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El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni .
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletines Nºs 252607 y 253407, refundidos, sesión 20ª, en 16 de noviembre de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta Nº 2 de esta sesión.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma de la Constitución.
La iniciativa tiene su origen en dos mociones refundidas: una, de los senadores de la Alianza y, otra, de los senadores de la Concertación. Además, se basa en un acuerdo político entre los distintos partidos con representación parlamentaria que integran los dos conglomerados, firmado el 6 de octubre de 2004.
Durante su estudio, la Comisión contó con la colaboración del Vicepresidente de la República en ese entonces y actual ministro del Interior, señor José Miguel Insulza Salinas , y del señor Jorge Correa Sutil, que en ese momento se desempeñaba como ministro del Interior subrogante.
Para efectos del quórum, se deja constancia de que, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política, las modificaciones que se introducen a los capítulos I, III, VII, X, XI y XIV, necesitan para su aprobación el voto conforme de los dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Los demás capítulos que se modifican sólo requieren el voto conforme de los tres quintos de diputados y senadores en ejercicio.
En la discusión general, el ministro del Interior, señor José Miguel Insulza , señaló que en 2002 concurrió a la Comisión de Constitución del Senado a proponer un debate, pensando no en una reforma constitucional más, sino en una destinada a terminar con el período de transición. A su juicio, debería ser una reforma con características específicas, orientada a reemplazar el núcleo de la filosofía del constituyente de 1980, sustituyendo la idea de la democracia protegida por la de la democracia constitucional. Agregó que los elementos de la democracia protegida que era necesario modificar eran, fundamentalmente, la tutela militar, la composición no integralmente democrática del Senado y la existencia de un sistema electoral que debilitaba la participación ciudadana.
El primer elemento, la tutela militar, estaba representado por la existencia de Fuerzas Armadas con una relativa autonomía, porque sus comandantes en jefe gozaban de inamovilidad y porque dichas instituciones tienen el carácter de exclusivos garantes de la institucionalidad, a lo que había que agregar un Consejo de Seguridad Nacional cuyas opiniones podían llegar a prevalecer sobre las de todos los poderes democráticos y constituir, todo ello, un poder de seguridad similar a un cuarto poder del Estado.
Esta situación, expresó el ministro Insulza , se supera con la reforma, porque el presidente de la República, como jefe del Estado, podría remover, con ciertas formalidades, a los comandantes en jefe, en cuyo caso el Consejo de Seguridad Nacional pasaría a desempeñar un papel puramente consultivo. Además, el rol de garantes de la institucionalidad correspondería a todos los órganos del Estado y no sólo a las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la integración no totalmente democrática del Senado, se subsana con esta reforma y, en consecuencia, la totalidad de los parlamentarios serían electos y las decisiones del Congreso ganarían en legitimidad.
Por último, en lo que se refiere al sistema electoral, expresó que se daría un paso esencial, aunque no definitivo, por cuanto su modificación pasaría a ser resorte del legislador.
Agregó que, tratándose de una reforma sustancial, el Senado había ido más lejos que la sola sustitución de la filosofía autoritaria y había avanzado en centrar la defensa de la Constitución no en órganos políticomilitares, como el Consejo de Seguridad Nacional, sino que en el Tribunal Constitucional, órgano que, como intérprete supremo de la Carta Política, reafirmaría la supremacía constitucional y se constituiría en garante de los derechos de las minorías y de todos, en general.
Añadió que se busca perfeccionar la democracia y la calidad de la política, señalando que se analizó la fiscalización parlamentaria hecha en el seno de la Cámara.
Asimismo, se busca racionalizar la política, electoral haciendo coincidir las elecciones de Presidente de la República con la de parlamentarios, acortando de 6 a 4 años el período del primero.
Manifestó que todo esto constituye un paso esencial que demuestre lo mucho que se ha avanzado en la materia.
A continuación, me referiré a las modificaciones propuestas.
A través del número 1 se sustituye el artículo 3º de la Constitución Política. En el nuevo texto se establece que los órganos del Estado deben promover la regionalización del país y el desarrollo equitativo de las regiones, provincias y comunas en que se divide el territorio.
En el nuevo artículo 8º se impone el irrestricto respeto al principio de probidad a los titulares de las funciones públicas. Su inciso segundo declara, además, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado.
En relación con el capítulo II, Nacionalidad y Ciudadanía, se modifica el Nº 3 del artículo 10, con el objeto de suprimir, para ser considerado chileno, la exigencia de avecindamiento en el país por más de un año respecto de los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero, aunque se mantiene para ejercer los derechos de ciudadanía.
También se suprime en el Nº 4º del mismo artículo 10 la exigencia de la renuncia a la nacionalidad de origen a quienes obtuvieron carta de nacionalización por ley.
El Nº 1 del artículo 11 que se modifica establece que la nacionalidad chilena se pierde por renuncia voluntaria, previa nacionalización en país extranjero.
En el capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, se suprime el delito de difamación, es decir, desacreditar a una persona de palabra o por escrito. Con ello, se fortalece el derecho de opinión, por lo que los medios de comunicación podrán dar sus puntos de vista con mayor libertad.
En materia de libertad de trabajo y su protección, se introduce una modificación para establecer un control ético de los colegios profesionales sobre sus asociados, cuestión que no contempla la Constitución.
En el capítulo IV, Gobierno, se modifica el artículo 25, para suprimir la exigencia de ser chileno nacido en el territorio nacional para ser Presidente de la República, salvo los casos de los extranjeros nacionalizados o de los que hubieran obtenido la nacionalidad de acuerdo con lo señalado en los números 1º, 2º y 3º del artículo 10.
Por otra parte, se modifica el artículo 26, para efectuar conjuntamente la elección de presidente de la República y de parlamentarios. Por lo tanto, por esta vía se acorta el período presidencial a cuatro años.
Asimismo, se establece un mecanismo para convocar a una nueva elección en el caso de fallecimiento de uno o ambos candidatos llamados a definir, en segunda vuelta, una elección presidencial. El Presidente convocará a elección dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha del deceso.
Por otro lado, se suprimen los senadores vitalicios y se eliminan las referencias relativas a ellos.
Se modifica el artículo 32 para suprimir la potestad del presidente de la República de convocar a legislatura extraordinaria, facultándosele, en cambio, para pedir, señalando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso.
Por otra parte, se agrega un inciso al artículo 37 para establecer la obligación de los ministros de Estado de concurrir personalmente a las sesiones que cualquiera de las Cámaras convoque especialmente, para tratar materias propias de la respectiva cartera.
Se modifica el artículo 39, a fin de cautelar mejor los derechos y garantías de las personas establecidas en la Constitución Política, los que sólo pueden verse afectados por los estados de excepción. Se introducen una serie de enmiendas a dichos estados.
En el capítulo V, Congreso Nacional, se modifica el artículo 45 y se establece: “El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país”. De esa manera, se elimina de la Constitución el sistema binominal, y se consagra que la cantidad de senadores será la dispuesta en la ley orgánica constitucional vigente, pero exigiendo las tres quintas partes de los senadores y diputados en ejercicio para modificar la ley orgánica constitucional relativa a esta materia.
Se modifica el artículo 47, respecto de la vacancia de diputados y senadores, y se establece que serán remplazados por el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario.
En el caso de los independientes que vayan en lista con uno o más partidos, al momento de declarar su candidatura deberán señalar qué partido designará a su reemplazante. Los parlamentarios elegidos como independientes no serán remplazados.
Se modifica el artículo 48 para fortalecer la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados, de tal manera que, por ejemplo, podrá citar a un ministro de Estado a petición de, a lo menos, un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia del ministro de Estado será obligatoria.
Se podrán crear comisiones especiales investigadoras a petición de, a lo menos, un tercio de los diputados en ejercicio, cosa realmente importante que se ha solicitado durante mucho tiempo por la Cámara de Diputados.
El inciso que se agrega al final del artículo 57 se establece que los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñar sus cargos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
En el capítulo VI, Poder Judicial, se aumenta el número de ministros de la Corte Suprema de 21 a 24, a fin de hacer más eficiente su trabajo.
En el capítulo VII, Tribunal Constitucional, se introducen varias modificaciones destinadas a regular mejor sus facultades, y se aumenta su composición de 7 a 9 miembros.
En el capítulo X, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, se separa claramente la dependencia de las Fuerzas Armadas. El Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea dependerán del Ministerio de Defensa Nacional.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas por Carabineros e Investigaciones, dependerán del ministerio encargado de la Seguridad Pública, hoy del Ministerio del Interior; mañana, del que quede a su cargo.
En cuanto a la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros, se consagra que el presidente de la República, mediante decreto fundado e informando previamente al Senado, los podrá llamar a retiro antes de completar su respectivo período. Ello constituye un gran cambio, pues el presidente de la República estaba imposibilitado de hacer los cambios propios de un régimen democrático.
En el capítulo XI, Consejo de Seguridad Nacional, se da un gran paso. Si bien continúa existiendo, estará encargado de asesorar al Presidente de la República en materia de seguridad nacional.
También se dispone que el Consejo de Seguridad Nacional se reunirá sólo cuando sea convocado por el Presidente de la República por sí o a petición fundada del presidente del Senado o del presidente de la Corte Suprema, y para sesionar requerirá el quórum de la mayoría absoluta de sus integrantes.
Se introducen ocho nuevas normas transitorias. Entre ellas, la que establece que el mandato del Presidente de la República en ejercicio será de seis años, no pudiendo ser reelegido para el período siguiente. Por lo tanto, si esta reforma constitucional no se aprueba en este período, el próximo presidente de la República electo desempeñará su cargo durante seis años.
También se deja claro que el Senado estará formado íntegramente por senadores electos, conforme con el artículo 45 de la Constitución Política y a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, la cual reitero sólo podrá ser modificada por las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Los senadores designados, actualmente en ejercicio, continuarán desempeñando su cargo hasta el 10 de marzo de 2006.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia somete al conocimiento de la Sala las materias relativas a la reforma constitucional proveniente del Senado. Luego de debatir en general esta materia, la Sala formulará indicaciones que la Comisión discutirá en particular, a fin de avanzar rápidamente en una reforma tan necesaria para fortalecer el sistema democrático de nuestro país y cumplir así con el anhelo de la mayoría ciudadana.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que por acuerdo de los comités parlamentarios, para la discusión de este proyecto se destinarán dos horas y media, distribuidas en la forma en que se indica: Comité Unión Demócrata Independiente, 43 minutos ¾; Comité Demócrata Cristiano, 31 minutos ¼; Comité Renovación Nacional, 26 minutos ¼; Comité Partido por la Democracia, 26 minutos ¼, y Comité Socialista y Radical, 22 minutos ½.
El proyecto será votado a las 13.30 horas.
Finalizada esta sesión, comenzará de inmediato la que analizará el proyecto que establece un impuesto específico a la actividad minera, que será votado entre las 15.00 horas y las 15.30 horas.
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, estamos ante un hecho histórico. Después de mucho tiempo y del esfuerzo de tanta gente, tenemos la posibilidad de modificar de manera muy importante la Constitución Política de 1980 y, en particular, horadar de manera definitiva lo que con razón se ha denominado el “trípode conservador” de la misma, y que después de veinticinco años de funcionamiento, como toda obra humana, ha demostrado fortalezas y debilidades, éstas últimas, en particular, a la hora de hacer simétrico el avance democrático del país con su Carta Fundamental.
Aun cuando hay muchas cosas pendientes, creemos que esta reforma es un aporte, aunque no en un ciento por ciento. Más adelante, en una segunda etapa de la discusión, se verá si es necesario pensar en una nueva Constitución que reemplace la de 1980, pero lo que aquí se propone es un avance sustancial. En consecuencia, sólo me queda felicitar a quienes cumplieron una labor fundamental en esta reforma.
Quiero hacer presente que aunque el acuerdo político a que se llegó en el Senado entre el Ejecutivo y los senadores de todas las bancadas no nos empece, nos es inoponible, en lo fundamental nos satisface. Particularmente, cabe mencionar las reformas sobre temas de nacionalidad, sobre la integración del Senado, que termina con uno de los elementos centrales del denominado “trípode conservador”, pues se elimina definitivamente en casi un tercio su integración no democrática. Eso nadie lo podrá discutir. De igual forma, las modificaciones que se proponen sobre el nombramiento de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros de Chile es una vieja pelea, una vieja historia que, a mi juicio, se logra corregir de manera importante. Sin embargo, hubiera sido mejor que la comunicación que deberá hacer el presidente de la República al Senado, en virtud de la modificación que se introduce al artículo 93, también se hiciera a la Cámara de Diputados.
Más adelante mis colegas de bancada se van a referir a los temas más específicos que creemos que en esta instancia de discusión se deben introducir al proyecto, pues aun cuando reconocemos sus méritos, consideramos que podemos mejorarlo; pero por ningún motivo que ello implique un retraso en su tramitación, porque lo esencial es reformar la Constitución de 1980 lo antes posible.
Finalmente, debo decir que no sólo en esta reforma constitucional, sino también en otras que se han hecho en los últimos quince años, advertimos una tendencia no menor a dejar a la Cámara de Diputados afectada por un cierto capitis diminutio, disminuida en cuanto a sus capacidades. A eso, de una vez por todas, hay que ponerle coto.
Me parece que en esa lógica, que a mi juicio no tiene fundamento histórico ni tradición constitucional, se enmarca la reforma del Senado que no considera a nuestra Corporación participe en la generación de los integrantes del Tribunal Constitucional, que cumple un rol fundamental a la hora de reformar la Carta Fundamental. Eso no tiene lógica. Obviamente, creo que, de manera transversal, vamos a acordar que la Cámara sí participe en aquello.
Me parece que estamos en presencia de una reforma mayor que, en general, hay que apoyar. Por cierto, la bancada de la Democracia Cristiana concurrirá con sus votos a ese propósito.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, las cartas fundamentales, por sus efectos en la estabilidad institucional y en la seguridad jurídica de un pueblo, son habitualmente difíciles de modificar. Al respecto, los constitucionalistas aconsejan no introducir reformas con habitualidad al texto fundamental. Sin embargo, el éxito de una constitución depende de su legitimidad y de la confianza que provoca en los ciudadanos.
