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El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
La sesión tiene por objeto “considerar el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el mandato encomendado por la Sala para investigar los defectos en la calidad de los conjuntos habitacionales construidos por encargo de los Servicios de Vivienda y Urbanización”.
Se encuentra presente la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Sonia Tschorne Berestesky.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de vivienda y Desarrollo, sesión 14ª, en 12 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, señor Boris Tapia.
El señor TAPIA.-
Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, tengo a honra informar acerca de la investigación que le fuera encomendada en virtud del proyecto de acuerdo Nº 509, aprobado en la sesión 34ª, ordinaria, celebrada el 4 de enero de 2005, en relación con los defectos en la calidad de los conjuntos habitacionales construidos por encargo de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
Antes de dar cuenta del contenido del informe, deseo hacer presente que el proyecto de acuerdo que dio origen a esta investigación fue propuesto por una gran mayoría de los diputados integrantes de la Comisión: la señora Lily Pérez y los señores Aníbal Pérez , Víctor Pérez , Boris Tapia, Alejandro García-Huidobro , René Manuel García , Patricio Hales , Alberto Robles , Edmundo Salas y Fidel Espinoza .
Adhirieron la diputada señora Caraball , dona Eliana , y los diputados señores Pérez, don Ramón (QEPD); Sánchez, don Leopoldo ; Prieto, don Pablo ; Hernández, don Javier , y Villouta, don Edmundo .
A partir de 2000, la Comisión comenzó a recibir denuncias de dirigentes vecinales de las poblaciones Vicuña Mackenna I, II y III; Costa del Sol y Los Parques, de Rancagua; Los Cóndores, de Temuco; Verde Bosque, de Carahue; Los Mañíos , de Futrono; Los Poetas, de Puerto Montt; Los Presidentes, de Castro, y de los comités de viviendas Melilahuén y Calafquén, de Lican Ray.
Asimismo, en el curso de la investigación se conocieron otras reclamaciones formuladas por dirigentes de las poblaciones Valle de Lluta, de San Bernardo; El Volcán San José , de Puente Alto; Las Cumbres y Parque Isluga , de Rancagua; José Santos Martínez , de Curicó; Las Quilas , de Osorno, y El Volcán I y II, de Los Muermos, todas las cuales fueron consideradas en el momento de evaluar lo obrado por las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de los servicios de vivienda y urbanización, de las direcciones de obras municipales y por las empresas constructoras que intervinieron en la construcción de los conjuntos habitacionales mencionados.
Cabe destacar que el tema de la calidad de la construcción ha sido analizado en diversas oportunidades por la Comisión, lo cual demuestra que sus integrantes han manifestado un interés constante por resolver los problemas que afectan a las viviendas con fallas o defectos.
También debe valorarse lo obrado por la Comisión respecto de esta investigación, por cuanto ha posibilitado el acercamiento entre las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los servicios de vivienda y urbanización, y los pobladores, lo que ha quedado de manifiesto en las propuestas de solución que se han ofrecido a los pobladores de las villas El Volcán San José II, de Puente Alto ; Los Cóndores, de Temuco; Verde Bosque, de Carahue , y a los comités de vivienda Melilahuén y Calafquén, de Lican Ray.
Finalmente, cumplo con destacar el hecho de que tanto las consideraciones como las proposiciones de esta investigación, cuyo contenido daré a conocer seguidamente, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados integrantes presentes.
La investigación se concentró en la situación de determinadas poblaciones construidas entre los años 1992 y 1999, que pueden considerarse paradigmáticas, toda vez que, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a partir de 1995 se han formulado reclamaciones por daños en 180 conjuntos habitacionales a lo largo del país, identificándose en ellos 76.925 viviendas sociales, de las cuales 22.060 han sido reparadas y 42.295 han sido objeto de acciones de carácter preventivo destinadas a mejorar los estándares.
Ahora bien, el análisis de lo obrado por las autoridades que ejercieron sus cargos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los servicios de vivienda y urbanización y en las direcciones de obras municipales en la época en que se construyeron estos conjuntos habitacionales, así como el desempeño de los arquitectos que intervinieron en el diseño de estos últimos y el comportamiento de las empresas que fueron contratadas por los mencionados servicios para la construcción de viviendas sociales, permiten concluir que en esta materia hay responsabilidades compartidas. Esta circunstancia ha sido reconocida expresamente por la señora ministra de Vivienda y Urbanismo en el seno de la Comisión, lo que fue valorado reiteradamente por los integrantes de esta última.
Por otra parte, hubo un amplio consenso en el seno de la Comisión en el sentido de que las fallas o defectos en la calidad de la construcción han causado, en muchos casos, un menoscabo a la dignidad de las personas afectadas. Este hecho ha sido compartido por la ministra de Vivienda y Urbanismo, quien señaló que es necesario y urgente entregar respuestas no sólo porque sea una responsabilidad de dicha secretaría de Estado, sino porque no es posible dejar de responder a un tema tan vital como la dignidad de la familia.
En el desarrollo de la investigación, la Comisión pudo constatar, por una parte, que en la época en que se construyeron las poblaciones investigadas se aumentó significativamente el número de viviendas sociales para solucionar el alto déficit habitacional y, por otra, la exigencia de la optimización de los recursos públicos fue determinante para que en las licitaciones respectivas predominara, como elemento decisivo para la adjudicación, el criterio de la oferta más económica.
Paralelamente, se establecieron especificaciones técnicas que no atendían a las características propias de cada región, lo que permitió que las empresas que se encargaron de la construcción de viviendas sociales utilizaran materiales que no tenían la aptitud para resistir las adversidades climáticas del invierno, circunstancia que se hizo evidente luego de los temporales que afectaron al país en 1997.
En lo que respecta a la responsabilidad que cabe a los servicios de vivienda y urbanización en relación con los problemas de calidad que han afectado a las poblaciones que han sido objeto de esta investigación, es preciso concluir que los directores y funcionarios de la época no actuaron diligentemente en el cumplimiento de sus funciones e incurrieron en omisiones importantes, que se manifestaron durante la construcción de las viviendas y con posterioridad a la aparición de los defectos de calidad que las afectaron.
En primer lugar, no hubo una adecuada fiscalización, toda vez que, si se hubiese actuado con mayor celo, podrían haberse formulado observaciones a las empresas constructoras, las que, en algunos casos, no respetaron las especificaciones técnicas, y haberse exigido la corrección de los problemas detectados.
En segundo término, de acuerdo con los antecedentes recabados, una vez que se tomó conocimiento de los defectos de calidad en los distintos conjuntos habitacionales, las autoridades de la época, en la mayoría de los casos, no pudieron hacer efectivas las boletas de garantía entregadas por las empresas constructoras para garantizar el buen funcionamiento de las obras.
Por otra parte, los servicios de vivienda y urbanización optaron por no ejercer oportunamente las acciones legales correspondientes en contra de las empresas constructoras, lo cual trajo como consecuencia la prescripción de las mismas y la imposibilidad de repetir en contra de aquéllas las sumas que debieron desembolsar para efectuar las reparaciones de rigor.
Sobre el particular, cabe advertir que se privilegió la ejecución de obras de reparación y mejoramiento, en virtud de un acuerdo marco celebrado a mediados de julio de 1997 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las empresas constructoras involucradas y la Cámara Chilena de la Construcción, fundado en la necesidad de dar una respuesta rápida a las familias afectadas, lo que significó que sólo se ejercieron acciones en aquellos casos en que, una vez detectadas las fallas o defectos de calidad, las empresas no asumieron su responsabilidad a través de la realización de reparaciones, en la medida en que aquéllas no estuvieran prescritas.
Por último, en la mayoría de los casos no se instruyeron sumarios administrativos para determinar las eventuales responsabilidades que en esta materia podían corresponder a los funcionarios de dichos servicios. No obstante, en aquellos casos en que se investigaron las responsabilidades administrativas, los resultados de los sumarios no fueron trascendentes en cuanto a las sanciones que se han impuesto a los funcionarios.
En relación con los procedimientos utilizados por los servicios de vivienda y urbanización, se detectaron problemas en cuanto al emplazamiento de las viviendas que conforman los conjuntos habitacionales analizados, toda vez que algunos de ellos han sido construidos sobre terrenos que presentan características inapropiadas, de acuerdo con lo señalado en los informes técnicos que se han tenido a la vista.
En otros casos, como el que afecta a los comités Melilahuén y Calafquén, de Lican Ray, los mencionados servicios han proporcionado una asesoría inadecuada a los pobladores en lo que respecta a la elección de un terreno apto para construir sus viviendas con los subsidios que les ha otorgado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Como consecuencia de lo obrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y por los servicios de vivienda y urbanización, el Estado ha debido asumir con creces el costo de la mala calidad de las viviendas, sin que ello haya puesto fin a los problemas, de lo cual se deduce que ha habido una inversión inadecuada de los fondos públicos destinados a reparar los conjuntos habitacionales que han sido objeto de la investigación, a causa de las erróneas decisiones adoptadas por los mencionados servicios.
En efecto, de acuerdo con la información proporcionada por la ministra de Vivienda y Urbanismo, los recursos que se han asignado a las reparaciones y a las intervenciones preventivas o mejoras de estándares en todo el país ascienden a 1 millón 575 mil 392 unidades de fomento, equivalentes a 27 mil 568 millones 950 mil 398 de pesos, al 6 de julio de 2005.
Por otra parte, las medidas aplicadas han constituido, en el mejor de los casos, soluciones de carácter transitorio, que no han logrado satisfacer las expectativas de los pobladores, lo cual se demuestra si se considera que, con posterioridad a la realización de las reparaciones en estos conjuntos habitacionales, se ha hecho necesario ejecutar nuevas obras e invertir recursos adicionales.
También se ha acreditado durante la investigación que algunas poblaciones sobre las que se han presentado reclamaciones por fallas o defectos en la calidad de la construcción no han sido objeto de reparaciones, como es el caso de las 45 viviendas terminadas de las villas Los Mañíos I, de Futrono, y Verde Bosque, de Carahue.
En esta materia, igualmente hay responsabilidades de los directores de obras municipales de las comunas a las que pertenecen los conjuntos habitacionales investigados, quienes otorgaron la recepción definitiva de las obras sin haber efectuado en forma previa una fiscalización adecuada de las mismas. De acuerdo con la normativa vigente, estos funcionarios deben inspeccionar las obras de edificación y de urbanización, pudiendo incluso ingresar a aquéllas con objeto de ejercer las inspecciones que sean necesarias.
