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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CRÉDITOS OTORGADOS A LOS RETORNADOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA CON ALEMANIA.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de acuerdo Nº 345, sobre evaluación de las medidas sugeridas en anterior investigación acerca de los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Enrique Accorsi.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 74ª, en 7 de marzo de 2006. Documentos de la Cuenta N° 14.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía fue mandatada, en calidad de investigadora, para evacuar un informe relativo a la evaluación de las medidas que debían adoptarse, según anterior investigación, acerca de los créditos otorgados a los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, administrados por el Banco del Estado de Chile.
El marco dentro del cual la Comisión desarrolló su cometido se estableció en el proyecto de acuerdo N° 345, aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 8 de enero de 2004, patrocinado por la diputada señora Laura Soto, los diputados señores Alfonso Vargas y Felipe Salaberry y los ex diputados señores Leopoldo Sánchez y Francisco Bayo.
De acuerdo con uno de sus considerandos, el Presidente de la República de la época de Ricardo Lagos , estimaba que las anteriores investigaciones de la Cámara de Diputados respecto de la materia habían sido vanas. En consecuencia, se acordó mandatar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para que evaluara las medidas sugeridas por la Cámara de Diputados en las conclusiones de las Comisiones investigadoras sobre los créditos otorgados a los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania y constituirla en investigadora para recibir nuevos antecedentes sobre la materia, de modo de evacuar un informe complementario de los anteriores.
Para una mejor comprensión de la investigación desarrollada por la Comisión, a continuación se expone una síntesis de lo ocurrido sobre el particular desde 1990 en adelante.
Con fecha 26 de octubre de 1990 se firmó el Convenio de Cooperación Financiera entre las repúblicas de Chile y de Alemania, en el que se estableció que sus organismos ejecutores serían el Banco del Estado de Chile y el Banco Alemán de Compensaciones. La finalidad de dichas entidades era la de poner a disposición de los chilenos que deseaban reintegrarse a su país luego del exilio, las herramientas financieras y técnicas necesarias.
Se dispuso que los beneficiarios serían los repatriados que creasen o adquirieran una empresa, los que invirtieran fondos en empresas ya existentes o los que asumiesen tareas ejecutivas o técnicas en pequeñas y medianas empresas de la industria o del comercio.
Los montos a otorgarse al amparo del convenio eran los siguientes: diez millones de marcos alemanes, provistos por el gobierno de la República Federal de Alemania, para la concesión de créditos a los usuarios, suma que se estipuló entregar al Banco del Estado de Chile bajo la forma de un préstamo, con un interés anual del 2 por ciento, en marcos alemanes y a treinta años de plazo, incluidos diez de gracia. Un monto igual, en su equivalente en pesos chilenos, provisto por el gobierno de Chile, y 9 millones de marcos alemanes, que corresponden a una contribución financiera no reembolsable, efectuada por el gobierno alemán al Banco del Estado de Chile para solventar los gastos de elaboración de estudios de factibilidad y de otros estudios, medidas de capacitación y asesorías para los repatriados y otros.
Se convino una garantía estatal consistente en que el gobierno de Chile debía garantizar el reembolso del préstamo de diez millones de marcos alemanes, sin perjuicio de que se obligaba a liberar a los prestatarios particulares del riesgo de la tasa de cambio.
Se estableció que el convenio entraría en vigencia en la fecha en que el gobierno de la República de Chile comunicara al gobierno de la República Federal de Alemania la circunstancia de haberse cumplido las disposiciones legales al efecto. La referida comunicación se materializó en el oficio ordinario N° 015654, remitido el 6 de agosto de 1993 por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile de la época al embajador de la República Federal de Alemania .
Se estableció que el plazo de vigencia del convenio sería de tres años, prorrogable, de conformidad con determinados requisitos.
Especial interés reviste la creación de la Oficina Nacional de Retorno, en virtud de la ley N° 18.994, de 20 de agosto de 1990. Se trata de un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República .
La Oficina Nacional de Retorno participó en la suscripción del convenio tripartito, de fecha 3 de enero de 1992, por el cual el Banco del Estado de Chile encomendó a la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, la prestación de determinados servicios orientados al cumplimiento de las finalidades que el convenio de 1990 previó para los chilenos que desearan reintegrarse a su país, servicios que se materializaron en proyectos a cargo de la Fundación, los cuales debían contar con la aprobación previa de la Oficina Nacional de Retorno.
En el cumplimiento de su cometido, la Comisión tuvo a la vista todos los informes que requirió la primera Comisión que se abocó a esta investigación. Sin embargo, debido a que sus conclusiones no fueron satisfactorias, se estableció esta segunda Comisión, que celebró sesiones ordinarias y procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas.
La señora Virginia Valdés, presidenta de la Corporación de Retornados de Chile, expresó que decenas de familias necesitan una justa reparación por el daño que les ha causado la mala implementación del programa de créditos. Agregó que un porcentaje considerable de éstas abandonaron nuevamente Chile para volver a los lugares donde habían vivido su exilio.
En cuanto al origen del problema, indicó que los préstamos para la reinserción de los retornados fueron concebidos como préstamos de tipo social. Sin embargo, se entregó su estudio, asignación y administración a una entidad comercial cuyo objetivo fundamental radica en la obtención de utilidades. De este modo, hizo presente que la norma que faculta al banco para condonar las deudas era inaplicable para propugnar sus cometidos y que dentro de las personas beneficiadas con la ley N° 19.740 se excluyó a los deudores con cobro judicial, que son la mayoría en cuanto a número y gravedad.