La Constitución de 1980 nació con un vicio de ilegitimidad. Fue concebida en un régimen autoritario y contempla normas que están reñidas con algunos principios básicos de la democracia que voy a enunciar en forma somera:
En primer lugar, el principio de la soberanía popular. El poder reside en el pueblo o en la nación, por lo que los órganos de representación popular deben contar con la legitimidad de haber sido elegidos a través del voto ciudadano.
En segundo lugar, el principio de la representación, que se quebranta con la existencia de parlamentarios designados por órganos burocráticos.
En tercer lugar, algo básico, que las Fuerzas Armadas estén sometidas y se encuentren subordinadas al poder civil.
En cuarto lugar, también algo básico, la Constitución de 1980 contempla la integración burocrática de órganos de gran importancia, como el Senado, que ya mencionamos; el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional, que tiene facultades desproporcionadas.
Lo anterior ha significado que después de 24 años de vigencia sea pertinente y urgente modificar nuestra carta fundamental.
En cuanto a los aspectos más importantes de la reforma que hemos recibido del Senado, aplaudimos que se termine con los enclaves autoritarios ya señalamos cuáles son, porque afectan los principios democráticos enunciados. Sin embargo, a nuestro juicio, en el proyecto se advierten vacíos e insuficiencias a continuación voy a plantear someramente cuáles son, por lo que consideramos necesario complementarlo y enriquecerlo a través de las indicaciones que surjan del debate en este hemiciclo.
En primer lugar, notamos una excesiva injerencia legislativa del presidente de la República en desmedro del Congreso Nacional. Para tal efecto, hemos presentado indicaciones para mejorar el sistema que fija las urgencias de los proyectos. El Congreso Nacional debiera tener, a nuestro juicio, mayor incumbencia en una función que es propia de la naturaleza de este organismo.
En segundo lugar, notamos una participación desmedida del Senado en la designación de los integrantes de algunos órganos constitucionales. Tal como señalaba el diputado Burgos , no puede ser que la Cámara de Diputados no tenga ninguna participación en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de Seguridad Nacional y del Contralor General de la República.
En tercer lugar, es pertinente también vamos a presentar indicaciones fortalecer la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Sería injusto decir que las indicaciones del Senado no contienen un fortalecimiento de nuestra tarea fundamental, que es fiscalizar. Sin embargo, consideramos necesario incorporar la figura de la interpelación ordinaria de los ministros de Estado, y ampliar la facultad que tienen las comisiones investigadoras para citar a particulares. Más de alguno me dirá: “¡Pero éstos son institutos propios de un régimen parlamentario!”. Sí, pero es bueno atenuar el presidencialismo excesivo que tiene nuestro ordenamiento constitucional.
Respecto de un tema principal, como es la reforma a la integración y competencia del Tribunal Constitucional, puedo señalar que a mediados del siglo XX se designó esta institución en medio de una gran disputa entre Hans Kelsen y Karl Schmitt , como gran defensora, guardiana e intérprete supremo de la constitución.
Muchas veces este órgano, cuya función es primordial para la estabilidad y el orden institucional de cualquier estado de derecho, no es suficientemente conocido ni tampoco es motivo de una gran discusión.
Al respecto, hay dos formas de garantizar el respeto a la Constitución. Primero, que su reforma requiera altos quórum de aprobación y eso ya está establecido y, segundo, a través del control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace esta institución, para decirlo de una manera muy simple? Se entromete en la función propia, natural y esencial del Congreso Nacional al zanjar las cuestiones de constitucionalidad, incluso de proyectos que estamos discutiendo. Se entromete también al conocer la constitucionalidad de los decretos que emanan de la potestad reglamentaria del Presidente de la República y de los auto acordados del Poder Judicial.
Por lo tanto, me atrevería a señalar que la reforma a este órgano, aparte de los enclaves autoritarios, es la más importante que debemos acometer. Para tal efecto, estamos pidiendo que los integrantes del Tribunal Constitucional no sean miembros de otros órganos llamados a designar y a elegir. Concretamente, no puede estar integrado por ministros de la Corte Suprema, quien debe estar dedicado a su labor, cual es administrar justicia. Por ello, no puede formar parte de uno y otro órgano.
En segundo lugar, como el Tribunal Constitucional tiene decisivas facultades en el control de la constitucionalidad de las leyes que emanan de la Cámara de Diputados, es fundamental que esté integrado por personas en cuya designación intervenga esta rama del Poder Legislativo y que sean abogados, profesionales, académicos, etcétera.
Por otro lado, queremos aumentar sus facultades, asignándole una que es principal y que ya la tienen los tribunales constitucionales en el mundo, cual es conocer la vulneración y violación de los derechos fundamentales una vez agotada la vía judicial o administrativa.
Por último, con el diputado Burgos y el patrocinio de su señoría, hemos propuesto un límite a nuestra labor parlamentaria en cuanto a la duración de los mandatos. Con respecto a la edad, creemos que el gran alegato y cuestionamiento que existe en nuestro sistema democrático es la falta de renovación de las autoridades. A diferencia de otros países, en Chile hay pocas elecciones, especialmente en las instancias regionales y comunales, lo que se traduce en una falta de participación política. Ahora, si a esto sumamos un sistema electoral binominal que privilegia el mantenimiento de los parlamentarios en ejercicio, la sensación de la gente es que hay poca democracia, poca participación.
Por lo tanto, hemos presentado una indicación que limita los períodos y la edad para ser reelegido diputado y senador. Los diputados no podrán ser reelegidos después de haber ejercido su cargo durante tres períodos, es decir, 12 años. En el caso de los senadores, no podrán ser reelegidos después de haberlo desempeñado durante dos períodos, es decir, 16 años. Además, diputados y senadores cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.
De esta manera, nos estamos igualando con otras autoridades públicas, como son los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, y nos gustaría que esta norma se hiciera extensiva a las autoridades del Poder Ejecutivo: Presidente de la República, ministros, embajadores, y a los comandantes en jefe, generales, etcétera.
Ésta es una muy buena señal, más aún si emana de esta Corporación, porque se está autolimitando. Creo que un gran problema para la legitimidad y confianza de la gente en la democracia es que no pueda ver una renovación de sus autoridades.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Su señoría ocupó nueve minutos con 25 segundos, que serán cargados al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil , hasta por cinco minutos.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, en esta etapa de la discusión, quiero enmarcarme en conceptos generales más que específicos, porque en la discusión particular daremos nuestra opinión sobre algunos artículos, respecto de los cuales presentaremos indicaciones.
Es importante dejar establecido para la historia fidedigna de la ley algunos antecedentes sobre la decisión que hoy estamos tomando.
En nuestra historia, tres años van a quedar como hitos de nuestra evolución institucional: 1833, por la Constitución de 1833; 1925, por la Constitución de 1925, y 1980, por la Constitución de 1980. Estos hitos nos demuestran que, mucho más allá de las ideologías y de las abstracciones, los países son producto de un contrato de tracto sucesivo. En la medida que los países evolucionan, se van dando la institucionalidad que corresponde a cada época, la que luego se va perfeccionando.
Como estamos legislando y legislando bien sobre algunas modificaciones a la Constitución Política de 1980, quiero referirme creo que por primera vez a algunos hechos políticos que rodearon su promulgación.
Alrededor de 1980, durante el gobierno militar, había dos grandes tesis. En una se planteaba remilitarizar el gobierno tenía sus defensores, pero muchos civiles que fuimos convocados alrededor de esa fecha a participar en el gobierno pensábamos lo contrario: que el gobierno militar debía tener una salida civil; que el estado de derecho debía ir institucionalizándose, progresivamente; que había que fijar un itinerario conocido por el país y, en la medida en que éste se fuera cumpliendo, llegar a la democracia plena. La Constitución de 1980 corresponde al esfuerzo de institucionalizar un futuro gobierno perfectamente normal y civil.
Esto fue lo que le permitió al país avanzar y, en una fase, establecer una transición institucional, aunque todavía autoritaria. Fue la estructura de esa Constitución la que le permitió a la Oposición más moderada de la época, liderada por Gabriel Valdés y José Antonio Viera-Gallo , aceptar la institucionalidad de hecho, la que condujo al plebiscito y, después, precisamente en virtud de la vigencia de los artículos constitucionales, ir accediendo progresivamente a un estado democrático más perfeccionado. Por lo tanto, la Constitución de 1980 es importante en nuestra evolución institucional.
La segunda parte de la Constitución de 1980, que culminó con la transición institucional, vino con la reforma de 1989. Ese año, el gobierno militar y la Oposición de la época pudieron ponerse de acuerdo y plebiscitó un conjunto importante de reformas constitucionales. Así, la transición institucional tuvo un nuevo avance mediante el aporte de una transición consensuada que permitió hacer algunas reformas. Pero quedaron pendientes otras que hoy estamos materializando.
Es importante dejar establecido que estas reformas avanzan, en primer lugar, en un ámbito de democratización importante, al establecer, por ejemplo, que todos los parlamentarios estoy citando un caso específico de democratización evidente deben ser electos por votación popular. Nos parece un avance relevante y responde al objetivo que perseguimos todos los presidentes de Renovación Nacional y que hoy estamos concretando.
En segundo lugar, es un avance establecer el rol tutelar de la democracia. Por supuesto, a las Fuerzas Armadas, como a todas las instituciones del Estado, les corresponde un rol tutelar de la democracia chilena, pero éste queda perfectamente equilibrado porque, al referirse a todas las instituciones, queda claro que a todos nos corresponde proteger la democracia.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado su tiempo. Los minutos adicionales que ocupe serán descontados del tiempo asignado a su comité.
Puede continuar su señoría.
El señor CARDEMIL.-
Muy bien, señor Presidente.
También es un avance restituir al presidente de la República la facultad de nombrar a los comandantes en jefe, situación que queda bien equilibrada en la reforma propuesta, porque nunca será una decisión caprichosa del primer mandatario, sino fundada y revisada por el Poder Legislativo. Eso es democratización.
Nos habrían gustado más avances en cuanto a fiscalización del Ejecutivo. En un régimen perfectamente democrático, la mayoría gobierna y la minoría fiscaliza. Estamos lejos de llegar a indicadores satisfactorios en materia de democratización, de la que a veces se habla y la que tan poco se practica. Avanzamos, pero todavía falta mucho. Es un tema que queda pendiente.
Avanzamos, también, al mantenerse la tesis del equilibrio de poderes. Quizás el aporte más importante de la Constitución de 1980 al Chile en que estamos viviendo sea la tesis del equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la creación de poderes neutros, como el otorgamiento de la autonomía del Banco Central, que es un nuevo concepto extraordinariamente importante. Estos equilibrios son fundamentales para un país en que lo político no da cuenta de todo el quehacer social. Todos estos son avances importantes que vamos a apoyar.
Pese a todo lo que se diga en contrario, la de 1980 es una excelente constitución, puesto que nos ha permitido avanzar por los caminos económicos, sociales y políticos en paz y tranquilidad y fundar rieles por los cuales el país ha ido transitando hacia crecientes grados de bienestar.
Por eso, quiero distinguir tres años: 1980, en el cual se dictó, y fue importante que así ocurriera; 1989, cuando se efectuó su primera modificación, y 2005, en que estamos debatiendo una segunda e importante reforma.
Señor Presidente, distinguidos colegas, así se hacen los países. Mucho más que con ideologías y discursos, se construyen con el trabajo esforzado y oportuno de generaciones de ciudadanos más preocupados de construir que de destruir.
Nos gusta la Constitución de 1980, porque cumplió un gran rol y constituye un hito, como las de 1833 y 1925. Hay que modificarla, porque debo decir con claridad que todavía quedan temas pendientes. Uno de los más importantes es que el Congreso Nacional la Cámara de Diputados y el Senado recupere poder respecto del Ejecutivo, porque aún tenemos una situación desequilibrada. Por lo tanto, Anuncio nuestro voto favorable y en cada artículo presentaremos las indicaciones que correspondan.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Su señoría ocupó cuatro minutos adicionales al tiempo que le asignó su bancada, los que serán descontados a los diputados de Renovación Nacional que hagan uso de la palabra.
Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, a diferencia de lo expresado por el diputado señor Cardemil , no creo que haya en el país algún político o académico medianamente serio que pueda desconocer un hecho esencial de nuestro actual ordenamiento institucional: la Constitución de 1980 nació, como lo dijo el diputado señor Luksic , con un vicio de ilegitimidad, pues fue parte de un entramado jurídicopolítico que pretendía, por una parte, refundar la República y el sistema político chileno y, por otra, asegurar buena parte de las cuotas de poder que detentaba el gobierno militar y la corte de civiles que lo acompañaron y apoyaron durante la dictadura. Esa es la realidad.
El quebrantamiento de la democracia en 1973 y las Actas Constitucionales que se elaboraron por la comisión designada tras el golpe de Estado dieron como fruto un texto político que tuvo la calidad de autocrático y otorgado por el poder de facto. Pero debemos agregar una agravante: fue diseñado con criterios de táctica y estrategia militar.
Reconozco que fue tal la perfección de la obra militar que esta Constitución se convirtió en una verdadera cárcel para la democracia. Los votos que no se obtenían en las urnas eran compensados por el sistema binominal mayoritario; si eso fallaba, quedaba el recurso de los senadores institucionales y el precedente de la instancia cuasi legislativa del Tribunal Constitucional. Más aún, para los excesos de los civiles republicanos, un buen Consejo de Seguridad Nacional, reforzado con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, podía hacer lo suyo. Como se verá, la manu militari fue convertida en norma suprema. Ésa es nuestra actual Constitución.
¿Qué ocurrió? La movilización popular y el profundo sentido de responsabilidad de los partidos que lideraron la oposición a la dictadura, el plebiscito de 1988 y el triunfo del “No” impidieron que se renovara por ocho años más el mandato del autodenominado presidente de la República, que contemplaba el texto original de 1980. A su vez, permitió que se creara un clima político para reformar una primera parte de los enclaves del sistema autoritario de gobierno.
