda en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda, son atendibles sólo en parte. Este proyecto, incluso, atropella la ley de Nuevo Trato Laboral, pues quita derechos adquiridos por los trabajadores y los hace incompatibles. Debemos actuar con responsabilidad y sin demagogia. Nunca el país en su historia republicana había tenido tal nivel de ingresos. Es el momento de devolver la mano a los funcionarios públicos. El proyecto será financiado con fondos del Tesoro Público que en este momento tiene reservas suficientes para asumir el gasto. En el informe de la Comisión de Hacienda se señala que, en 2006, el costo fiscal del beneficio propuesto alcanzará a los 3.058 millones de pesos, cifra que irá en aumento en los años siguientes. El país está perfectamente en condiciones de financiar estas rentas, jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es la realidad que hemos apreciado en los últimos años, porque este problema no es nuevo? Profesores, con más de 70 ó 75 años, no pueden jubilar y deben seguir trabajando, incluso, impidiendo que asuman profesores jóvenes en escuelas estatales. Y no pueden jubilar porque su tasa de reemplazo, su remuneración, se reduce prácticamente a un tercio. Eso se trata de mejorar acá, pero sólo respecto de rentas menores, pues existe un techo que impide que se mejoren todas. Entonces, hay profesionales cuyo sueldo, por sus años de servicio, la calidad del trabajo que realizan y los cargos y responsabilidades que desempeñan, supera el millón o el millón doscientos mil pesos mensuales, cifra que se reduciría a un tercio si jubilaran. Por eso no pueden hacerlo. Ésa es la realidad y tenemos que buscar una solución a este problema. La totalidad de los dirigentes de asociaciones gremiales del sector público agrupadas en la Anef con los que me he reunido -Confenats, Colegio de Profesores, Ajunji, Antue, Asemuch, Confusam, Confemuch, Colegio de Enfermeras, Fenpruss, Fentess, Fauech, Fenafuch y Fenafuech- rechazan este proyecto, sin perjuicio de que varios firmaron un acuerdo con el Gobierno, encabezados por la CUT. Hoy -insisto- es necesario abordar con seriedad este problema. Se debe resolver ahora, cuando el país está en condiciones económicas para ello, cuando se reclama por una pensión digna con la calidad de ex funcionario público. Espero que se abra una puerta, porque no podemos tolerar que se legisle de esta manera, en que sólo el Ejecutivo tiene la palabra. El diputado Edgardo Riveros, aun cuando no es miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, señaló que en años anteriores se presentaron varios proyectos de acuerdo con el objeto de pedir una solución a este problema; sin embargo, luego de quince años de gobiernos de la Concertación aparece este proyecto absolutamente parcial, pues -reitero- no resuelve el problema del daño previsional en su totalidad. Por eso lo voy a votar en contra. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas no efectuar manifestaciones, a fin de poder escuchar todas las opiniones de las señoras diputadas y de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, el Gobierno de la Concertación no es culpable del daño previsional, pues hay que recordar que el problema partió en la década del ochenta. Piñera se llamaba quien creó el sistema de las AFP, que esperamos corregir. Es uno de los puntos clave del programa presidencial de Michelle Bachelet y lo hemos conversado con los diputados señores Riveros, Álvarez-Salamanca, Villouta y Vilches. Disiento de la opinión del diputado Vilches. Este problema va más allá de un asunto de Gobierno y de Oposición. Es un tema ciudadano, de la gente. Por lo tanto, no mezclo las cosas. En los temas ciudadanos, dejemos de lado la politiquería. El diputado Riveros es experto en el tema. Muchos hablan de esta materia sin conocerla. Es un asunto específico que hay que estudiar en profundidad y tener experiencia. Tenemos pendiente una reforma integral de todo el sistema previsional; no sólo de los civiles, de los empleados públicos, sino también de las Fuerzas Armadas. Ése es el primer punto del programa de gobierno, a partir de marzo, que dio a conocer nuestra candidata presidencial -lo dijo ayer-. Es cierto lo que han expresado los diputados aquí. Nos comprometemos a tramitar el proyecto respectivo con la mayor celeridad. Por lo tanto, queda claro que hay una demanda por satisfacer, sin importar de quien haya sido la culpa, los errores del pasado y las soluciones parche. Debemos establecer una previsión final acorde con la realidad del país. Tampoco se trata de decir aquí -como el diputado Dittborn señaló- ”Es lo que hay”. No, a mí no me eligieron diputado para decir “Es lo que hay”. En esta Sala estamos quienes decidimos sobre los proyectos de ley y si lo que hay no nos satisface, deberemos buscar los canales para mejorar aquello. Ése es el punto. No hay que politizar un tema tan importante como éste. Estamos próximos a elecciones y se tiende a buscar los respaldos de quienes hoy se sienten afectados. Este tema es de todos; no sólo del ministro de Hacienda, del director de Presupuestos o de otros secretarios de Estado. A través del proyecto se intenta paliar el efecto causado por el daño previsional. A lo mejor, no es lo que se esperaba, pero, hay que reconocer que es un avance. Peor es no hacer nada, aunque sin duda, no es suficiente. Estoy seguro de que la señora María Teresa Hortal -que nos acompaña desde las tribunas-, con 71 años de edad, viuda y después de haber trabajado treinta y siete años, recibe de pensión menos de la mitad de lo que le correspondería. Obviamente, debido a su situación, ella pregunta, ¿qué hago diputado? Lo que hemos hecho es conversar con representantes del Ejecutivo. El ministro de Hacienda fue receptivo a nuestra propuesta de ayer y hoy se ha presentado una indicación que reduce en 28 por ciento el tiempo de espera de las personas, poniendo como límite cinco años. Es un avance. Primero estábamos en siete años; luego en seis, y ahora estamos en cinco. O sea, los canales todavía están abiertos para conversar. Entonces,¿para qué tanta rapidez?. Ayer me opuse a que hoy viéramos el proyecto. Sin embargo, en una reunión de Comités, a la cual no asistí, ya que no me avisaron, porque seguramente sabían que me iba a oponer, acordaron tratarlo hoy. Estaba en la Comisión de Hacienda despachando la futura ley de Presupuestos. No veo la urgencia. Es cierto que deberá entrar en vigencia el 1º de enero de 2006, pero antes debe pasar al Senado. Pienso que en esta Cámara debemos darle otra vuelta al proyecto. Por de pronto, vamos a pedir votación separada para el artículo 8º, en lo que corresponda. Hay cosas que están bien en el proyecto; tenemos las mejores intenciones, porque es un avance. ¡Miren la cantidad de millones: 3.058 para el próximo año!; 30 mil millones para el 2025; 80 mil millones para el 2045; es decir, 313 mil millones destinados por el Gobierno a este efecto. ¡Es plata! Tampoco se trata de echar todo por la borda. Esto está aquí. Es un pájaro en la mano. ¡Pero veamos cómo solucionamos los temas de la Empresa de Ferrocarriles, de la Anef, del período de carencia! La voluntad está. Hemos bajado el tope a cinco años. Todavía nos queda espacio para dialogar, para conversar, sin cerrar posiciones, para que así, nuestra querida María Teresa Hortal, pueda tener también un poquito más. Hay disposición y ahí está la indicación presentada. Este es un tema país; juntos, Gobierno, parlamentarios -aquí está la democracia- y representantes de los trabajadores. ¡Ésta es la manera de hacer las cosas! Por lo tanto, agradezco al Ejecutivo haber puesto en la mesa 313 mil millones de pesos, de aquí al 2050. Partamos de ahí, la plata ya está. También agradezcamos al ministro por haber bajado las proyecciones iniciales, de siete años a cinco, como tope máximo a un extremo del período de carencia. Eso ya está. ¿Qué nos queda? Avanzar en las excepciones. Entiendo que se arregló la del promedio de los últimos 36 meses para aquellos que hayan incrementado sus remuneraciones por concepto de ascensos; está la voluntad para que ello no sea un impedimento. También entiendo que está el intento de considerar a quienes laboran en actividades calificadas como trabajos pesados. Es decir, está la disposición de avanzar. Pero nos queda el problema de la incompatibilidad producto de la ley de Nuevo Trato Funcionario. Lo dijeron los diputados señores Riveros, Vilches y Dittborn; es decir, se entrecruzaron las bancadas en algo que está. Entiendo que habrá problemas de dinero; estamos hablando del sector público, acotado a 150, 180 o 200 mil funcionarios, dependiendo de las circunstancias. Queremos modernizar la función pública; lo ha hecho el Presidente Lagos, y ha sido nuestra mayor intención. Hemos modernizado los presupuestos; hemos buscado programas. Queremos gente más capacitada. No quiero decir que los actuales funcionarios no estén capacitados; pero sí que durante muchos años no se les dio la opción de capacitarse. Todavía trabajan empleados que tienen 71 años, en circunstancias que merecen un descanso. Pero, para producir el recambio, necesitamos que esta gente opte por el retiro voluntario y pueda irse medianamente contenta, permitiendo que muchachas y muchachos jóvenes ingresen a la Administración Pública. Nadie está en contra de eso, porque se trata de una rotación normal, pero démosles una salida razonable a los que se van. Me cuesta entender cómo, con ejecutivos inteligentes, que han demostrado su capacidad en estos siete años, con dirigentes que defienden lo suyo, como el señor de la Puente, con quien hemos discutido estos problemas, y con un Congreso que se expresa por encima de temas políticos, no se haya podido encontrar una solución. No es posible que con este tipo de ejecutivos, de dirigentes y de parlamentarios, no podamos llegar, de una manera u otra, a un resultado correcto, concreto, positivo, sin pasarnos de la raya. Cuesta encontrar razones para no tener una solución final. No sé si los orgullos o los “empotamientos” de los sectores no nos dejan avanzar. Nos pasa en los partidos. De repente, las figuras máximas se ponen a pelear entre ellas y, a lo mejor, abajo se resolverían los temas de las regiones, sin ningún problema, pero las envidias... ¿Por qué no buscamos una solución? Hay tiempo. El proyecto va al Senado. Recojo lo suyo, diputado señor Riveros, y vamos a pedir votación separada, no para rechazarlo, sino en el ánimo positivo, porque hay que sacarlo adelante. Vamos a procurar que en el Senado se encuentre una fórmula de solución. A lo mejor, nos volveremos a juntar, pero ya no con los técnicos. Todos sabemos hasta dónde llega la labor de los técnicos; todos conocemos “el primer piso y el segundo piso de La Moneda”, pero el que manda es el jefe. Debemos hacer una reunión entre quienes entienden la materia, con la mejor disposición, y en presencia de quienes toman la decisión final. Tenemos plazo hasta noviembre, mes en que el proyecto se trata en el Senado. Debemos aprovechar las próximas dos semanas para no perjudicar a nuestros esforzados servidores públicos de todo el país. Todos los conocemos. Incluso aquí, en la Cámara de Diputados, tuvimos, hace poco, una telefonista que trabajó hasta después de los de 80 años, porque si jubilaba antes no alcanzaba a percibir ni siquiera el 55 por ciento de su renta; se iba a jubilar con 20 veinte o 25 por ciento, y eso no puede ser. Sabemos que tenemos problemas presupuestarios, pero también estamos enterados de que Codelco y los buenos manejos del ministro de Hacienda y de su equipo nos están dejando miles y miles de millones de dólares, y eso lo entiende muy bien el diputado Salaberry. La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional comparten nuestra oposición al proyecto en los términos actuales. También la comparte la diputada señora Adriana Muñoz, ex presidenta de la Cámara. Pero nuestra oposición no pretende provocar un quiebre y votar en contra sólo por oponernos; por el contrario, nos anima el mejor de los propósitos. Queremos agotar todas las instancias para lograr un mejor proyecto; nos quedan dos semanas de tramitación. Entonces, agotemos la discusión, pero con la presencia del ministro de Hacienda y del director de Presupuestos. Felicito a los técnicos por todo lo que han avanzado en la tramitación de la iniciativa, pero llegó el momento de los ajustes finales. Hagamos un intento. ¡Qué lástima que hoy tengamos que votar el proyecto! Ayer planteé que dejáramos la votación para noviembre. Estamos por una solución justa y razonable. Están las platas necesarias, así han opinado los partidos. No lo votemos hoy, para no pedir votación separada, porque creemos que todavía se puede hacer un último esfuerzo. En esas circunstancias, pido a la Mesa que llame a reunión de Comités para tratar la materia. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Correa. El señor CORREA.