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El señor LORENZINI (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en primer lugar, parece oportuna la revisión del proyecto por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, ello requerirá un compromiso de tiempo por parte de la Comisión, porque tiene más de doscientos proyectos pendientes y la percepción que tenemos los diputados es que en la Comisión los proyectos se demoran. Por lo tanto, si la iniciativa corre el riesgo de aprobarse a mediados de 2005, el compromiso para enviarlo a las comisiones unidas debe ser en el sentido de que resuelvan rápidamente y se perfeccione la técnica legislativa.
En segundo lugar, tengo una duda respecto de la técnica legislativa aplicada en el nuevo artículo 416, que establece: “El que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presido perpetuo calificado.”. La propia Comisión estableció algunas observaciones sobre qué significa “el que matare a un carabinero” y si se considera encontrarse en actos de servicio el traslado del funcionario a su lugar de trabajo, vistiendo o no uniforme. Mi primera duda al respecto es si el concepto matar es aplicable, por ejemplo, respecto de quienes atropellaron accidentalmente a uno de los escoltas presidenciales, con resultado de muerte. La duda también surge en cuanto a si este artículo es aplicable en caso de muerte fortuita, es decir cuando no ha habido premeditación. Es un tema que debe ser aclarado, porque el término “el que matare” es muy amplio.
En tercer lugar, el diputado Cardemil leyó algunas estadísticas: 59 carabineros muertos entre 1989 y 1999. Como no soy miembro de la Comisión de Defensa, me hubiera gustado saber quienes cometen las mayores agresiones en contra de Carabineros y dónde se cometen. Porque sólo estamos enfatizando la parte punitiva, es decir, el aumento de sanciones. Me habría gustado que en el informe se hubieran incluido estos antecedentes y reseñado políticas sobre mayores recursos a Carabineros para tareas preventivas, como más equipamiento y dotación, y mejoramiento de los procedimientos.
Tengo la percepción de que la mayor parte de las agresiones se producen cuando los delincuentes se encuentran en ventaja numérica respecto de los carabineros.
Por lo tanto, es una parte de la evaluación que habría valido la pena conocer, de manera que este proyecto, que sólo aumenta las penas -lo cual es importante y es su idea matriz-, también habría dado luces respecto de lo que debemos hacer como Cámara para evitar y prevenir las agresiones.
En cuarto lugar, todas estas acciones son aplicadas por la justicia militar en contra de civiles. Me preocupan las manifestaciones públicas que muchas veces terminan con denuncias de maltrato a carabineros o con funcionarios policiales lesionados.
Tengo dudas sobre la intervención de la justicia militar, por cuanto es parte sumamente interesada y tiene una carga respecto de la transparencia y de la credibilidad que dan a los civiles encausados por esos hechos. No me refiero a los delincuentes, pero aquéllos están sujetos a la misma normativa, que no hace una diferenciación entre los delincuentes y los ciudadanos honestos, sino que pone énfasis en quien agrede, mata, injuria o provoca daño a carabineros. Por eso, hay un debate pendiente respecto de si la justicia militar debe ser la encargada de conocer este tipo de delitos y cuál es el grado de credibilidad acerca de si da garantías para un debido proceso. En definitiva, que no se sienta que la justicia en manos de los militares no brinda todas las garantías para una legítima defensa.
En quinto lugar -como lo han señalado algunos colegas-, en los últimos días hemos sabido que el general director de Carabineros, señor Alberto Cienfuegos , ha dado de baja, de manera drástica e inmediata, a los carabineros involucrados en actos delictuales.
Respecto del tema de la reciprocidad en el cuidado de la institución mejor evaluada de este país, también se requiere dar una señal sobre aquellos funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones que cometan delitos, aunque las leyes no son para dar señales, sino para aplicarlas. Concuerdo con la diputada Pía Guzmán en cuanto a que debe haber una fuerte sanción para ellos. Hemos conocido muchos casos de funcionarios de las policías de Carabineros y de Investigaciones que han estado involucrados en delitos contra la propiedad privada y las personas, lo cual requiere un tratamiento especial, porque en el hecho es la institución la responsable en último término. Sin embargo, desconozco si ello se ha debido al estricto apego o a la fortaleza del mando institucional o si hay un reglamento adecuado para controlar este tipo de delitos cuando son cometidos por policías. Afortunadamente, es la minoría de los casos. Sin embargo, vale la pena tenerlo a la vista.
Por último, anuncio que la bancada socialista votará favorablemente este proyecto.
En este caso, si nuestro objetivo es proteger a los funcionarios de Carabineros, es necesario dotar a la institución de mejores condiciones para realizar sus funciones y apelar a que esta ley, que aumenta las penas, funcione.
La Cámara de Diputados no cuenta con un mecanismo que permita evaluar el funcionamiento de las leyes -en este proyecto sólo aumentamos las penas-, pero sería bueno tener acceso permanente a informes que nos permitan saber si el aumento de las penas resolvió el problema. Respecto de otros delitos no ha dado resultados; por el contrario, han seguido aumentando. La disuasión no ha funcionado.
Espero que esta iniciativa sea una señal potente para aquellos delincuentes que se atreven a agredir, maltratar o asesinar a funcionarios policiales. El solo aumento de las penas no garantiza esa protección. Se requiere de otras medidas, por ejemplo, mejor equipamiento, más personal y mejores condiciones para que las instituciones policiales cumplan sus roles con la debida seguridad.
He dicho.
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