El término de la discriminación ideológica a través de la derogación del artículo 8º de la Constitución; el reconocimiento constitucional del pluralismo político y el rango constitucional de los derechos fundamentales incorporados en los tratados internacionales; la modificación para otorgar mayores garantías en casos de estados de excepción constitucional y el robustecimiento de los recursos de amparo; el aumento de senadores en circunscripciones de mayor cuerpo electoral y la eliminación de la facultad de disolver la Cámara de Diputados. Estos, entre otros, fueron hechos que se consiguieron gracias a la modificación y acción responsable de la oposición al gobierno militar.
Así, el plebiscito de 1989 aprobó un nuevo estatuto constitucional por abrumadora mayoría, lo que legitimó el ordenamiento jurídico y social del Estado y permitió sumar un hito histórico en la consolidación del estado de derecho.
Sin embargo, la reforma de 1989 es sólo parte de este proceso histórico transitorio de consolidación democrática. Quedaron pendientes muchas modificaciones y derogaciones importantes.
Así lo planteó siempre el Partido por la Democracia en la discusión del texto sometido a ratificación popular en 1989.
También quedaron pendientes materias esenciales, como el término de los senadores designados, las potestades del Consejo de Seguridad Nacional y su independencia frente al presidente de la República; la autonomía de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas respecto del jefe de Estado.
Y algo muy importante: también quedó afuera la modificación del sistema electoral binominal arbitrario y la conformación del Tribunal Constitucional. Esto, para nombrar algunas materias.
Han pasado dieciséis años desde la manifestación popular que permitió democratizar la Carta Fundamental.
Ahora el Senado, en un hito que reconocemos, pudo entrar a conocer a fondo las reformas duras que como Concertación siempre planteamos. Se han eliminado los senadores designados y vitalicios; el Consejo de Seguridad Nacional ha quedado como un órgano solamente consultivo y ha terminado la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas respecto del jefe de Estado.
Faltan otras normas para conseguir una Constitución más democrática. Hemos propuesto, por la vía de la indicación, prohibir la discriminación arbitraria. Asimismo, establecer el reconocimiento de las comunidades indígenas; la vigorización del rol democrático de los partidos políticos; la garantía en la defensa de los consumidores o usuarios; la extensión de las garantías constitucionales de los derechos económicos, sociales y culturales; la democratización del Senado; el aumento de las potestades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, y la reforma del sistema electoral, entre otras.
Muchas reformas están pendientes. Como dije anteriormente, esperamos aprobarlas en la Cámara de Diputados, a fin de tener una Constitución verdaderamente democrática.
Con esto, buscamos alcanzar un equilibrio fundamental entre el poder, el orden y la libertad. Ello es parte del proceso democratizador que debe asumir esta Corporación.
Me quiero detener en este punto, porque creo fundamental dejar establecido en la historia de la reforma y de las elecciones políticas chilenas que en el Chile de la transición ha existido un consenso constitucional amplio, que ha cubierto desde la izquierda democrática hasta el Partido Renovación Nacional la derecha tradicional liberal; pero ha sido la derecha conservadora, autoritaria y antidemocrática, la que, en concreto, se ha negado de manera permanente y sistemática a romper lo que hemos denominado “amarras institucionales”.
Hay que develar ante la opinión pública y dejarlo asentado para los historiadores que en Chile ha existido un grupo político que se ha encargado de rentabilizar la institucionalidad autoritaria que construyeron, un mundo inmutable y ajeno al cambio, los que querían un presidencialismo desaforado, desbordado, un régimen que se inspiraba, primero, en la paz de los cementerios y, luego, en la paz y en el orden de la exclusión y la intolerancia. Es verdad, tuvieron un mérito: fueron los grandes ingenieros, pero desconocieron la señal de los tiempos, porque apenas redactaban esta carta constitucional autoritaria y que aprisionaba la voluntad popular, en España y en Alemania empezaban a surgir movimientos del siglo XXI que buscaban el progreso y la democracia en todo el mundo.
Hoy, el Partido Unión Demócrata Independiente debe reconocer que se equivocó absolutamente y que nosotros teníamos la razón: a los pueblos no se les amarra con una constitución; es más fuerte la democracia, la libertad y la igualdad. Eso puede mucho más que la ingeniería constitucional que se llevó a cabo durante muchos años en dictadura.
Quiero dejar establecido que para las diputadas y diputados del Partido por la Democracia sigue siendo muy importante trabajar para reformar aún más nuestra Constitución, de manera que permita construir las bases para la plena vigencia de un estado de derecho social y democrático, entendiendo a éste como un orden político institucional en el que la democracia, la libertad, el pluralismo y el progreso social forman parte de la cotidianeidad de todos los habitantes de la República.
Las diputadas y diputados del Partido por la Democracia votaremos favorablemente esta reforma e insistimos en que en la discusión particular formularemos las indicaciones pertinentes para que, en definitiva, tengamos una Constitución que represente a la inmensa mayoría de los chilenos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, como debo compartir el escaso tiempo de mi comité con los colegas de mi bancada, trataré de resumir algunas ideas, porque la reflexión que amerita un tema como el que está en debate ocuparía mucho más tiempo.
Me hago eco de las palabras de algunos diputados de la Concertación, en el sentido de que, a diferencia de lo que expresó el diputado señor Cardemil , la Constitución que nos rige está muy lejos de haber tenido un origen democrático. A nuestro juicio, es ilegítima en su origen, pero, como respetamos el estado de derecho, la reconocemos. La necesidad de reformarla en aspectos sustantivos y de fondo demuestra que no es democrática ni transparente y que, lamentablemente, acarrea vestigios o rezagos de la dictadura militar que duró más de dieciséis años.
Se avanza en cierto sentido. Enhorabuena que terminemos con los senadores designados con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con otras limitaciones, pero encuentro lamentable que no se haya aprobado el reconocimiento de los pueblos originarios en nuestra Constitución. Espero que mediante una indicación se reponga.
Sé que esto no goza de simpatía en la Oposición, pero debo reiterar una cuestión básica: la política se hace por principios y valores, no por regla de cálculo electoral. Si tuviéramos una democracia moderna, como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo, los ciudadanos chilenos radicados en el exterior debieran tener derecho a participar en las elecciones presidenciales. El derecho a votar está consagrado en casi todas las democracias. Existen, incluso, los medios electrónicos para ello. No veo ninguna razón válida para impedirlo, salvo las pequeñas razones de cálculo electoral de la Oposición para no dar su visto bueno a la reforma en este sentido.
Aunque por fin hemos logrado que los hijos de chilenos nacidos en el exterior no tengan que avecindarse un año en el país para ser chilenos, no entiendo que para ser ciudadanos deban cumplir con ese requisito. Me parece que ahí hay una contradicción y espero que se supere por la vía de la indicación.
Tampoco entiendo que si Chile es tan abierto al comercio internacional y a una serie de tratados de libre comercio y forma parte del mundo globalizado, seamos tan restrictivos en el otorgamiento de la doble nacionalidad. Hoy, en una buena parte de los países funciona y opera y no se las restringe en sus desplazamientos, según las necesidades.
Quiero recalcar que apoyamos la indicación que repone la posibilidad de rectificar la adhesión a la Corte Penal Internacional. Me parece lamentable que esa posibilidad, luego de haber sido aprobada, haya sido motivo del recurso interpuesto ante Tribunal Constitucional. Ojalá la aprobemos, de manera de evitar la impunidad de crímenes graves.
Por último, es incomprensible que la Cámara de Diputados no sea parte del Consejo de Seguridad Nacional. Es evidente, por otra parte, que hay que cambiar las funciones de este órgano y las disposiciones que regulan su convocatoria. ¿Por qué quedó tan disminuida esta rama del Congreso a partir de 1980? Estoy de acuerdo con que se fortalezca su función fiscalizadora y espero que se cuente con el apoyo de todos los diputados para ello.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya .
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, sin duda, el proyecto que nos convoca es de gran importancia, como lo han señalado diputados de la Concertación que me han precedido en el uso de la palabra.
La Constitución de 1980, para muchos chilenos, no tuvo legitimidad democrática en sus orígenes. Fue un traje a la medida para el gobierno militar, que trató de pasar por democrático.
En las reformas fundamentales que hoy estamos debatiendo deseo destacar aspectos importantes, sin entrar en la discusión particular, porque la tendremos en otra oportunidad.
En primer lugar, se reforman los estados de excepción constitucional al establecer claramente cuándo y bajo qué circunstancias el presidente de la República puede recurrir a ellos. Esta situación no es menor, sobre todo si nos volvemos a enfrentar a un gobierno de facto.
Otro punto importante es el que se refiere a la composición y funciones del Tribunal Constitucional. Se deberá encargar de resolver diferencias constitucionales propias de la aplicación de la ley y no del control que ejerce hoy, tanto de los proyectos que se discuten en el Congreso como de los proyectos que envía el Ejecutivo.
Asimismo, es importante destacar que se pone fin al sistema antidemocrático a que da origen la composición del Senado. Se termina con la institución de los senadores designados y vitalicios. De una vez por todas habrá un Congreso democrático.
Falta seguir avanzando hasta acabar con el sistema binominal. Quizás es la deuda pendiente que tenemos en esta materia.
En el proyecto de ley de reforma constitucional se establece expresamente que las fuerzas de orden público y seguridad
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones dependerán de un ministerio encargado de la seguridad pública. Así, se entrega un reconocimiento constitucional a la lucha contra la delincuencia.
En lo que se refiere al Ministerio Público, hemos presentado una indicación para que tanto el fiscal nacional como los fiscales regionales puedan ser sujetos acusables constitucionalmente en la Cámara de Diputados por notable abandono de deberes. No vemos la razón de haber excluido a esa institución en la discusión de la reforma procesal penal.
Me preocupa cierto detrimento en las funciones de la Cámara de Diputados. Esperamos que pueda avanzarse en la discusión en particular para fortalecer su rol fiscalizador. Hoy se recoge parcialmente la interpelación a los ministros y las comisiones investigadoras. Es necesario establecer un nuevo marco regulatorio en esta línea. Falta avanzar en este sentido y establecer realmente un poder fiscalizador que sea un contrapeso respecto al Ejecutivo.
También debemos ser capaces de recuperar facultades que se tuvieron con anterioridad a la Constitución de 1980, de manera que la Cámara de Diputados sea un ente fiscalizador efectivo y no como hoy, que no tiene el poder para fiscalizar los actos de gobierno.
Las reformas que hoy estamos analizando deben responder al consenso social y reflejar lo que queremos en el Chile del siglo XXI: una Constitución democrática para que los chilenos sintamos que nos pertenece a todos, tanto al gobierno de turno como a la Oposición. Muchas veces el chileno ve en esta Constitución un espacio antidemocrático.
Estamos avanzando para que la Constitución de 1980, de origen antidemocrático, sea respetada por todos los chilenos. Quizá sea un paso para terminar con el sistema binominal, de permitir mayor participación tanto de los partidos que hoy no están representados el Congreso Nacional como de los independientes.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por quince minutos, la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, las reformas constitucionales han sido esperadas todos estos quince años que legislamos en democracia. Al fin se llegó a un acuerdo político en el Senado, cuyo contenido debemos preservar. Dicho acuerdo, aunque no es lo que quisiéramos, constituye un gran avance, por ejemplo, en cuanto al período presidencial, al Cosena y a otras matgerias.
Un acuerdo implica transigir, esto es, que ambas partes cedan en sus pretensiones con el objeto de precaver un conflicto eventual o poner fin a uno existente. El acuerdo del Senado cumple ambos fines. Las materias de que trata son pocas, ya han sido informadas y no me extenderé en ellas. Pero sí quiero hacer presente que la naturaleza política del acuerdo, según lo prescrito en su letra b), firmado por los representantes de todos los partidos políticos, los compromete y, son vinculantes en las decisiones legislativas respecto de los cuatro puntos que allí se especifican.
Por otra parte, el Gobierno, a través del ministro del Interior, señor Insulza , participa de ese acuerdo, le otorga su asentimiento y compromete su voluntad para asegurar sus contenidos en la discusión parlamentaria.
Ese es el elemento esencial de la discusión. Hay que tener cuidado con la tramitación de estas reformas constitucionales, con las indicaciones que presentemos, porque como se dice vulgarmente la ambición rompe el saco y podemos perder parte de lo avanzado por extremar nuestras posiciones. Recordemos que aquí no hay comisión mixta.
Renovación Nacional, en aquellos temas que no son propios de ese acuerdo político celebrado en el Senado, cree que hay que perfeccionar normas importantes. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución por una razón de lógica legislativa. Se trata de reemplazar el voto obligatorio por el voluntario. ¿Por qué? Tenemos que ser consistentes. Estamos estudiando una ley orgánica constitucional referida justamente al voto voluntario y a la inscripción automática. Sé que son temas transversales, discutibles, pero la ley orgánica constitucional en discusión, que deja sin sanción el hecho de no votar, puede no pasar en el Tribunal Constitucional, porque no se ha derogado la norma del artículo 15.
Además, es muy importante la idea es del diputado Arturo Longton modificar la indemnización por error judicial. Sabemos de muchos casos en que se ha condenado o procesado a personas por resoluciones erróneas o arbitrarias. Al respecto retiramos de la expresión “injustificadamente, erróneas o arbitrarias”, la primera palabra porque al mantenerla impedirá al Estado hacerse responsable de las resoluciones que se dicten.
Es necesario aumentar las facultades de fiscalización. Introducimos modificaciones a los artículos 42 y 48 y vamos más allá de las que señala el Senado. En 2003, trabajamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sobre la base de cinco proyectos de ley: dos de Renovación Nacional, uno de la Concertación y dos de la UDI, con el propósito, justamente, de aumentar dichas facultades. Los refundimos e hicimos un excelente trabajo que fue acogido por el Senado; pero faltaron algunas materias, como la interpelación a los ministros, quizás la más importante, que ya se señaló, y el hecho de que los particulares puedan ser citados para entregar información a las comisiones investigadoras en los casos que tengan relación directa con empresas del Estado.
En lo personal debemos limitar los períodos parlamentarios. Hay una indicación para rebajar el de los diputados a tres reelecciones, es decir, a cuatro períodos, y el de los senadores a dos; es decir, a tres períodos. Algunos piensan que los períodos deben ser menores, pero lo importante es que en este punto hay consenso. De esta forma, daremos “tiraje a la chimenea” y permitiremos el recambio generacional necesario en las cámaras con la llegada de nuevos parlamentarios.