Además, se refirió al seguro de desgravamen, ya que originalmente los créditos no lo consideraron, por lo que, en algunos casos, los herederos de los beneficiarios están siendo objeto de ejecuciones.
El Banco ha sostenido que ellos no pueden remitir las deudas, pues deben ceñirse a su ley interna y al control de la Superintendencia de Bancos. Cualquier modificación al respecto es materia que compete al Ejecutivo .
La Comisión despachó diversos oficios y recibió respuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado, en términos tales que éste decidió desestimar el inicio de acciones criminales en contra de quienes aparecían como posibles imputados de los hechos cuestionados, ya que no divisó la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos ni tampoco que dichas acciones hubiesen afectado el patrimonio del Estado.
El Consejo llegó a la conclusión de que la utilización de los recursos percibidos por el Banco del Estado, a título de contribución financiera no reembolsable, debió ser fiscalizada por el Banco Alemán de Compensaciones, puesto que eran recursos suyos, y aquellos entregados a Faret fueron a su vez fiscalizados por el Banco del Estado, gastos que han sido analizados y revisados por auditores externos de reconocida solvencia, por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras e indirectamente por el Ministerio de Justicia, sin que ninguno de ellos denunciara ilícitos en los que participen funcionarios públicos o que afecten el patrimonio del Estado.
Por su parte, la excelentísima Corte Suprema informó que, con fecha 5 de junio de 2001, se remitieron los antecedentes hechos llegar por esta honorable Cámara, con ocasión de las proposiciones de la anterior comisión investigadora, a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, en sesión de 20 de junio de 2001, dispuso su archivo.
Por su parte, la Contraloría General de la República expresó que ninguno de los órganos involucrados en la administración y ejecución del citado convenio de cooperación revestía la calidad de entidad o servicio público sometido a la fiscalización de esta Contraloría General, de tal forma que las eventuales infracciones que pudiesen derivarse de las acciones u omisiones de sus empleados no estaban dentro del ámbito de su competencia y, por lo tanto, tampoco correspondía a este organismo fiscalizar el debido uso de los fondos destinados a dicha finalidad.
Además, se expresa que esta entidad fiscalizadora carece de competencia para pronunciarse sobre las actuaciones del Banco Estado, toda vez que dicha institución se encuentra sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Por otra parte, corresponde hacer presente que la Oficina Nacional de Retorno, único servicio público que estuvo vinculado a los hechos tan sólo en la fase de aprobación de los proyectos, no tuvo participación alguna en la administración de los recursos, razón por la cual no fue considerada en los programas y planes de fiscalización de este organismo. A continuación, añade que “...dicha Oficina se extinguió por el sólo ministerio de la ley el 20 de septiembre de 1994, y por consiguiente, las acciones para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios se encontraban prescritas a la fecha en que esta Contraloría tomó conocimiento de los resultados del trabajo realizado por la mencionada Comisión Investigadora.”
Con los antecedentes recabados, la Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones y proposiciones.
Desde el año 1990 en adelante, el Estado ha procurado reparar los perjuicios sufridos por muchos chilenos durante el gobierno militar.
Es así como en el Congreso Nacional se han tramitado las siguientes leyes: Nº 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reconciliación y Reparación; Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos; Nº 19.992, que establece una pensión de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos; N° 18.994, que crea la Oficina Nacional de Retorno; N° 19.128, que otorga franquicias aduaneras a aquellas personas calificadas como exiliados políticos, y N° 19.740, que otorga beneficios a los deudores del Banco del Estado que hayan obtenido créditos en el marco del programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
En relación con los retornados que obtuvieron créditos otorgados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, este esfuerzo no ha rendido los frutos esperados.
La aplicación del mencionado instrumento motivó, en el pasado, la constitución de dos comisiones investigadoras.
La segunda de éstas acordó remitir todos los antecedentes acumulados, tanto en la primera comisión investigadora como en la segunda, al tribunal del crimen competente, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado , a fin de que se estudien los eventuales delitos en que se hubiere incurrido por parte de funcionarios públicos o privados.
Asimismo, acordó oficiar a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago , para acompañarle copia de los informes en los mismos términos arriba señalados.
El Consejo de Defensa del Estado expresó que no divisó la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos ni tampoco que dichas acciones hubiesen afectado el patrimonio del Estado. A continuación, agregó que llegó a la conclusión de que la utilización de los recursos percibidos por el Bech, a título de contribución financiera no reembolsable, debió haber sido fiscalizado por el Banco Alemán de Compensaciones, como ya se dijo.
Por su parte, en lo relativo a la Fundación de Asistencia al Retornado, Faret, la Contraloría General de la República sostuvo que, como organización no gubernamental, sus ingresos sólo están sujetos a la fiscalización de la Contraloría en la medida en que se encuentren contemplados en la ley de presupuesto vigente, conforme lo estipula la misma normativa.
Por último, hizo presente que la Oficina Nacional de Retorno no tuvo participación alguna en la administración de los recursos, razón por la cual no fue considerada en los programas y planes de fiscalización de este organismo.
La Corte de Apelaciones de Santiago informó a la Comisión que la razón que probablemente tuvo ese tribunal para disponer, en su momento, el archivo de los antecedentes, fue que esa judicatura no puede ordenar agregar antecedentes a procedimientos civiles que están sujetos al principio de iniciativa de parte.