En relación con las actuaciones de los profesionales que intervinieron en el diseño y en la construcción de las poblaciones que han sido objeto de esta investigación y con lo obrado por las empresas contratadas por los servicios de vivienda y urbanización para ejecutar las obras respectivas, cabe precisar que están afectas a las responsabilidades contempladas en el artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones.
En razón de lo expuesto, la Comisión considera un imperativo ético la reparación integral de las viviendas sociales que han presentado fallas o defectos de construcción, por cuanto, en algunos casos, las reparaciones efectuadas no han cumplido con el propósito de solucionar definitivamente el problema de las familias afectadas, lo que ha traído como consecuencia un menoscabo en su calidad de vida.
Por lo tanto, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda solicitar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la implementación de las siguientes medidas en relación con los conjuntos habitacionales construidos por encargo de los servicios de vivienda y urbanización, que presentan fallas o defectos de calidad en la construcción.
En primer lugar, se recomienda disponer a favor de los deudores habitacionales cuyas viviendas tienen fallas o defectos en la calidad de la construcción, la condonación de, a lo menos, el 20 por ciento de las deudas que mantienen con los servicios de vivienda y urbanización, una vez que se determinen los saldos insolutos de estas últimas, como consecuencia de la aplicación del decreto supremo Nº 96, de 2005, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este porcentaje podrá ser aumentado hasta abarcar la totalidad de la deuda, en función de la gravedad de los daños que sean detectados en los distintos conjuntos habitacionales que presentan fallas o defectos en la calidad de la construcción, de acuerdo con la calificación que efectúe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Asimismo, se sugiere que este beneficio lleve aparejada la condonación de los intereses y gastos de cobranza respectivos, y que sea aplicado en forma complementaria a las medidas anunciadas para favorecer a los deudores habitacionales de los servicios de vivienda y urbanización.
Para estos efectos, se solicita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, dentro del plazo de sesenta días, contado a partir del 30 de septiembre de 2005, remita a la Comisión un catastro con todas las poblaciones que, de acuerdo con las estadísticas que obran en su poder, presentan este tipo de problemas, con indicación del porcentaje de la deuda que será condonado en cada caso, en relación con la gravedad de los daños sufridos.
También, se propone que mientras no se hayan aplicado los beneficios propuestos, se suspenda la tramitación de las acciones judiciales que se hayan ejercido en contra de estos deudores, incluida la ejecución de las sentencias definitivas, y se dejen sin efecto, en el Boletín de Información Comercial y en el Informe Comercial de Dicom, las constancias de la morosidad en que han incurrido.
En segundo término, se recomienda optimizar la asignación de los recursos que se destinan al financiamiento de los programas de reparaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para lo cual es necesario efectuar un análisis acabado respecto de la viabilidad de las viviendas que componen los conjuntos habitacionales que presentan problemas de calidad de la construcción.
En esta materia, se recomienda que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo destine los recursos necesarios para otorgar las compensaciones que sean adecuadas a las familias que deban abandonar sus viviendas como consecuencia de decisiones adoptadas por dicha secretaría de Estado, con objeto de resarcir los daños causados y permitir a sus propietarios adquirir viviendas dignas, con superficies que sean equivalentes a las soluciones habitacionales que primitivamente recibieron.
En tercer lugar, se recomienda efectuar un estudio de la resistencia sísmica de las estructuras de los conjuntos habitacionales que han sido objeto de esta investigación, particularmente de las villas El Volcán, de Puente Alto ; Vicuña Mackenna I , II y III, y Los Parques, de Rancagua, a fin de determinar si los problemas que afectan a los departamentos que los componen pueden solucionarse mediante la ejecución de obras de reparación o si es necesario trasladar a las familias a otras viviendas para resguardar su integridad física y precaver los nefastos efectos que eventualmente podría producir un sismo en los edificios de las citadas poblaciones.
En cuarto lugar, se recomienda reforzar la tarea de fiscalización que realizan los servicios de vivienda y urbanización, la que se considera insuficiente, a pesar de los esfuerzos y de las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para mejorar la inspección técnica de las obras, mediante la implementación de procedimientos que aseguren la calidad de las viviendas que se construyen por encargo de los mencionados servicios.
En quinto lugar, se propone perfeccionar los sistemas de contratación de obras de construcción de viviendas de los servicios de vivienda y urbanización, a través de la adopción de medidas que permitan comprobar, con antelación a la adjudicación de las propuestas, la seriedad y la solvencia económica de las empresas constructoras que participan en las licitaciones, de modo que puedan hacerse efectivas sus responsabilidades cuando se detecten fallas o defectos en la calidad de las viviendas.
En sexto lugar, se recomienda exigir la realización de ensayes de materiales específicos que permitan a los servicios de vivienda y urbanización constatar que los elementos utilizados en la construcción de viviendas sociales se ajustan a las especificaciones técnicas, como requisito previo a la devolución de las garantías otorgadas por las empresas constructoras.
En séptimo lugar, se recomienda asignar una mayor cantidad de recursos a los programas de viviendas sociales, con el objeto de asegurar el mejoramiento de los estándares y de garantizar la calidad de las soluciones habitacionales que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin que ello implique disminuir la cantidad de viviendas sociales que deba ser entregada anualmente para satisfacer la demanda en materia habitacional.
Este mayor gasto podrá ser destinado igualmente a mejorar el diseño de estas viviendas y a aumentar la superficie considerada para dichas soluciones habitacionales, con el propósito de superar algunas situaciones de hacinamiento que esta Comisión ha podido detectar durante el desarrollo de esta investigación, a fin de que la vida dentro de los hogares pueda desarrollarse más plenamente, con respeto a la dignidad e intimidad de sus componentes.
Para una mayor comprensión de la labor encomendada a la Comisión, en el informe que tienen en su poder los señores diputados se hace una breve reseña de las audiencias otorgadas a los dirigentes vecinales, de las visitas inspectivas, de las intervenciones de los directores de los servicios de vivienda y urbanización de las regiones Metropolitana, Sexta , Séptima, Novena y Décima y de las declaraciones de la ministra de Vivienda y Urbanismo. Al mismo tiempo, se enuncian las principales características de las poblaciones que fueron objeto de investigación en las fichas técnicas que han sido incluidas al final de este informe.
Destaco la colaboración del Ministerio de Vivienda y de sus directores las veces que fueron requeridos por la Comisión; de los pobladores, de los parlamentarios que integramos esta Comisión, que aprobamos por unanimidad este informe, no ajeno a controversias, todo lo cual nos permitió hacer este trabajo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Pido la unanimidad a la Sala para el ingreso de la subsecretaria de Vivienda, señorita Teresa Rey.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , por fin la Sala está conociendo este informe, que generó mucho debate e hizo escribir tantas líneas.
El tiempo ha demostrado que hicimos lo correcto al proponer el proyecto de acuerdo que convirtió a la Comisión de Vivienda y Urbanismo en investigadora de estas situaciones. Han pasado nueve inviernos y cinco ministros de Vivienda para que por fin se tome conciencia en profundidad de lo que estamos analizando.
Los temas de viviendas sociales no son sólo económicos, de tránsito a la vivienda, de precariedad o de marginalidad de las personas de menores ingresos. Éste es un tema valórico y ético. Espero que la Cámara vote valórica y éticamente el informe, porque es contundente, se aprobó en forma unánime, y se ha dado a conocer sucintamente, porque no hay tiempo para exponer todo el enorme trabajo realizado en casi ocho meses de sesiones por la Comisión Investigadora.
Quiero detenerme en algunos aspectos. En primer lugar, ¡por fin se establecen las responsabilidades compartidas! Antes se decía que solamente los pobladores eran los responsables. Quiero recordar que en 1998, recién ingresada a la Cámara de Diputados, debí exponer en la Sala. En esa época, el ministro de Vivienda y Urbanismo señalaba que era el vapor de las teteras el que producía los hongos, la humedad, el descuadre de las ventanas y de las puertas y los techos que se venían abajo. ¡El vapor de las teteras! Hoy, ¡por fin!, tenemos una ministra que admite que hay responsabilidades compartidas entre las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serviu y las empresas constructoras.
Otro punto que me interesa destacar es que todo el resultado de hoy es gracias a la perseverancia, trabajo y constancia de los dirigentes sociales de las villas afectadas, que suman 180 y más de 76 mil viviendas -como lo reconoce la propia ministra de Vivienda y Urbanismo- que durante todos estos años estuvieron pendientes de ser escuchados por esta Cámara de Diputados para conseguir esto. Además, ¿por qué no decirlo?, gracias también al trabajo de algunos de nosotros, que llevamos más de un período en la Comisión de Vivienda y que año tras año hemos ido recordando que estos temas no han sido resueltos, aun cuando ha existido un esfuerzo permanente de diversas autoridades de los gobiernos por señalar lo contrario.
Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Un informe lapidario, contundente, serio, unánime, en el cual se señala que se construyó mal; que hubo una obsesión por construir demasiado, sin fijarse en la calidad, sino en la cantidad. De este informe también se desprende, porque textualmente así lo señala, que los habitantes de algunas villas -no todas- corren riesgo de vida. ¡Riesgo de vida! porque habitan en lugares mal construidos. ¡Para qué hablar de los lugares mal emplazados! Recuerdo que en noviembre del año pasado un grupo de integrantes de la Comisión fuimos a la Novena Región, específicamente a Licanray, por la perseverancia del diputado señor René Manuel García . ¿Qué vimos allí? Los baños más caros de Chile. ¡Tres millones y medio de pesos cada baño! ¿Por qué? Porque están en un terreno sin habilitación, a tres kilómetros de la ciudad y sin acceso, ya que tuvimos que ingresar en vehículos de doble tracción. Imagínense lo que esto es para los pobladores: imposible de habitar, imposible de llegar, imposible de vivir.
¿Por qué este es un tema valórico y ético? Porque cuando en Chile hablamos de familia -y mucha gente se llena la boca con el tema- lo único que puede fortalecerla es tener viviendas dignas y vivibles, donde las parejas se puedan amar, donde los matrimonios puedan tener intimidad, donde los padres puedan compartir con sus hijos, donde existan espacios comunitarios. Hay villas a las cuales habría que pasarles una aplanadora por encima y hacerlas desaparecer. Les aseguro que en el mediano y corto plazo tendremos explosiones sociales fuertes en algunos lugares del país.