También tengo una indicación para rebajar la edad para ser senador. Si para ser Presidente de la República se requiere tener cuarenta años, la edad mínima para ser senador debiera ser de 35 años.
Asimismo, se pretende modificar una materia que no consideró el Senado y que fue objeto, como señalé, del trabajo realizado con el ministro señor Insulza , presente el 2003. En esa oportunidad estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos y se trataron materias como la vacancia, la renuncia, las inhabilidades, las causales de cesación en el cargo y el fuero de los parlamentarios. Ahí hubo un importante avance que no fue tomado en cuenta por la Comisión del Senado. Por ejemplo, se aumentan las razones por las cuales deba cesar en el cargo el diputado que, sin ninguna explicación, no se presente a la Cámara de Diputados durante treinta días. Hoy se aplica una norma similar en caso de encontrarse fuera del país, y la idea es que el diputado, encontrándose en el país, no concurra a la Cámara por treinta días o más en un año.
Un aspecto importante dice relación con que cesará en el cargo quien utilizare en beneficio económico propio o de terceros información privilegiada que le haya sido comunicada reservadamente o con motivo del ejercicio de sus funciones.
También se plantea que los directores de bancos o de algunas sociedades anónimas abiertas cesarán en el cargo no sólo cuando formaren parte del directorio, sino también cuando ejercieren actividades decisorias de administración o de representación.
Es importante destacar que, hoy, no se permite y cesa en el cargo quien actúe directa o indirectamente como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. Con la diputada Lily Pérez hemos presentado una indicación en orden a que tampoco se permita a los abogados de la Cámara de Diputados y del Senado litigar en tribunales ordinarios o especiales, a fin de mantener la necesaria independencia con el Poder Judicial. Sabemos que el abogado que es senador o diputado, obviamente, en lo subjetivo al menos, va a tener alguna influencia en los tribunales.
El fuero parlamentario debe ser modificado de acuerdo con el Código Procesal Penal. Estimamos que, antes de la formalización de los cargos, debe pedirse el desafuero ante el tribunal de alzada para que siga adelante la eventual investigación y, posteriormente, el juicio.
Si tomamos en consideración la Constitución, en relación con el ministerio público, en aquellos casos en que se trate de restringir o perturbar derechos constitucionales, el parlamentario deberá recurrir, en primer lugar, al tribunal de alzada.
Este es el parecer de mi bancada.
Mi opinión personal es que se debe terminar con el fuero, pero no con la inviolabilidad, porque ésta nos protege para poder fiscalizar en forma efectiva.
A mi juicio, el fuero pierde toda efectividad con la reforma procesal penal, puesto que de todas maneras se va de un juez de garantía a un tribunal de alzada, sobre todo cuando se trata de restringir las garantías constitucionales del parlamentario.
Además, existe una razón práctica. La hemos apreciado hace pocos días: un senador de la República, a quien se le han formalizado cargos, decidió desistirse de un recurso de apelación ante la Corte Suprema con el objeto de ir directamente al juicio oral y poder defenderse. Ésa es la mejor decisión, pero insisto es mi opinión personal y no de la bancada de Renovación Nacional.
Otro asunto importantísimo se refiere al Tribunal Constitucional. Al respecto, tenemos diferencias que podríamos superar, porque no forman parte del acuerdo político.
En primer lugar, hay que suprimir todas las referencias a abogados integrantes. Estamos de acuerdo en que si la Constitución Política, respecto de la Corte Suprema, ni siquiera contempla la posibilidad de abogados integrantes, no veo por qué el Tribunal Constitucional los considerará. Entiendo que el Senado, simplemente, no percibió el error al respecto.
Pero quizá lo más importante dice relación con el actual recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, porque ahí rige un principio básico del estado de derecho, cual es la igualdad ante la ley. Hoy, la Corte Suprema decide un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sólo para el caso que se le plantea y respecto de las partes. Ésa es una desigualdad discriminatoria ante la ley. La propuesta del Senado también mantiene ese punto en términos muy similares.
En ese sentido, Renovación Nacional propone con el apoyo de varios juristas a los que consultó que este recurso se denomine más bien de inconstitucionalidad que de inaplicabilidad y constituya un control preventivo posterior, es decir, sólo para preceptos legales no leyes que no hayan sido objeto de control preventivo esto es, que no hayan pasado antes por el Tribunal Constitucional, los cuales, para que produzcan efectos generales en todo el país, deben ser tratados por el pleno del tribunal, por la mayoría de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Es la forma más consistente para poder tener igualdad ante la ley.
Algunos han afirmado que sería convertir al Tribunal Constitucional en una especie de legislador. Sin embargo, se podría decir lo mismo cuando el control es preventivo. Los que han dicho eso representan una minoría.
Ésa es la forma justa de aplicar el derecho y los preceptos legales a la Carta Fundamental.
Por su parte, el diputado José Antonio Galilea , a quien interpreto en este momento, ha propuesto que se modifique lo del Senado y dejar los períodos presidencial y de diputados en cinco años, y el de senadores en diez años con posibilidades de reelección.
Nuestra voluntad es que prosperen estas reformas y que el Senado comprenda que, conservando este acuerdo, la Cámara de Diputados no puede ser un simple buzón de los cambios que ellos realicen.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la Constitución de 1980 no fue precisamente un pacto social, no fue un acuerdo o fruto de un consenso entre los diversos actores sociales. En la época de su dictación no hubo lugar para disidencias, discrepancias o simples opiniones. La Comisión de Estudio del anteproyecto de la nueva constitución sesionó entre cuatro paredes, y no existe constancia ni actas de las modificaciones que le introdujo la Junta Militar al proyecto por ella presentado.
Recordemos que la Constitución de 1980 se nos impuso a la fuerza. Es ésta y no otra la razón por la cual tenemos como ley suprema de la República una carta autoritaria, morigerada, por cierto, por las sucesivas reformas que algún grado de legitimidad le han dado; pero la estructura esencial está ahí.
Aún tenemos senadores designados, un sistema electoral binominal, entre otras muchas trabas que no dan lugar a una representación democrática en el parlamento. Sin ir más lejos, hace dos semanas todos los sectores políticos concordábamos en lo que hubiese significado contar con la presencia de Gladys Marín para el debate nacional, pero nuestra carta fundamental que algunos la tildan de liberal, lo impidió.
Al día de hoy, se han cumplido 15 años desde que comenzó la transición a la democracia y es de esperar que lleguemos a la mayoría de edad con un marco jurídico esencial, como es una Constitución acorde con los tiempos que vivimos.
La Constitución de 1980 es un traje que le ha quedado estrecho a nuestro país, que ya no es un púber, sino un joven adulto que se comporta como tal y que merece y necesita vestir un traje más holgado y moderno. No existe la Unión Soviética, ni el enemigo interno, ni nada de qué protegernos como no sean los desafíos del siglo XXI: la globalización, los problemas económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, ya no se entiende ni justifica que los garantes de la institucionalidad sean las fuerzas armadas.
En tal sentido, el acuerdo político alcanzado ha sido un avance extraordinario, y gracias a él estamos transitando de una democracia protegida a una sin apellido.
Una constitución debe ser un pacto social. Así lo ha entendido el Senado y ya no tendremos más tutela militar; tampoco un Consejo de Seguridad Nacional, cuyas opiniones podrían prevalecer por sobre las de todos los órganos democráticos, porque hoy se vuelve al soberano.
Otro avance muy significativo, y que como madre chilena lo celebro, es el término del requisito de avecindamiento para los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero para optar a la nacionalidad chilena.
Pero todavía falta mucho. Echo de menos un “defensor ciudadano”, porque el recurso de amparo es una instancia jurídica débil si no se tiene una defensa seria e independiente de todos los poderes. También echo de menos un fortalecimiento de la labor fiscalizadora de la Cámara y una necesaria igualdad entre ésta y el Senado.
Vamos a votar favorablemente el proyecto en general, pero, al mismo tiempo, vamos a requerir un debate serio, pues queremos, como Cámara de Diputados, hacer un aporte para que la democracia proteja a los más vulnerables y no ser un simple buzón.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, el diputado señor Juan Bustos .
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, la Constitución de 1980 era sólo de algunos y para algunos, es decir, todo lo contrario de lo que debe ser una carta fundamental. Por esa razón, desde 1990 en adelante hemos tratado de hacer una serie de reformas, con el objeto de tener una Constitución realmente democrática. En otras palabras, que sea de todos y para todos, que es lo que debe ser una ley fundamental.
La actual reforma es trascendente, porque implica una profundización democrática. La eliminación de los senadores designados y vitalicios es un gran paso para democratizar la Constitución. Ojalá que nunca más tengamos en el Senado integrantes que no hayan sido elegidos por el pueblo.
De igual manera, un aspecto trascendental que profundiza la democratización es que el Consejo de Seguridad Nacional quede simplemente como un órgano de carácter consultivo. Quizás, éste era uno de los temas más conflictivos de nuestra Carta Fundamental. Siempre que en el extranjero se hacía referencia a nuestra Constitución, se decía que ésta era vigilada y que los poderes del Estado elegidos popularmente estaban bajo la vigilancia y control de otros.
Otro gran paso hacia la democratización es el reestablecimiento de la facultad que tenía el presidente de la República, como había sido tradicional e histórico, para remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Por último, dentro de aquellas reformas importantes de la profundización democrática está la revisión de los estados de excepción que contempla la Constitución, pero desde una perspectiva netamente autoritaria, propia del sistema dictatorial que hubo en Chile desde 1973 hasta 1989.
Pero esta reforma no sólo es importante desde esa perspectiva, sino que también en cuanto profundización institucional. Nuestra Constitución adolecía de un grave defecto: la precariedad del Tribunal Constitucional, puesto que éste era de primera generación y, por lo tanto, sumamente limitado en sus facultades y competencias. Por eso, es importante que esta reforma se abra a un tribunal constitucional de segunda generación.
En una perspectiva institucional, es importante que las fuerzas de orden y seguridad, cuya función es completamente diferente a la de las Fuerzas Armadas, dejen de depender del Ministerio de Defensa y sean integradas a un Ministerio de Seguridad Pública. De esa forma, sus objetivos no aparecerán asimilados a los propios de las Fuerzas Armadas, y podrán cumplir el rol que les corresponde en el marco de la seguridad ciudadana y lograr la profesionalización que requieren. Así está contemplado hoy en toda la legislación internacional, tal como lo propicia la Organización de Naciones Unidas.
También es importante que se haya fortalecido la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. La forma en que está consignada en la Constitución Política deja mucho que desear, por cuanto no está propiamente institucionalizada.
Sin embargo, y a pesar de lo importante y trascendente de estas reformas, que se sustentan en los pilares fundamentales que he señalado, las disposiciones aprobadas por el Senado contienen una serie de aspectos que podríamos calificar como muy defectuosos.
En primer lugar, en relación con el Tribunal Constitucional, que desde el punto de vista jurídico debiera cerrar el sistema político-jurídico de un país, no se contempla el recurso de amparo constitucional, instancia fundamental dentro de un estado de derecho democrático.
Por otra parte, el recurso de inaplicabilidad, que hoy se tramita ante la Corte Suprema, se traslada al Tribunal Constitucional, pero opera en una forma sumamente peculiar y singular, que no dice relación con ninguna de las formas establecidas en el derecho comparado. De acuerdo con la reforma propuesta, después de tres fallos uniformes, desde que se interpuso la acción de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional declarará inconstitucional el precepto legal cuestionado. Una norma es constitucional o inconstitucional, pero no puede quedar en el limbo, en una situación intermedia. Por lo tanto, sería adecuado establecer un recurso de inconstitucionalidad en que la disposición quede erga omnes como tal y, por lo tanto, inválida jurídicamente.
Asimismo, en consideración a que el Tribunal Constitucional será el que cierre el sistema político-jurídico del Estado, es importante que se establezca la acusabilidad de sus miembros, porque no podrían ser totalmente irresponsables. Ciertamente, habría que contemplar restricciones, incluso mayores que las de los miembros de la Corte Suprema, pero tienen que tener responsabilidad..
Por otra parte, es importante que el sistema electoral pase al lugar que le corresponde, la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para que ahí se resuelvan los temas de ese carácter. Sin embargo, la Constitución debiera plantear un mandato en cuanto al sistema proporcional, es decir, estipular que dicha ley orgánica constitucional deberá establecer un sistema de carácter proporcional.
Además, faltan temas muy importantes, como los referentes a los pueblos originarios, al recurso de protección del derecho de educación, al plebiscito en forma general, a una disposición clara sobre la no discriminación, a la objeción de conciencia, a los períodos de los diputados y senadores, tres en el caso de los diputados y dos en el de los senadores, y a la derogación del fuero. Es decir, falta una serie de disposiciones importantes para tener realmente una Constitución democrática que establezca claramente las bases institucionales del Estado.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte .
El señor URIARTE.-
Señor Presidente, a pesar de todo lo que se pueda decir a estas alturas de la historia del derecho constitucional, no cabe duda de que la Constitución de 1980 ha sido clave para que nuestro país sea económicamente próspero y políticamente estable. Lo anterior lo reconocen moros y cristianos; hay demasiadas publicaciones internacionales que así lo ratifican. Eso se debe a que la Constitución de 1980 descansó en dos grandes pilares.
A diferencia de otras constituciones anteriores, como las de 1833 y 1925, esta Carta Fundamental no fue neutra, sino que hizo una opción valórica, fundada en la tradición nacional y en los principios de una sociedad occidental. Así, por ejemplo, la primacía del hombre sobre el Estado, el principio de subsidiariedad, la autonomía de los cuerpos intermedios, la servicialidad del Estado, la soberanía limitada por los derechos fundamentales y la defensa del estado de derecho, son principios reconocidos por todos los sectores y están plenamente consolidados en el alma nacional.
Hace treinta años, estos temas eran materia de discusión no sólo en las universidades, sino también en los foros estudiantiles, en los tribunales de justicia y en muchos otros lugares. Actualmente, no hay dos opiniones sobre la importancia de estos principios y la manera en que ellos se han ido asentando en la conciencia nacional. Más aún, nunca antes en Chile se habían consagrado constitucionalmente mecanismos tan eficientes para proteger los derechos de las personas, como el derecho a la vida, a la honra, a la libertad, a la igualdad y a la propiedad, todos los cuales se encuentran ampliamente protegidos, como nunca antes, en la historia constitucional de Chile, gracias a mecanismos eficientes establecidos en la Constitución de 1980. Además, el constituyente estructuró la Carta Fundamental sobre la base de que los poderes del Estado debían estar sometidos plenamente al estado de derecho y siempre sujetos a mecanismos de control, equilibrios y contrapesos, cuyo resultado exitoso hemos podido experimentar en los últimos años.