Más allá de la evaluación de las medidas sugeridas por anteriores comisiones investigadoras, esta Comisión estima que los resultados del convenio celebrado entre los gobiernos de Chile y de Alemania, así como la aplicación de la ley Nº 19.740, no han sido los deseados.
El estudio, la asignación y administración de la ayuda para la reinserción de los retornados se entregó a una entidad comercial que actúa inspirada por criterios económicos que no se condicen con los principios que inspiran el citado convenio.
Asimismo, esta comisión estima que constituyó un grave error otorgar los créditos sin el correspondiente seguro de desgravamen.
Resulta inconcebible que los herederos de algunos retornados deban asumir las deudas generadas a partir de los créditos que se otorgaron a sus ascendientes.
El Banco ofreció que los clientes contrataran por su cuenta sus propios seguros, gestión que ha resultado infructuosa debido a la edad y precariedad económica de los beneficiarios.
De acuerdo con las exposiciones que se realizaron ante esta comisión, muchos deudores están próximos a ser ejecutados por el Banco al no poder pagar la parte no remitida de su deuda.
Esta Comisión considera inaceptable que la situación se resuelva con medidas tan extremas como la recién citada.
En virtud de lo expuesto, se reitera el llamado efectuado en las conclusiones de un informe anterior sobre esta misma materia, en el sentido de invitar tanto al Poder Ejecutivo como a la Corporación de Retornados a flexibilizar posiciones para lograr un acuerdo que contemple la condonación parcial de la deuda, a fin de reparar los serios daños ocasionados en las personas y bienes de los usuarios de este programa especial de créditos del Banco del Estado de Chile.
Asimismo, la comisión hace un llamado a las máximas autoridades del Banco del Estado a suspender la ejecución de los créditos adeudados hasta que se alcance el referido acuerdo.
Por último, no se puede hacer una indicación a fin de forzar la posición del Ejecutivo , puesto que ello sería inconstitucional.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , el problema derivado de la mala administración de los créditos otorgados a los retornados políticos con fondos del gobierno alemán se ha mantenido por años. Hay colegas que han vuelto a la Cámara después de estar ausentes uno o más períodos legislativos y se han encontrado con un tema que ya conocían y que no hemos sabido resolver, porque las autoridades políticas y administrativas del país no han sabido cómo o no han tenido la voluntad para darle una solución definitiva.
Rara vez una persona o un grupo de personas ha sufrido el contrasentido de recibir una ayuda para finalmente verse perjudicada por las condiciones y circunstancias como las señaladas por la diputada informante . Es algo insólito; no tiene explicación. Nadie ha sido más tramitado que los retornados durante tanto tiempo y por un problema de la naturaleza que conocemos.
¿Cómo es posible que una situación social y humana como la derivada de los créditos otorgados con fondos alemanes para los retornados políticos sea tratada con un criterio meramente mercantil, en circunstancias de que los dineros fueron entregados para finalidades benéficas, humanitarias, altruistas y no mercantiles? Se equivocó el Estado chileno; se equivocó el Banco del Estado. Esa es la razón por la que no se ha solucionado esta situación.
La ley N° 19.740 se dictó con el objeto de dar solución a estos problemas. Sin embargo, no ha servido de nada, por cuanto se le ha dado un enfoque meramente comercial al problema. El Banco del Estado ha dicho que no está en condiciones de ser benevolente con sus deudores, porque su objetivo es generar ganancias y no hacer obras sociales, y que éstas las hacen organismos o entidades sin fines de lucro. Hace rato que dicha entidad bancaria viene actuando fría y calculadamente como los bancos comerciales, y ésta no es una excepción.
Por ello, en las tres comisiones investigadoras en que he participado se ha procurado presionar al Estado y entregar las herramientas del caso, con el objeto de solucionar el problema.
En nuestras propuestas y conclusiones hemos señalado que es necesario que la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales de justicia investiguen las irregularidades que se puedan haber cometido y que aparecen en el informe. Tampoco ha habido respuesta frente al tema, porque los organismos involucrados han indicado que no hay irregularidades o que no tienen competencia sobre la materia. Entonces, ¿qué puede hacer ese grupo de personas? Muchas de ellas ya han fallecido y otras se han ido al extranjero muy desilusionadas por el trato que se les ha dado en Chile, por la alta deuda e intereses y por el tratamiento equivocado que se les ha dado. ¡Ya es hora de solucionar este problema!
La Comisión de Derechos Humanos, que acaba de emitir su informe, ha sido bastante suave en los términos de sus proposiciones, puesto que todas ya han sido formuladas en las comisiones anteriores y no habido ninguna solución al respecto. ¿Qué más podemos decir? ¿Ser reiterativos?
Por eso, hemos pedido al Poder Ejecutivo que flexibilice las soluciones para lograr un acuerdo que condone parcialmente la deuda, a fin de reparar de alguna manera los serios daños ocasionados a las personas y los bienes de los usuarios de este programa. Eso es fácil, pues el grupo humano afectado no es numeroso. De manera que la condonación u otra solución no ocasionará un daño patrimonial grave al Estado, pues es mínimo lo que se requiere.