En la Región Metropolitana, sólo en la villa emblemática El Volcán, llamadas “casas Copeva ” o “casas nylon”, viven hacinadas más de 2.500 familias -multipliquen el promedio de familia por cuatro o cinco personas como mínimo-, sin espacios comunitarios, ni centros de salud, ni centros de educación. ¡Nada! Esas personas han vivido todos estos años en esas condiciones.
Por lo tanto, es importante tener este informe que tanto ha costado, en el cual se van desglosando uno a uno los problemas y se formulan propuestas concretas no sólo de condonación de deudas y de intereses, sino que, además, se establece que algunas viviendas tendrán que ser repuestas, o bien, demolerlas en aquellos lugares consignados en el informe, porque las personas corren riesgo de vida.
Si en la Región Metropolitana o en el sur se hubiese producido el terremoto devastador que ocurrió en Arica hace un par de meses, donde incluso fallecieron algunas personas, ¿cuál habría sido el resultado? En el informe aparece la respuesta. Se dice que es necesario efectuar un estudio sísmico de las villas consignadas en el informe, porque lo que no podemos hacer es tomar las medidas después de que suceden las desgracias.
Este es un problema no sólo del Gobierno, sino de Chile, del país que todos queremos construir, donde las personas partan por lo más importante. ¡Cómo sabemos las mujeres lo importante que es la casa! Una casa no es transitoria; es donde se forma la familia, donde se fija el hogar, donde la gente ama, donde la gente nace, se enferma, muere. Por esas casas debe jugárselas este Parlamento, para que el Ministerio no sólo acepte estas propuestas, sino que las transforme en realidades y para que exista ¡un nunca más!, pues aquí se ha provocado un daño.
En Chile se han vulnerado muchos derechos de las personas y éste es uno de ellos: vivir en una vivienda digna. Vivir en una vivienda amable también es un derecho fundamental de las personas que, como parlamentarios, debemos hacer valer, porque esto no es un regalo del Estado, pues la gente paga dividendos.
En la sesión de la tarde trataremos el tema de los deudores habitacionales, porque una gran cantidad de personas que habitan viviendas mal construidas no han sido consignadas en los anuncios de repactación de deudas por viviendas. ¿Por qué muchas de ellas han dejado de pagar? Porque se sienten estafadas, sienten que el Estado no cumplió su rol subsidiario en materia de vivienda.
Entonces, no se trata sólo de criticar, sino de presentar propuestas para mirar hacia el futuro y ver, en el corto plazo, viviendas bien construidas, dignas, para un ¡nunca más! Que esto sirva de lección para que el Serviu y el Ministerio de Vivienda hagan las cosas bien: no importa construir menos, pero construir mejor. Un pacto social para sacar adelante a todos los deudores habitacionales -casi 300 mil-, sobre todo a los que habitan viviendas mal construidas; reglas claras para que las empresas constructoras que lo están haciendo mal no puedan seguir construyendo viviendas para las personas de escasos recursos; fiscalización de las normas técnicas, fiscalización de las direcciones de obras municipales, fiscalización de las autoridades que corresponden, pues para eso son los gobiernos: para velar por la dignidad de las personas, sobre todo por las de menores recursos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , la vivienda es uno de los temas centrales de cualquier gobierno, en particular cuando existe un déficit bastante grande en esta área.
Cabe señalar que a partir de 1990 se intensificaron los programas de vivienda, a fin de absorber el enorme déficit heredado del gobierno anterior. Así, se pasó progresivamente de 50 mil viviendas anuales -promedio de los años 1980- a más de 125 mil viviendas anuales -promedio de los años 1990 y parte de 2000-, incremento que no estuvo aparejado con una adecuación del personal tanto del Serviu como de las direcciones de obras municipales, que, al parecer, no advirtieron que cada vez más se hacía necesario aumentar la capacidad de fiscalizar. Pese a la institución de la inspección técnica de la obra, ITO, que sin duda ayudó en la mejoría de la fiscalización, aún falta mucho sobre este tema.
A raíz de la investigación que hicimos en 1998, debido a los efectos de los temporales sobre las construcciones Serviu, se cambiaron las especificaciones técnicas y se fijó una especie de autocontrol de las empresas, que se manifestó en la elaboración de un manual de las obras. Pero, por lo que constatamos en la Comisión Investigadora, el resultado aún es insuficiente en cuanto a la calidad de las viviendas que se construyen.
Sin embargo -hay que ser justo al hacer estos análisis-, cabe dejar constancia de que entre 1990 y 2005 se han construido más de 1.300.000 viviendas, que las afectadas son alrededor de 76 mil, de las cuales 22 mil requirieron arreglos extraordinarios, asumidos por el ministerio del ramo. Puede parecer que la cifra es pequeña, pero basta con que una vivienda esté dañada para que una familia resulte herida. Como es lógico, las personas aspiran a tener una vivienda, porque la única forma en que una familia puede desarrollarse es teniendo un espacio físico apropiado.
Si nos remontamos a la historia de la legislación habitacional, comprobaremos que desde 1906 existen normativas que rigen la construcción por el Estado de viviendas para la gente más necesitada. Sin embargo, ha habido cambios muy positivos en las políticas de gobierno con el objeto no sólo de construir buenas viviendas, sino también de abordar un problema cada vez más agotador: el del déficit habitacional. No basta con decir “construyamos menos, pero construyamos bien”. Por supuesto que hay que construir bien; pero no hay que descuidar el número de viviendas que deben construirse, pues cada vivienda que falta es una familia que no puede vivir adecuadamente. En consecuencia, es un imperativo ético de la sociedad responder a este requerimiento.
Hace algún tiempo, en la Comisión de Vivienda hicimos una propuesta al Ministerio del ramo en el sentido de que dispusiera la construcción de viviendas cuyos futuros propietarios no quedaran con deudas. La idea es que al habitar esa vivienda, la familia se haga cargo de la ampliación, a cambio de no pagar dividendos. Se trata de las llamadas viviendas sociales dinámicas sin deuda, que alivian el problema de aquellas personas que sólo tienen ingresos esporádicos, que les impiden pagar sus dividendos. Sin embargo, cuando se entregaron las primeras “viviendas sociales dinámicas sin deuda”, las personas que llevaban años habitando otros departamentos o casas y pagando dividendos, comparaban sus viviendas y preguntaban, con cierta razón, por qué tenían que pagar dividendos durante tantos años si las personas favorecidas con las viviendas dinámicas, que tienen un estatus económico muy parecido al de ellos, no pagan nada. En consecuencia, hay que hacer una adecuación en la política de viviendas respecto de esta realidad. Creo que el tema que analizaremos en la sesión especial de hoy en la tarde, sobre los deudores habitacionales, tiene mucho que ver con esto. La ministra de Vivienda ha hecho un gran esfuerzo para seguir en el camino de solucionar el problema de los deudores habitacionales, muchos de los cuales están con riesgo de perder sus viviendas.
El proceso de construcción es bastante complejo. Se inicia con la selección del terreno donde se instalará la vivienda y sigue con las especificaciones técnicas de los edificios que ahí pueden construirse. Pero, a la vez, debiera tenerse en consideración cuál es el tipo de familia que ocupará esas viviendas. Ésa es labor de los arquitectos. Yo soy arquitecta y asumo esa responsabilidad. En muchos casos, esa labor no ha sido asumida por los arquitectos, porque se aplica la modalidad del precio a suma alzada y a los únicos que ha perjudicado es a los pobladores, quienes merecen una reparación como la que se propone en el informe.
He dicho.
-Aplausos
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los vecinos y vecinas afectados por viviendas mal construidas, presentes en las tribunas, quienes representan a la villa Departamental, de San Felipe, y a las poblaciones Vicuña Mackenna , Costa del Sol y Los Parques, de Rancagua.
También quiero saludar a la ministra de Vivienda , cuya presencia en la Sala es muy importante para analizar en profundidad y con altura de miras la situación que han vivido esos pobladores durante prácticamente una década.
Muchas familias han vivido durante siete, ocho o nueve años en condiciones deplorables; sus hijos no tienen una vida digna y se enferman todos los inviernos debido a la humedad que se filtra en sus hogares. Sin duda, no es eso lo que se pretende cuando se les entrega una vivienda. Debido a que muchos pobladores no pueden pagar sus dividendos y otros se han negado a hacerlo, como protesta por la estafa de que fueron víctimas, la empresa Inverca y el Gobierno han remitido sus antecedentes a Dicom y muchos de ellos están en procesos judiciales.
Valoro el hecho de que la Cámara de Diputados haya resuelto investigar en profundidad la realidad de los pobladores de los 180 conjuntos habitacionales mal construidos, que suman alrededor de 70 mil viviendas. Fue un trabajo serio. Quiero reconocer la labor del Presidente de la Comisión , diputado señor Boris Tapia , quien conoce muy bien la situación, ya que trabajó en el Serviu antes de ser diputado . Valoro el hecho de que haya compartido con nosotros su experiencia.
También valoro el esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión, independientemente de su color político, por haber llegado a un acuerdo unánime, histórico en la Cámara de Diputados, respecto de la condición de las viviendas.
Asimismo, valoro la grandeza de la ministra de Vivienda al decir que las responsabilidades en la falla de la construcción de las casas eran compartidas por el Serviu, por las empresas constructoras y por las direcciones de obras. Por lo tanto, debo destacar el clima de trabajo que hubo en la Comisión, así como la labor que desempeñamos como parlamentarios y representantes de los pobladores, quienes nos eligieron para fiscalizar y para representarlos en sus problemas.
Hay temas que para mí son profundamente delicados. Quiero recordar en esta Sala a un joven contratista de la División El Teniente que falleció el día 6 de enero en la ducha de su casa de la población Vicuña Mackenna I, justamente porque esas viviendas no tenían la instalación eléctrica adecuada. Este joven de 24 años, que, desagraciadamente, hoy no está con nosotros, es Víctor Toledo Salas, que en paz descanse. Un informe de la SEC indica que hubo deficiencias en las mallas a tierra y, por lo tanto, esta persona falleció por una serie de irregularidades en la instalación eléctrica de las viviendas.
Quiero informar a la ministra que pedí a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles una fiscalización de todas las viviendas construidas durante la década de los 1990, con el fin de que nos informen si efectivamente la calidad de sus instalaciones eléctricas está conforme a la normativa. Como en muchos casos no lo están, la responsabilidad es de las empresas y también del Serviu, porque no cumplió con su labor fiscalizadora.