Todos estos principios, sólidamente consagrados y asimilados por todos, deben ser actualizados y perfeccionados, conforme a la evolución política de las naciones. Por eso, la Unión Demócrata Independiente participó en el Senado de un amplio acuerdo político en este sentido, tal como lo ha hecho en otras oportunidades con el mismo objetivo.
En esa línea, concurriremos con nuestro voto favorable para aprobar las reformas constitucionales, en el entendido de que es una buena forma de perfeccionar, avanzar y actualizar la Carta Fundamental.
No obstante respetar y acatar el acuerdo político del Senado, presentaremos las indicaciones que correspondan para innovar en varias materias, como en la integración del Tribunal Constitucional y el nombramiento de sus integrantes. Creemos necesario incorporar a la Cámara de Diputados en la nominación de sus integrantes, de forma que el Senado, la Cámara y el Presidente de la República nombren a dos miembros, con lo que también queremos disminuir la preponderancia del Presidente de la República en el nombramiento de los ministros; además, creemos que la Corte Suprema debe nominar a tres abogados y no a tres ministros del tribunal. Y para asegurar el profesionalismo, independencia y exclusividad de los miembros nominados, impediremos que ejerzan la profesión de abogados.
Igualmente, pretendemos que la ciudadanía participe en el control de la constitucionalidad de las leyes, como está establecido en varias constituciones modernas, de manera de terminar con el monopolio parlamentario en esa materia.
También creemos conveniente incorporar nuevas incompatibilidades para los candidatos a diputados y a senadores, especialmente a quienes hubieren sido jefes de servicio en la administración pública o autoridades del gobierno de turno, que puedan eventualmente instrumentalizarlos para obtener algún cargo de elección popular.
Asimismo, somos partidarios de eliminar la frase que se pretende agregar al final del inciso primero del artículo 6º, que dice: “y garantizar el orden institucional de la República”. Sólo puede garantizar quien hace uso autorizado de la fuerza, facultad ya encomendada inequívocamente a las Fuerzas Armadas y de Orden, sujetas al poder político y a la Constitución. De manera que no se puede otorgar facultades garantistas a quien no está en condiciones de hacerlo.
Por otra parte, no vemos la necesidad de incorporar en el texto constitucional el control ético de los colegios profesionales. La Constitución es la ley fundamental que sirve de base para la dictación de normas jurídicas; no le compete regular el control ético dentro de determinados cuerpos intermedios, como ocurre hoy con algunas indicaciones orientadas a entregar a los colegios profesionales dicha facultad.
En resumen, y sin perjuicio de la discusión en particular, no podemos desconocer la importancia de la Constitución Política de 1980 en el crecimiento económico, en la consolidación de un sistema económico y social y, por cierto, en una estabilidad política que ha servido mucho para consolidar la tan anhelada transición hacia la democracia.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, después de muchos años, por fin podremos llegar a un acuerdo en el marco de las reformas constitucionales, aunque restringido sólo a algunas materias.
Quiero referirme brevemente a algunos aspectos.
En primer lugar, el diputado Cardemil se refirió a la inspiración de la Constitución Política y al equilibrio de poderes.
Uno podría preguntarse si es deseable que en una Constitución exista equilibrio de poderes y, por cierto que es súper deseable. Pero no es posible lograr el equilibrio de poderes mientras sigamos eligiendo al Congreso Nacional con el actual sistema electoral. Obviamente, es deseable restar poder al Ejecutivo para entregárselo al Poder Legislativo, pero ningún Poder Ejecutivo va a deshacerse del poder entendiendo que este Congreso no necesariamente representa a las mayorías y minorías existentes.
Por lo tanto, ésa es una materia que deberemos resolver si queremos democratizar la Constitución Política.
Sin embargo, no cabe duda de que los avances que hemos alcanzado son importantes.
Una vez terminada esta discusión y aprobadas las reformas constitucionales que nos ocupan, deberíamos pensar en una nueva Constitución Política, de cara al Bicentenario, que efectivamente recoja los desafíos y las situaciones del Chile de hoy, como bien señalaron otros señores diputados.
Por otra parte me lo han hecho presente varios colegas, se presentó un conjunto de indicaciones al proyecto, por lo que es indispensable que la comisión técnica que lo discutirá en particular haga un esfuerzo riguroso por poner al día el texto constitucional, concordado con la reforma procesal penal. El informe del Senado nada señala al respecto, pero entiendo que se han presentado varias indicaciones al respecto.
Finalmente, y aquí hablo en nombre del diputado Roberto Delmastro , valoro las modificaciones hechas a los artículos 45 y 99.
La relativa al artículo 45 es súper razonable. Mantener numéricamente la división político-administrativa en nuestra Constitución parece una cosa inadecuada a los vientos que hoy soplan. Una cuestión no adecuada es mantener rígida nuestra estructura administrativa en la Constitución, cuando más bien debe tenderse a la flexibilidad, con los resguardos necesarios de una ley de quórum alto, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, como también se señala en el artículo 99.
Quise resaltar los dos artículos citados, pues nos permitirán, no dar inmediatamente el próximo paso, pero sí abrir una discusión que, lamentablemente, hasta ahora no había sido posible tener en el Congreso por las trabas constitucionales existentes. O sea, hoy se abre la puerta constitucional para este debate en el Congreso, respecto del cual un sinnúmero de chilenos estamos particularmente interesados en que se dé lo antes posible. En esa discusión veremos qué surge. Nosotros manifestaremos nuestra posición; otros, una distinta.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente, todos conocemos el origen de la Constitución de 1980. Sin duda, quienes estamos en esta Sala tenemos diferentes posiciones políticas. Pero, con la misma fuerza, quizás contenida por muchos de nosotros durante bastante tiempo para lograr reformas a la Constitución, hoy debemos reconocer, haciendo un balance objetivo, los aspectos positivos que ella ha entregado hasta la fecha.
Nadie puede discutir que la Constitución ha permitido crear un sistema político e institucional que, durante quince años de vigencia de la democracia, ha demostrado sus frutos en solidez, estabilidad y gobernabilidad. ¡Qué importante es la gobernabilidad en una ecuación democrática, sobre todo cuando vemos las crisis que viven nuestros países vecinos! Asimismo, nadie puede desconocer que este cuerpo constitucional ha sido capaz de armonizar un espacio importantísimo de garantías, derechos y libertades personales como nunca antes había conocido un sistema político en sus regímenes constitucionales.
Sin duda, ha transcurrido mucho tiempo, y quienes hemos planteado desde los primeros días de 1989 que la Constitución debería ser reformada, hoy tenemos cierto grado de ansiedad. Actualmente los escenarios son completamente distintos, pues han desaparecido ciertos temores. Por una parte, no existe la amenaza del régimen comunista, que cayó en décadas pasadas y, por otra, tampoco las aprensiones que significaban la politización y la permanencia del protagonismo de las Fuerzas Armadas en política. Hoy, aun cuando es tarde, llegó el tiempo de hacer esas sustanciales reformas.
Quiero destacar los cambios que hemos hecho al Tribunal Constitucional. Por primera vez hemos creado un tribunal en el que seremos autores de una verdadera jurisprudencia constitucional técnica, especializada y estable en el tiempo, la cual hoy no existe.
Además, quiero destacar el rol fiscalizador que la Cámara de Diputados tendrá a partir de estas reformas, lo cual es tremendamente importante. Probablemente, uno de los desafíos más importantes de cualquier democracia es lograr, en forma legítima y eficaz, la fiscalización para evitar la corrupción y los abusos de poder.
El diseño de la Constitución de 1980, que recogía la tradición democrática chilena, no es bueno para los efectos de fiscalizar, pues, en la medida en que las mayorías en el gobierno coinciden con las mayorías parlamentarias, la fiscalización deja de ser eficaz de manera automática. Al respecto, hemos vivido numerosas experiencias durante este período parlamentario, por cuanto no se han podido fiscalizar algunas materias importantes, debido a las mayorías parlamentarias. Por eso, a mi juicio, es una de las reformas más importantes que se introducen y creo que contará con la unanimidad de la Sala.
Finalmente, quiero destacar el aspecto positivo del consenso logrado en distintas fuerzas políticas respecto del rol garante de las Fuerzas Armadas. Sin duda, cuando la Constitución Política de 1980 hacía ese reconocimiento en la institucionalidad, se daba un paso muy importante, porque establecía un deber a todas las instituciones con la democracia y con el respeto a la institucionalidad. Pero, en mi opinión, no hizo bien entregar la exclusividad de esa garantía a las Fuerzas Armadas, porque se prestaba para malos entendidos y tensiones no propias de un sistema democrático. La reforma que hoy discutimos supera eso, porque impone a cada ciudadano y a cada institución pública y privada el rol de garante que merece nuestra institucionalidad.
Para terminar, deseo reivindicar el rol que Renovación Nacional, partido político al cual pertenezco, ha tenido en estas reformas.
En 1989, fuimos los primeros en participar en las negociaciones para reformar la Constitución. A partir de esa fecha, no ha habido ninguna ocasión en la que parlamentarios de dicho partido hayan ocultado su voz para señalar la urgencia de lograr las reformas que hoy estamos discutiendo.
Por ello, quiero simbolizar este breve homenaje haciendo alusión a la figura de un ex parlamentario y destacado dirigente de mi partido, Andrés Allamand , quien luchó permanentemente para que esta reforma se perfeccionara, y estoy seguro de que en las próximas sesiones estas reformas alcanzarán la máxima votación a la que podemos aspirar.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Enrique Accorsi .
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente, hoy discutimos un tema que realmente interesa a la ciudadanía. Me gustaría que hubiese más diputados presentes en la Sala, porque se trata de una de las leyes fundamentales de la República, que dice relación con los derechos ciudadanos.
Si bien esta reforma es un paso adelante, aún persiste la inequidad en la democracia chilena, pues mientras se mantenga el sistema binominal, que establece que un tercio es igual a dos tercios, la democracia chilena no será tal, ya que no están representadas en ella las minorías y sus derechos ciudadanos.
Hemos avanzado un paso, pero nos queda mucho camino por delante. La Constitución de 1980 no fue democrática, y eso hay que reconocerlo abiertamente.
¿Cómo es posible que nos demoráramos quince años en reformar estas leyes que no permiten participar a la ciudadanía? La esencia de la democracia es la participación de la gente. Aunque hemos dado un paso adelante, todavía no logramos que haya una representación global de la ciudadanía.
Los jóvenes quieren participar, pero les hemos cerrado las puertas.
A su vez, los chilenos que viven en el extranjero tienen derecho a participar de las decisiones políticas del país.
Es una vergüenza que nos hayamos demorado quince años en modificar, o aplicar un barniz, a estas normas constitucionales.
Respetando el acuerdo, debiéramos ser capaces de cambiar la inequidad principal de nuestra democracia, que es el sistema binominal. Mientras no seamos capaces de eliminarlo, no podemos decir que Chile es un país democrático, que tiene derechos y que sus ciudadanos son iguales ante la ley. Me alegro de que estemos en un año electoral, porque podremos discutir a fondo este tema.
Repito: Chile no será un país democrático hasta que no se elimine el sistema binominal.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, luego de más de cuatro años de trabajo hemos recibido del Senado cincuenta y seis enmiendas a la Carta Fundamental. Estamos profundamente satisfechos por el alcance que ellas tienen en el perfeccionamiento de nuestra democracia, aun cuando falta mucho camino por recorrer e instancias que agregar a las libertades y a los derechos que todos hemos abrazado y por los cuales hemos luchado.
Estas enmiendas constituyen un esfuerzo muy serio realizado por el Poder Legislativo en estos años de democracia. Estamos alcanzando un consenso entre todos los sectores políticos para terminar con este largo proceso de transición en nuestro país. Ello queda de manifiesto por la envergadura de las modificaciones a la Carta Fundamental que se proponen, pues afectan a todos sus capítulos.
Para que la ciudadanía que ve o escucha la transmisión de esta sesión quede bien informada, voy a mencionar algunas de esas reformas:
Se propone que el período presidencial dure cuatro años, pues se considera que es un lapso suficiente para desarrollar un programa de gobierno y permite renovar los liderazgos dentro de la ciudadanía, especialmente el de las ideas. Además, esta modificación permitirá ahorrar recursos al Estado, pues hará coincidir la elección presidencial con las parlamentarias.
En lo que se refiere al Congreso Nacional, se suprimen los senadores designados y vitalicios, de manera que todos los miembros del Senado serán elegidos por votación popular en las circunscripciones correspondientes. Esto representa un hito en la línea de reafirmar el principio democrático en la generación de los representantes de la voluntad popular. Quienes actualmente ocupan los cargos de senadores designados o vitalicios tendrán que alejarse de esas funciones el 10 de marzo de 2006, con lo cual insisto vamos a respetar a quienes son elegidos popularmente.
Por otra parte, se fortalecerá la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que se encuentra a tan maltraer en el actual texto constitucional. Esto tiene gran trascendencia, porque favorecerá el ejercicio equilibrado de los poderes del Estado y podremos trabajar para que imperen la probidad y la transparencia entre quienes ejercen cargos públicos.
Se pondrá término a la diferencia anacrónica entre legislaturas ordinarias y extraordinarias y, en adelante, el Congreso Nacional trabajará en forma continuada para que podamos avanzar en la totalidad de los asuntos que nos preocupan.
Se establece la posibilidad de renunciar en forma voluntaria a los cargos parlamentarios y se acota la posibilidad de ser elegidos a sólo tres períodos, con lo cual se entregan nuevas herramientas para que la función parlamentaria se ejerza de la forma más transparente posible.
Las Fuerzas Armadas tendrán la misión de garantizar el orden institucional de la República junto con los demás órganos del Estado, lo que, desde luego, reafirma los principios republicanos que profesamos los radicales, como señores demócratas, y que son de autoría de todos los chilenos libres y democráticos.