Además, hacemos un llamado “a las máximas autoridades del Banco del Estado a suspender la ejecución de los créditos adeudados hasta que no se alcance el referido acuerdo”. Pero hagámoslo ahora, y ojalá se formara una comisión. Nosotros, como miembros de la bancada de la Democracia Cristiana, exigimos la constitución de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo y de los retornados, con el objeto de que se aboque exclusivamente al tema y demos una solución definitiva al problema.
No quiero pensar que este tercer informe también se lo llevará el viento y no habrá respuesta de las autoridades a quienes van destinadas sus conclusiones y proposiciones. Ojalá no sea así. Es necesario que sean acogidas para que tengan sentido las facultades de fiscalización que la Constitución entrega a la Cámara de Diputados y los acuerdos sean implementados por el supremo Gobierno. Es lamentable que los créditos se otorgaran sin seguros de desgravamen y que el Banco del Estado haya obligado a las personas a contratarlos por su cuenta, como también una serie de situaciones a las que se refirió la diputada señora Laura Soto.
Los objetivos humanitarios y sociales que perseguía este convenio no se cumplieron, lo que llevó fracaso, injusticia y apremio a los retornados. El Estado -lo hemos dicho en reiteradas oportunidades- equivocó el diseño, porque los sometió al procedimiento común de otorgamiento de un crédito y no al que les correspondía en su calidad de exiliados; es decir, un trato más humano.
De acuerdo con el convenio, la finalidad del crédito era cooperar en la reinserción de nuestros compatriotas que deseaban sumarse a la fuerza laboral o empresarial del país, a fin de entregar todo su esfuerzo y trabajo. Para ello, se requería que el Gobierno colocara a su disposición todas las herramientas financieras y técnicas.
Sin embargo, hubo varias anormalidades, que ya mencionamos en los primeros informes. Por ejemplo, que el convenio debió someterse a la aprobación del Congreso Nacional, y que el Banco del Estado destinó esos fondos a fines distintos.
Creo que el informe está de acuerdo con las necesidades del momento. Lo demás está en trámite judicial y representa el espíritu de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que es, en definitiva, solucionar el dramático problema que afecta a estos retornados políticos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , si bien no participé en las comisiones investigadoras que se abocaron al tema, he escuchado de él desde hace muchos años en esta Corporación.
Después de leer el último informe recordé el dicho “no me ayude tanto, compadre”, porque el sistema diseñado para distribuir, a través del Banco del Estado, los recursos que entregó Alemania con el fin de ayudar a la reinserción en el país de un grupo de personas que, por razones políticas, no vivieron en Chile durante muchos años, terminó siendo muy negativo para ellas por diversas razones. El uso de una institución inadecuada, como el Banco del Estado, para este objetivo perjudicó a una gran cantidad de personas; pero la mayor muestra de desorden señalada en el informe es la inexistencia de un seguro de desgravamen para estos créditos, lo que implica que al fallecer quienes debían pagarlos, sus descendientes, hasta la tercera generación, deban responder por las deudas contraídas por el sujeto original del crédito, lo que no refleja el espíritu de la entrega de esos recursos.
Esta situación de la Concertación recuerda otros desórdenes: el desmalezado de la Refinería de Petróleo de Concón, hecho cuya investigación quedó en la nada, porque nunca nadie estableció que se había cometido un delito; las aulas tecnológicas en las que aparece vinculado un ex Presidente de la República . En fin, una gran cantidad de investigaciones sobre recursos que el Estado ha administrado, lamentablemente han terminado en la nada y comisiones investigadoras de esta Corporación han probado ser absolutamente inútiles.
En este caso, el Consejo de Defensa del Estado afirma que no hay razones para pensar que se cometió algún delito y los tribunales de justicia no actúan. Es decir, la impunidad total, como en tantos otros hechos.
Se perdió una enorme cantidad de plata, pero, finalmente, nadie resulta responsable.
Este caso, como en muchos otros, huele a desorden, a falta de correcta asignación de responsabilidades, a corrupción y, lamentablemente, a que el rol de la Cámara de Diputados prácticamente ha sido inexistente, porque la Comisión Investigadora, como ha ocurrido con otras, ha terminado en la nada misma.
En estas circunstancias, ante todo este mal olor, creo que sólo queda una solución posible: condonar definitiva y totalmente las deudas por los dineros asignados y olvidarse del tema. Cualquier otra solución sería injusta para aquellas familias y personas a las que inicialmente se pretendió beneficiar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , nos encontramos frente a un drama y a un pecado social que no tiene perdón de Dios, provocado por el inadecuado tratamiento que se le dio al tema.
Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos hemos desarrollado una tremenda sensibilidad frente a este problema, ya que tuvimos la oportunidad de escuchar algunos relatos realmente increíbles, que hubiéramos querido que también se escucharan en esta Sala.
Se trata de un drama que afecta a gente nuestra. Algunas personas se suicidaron por no encontrar solución, se produjeron separaciones familiares y otras situaciones realmente increíbles que darían para escribir una novela. Pero no queremos novelas ni nada parecido; sólo una solución.
Nunca hemos estado ajenos a este problema. Al contrario, siempre hemos estado cercanos a él, porque es nuestra mucha de la gente que sufrió el exilio, el desarraigo, la separación de la familia y los problemas de adaptación a una nueva cultura o una lengua que no entendían. Soportaron todo ese drama con la ilusión de volver al país, ser nuevamente chilenos y reencontrarnos.