La Comisión Investigadora pide cosas bastante concretas, como la reparación del daño moral que han sufrido los pobladores, lo cual se debe traducir en una condonación -independiente de la que hoy está entregando el Serviu- de entre 20 y 100 por ciento, según el deterioro de la vivienda. Ojalá que el Gobierno nos responda a la brevedad, porque es una petición absolutamente justa que hace, por unanimidad, la Comisión de Vivienda de la Cámara.
Los ocupantes de estas viviendas no tienen la posibilidad, por ejemplo, de contratar un seguro contra incendios o sismos, porque las propias empresas los rechazan. Así responde la empresa ING a la señora Aída Azúa , presidenta de la población Vicuña Mackenna I: “Mediante la presente informamos a usted que la compañía se abstiene de cotizar seguro de incendio y adicional de sismo para departamentos habitacionales ubicados en la población Vicuña Mackenna , por los motivos que no reúnen las condiciones mínimas de construcción exigidas por esta compañía para otorgar dicha cobertura.”.
Lo que estamos pidiendo es de extrema justicia: queremos que a estos pobladores se les trate con dignidad, se les reparen sus viviendas y, si es necesario, se les cambié de vivienda, pero también que se les condonen los dividendos y que sean sacados inmediatamente de Dicom y de todos los procesos judiciales a los que han sido sometidos.
He dicho.
- Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en tribunas abstenerse de hacer manifestaciones.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , quiero que los colegas que no son miembros de la Comisión de Vivienda y el público que sigue el debate en las tribunas o a través de la televisión dimensione el impacto social que han provocado las viviendas mal construidas.
A partir de 1995 se han formulado reclamos en 180 conjuntos habitacionales, lo que implica un total de 76.925 viviendas identificadas con daños. La ministra del ramo informó que 64.355 viviendas construidas entre los años 1995 y 2000 han sido intervenidas; 20.060 reparadas y 42.295 han sido objeto de mejoramientos preventivos menores. Los recursos que el Estado ha gastado en estas reparaciones ascienden a la no despreciable suma de más de 50 millones de dólares, los cuales no han servido mucho, porque las reparaciones no han sido lo que la gente esperaba.
Cuando uno plantea estas cifras, puede dimensionarse el impacto social que ha tenido en tanta gente y justifica de manera clara y absoluta la necesidad que tenía la Cámara de Diputados de formar una comisión investigadora, aunque hubo diputados que se negaron a ello. Después de escuchar estas cifras y de lo que han visto, espero que recapaciten y estén de acuerdo con la necesidad imperiosa de fiscalizar un hecho realmente increíble que ha ocurrido con las viviendas sociales: miles de familias han debido soportar una situación precaria, vergonzosa e indigna. La Comisión, por unanimidad, estimó que es un imperativo ético reparar el daño causado.
Estos problemas los hemos apreciado tanto en las vivencias entregadas por los dirigentes de los conjuntos habitacionales que concurrieron a la Comisión a dar testimonio respecto de lo que han debido soportar por el deterioro de sus viviendas -gente de San Bernardo, de Puente Alto, de Rancagua , de Curicó, de Temuco, de Valdivia, de Curacautín, de Santiago-, como en las visitas inspectivas que los diputados hicimos en terreno en muchas partes del país, donde constatamos la veracidad de lo que nos habían planteado: la precariedad absoluta y las condiciones vergonzosas en que muchos chilenos han estado viviendo debido a casas mal construidas y de mala calidad.
Nosotros tenemos un mandato: investigar, fiscalizar y determinar responsabilidades, políticas en este caso. La Comisión ha sido muy clara y ha determinado responsabilidades y daños producidos a las familias. La ministra nos ha ayudado en este aspecto, porque, como ya se ha dicho, en forma expresa reconoció que en este caso hay una responsabilidad compartida del ministerio, de las constructoras que no hicieron bien su trabajo, de los departamentos de obra de las municipalidades y de los profesionales que trabajaron en estas construcciones.
En consecuencia, si hay un reconocimiento explícito de la responsabilidad que le cabe al Estado, en ese momento nace la obligación de reparar el daño causado a esas familias, no solamente en cuanto a la reparación de sus viviendas -que corresponde y la ministra se ha comprometido a hacerlo-, sino que, además, una reparación del daño moral, de la dignidad afectada de cada una de ellas.
Como abogado, quiero decir que un principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico es que quien causa daño debe repararlo. Aquí se ha reconocido que se causó daño, el que hemos constatado. ¡Ahí están las viviendas! ¡Ahí están los informes! ¡Ahí están las visitas! ¡Ahí está el reconocimiento de la ministra! Entonces, sí hay un daño, debe ser reparado como corresponde, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, la Comisión también ha planteado que una forma de reparar el daño moral es condonar, al menos, el 20 por ciento de lo adeudado por las familias afectadas. Eso como mínimo, pero de acuerdo con la gravedad del daño de la vivienda, el porcentaje aumentará al ciento por ciento. Eso es lo correcto, lo justo, lo ético, lo moral.
En el sur, por ejemplo, se comprobó que hay departamentos que tendrán que ser demolidos. En ese caso, la reparación deberá ser del ciento por ciento, además de entregar una vivienda nueva y digna, como corresponde a una familia chilena.
Por eso valoro lo hecho por la comisión, porque todos los diputados, tanto de Gobierno como de Oposición, estamos de acuerdo en que hubo daño y que es atendible su reparación. Podría haberse pedido mucho más, pero es nuestra realidad como país. Creo que si el Gobierno atiende el planteamiento de la Comisión, estoy seguro de que muchas familias verán aliviado el dolor que vivieron por tanto tiempo a raíz de los problemas de su vivienda.
En la mañana, invitado por un canal de televisión, estuve en la población Valle de Lluta, de San Bernardo, donde comprobé lo que sus representantes nos dijeron en el seno de la Comisión. También conocí la situación de la población Vicuña Mackenna , de Rancagua, donde estuve, entre otros, con los diputados señores García-Huidobro y Tapia . De manera que esto no es cuento, no es una chiva. Comprobamos que efectivamente se han construido viviendas de mala calidad, cuyas consecuencias han sido soportadas por esas familias durante mucho tiempo, lo que -insisto- merece una reparación como la señalada por el informe de la Comisión de Vivienda.
Por último, no puedo dejar de manifestar mi preocupación y molestia con las autoridades del ramo. Está presente la ministra de la cartera, por quien tengo mucho respeto, pero debo decirle que se ha intentado tergiversar mi actuación como presidente de la Comisión y se me hace aparecer como que estoy trabajando con la Derecha. Pero no he trabajado con la Derecha. Lo he hecho con la gente, que me ha dado a conocer lo que ha tenido que vivir por los problemas de sus viviendas. La señora ministra debe saber que en el distrito que represento no he sido invitado a ningún acto realizado entre los pobladores y el Serviu -no sé si será en represalia-, en cambio sí se invita a diputados que no son del distrito. Quiero saber a qué se debe esa situación. Como diputado de la República , requiero una respuesta, porque no invitarme a esos actos es una falta de respeto, no a mí, sino a quienes representamos en este Parlamento: a la gente.
Por lo tanto, el informe debe ser valorado en lo que es. Pocas comisiones de la Cámara de Diputados han logrado unanimidad para establecer medidas que apunten a que nunca más, en nuestro país, se construyan viviendas que impliquen tanta precariedad, tanta indignidad y tanta vergüenza para las familias chilenas.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , quiero decirle al diputado señor Aníbal Pérez que no se trata de Derecha ni de Izquierda, sino de un problema que tienen chilenos, especialmente los más modestos, que debe ser enfrentado con sentido país, es decir, por todos, tanto por el Gobierno como por el Congreso, como lo está haciendo la Comisión de Vivienda.
En mis quince años como diputado , nunca participé en una comisión que entregara un informe tan exhaustivo, preciso y minucioso como éste. Por el poco tiempo que se dispone, es muy difícil analizar todo lo que dice y darle una connotación emotiva, ya que lo que establece es como para emocionarse y no creerlo, porque es palmario cuando señala que las diversas poblaciones visitadas se encuentran en estado deplorable, entre ellas, la villa José Santos Martínez , de Curicó, que conozco. Por eso sé de qué estoy hablando.
No ha sido mencionado, pero el informe dice que hay daños de diversa índole en la construcción, algunos menores y otros mayores, como ventanas que se caen, pisos desnivelados y filtraciones, por lo cual son verdaderos monumentos al hongo, malas instalaciones eléctricas y sanitarias y otras deficiencias que implican riesgo vital, como fisuras en los muros, hundimiento de losas, escaleras desniveladas, terrenos no aptos para la construcción de poblaciones, etcétera. Es decir, se está ante un peligro evidente de derrumbe, de enfermedades respiratorias en niños y adultos, de enfermedades sicológicas -hay personas que no soportan seguir viviendo en esas poblaciones- y proliferación de la delincuencia debido a que hay numerosos departamentos abandonados que se prestan para la comisión de ilícitos de diverso tipo.
Por lo tanto, la historia demuestra que entre 1990 y 1999 se prefirió la cantidad a la calidad y que las medidas adoptadas para solucionar los problemas no fueron las más eficientes ni convenientes. Las reparaciones llevadas a cabo han sido cosméticas, porque se arreglaron canaletas y aleros y no se dio solución al problema de fondo, lo cual le ha costado al país alrededor de 50 millones de dólares, es decir, cerca de 29 mil millones de pesos, costo que tienen que pagar todos los chilenos.
Ahora bien, respecto de los pobladores, muchos vivían como allegados o en campamentos, y al igual que varios de los presentes en las tribunas, tenían la ilusión, el sueño de vivir en su departamento. Pero al poco tiempo comprobaron que estaban mucho mejor antes que viviendo en sus departamentos, lo cual es realmente indignante.
Considero adecuada la solución de condonar entre el 20 y el 100 por ciento de las deudas de acuerdo con los daños sufridos por la vivienda. Pero se debe tener cuidado, porque hay departamentos desocupados que, en algunos casos, son entregados por 10 unidades de fomento a personas ajenas a las poblaciones. Está bien, pero es una injusticia para las familias que siguen viviendo en departamentos dañados y no van a tener igual trato. Por eso, las soluciones que se implementen deben ser justas para todos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , de acuerdo con lo ya señalado en esta Sala, en primer lugar, quiero dejar muy claro que todos estamos convencidos -lo digo en la creencia de representar el sentimiento de las familias presentes en las tribunas y de las que están en sus hogares y que han sufrido este problema- de que no hay dolor más grande para una familia que anhelar la casa propia por largos años y una vez lograda, comprobar que tiene problemas de construcción, y, como señaló el diputado señor García-Huidobro , afecta incluso la calidad de vida al interior de los hogares y la salud de quienes viven en ellos.