Las Fuerzas Armadas, así como las de orden y seguridad, dependerán de un ministerio encargado de la seguridad pública, para lo cual se creará un nuevo ministerio o se reasignarán las funciones a los ya existentes. Lo que está claro es que regresan al lugar que les corresponde.
El Presidente de la República podrá llamar a retiro anticipado a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, mediante decreto fundado y con informe al Senado. De esta forma, se resuelve el problema de las atribuciones del Jefe de Estado que, en esta materia, se encuentran conculcadas por la Constitución actual.
Hay un punto muy importante cuando hablamos del privilegio del ejercicio de las funciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, pues se prohíbe a las jefaturas superiores, a los oficiales de las Fuerzas Armadas, al igual que a los de Carabineros e Investigaciones, ser candidatos a parlamentario.
Otro punto muy importante dice relación con la posibilidad de que aquellas personas que hayan nacido fuera de las fronteras de la Patria, hijos de madre o de padre chilenos, puedan obtener la nacionalidad chilena y, por lo tanto, optar al cargo de Presidente de la República.
Para terminar, debo decir que los radicales estamos satisfechos con las reformas constitucionales en trámite, pero entendemos que hace falta establecer un mandato de rango constitucional que permita la representación de todos los sectores y corrientes de pensamiento que existen en nuestro país. “Demos” es igual a pueblo y “cracia” es igual a poder. Entonces, no estamos en una democracia completa si estos sectores quedan excluidos. No seremos totalmente libres hasta que todos los hijos de Chile puedan expresarse en todas las instancias de representación popular.
Por ello, los radicales abogamos por una transformación del sistema binominal que permita la presencia en este hemiciclo, y en las diferentes instancias, de todas las corrientes de pensamiento.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sin duda éstas son las reformas constitucionales más significativas que se han podido efectuar después de 1989, cuando existió la posibilidad, por acuerdo político, de formular algunos cambios bastante trascendentes.
Junto con valorar este esfuerzo, queremos referirnos a algunos aspectos que me parece importante comentar aun cuando no estemos en el momento particular de la discusión, y anunciar algunos agregados que deseamos introducir a las reformas en debate.
En primer lugar, quiero valorar las modificaciones que se refieren al artículo 50 de la Constitución, en materia de aprobación de tratados internacionales. Con esta reforma se está llenando un vacío que hasta el momento estaba siendo corregido con fallos del Tribunal Constitucional, como es el hecho de que los tratados deben ser aprobados con los quórum respectivos de acuerdo a las materias que ellos se refieren.
Por otra parte, hay un agregado muy importante en materia de reservas, sean las que el propio Ejecutivo pretende formular a un tratado internacional, como las que en un momento determinado sugiera el Congreso para aprobarlo, siempre y cuando el tratado admita la posibilidad de formular tales reservas. Considero que se trata de un avance significativo en lo que se refiere a tratados internacionales, lo cual es muy importante, sobre todo para un país que está inmerso en el proceso de globalización.
También quiero referirme a una carencia que, por desgracia, ha quedado de manifiesto en los fallos del Tribunal Constitucional. Creo que es el momento de dilucidar este tema en la propia Constitución. Me refiero al secreto bancario en relación con bienes jurídicamente protegidos por entidades especiales, los cuales tienen que ver con el desarrollo propio del Estado, respecto del cual es necesario que nuestro país tenga una simetría con el desarrollo internacional.
Hemos hecho un esfuerzo al respecto. Los diputados de la Democracia Cristiana, entre ellos los señores Jorge Burgos , Eduardo Saffirio , José Miguel Ortiz y quien habla, hemos puesto especial atención para enfrentar el tema del secreto bancario y adecuarlo, de alguna manera, a la evolución internacional. Nos encontramos con fallos que, en definitiva, limitan la persecución de algunos tipos penales especialmente gravitantes, como el narcotráfico y el terrorismo, en que la figura del lavado de dinero está presente. Sin embargo, el secreto bancario aparece tan estructurado, tan rígidamente interpretado que, al final, nos hemos encontrado, tanto en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero como en la leyNº 20.000, promulgada el 2 de febrero último, sobre narcotráfico, con que se han cercenado algunos aspectos relacionados con el secreto bancario que debieran ser de especial entidad para perseguir el lavado de dinero.
Sobre esta materia, anuncio que buscaremos perfeccionar el texto constitucional para acoplar simétricamente nuestra estructura jurídica con la situación internacional.
Por último, quiero hacer un comentario en relación con el derecho comparado y la forma en que otros estados han solucionado el problema de situar, constitucionalmente, el estatuto de la Corte Penal Internacional. Me parece importante que algunos estados como Francia, Portugal, Irlanda, entre otros, hayan efectuado reformas constitucionales habilitantes. En esta materia, espero que encontremos un consenso político amplio, porque entiendo que el reparo jurídico que se ha hecho a una temática de tal importancia para el resguardo del derecho internacional humanitario y de derechos humanos es de forma y no de fondo.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada señora Carolina Tohá .
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señor Presidente, Chile es hoy un país cada vez más respetado en el mundo, que sigue con interés nuestro proceso de transición a la democracia y el tipo de desarrollo por el cual hemos optado, en que hemos tratado de armonizar el crecimiento económico con la equidad y la reducción de la injusticia social. Pero todas estas cosas, de las que nos sentimos tan orgullosos, siempre han estado acompañadas de áreas muy opacas de nuestra sociedad que, como chilenos reconocemos, pero que también el mundo entero ha notado. Áreas que, de alguna manera, le restan brillo y le cortan las alas a este país nuestro que tiene tantas potencialidades.
Muchos de esos problemas y de esas áreas opacas las hemos ido enfrentando en los últimos años. Aprobamos una ley de divorcio, eliminamos la censura; hemos logrado, con dificultad, enfrentar los temas de derechos humanos, que por mucho tiempo nos avergonzaban, debido a que permanecían en la impunidad más absoluta. Pero, hasta hoy no hemos logrado resolver los graves problemas de nuestra Constitución, que la mantienen sin sus credenciales democráticas al día, por muchos motivos: porque está firmada por un dictador, reconocido en el mundo como alguien que encabezó un gobierno que violó los derechos humanos; porque fue producto de un plebiscito en el que no se respetaron ni las más mínimas normas de transparencia electoral, y porque en sus normas contiene instituciones que atentan profundamente contra los valores democráticos.
Sin duda, el acuerdo que se logró en el Senado enfrenta muchos de estos problemas no todos y constituye un avance gigantesco para sacarnos de encima gran parte de los lastres y de los resabios dictatoriales y conservadores de nuestra Carta Fundamental.
Pero, en la Cámara de Diputados nos debemos preguntar si seremos capaces de hacer un aporte adicional a lo que logró el Senado. Sabemos que la Cámara tiene limitaciones en sus facultades, pero el gran poder de las cámaras políticas es su capacidad de lograr acuerdos significativos para implementar cambios en la sociedad.
Hoy, que estamos reformando la Constitución, no sólo debemos refrendar lo obrado por el Senado, sino preguntarnos qué somos capaces de aportar. ¿Hay algún tema sobre el cual podamos hacer una propuesta al Senado para perfeccionar esta reforma? Por la forma en que está regulada la reforma constitucional, si modificamos los cambios del Senado sin su acuerdo, esas importantes modificaciones se van a rechazar.
Perfeccionar las reformas propuestas por el Senado es una tarea difícil, pero hay un espacio enorme para poner en debate otros temas, que si los aprobamos acá y el Senado los refrenda, serán parte de esta reforma constitucional.
Ojalá pudiéramos, como Cámara de Diputados, con una representación más diversa y un poco más joven, no sólo quedarnos en los temas que constituyen los lastres dictatoriales de la Constitución, sino poner algunos otros que para la sociedad actual son importantes. Sobre todo, modernizaciones sociales que se requieren para contrarrestar el enorme peso que tiene la garantía y la protección de la actividad económica, que no queremos negar ni renegar de ella, pero que no es correcta cuando no va acompañada de derechos sociales fuertes, con instituciones y mecanismos de protección poderosos.
Quiero proponer algunos temas para debatir y ver si tenemos la capacidad de avanzar en ellos.
¿Cómo esta Cámara no va a ser capaz de lograr un acuerdo para que haya un reconocimiento de los pueblos indígenas? ¿Cómo esta Cámara no va a poder hacer un debate para ampliar el recurso de protección a ciertos derechos sociales que nuestra Constitución declara, pero que, en la práctica, no le da instrumentos a la ciudadanía para hacerlos exigibles? Por ejemplo, el derecho a la educación. Sería un aporte importante si la Cámara de Diputados dijera que también existirá la posibilidad de recurrir de protección cuando el derecho a la educación sea violado.
¿Cómo no vamos a poder debatir para que en las garantías constitucionales esté incluido el derecho a la no discriminación arbitraria, entregando mecanismos, como el recurso de protección, para hacerlo exigible? ¿Cómo no vamos a poder hacer un aporte con el objeto de disminuir la edad para ser senador? Es uno de los puntos inexplicables de la Constitución.
¿Cómo no vamos a poder debatir para ir más allá en el reconocimiento de los derechos de los chilenos que viven en el extranjero, de modernizarnos y ser como la mayoría de los países desarrollados, que reconocen a sus nacionales la posibilidad de participar en la elección presidencial, aun cuando estén momentáneamente viviendo fuera del país?
Creo que esta reforma dejará a Chile en un pie totalmente distinto desde el punto de vista de la democracia, pero debemos pensar quince años después no sólo cómo sacarnos los lastres de la dictadura de Pinochet, sino también, cómo adaptarnos a una sociedad más compleja, de ciudadanos que quieren sus derechos más garantizados, que quieren ser parte de las decisiones y que esperan que la Cámara de Diputados también represente eso.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, comparto plenamente las opiniones entregadas en esta Sala, en especial las del diputado señor Exequiel Silva .
En verdad, lo que este país necesita es una nueva Constitución y no reformas “en la medida de lo posible”. Sin embargo, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, no sólo en la Cámara de Diputados, sino particularmente en el Senado, y dado que los quórum de reforma son bastante altos y superiores a la mayoría que tiene la Concertación de Partidos por la Democracia, resulta muy difícil avanzar en forma significativa y por eso estamos en la situación actual.
En esta reforma, en la medida de lo posible, nos parece que podríamos avanzar en el estudio de mociones de reforma constitucional presentadas hace años y que se encuentran en distintas comisiones de esta honorable Corporación. En esa línea, nos interesa, en particular, agregar al artículo 19 de la Constitución Política del Estado, un numeral 27º que consagre el derecho de los consumidores y de los usuarios a la calidad de los bienes y servicios consumidos, a la protección de su salud, a la seguridad de intereses económicos, a la reparación de los daños sufridos, así como promover su derecho a la información, a la educación y a la organización para salvaguardar sus intereses. Junto con el diputado señor Edgardo Riveros presentamos la indicación respectiva.
Sabemos que no hay piso político ni siquiera al interior de las autoridades económicas de Gobierno para avanzar también en la consagración constitucional de la libre competencia como garantía. Por eso, reducimos la indicación sólo a los derechos de los consumidores, a pesar de que hace tres años, varios de nosotros presentamos una moción de reforma constitucional que buscaba consagrar la libre competencia en el texto constitucional y no sólo el derecho de los consumidores y de los usuarios.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal .
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, cuando se discute un proyecto de ley y se escuchan los argumentos planteados, a veces, uno se queda con la sensación de que no se expresan ni transmiten ideas que apunten al fondo del debate.
Eso siento al escuchar a mis colegas de la UDI y de Renovación Nacional que se suman a apoyar esta reforma constitucional hecho que felicito, iniciada en mociones parlamentarias, una, de los senadores señores Chadwick , Larraín , Romero y del ex senador señor Diez y, la otra, de los ex senadores señores Hamilton y Bitar y de los senadores señores Silva y VieraGallo. Es importante reconocer las mociones, porque generalmente aprobamos proyectos originados en mensajes.
Me pregunto, ¿por qué no seguimos avanzando de acuerdo con los requerimientos ciudadanos que van bastante más adelante que la legislación? Falta mucho por hacer para profundizar nuestra democracia, que la Constitución del 80 amarró y empequeñeció. Debemos ser capaces de llegar a acuerdos que den cuenta de la voz de la gente que pide a gritos no sólo economía de libre mercado, sino que, sobre todo, más libertades para el ejercicio de más igualdad, más educación, más justicia, más y mejor inversión social, más trabajo digno y protección laboral, más equilibrio en la distribución del ingreso. Todavía están pendientes modificaciones para considerar y respetar más las diversas formas de pensamiento social. Como decimos en el teatro, este proyecto no es un estudio acabado del personaje, sino sólo una maqueta. Pero pueden haber maquetas bien hechas.
También quiero reconocer conociendo las dificultades para alcanzar acuerdos políticos, el esfuerzo desplegado por el Congreso Nacional y el Gobierno para lograr conservar este proyecto de reforma constitucional.
La materia abordada, que puede ser mirada técnicamente desde la óptica jurídica, me conmueve políticamente por la cantidad de temas pendientes de los cuales tenemos la obligación de hacernos cargo y plantearnos de cara a la ciudadanía dónde nos alineamos y con qué cambios estamos: ¿Con los cosméticos? ¿Con los mediáticos? ¿O con modificaciones de fondo y forma para lograr definitivamente una sociedad mejor?
Frente a la frustración de lo que queda por hacer, está la energía para seguir trabajando, que no se agota, pero las diferencias y dificultades que nos impiden avanzar más no están en el Senado, en la Cámara o en el Gobierno, como se ha dicho, sino que en la Constitución del 80. Urge la aprobación no sólo de estas transformaciones que seguramente hoy aprobaremos, sino que de todas las que todavía no nos permiten construir el país que queremos, como lo han dicho otros diputados, por ejemplo, en materia de nacionalidad y ciudadanía. Se debe permitir que los chilenos tengan el derecho a ejercer ciudadanía desde otro país. No se entiende de otra manera esta aldea global en que vivimos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Con cargo al tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, agradezco al Comité de la UDI haberme concedido algunos minutos de su tiempo para referirme a un tema que en Valdivia hemos esperado por más de veinte años.