Conocimos situaciones familiares verdaderamente dramáticas -incluso hubo gente que no pudo despedir a sus padres- de las que no da cuenta el informe, pero me gustaría que estuvieran en el corazón de cada una de las diputadas y diputados, para que seamos más exigentes.
La primera investigación de estos hechos, realizada por uno de nuestros diputados, Jorge Soria -fue bien valiente-, pero sintió que no tenía apoyo. Creo que ésa fue una de las razones que lo llevó a alejarse de la Cámara de Diputados. Sintió que no éramos capaces de hacer lo que correspondía.
Luego hubo otra investigación, aquella en la que participó Leopoldo Sánchez, quien intentó encontrar una solución al drama que vivían estas personas, pero todos hicieron oídos sordos. Nadie fue capaz de enfrentar la situación y decir lo que hoy se ha expresado en esta Sala; esto es, que lo único que cabe es, sencillamente, condonar las deudas.
¡Cómo es posible que no hubiera seguros de desgravamen! ¡Cómo es posible que los hijos, y en algunos casos hasta los nietos, deban seguir pagando! Es algo que no se puede entender ni aceptar.
Por eso, atendido lo dramático de la situación, debemos decirle con claridad al Ejecutivo -la Presidenta de la República sufrió el exilio, así que comprenderá- y al Banco del Estado que, de una vez por todas, este problema hay que solucionarlo ya. Eso es lo que pedimos y exigimos en este momento.
No queremos ninguna cuestión ambigua ni que se hable de flexibilidad o que se van a sentar a conversar. ¡No, señor! ¡Queremos condonación hoy! ¡Ahora!
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Muhlenbrock.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señor Presidente , una vez más esta Corporación se debe pronunciar sobre los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del convenio de cooperación financiera con Alemania.
En efecto, el informe es consecuencia de un acuerdo adoptado por la unanimidad de la Cámara de Diputados, en enero de 2004, en virtud del cual se mandató a la Comisión de Derechos Humanos para evaluar las medidas sugeridas por las Comisiones Investigadoras que se formaron para indagar los créditos otorgados por el gobierno alemán para nuestros retornados. Asimismo, constituir a la Comisión de Derechos Humanos en investigadora para los efectos de recabar nuevos antecedentes y evacuar un informe complementario sobre la materia.
Es evidente que desde 1990 a la fecha, el Estado se ha preocupado de la situación de los retornados, para cuyo efecto ha dictado un sinnúmero de leyes, las que, en la práctica, han cumplido su fin, es decir, han satisfecho los objetivos perseguidos. Me refiero a la ley que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos, la que crea la Oficina Nacional de Retorno, la que otorga franquicias aduaneras a los chilenos exiliados y la que establece beneficios para los deudores del Banco del Estado que hayan obtenido recursos en el marco del programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
Sin embargo, hay un punto que se encuentra bajo un manto de dudas en cuanto a su aplicación, y que está referido, precisamente, a los créditos otorgados por el gobierno alemán a los chilenos retornados.
No es un dato que se pueda soslayar el que la Cámara de Diputados haya formado dos Comisiones Investigadoras y que en sus conclusiones se haya decidido remitir todos los antecedentes al tribunal del crimen respectivo, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República.
Tampoco es de extrañar que el Consejo de Defensa del Estado no haya encontrado un perjuicio al patrimonio fiscal, ya que, en mi concepto, desde hace tiempo, dicho organismo ha dejado de ser un órgano imparcial.
Sin duda, lo señalado por la Contraloría General de la República es la respuesta legal más sencilla: “Carece de competencia para investigar”.
Como es claro que, al parecer -según algunos-, no existió delito, no se defraudaron fondos y no se perjudicó a los beneficiarios, debemos concluir que todo salió a la perfección y que las dos Comisiones Investigadoras creadas en la Corporación fueron inexactas, poco prolijas y, en definitiva, inútiles.
Clarificado este punto, la bancada de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el informe, ya que, sin duda, el problema de los retornados existe, es real y requiere de una solución inmediata.
El informe lo señala en sus conclusiones: créditos otorgados solamente con un criterio económico, sin seguro de desgravamen, deudores próximos a ser ejecutados por la institución bancaria -debo recordar, lamentablemente, que periodistas y actores famosos, como Fernando Gallardo, fallecieron esperando que les solucionaran problemas como los que estamos hablando en este hemiciclo-, herederos que deben asumir las deudas de algunos retornados.
En definitiva, el espíritu original del convenio no ha sido traspasado a sus beneficiarios, por lo que existe una evidente distorsión entre lo escrito y su objetivo.
Por ello, solicitamos la aprobación unánime de la Sala -repito- a las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora para que todos los actores involucrados entreguen una solución eficiente y eficaz, porque los retornados no pueden seguir esperando. Es preocupación nuestra obtener para ellos una condonación total de sus deudas, objetivo que se ha demorado por la ineficiencia de varios organismos del Estado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).-
Señor Presidente , considerando que recién me incorporo al trabajo de la Sala, no había tenido la oportunidad de leer este informe, y debo reconocer que mi corazón se conmovió, porque de su lectura se puede constatar -y muchos diputados ya lo habrán hecho- que el Banco del Estado utilizó los dineros aportados por el gobierno alemán para fines distintos de aquéllos para los cuales fueron encomendados por el mismo convenio; que la Fundación de Asistencia al Retornado no cumplió con el objetivo de fiscalizar; que este convenio se realizó en forma tripartita con el único objetivo de que los retornados fueran reinsertos en nuestro país; y que tiene las inspiraciones humanitarias, que parten del Presidente de la República y abarcan a todas las personas que creen en la calidad humana de la gente. A mi juicio, también debieran alcanzar a instituciones importantes, como es el Banco del Estado. No obstante, dicha entidad bancaria no resguardó el espíritu inicial del programa. En este sentido, por lo que puedo apreciar, la Comisión Investigadora señala que claramente existieron deficiencias en cuanto a la evaluación de los riesgos de los proyectos productivos financiados con dichos créditos.