- Señor Presidente, las intervenciones de los dos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra me ahorran mucho de lo que pensaba decir. Sin embargo, no quiero dejar de manifestar que estamos ante una situación dramática y debemos ser capaces de abordarla como país y no desde la perspectiva político partidista. Tal como se ha señalado, el problema se origina con la entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.500, de 1980, que estableció un sistema de pensiones cuya característica esencial radica en que los montos de dinero que perciben los pensionados al jubilarse tienen directa relación con las cotizaciones aportadas durante su vida laboral. De este modo, se generó un programa obligatorio de ahorro privado, administrado por las AFP, bajo una fuerte regulación estatal. En forma paralela, para quienes no se cambiaron de sistema, se mantuvo el régimen antiguo, basado en una cuenta única a la que aportan todos sus miembros. Así, hoy coexisten dos sistemas previsionales. En la Comisión de Trabajo, al momento de iniciar el estudio del proyecto, se nos dijo que existía un protocolo de acuerdo entre la CUT y el Gobierno. Con posterioridad, las diversas organizaciones invitadas a la Comisión destruyeron esa tesis y dieron argumentos en contra del proyecto. Tengo en mi poder un documento de la Federación del Frente de Trabajadores de Hacienda en el que se señala que el origen del problema está en los bajos montos de los bonos de reconocimiento, que fueron calculados a partir del sueldo base que, en la mayoría de los casos, representaba una fracción de la remuneración: para el grado A de la Escala Única de Sueldos, sueldo tope, el base era de $ 36.000; para el grado 31, último de la Escala, era de 4.500, y sobre eso se calculó el bono de reconocimiento. Antes de la entrada en vigencia de la ley Nº 18.675, sólo eran imponibles el sueldo base y los bienios, por lo que, hasta 1989, el capital acumulado fue ínfimo. La realidad de lo que está ocurriendo con las pensiones la conocimos hace unos días, a propósito de la celebración del día del profesor. En la comuna de Curicó jubilaron alrededor de treinta profesores por el sistema de las AFP. Profesores que ganaban entre 500 y 700 mil pesos, hoy se jubilan con una renta de 170 mil pesos, en circunstancias que los que lo hacen a través del antiguo sistema, del INP, reciben una renta de 400 ó 500 mil pesos. Es decir, con lo que recibe un jubilado del INP se pagan dos o tres de las AFP. Esto no puede seguir ocurriendo. Lo que hoy estamos entregando es muy poco. Entiendo que el gobierno hace un esfuerzo, pero, de acuerdo con los cálculos entregados por el ministro de Hacienda, no se puede dar más. En consecuencia, independientemente de quien asuma el próximo gobierno, será fundamental reformar el actual sistema previsional. La Iglesia también se ha referido a la desigualdad que genera el actual sistema previsional. Es más, en la ceremonia de despedida de los profesores que jubilaron en Curicó, habló un sacerdote y dijo que una profunda reforma al sistema previsional era la única manera de mejorar la situación de miles de pensionados que no pueden vivir con lo que reciben. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Saludamos a los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de la Confenat, del Colegio de Profesores y de otras organizaciones de empleados fiscales que se encuentran en las tribunas. Tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz. El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia y recordar los inicios de un largo proceso de dialogo para abordar la preocupación de los funcionarios públicos por reparar lo que ellos llaman daño previsional, que se origina en la década de los ochenta, con el nuevo el sistema de pensiones.. Ya, en 1999, diversas agrupaciones de funcionarios del sector público se reúnen, través de audiencias públicas, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara. Así empezamos a darnos cuenta del enorme daño previsional que les causaba el haberse cambiado desde el antiguo sistema solidario a uno de capitalización individual, como es el de las AFP. Como bien ha dicho el Ejecutivo, el proyecto no repara el daño previsional: es un bono post laboral, que tiene por objeto mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público a contar del 1º de enero. Muchos trabajadores del sector público tienen remuneraciones bajísimas. Algunos están jubilando con 60 mil o 70 mil pesos. Indudablemente, este bono de 50 mil pesos les hará más llevadera su situación, pues podrán contar con una pensión de 120 mil pesos. No obstante lo anterior, considero que aún son pensiones indignas, que no resolverán los problemas económicos y sociales que tendrán los funcionarios públicos cuando se acojan a retiro. Por eso, es necesario enfrentar esto como problema-país. Hoy en la mañana ha quedado de manifiesto, al igual que en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, que existe la voluntad de todas las bancadas políticas de este Congreso Nacional para buscar soluciones a este sector público que está bastante desmejorado en sus pensiones. Este problema debiéramos enfrentarlo a partir del próximo año. La candidata presidencial Michelle Bachelet ha anunciado una profunda reforma previsional, que tiene por finalidad mejorar las pensiones de todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado, procurando que puedan tener una buena vejez quienes han dejado el trabajo activo. Nosotros, a través de la Comisión de Trabajo, la solicitamos para este período al Presidente Ricardo Lagos. Pero eso está pendiente, a pesar de que la Cámara de Diputados ha solicitado durante muchos años, a través de los proyectos de acuerdo, a los diversos gobiernos de la Concertación que envíen un proyecto de reforma para mejorar todo el sistema previsional, porque creemos que éste ha colapsado y está generando graves problemas sociales, económicos y de pobreza en las personas de la tercera edad. No me voy a referir a las ideas matrices del proyecto, pues otros parlamentarios ya lo han hecho. Sin embargo, quiero manifestar que esta deuda que tenemos con los funcionarios públicos, con los trabajadores de nuestra patria que se pensionan, debemos resolverla de una vez por todas. Creemos que la forma de hacerlo es que nos concentremos todos los actores políticos, de las diferentes corrientes, a conversar con el Ejecutivo, a fin de entregarle fórmulas y propuestas tendientes a encontrar la solución que necesitamos. El proyecto es un pequeño avance, no la solución definitiva que buscan los funcionarios públicos, a quienes hemos dicho que esto no cierra las puertas para seguir luchando por sus reivindicaciones y para que, en definitiva, tengan pensiones dignas, que merecen después de tantos años de trabajo. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Informo a los señores diputados y señoras diputadas que el término del Orden del Día es a las 13.08 y que hay ocho diputados inscritos. En consecuencia, les ruego que sus intervenciones sean breves, ya que, además, hay en Tabla otros tres proyectos de ley. Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, este proyecto de ley nuevamente nos lleva a un terreno extraordinariamente delicado, por una parte, y extraordinariamente olvidado, por otra. Así lo he sostenido durante prácticamente los últimos ocho años. Nuestro presupuesto nacional se construye “patas arriba”, porque lo que debiera ser considerado primero en la destinación de los fondos públicos es, de hecho, lo último. Deberíamos recoger fondos a través de los impuestos para pagar en primerísimo lugar a la administración pública y los gastos efectivos del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Reitero, la administración pública debiera ser el primer objetivo en la asignación de los recursos públicos; pero, en los hechos, pasa a ser prácticamente el último. Lo que queda del presupuesto, después de hacer todas las asignaciones, es para pagar al sector público. De hecho, y lo vamos a ver nuevamente este año, el análisis de la ley que reajusta las remuneraciones de la administración pública se hace después de la discusión en la Sala de la ley de Presupuestos, en una sesión “entre gallos y media noche”, a última hora, donde se debate por una migaja más o una migaja menos, dentro de lo poco que significa el reajuste para la administración pública. Tenemos un sector público subpagado, en general. Por eso, quiero afirmar categóricamente que ese “ahorro” nos sale extraordinariamente caro, porque, en definitiva, lo que garantiza la calidad en el servicio es pagar a la gente lo que en justicia merece. Una serie de distorsiones que se aprecian en las remuneraciones del sector público se derivan del hecho de que existe una especie de pudor para enfrentar este problema, lo cual impide pagar a los funcionarios de la administración pública las remuneraciones que, en justicia, merecen. Repito, aquí hacemos mal el cálculo, porque en lugar de calcular primero lo que nos costaría tener un sector público de primera categoría y el saldo repartirlo entre las múltiples partidas, primero se distribuyen los recursos entre las partidas y lo que sobra se entrega a la administración pública. Por eso encuentro interesante el proyecto, porque repara una injusticia derivada del hecho de que mucha gente del sector público no tuvo las cotizaciones previsionales por el total de sus remuneraciones, lo que en definitiva afectó su bono de reconocimiento cuando se afilió a las AFP. Ciertamente, ésta es una injusticia matemática. Aquí hay una situación extremadamente grave, porque el Estado, durante años, hizo caso omiso a su obligación de pagar las cotizaciones que correspondían para formar los fondos de pensión, lo cual repercutió al determinar los bonos de reconocimiento. En consecuencia, esto no es más que el pago de una mínima parte de una deuda que, por lo demás, se puede calcular matemáticamente caso a caso, que es lo que deberíamos hacer. Aquí no caben soluciones globales; por el contrario, se debe analizar caso a caso para determinar el monto de lo que no se le impuso a la gente durante tanto tiempo y que ahora repercute en su bono de reconocimiento. La justicia impone reparar el daño en su totalidad, no en una parte. No se trata de calcular de nuevo lo que sobra en la caja pública para repartir las migajas entre la gente del sector público con el objeto de, además, incitarla a jubilar. A pesar de estar muy de acuerdo con la idea matriz del proyecto, tengo severos reparos respecto de la fórmula que emplea para enfrentar este problema. Por ejemplo, tratar de dar por cerrado esta situación con el proyecto, francamente me parece un absurdo, pues no es más que una iniciativa que abre la puerta a la solución global del problema, que, como país, debemos enfrentar si de verdad queremos hacer justicia con un sector tan postergado como el de la administración pública. Por otra parte, si se dan 50 mil pesos mensuales a quienes jubilen de acuerdo con las condiciones establecidas, está bien; pero de ninguna manera se puede entender que con ello queda solucionado el problema. Desde luego, algunos trabajadores quedarán tremendamente discriminados, como los de Ferrocarriles, lo que no puede ser. Aquí hay una duda muy grande respecto de la justicia del proyecto, que a uno le pone un tremendo signo de interrogación acerca de cómo tendremos que votarlo, porque si el Gobierno quiere dejar zanjado el problema con esto, la respuesta es “No”; si quiere dar el primer paso en esta situación, la respuesta es “Sí”. Pero eso lo tenemos que oír del Ejecutivo, para tomar una decisión adecuada al respecto. Nuestro interés es ir saldando la deuda. Probablemente, tengamos que hacerlo de a poco, con pasos como los que señala el proyecto, pero siempre en el entendimiento de que éste es un primer paso; de ninguna manera, el último. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, comparto con los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra que éste es un proyecto que tiene poco de reparación, porque el daño ya está hecho, pues se provocó hace muchos años. De manera que aquí debemos buscar un mecanismo que mitigue el impacto que tendría el que un número muy significativo de personas jubile en las condiciones existentes, con remuneraciones 30 por ciento menores de lo que efectivamente les corresponde. Sé lo que significa este drama en regiones: hoy, más de un centenar de funcionarios públicos sobrepasan los 80 años de edad, por lo que se debe generar un mecanismo que les permita retirarse en condiciones más dignas. Algunos diputados de oposición han sido demagogos en sus planteamientos sobre una materia delicada y sensible como ésta y que, como dijo el diputado señor Pedro Muñoz, debiéramos analizarla con una perspectiva de Estado. Por ejemplo, el diputado Vilches planteó que el proyecto es insuficiente, inadecuado, que no resuelve nada y que mejor lo votemos en contra. Pregunto a la oposición qué pasó cuando la derecha votó en contra de la reforma del sistema previsional de las Fuerzas Armadas, en circunstancias de que eso genera al país un déficit de 600 mil millones de pesos al año, es decir, 20 veces lo que el Estado invertirá en resolver esta materia. Insisto, esto no resuelve el aspecto de fondo, pero es un avance importante para un número significativo de personas, particularmente para quienes perciben ingresos inferiores a 437 mil pesos. Por otra parte, también cabe preguntarse qué hubiera pasado si hubiéramos votado ayer el proyecto. Sin duda, el haber reducido esto de siete a cinco años es un avance. Me preocupa que esto se nos pueda caer. Cuando el diputado Vilches plantea que rechacemos la iniciativa, me pregunto por qué no llegamos a un acuerdo para hacer una gran reforma tributaria, con el objeto de resolver todos los problemas que la dictadura nos heredó. Algunos olvidan el origen de estas cosas. Los gobiernos de la Concertación, no solamente el del Presidente Lagos, sino también los de Aylwin y Frei, se han preocupado de reparar una serie de cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, la ley de exonerados políticos tampoco logró dar cabida a todas las personas que tenían el legítimo derecho a percibir ese beneficio. Lo mismo sucedió con la ley sobre prisión política y tortura. En mi región todavía me encuentro con personas que me cuentan todos los vejámenes que sufrieron y que tampoco lograron ser parte de ese beneficio. Como el diputado Vilches está tan generoso, propongo que lleguemos a un gran acuerdo para realizar una gran reforma tributaria que nos permita incorporar también a los trabajadores del PEM y del Pojh, a quienes el gobierno militar tampoco pagó sus imposiciones. Por lo tanto, éste es un tema respecto del cual debemos ser lo suficientemente serios para avanzar. Por eso, antes de anunciar mi voto favorable, me sumo a lo señalado por la diputada señora Adriana Muñoz y por el diputado señor Edgardo Riveros. Además, solicito al Gobierno que incorpore a este beneficio a la Asociación de Egresados de la ley Nº 19.170, de Ferrocarriles del Estado, que constituye un grupo muy numeroso de personas que jubilarían en muy malas condiciones. Entonces, debemos ver qué posibilidades hay para mejorar eso. Sin embargo, en un ánimo de responsabilidad -porque creo que el tema debe resolverse pronto; además, valoro la disposición que ha tenido el Gobierno-, quiero que el ministro de Hacienda responda, por intermedio de su señoría, qué ocurriría si votamos en contra del numeral 2 del artículo 8º. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en respuesta a la pregunta del diputado señor Quintana, quiero decir que votamos en contra del proyecto de ley que reformaba el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, porque una parte considerable de su articulado fue mal concebida. Era un proyecto inequitativo que terminaba con derechos adquiridos o, a lo menos, con expectativas de derechos ciertas de una cantidad importante del personal de las Fuerzas Armadas, que había estado sujeta a determinadas reglas del juego, pero que la ley las cambiaría de pronto. Es un sistema de reparto, no de capitalización, que da alguna garantía a la persona que ha impuesto durante toda su vida para que algo de su ahorro pase a su cónyuge o a sus hijas en determinados casos. Terminar abruptamente con ese sistema sería manifiestamente injusto. Los diputados de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional se negarán sistemáticamente y siempre a meter la mano en los bolsillos de un grupo de pobres para ayudar a otro tan pobre como aquel. Así no se hace justicia. Los sectores más postergados de Chile son los jubilados y montepiados, incluidos los de las Fuerzas Armadas. El problema no se soluciona quitando recursos a un grupo de ellos para dárselo a otro. De manera que tenemos perfectamente clara la razón por la cual votamos en contra. Lo seguiremos haciendo. Por otra parte, vamos a apoyar la idea de votar el proyecto favorablemente y en general. Pero, tal como se ha dicho, vamos a pedir votación separada del numeral 2 del artículo 8º, por una razón muy sencilla. Tirar una línea para definir que los que ganan menos de 437.500 pesos tendrán determinado beneficio y que los que ganan más no lo obtendrán es manifiestamente injusto. El daño previsional se le produjo a todos, por las razones expuestas. Incluso, es muy posible -porque es lógica pura- que los que ganaban 437.500 pesos han tenido más daño previsional que aquellos que percibían menos que esa cantidad, porque el Estado debió haberse hecho cargo de las imposiciones más altas. De manera que esta norma -a nuestro juicio, este es el argumento- es inequitativa y atenta contra el principio de igualdad ante la ley, establecido en la Constitución. Esa es la razón por la cual pediremos votación separada del número 2 del artículo 8º. Por último, aquí se produce una discriminación -que conozco personalmente- respecto del personal de la empresa de Ferrocarriles del Estado, que constituye un grupo importante de más de 1.200 familias que se acogieron a la ley Nº 19.170, las cuales actualmente perciben remuneraciones mensuales del Estado y al momento de cumplir la edad correspondiente se pensionan automáticamente. Este importante grupo de chilenos quedó excluido de los beneficios que contempla el proyecto, lo que constituye una situación manifiestamente arbitraria, de la que dejamos constancia. Desgraciadamente, no podemos presentar una indicación para incorporarlos, pero, a lo menos, nos haremos cargo de su problema; seguiremos luchando para que se les haga justicia y queden incorporados en la futura ley. He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, desde hace mucho tiempo hemos solicitado al Ejecutivo que otorgue prioridad a este proyecto. La deuda previsional es un tema muy relevante para los trabajadores del sector público, entre ellos, los de la salud y de la educación, que se ven afectados por una situación que se generó durante la dictadura, cuando se impulsó el cambio de los cotizantes desde el INP hasta las AFP. En esa oportunidad, a muchas personas se les obligó a cambiarse al nuevo sistema y no tuvieron ninguna posibilidad de elegir. Hoy, a quienes se les conminó a cambiarse se encuentran en edad de jubilar, pero ven que sus pensiones son precarias en comparación con las que reciben quienes lograron permanecer en el INP. En nuestras visitas a los hospitales, consultorios y escuelas nos damos cuenta de que mucha gente no desea jubilar, porque si lo hacen no podrán mantener el estatus económico de sus familias. Cuando comparan la jubilación que obtendrían en la AFP con la de quienes jubilaron en el INP, las diferencias son enormes. Esto ha provocado que personas que trabajaron toda su vida juntas, al momento de retirarse obtienen rentas distintas, lo que constituye una injusticia tremenda. Por eso, es muy importante que podamos solucionar este tema. Entiendo que el proyecto no soluciona el problema por completo, pero constituye un esfuerzo del Gobierno para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público, a través de un bono que -reitero- no soluciona el problema que, en nuestra opinión, debe ser resuelto en forma integral. Nuestra candidata a la presidencia, señora Michelle Bachelet, ha planteado que una de las prioridades de su futuro gobierno será mejorar las pensiones. Se trata de un tema que va a seguir en el debate público en los próximos años, pero que, a mi juicio, debe tener una mirada de país, equitativa para todas las personas que jubilen. Hoy tenemos una situación diferencial. Evidentemente, en algunos puntos del proyecto hay acuerdo con los dirigentes de los trabajadores, pero en otros no se ha dado. El acuerdo más importante que debemos consensuar, antes del segundo trámite, dice relación con la tasa de reemplazo incorporada a la ley en el numeral 3 del artículo 2º permanente. Conversamos con los trabajadores, que piensan que en esta tasa de reemplazo no hay suficiente justicia, pues no se logra equiparar lo que perdieron aquellas personas que fueron conminadas a cambiarse al sistema de administradoras de fondos de pensiones. Los trabajadores plantean que la tasa de reemplazo suba de 55 a 70 por ciento, lo cual me parece justo. Sin embargo, hay que entender la posición del Ejecutivo, que se funda en aspectos económicos y financieros. Lo importante es que lleguen a un acuerdo, de manera que en este segundo trámite constitucional se solucionen las diferencias que aún subsisten, especialmente la relativa al numeral 2 del artículo 8º. Ojalá que la tasa de reemplazo suba de 55 a 70 por ciento. Pero hay otros dos aspectos del proyecto que me preocupan, por lo cual presenté igual número de indicaciones durante el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, las que, lamentablemente, fueron declaradas inadmisibles. El primero de esos aspectos es la incorporación entre el personal que tendrá derecho al bono aquel que salió de Ferrocarriles, pues no fueron considerados. Conozco el desempeño de los funcionarios de esa empresa del Estado desde que era niño, porque durante varios años mi padre trabajó en la maestranza de San Bernardo. Por tanto, me consta que se trata de personas que han dedicado su esfuerzo, trabajo y tesón a engrandecer al país. El gobierno militar prácticamente destruyó la empresa, pues privatizó gran parte de ella. De hecho, todo el transporte ferroviario de carga fue privatizado. En consecuencia, me parece justo que quienes hayan salido de Ferrocarriles sean incorporados a los beneficios que considera la iniciativa en debate. No me refiero a los actuales funcionarios, sino a aquellas personas que la empresa estimó que no necesitaba para continuar con sus funciones después de realizadas las privatizaciones, de acuerdo con las disposiciones de la ley Nº 19.170, esto es, aproximadamente 1.200 personas, entre los cuales no hay nadie que haya ejercido cargos directivos y el menor de los cuales ingreso a la empresa en 1968, por lo que se trata de un grupo de personas bastante acotado. Como señalé, presenté una indicación en tal sentido en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero fue declarada inadmisible. No obstante, solicito al Ejecutivo que la evalúe y reconsidere, porque me parece de justicia incorporar a esos ex trabajadores de Ferrocarriles al beneficio del proyecto. El otro aspecto que me preocupa, que considero aún más importante, es que la iniciativa establece que el Fondo Bono Laboral se financiará con recursos provenientes de los servicios en los que se desempeñan los beneficiarios, entre ellos, los servicios de salud y educacionales, que representan dos sectores tremendamente importantes para nuestro país. Incorporar en los presupuestos de esos servicios el costo del pago del bono laboral me parece administrativamente inadecuado. Debería financiarse con un aporte fiscal directo. Evidentemente, el problema es de carácter administrativo, pues el problema no radica en la existencia de los recursos necesarios, que serán contemplados en los presupuestos anuales de cada servicio, sino en los problemas que conllevará la administración de dichos recursos por los directores de los servicios. Me parece que sería mejor, más fácil y transparente que el Fisco aportara directamente los recursos al Fondo Bono Laboral, y que, además, éste se financiara exclusivamente con el aporte fiscal, de manera que los servicios públicos no tengan problemas por esa causa. (Aplausos). Cuando mi indicación sobre este punto fue declarada inadmisible por la Comisión, no tuve oportunidad para reclamar. Por eso, en esta ocasión, solicito que la Mesa se pronuncie sobre tal inconstitucionalidad, ya que mi propuesta no aumenta el gasto público ni cambia el fondo de lo que establece el proyecto; sólo pretende modificar lo relativo a la fuente de los recursos que financiarán el Fondo Bono Laboral. Me correspondió dirigir el Servicio de Salud de Atacama, por lo que sé que las disposiciones legales que obligan a hacerse cargo de situaciones que no tienen que ver con la administración del propio servicio producen problemas mayores. Por eso, pido reconsiderar la inadmisibilidad de la indicación e incorporarla al debate a fin de eliminar en su totalidad el artículo 6º y reemplazarlo por el que sigue: “El bono se pagará con los recursos provenientes del “Fondo Bono Laboral” que se formará en su totalidad con aporte fiscal”.” He dicho. -Aplausos. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Señor Robles, la admisibilidad de la indicación se va a ver al término del Orden del Día. Tiene la palabra el diputado señor García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, es fácil darse cuenta de lo que está pasando: el proyecto no soluciona el problema del daño previsional. Tampoco se trata de citar cifras o decir lo que han hecho el Presidente Lagos y los ex presidentes Aylwin y Frei, porque, sin lugar a dudas, lo que todo gobierno desea es mejorar las pensiones de los jubilados, independientemente de su color político. Claramente, aquí hay un tremendo daño. Por ejemplo, una persona que gana 400 mil pesos y jubila por una AFP, va a quedar con una jubilación de 120 mil pesos; con los 50 mil pesos del bono va a quedar en 170 mil pesos. En cambio, quienes están en el INP jubilan casi con el mismo sueldo que están ganando. En consecuencia, tendría que ser masoquista para jubilar. La gente no jubila cuando no le conviene, y eso lo vemos con los profesores y con los funcionarios de los servicios públicos y en todos los que se jubilan en forma voluntaria, porque nadie puede obligar a una persona a jubilar. Se han producido dos graves daños. Primero, se está quitando una jubilación digna a una persona que entra en una etapa de su vida en que en ninguna parte le van a dar trabajo; segundo, y tan importante como lo anterior, la gente que ha dado su vida por el país merece una jubilación justa y digna. Además, por esta vía el ministro puede tener una gran fuente de trabajo, porque si la gente recibe una pensión justa, es indudable que va a jubilar, lo que va a producir tiraje a la chimenea. Inmediatamente, setenta u ochenta mil personas podrían incorporarse al mundo del trabajo. Ése es el fondo del problema. (Aplausos). Por un lado, estamos con la chimenea tapada, se está llenando la casa de humo y lo más probable es que nos asfixiemos y, por otro, los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de ingresar a la vida laboral porque las personas no quieren jubilar ya que no les conviene. Esto es lo mismo que si un trabajador acostumbrado a vivir con 100 mil o 150 mil pesos al mes el día de mañana se lo reducen a 50 mil pesos. ¿Qué hace esa persona? Aunque tenga que arrastrar las herramientas de trabajo, no va a jubilar. Por tanto, es de extrema justicia que las pensiones se nivelen de acuerdo con las remuneraciones. Además, la