Efectivamente, ésta es una reforma constitucional muy significativa tanto a nivel nacional como regional.
Me interesa destacar dos artículos que tienen gran trascendencia para muchas regiones, en especial para la futura región de Valdivia. En efecto, al reformularse el artículo 45 de la Carta Fundamental, en el cual se suprimen las palabras “trece regiones”, y dejarse absolutamente innominado el número de ellas, se abre, tal como mencionó mi colega y amigo el diputado Exequiel Silva , una posibilidad muy expectante para que la provincia de Valdivia se convierta en una nueva región.
Del mismo modo, en el artículo 99, en la parte referida a que las modificaciones de los límites comunales y provinciales son motivo de ley orgánica, se ha agregado la palabra “regiones”. Por lo tanto, a futuro la modificación de los límites va a ser motivo de una ley y no de una reforma constitucional, como ocurría hasta ahora.
La flexibilización del número de regiones contribuirá a la descentralización de la administración del Estado. A futuro, todas las zonas que sean política, geográfica y económicamente distintas, pueden convertirse en regiones descentralizadas, operar en forma independiente y tener un sentido de orientación mucho más sólido para su desarrollo.
Por eso, espero y confío que las dos modificaciones mencionadas sean aprobadas por unanimidad, para que exista la posibilidad de crear nuevas y mejores regiones.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por dos minutos, la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por el diputado Delmastro , el tema de regiones indudablemente debería quedar mucho más acotado, porque en este momento tenemos muy claro cuáles son las zonas que han luchado durante muchos años por ser regiones. Sin embargo, en la reforma en estudio la materia no quedó claramente establecida, de manera que en este momento cualquier zona puede aspirar a ser región, con lo cual indudablemente pueden ocurrir serios problemas y tendríamos que comenzar todo de nuevo, es decir, otra iniciativa, cuya tramitación puede demorar tanto o más que el tiempo empleado en arribar a este acuerdo.
Por lo tanto, sugiero que acotemos mucho más el tema de la regionalización, de manera de dejar claramente establecido qué regiones podrán dividirse y formar dos.
He dicho.
El señor OJEDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya .
El señor PAYA.-
Señor Presidente, la UDI va a concurrir con sus votos a la aprobación general de este proyecto de reforma constitucional.
Compartimos en su génesis el contenido de la Constitución de 1980; fuimos parte del proceso de su reforma en el año 1989. Desde entonces, hemos aportado con nuestros votos, en más de una oportunidad, para aprobar distintas modificaciones, y lo vamos a hacer nuevamente hoy.
La UDI entiende que a toda Constitución se deben exigir al menos tres cosas: primero, que provea un esquema institucional que garantice la estabilidad política y democrática.
Segundo, que consagre ésta, en realidad, es su sustancia un sistema que equilibre derechos, libertades individuales con garantías jurídicas de verdad para las libertades y derechos de las personas.
En el caso de Chile y de la Constitución que se quiere modificar, también tuvo que proveer un sistema de transición, lo que, como se puede comprobar al revisar cualquier libro de historia, no es una cuestión fácil.
Podemos agregar, además, que siempre es deseable y siempre hay que trabajar para que ese esquema constitucional sea representativo no sólo de la opinión de la mayoría, sino que, mucho más allá que eso, sea objeto de importantes y sustantivos grados de consenso.
La UDI considera que es importante poner en contexto lo que se está haciendo hoy. No se trata como decía hace un momento un diputado de gobierno de que ¡por fin, por primera vez! estemos logrando retocar la Constitución. ¡Eso no es así!
En 1989 esta Constitución fue objeto de cincuenta y nueve cambios. Durante el Gobierno del Presidente Aylwin se introdujeron cuatro modificaciones; durante el del Presidente Frei RuizTagle , siete, y en lo que va del período del Presidente Lagos, según recuerdo, al menos dos. Por lo tanto, no hablamos de una Constitución petrificada, congelada desde 1980. Esta Carta Fundamental ha tenido vida, aplicación, ha funcionado bien y se ha modificado en conformidad a los mecanismos que ella misma establece.
En el otro extremo, también es importante hacer ver que no se trata de modificar todo. No sabemos exactamente qué se va a modificar. Hoy existe un acuerdo político en torno a cinco materias y hay una serie de cambios más que fueron aprobados por el Senado respecto de los cuales hubo votos suficientes; pero veremos si en la Cámara de Diputados también se cuenta con los votos suficientes para ello. Pero, por ahora, sólo hay consenso respecto de cinco materias.
Para la UDI, lo más importante es asegurar la mantención de la estabilidad política, institucional y democrática de la que ha gozado el país en los últimos años.
También queremos explicitar las razones por las que, a nuestro juicio, es posible dar los pasos que significa esta reforma, algunos de los cuales son bastante avanzados. Hay que ser francos: se están planteando y existe acuerdo político en un par de materias, al menos modificaciones muy profundas a cuestiones que, políticamente, fueron muy centrales en el diseño institucional original de la Constitución de 1980.
¿Por qué son posibles estos cambios? En primer lugar, porque tenemos una transición concluida hay que decirlo exitosamente. La Constitución va a cumplir un cuarto de siglo de vigencia; paulatinamente se han aplicado cada uno de los pasos institucionales de la transición tal cual estaban previstos y hoy tenemos una democracia sólida y un país que crece económicamente. En fin, tenemos una transición cerrada.
En el texto de la Constitución original no sólo en sus normas transitorias, sino también en las permanentes, había instituciones, ideas y normas que, en realidad, respondían a la contingencia política de un momento y que tenían que ver más con la transición que con la proyección institucional del país por décadas. Pero esa transición concluyó y, por lo tanto, podemos revisar y modificar muchas de esas instituciones.
En segundo lugar esto nos parece central, y esperamos profundamente no ser víctimas de un espejismo, da la impresión de que se ha avanzado mucho hacia la normalización de la relación entre las Fuerzas Armadas y los distintos sectores políticos y en cuanto al rol que ellas deben tener en la sociedad. Esto no sólo tiene que ver con la visión que las propias Fuerzas Armadas tienen de su función. También es central y fundamental la visión y el respeto del mundo político hacia ese rol. Aquí se ignora y se oculta un dato central. Una de las materias sobre las que existe acuerdo para innovar es la remoción de los comandantes en jefe por el presidente de la República. Pero se olvida la razón por la cual este tema ha sido tan debatido. No se dice que mucho antes de llegar y quedarse durante diecisiete años en el poder, las Fuerzas Armadas fueron involucradas en la política, porque fueron llamadas a formar parte del gobierno por los presidentes Frei Montalva , primero, y Allende, después. Cada vez que enfrentaban alguna crisis política netamente política, se sustentaban políticamente con el llamado a los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para que integraran sus gabinetes.
La intervención de las Fuerzas Armadas en la política fue gatillada desde el mundo político, y no se trata recriminar a los sectores de izquierda o de derecha. Desde el mundo político se utilizó a las Fuerzas Armadas como soporte de posiciones políticas. Y si éstas o el comandante en jefe era llamado a integrar el gabinete y se oponía, podía ser destituido por el Presidente de la República.
Ésa es la razón por la cual las Fuerzas Armadas se han resistido a depender políticamente y en forma exclusiva del Presidente de la República. Es un tema controvertido, ya que la norma vigente en Chile es excepcional, poco común en el mundo, pero es una realidad histórica de Chile. Entonces, avanzar hacia el respeto del rol propio de las Fuerzas Armadas por parte de los sectores políticos nos parece un tema en que se ha avanzado y una segunda razón por la que es posible contemplar con grados de consenso mayor alguna de estas reformas.
Por otro lado esto hay que decirlo, porque le hacemos un flaco favor al país si no contextualizamos las instituciones políticas que nos han regido, un tercer fenómeno, probablemente uno de los más importantes que han ocurrido en la política chilena en los últimos 30 años, es la democratización del socialismo. Hoy el socialismo es una fuerza política importante en Chile. Ya no habla de “la democracia burguesa”, ya no la descalifica como una construcción burguesa que hay que reemplazar. No. ¡Hoy son demócratas! ¿Y por qué esto es relevante? Porque la Constitución contiene una serie de normas y disposiciones que, bien o mal, tratan de resolver lo que era un problema, no sólo de la democracia en Chile, sino en muchas latitudes del mundo: la fuerza política del socialismo que pretendía reemplazar lo que nosotros considerábamos la democracia deseable por otra cosa. A veces, utilizaba las herramientas de la democracia para destruirla. Gracias a Dios, ésa es una etapa de la historia de Chile que ha quedado atrás. Sin la democratización del socialismo, sería imposible estar hablando de estos temas.
Tenemos que aprovechar esta oportunidad la UDI así lo entiende para perfeccionar una vez más la Constitución. Contemplar mecanismos cada vez más perfectos de protección de los derechos. Hay una historia que nos permite saber con qué eficacia han funcionado muchas de las instituciones jurídicas que se perdieron en la Constitución.
Tenemos la experiencia de lo que ha sido el funcionamiento de la Cámara de Diputados por casi 15 años. Sabemos que en materia de fiscalización la minoría es constantemente desoída y apabullada por una circunstancia que no se previó correctamente, cual es que un presidente sea jefe del gobierno y al mismo tiempo cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, lo que hace absolutamente inoperante nuestro rol fiscalizador. Es un área en la que afortunadamente hay grados importantes de consenso para avanzar, a fin de que esta Cámara, efectivamente, pueda fiscalizar al Ejecutivo.
Nos parece sumamente valioso que principios como el de la probidad, el de la transparencia y el de la publicidad de los actos públicos se eleven a rango constitucional. Creo que es lo que una sociedad moderna exige y desea, y es posible lograrlo.
Creemos que es razonable revisar la regulación de los estados de excepción constitucional, a los que por fortuna sólo se recurre excepcionalmente, pero en los cuales hay que operar con exactitud.
En relación con la dependencia de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República no nos parece que éste sea un tema en el que se pueda avanzar de manera liviana. Si se observa la Constitución y se busca la explicación para la estabilidad política que ha sido mencionada por más de alguna de las personas que han intervenido, uno descubre que en la Constitución hay un equilibrio que es sumamente complejo. Este no es el equilibrio de la separación de poderes que nos enseñaban en el colegio. La verdad es que uno descubre que hay un Presidente de la República, un Congreso Nacional con un Senado con facultades específicas, además de la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional, un Banco Central independientes, todos los cuales, mutuamente, se controlan, se equilibran y comparten el ejercicio de algunas de las facultades. Eso es lo que al final produce este equilibrio, que es simple. Esta es una mesa de 8, 9 ó 10 patas y no se puede pretender modificar sustancialmente la estructura o el largo de una de estas patas sin considerar lo que pasa con el resto, ya que ahí se puede producir un desequilibro.
Por esa razón, la UDI, en el estudio de estas reformas, tiene como principal criterio orientador una cuestión de realismo político que debiera ser compartida por todos. A pesar de que la Constitución a algunos no les gusta mucho, a otros bastante y a otros nada, el hecho objetivo es que el país en el último cuarto de siglo ha funcionado bien. Es perfectamente legítimo discrepar con partes de ella, pero debemos reconocer que hemos gozado de una estabilidad política y de un crecimiento económico que no hay que dar por descontado y que no es gratis.
En los 25 años anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución del 80, Chile creció al ritmo del 3 por ciento, y países como Perú , Colombia, México , Brasil y Venezuela crecieron económicamente a ritmos mucho más acelerados que Chile. ¿Qué ha pasado desde 1980? Chile ha tenido ritmos de crecimiento económico sin precedentes en la historia de Chile y de Latinoamérica. Si consideramos estos 25 años de vigencia de la Constitución del 80, vamos a descubrir que en todo este tiempo Chile se ubica en el cuarto lugar en el ranking de crecimiento a nivel mundial. Es muy excepcional lo que ha sucedido y eso es lo que la gente quiere. Nuestro deber como partidos políticos, lo que la UDI tiene claro, es no olvidar que al final estamos hablando de las oportunidades que la gente tiene de surgir y del horizonte real para que este país logre eliminar la pobreza. Eso es lo que está en juego en este debate. No es simplemente un conjunto de normas abstractas que solamente le puedan interesar a los partidos políticos. Subyacente en este debate está el ambiente de estabilidad económica y política que permita ese crecimiento, y es una dimensión que la UDI no olvidará. Si hay un país donde debiéramos tener claro que no se puede dar por descontada la estabilidad política es Chile. Miremos lo que pasa en Perú: crisis tras crisis. Están gozando ahora de lo que esperamos no sea un veranito de san Juan político-institucional. ¡Que les dure! Bolivia, ¡ni qué decirlo! Argentina. ¿Alguien es capaz de mencionar, sin repetir ni equivocarse, los últimos presidentes de ese país y cuánto ha durado cada uno en su cargo? Tampoco podemos dar por descontada la estabilidad política.
Al menos, hay una cosa que tuvieron en común los ex presidentes Allende, Frei Montalva y Alesandri . Todos ellos se quejaron e hicieron ver durante sus gobiernos que enfrentaban oposiciones normalmente de los otros dos tercios del país, que le hacían imposible gobernar, ya que les negaban la sal y el agua. La forma dramática en que terminó el gobierno del ex presidente Allende es un recordatorio permanente para nosotros que la estabilidad política no es algo con lo que se pueda suponer se cuenta en forma automática.
En consecuencia, la UDI aprobará estas reformas constitucionales, haciendo todo lo que esté a su alcance por preservar un sistema constitucional que ha dado una estabilidad sin precedentes o, al menos, sin muchos paralelos en la región y la posibilidad de crecer en los niveles y estándares de vida de las personas y de la gente más humilde a niveles de preponderancia mundial. Entendemos que esa es nuestra responsabilidad. Con esa visión asumiremos el debate en particular de estas reformas constitucionales.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Partido por la Democracia y de Renovación Nacional. Al Partido Socialista le queda 1 minuto y 30 segundos; a la Democracia Cristiana, 1 minuto y 20 segundos y a la UDI, 12 minutos.
En el tiempo que resta del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .
El señor PAREDES.-
Señor Presidente, creo que debemos aprovechar la posibilidad que tenemos de modificar una Constitución tremendamente antidemocrática y de hacerla más flexible. Sería lato referirme a todas las reformas planteadas, dado que las intervenciones que se han hecho recogen el sentimiento mayoritario de la Cámara de Diputados.
