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La señora ALVEAR .-
Señor Presidente , durante el Gobierno del Presidente Lagos se implementó un nuevo diseño de la política de vivienda social. Los decretos supremos Nos 62 y 5, publicados el 23 febrero de 2002, incorporaron la Vivienda Social Dinámica sin Deuda y una nueva política de créditos hipotecarios con la banca comercial pública y privada.
Esto último se encontraba dirigido a los deudores que calificaban como sujetos de crédito y que podían optar por viviendas de valores entre 280 y 600 unidades de fomento.
A este efecto, el Ministerio de Vivienda firmó diversos convenios con entidades financieras para facilitar el acceso de los postulantes al crédito hipotecario, el que cuenta con seguros de desempleo y desgravamen, aceptación de rentas bajas, complementación de ingresos mediante codeudores que pueden o no ser parientes del deudor principal, costos operacionales reducidos y tasas de interés de mercado.
Con la implementación de la nueva política en materia de vivienda social, dicha Cartera optó por otorgar subsidios habitacionales sin conceder en lo sucesivo créditos hipotecarios, dejando esta función exclusivamente en la banca financiera comercial. También decidió participar en la gestión de construcción de viviendas sociales sólo para los dos deciles más pobres, en particular en los lugares donde no existe interés de parte de la oferta privada o municipal. Y, asimismo, definió un nuevo producto: la Vivienda Social Dinámica sin Deuda, por medio de la cual, con un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento, transforma a las familias más pobres en propietarios de una solución habitacional básica mínima sin generar deuda hipotecaria.
Señor Presidente , el cambio de política benefició directamente a los nuevos postulantes. Sin embargo, quienes ya habían sido favorecidos quedaron en una situación, a todas vistas, injusta. Recibieron un subsidio y debieron endeudarse, en circunstancias de que, si hubiese estado vigente la nueva política, no se les habría exigido tomar un crédito hipotecario.
Se buscó revertir esa situación mediante una serie de medidas que se implementaron hacia finales del Gobierno del Presidente Lagos. En efecto, gracias a los decretos Nos 96 y 127, promulgados durante el 2005, cientos de miles de familias fueron beneficiadas con la extinción de su deuda o la suscripción de convenios sobre ella. Sin duda, esto representó un gran avance en términos de equidad y la finalización de una enorme carga para más de 200 mil familias.
Empero, tales beneficios se extendieron exclusivamente a quienes mantenían deudas con los SERVIU. Y aquellos que se encontraban en un caso similar pero con deudas en la banca comercial no fueron favorecidos.
En efecto, existen en todo el país más de 65 mil deudores que se hallan en similares condiciones relativas al cambio de política. Ellos se encuentran endeudados con el BancoEstado, Banco del Desarrollo, Banco Santander Banefe, Banco Ripley y otros, por deudas correspondientes a viviendas que cuestan entre 280 y 600 unidades de fomento.
Señor Presidente , claramente, viviendas de valores que no superan las 600 UF -vale decir, 11 millones de pesos- tienen carácter social y son adquiridas con mucho esfuerzo por trabajadores de todo tipo y sus familias. Creo que es de toda justicia buscar una salida a su situación. De hecho, más de 15 mil de ellos obtuvieron viviendas de menos de 400 unidades de fomento, que es el valor máximo de la Vivienda Social Dinámica sin Deuda.
Así como ayer fue la hora de las Agendas Pro Crecimiento, creo que ésta es la hora de la Agenda Pro Equidad. Se debe buscar justicia a situaciones en que de tanto oír dejamos de escuchar. Debemos tener decisión y estar a la altura de las circunstancias para zanjar estos compromisos y asumir nuestras responsabilidades.
Por su intermedio, señor Presidente , pido que se oficie a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Ministro de Hacienda a fin de que se estudie el caso y se evalúe el impacto social y financiero en los deudores que adquirieron viviendas sociales con crédito bancario en el período de transición entre la antigua y la nueva política y que presentan dificultades para el cumplimiento de sus pagos. Asimismo, solicito que se informe acerca de las medidas que se pretende implementar en el corto plazo para dar solución definitiva a esta situación.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
"
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