Han pasado siete años sin dar una solución a los retornados, lo que no sólo ha sido injusto para quienes optaron a estos programas y proyectos, sino también para muchos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de acceder a ellos.
Por tanto, tal como lo han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es preciso flexibilizar posiciones para lograr un acuerdo en términos de lograr la condonación parcial de dichos créditos, aun cuando ya no tiene ningún sentido.
Es una vergüenza para las instituciones que estaban encargadas de atender a los retornados y darles una buena calidad de vida que no hayan cumplido, sobre todo ahora que se lavan las manos echándole la culpa a una fundación alemana, cuyo único objetivo fue preocuparse de aquellas personas exiliadas que querían retornar a su patria.
Por ello, si bien se va a votar el informe de la Comisión Investigadora, como lo manifestó la diputada Laura Soto, debemos flexibilizar las posiciones para lograr un acuerdo considere contemple la condonación parcial de la deuda a fin de procurar reparar de alguna manera los serios daños ocasionados a esas personas. No sé si es posible, pero aunque aprobemos el informe de la Comisión Investigadora, queda pendiente la posibilidad real de que haya una condonación total de la deuda. Además, solicito a la Comisión de Derechos Humanos estudiar el caso de los retornados que no tuvieron posibilidad alguna de acceder a estos programas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , después de tantos años, existe la posibilidad cierta de llegar a una solución en esta materia. Digo esto porque advierto en el ambiente parlamentario un ánimo positivo, lo que para los nuevos colegas puede resultar extraño. Años atrás no nos pusimos de acuerdo; hubo diferencias. En esos años, la respuesta era “Que paguen quienes pidieron”. ¡Qué alegría que hoy se diga que los chilenos estamos unidos en este encuentro que todos anhelamos!
Han pasado los años y con tristeza veo que aún muchos compatriotas siguen sufriendo la herida dejada por la represión política de la época. No digo esto para llenar esta Sala de viejos odios y malos entendidos, sino para hacer ver el dolor que ayer sufrió alguien por no estar en su patria, y que hoy sigue sufriendo por estar arruinado y muchas veces ser la causa de la ruina de su familia. Soy parte de ellos. Quizás no debiera decir algunas cosas, pero lo hago porque las he sufrido.
Cuando se recorrió el mundo alentando el retorno de los exiliados se quería reconstruir la familia que había sido separada por la fuerza. Lamentablemente, no se tuvo éxito en esa tarea, porque los medios para facilitar y estimular el retorno fueron mal empleados y equivocados.
Se podrá decir que no se tenía experiencia sobre esa materia. Es natural, porque los países nunca se preparan para vivir esas malas experiencias. Pero de todas maneras las cosas se hicieron mal -hay que decirlo-, motivo por el cual se han constituido comisiones -más de dos- para tratar la materia y sacar las conclusiones del caso, en la creencia de que con ello se solucionaba el problema. Hoy, una vez más, esta Cámara analiza el tema.
Recuerdo la forma como el ex diputado Jorge Soria, joven, impulsivo, tenaz, trató vehementemente de lograr algo que fue rechazado por esta Sala. Cómo no me voy a acordar de mi ex colega Leopoldo Sánchez, quien se dedicó a investigar en forma exhaustiva y profunda, lo que como errores, pasaron a ser -aquí lo puedo decir; no fuera del hemiciclo- delitos de otros chilenos que les quitaron el derecho a quienes tenían la tarea triste y sufrida de haber tenido una idea diferente. Sólo pensaban distinto de otros chilenos.
El problema radica en que se dieron soluciones economicistas. Pero cuando los parlamentarios -que formamos parte de un órgano del Estado- le pedimos explicaciones o soluciones a ese banco -que también es del Estado-, entonces se declara autónomo, y hasta ahí llega cualquiera posible intervención nuestra.
Como conocedor del giro bancario, puedo asegurar que la ley que benefició a los retornados fue deficiente desde un comienzo. De manera que el problema se solucionará sólo en parte, porque hubo personas que perdieron la vida y porque otros chilenos, decepcionados de la situación que se vivía en su país, incluso después del retorno a la democracia, optaron por regresar a sus lugares de exilio. Me gustaría ver, ahora que los diputados tenemos más atribuciones en virtud de la última reforma constitucional, a la cual deberá adecuarse nuestro Reglamento, una solución definitiva al problema, que permita una mejor forma de vida a quienes los años les han hecho pensar que sólo les queda un pequeño espacio en esta vida que los trató tan mal.
Chile sigue y seguirá estando en deuda con los retornados, en tanto sean considerados deudores y no víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hagamos justicia, estimadas y estimados colegas, con quienes en un momento pensaron diferente, porque todos somos chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.-
Señor Presidente , intervengo a título personal y en mi condición de diputado de Renovación Nacional , con el objeto de expresar mi pensamiento sobre el informe en discusión, que espero interprete a mis electores, porque fui elegido para eso.
