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    • rdf:value = " El señor LETELIER, don Felipe (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, estoy sorprendido con la intervención del diputado señor Díaz , cuando nos habla de la ninguna importancia que puede tener una Constitución para los pueblos. Desde luego, han sido los historiadores quienes le han dado su real importancia a las Cartas Fundamentales de 1833, de 1925, y también a la de 1980, que tanto defendió el señor diputado Díaz. En una encuesta ciudadana no necesariamente debiera estar, en el primer lugar de las prioridades, la reforma constitucional. Lo que realmente debiera importarnos es tener una Carta Fundamental que sea el marco de una legislación justa y que reconozca la realidad del país. Con la indicación del diputado señor Díaz , para reemplazar la palabra “pueblos” por “etnias”, estaríamos volviendo atrás. Nosotros planteamos la necesidad de reconocer a los pueblos originarios para que dejen de tener el carácter de invisibles. Así fueron consagrados en todas las constituciones, porque nunca han sido considerados. Por primera vez, en este Congreso Nacional, esperamos votar favorablemente el reconocimiento constitucional de la etnia, con existencia real, pero como pueblo. El diputado señor Díaz dice que hay que darle el mismo tratamiento que se da a las etnias. Eso es distinto. Yo soy descendiente de palestinos, como otros lo serán de españoles, alemanes, ingleses, que llegaron voluntariamente, como inmigrantes, a participar en los destinos del país. En tanto, los pueblos originarios participaron obligadamente. Nunca participaron voluntariamente en el diseño del Estado. Todas las políticas y programas, toda la legislación orientada a los pueblos indígenas sólo han logrado reducir su población; en algunos casos se ha llegado hasta eliminarlos. Incluso se les han disminuido sus espacios territoriales. Les recuerdo que, a la fecha de creación del estado de Chile, poseían 33 millones de hectáreas; sin embargo, al año 1990, sólo tenían 300 mil hectáreas. Pero hoy, gracias a las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación, tienen 750 mil hectáreas. Esta reforma es un avance en ese sentido. Es cierto que no me satisface la redacción de la norma, que sólo reconoce a los pueblos indígenas, sin precisar cuál será la forma de hacerlo: si vamos a darles la posibilidad de tener representación en los distintos niveles de la sociedad; en el nivel municipal, en los consejos regionales de aquellas regiones en las que hay presencia indígena; en fin, que tengan representación nacional, equivalente al número de su población, que asciende a un millón de personas, esto es, 10 por ciento de los ciudadanos inscritos. Incluso, en la Cámara de Diputados podrían tener 12 diputados, elegidos mediante un registro especial para los indígenas. Por qué no implementar si se aprueba la reforma y se les reconoce como pueblo políticas o instrumentos que permitan discriminar en favor de los pueblos indígenas de una manera distinta de las otras etnias. No podemos plantear que los pueblos originarios están en la misma condición que las etnias de inmigrantes. La norma no sólo debió contemplar el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino también los mecanismos de participación social, de reconocimiento territorial, de privilegio para la explotación de los recursos naturales, de privilegio de patentes para el uso de plantas medicinales y de todo lo proveniente del suelo y del subsuelo. Sin embargo, no lo hace. No obstante, el hecho de que la Cámara de Diputados reconozca, al menos, la existencia de los pueblos indígenas. constituye un gran avance, el que nos permitirá, en el futuro, legislar para discriminar. Discriminar también significa igualar, es decir, discriminar positivamente; y ellos no están en igualdad de condiciones con el resto de la población: han perdido tierras, han perdido muchas veces su dignidad, han perdido oportunidades, porque la sociedad, del modo como hemos construido el Estado, no ha dado a los pueblos originarios las mismas oportunidades que han tenido los inmigrantes o los mestizos. Reitero: no me satisface completamente esta reforma, pues tiene contenidos que la diluyen, como la frase propuesta al final del inciso séptimo del artículo 1º, que establece que la “Nación chilena” sigue siendo una sola nación, como si atentáramos contra el Estado unitario. Todos los países de América Latina con presencia indígena tienen un reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios y ello no amenaza el estado unitario. Creo que ése es un temor a la democracia, a la verdad y a la realidad, absolutamente infundado. Por lo tanto, planteo algo distinto de lo propuesto por el diputado Díaz , y digo que debemos reconocer la existencia de los pueblos indígenas de esta tierra. No son, como se ha dicho, campesinos pobres, no son legatarios privilegiados de los pacificadores de La Araucanía. Son pueblos dignos, con una historia de lucha, que hace mucho tiempo tomaron la decisión de hacerse cargo de la construcción de su propio futuro. Es hora de que consagremos esa posibilidad en la Constitución; es hora de que reconozcamos la dignidad de los pueblos originarios. Esta Constitución debe reconocerlo, respaldarlo y fomentarlo. He dicho. "
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