Quiero hacerlo en particular respecto de la modificación del artículo 99, que flexibiliza la posibilidad de conformar nuevas regiones. Chile es un país extremadamente centralista. No sólo existe centralismo en la capital; también existe a nivel regional. Este centralismo regional muchas veces atenta, incluso, contra la seguridad nacional. Por ejemplo, en la Primera Región, la provincia de Parinacota está sumida en el abandono. Ello afecta reitero la seguridad nacional. La localidad de Putre, capital de la provincia de Parinacota, está ubicada a una distancia cercana a los 500 kilómetros, lo que equivale a tres o cuatro regiones del sur del país.
Es importante hacerse cargo de los profundos cambios que se generan en el país, en términos del aumento de su población. Algunas regiones se han potenciado económicamente, mientras que otras se debaten en el abandono. Por lo tanto, es importante que se establezcan mecanismos que permitan ir en ayuda de aquellas regiones más afectadas económicamente. Estas reformas permitirán contar con instrumentos más flexibles para que el país se desarrolle en equilibrio.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El tiempo de 1 minuto y 20 segundos que resta a la Democracia Cristiana ha sido cedido a la diputada señora María Antonieta Saa .
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, durante esta discusión me acordaba de cuando en 1980 concurrí, con mucho temor, a votar no a la propuesta de constitución política que entonces se nos presentaba. Han pasado los años y hoy es un día histórico, por cuanto podremos modificar de nuestra Constitución Política algunos aspectos que todavía afectan la democracia de nuestro país.
La Constitución Política se aprobó en 1980, luego de un plebiscito, sin Registro Electoral en esas consultas en que se cortaba un pedacito del carné de identidad y se ponía una estampilla, pero empezó a regir en 1990. En ella se establecieron facultades para gobernar a través de artículos transitorios, sin consideración a conceptos fundamentales. Por eso, apoyo la indicación presentada por el diputado señor Burgos y otros señores diputados, para eliminar esos artículos transitorios de la Constitución.
Creo que a futuro debiéramos pensar en elaborar una nueva Constitución Política, que responda al Chile nuevo que se ha construido durante estos quince años, y que garantice los derechos, las libertades, la estabilidad gubernamental, y que recoja temas presentes en nuestra sociedad, pero que no se abordan en la Carta Fundamental; por ejemplo, lo relativo a los pueblos originarios.
Algunas diputadas presentamos una modificación a la Constitución para reconocer constitucionalmente la maternidad y el aporte de las mujeres en la reproducción de los chilenos. Creo que también es fundamental aprobarlo.
Espero que en 2010 tengamos una nueva Constitución que recoja el plebiscito, la participación ciudadana y los temas que han quedado excluidos de esta reforma.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor INSULZA (ministro del Interior).-
Señor Presidente, el debate que hemos escuchado esta mañana asegura la aprobación de la Cámara al proyecto de reforma constitucional, mediante la votación que se llevará a efecto dentro de pocos minutos, lo que debe ser motivo de gran satisfacción, porque desde el punto de vista de su contenido de fondo, ésta es, sin duda, la mayor reforma que hasta ahora ha tenido la Constitución Política.
Tiene razón el diputado Paya cuando señala que la Carta Fundamental ha sido objeto de muchas reformas. En realidad, si miramos su texto, son 114 los artículos que han sido modificados desde su aprobación.
También es cierto lo que dijo la diputada señora Saa , en el sentido de que la Constitución no tuvo vigencia durante un buen tiempo. En realidad, entre 1980 y 1990, en lo que atañe al Congreso Nacional, rigieron los artículos transitorios que entregaban todos los poderes a la junta de gobierno.
Pero ha sido objeto de reformas importantes: la relativa a las elecciones municipales, a la definición y elección de los gobiernos regionales, a la constitución del Ministerio Público y, la más radical, la del artículo 5º, cuando reconoció la vigencia universal de los derechos humanos, estableciendo un nuevo canon internacional en esta materia tan sustantiva.
Pero todas estas reformas dejaban en pie una contradicción flagrante: mientras forjábamos importantes consensos para llevar adelante un proceso de democratización, seguíamos con una estructura institucional anclada en una supuesta democracia protegida.
Como no tengo mucho tiempo ni quiero repetir muchas cosas que ya se han dicho durante el debate, simplemente voy a señalar que lo central de esta reforma constitucional es que termina con dos elementos fundamentales de esa democracia protegida: la tutela militar y la composición no completamente democrática del Senado y, a mi juicio, avanza queda aún pendiente en el tema del sistema electoral que sale de la Constitución.
La existencia de Fuerzas Armadas con autonomía relativa, mediante la inamovilidad de los comandantes en jefe, y la existencia de Fuerzas Armadas como exclusivas garantes de la institucionalidad y de un Consejo de Seguridad Nacional con claras facultades políticas, fueron eliminadas en el Senado. Éste es un elemento central de la reforma, de la misma manera que la modificación sustantiva de los estados de excepción que, si bien nunca se usaron ni nadie pretendió usarlos durante los gobiernos democráticos, posibilitaban alteraciones autoritarias en un régimen institucional democrático.
También es muy importante que se haya acordado que las dos cámaras serán completamente electas, y que por muy relevantes que hayan sido los servicios que alguien le haya podido prestar al país, lo único que legitima formar parte del Congreso Nacional es el voto popular. Esto también está incluido en la reforma aprobada por el Senado.
Respecto del sistema electoral, por lo menos hemos dado un paso esencial, aunque no definitivo, al entregar ese asunto a una ley no a la Constitución y al modificar lo relativo a las regiones, de manera de flexibilizar los ordenamientos regionales.
Hay otra serie de aspectos fundamentales relacionados con fiscalización, racionalización, con el período del mandato presidencial, con la discriminación de los hijos de chilenos nacidos en el extranjero, y queda pendiente ojalá lleguemos a un consenso al respecto el gran tema de los pueblos originarios.
Pero quiero decir que para que esta reforma fructifique es necesario reflexionar respecto de cuáles son los “inmensos” poderes distintos de los relacionados con la formación de la ley de que dispone la Cámara de Diputados en esta reforma, y que la obligan a examinar con mucha responsabilidad cada uno de sus aportes a la misma.
En primer lugar, no debemos olvidar que los quórum fijados para una reforma constitucional son tales, que es preciso forjar consensos para lograrlo. No hay ni una sola disposición que pueda ser aprobada por simple mayoría. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo para conciliar posiciones.
En segundo lugar supongo que la mayoría de los diputados lo sabe, pero algunos me lo han preguntado, no hay comisión mixta para la reforma constitucional. De hecho, un artículo establece la conformación de una comisión mixta sólo para futuras reformas. En consecuencia, esto implicará que aquello que la Cámara rechace, porque no reunió el quórum requerido, no será reforma constitucional; aquello que la Cámara modifique y respecto de lo cual en el Senado no se reúnan los votos requeridos para aprobarlo, tampoco será reforma constitucional, y aquello que la Cámara agregue como materia nueva y que el Senado no apruebe, tampoco estará en condiciones de convertirse en reforma.
Esto pone de manifiesto la necesidad de aprobar cada disposición. Hay una serie de indicaciones muy interesantes y la mayoría de ellas tiene su mérito. Pero la pregunta que cabe hacerse es: si la propuesta del Senado es inaceptable, ¿corresponde rechazarla? Porque si se trata de cambiarla por otra, es necesario tener en cuenta que esa alternativa debe contar con el asentimiento del Senado, porque, de otra manera, no será aprobada.
A mi juicio, lo señalado pone a la Cámara en una situación que es necesario sopesar, por cuanto tiene la última palabra respecto de todo lo que aprobó el Senado. Es decir, si no lo aprueba, no hay nada que se pueda hacer: ni insistir con los dos tercios ni que vaya a una comisión mixta. Aquello que aprobó el Senado tampoco será reforma, si no es aprobado tal cual por la Cámara. En cambio, aquello que la Cámara modifique o agregue, necesitará mayoría en el Senado repito sin comisión mixta. Esto amerita que los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, por cierto, la Mesa de la Cámara, discutan las reformas en conjunto con el Senado, a fin de consensuar aquellas cuestiones que interesa aprobar.
Por ejemplo, es evidente que la Cámara no está satisfecha eso se desprende de la lectura de las indicaciones con la forma en que se integra el Tribunal Constitucional. Eso, necesariamente, tiene que ser conversado con el Senado, porque queremos reformar su composición, de manera que no esté integrado por miembros elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional. Pero, por cierto, eso supone un acuerdo de ambas Cámaras sobre la materia, porque ninguna puede predominar sobre la otra. Tampoco hay una fórmula que permita que un sector político pueda prevalecer sobre el otro en materia de reforma constitucional. Así están las cosas.
De manera que, según lo que he escuchado aquí, existe gran entusiasmo, pero debo hacer una prevención: los quórum requeridos y la inexistencia de comisión mixta en materia de reforma constitucional nos ponen ante la necesidad de dialogar y de trabajar en forma consensuada, que es diferente a lo que ocurre normalmente con cualquier proyecto de ley.
Por último, esta reforma constitucional es tan sustantiva, que es importante tener en cuenta esta situación y actuar con responsabilidad.
Muchas gracias.
Aplausos.
En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hemos recorrido un largo camino para reformar la Constitución de 1980.
Como todos sabemos, una de sus principales omisiones es el no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
Personalmente, quiero señalar que nos hemos concentrado, como Estado, a darles pan a los indígenas, pero negarles la libertad. Les hemos dado el Programa Orígenes, la Conadi, Mideplan . Afuera tienen el BID, el fondo indígena, etc. Pero no les hemos reconocido derechos especiales a llevar su propia forma de vida. No sólo les hemos usurpado las tierras y el agua. También les hemos quitado el derecho a que sus autoridades, en su ámbito de competencia, decidan cuestiones de manera rápida y sencilla, de acuerdo con su cultura. Los obligamos a constituirse como Juntas de Canalistas en materia de aguas, como Asociación de Pescadores Artesanales para la Pesca, les imponemos una cultura jurídica distinta a la de ellos y con ello les restamos libertad.
¿Qué saben los indígenas del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de Gobierno? Creo que tienen la peor opinión de nosotros. El Congreso el año pasado discutió la ley de división de tierras. Hubo tomas de la Conadi, bajaron votaciones de alcaldes y concejales en la IX Región, hubo cinco consejeros de la Conadi que se retractaron. El poder judicial ha sido cuestionado por el relator de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen por el caso de los lonkos Norín y Pichún. El Gobierno de la Concertación ha entregado recursos. Pero nadie les ha dado libertad de vivir según sus costumbres. Hasta ahora, su cultura queda en el ámbito de lo privado, pero no entra en el ámbito de lo público.
Muchos reclaman contra el sistema binominal debido a que margina a partidos minoritarios de la escena política. Respecto de los indígenas pasa algo parecido. Se les niega participación política especial en la democracia.
Si no se reconocen derechos especiales en el ámbito de lo político, los indígenas deberán ponerse “terno y corbata” y “dejar el indio en el ropero” para poder ejercer su ciudadanía. El no reconocimiento de su especificidad implica discriminarlos del espacio público y condenarlos a que no participen de la democracia, tal como en el despotismo ilustrado de Europa: “Todo para los indígenas pero sin los indígenas”.
Quiero hacer una propuesta más completa que cualquiera que las que se han presentado antes en este Congreso Nacional. No es un texto autoritativo, ni retórico, como las de las Constituciones de países amigos, que son muy completas, pero letra muerta. Esta propuesta está dentro del ámbito de la prudencia, de lo posible, y quiero apelar a las conciencias de cada uno de ustedes al respecto. No podemos seguir señalando en la Constitución de que los indígenas no existen. Debemos reconocerlos especialmente. No podemos seguir siendo la única Constitución latinoamericana sin reconocimiento de pueblos indígenas.
Yo reconozco que esta propuesta es ilegítima, pues no ha sido consentida por organización alguna. Tan sólo recojo la aspiración de muchos indígenas y organizaciones, pero falta un proceso de diálogo para lograr una propuesta verdaderamente consentida, legítima y que verdaderamente surja de un proceso democrático. Me asilo en la posibilidad de que esta propuesta pueda ser discutida entre los pueblos y comunidades, para darle la legitimidad y justicia necesaria.
A mi juicio, la propuesta sobre pueblos indígenas debe cimentarse en seis pilares mínimos:
1.Reconocimiento del carácter multicultural de la nación chilena.
2.Reconocimiento del derecho a la tierra.
3.Derecho al propio idioma o multilingüismo.
4.Normas sobre patrimonio cultural.
5.Reconocimiento a sus propias formas de impartir justicia por medio de sus autoridades tradicionales.
6.Reconocimiento al derecho a la participación indígena.
Indicación.
Intercálase el siguiente inciso cuarto al artículo 1º.- “La nación chilena es multicultural. El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y política, y participar activamente en sus asuntos locales y regionales; así como mantener y recuperar las formas comunitarias de propiedad de sus tierras, aguas y recursos naturales, así como el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley”.
Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 3º.- “El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados, difundidos y enseñados a las personas indígenas, de acuerdo a la ley”.
Intercálase el siguiente inciso sexto el
Nº 3º del artículo 19.- “Se reconocerán a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley y de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”.
Agrégase el siguiente inciso sexto en el al Nº 10º del artículo 19.- “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para ceder su uso por tiempo determinado, readquiridos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que detentan los pueblos originarios asentados en territorios de riqueza arqueológica.”.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Corresponde votar, en general, el proyecto de reforma constitucional que modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.
En primer lugar, votaremos las modificaciones recaídas en los capítulos I, III, VII, X, XI y XIV, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 76 diputados en ejercicio, lo que equivale a un quórum de dos tercios.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobadas.
Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , ÁlvarezSalamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
A continuación, corresponde votar en general las enmiendas que inciden en los capítulos II, IV, V, VI, VI A, XIX, XIII y disposiciones transitorias, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio, lo que equivale a un quórum de tres quintos.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi , Aguiló , Alvarado , ÁlvarezSalamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , GarcíaHuidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .
El señor ASCENCIO (Presidente).-
El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su segundo informe.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.44 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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