gente no tiene la culpa de que se hayan perdido los registros, sobre todo, si se conocen sus años de servicio. La verdad es que me parece lamentable esa postura. Queremos un país solidario, que dé a su gente lo que le corresponde, por una razón muy simple. A ningún chileno que entra a trabajar le preguntan si quiere que le hagan imposiciones. Por ley, le quitan una parte de su sueldo para jubilación. En eso estamos todos de acuerdo, pero no podemos, por negligencia o por engaño, quitarle parte de su jubilación. Eso no tiene perdón de Dios. No obstante, eso se puede remediar, porque basta con que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley y lo aprobaremos sin ningún problema. Hablamos de miles de millones de pesos y de miles de personas a las cuales podemos mejorar sus jubilaciones. Eso es ser solidario. Con la mitad de los impuestos que dejan los altos precios de los combustibles y con las ganancias por el elevado precio del cobre, felizmente, tenemos plata. Ahora, debemos demostrar que queremos ser un país solidario, para que la gente tenga un mejor pasar. En verdad, debo reconocer que estoy en una encrucijada. Por un lado, algunas personas necesitan el bono de 50 mil pesos y, por otro, hay funcionarios que no quieren jubilar. Considero que lo más justo sería revisar nuevamente el proyecto. (Aplausos). Creo que es preferible esperar tres, cuatro o seis meses, a fin de lograr que las personas afectadas reciban una jubilación justa, y no por un apresuramiento los liquidemos de por vida. Esa es la encrucijada: legislamos apresuradamente y liquidamos a los funcionarios que fueron cambiados del INP a la AFP, o tenemos la paciencia suficiente para buscar la manera y los recursos para hacerlo. También quiero aprovechar de referirme a lo que dijo mi amigo y diputado por la Novena Región, don Jaime Quintana, en términos de hacer una reforma tributaria. Ya aprobamos una reforma tributaria que permitió recaudar 500 millones de dólares. El ministro Eyzaguirre fue uno de los impulsores. Ahora nos gustaría saber si esos 500 millones de dólares que se recaudan año a año están llegando a las personas que están jubilando, porque tengo entendido que era una de las grandes promesas para subir las pensiones, y este año subieron sólo mil pesos. Entonces, queremos saber si esos 500 millones de dólares están disponibles para los jubilados de Chile. Ahora, decir que el señor Büchi le quitó el 10,6 por ciento a los jubilados y que el Gobierno de Pinochet hizo esto y lo otro, ¡Perdónenme! Lo voy a repetir una vez más: el pasado no lo podemos cambiar, pero de nosotros depende que tengamos un futuro y un mejor pasar para todos. Por lo tanto, no le echemos más la culpa a nadie y empecemos a trabajar para que la gente tenga una jubilación justa, mejores derechos a la salud y a una vivienda digna. (Aplausos). No sé lo que voy a decidir, pero soy partidario de darle una vuelta más al proyecto para no perjudicar más a las personas que tanto sacrificio y esfuerzo han hecho por el país. (Aplausos). Lo digo con mucho dolor: no estamos aquí unos en contra de otros. Debemos apoyar las iniciativas que son buenas, vengan de donde vengan. Eso se llama tener criterio, visión de país y un futuro para nuestra patria. Por tanto, hago un llamado a los colegas, tanto de la Concertación como de la Oposición, en términos de darle otra vuelta al proyecto para no perjudicar más a la gente que quiere jubilar, por el bien de nuestra patria y de sus trabajadores. He dicho. -Aplausos. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, quiero decirle al diputado García que si somos solidarios en el discurso, también debemos demostrarlo en la acción política, porque este proyecto va en la dirección correcta. Sabemos que los discursos populistas tienen aplausos. Inicio mi intervención diciendo: “Contenta, Señor contenta”, como diría el padre Hurtado. Ello, porque he sido miembro de la Comisión de Trabajo durante todo mi período parlamentario, donde hemos revisado, estudiado y presentado muchos proyectos que apuntan a mejorar los derechos y la dignidad de los trabajadores. Este proyecto ingresó a la Comisión el 2002 y era muy difícil prever una respuesta en algún sentido, porque así como muchos proyectos se veían demasiado difíciles de sacar adelante, sobre todo los que tienen que ver con recursos financieros, es una buena noticia tener hoy una respuesta sobre este proyecto. Aquí hay un compromiso personal de dar una respuesta a un problema. Estamos ante una urgencia real para las personas que se van a ver beneficiadas por este proyecto; aquí hay una férrea voluntad política de dar una respuesta a más de 150 mil trabajadores del sector público; aquí hay 40 mil millones de pesos que el Estado destina a estos trabajadores, lo cual equivale a lo que invierte en educación preescolar. Cuando se responde con políticas sociales focalizadas, se abre una puerta para que otros se sientan discriminados. Ése es un problema que nos afecta a todos. Culturalmente, debemos ser capaces de ser responsables y reconocer los esfuerzos que se realizan. Aunque este proyecto no responda a las expectativas de algunos trabajadores, amplía los beneficios a una gran mayoría dañada por un sistema que no eligieron, y eso es lo que hoy está en el debate. También es un deber reconocer que los recursos financieros generalmente son menos que las necesidades reales. Al dar este paso tenemos mucho más que hacer, mucho más que caminar. Eso estamos realizando hoy para mañana cumplir el sueño de una reforma previsional global. No quiero terminar mis palabras sin recordar que este proyecto tiene su origen en un Protocolo de Acuerdo, suscrito el 25 de agosto del presente año, entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores y diez organizaciones del sector público. Como puede apreciarse, el proyecto de ley cuenta con el apoyo de las organizaciones gremiales más importantes de los trabajadores y las de estos potenciales beneficiarios. Es decir, es una conquista de sus beneficiarios; no se trata de una iniciativa originada por osmosis. Sabemos que hay temas pendientes, pero hemos ido avanzando en algunas cosas. Por ejemplo, mediante indicaciones se aumentó la cobertura, se incorpora a los trabajadores que se pensionan por haber realizado trabajos pesados y a los ex trabajadores del sector público que son pasivos, siempre que hayan cesado en sus funciones al 14 de noviembre de 2003; se aumenta el período de postulación del bono, hay una rebaja del período de transición. Efectivamente, hemos debatido el proyecto como corresponde, como queremos, con un Gobierno que tiene la voluntad política para dar respuestas, aunque a veces no son las mejores. Por eso, nos haremos cargo de algunas votaciones separadas para seguir avanzando. Ésa es la mirada que quería compartir con ustedes. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, siento que calificar de demagogo a quienes tienen una visión distinta es absolutamente antidemocrático. Y quienes se lavan la boca con la democracia, debieran practicarla mejor. Cuando se nos ha señalado que el daño previsional se soluciona con este proyecto, debemos ser honestos y decir que no es así. Al respecto, debemos aclarar que se ha buscado un camino que algunos podrán compartir como positivo y otros no. Es un camino que, desde mi perspectiva, no se ha hecho cargo del origen del problema, que no está en el cambio del sistema, y ahí reconozco la responsabilidad no sólo de los gobiernos que crearon el sistema de reparto, sino que hasta hace muy poco, pasando incluso por el gobierno militar, en que los funcionarios públicos tenían una división tan grande de su renta que hacía que su sueldo base fuera una pequeña parte de su total de haberes. Esa situación queda al descubierto cuando se cambia al nuevo sistema, porque éste habló del sueldo base. Ahí está el meollo del problema, del que nadie se hizo cargo, sino hace muy pocos años, cuando en el gobierno militar partieron colocándose al día con los funcionarios municipales, y ahora los gobiernos de la Concertación, con los funcionarios fiscales. Entonces, es bastante fácil tirar la piedra. Lo difícil es acertar no sólo en el diagnóstico, sino también en el resultado. Cuando el diagnóstico es errado, el resultado no puede ser el más acertado. Mucha gente ha dicho que ésta es una solución, pero no la más justa. ¿Es lo mismo entregar un bono, el que sea, a quien tuvo 20 años de servicios antes del cambio? ¿Es eso justicia? Todos tendremos que concordar en que no es justo. Por otro lado, estamos hablando de un total de recursos del Estado muy alto: más de 7 mil millones de dólares, distribuidos en muchos años. Es necesario que lo entendamos los pocos diputados que estamos en este hemiciclo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla -como alguien lo señaló desde las tribunas-: porque tenemos gente que se sacó la mugre por nuestro país y que hoy se está muriendo de hambre. Ése es el problema. (Aplausos). Sin embargo, también debemos ser justos. Cuando hablamos de este beneficio laboral, también estamos pecando porque dejamos afuera a muchos sectores. Todos se han referido a importantes grupos de ex trabajadores -en realidad, todos son importantes- que han sido discriminados, como ocurre con los de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Hace un instante, el distinguido colega Robles decía: “y cuando la empresa se privatizó por la dictadura...” ¡Dejémonos de historias! Si la empresa se privatizó durante los gobiernos de la Concertación, tal como ocurrió con el agua y otros servicios. No obstante, debo señalar que eso no es malo, porque se hizo lo que había que hacer en el momento preciso. Lo comparto y lo digo con todas certeza: siento que lo que hicimos fue lo correcto. Asimismo, lo que se hizo en el gobierno militar fue lo que en ese momento se consideró que era lo correcto, tal como ocurrió con lo que se hizo durante el gobierno del Presidente Frei Montalva. Lo que sucede es que hoy estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Ése es el punto. Aquí se habla de un proyecto que repara el daño previsional, pero no es así, porque es una iniciativa de carácter laboral. Por otro lado, este beneficio se considera un impedimento para conseguir otros, lo que no parece razonable. Además, independientemente de si es constitucional, el proyecto no es legítimo, porque no puede tener ese carácter una iniciativa que, al intentar reparar un problema, quita otros beneficios. Eso carece de legitimidad. En consecuencia, cuando aquí se hemos planteado la posibilidad de votar separadamente, lo que estamos diciendo diputados de distintas bancadas es que queremos buscar la posibilidad de mejorar un proyecto que, a todas luces, no soluciona un problema, pero que apunta en una dirección que todos quisiéramos que fuera mejor. Pero hay otras opciones y oportunidades, y durante su tramitación en el Senado puede ser mejorado. Quiero señalar que, ante los problemas reales de la gente, debemos dejar de enrostrarnos las decisiones políticas de un pasado que dañó a todo el mundo, a todos por igual, y que nos sigue persiguiendo hasta hoy. Creo que nosotros somos los llamados a cicatrizar esas heridas, que no quisimos los que estamos aquí, pero que se produjeron en el cuerpo social chileno y que -reitero- es necesario comenzar a cicatrizar. En ese sentido, apoyaré cualquier proyecto que busque mejorar las condiciones de un personal que le prestó valiosos servicios a Chile y al cual hoy el país no le está devolviendo razonables y mínimas condiciones para vivir. (Aplausos). Al terminar mi intervención quiero reiterar que me parece que en el Congreso Nacional se encontrarán las condiciones apropiadas para que, si existe voluntad de parte del Ejecutivo, sin demagogia y sin tirarnos los trastos por la cabeza, busquemos alternativas que supongan, en primer lugar, la posibilidad real y cierta de entregar más recursos. Esa posibilidad existe, y todos sabemos por qué: porque el precio del cobre ha alcanzado un valor inigualable, que nos permitiría destinar recursos, en forma directa y aunque sea por única vez, para mejorar las pensiones de las personas dañadas previsionalmente. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, creo que lo que voy a decir no le va a gustar a nadie, en particular, a mis amigos que están en las tribunas. Quienes tuvimos el coraje de luchar contra la dictadura y en 1981, cuando se privatizaba el sistema de pensiones, estábamos en la cárcel, hoy, a menos de sesenta días de una elección presidencial, tenemos el coraje de decir las cosas que pensamos, aunque en nuestros distritos se levanten carteles y se hagan compañas con nuestras fotografías. Pero vamos a decir lo que pensamos, porque así lo hemos hecho siempre. En primer lugar, resulta indignante que mientras discutimos un proyecto de ley relacionado con el daño previsional, en esta Sala se tenga el cinismo de eludir preguntas esenciales. ¿Quién provocó ese daño? ¿Por qué se produjo? ¿En qué consistió? Debemos saberlo para poder enfrentarlo. Los daños previsionales no son producidos -otros sí- por el clima. En este caso, tampoco fue producido por ángeles que bajaron del cielo o por demonios que subieron de los infiernos, sino porque a comienzos de la década del 80, en plena dictadura militar y contra la voluntad inmensamente mayoritaria de los chilenos, se impuso a los trabajadores, en forma unilateral, arbitraria y autoritaria, un cambio de sistema previsional. Además, empresa por empresa y con la anuencia de los empleadores, se fue engañando a los trabajadores, diciéndoles que si se cambiaban al nuevo sistema, iban a tener una pensión extraordinaria al momento de cumplir la edad para jubilar. En las tribunas hay trabajadores que no se acuerdan, no obstante haber vivido la situación, por qué se afiliaron a las AFP, si no fue por el engaño, la arbitrariedad y el autoritarismo que regía en ese momento. Yo no voy a incurrir en el cinismo de escuchar con respeto a Manuel Contreras pontificando sobre los derechos humanos; así como tampoco voy a caer en el cinismo de escuchar a quienes fueron partidarios de ese cambio autoritario y que hoy vienen a pontificar las soluciones del mismo. No voy a creer a Manuel Contreras cuando me diga que quiere cerrar las heridas. Lo que debemos hacer es proponer una solución a los problemas de derechos humanos, porque Manuel Contreras no tiene autoridad moral para hablar sobre ellos. Pues bien, tampoco la tienen quienes propiciaron el cambio del sistema previsional, y tampoco pueden venir a decirnos cuán mezquinos somos los de la Concertación. ¡No, señor! Yo, por lo menos, no voy a caer en la adulación de quienes infligieron ese daño, en forma autoritaria y arbitraria, cuando el pueblo estaba indefenso, cuando los trabajadores no tenían organización porque sus dirigentes y ellos mismos estaban siendo perseguidos. Considero indispensable hacer esta primera aclaración moral, porque por muy oportuno que resulte, en particular, en los períodos preelectorales, alguna vez debemos decir la firme y cómo ocurrieron las cosas, para que no cualquier señor en esta Sala, porque tiene algunos votos, venga a pontificar sobre ciertas cosas, porque no tiene autoridad moral alguna para hacerlo. En segundo lugar, este proyecto -así me lo ha señalado la mayoría de los trabajadores con los cuales he conversado- no resuelve el daño previsional, pero al menos constituye un avance, materializado en un bono que se otorgará al personal que perciba una remuneración inferior a 450 mil pesos, y que le significará un buen apoyo al momento de pensionarse. No resuelve el daño previsional porque, en realidad, no tiene que ver con ello. Primero, porque no es proporcional a las remuneraciones ni a las jubilaciones. Es así como recibirán 50 mil pesos quienes tengan una pensión de 100 mil pesos, en cuyo caso el bono representa el 50 por ciento de su pensión; pero también lo recibirán quienes perciban rentas de 800 ó 900 mil pesos, y que al momento de jubilarse obtendrán una pensión de un tercio de esa suma, es decir, unos 300 ó 350 mil pesos. En este caso, los 50 mil pesos representan un porcentaje mucho menor del daño que han experimentado durante estos años y que les perjudicará al momento de jubilar. Por cierto, son situaciones distintas. Segundo, no constituye una solución al daño previsional porque, si lo fuera, sería heredable, y no lo es. Reitero categóricamente que no es una solución al daño previsional. Por intermedio del diputado Pedro Muñoz, los socialistas y muchos diputados de la Concertación hemos dicho que vamos a seguir luchando por que se repare el daño previsional sufrido por los trabajadores. La lucha de los trabajadores y de quienes los acompañaremos en el intento de que se repare el daño previsional no terminará con la aprobación de este proyecto. Es una tarea pendiente. Sin embargo, como hay personas que hoy se están pensionando, que se pensionaron ayer y que se pensionarán mañana, este bono de 50 mil pesos constituye una colaboración, un aporte, un alivio que llega en un muy buen momento para las personas que reciben una pensión de 80, 90 ó 120 mil pesos. En tercer lugar, en la Comisión de Trabajo hemos trabajado en serio, no haciendo discursos para la galería ni demagogia; hemos trabajado en silencio y con rigurosidad para mejorar, incluso, las condiciones en que se iba a pagar el bono. Así, hemos pedido que se incorpore a la gente, con los plenos beneficios que otorga el Código del Trabajo, que se desempeña en algunos sectores de la Administración Pública, como la Dirección de Vialidad del MOP, la Junji y otros sectores, de manera que no pierdan la indemnización de un mes por años de servicios. Respecto de la incompatibilidad del bono con derechos adquiridos anteriormente, públicamente decimos que nos parece injusta. Por eso, hemos pedido que sea menos drástica y que el tiempo de espera se acorte. Es lo que hemos podido conseguir y lo que hemos intentado hacer positivamente. Asimismo, hemos hecho esfuerzos para que este bono se otorgue en forma retroactiva y para que la gente que se ha pensionado por trabajos pesados también reciba el beneficio; hemos hecho esfuerzos para que este bono, que no repara el daño previsional, sea efectivamente mejor y llegue a más familias, a más chilenos. Pero, para que se repare de verdad el daño previsional sufrido por los trabajadores, para que esta lucha continúe con perspectivas de éxito, será necesario tener más recursos públicos, cambiar el sistema tributario, aumentar la carga tributaria. Por eso, les quiero proponer a los demagogos de las bancadas de enfrente, que han venido a pontificar acerca de esta materia y que son los mismos que crearon este daño, que subamos en dos puntos -no en 10 ni en 50- el impuesto a las empresas, de 17 a 19 por ciento, y destinemos esos recursos para resolver el daño previsional. Solución concreta. Busquemos financiamiento y propongamos un proyecto de ley para reparar el daño previsional. Hablemos en serio. Reparemos el daño previsional. Por el momento, atengámonos a los recursos con que cuenta el Estado. Con mi amigo Raúl de la Puente, por quien tengo respeto, cariño y admiración, hemos peleado por muchos años, incluso durante la dictadura. Por eso, si ni siquiera con bayonetas pudieron amedrentarnos, menos lo van a hacer ahora con anuncios de boicot electoral, porque siempre hemos enfrentado a nuestros electores con la verdad, con la cara limpia y con trayectoria; no con discursos. En otras épocas no se podía hacer discursos porque, en el mejor de los casos, nos llevaban presos. El daño previsional lo causó la derecha reaccionaria, junto con la dictadura, y ninguno de los que hoy reclaman una solución se paró para enfrentar con coraje la situación. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, me siento moralmente obligado con el proyecto por todos aquellos que me creyeron cuando, durante más de dos años, les dije que no jubilaran porque íbamos a tratar de que se mejoraran las pensiones. Estoy en los últimos meses de mi vida parlamentaria y tengo interés en votarlo. Creo que significa un gran esfuerzo; que establece cosas nuevas. Pero no es suficiente porque no soluciona el daño previsional, que representa 3.500 millones de dólares en su totalidad, ni resuelve la deuda histórica. El señor ministro de Hacienda ha manejado bien la economía. Incluso, cuando propuso prepagar algunos compromisos internacionales, con alguna duda, confiamos en su manejo. Pero, ¿por qué prepagar, con los excedentes del cobre, en circunstancias de que miles de trabajadores no pueden jubilar porque las pensiones son insuficientes? Con 79 años, afortunadamente tengo capacidad para comprar los remedios que necesito. Pero cuando deje de ser diputado cambiará la situación. Es bueno que la gente sepa que los parlamentarios no tenemos previsión, salvo la que logra cada uno con bastante sacrificio. En mi caso, recibiré 600 mil pesos mensuales. ¿Creen que voy a vivir con esa suma? Por eso, con la “sabrosa” pensión de 150 mil pesos de un empleado público, ya que otros reciben el mínimo, indudablemente me siento interpretado por esa necesidad histórica de los trabajadores de este sector. Se ha dicho que el daño previsional viene desde hace muchos años. Por lo menos, desde que soy parlamentario, casi 16 años, he preguntado por qué algunos beneficios, como bonos, asignaciones, etcétera, no son imponibles. En mi opinión, aquí está su origen y es culpa de todos los gobiernos, con mayor o menor responsabilidad. En muchas oportunidades los parlamentarios nos vemos obligados a votar a favor proyectos de ley, aunque estemos en desacuerdo con algunos artículos, con la ilusión de que con ellos se conseguirán efectos favorables. Es el caso del artículo 8º, que seguramente se ha visualizado en ese sentido. Le sugiero al señor ministro de Hacienda que analice la suspensión del prepago, porque podría ser una buena alternativa. A lo mejor, por ceder a esta petición su gestión no termine con tanto éxito, pero podría beneficiar no sólo a quienes nos acompañan en las tribunas, sino que también a la gente modesta de nuestros distritos, de la que somos su voz. Aunque no es motivo de este proyecto, le manifesté al ministro de Hacienda que estudie la eliminación de los tres o cuatro últimos grados de la escala única de sueldos del sector público, ya que los montos que conllevan ni siquiera se equiparan con el ingreso mínimo del sector privado. ¡No puede ser! Es una vergüenza, máxime si se sabe que nadie puede vivir dignamente con 127 mil 500 pesos. Sin embargo, un trabajador que ingresa al sector público gana 80 mil pesos. Somos inconsecuentes y tenemos que ponernos la mano en el corazón para solucionar, de una vez por todas, ese problema. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente).- Cerrado el debate. El señor Secretario va a dar lectura a los pareos. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- En la Secretaría se han registrados los pareos de los siguientes diputados y diputadas: de la señora Rosa González con el señor Eduardo Díaz; del señor Roberto Delmastro con el señor Exequiel Silva; del señor Eugenio Tuma con el señor Arturo Longton; del señor Enrique Jaramillo con el señor Cristián Leay; del señor Felipe Letelier con el señor Maximiano Errázuriz; de la señora Carmen Ibáñez con el señor Fulvio Rossi; del señor Pedro Araya con el señor Manuel Rojas; del señor Pablo Lorenzini con el señor Pedro Álvarez-Salamanca; del señor Boris Tapia con el señor Néstor Jofré y del señor Edgardo Riveros con el señor Francisco Bayo. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. El señor CORREA.- Señor Presidente, ¿se votará por separado el número 2) del artículo 8º? El señor ASCENCIO (Presidente).- Eso se decidirá cuando el proyecto se vote en particular. El señor CORREA.- Señor Presidente, de su respuesta depende nuestra votación en general. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor diputado, ahora corresponde votar en general el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, es determinante para la votación en general del proyecto que su señoría nos señale si existe o no la voluntad de votar en forma separada esa norma. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor diputado, se han planteado dos peticiones. Una, del diputado señor Robles, para admitir a tramitación una indicación, que ya fue declarada inadmisible por el presidente de la Comisión, relativa a la ley Nº 19.770. La Mesa mantiene el criterio de inadmisibilidad y, por lo tanto, no la vamos a someter a votación. Otra, para votar en forma separada el artículo 8º. Al respecto, la Mesa declara que dicha petición no corresponde en consideración a que este proyecto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y el Congreso Nacional sólo puede aprobar, disminuir o rechazar la proposición. De permitirse tal división, la Cámara podría aprobar un beneficio completamente distinto al propuesto por el Ejecutivo e incluso ampliar los beneficios otorgados por éste. El artículo 146, letra b), de nuestro Reglamento dispone que cualquier diputado podrá pedir que se divida la votación de una propuesta, a menos que de esa división pueda incurrirse en una decisión inconstitucional, situación que sólo debe ser calificada por el Presidente de la Cámara. Por lo tanto, no vamos a proceder a la votación separada. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, como usted dice, existe la posibilidad de rechazar, y por eso estoy solicitando que tenga la gentileza de dividir la votación. El señor ASCENCIO (Presidente).- Señor diputado, no me corresponde esa decisión. Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, la decisión que usted acaba de anunciar no se condice con la votación que se produjo tanto en las Comisiones de Trabajo como en la de Hacienda. Dependiendo de la forma en que se redacten los artículos, estaríamos obligados a votar favorablemente. Por consiguiente, pido reunión de Comités. El señor ASCENCIO (Presidente).- Cito a reunión de Comités parlamentarios. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Longueira Mon-tes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Mora Longa Waldo; Moreira Barros Iván; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Villouta Concha Edmundo; Walker Prieto Patricio-Votó por la negativa el diputado señor Vilches Guzmán Carlos. -Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca Büchi Pedro. El señor ASCENCIO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobados en particular todos los artículos del proyecto, salvo el 8º, que tiene indicaciones de la Comisión de Hacienda y de su excelencia el Presidente de la República. “Para reemplazar en la letra b) del numeral 2) la expresión “de dividir por $ 50.000, el resultado de restar el monto de la bonificación” por “de multiplicar 6/7 por el resultado de dividir por $ 50.000 la resta entre el monto de la bonificación”. El señor ASCENCIO (Presidente).