En eso hay un claro convencimiento. Nosotros también sentimos responsabilidad por lo que les ha ocurrido a esas familias.
Pero también quiero ser muy enfático en señalar -fuera de este reconocimiento de la situación ocurrida, que es lamentable, pero que hoy se busca solucionar- que, después de escuchar algunas intervenciones como la de la diputada Lily Pérez y el diputado Aníbal Pérez , pareciera que estamos en un país donde los gobiernos, en particular los últimos, nada han realizado en materia de vivienda.
Se trata de demostrar al país que aquí poco menos que hay un caos en materia habitacional, que todo ha sido nefasto, negativo. En función del dolor de esas familias, se intenta crear en el país el clima -estamos a cinco meses de una elección-, de que -repito- toda la gestión en materia habitacional de los últimos gobiernos ha sido lapidariamente negativa.
Tenemos la plena convicción de que eso no es así. Efectivamente, el problema existe. Y todos estamos de acuerdo en que hay que resolverlo, porque esas familias han sufrido mucho. Pero ni la diputada Lily Pérez ni el diputado Aníbal Pérez -que se supone es de Gobierno-, han dicho que en los gobiernos de la Concertación 1 millón 400 mil familias han recibido su casa propia. Es efectivo -vuelvo a insistir- que aquí tenemos un problema, grave en algunos casos, como seguramente el de las familias que nos acompañan en las tribunas y de muchas otras de ciento ochenta conjuntos habitacionales del país, pero que en la práctica representan el 1,6 por ciento de la construcción total de viviendas en los últimos quince años.
En ese 1,6 por ciento hay problemas reales, concretos, graves en algunos casos. El Gobierno está buscando los mecanismos que permitan superar esos graves problemas, pero no motivado por la creación de esta Comisión Investigadora que integré -de lo cual me siento orgulloso-, sino desde antes.
Ni la diputada Lily Pérez ni el diputado Aníbal Pérez se han referido, por ejemplo, a que este Gobierno, nuestro Gobierno, implementó el programa de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que no existe en ningún otro país de América Latina. Y lo digo con firmeza: en ningún otro país de América Latina.
Este programa ha permitido que miles de familias obtengan su casa propia sin pagar absolutamente ningún dividendo. Con ese ahorro las familias tendrán la posibilidad de mejorar, paso a paso, sus casas para así lograr una mejor calidad de vida. No sufrirán los problemas que en el pasado se vivieron con las graves carencias habitacionales que el país ha tenido y que, por cierto, sigue teniendo por su crecimiento.
Por eso, los diputados que trabajamos con este programa nos sentimos orgullosos de lo que se ha hecho en materia habitacional. Y digo “los que trabajamos”, porque hay diputados -pocos, pero hay-, que formamos comités, que apoyamos técnicamente a esas personas y que logramos que reunieran todas las condiciones de elegibilidad para poder optar a la casa propia y después -repito- no tener deuda.
También quiero señalar que no sólo nos hemos preocupado de este tema. El Gobierno también ha abordado problemas que han sido parte de la historia del Ministerio de Vivienda en la última década, período en que, lamentablemente, un porcentaje menor de viviendas, pero no por ello menos importante, sufrieron problemas graves en su construcción, derivados, según mi visión -en eso coincidimos con varios integrantes de la Comisión- de dos grandes problemas: los estándares de los materiales de la construcción y los problemas de fiscalización en la recepción de las obras.
(Manifestaciones en las tribunas).
Señor Presidente, por favor, pida orden en las tribunas.
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
A las personas que se encuentran presentes en las tribunas, les ruego evitar las manifestaciones.
El señor ESPINOZA .-
Me refiero a los estándares en los materiales de construcción, porque ha habido dificultades al respecto y porque no es lo mismo construir una casa en Puerto Montt, en Los Muermos, en Fresia, que hacerlo en el norte, porque los materiales de construcción deben ser adecuados a las condiciones climáticas de las diferentes zonas del país.
En esta materia hay responsabilidades compartidas, reconocidas por el Ministerio, y de las constructoras y de los municipios, que muchas veces recepcionaron obras que no cumplían las condiciones requeridas.
Por lo tanto, es ese sentido, quiero responder brevemente a lo planteado por el diputado Aníbal Pérez , respecto de que hubo diputados que se negaron a la creación de esta Comisión.
Efectivamente, hubo diputados de nuestra bancada que no votaron favorablemente la proposición, porque desde enero del 2004 estábamos solicitando al Ministerio, al Ejecutivo , una política sobre este problema. Y nos negamos, porque creíamos -hoy confirmamos que teníamos razón- que a cinco meses de las elecciones este tema sería utilizado con fines políticos.
Muchos lo están haciendo así; han tratado de sacar ventajas políticas de una situación dolorosa para miles de familias. Otros están actuando con absoluta honestidad, en función de los pobladores afectados.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Le queda un minuto, señor diputado .
El señor ESPINOZA .-
El Comité Socialista y Radical me dio todo su tiempo para intervenir, señor Presidente.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Muy bien, señor diputado .
El señor ESPINOZA .-
Sólo quiero señalar algunos aspectos que dicen relación con las proposiciones de la Comisión. En el acta de la última sesión quedó consignado que yo señalé que muchos temas ya estaban siendo abordados por el Gobierno.
Una de las proposiciones aprobadas por la Comisión leída por nuestro Presidente , don Boris Tapia , de quien debo destacar su gran labor, dice: “a) Disponer en favor de los deudores habitacionales cuyas viviendas adolecen de fallas o defectos en la calidad de la construcción, la condonación de, a lo menos, el 20 por ciento de las deudas que mantienen con los servicios de vivienda y urbanización.”.
En ese sentido, señalo que, primero, no es bueno ligar la calidad con la deuda, porque ambos están siendo abordados por el Gobierno de manera independiente: por un lado, manifestó que solucionará el problema de las deudas y, por otro, que lo mismo hará respecto de las reparaciones.
En ese sentido, debe existir claridad sobre la materia.
Otra proposición sugiere que el referido beneficio lleve aparejada la condonación de intereses y gastos de cobranza respectivos. Al respecto, señalo que con el decreto 96 esto está absolutamente solucionado y que están suspendidas, por ejemplo, la tramitación de acciones judiciales que se hayan ejercido en esta materia.
Por último, para tranquilidad de todas las familias y en función de lo planteado por el diputado García-Huidobro , cabe señalar que, al momento de hacer valer los beneficios del decreto 96, quienes figuran como deudores saldrán de Dicom. Apenas firmen su convenio, quedarán al día en sus deudas y, por lo tanto, estará absolutamente solucionado el problema del Dicom, que ocasiona graves dificultades en la población.
He dicho.
- Aplausos en las tribunas.
El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , es lamentable ver cómo hay pobladores que aplauden la mala calidad de las viviendas. Pero, bueno, tendrán buenas casas y no solidarizan con las personas que están sufriendo.
La Comisión ya entregó su informe. Me siento orgulloso de haber trabajado con la Izquierda en la Comisión, porque el informe se aprobó por unanimidad. El diputado Aníbal Pérez y todos los diputados miembros de la Comisión trabajamos por la unanimidad. Creo que es uno de los pocos informes en cuyas conclusiones todos los integrantes de la Comisión están de acuerdo.
Por lo tanto, en la Comisión no hubo ni Izquierda ni Derecha, sino el problema de gente pobladora que estaba sufriendo. Sobre esa base se hizo el informe. Quiero aclarar este punto, porque parece como que diera vergüenza llamar las cosas por su nombre.
Aquí se dijo que durante los gobiernos de la Concertación se han construido 1 millón 400 mil viviendas. Eso es absolutamente cierto. Quiero felicitar a la gente que pudo acceder a una vivienda digna y en buen estado. Obviamente, el problema no radica en cuántas casas se han construido, sino en qué está sucediendo con la gente a la que se le asignó una vivienda de mala calidad.
Quiero señalar algunas cosas que no aparecen en el informe. Por ejemplo, propuse que las casas tengan tres dormitorios: uno para las niñas, otro para los niños y el tercero para el matrimonio. En forma velada se expresa que se agrandarán las casas, pero cuando yo sugerí eso, se consideró demagógico. Ahora la señora Michelle Bachelet ha señalado que las viviendas tendrán diez metros cuadrados por habitante. O sea, con cuatro personas, la superficie de la vivienda será de 40 metros cuadrados; con 6, 60 metros cuadrados; con 8, 80 metros cuadrados, y con 10, 100 metros cuadrados. Quiero que me aclaren el punto, porque, de ser así, construyamos casas estándar de 60 metros cuadrados y todos quedamos contentos. Hagamos las cosas con seriedad.
También me preocupa la situación de la gente que hoy dice que tiene solución, a la cual le darán 5 millones de pesos por sus departamentos. Va a poder construir 20 metros cuadrados y, con suerte, 25, en circunstancias de que está dejando departamentos de 42 metros cuadrados. En consecuencia, ¿qué gana si queda reducida a casas que tienen una superficie que corresponde a la mitad del tamaño de la vivienda original? Ésa es la solución más barata para el Gobierno, pues entrega 5 millones y se desentiende del problema. Nosotros queremos que la vivienda sea digna y posea las condiciones necesarias para que la gente no tenga los problemas que hemos conocido. Esto fue planteado por la Comisión en su conjunto.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las viviendas deben ser de mejor calidad, de mayor tamaño y, además, en que el Ministerio condone las deudas habitacionales. Eso es lo que está en discusión. No se trata de un tema de Izquierda o de Derecha ni de la situación de una persona de determinada población.
Si el Partido Socialista se manifestó en contra -después de conversar claramente con la ministra de Vivienda-se concluye que les interesa defender más al ministerio que a los pobladores. Por ejemplo, en Temuco han ocurrido situaciones nunca antes vistas: no hay soluciones concretas, y el seremi no da la cara. Entonces, quiero preguntarle a la ministra qué sucederá en ese caso.
En verdad, los pobladores esperan una pronta solución. Hay 22 mil viviendas en mal estado, según el catastro que hemos investigado, pero hay más casas afectadas. No están consideradas, por ejemplo, la villa Estación, de Villarrica; la población Los Poetas, de Cunco, y las poblaciones Los Araucanos y Los Caciques, ubicadas al lado de la empresa lechera, en Loncoche. En todas ellas hay problemas. Queremos que la gente tenga soluciones concretas a sus problemas.