Después de haber escuchado a los diputados que han intervenido y de haber leído el informe, me quedan dos cosas muy claras. Primero, las instituciones que debían beneficiar a los retornados, fundamentalmente el Banco del Estado, hicieron mal las cosas; es decir, las entidades encargadas de administrar los recursos para los retornados lo hicieron pésimo. Segundo, los beneficiarios -más que tales creo que fueron víctimas- necesitaban recibir aportes del Estado -en muchos casos renunciaron a condiciones económicas mejores que las existentes en nuestro país- que les permitieran reintegrarse a nuestra sociedad. Sin embargo, la falla radicó en que los retornados fueron mal evaluados por los organismos del Estado, y en que los aportes que recibieron fueron insuficientes para que llevaran a cabo alguna actividad productiva.
Por eso, en nombre de mi bancada -con ello creo interpretar a muchos de los diputados presentes en la Sala-, quiero pedir la condonación total de las deudas de las víctimas que vivieron este proceso durante tantos y tan largos años.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente , he escuchado atentamente a las diputadas y a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Debo señalar que me ha causado gran impresión comprobar que hayan tenido que transcurrir tantos años para llegar a un acuerdo sobre esta materia, el que -según entiendo- será unánime, a diferencia de lo que ocurrió con el informe que presentó Jorge Soria Macchiavello -ex diputado y gran amigo mío- que en su momento no fue acogido.
Junto con señalar que adhiero a este acuerdo, quiero manifestar mi molestia porque el sistema mantuvo silencio durante muchos años frente a lo sucedido, lo que ha significado que muchas familias han debido seguir sufriendo las consecuencias del error de no haber incluido un seguro de desgravamen para los créditos que se otorgaron a los retornados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estimados colegas, más vale tarde que nunca.
Cuando hace algunos años el ex diputado Jorge Soria planteó este tema, esta Sala no coincidió con él; no le hicimos caso; no creímos lo que decía. Después de seis años de investigación, hemos llegado a la conclusión de que los ex diputados Jorge Soria y Leopoldo Sánchez, así como los retornados, tenían razón, al señalar que estaban viviendo una situación extremadamente injusta. Por eso, todos los diputados que hoy han hecho uso de la palabra han coincidido en que tal situación debe ser reparada.
Una de las proposiciones del informe plantea la condonación parcial de la deuda a los usuarios de este programa de créditos del Banco del Estado. Antes de intervenir hice las consultas pertinentes para saber si reglamentariamente era factible que el informe volviera a la Comisión, a fin de cambiar dicha propuesta. Reitero que todos los diputados que han intervenido han coincidido en la necesidad de efectuar una condonación total de la deuda. Además, no tiene sentido plantear ahora una recomendación elaborada por una Comisión en 1998, porque la realidad actual es absolutamente distinta.
Por eso, haciéndonos eco de los planteamientos formulados por los colegas que han intervenido, parlamentarios de distintas bancadas hemos suscrito un acuerdo para aprobar este informe, con la indicación de que la condonación de la deuda será total. De este modo, aunque tarde, haremos justicia a los retornados.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEAL ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , casos como éste son los que justifican que la opinión pública critique a la Cámara de Diputados por su inoperancia para solucionar problemas que afectan a grupos de personas.
Reconozco que no integraba la Cámara cuando este tema se empezó a discutir, pero es lamentable que hayan debido transcurrir tantos años, que haya sido necesario realizar tantas gestiones y crear comisiones para encontrar una solución, en circunstancias de que las personas perjudicadas siguen siendo las mismas.
Se ha señalado aquí que muchas de estas personas han muerto, dejando una herencia que ha significado una mochila para sus familiares. Pero lo que no tiene perdón es que, una vez más, estemos frente a una solución de la Concertación que no ataca el fondo del problema, porque se dice que el Banco del Estado no puede solucionar el problema, debido a que la ley se lo impide.
Pero remitámonos al asunto de los sobresueldos. En ese caso sí que se dictó prontamente una ley que atentó contra los impuestos que el Estado debe recaudar. Ahora, estamos enfrentados al problema de las contribuciones.
Esta situación debe ser resuelta por el Gobierno y por el Banco del Estado, porque son los principales responsables de lo sucedido. Apareció en la prensa a poco de producirse, y se formularon denuncias -si no me equivoco-, en cuanto a que se estaban entregando beneficios a quienes no correspondía, y a que el gobierno alemán tenía conocimiento de que se estaban otorgando en forma errónea. Eso fue lo que originó toda esta investigación.
De manera que lo que corresponde en este caso -así lo dijo el diputado Tuma- es una condonación total de la deuda, y olvidémonos del problema. Aquí existieron muchas situaciones irregulares. Por favor, démosle una solución definitiva a las personas que llevan, no uno ni dos, sino cerca de siete años, deambulando en busca de que se les resuelva la situación dramática que están viviendo.
Por lo tanto, reafirmando la posición de la Unión Demócrata Independiente, anuncio que vamos a votar a favor del informe, pero haciendo presente que somos partidarios de una condonación total, a fin de darle un corte definitivo al problema, y con ello dar una señal de que la Cámara es capaz de solucionar los problemas de las personas.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes.
El señor PAREDES.-
Señor Presidente , quiero sumar el apoyo de la bancada socialista a las argumentaciones y a la fórmula de solución entregada aquí. Por cierto, compartimos la idea de que la condonación debe ser total.