- En votación el artículo 8º con la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. (Manifestaciones en las tribunas). -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Encina Moriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Guido; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Mora Longa Waldo; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Soto González Laura; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Villouta Concha Edmundo; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alvarado Andrade Claudio; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pa-blo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Kast Rist José Antonio; Longueira Montes Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Paya Mira Darío; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Salaberry Soto Felipe; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vargas Lyng Alfonso; Vilches Guzmán Carlos. -Se abstuvieron los diputados señores: Olivares Zepeda Carlos; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra. El señor ASCENCIO (Presidente).- Despachado el proyecto. -Manifestaciones en las tribunas.SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN DE AUTOMÓVILES COLECTIVOS Y BUSES EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Proposición de Comisión Mixta. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley que suspende la inscripción de automóviles colectivos y buses en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que debería ser despachado antes del 16 de noviembre del año en curso, fecha en que vence la congelación de la inscripción en cualquiera de sus modalidades. Antecedentes: -Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº3399-15, sesión 52ª, en 18 de octubre de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 22. El señor ASCENCIO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar, sin debate, la proposición de la Comisión Mixta? Acordado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mora Longa Waldo; Moreira Barros Iván; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Jofré Núñez Néstor; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Quintana Leal Jaime; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Walker Prieto Patricio.-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez Santa María Gonzalo. El señor ASCENCIO (Presidente).- Despachado el proyecto.PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA SOBRE DOCUMENTO ELECTRÓNICO E INCORPORACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA. Modificación del Código de Procedimiento Civil y de la ley Nº 19.799. Primer trámite constitucional. El señor ASCENCIO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de ciencias y Tecnología, boletín Nº 3797-19, sesión 24ª, en 2 de agosto de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 2. -Informe Complementario de la misma Comisión. Documentos de la Cuenta Nº 5, de esta sesión. El señor WALKER.- Señor Presidente, pido que recabe el acuerdo de la Sala para tratar de inmediato el proyecto. El señor ASCENCIO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor Patricio Walker? Acordado. Se trata del segundo informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología y del informe complementario, cuyo diputado informante es el señor Patricio Walker. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mora Longa Waldo; Moreira Barros Iván; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Jofré Núñez Néstor; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Walker Prieto Patricio. El señor ASCENCIO (Presidente).- Despachado el proyecto.-o- El señor ASCENCIO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar el proyecto que modifica el Código Sanitario respecto de la receta médica? No hay acuerdo. VI. PROYECTOS DE ACUERDOSUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO. El señor ASCENCIO (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo. Acordado. VII. INCIDENTESALCANCES SOBRE FISCALIZACIÓN DE LA PESQUERÍA ARTESANAL EN AISÉN. Oficios. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, la semana pasada hice una presentación acerca de la persecución -por decirlo de una manera suave- de que ha sido víctima la Universidad de Valparaíso, en su calidad de entidad técnica de consultoría para el sector pesquero artesanal de Aisén, respecto de la cual no he obtenido respuesta. Hoy quiero referirme a una situación similar. En Aisén, la pesquería de la merluza del sur, que está en plena explotación, también está autorizada para extraer un 20 por ciento de congrio dorado, cuya producción se comercializa con las empresas de la zona que históricamente han extraído el recurso, como Fruto de Dios, Pesquera Elefante, Pesquera Cutre y Salmar, entre otras, a un precio fijo de 600 pesos por kilo. Pero, la llegada de una nueva empresa, Alviquim Limitada, que sólo comercializa congrio dorado y manta raya, especie que se exporta a Corea, hizo subir el precio de los productos a 750 pesos el kilo de congrio dorado, lo que me parece muy bien, y a 650 pesos el de manta raya. Los pescadores de Puerto Gala, ubicado en una isla de una zona muy aislada, y de Puerto Cisnes enviaban sus productos a Puerto Chacabuco sin problemas. No obstante, debido al cierre de la planta maquiladora de la Pesquera Palacios, se han visto obligados a desviarlos a Quellón, Décima Región, donde la empresa Nueva los maquila. Los productos son transportados en lanchas a Melinca, otra isla de la Undécima Región, donde deben ser visados. Curiosamente, al hacerlo, varios pescadores están siendo infraccionados por Sernapesca, incluso la empresa Nueva ha sido citada, por infringir no sabemos qué cosas. Simplemente, la autoridad está hostilizando a esos pequeños pescadores artesanales que viven en lugares apartados y en condiciones muy limitadas. La idea ha sido siempre diversificar las especies de captura. Muestra de ello es la reciente extracción de la manta raya, una especie relativamente abundante, pero que, por arte de pesca o por tradición, es nueva en la zona. Así las cosas, ¿cómo vamos a facilitar la diversificación de la captura a ese producto y a incentivar la instalación de nuevas empresas en la zona, si lo primero que se hace es sancionar en forma absolutamente arbitraria a quienes desarrollan esta pesquería? Por lo tanto, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca y al director del Servicio Nacional de Pesca para que nos expliquen cuáles son los criterios existentes sobre la materia, porque, incluso, se habla de estar “atornillando al revés”, lo que me parece muy grave. No quiero afirmarlo en forma categórica, pero esa gente espera que la sociedad organizada, a través del Estado y de los distintos servicios, actúe con ponderación y prudencia e impida que esta naciente actividad económica colapse simplemente por una fiscalización absurda. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.MODIFICACIÓN DEL MECANISMO DE EGRESO DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE INDAP. Oficio. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, un número importante de pequeños agricultores de la comuna de Perquenco, Región de La Araucanía, me manifestó su preocupación por el término del Programa de Desarrollo Local, Prodesal, que entrega asesoría técnica a los campesinos, a través de un convenio entre el municipio y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, de esa región. De acuerdo con la reglamentación interna de Indap, los agricultores que reciben durante ocho años consecutivos apoyo, capacitación y la posibilidad de postular a distintos proyectos productivos, deben egresar de los Prodesal, lo que les genera un gran costo para acceder, por ejemplo, a iniciativas productivas, a elementos de trabajo como enfardadoras, galpones y a otros proyectos muy importantes para los agricultores de Perquenco. Esta situación no sólo estaría ocurriendo en Perquenco, sino que en otras comunas de la región de La Araucanía y de todo el país. Aplicar de manera tan rígida esta reglamentación interna de Indap podría significar que en algunas comunas donde la cantidad de pequeños agricultores es reducida no exista la tasa de reemplazo necesaria para cubrir las vacantes. En Perquenco existen tres módulos de Prodesal, cada uno atiende a 120 pequeños agricultores, por lo que se trata de 360 personas que se encuentran en una situación de incertidumbre. Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura, señor Jaime Campos, a fin de que revise la reglamentación interna de Indap y ordene la búsqueda de un mecanismo gradual de egreso de los pequeños agricultores del Prodesal, pues, de lo contrario, se generará un gran daño a la economía rural de la zona, sobre todo, en comunas donde no existe una demanda de reemplazo tan significativa. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INVESTIGACIÓN DE ASESORÍAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIOBÍO A COMITÉS Y COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL. Oficio. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, una de las preocupaciones más recurrentes de los diputados que representamos a un significativo número de vecinos que viven en sectores rurales, dice relación con la situación de la agricultura y, particularmente, con la denominada agricultura tradicional que, lo digo en forma muy responsable, atraviesa por una severa crisis. La verdad es que las perspectivas son complejas para el conjunto de las comunidades, debido a que su área de influencia impacta en todas las actividades productivas y socioeconómicas. No es una crítica propia de épocas electorales. Es difícil, en momentos como estos, expresar ideas y describir situaciones donde existen problemas, porque se tiende a pensar que siempre conllevan un trasfondo y una motivación política. A riesgo de que se malinterpreten mis palabras, como representante de comunas con un alto porcentaje de ruralidad, debo asumir una responsabilidad, y lo hago con el mismo sustento que han tenido todas mis intervenciones en esta Cámara, es decir, inspirado, más allá de las visiones respetables de cada uno, en encontrar respuestas a las inquietudes ciudadanas y darles un solución definitiva, pensando siempre en el bien común. Sabemos que el sector rural tiene problemas concretos, que la calidad de vida, según todos los indicadores, revela una realidad preocupante; que las desigualdades son más profundas, y las perspectivas no son alentadoras si no se toman las medidas adecuadas. He leído y escuchado las propuestas de los candidatos presidenciales para el sector rural. En verdad, todos manifiestan una preocupación preferente y buenos deseos. La misma preocupación y compromiso ha manifestado el Presidente Lagos. El punto es que los habitantes del sector rural no necesitan más diagnósticos ni eternos estudios, sino acciones concretas, que se han venido desarrollando, como lo he reconocido en múltiples oportunidades; pero, a partir de ello, debemos seguir avanzando más rápido. Tenemos que caminar hacia una reconversión de nuestros productos, a encontrar cultivos que el mercado requiere e incorporarles mayor valor agregado, para lo cual se necesita tecnología, capacitación y políticas de comercialización oportunas y muy claras. Además, es imprescindible desplegar una acción adicional orientada a mejorar la calidad de vida de la población, lo que implica políticas integrales de desarrollo que incluyan educación, salud, vivienda y, fundamentalmente, aquello sin lo cual ninguna acción o política sectorial resultará: facilitar el acceso de cada familia al agua potable, porque así mejora la higiene, la salud y la autoestima de las personas. En el sector rural, el servicio de este vital elemento se estructura a partir de una organización denominada cooperativa o comité de agua potable rural, APR, que es un sistema que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, organismo que aporta los recursos necesarios para prestar asesoría y supervisión a los comités y cooperativas en materias contables, comunitarias y técnicas, referidas a las instalaciones sanitarias. Además, colabora con la gestión de los diseños y obras de los sistemas de agua potable. En la Región del Biobío, y entiendo que también en la del Libertador Bernardo O’Higgins, esta labor de asesoría y supervisión ha sido entregada a la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío, Essbio, lo cual ha motivado una serie de problemas e inquietudes entre los vecinos cooperados e integrantes de comités de cada una de las comunas de Ñuble. El primer problema es que las cooperativas y comités deben entregar a Essbio sus informes contables. La interrogante es ¿por qué? ¿Qué sustento jurídico tiene y qué propósito se persigue? ¿Qué sentido tiene que ejerza una labor fiscalizadora si, además, cumple un rol de asesoría? ¿Cómo puede asesorar y fiscalizar a la vez, más aún si se trata de una empresa privada? El segundo problema es que si el Ministerio de Obras Públicas le paga a Essbío para que preste un servicio de asesoría, ¿por qué esta empresa les cobra a los comités que, en general, son integrados por personas de escasos recursos? El tercer problema es que los agricultores y vecinos no están conformes con la calidad de la asesoría. Es más, la sindican derechamente como de mala calidad. Lo más grave es que no existe fiscalización ni menos evaluación de una empresa externa. El punto es que las consecuencias de ello las tienen que asumir las propias cooperativas y comités y, en no pocas ocasiones, los afectados en forma individual. El tema de fondo es que se entrega una responsabilidad de asesoría a una empresa que es propietaria de gran parte de los servicios de agua potable urbanos de la región y cuya política es continuar incrementando su participación en el mercado a tal punto que puede, en el corto plazo, transformarse en dueña absoluta de toda el agua potable de la región, con las consecuencias que acciones monopólicas de esta naturaleza producen en la población. Es legítima y atendible la interrogante: ¿por qué no se contrata para tales efectos una empresa estatal y no a una que tiene intereses comerciales evidentes en el sector y cuyos beneficiarios son sus accionistas? En verdad, son múltiples las interrogantes que surgen del análisis de este tema. Las que he señalado son las más importantes y así me lo han hecho saber los propios vecinos afectados, situación que me lleva a solicitar se oficie al contralor general de la República, con el objeto de que disponga una investigación tendiente a dilucidar los siguientes puntos: 1. Sustento jurídico que avale la entrega de la función de asesoría y fiscalización de las cooperativas y comités de agua potable rural a Essbio.2. Establecer si Essbio tiene atribuciones para revisar los libros contables de las cooperativas y de los comités. 