Sin duda, los serviu han sido negligentes en su actuar, por cuanto no cobraron oportunamente las boletas de garantía, que vencieron mientras los pobladores eran tramitados. ¿A quién defiende el Serviu? ¿A las empresas o a los trabajadores? Si una persona ha sido designada para representar a una empresa del Estado o a un ministerio, debe defender a la gente y no a las empresas, que tienen la obligación de construir bien, y, por lo demás, no lo hacen gratis, sino que con el dinero de todos los chilenos y con el de las personas que en una libreta lo han ahorrado para adquirir su vivienda.
Aprovecho esta oportunidad para reiterarle a la ministra de Vivienda que es imperioso solucionar el problema de abastecimiento del agua potable. Las personas ya no deben ahorrar 10 UF, sino 20, porque hoy las empresas concesionadas les cobran 10 UF más para hacer la conexión. Eso constituye claramente un robo. Antes no cobraban por eso. Cada vez que se otorga un subsidio, del monto que sea, disminuyen los metros cuadrados construidos para cada persona.
Aunque a algunos no les gusta que la gente tenga casas dignas y más grandes, las viviendas deben mejorar su calidad y su tamaño. ¡Construyamos viviendas dignas! ¡Digámoslo de cara al país! En verdad, no nos interesa que se construyan 120 mil viviendas al año, pueden ser 100 mil, pero de buena calidad. Apuesto a que la gente está dispuesta a esperar.
Estamos defendiendo a quienes verdaderamente han tenido problemas en sus casas, no a las personas cuyas viviendas están en buen estado.
Hoy, de acuerdo con la ley, no hay ninguna justificación para que sigan ocurriendo situaciones como las que hemos conocido. Me gustaría que la ministra ordenara al Serviu y a los seremi fiscalizar minuciosamente las viviendas sociales que se construyan, para que las empresas que no cumplan con las características técnicas ni ofrezcan los estándares de calidad por los cuales se les pagó, sean borradas de los registros de constructores, sin que sus representantes y socios tengan la posibilidad de recurrir a algún subterfugio para cambiarse a otra empresa y con ello torcer la nariz a la ley. En mi opinión, esas sociedades no deben seguir construyendo. La gran responsabilidad es del Serviu, porque el 90 por ciento de las casas en mal estado cuentan con los correspondientes certificados y su construcción fue asesorada por dicho servicio.
Por lo tanto, la responsabilidad no es más que de la gente que debe fiscalizar.
He dicho.
(Aplausos).
El señor CORNEJO (Vicepresidente).-
Solicito a las personas que se encuentran en tribunas guardar silencio y evitar las manifestaciones.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, asumo enteramente el planteamiento de los pobladores que viven en condiciones precarias como consecuencia de los defectos en la construcción de sus viviendas.
Represento a un distrito donde se han producido muchas situaciones de esa naturaleza. Uno de los problemas emblemáticos ocurre en la población Valle de Lluta, cuya situación ha tenido mucha exposición pública y ha sido objeto de análisis por la Comisión. Suscribo plenamente lo señalado por la presidenta de la junta de vecinos de dicha población, señora Herminia Riquelme , porque conozco la situación. Pero quiero agregar otras situaciones que no han sido planteadas.
Por ejemplo, en las poblaciones Las Posesiones y Baquedano 1, de Paine, también ha habido errores en la construcción de viviendas, con la agravante de que la constructora quebró y, por lo tanto, la gente no tiene certeza respecto de la reparación de sus viviendas o de la corrección de sus defectos. Incluso, algunas casas quedaron situadas en sentido contrario a lo proyectado y, además, tienen problemas de inundación, filtraciones, etcétera. Sin duda, hay que tomar en serio esta situación y buscar una solución definitiva.
El problema de la población Valle de Lluta es muy complejo. Incluso, hay que adoptar algunas medidas preventivas, porque si se produce un sismo de proporciones, tendremos que lamentar graves consecuencias.
Se puede hacer mucha demagogia sobre el tema e, incluso, acusar a alguien por estar defendiendo el interés de las empresas; pero hay que tener pruebas para hacerlo.
En 1997, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó el decreto supremo Nº 171, cuyo objeto fundamental era mejorar las condiciones en las cuales se emplazan los proyectos de viviendas sociales, como la ampliación de las áreas verdes, ejecución de vías de acceso adecuadas y dotación de equipamiento comunitario.
La realidad en la cual se construía hasta antes de 1998 era de gran precariedad. Un ejemplo de ello es la población Valle de Lluta, en San Bernardo, la cual tenía escaleras cruzadas, situación que inspiró parte importante de uno de los capítulos del filme chileno “El chacotero sentimental”, que tuvo gran éxito. La razón de ello eran los pocos espacios habilitados, por lo cual las empresas constructoras buscaban maximizar el negocio, y aunque a costa de afectar la calidad de vida de las personas que acceder a ese tipo de vivienda.
Pero, ¿cuál fue la actitud de la Derecha ante ese decreto supremo del Ministerio de Vivienda? Presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Me gustaría que estuviera presente el diputado García , quien acaba de hacer uso de la palabra, pues acusó al Gobierno de defender los intereses de las empresas. Pero, ¿quiénes firmaron ese recurso de inconstitucionalidad?: la Oposición, en forma transversal. Los entonces senadores requirentes fueron la señora Olga Feliú Segovia , y los señores Arturo Alessandri Besa , Sergio Fernández Fernández , Beltrán Urenda Zegers , Sergio Romero Pizarro , Santiago Sinclair Oyaneder , Sebastián Piñera Echenique , Alberto Cooper Valencia , Ignacio Pérez Walker, Julio Lagos Cosgrove , Francisco Prat Alemparte y Enrique Larre Asenjo .
Entonces, ¿a quién se está defendiendo con una actitud de esa naturaleza, al presentar un recurso de inconstitucionalidad? Al hacer dicha presentación ante el Tribunal Constitucional -con su fallo, felizmente, no hizo prosperar esta intención-, ¿no se está defendiendo a las empresas, a los proponentes de los proyectos?
¡Cuidado, estimados colegas! Al hablar en la Cámara se debe tener mucho cuidado. Hay que hacerlo con responsabilidad y saber que no se puede hacer populismo barato con la necesidad de la gente.
Las personas presentes en las tribunas y muchas otras que esperan el resultado del trabajo de la Comisión, que ha sido serio, no se merecen que las cosas no se digan con todos los elementos de prueba.
Estoy seguro de que, a la luz de los hechos y de la necesidad de mejorar la vivienda social en nuestro país, el Ministerio de Vivienda tomará con toda energía en sus manos la defensa de los pobladores para hacer cumplir la responsabilidad del sector privado en materia de construcción, de manera que se apliquen las multas, se hagan valer las boletas de garantía y se actúe en forma preventiva ante las empresas que quiebran.
Todo eso, de manera indudable, fluye del informe que la Comisión de Vivienda realizó, y es muy importante señalarlo.
Creo que, a la luz de lo ocurrido, muchos de los que, en su momento, avalaron todo esto, deben de estar arrepentidos. Pero ese arrepentimiento debe expresarse, y no venir a argumentar acá con una carga demagógica, con un populismo desmedido, sobre todo en un año electoral como éste.
La gente que, por su situación económica, no tiene otra opción más que esperar la disponibilidad que exista en materia de vivienda social, merece nuestro respeto. Ojalá, éste fluya en forma unánime en la Sala, al apoyar el informe de la Comisión de Vivienda, que ha sido hecho con seriedad, dedicación y esfuerzo.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , hemos escuchado la calurosa defensa que han hecho algunos colegas, quienes hablan sobre la vivienda desde el punto de vista de la Izquierda o de la Derecha. Sin embargo, la dignidad de la gente no tiene color político, sino que se fundamenta en la necesidad de respetar su calidad de vida y en respetarlas como personas.
No podemos aprovecharnos de esos argumentos para politizar una materia tan sensible para tantas personas que padecen lo que significa vivir en una vivienda mal construida.
Cuando en 2001 conocí la población “Los Mañíos” I, de la comuna de Futrono, me dolió el alma y el corazón al ver cómo se habían construido esas 90 viviendas.
Recuerdo que cuando el presidente y la vicepresidenta de la junta de vecinos de dicha población concurrieron a la Comisión expresaron que “las deficiencias en la calidad de la construcción se manifestaron al poco tiempo de que recibieron sus viviendas, esto es, en el primer invierno”, al punto de que sus casas quedaron absolutamente anegadas. Estamos hablando de la Décima Región, donde, se supone, se construyen casas para resistir la lluvia, que, en la práctica cae durante diez meses del año.
Asimismo, comentaron que “hace tres años, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Décima Región les propuso efectuar reparaciones en sus viviendas, con el compromiso de que firmasen un convenio en el cual debían dejar constancia -¡ojo!-, antes del inicio de las obras, de que estaban conformes con su ejecución y desistirse de ejercer cualquier acción legal futura”.
Por fortuna, pude leer ese convenio que proponía el Serviu, que era realmente leonino. De manera que si las personas los hubieran firmado, habría significado que no les hicieran ningún arreglo y quedaran en la más absoluta indefensión, no sólo en relación con sus viviendas, sino también desde el punto de vista jurídico.
Creo que no se puede jugar con la gente.
A través del señor Presidente , quiero decir a la señora ministra que en el informe remitido por su cartera, del cual se dio cuenta en la Comisión, existen incluso incoherencias. En efecto, se menciona que la población “Los Mañíos” dataría de 1993, en circunstancias de que fue construida en 1995 y entregada en 1997. Asimismo, dicho informe establece que hay fallas estructurales y de construcción.
Las que los señores diputados pueden observar en la fotografía que tengo en mi poder son las viviendas que se construyeron en el sur de Chile, las cuales fueron visitadas por la Comisión Investigadora. En verdad, son una vergüenza. En invierno, los padres deben sacar a sus hijos del segundo piso, correr las camas y dejarlos en el primero, para que puedan dormir.
Eso es no saber acerca de la dignidad de las personas.
Quiero decir a la señora ministra que los representantes del Serviu de la Décima Región se dieron el gusto de concurrir a la Cámara y no hacer absolutamente nada.
La señora ministra dijo que no se puede seguir jugando con la dignidad de los pobladores. En consecuencia, creo que llegó el momento de poner término a este problema, porque los pobladores no pueden seguir esperando, y es poco ético e inmoral seguir jugando con la dignidad de las personas.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia.