Pero quiero reflexionar respecto de la ineficacia de las resoluciones de las comisiones especiales investigadoras. Por ejemplo, se mencionó el caso del ex diputado Jorge Soria, quien en su momento entregó un informe a la Sala que hasta el día de hoy duerme el sueño de los justos.
Asimismo, aunque se trata de un tema distinto, pero que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, quiero recordar el informe de una comisión especial que investigó el caso de las 21 mil toneladas de basura tóxica en el norte, en tiempos del gobierno militar, que contaminó a miles de niños. No obstante que esa comisión llegó a conclusiones, el gobierno de turno no acogió las soluciones formuladas en el informe respectivo.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, como parlamentarios de la Concertación, es reconocer, en un acto de autocrítica, que nuestros gobiernos no siempre han prestado oídos o acogido las propuestas que emanan de las comisiones que han efectuado algún grado de investigación, lo que ha conducido a que los parlamentarios de la Oposición hoy estén defendiendo el legítimo derecho de los retornados a que se les resuelva el problema en cuestión. Bienvenidos sean, pero no nos olvidemos que estamos hablando de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en tiempos de la dictadura. Sin embargo, ahora, en una actitud oportunista -por qué no decirlo- asumen su defensa y lo aprovechan como un elemento para criticar al Gobierno.
Debo reconocer que ha habido poca seriedad para enfrentar este verdadero drama social. Como bien lo acaba de decir la diputada Laura Soto, aquí ha habido diputados que ya no están, algunos que siguen en funciones y otros que retornaron a la Cámara, que han mantenido una postura consecuente en defensa de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos. Pero, plantear hoy, aprovechándose de esta situación para enarbolar banderas y conseguir pequeños beneficios o criticar al gobierno, me parece mezquino.
Es muy sano que la Derecha esté reconociendo que las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reconocidas, respetadas y reivindicarlas. Sin embargo, seamos claros y justos y asumamos que el problema es herencia de la dictadura y ha sido resuelto en forma poco eficiente, aunque se han hecho grandes esfuerzos por atenderlas.
La bancada socialista se compromete y respalda la propuesta de la condonación total. Asimismo, hace un llamado de atención a las autoridades de Gobierno, fundamentalmente a las del Banco del Estado, por la forma mercantilista y mezquina con que se ha manejado un problema tan sensible.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).-
Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al diputado señor Paredes que el sentido común es patrimonio de todos. Para el golpe yo tenía tres años de edad, y me impacta la odiosidad y la animadversión que tiene sobre un tema que sensibiliza a todos los presentes.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
El señor LEAL (Presidente).-
Se ha terminado el tiempo de la Democracia Cristina, por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al diputado Juan Carlos Latorre.
Acordado.
Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , es muy grato que ocho años después de que dejé de ser parlamentario, mi primera intervención en la Sala sea gracias a la gentileza de mis colegas.
Quiero manifestar mi satisfacción por lo que he escuchado. Fui presidente, durante muchos años, del grupo chileno alemán de amistad parlamentaria y este tema estaba dentro de los que planteamos en su oportunidad en representación de quienes vivían este drama en forma muy crítica.
Han pasado ocho años y estoy dentro de quienes conocimos el problema -como señalaba el diputado Ojeda- y no tuvimos éxito al manifestar nuestra preocupación a la administración del Banco del Estado de la época y a otras instancias de Gobierno.
En consecuencia, reitero mi satisfacción y me sumo al respaldo, prácticamente unánime, para pedir la condonación solicitada que afecta a personas que ya han sufrido mucho.
He dicho.
El señor LEAL (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , es cuestión de reglamento en relación con el informe de la comisión que estamos debatiendo, así como con la unanimidad de la Sala para pedir la condonación total.
Quiero solicitarle que interponga sus buenos oficios y encabece un equipo que reúna a los retornados con autoridades del Gobierno -podrían ser del Ministerio Secretaría General de Gobierno -y del Banco del Estado, para ver si se logra la condonación total, de modo que lo que se ha dicho no sólo quede en las buenas intenciones, ya que en las conclusiones y proposiciones del informe no la menciona.
Por lo tanto, si usted pudiera encabezar algo así, junto con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , sería una solución mejor.
He dicho.
El señor LEAL ( Presidente ).-
En primer lugar, sobre el tema de los retornados, propongo, siempre que exista unanimidad de la Sala, cambiar en las propuestas del informe de la Comisión “condonación parcial” por “condonación total”.
Esto no es usual, pero no es un proyecto de ley y no constituye precedente.
En segundo lugar, entregar, junto con los Comités, el informe al ministro del Interior y tomar las medidas que le correspondan a la Cámara, a fin de que salga definitivamente adelante.
Efectivamente, la Corporación ha emitido diversos informes, pero no es la que puede resolver el tema.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cerrado el debate.
-Posteriormente, la Sala resolvió sobre este asunto lo siguiente:
El señor LEAL ( Presidente ).-
Recuerdo a los señores diputados que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recaído en el proyecto de acuerdo Nº 435, sobre evaluación de las medidas sugeridas en anterior investigación acerca de los créditos otorgados para los retornados bajo el amparo del Convenio de Cooperación Financiera con Alemania, fue aprobado con la modificación unánime que se introdujo a sus propuestas.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650974
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/650974/seccion/akn650974-po1