3. Determinar la cantidad de asesorías prestadas, los montos percibidos del Ministerio de Obras Públicas para tal efecto, en qué se han traducido; calidad de ésas y sus resultados. 4. Determinar los cobros directos realizados por Essbio a los vecinos miembros de las cooperativas y comités, y en el evento de que así fuere, quién le entregó esa facultad y si es legal su proceder. 5. Determinar cómo se compatibiliza la función asignada a Essbio con el rol que le corresponde al Ministerio de Economía en el ámbito de la fiscalización de las cooperativas, tanto en las áreas contable como administrativa. 6. Establecer si es compatible que una empresa privada monopólica del agua potable pueda asesorar y supervisar a la vez bienes de derecho público en los que tiene interés comercial. Señor Presidente, con frecuencia escuchamos y leemos artículos sobre la necesidad de ir introduciendo mejoras en el modelo económico para hacerlo más justo. Hace sólo algunos días, un importante personero del ámbito económico y empresarial del país formuló interesantes reflexiones en tal sentido, respecto de las cuales, con matices, creo que estamos mayoritariamente de acuerdo. Si ello es así, aquí tenemos una posibilidad muy concreta para ir acortando las diferencias sociales. Y el agua, que es un bien fundamental, nos da la oportunidad de materializar en hechos lo que expresamos verbalmente. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Abel Jarpa. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO AGRÍCOLA EN COMUNAS DE ÑUBLE. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero señalar dos importantes actividades que se realizaron el fin de semana en la provincia de Ñuble, específicamente en las comunas de Chillán, El Carmen y Pinto. La primera se realizó el viernes en el Inia, donde el intendente de la Región del Biobío, señor Jaime Tohá González, presidió la suscripción de un convenio entre la Universidad del Biobío y el Inia, mediante el cual se crea un centro para la investigación en técnicas alimentarias. Es muy importante el esfuerzo que ha hecho el intendente señor Tohá en relación con proyectos de biotecnología. Además, debo recordar que en Concepción se realizó un congreso internacional sobre la materia. Las autoridades de la Región del Biobío han realizado un gran esfuerzo para llevar adelante el tema de la biotecnología, debido a que consideran que por este medio se pueden obtener los recursos necesarios que permitirán dar sustento al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Quiero recordar que en el período legislativo anterior formé parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la que determinamos que una de las necesidades que teníamos era aplicar la investigación que se realiza en las universidades en todo el sector productivo. Aquí se añade un valor agregado en relación con las técnicas alimentarias. Lo anterior quisiera resaltarlo y unirlo con las actividades que realizamos el sábado en las comunas de El Carmen y Pinto, junto con el ministro de Agricultura, señor Jaime Campos Quiroga. En esa oportunidad visitamos un predio de 38 hectáreas ubicado a cuatro kilómetros de la comuna de El Carmen, que ya está certificado como un predio Pabco, es decir, predios agrícolas bajo certificación oficial, lo cual lo deja en condiciones de exportar sus productos. Efectivamente, en este predio había una plantación de siete hectáreas de frambuesas y de arándanos, y otras actividades relacionadas con bovinos. Lo anterior es para destacar que lo que aprobamos a través de los tratados de libre comercio, además de favorecer las exportaciones de los grandes agricultores, está abarcando a los pequeños y medianos. Situación similar ocurrió en la comuna de Pinto, donde recorrimos otro predio que también cuenta con la certificación Pabco y que está haciendo uso intensivo de aproximadamente 20 hectáreas. Además, se firmó un convenio entre el Inia -el día anterior lo habíamos hecho con la Universidad del Biobío- y la municipalidad de Pinto, con el objeto de dar todo el apoyo a los pequeños y medianos agricultores. En la comuna de El Carmen el ministro se reunió con los representantes de los Prodesal de El Carmen, San Ignacio, Pemuco y Yungay. Al respecto, debo señalar que se trata de comunas que están recibiendo el aporte de riego del canal Laja-Diguillín, lo que está demostrando que si los predios se hubieran forestado mucho antes, hoy estarían en producción agrícola. Lo mismo sucedió en Pinto, donde sostuvimos reuniones con los Prodesales de Chillán, Chillán Viejo, Coihueco y Pinto para escuchar al ministro de Agricultura. En dicho acto, el secretario de Estado estuvo acompañado por el seremi de Agricultura, don Andrés Castillo; del director regional de la Conaf, don Sergio Valdés; del director regional el Indap, don César Rodríguez, y el director regional del SAG, don Jaime Piña. En todos estos predios agrícolas bajo certificación oficial Pabco es muy importante el trabajo del Indap para darles apoyo tecnológico y económico; del Servicio Agrícola y Ganadero, para declararlos como Pabco, y de la Conaf, en todo lo que se refiere al subsidio. Las actividades que realizamos el fin de semana con el intendente de la región del Biobío, el ministro de Agricultura, algunas universidades y representantes del agro, nos permitieron apreciar que vamos por el camino correcto en cuanto a la aplicación de las tecnologías que se investigan en las uni-versidades a los pequeños, medianos y grandes agricultores, como también respecto de lo que realiza el Indap. Es importante resaltar lo que señaló el ministro en cuanto a que en 1990 había 25 mil usuarios del Indap y actualmente hay 104 mil. Sin embargo, debo resaltar que son más de 200 mil los beneficiados. Para terminar, quiero expresar que en la comuna de El Carmen hay siete predios pequeños cuyos propietarios son usuarios del Indap, los que están entregando toda la información para ser certificados y quedar bajo la modalidad de predios Pabco, lo que les permitirá una mejor producción. Este sistema se transforma en una importante fuente de empleo, no sólo en cuanto a cantidad, sino también a calidad. Eso es muy importante para estas comunas rurales que, tal como lo señaló con anterioridad el diputado señor Rosauro Martínez, necesitan apoyo para lograr el desarrollo rural, en el que están integradas las capacidades de acceder a la salud, educación, transporte y telecomunicaciones. La posibilidad de contar con empleo es muy importante para evitar la emigración a las ciudades. He dicho. El señor CORNEJO (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.06 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: En respuesta a su oficio Nº 5890, de fecha 18 de octubre de 2005, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (boletín Nº 3021-07). En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; EDUARDO DOCKENDORFF VALLEJOS, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio del Senado. “Valparaíso, 18 de octubre de 2005. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el fin de exigir licencia especial clase “F” para conducir vehículos de emergencia de bomberos, correspondiente al Boletín Nº 3.556-15, con las siguientes modificaciones:Artículo único En la letra a), ha suprimido la conjunción “y” y ha reemplazado la coma (,) que le antecede, por un punto y coma (;). -En la letra b), ha sustituido el punto final (.) por la expresión “, y”.-o- -Ha agregado la siguiente letra c), nueva: “c) Intercálase, a continuación de la clase F, el siguiente inciso: “El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá, mediante Reglamento, los cursos, exigencias y requisitos especiales que deberá exigir la Academia Nacional de Bomberos a sus postulantes, para otorgarles el certificado que los habilite para solicitar la licencia de conductor clase F.”.”.-o- Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5022, de 8 de julio de 2004. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, Secretario General (S) del Senado”.3. Oficio del Senado. “Valparaíso, 18 de octubre de 2005. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que ordena la anotación de los vehículos robados en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, correspondiente al Boletín Nº 3.344-15. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5040, de 15 de julio de 2004. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, Secretario General (S) del Senado”.4. Oficio del Senado. “Valparaíso, 18 de octubre de 2005. Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca y sus anexos”, suscrito en Santiago, Chile, el 16 de diciembre de 2004, correspondiente al Boletín Nº 3.917-10. Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5769, de 9 de agosto de 2005. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a vuestra Excelencia. (Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, Secretario General (S) del Senado”.5. Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas. (boletin N° 3797-19-2)“Honorable Camara: Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S. E. el Presidente de la República que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley 19.799 sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas.I. ARTÍCULOS QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES. No fue objeto de indicaciones ni de modificaciones el numeral 1 del artículo 2º del proyecto de ley.II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO. A juicio de vuestra Comisión el proyecto de ley en informe no contempla normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales o de quórum calificado.III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS En relación con esta materia, y con ocasión de la discusión en particular vuestra Comisión suprimió el artículo cuarto transitorio.IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS Con ocasión de la discusión en particular vuestra Comisión aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes en la Sala, las siguientes indicaciones a su articulado:Al artículo 1ºNumeral 1 De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo; Egaña, González, Paya y Walker, para reemplazar el numeral 1 del artículo 1º, por el siguiente: “1) Agrégase el siguiente número 6 nuevo al artículo 342: “6. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.”.” -Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.Numeral 2 De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo; Egaña, González, Paya y Walker:a) Para introducir al inicio del inciso tercero del artículo 348 bis, nuevo, propuesto, la siguiente oración: “Sólo podrán ser objetados los documentos electrónicos que no estén suscritos mediante firma electrónica avanzada.”.b) Para sustituir su inciso cuarto por el siguiente: “Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, sólo podrá recurrirse en calidad de peritos, a los prestadores de servicios de certificación señalados en el artículo 11 de la ley Nº 19.799 y procederán como tales con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423.”. -Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.Al artículo 2ºNumeral 2 De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo; Egaña, González, Paya y Walker para agregar el siguiente párrafo segundo, en el Nº 2 del artículo 5º que se reemplaza: “En el caso de documentos electrónicos que posean la calidad de instrumento privado y estén suscrito mediante firma electrónica simple, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.”. -Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.V. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. Vuestra Comisión no introdujo nuevos artículos a esta iniciativa legal.VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. A juicio de vuestra Comisión el proyecto de ley en informe no contempla normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.VII. INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN. Vuestra Comisión no rechazó indicaciones con ocasión del estudio en particular del proyecto de ley en informe.VIII. DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA. El proyecto de ley en informe modifica los artículos 342 del Código de Procedimiento Civil, y 2º y 5º de la ley 19.799.-o- Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el Diputado informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:PROYECTO DE LEY “Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil.1) Agrégase el siguiente número 6 nuevo al artículo 342: “6. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.”