El señor TAPIA.-
Señor Presidente , deseo intervenir como parlamentario del distrito Nº 36, que comprende, entre otras, a la comuna de Curicó, donde existe el mismo problema que ha presentado una serie de conjuntos habitacionales. En efecto, en la villa “Santos Martínez ” -de departamentos, como mencionó el colega Sergio Correa -, existen problemas relacionados con la necesidad de mejoramiento del estándar y con reparaciones que habrá que hacer en el futuro.
Deseo destacar la voluntad demostrada por la señora ministra y la actitud de la directora regional del Serviu y de sus funcionarios, quienes han hecho un trabajo serio y, según tengo entendido, han emitido un informe a la señora ministra para que, en el futuro, en forma secuencial y progresiva, una vez evaluados los problemas de carácter técnico que existen en ese conjunto habitacional, se entreguen las soluciones a las que aspiran los pobladores.
Además, deseo hacer presente lo que han comentado algunos parlamentarios de Gobierno, en el sentido de que ha habido una tremenda construcción en el sector habitacional. Sabemos que, con posterioridad a los temporales de 1997, el Ministerio de Vivienda asumió su responsabilidad y se mejoraron los estándares, lo que ha permitido contar hoy con la vivienda dinámica sin deuda y con el fondo solidario concursable.
Las viviendas cuestionadas significan 7 ó 10 por ciento de la construcción masiva que ha hecho el Ministerio de Vivienda en los gobiernos de la Concertación.
No por eso, los parlamentarios podemos dejar de preocuparnos, ya que aquí existe la voluntad de la Cámara de Diputados y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para resolver, de una vez por todas, el problema que se ha originado con las deficiencias técnicas que hemos constatado, que dejaron al descubierto que los parámetros utilizados hasta antes de 1997 eran los mínimos, pero no los que realmente quería la gente, para darle la dignidad que se merece.
Hago un reconocimiento a la actual política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Comisión de Vivienda, que ha desarrollado un trabajo de consenso. Creo que, también en forma unánime, seguiremos ayudando al ministerio a perfeccionar los futuros programas sociales que entreguen soluciones a la gente más modesta del país.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , como diputado de la bancada del Partido por la Democracia, me ha correspondido participar en la Comisión de Vivienda -ahora como titular- y en esta Comisión investigadora, tarea que he desarrollado con mucho orgullo. Me alegro de haber participado en una comisión que, en forma unánime, ha llegado a conclusiones claras, en que no se han escuchado dos voces.
Hemos sido muy objetivos en revisar cuál es la situación por la que atraviesan muchos conjuntos habitacionales -se han dado las cifras-, que ameritan atender la demanda de esa gran cantidad de familias.
También quiero señalar que, junto con los demás miembros de la Comisión, me correspondió visitar algunos de esos conjuntos, en particular los que se encuentran en la Novena Región, como los de Temuco y de Carahue. De acuerdo con las versiones y los informes técnicos del ministerio, sólo esos dos conjuntos ameritan su demolición.
Agradezco a la Comisión por la acogida que ha tenido una propuesta que formulara el diputado que habla, en orden a que, en compensación para estas familias y pudiese construirse los metros cuadrados de vivienda en proporción a sus necesidades.
Sostuvimos una reunión con la señora ministra y con la directiva de la villa El Bosque, de Carahue, con quienes, en un principio, habíamos acordado una fórmula de solución que implicaba una compensación de 280 UF, por cuanto se debían desalojar esas viviendas ya que tenían que demolerse. Sin embargo, con el paso de los días, nos hemos percatado de que, en verdad, las 280 UF no alcanzan para comprar el terreno, para pagar la asistencia técnica, los costos de urbanización, la construcción y para dejar utilidades a la empresa. En definitiva, el resultado que esa compensación tendrá en esas familias significará una vivienda de escasos metros cuadrados, que no les permitirá vivir con dignidad. Entonces, planteamos que, al menos, esas familias reciban como compensación los recursos que sean necesarios para atender los metros cuadrados que hoy tienen.
También quiero señalar que, con la misma responsabilidad y orgullo por haber participado en esta Comisión que ha llegado a conclusiones en forma unánime, de manera objetiva y clara, debo reconocer el enorme esfuerzo que se ha realizado en materia de viviendas en los últimos años, particularmente en mi distrito. Estoy muy contento por los miles de familias que ven una solución a su problema de falta de vivienda así como por los allegados, que viven un drama enorme. Uno de los pocos bienes que una familia adquiere una sola vez en la vida es la vivienda.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados, aún debemos seguir realizándolos, como Gobierno y como sociedad, pero esta decisión se relaciona con disponer de más recursos y con la forma en que se hace justicia social. En fin, tiene que ver con cómo implementamos más políticas de equidad y cómo construimos espacios de dignidad, en que la familia pueda disfrutarlos para crear afecto y cariño, que eviten la promiscuidad.
Por ejemplo, actualmente se han podido construir, en algunos casos, mediante el fondo concursable, viviendas dignas. Gracias a ese fondo, con sólo 10 UF, a los pobladores se les ha destinado asistencia técnica, se han comprado terrenos, se han urbanizado, se han construido equipamientos, plazas y espacios de diversión. Eso se ha logrado con el ahorro de los postulantes y con 280 UF.
La inmensa mayoría de los comités que hoy postulan a los fondos concursables no encuentran terrenos, porque éstos están más caros, y las exigencias por los informes y la necesidad de ir mejorando la calidad de la vivienda necesitan ser financiados con más recursos. Estamos hablando de más fondos para el Ministerio de Vivienda, de más ayuda por cada subsidio y de mayor cantidad de subsidios. Por lo tanto, esta materia se relaciona directamente con la discusión que deberemos realizar en los próximos meses sobre el presupuesto de la nación y con las propuestas que ese ministerio debería presentar en relación con las recomendaciones que plantea esta Comisión. En el fondo, se relaciona con la justicia social y con más propuestas para construir con mayor dignidad.
Celebro que Michelle Bachelet haya señalado que en su gobierno -hacia donde deberíamos encaminar nuestras acciones- se destinarán, al menos, 10 metros cuadrados por persona.
Quiero decirle a la señora ministra de Vivienda que algunas familias no se han podido trasladar a sus viviendas construidas por cuanto sólo tienen 20 ó 22 metros cuadrados.
No obstante, el tema central que hoy debe preocupar a la Cámara de Diputados es respaldar el informe de la Comisión, analizar de qué manera el Gobierno y el ministerio dan respuesta cuanto antes a estas demandas de los pobladores que viven una situación tan compleja y, al mismo tiempo, estudiar cómo le entregamos respaldo a las políticas públicas del Gobierno del Presidente Lagos en su preocupación por atender el programa Chile Barrio, por hacer desaparecer los campamentos y por atender cada día de mejor manera la necesidad que tienen tantos miles de familias de terminar con su condición de allegados.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , es muy poco el tiempo de que dispongo para referirme a todos los problemas e inconvenientes que debemos escuchar de parte de los pobladores, en este caso, de la Décima Región, específicamente de la provincia de Osorno.
Uno termina muy sensibilizado al escuchar permanentemente, durante los cuatro años de ejercicio del cargo, los diferentes problemas de las diversas poblaciones relacionados con la calidad de la construcción de su vivienda.
Agradezco a la Comisión, especialmente a su presidente y a Pablo Longueira, por concurrir a la provincia de Osorno. Quiero decirles que, gracias a su visita, muchos más pobladores se han acercado a denunciar problemas en la calidad de las viviendas, que no fueron incorporados en este informe.
También quiero llamar la atención de la señora ministra de Vivienda y Urbanismo sobre la siguiente situación. Hay un informe de ese ministerio, que ella nos entregó en una reunión anterior, en que se señala que en la Décima Región existen cincuenta conjuntos habitacionales que tienen problemas de calidad de la vivienda. Con gran sorpresa, he constatado que treinta de esos cincuenta conjuntos pertenecen a la provincia de Osorno. Llamo la atención sobre esto porque, seguramente, algunos pobladores se habrán desencantado con los programas de vivienda, lo que lamento mucho.
Cerca del 25 ó 30 por ciento de las casas están mal construidas. Según el mismo informe, muchas fueron reparadas. Pero he concurrido a poblaciones reparadas y los pobladores me han expresado que, prácticamente, han sido obligados por los mismos funcionarios del Serviu a firmar que están de acuerdo con la reparación, pero muchas ni siquiera tienen el desagüe de la ducha conectado al alcantarillado.
Pido que se tenga una mirada especial hacia la provincia de Osorno.
El trabajo de la Comisión fue el correcto; fue el que queríamos hacer, y el informe refleja la realidad.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito a la señora ministra que acoja las peticiones hechas por la Comisión.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , en términos de justicia, lo primero que uno debe hacer es reconocer que el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos le ha entregado a la ciudadanía, tal vez, el mejor programa social de las últimas tres décadas. Me refiero al programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, que es extraordinario porque ha solucionado un problema serio de la gente de escasos recursos que, para poder postular a viviendas sociales, hacía lo imposible, pero quedaba con una deuda que muchas veces no podía cancelar. Incluso, hoy se ve el aviso de remates de viviendas de personas que no pudieron cancelarlas. El programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda, a mi juicio, sin duda es el mejor de las últimas tres décadas.
Se han construido más de un millón 500 mil viviendas. Evidentemente, cuando se construye en gran cantidad, un porcentaje queda mal construido. A raíz de esto, 22 mil 60 viviendas debieron ser reparadas. Así, poco más de 22 mil familias residen en viviendas mal construidas.
Quedó claro que la responsabilidad es compartida entre el ministerio, a través del Serviu; de las municipalidades, a través de las direcciones de obras que aprueban las construcciones, y de las constructoras. La Comisión determinó claramente que las personas no son responsables de la construcción deficiente de las viviendas y que éstas tienen que ser reparadas.
El Gobierno del Presidente Lagos y el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales han hecho las cosas bien. Sobre la base de los antecedentes que constan desde 1990 a 1997, donde había viviendas mal reparadas y no se podía perseguir la acción de los responsables, se promulgó y publicó, el 27 de mayo de 2005, la ley Nº 20.016, aprobada por el Congreso, mediante la cual quienes construyan viviendas deben responsabilizarse de todos los aspectos de la construcción. Hemos cambiado su artículo 17 para que arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores y constructores civiles, profesionales habilitados para construir, además se hagan responsables por sus acciones u omisiones en el ámbito de sus respectivas competencias.
Es decir, a partir de ahora vamos a poder exigir con claridad la responsabilidad de los que construyen mal. Los pobladores que tienen sus viviendas dañadas podrán reclamar con justicia para que les solucionen sus problemas.
Es evidente que ha habido problemas entre 1990 y 1999 y hay construcciones mal hechas. Sin embargo, se ha progresado: tenemos un gran programa, Vivienda Social Dinámica sin Deuda , y una ley que obliga a mejorar ostensiblemente la calidad de la viviendas que se construyan en el futuro.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, la verdad es que hoy es un día muy especial para muchos chilenos que han vivido un verdadero drama.
Comienzo mi intervención sumándome a las palabras del diputado Alejandro García-Huidobro y, además, felicitando al presidente de la Comisión , diputado Boris Tapia , y a la secretaria de la misma, porque, desde mi punto de vista, aunque con bastante sacrificio, ya que recorrimos el país y las poblaciones afectadas, se hizo un trabajo muy serio.
De igual forma, agradezco a la ministra por dos razones muy importantes. En primer lugar, fue explícita al reconocer que hay responsabilidades compartidas de todos los encargados de la construcción de conjuntos habitacionales. Por lo tanto, se asume una responsabilidad del Ministerio de Vivienda y del Serviu.
En segundo lugar, ella señaló que la realidad que han vivido miles de pobladores a lo largo del país afectó su dignidad. Es muy loable reconocer esto, porque significa asumir que lo vivido por estas personas implica un daño que debemos reparar. La Comisión compartió los términos que la ministra señaló. Es necesario destacar su valentía al reconocerlo.
Quiero centrar mi intervención en el trabajo que se hizo. Se pueden decir muchas cosas positivas, que las alabo, pero la Cámara mandató a la Comisión de Vivienda para investigar la mala calidad de la construcción y, de alguna forma, proponer medidas de reparación.
Se hizo un gran esfuerzo, ya que no fue fácil llegar a un acuerdo unánime para que lo que propusiera la Comisión tuviese fuerza ante el Ejecutivo .
Según el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales y el Serviu, hay problemas de calidad en las viviendas en 180 conjuntos habitacionales, con un total de 76 mil 925 familias. En algunos casos se han reparado, de acuerdo a su magnitud.
Quiero que quede muy claro que la Comisión estableció un concepto muy distinto al que se ha pretendido entregar a través de los medios de comunicación. En forma unánime, concordamos que había que reparar el daño moral de quienes han sufrido. La Comisión no propone que se les arreglen las casas. Eso hay que hacerlo a todo evento, porque postularon y se les entregaron casas en condiciones deficientes. Por lo tanto, lo que gaste el Estado por reparar las casas es otro problema. La Comisión, en conjunto, estableció el concepto de reparación del daño moral, al igual como se ha hecho con otros grupos. Por ejemplo, los exonerados políticos y los partidos políticos, a los que el Estado ha destinado importantes recursos para reparar el daño que se les causó.
Alguna vez le tenía que tocar a la gente modesta, independientemente de su posición política.
Destaco que es un acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión, y subrayo el concepto de reparación del daño moral, porque a algunas personas de todos modos se les va a reparar su vivienda.
Quiero resaltar que es el acuerdo más relevante a que ha llegado la Comisión, ya que después del 30 de septiembre, es decir, cuando venza el plazo del decreto Nº 96 para que todos los deudores Serviu puedan firmar los convenios que toda la opinión pública conoce, el Ministerio de Vivienda tendrá un plazo de 60 días -octubre y noviembre- para hacer un catastro de las viviendas en condiciones deficientes de los 180 conjuntos habitacionales, para que, además de las medidas del decreto Nº 96, según la gravedad o magnitud de los daños, se reparen de acuerdo a una tabla que irá de un 20 a un 100 por ciento.
Los daños de las viviendas son distintos. Algunas tienen daños estructurales y otras daños menores. Por lo tanto, es el Serviu, no nosotros, porque la Comisión no estaba en condiciones de establecer los criterios técnicos para definir, de acuerdo a ese daño, cuál es la magnitud del problema.
Entonces, quiero rescatar esto, porque a la gente le da lo mismo y no anda buscando si la responsabilidad es del ministerio, de la constructora o de la dirección de obras del municipio; la gente quiere que le reparemos el daño causado. ¡Les da lo mismo si lo dijo la señora Bachelet o los señores Piñera o Lavín ! La gente votará como quiere.
Esta Cámara de Diputados, en forma unánime, a través de una comisión investigadora, actuó en forma ejemplar. Quiero destacar este hecho, porque los miembros de la Comisión hicimos un gran esfuerzo. Valoro los esfuerzos que hicieron los diputados de la Concertación, porque no es fácil hacer un informe duro respecto de su Gobierno frente a este problema.
En consecuencia, señor Presidente , quiero pedir formalmente, en nombre de la bancada de la UDI, que el Gobierno cumpla con la Cámara y que, sesenta días después de que termine el plazo del decreto Nº 96, nos entregue un informe sobre todos estos conjuntos habitacionales y cómo va a condonar las deudas para reparar el daño moral de acuerdo con los parámetros y los criterios que le propone la Comisión.
He dicho.
- Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
En los dos minutos treinta y cuatro segundos que restan al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , agradezco al Comité de la Democracia Cristiana por haberme otorgado estos dos minutos de su tiempo que le solicité, porque sería imposible permanecer en silencio. Además, porque represento a la comuna de Puente Alto y la villa El Volcán San José ha sido una de las más afectadas. A partir de 1997, estamos trabajando con sus habitantes y todos estos años hemos estado acompañándolos a través de distintas acciones, situaciones, negociaciones y acuerdos. Incluso, he tenido que servir casi de ministra de fe para buscar acuerdos que, de alguna manera, pudieran concluir en una solución digna para aquellas viviendas dramáticamente conocidas por todo el país como “las casas nylon”.
El arreglo de las casas de El Volcán San José ha sido para el país una de las situaciones más complejas, probablemente de mayor costo, pero indispensable. Lamento que de las 1.480.000 viviendas, construidas en catorce años, hoy tengamos esta situación que afecta al 1.6 por ciento. Aunque sea sólo el 1.6 por ciento representa a familias, a personas, a ciudadanos, a compatriotas que tienen todo el derecho a tener la vivienda que soñaron.
Quiero que esto nos sirva de lección. Celebro que la Comisión haya aprobado en forma unánime este informe; sin embargo, quiero hacer un llamado de atención. Ojalá lo entendamos. Antes de 1973, en el tan vilipendiado gobierno de la Unidad Popular, jamás escuché hablar de daño estructural, de viviendas indignas, de “casas nylon” y vi la indignidad que ha ocurrido durante todos estos años. Algo ha pasado.
(Aplausos).
Y lo reivindico. Ha pasado una terrible mala práctica. Empezamos a reducir los metros cuadrados; se rebajó la calidad de la construcción y los estándares exigidos y eso nunca más el país se puede permitir. Nunca más puede permitirse rebajar la calidad, que los estándares no sean los adecuados y, sobre todo, hacer de la vivienda un espacio tan reducido que prácticamente impida una vida con dignidad y la privacidad necesarias.
Por último, actualmente, en la villa El Volcán San José esta situación aflige a trescientas ochenta familias, las cuales quieren una solución definitiva. Con la ministra y el director del Serviu se ha establecido una mesa de conversación.
Espero que esas familias encuentren la solución definitiva en la comuna de Puente Alto a través del bono que les permita postular a los fondos concursables. Lo digo por el bien de ellas y por el bien del país. Le pido al Gobierno un esfuerzo en ese sentido.
-Aplausos.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo establecido para las intervenciones de los comités.
Por último, tiene la palabra la señora Sonia Tschorne, ministra de Vivienda y Urbanismo.
La señora TSCHORNE, doña Silvia ( ministra de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo agradecer el esfuerzo desplegado por la Comisión investigadora sobre la calidad de las viviendas y reiterar que no me cabe la menor duda de que su trabajo nos permitirá no sólo llegar hasta las últimas viviendas mal construidas, y abordarlas integralmente, como lo estamos haciendo, sino, además, terminar con algo que nos persigue desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, las viviendas cuya calidad de construcción estamos investigando corresponden a la década pasada; pero podremos dar vuelta la hoja una vez que corrijamos los errores, refaccionemos las viviendas y dejemos satisfechas a todas las familias que las habitan.
En segundo lugar, quiero valorar la preocupación por los problemas de las familias beneficiadas por nuestros programas. Es importante rescatar que nuestra obsesión en la década pasada por construir gran número de viviendas respondió a la gran necesidad de abordar la solución de una vivienda para más de un millón de familias que en ese momento no la tenían. Si bien es lamentable que haya veintidós mil sesenta familias en viviendas deficitarias, es bueno valorar el hecho de que han podido acceder a la casa propia un millón trescientas ochenta mil familias que ya no tienen que vivir en condiciones de allegadas o en campamentos.
Por último, como lo hice presente en la Comisión, el Ministerio de Vivienda seguirá trabajando para resolver todos los problemas que puedan subsistir, y entiendo -no tengo dudas al respecto- que este tema no es de la derecha ni de la izquierda, de Oposición ni de la Concertación, sino que del país. Por lo tanto, estamos trabajando y lograremos solucionar todos los problemas pendientes.
Sin embargo, es importante constatar que a partir del año 2002, en el gobierno del Presidente Lagos, hubo un cambio en la política habitacional que implicó no sólo nuevos programas y asumir el hecho de que hay familias sin capacidad de endeudamiento, para lo cual se creó el programa de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, sino también que, actualmente, tanto desde el punto de vista administrativo como operacional, los programas responden a tipos diversos que no dicen relación con que el Ministerio de Vivienda encargue, a través de sus Serviu, la construcción de viviendas.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
En votación el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el mandato encomendado por la Sala para investigar los defectos en la calidad de los conjuntos habitacionales construidos por encargo de los Servicios de Vivienda y Urbanización.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente).-
Aprobado.
(Aplausos).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Caraball Martínez Eliana; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; EncinaMoriamez Francisco; Escalona Medina Camilo; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Román Rosa; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Hidalgo González Carlos; Ibáñez Santa María Gonzalo; Ibáñez Soto Carmen; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Letelier Morel Juan Pablo; Longton Guerrero Arturo; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Molina Sanhueza Darío; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mora Longa Waldo; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Jofré Núñez Néstor; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Ortiz Exequiel; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor ASCENCIO ( Presidente ).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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