.2) Agrégase el siguiente artículo 348 bis nuevo: “Artículo 348 bis. Presentado un documento electrónico, el Tribunal citará para el 6° día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios técnicos electrónicos necesarios para su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con dichos medios. Tratándose de documentos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que los presente. Sólo podrán ser objetados los documentos electrónicos que no estén suscritos mediante firma electrónica avanzada. En caso que el documento sea objetado, de conformidad con las reglas generales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la persona que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda. Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, sólo podrá recurrirse en calidad de peritos, a los prestadores de servicios de certificación señalados en el artículo 11 de la ley Nº 19.799 y procederán como tales con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423. En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346 N°3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción.”. Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley 19.799.1) Agrégase al artículo 2° la siguiente letra i) nueva: “i). Fecha electrónica: conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados”.2) Reemplazase el número 2 del artículo 5 de la ley 19.799, por el siguiente: “2. Los que posean la calidad de instrumento privado, en cuanto hayan sido suscritos con firma electrónica avanzada, tendrán el mismo valor probatorio señalado en el número anterior. Sin embargo, no harán fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador acreditado. En el caso de documentos electrónicos que posean la calidad de instrumento privado y estén suscrito mediante firma electrónica simple, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.”-o- Se designó diputado informante a don Patricio Walker Prieto. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 2005. Acordado en sesión de fecha 20 de julio con asistencia de los Diputados señores Álvarez-Salamanca; Bayo; Egaña, y Villouta. (Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión”.6. Moción del diputado señor Maximiano Errázuriz. (boletín Nº 4024-15) Responsabiliza al comprador de un vehículo del pago de multas, aunque la trasferencia no esté hecha. “Considerando:1. Que con frecuencia se vende un vehículo sin hacerse la transferencia, por lo que las multas y cobro de peajes a través del sistema TAG se hacen al vendedor, cuyo nombre aparece como propietario en el Registro de Vehículos Motorizados;2. Que si bien la venta no constituye enajenación, pues es un título que sirve para transferir el dominio pero mientras no haya un modo que lo transfiera, el vehículo sigue a nombre del vendedor, entre personas de escasos recursos es frecuente que, recibido el dinero y celebrado el contrato, el vendedor no se preocupa de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados a nombre del comprador y éste, por razones de conveniencia, tampoco lo hace, vengo en presentar el siguientePROYECTO DE LEY ARTÍCULO PRIMERO: Producida la venta de un vehículo, los partes y multas que se apliquen por infracción a la Ordenanza General de Tránsito recaerán en el comprador, para cuyo efecto bastará que el vendedor exhiba ante el tribunal copia autorizada ante Notario Público del respectivo contrato de compraventa y siempre que la infracción haya tenido lugar con posterioridad a la venta. ARTÍCULO SEGUNDO: La persona afectada por la situación descrita en el artículo anterior, podrá concurrir al tribunal sin necesidad de patrocinio de abogado. 7. Moción de los diputados Jofré, Bertolino, Vargas, Olivares, Delmastro, René Manuel García, Bayo, Barros e Hidalgo y de la diputada señora Laura Soto. (boletín Nº 4023-06) Modifica forma de elegir Alcalde en caso de vacancia del cargo. “CONSIDERANDO: El 3 de junio de 1997, S. E. el Presidente de la República envió al Honorable Senado un Proyecto de Ley para establecer la elección separada de alcaldes y concejales. Este proyecto sufrió numerosas modificaciones durante su tramitación, entre ellas la referente a la forma de resolver la vacancia del cargo de alcalde. A pesar de que fue en el Senado donde surgió la inquietud de modificar el artículo correspondiente a la vacancia del cargo de alcalde y donde se estableció por primera vez, mediante indicación del Senador Moreno, aprobada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que: "En caso de vacancia del cargo de alcalde, éste se proveerá, por el plazo que reste para completar el período, con el concejal que hubiere obtenido la más alta votación individual dentro de la lista o pacto del que formó parte el alcalde que provoca la vacancia.“, la Sala del Senado rechazó dicha modificación. El Proyecto del Ejecutivo fue cambiado sustancialmente en el Senado, por lo cual el Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados un texto sustitutivo, el cual incluyó en su artículo único, numeral 3 nuevo, la forma como se proveería en caso de vacancia el cargo de alcalde, reestableciendo los mismos términos como había sido aprobado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado. La Cámara de Diputados aprobó esta disposición por amplia mayoría, pero nuevamente el Senado la rechazó. La Comisión Mixta, por su parte, propuso un nuevo sistema para resolver la vacancia del cargo, lo cual fue rechazado por ambas cámaras. Atendido lo señalado anteriormente, cuando se legisló para establecer la elección separada de alcaldes y concejales no se modificó el artículo correspondiente a la vacancia del cargo, por lo cual continuó rigiendo la norma que correspondía a un sistema de elección municipal distinto. De esta manera, existe una incoherencia entre el nuevo sistema de elección de alcalde y el antiguo sistema de reemplazo en caso de vacancia. La aplicación de esta antigua norma en la práctica ha suscitado innumerables dificultades, ya que al no estar normado en forma clara quién reemplaza al alcalde que produjo la vacancia, despierta la sospecha de arreglos o pagos indebidos, que entorpecen obviamente el buen desempeño de la gestión municipal y desconocen la voluntad ciudadana. En razón de lo anterior, consideramos conveniente modernizar la norma de reemplazo en caso de vacancia, asumiendo la forma en que son reemplazados los concejales, y también en lo que es pertinente, los principios considerados por el Congreso Nacional para la reforma del artículo 51 de la Constitución, referido a la vacancia del cargo de parlamentario. En este caso, los diputados y senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Esta norma tiene por finalidad mantener una representación en razón a las visiones doctrinarias de los partidos, impidiendo que de esta manera se tergiverse la voluntad popular. Por lo tanto, presentamos el siguiente PROYECTO DE LEY "Artículo Único.- Introdúcese la siguiente modificación a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: Modifícase el artículo 62, de la siguiente forma:a) Sustitúyanse los incisos tercero, cuarto y quinto por los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos: “Cuando el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso primero, el concejo procederá a proveer la vacancia en sesión especialmente convocada al efecto, de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes. En caso de vacancia del cargo de alcalde, éste se proveerá, por el plazo que reste para completar el período, con el concejal del mismo partido a que hubiere pertenecido el alcalde al momento de ser elegido, que hubiere obtenido en la elección municipal respectiva la más alta votación individual. En caso de no ser aplicable la regla anterior, la vacante será proveída por el concejo, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido político al que hubiere pertenecido, al momento de ser elegido, quien hubiere motivado la vacante. Para tal efecto, el partido político tendrá un plazo de diez días hábiles desde su notificación por el secretario municipal del fallo del Tribunal Electoral Regional. El concejo deberá elegir al alcalde dentro de los diez días siguientes de recibida la terna respectiva; si el concejo no se pronunciare dentro de dicho término, la persona que ocupe el primer lugar de la terna asumirá de pleno derecho el cargo vacante.b) Incorpórense los siguientes incisos sexto, séptimo y final nuevos: “Igual modo de elección corresponderá en los casos de los alcaldes elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos. En este caso la terna deberá ser enviada por el partido indicado por el respectivo alcalde al momento de presentar su declaración de candidatura. Tratándose de independientes que no hubieren pactado con partidos políticos el cargo se proveerá con el concejal de la lista o pacto más votado que hubiere obtenido individualmente el mayor número de preferencias ciudadanas. El nuevo alcalde permanecerá en el cargo por el tiempo que faltare para completar el respectivo período, pudiendo ser reelegido. Mientras no sea elegido nuevo alcalde, regirá lo dispuesto en el inciso primero.”8. Moción de los diputados señores Bauer, Bertolino, Galilea, Norambuena, Villouta, Cardemil, Ulloa, Encina y Álvarez. (boletín Nº 4025-02) Proyecto de ley que establece un nuevo plazo para la regularización en la inscripción de armas de fuego, establecido en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.014. “Con la promulgación de la Ley N° 20.014, que modificó la Ley Nº 17.798, sobre control de armas, se produjo un profundo cambio en la legislación referida a la inscripción, posesión, tenencia y uso de armas de fuego. Los cambios introducidos a dicha ley apuntaban, básicamente, a dos objetivos. El primero de ellos, fue aumentar los requisitos para la posesión y tenencia de armas por parte de la población civil. Con ello, se mejoró el proceso general de control sobre las personas que adquirieran arma de fuego, ya fuese con fines deportivos o de defensa personal. Por otra parte, se establecieron diversas normas dirigidas a estimular la posesión o tenencia, así como el uso responsable de estos elementos, a la vez que se aumentaron las sanciones para quienes infringieran la legislación sobre control de armas. El apoyo político transversal que tuvo la aprobación de esta ley, se centra en el interés general que existe en torno a materias de seguridad ciudadana y delincuencia, donde la tenencia de armas de fuego cobra vital importancia ante el aumento en el uso de este tipo de elementos para la comisión de diversos delitos. En este sentido, la percepción ciudadana respecto al creciente uso de la violencia por parte de los delincuentes, ha llevado a que algunas personas optaran por la adquisición de armas de fuego como medio de defensa, lo cual es del todo legítimo, pero requiere de medidas de control efectivos por parte de las autoridades. Respecto de esto, durante la tramitación de la Ley N° 20.014 se mantuvo un constante interés de parte de un grupo de parlamentarios respecto a la necesidad de contar con una legislación que junto con restringir la adquisición personal de armas de fuego, entregara herramientas de control reales a la autoridades a las que corresponde fiscalizar esta materia, especialmente, respecto de quiénes y en qué condiciones poseen armas de fuego. En este contexto, la Ley N° 20.014 contempló una norma transitoria – el artículo 1° transitorio, específicamente-, que permitió de manera temporal la regularización de las armas por parte de las personas que se encontraran en alguna de las siguientes situaciones: -Personas que estén en posesión o tenencia de armas inscritas a nombre de un tercero. -Personas que estén en posesión o tenencia de un armas inscrita a su nombre, en un bien raíz distinto al que figura en la inscripción. -Personas que habiendo perdido o extraviado un arma inscrita a su nombre, no hubiesen comunicado tal circunstancia a la autoridad competente. Dicha norma transitoria permitió que las autoridades fiscalizadoras de las armas de fuego pudiesen entrar en conocimiento de la real situación en que se encontraban una serie de estos elementos y se pudiese proceder a actualizar la información correspondiente a su ubicación y posesión. Considerando que la aplicación de esta ley ha permitido tener una mayor conciencia respecto a la situación real de la posesión y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil en nuestro país y que aún falta mucho por saber, es que se cree necesario promover normas que colaboren para llegar a un control más amplio acerca de esta materia. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es que vengo en presentar una iniciativa cuyo objetivo es el establecimiento de un nuevo plazo especial para la regularización de las armas que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el artículo 1° transitorio de la Ley 20.014, que modificó la ley de control de armas. El fundamento de esta moción es dar una nueva oportunidad a quienes estén en posesión de armas fuego inscritas pero estén en situación irregular, de modo que puedan realizar las correcciones necesarias para normalizar la situación de dichos elementos y las autoridades encargadas de su control y fiscalización puedan conformar una base de datos lo más certera posible respecto a la realidad de la condición de dichos elementos. Por todo lo antes dicho es que tengo a bien presentar el siguiente proyecto de ley: “Artículo Único.- Establézcase un nuevo plazo especial de 120 días para la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.014, que modificó la Ley Nº 17.798, sobre control de armas, el que comenzará a regir desde la publicación de la presente ley.”.