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El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
A continuación, corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3391-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 12 de mayo de 2004.
Informes de Comisión:
Derechos Humanos, sesión 26ª, en 7 de septiembre de 2004.
Derechos Humanos (segundo), sesión 12ª, en 10 de noviembre de 2004.
Discusión:
Sesiones 27ª, en 8 de septiembre de 2004 (se aprueba en general); 20ª, en 14 de diciembre de 2004 (queda para segunda discusión); 22ª, en 15 de diciembre de 2004 y 23ª, en 4 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El Orden del Día termina a las 18:35. Si los señores Senadores lo desean, se puede hacer la relación del proyecto ahora y mañana dedicarnos simplemente a votar.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La discusión particular del proyecto se encuentra pendiente desde el 14 de diciembre del año recién pasado.
La iniciativa cuenta con un segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Naranjo, Valdés y Zurita.
El artículo 9º, nuevo, y los artículos transitorios primero a cuarto, nuevos, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren el voto conforme de 27 señores Senadores.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Sobre esta materia ha habido mucha discusión, pero siempre existe la posibilidad de que alguien desee hacer uso de la palabra respecto de algunos puntos específicos.
Las normas señaladas tienen carácter de orgánicas constitucionales. Por lo tanto, cada una de ellas deberá ser votada en forma separada.
Pido al señor Secretario que señale el orden de las votaciones que deben consignarse.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Señor Presidente , todas las modificaciones acordadas por la Comisión fueron aprobadas por unanimidad. En consecuencia, deben darse por aprobadas, salvo -como he dicho- el artículo 9º, nuevo, y los artículos primero a cuatro transitorios, nuevos, que son orgánicos constitucionales, por lo que, conforme a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, deben ser aprobados en general y en particular con el quórum de 27 señores Senadores.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por consiguiente, con excepción del artículo 9º, nuevo, y los artículos primero a cuarto transitorios nuevos, que son normas orgánicas constitucionales, se entenderían aprobadas todas las demás disposiciones, salvo que algún señor Senador solicite votación separada de ellas.
El señor CHADWICK .-
¡Todas!
El señor ESPINA.-
Pedimos que se voten todas.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Por lo tanto, dejando constancia de la solicitud de algunos señores Senadores, se votará artículo por artículo.
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
Si alguien quiere debate, tiene derecho a solicitarlo.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , como el artículo primero transitorio es esencial, ya que todos los demás hacen referencia a él y pudiera ocurrir que no sea aprobado, quiero hacer uso de la palabra cuando se ponga en discusión.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En consecuencia, iremos artículo por artículo, dejando constancia de la votación en cada uno de ellos.
Ofrezco la palabra sobre el artículo lº.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , como restan 10 minutos para el término del Orden del Día y el debate va a continuar, no sé si sea más conveniente iniciarlo mañana, porque el Senador que haga uso de la palabra ahora quedará desconectado de la discusión que se produzca después. Por lo tanto, quizás sea preferible empezar mañana.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Creo que debiéramos hacerlo ahora. A lo mejor, su despacho es muy rápido. Y si hay buen ánimo, se puede prorrogar la hora. Yo no emplearé más de dos minutos.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
En discusión el artículo 1º.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, hay dos normas del proyecto que son fundamentales y que sería lamentable que no se aprobaran.
La primera dice relación al traspaso de los procesos en referencia de la justicia militar a la justicia civil, que se encuentra en el artículo primero transitorio. Y la segunda da preferencia a las apelaciones de estas causas en las cortes respectivas.
La primera disposición señala que todos estos casos deben ser vistos por una justicia más imparcial; y la segunda se refiere a que las causas no se eternicen en las cortes de apelaciones.
Respecto de todos los demás preceptos, personalmente he sido siempre muy escéptico de que puedan cumplir alguna otra función.
Como por desgracia esas dos normas se refieren al artículo 1º, si éste no se llegara a aceptar, lamentaría profundamente que tampoco se aprobaran los artículos transitorios.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , no me referiré al tema de la competencia de los tribunales, porque eso se verá en su oportunidad. Pero sí quiero señalar que votaré en contra, porque francamente creo que se ha distorsionado absolutamente la idea original. Y hoy constituye un simple engaño aprobar una iniciativa que no tendrá aplicación práctica.
El proyecto original del Gobierno -aprobado por los Senadores y Diputados de la Alianza por Chile, según entiendo- apuntaba en una dirección correcta. Señalaba que, respecto de quienes poseían y aportaban información sobre delitos graves ocurridos durante el Gobierno militar -como homicidios, detenciones ilegales, secuestros, sustracción de menores-, no podía utilizarse dicha información en su contra para establecer su responsabilidad penal.
En segundo lugar, se establecía que la identidad de la persona que aportaba información se mantendría en secreto, con el propósito de evitar que pudiese el día de mañana ser objeto de venganza por haber entregado una información que guardó por años.
Pero, además, tenía un sinnúmero de limitaciones, porque no todo el que tuviese información se beneficiaría con el incentivo de entregar datos con el propósito de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Ésta era la finalidad.
Proyectos similares se presentaron durante los Gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei Ruiz-Tagle , según recuerdo. Estas iniciativas tenían un conjunto de limitaciones. Por ejemplo, no podían beneficiarse quienes habían participado como autores inductores, o sea, aquellos que, por tener mando, indujeron a una persona de menor grado a cometer delitos. Asimismo, no favorecían a los que intervinieron forzando, induciendo, instigando, ordenando la ejecución, ni tampoco a los cómplices o encubridores y a aquellos que hubieran actuado ilícitamente en forma sistemática.
En el fondo, el proyecto en debate establecía que el personal de baja graduación que tuviese información podía aportarla por un canal que permitiera abrir una brecha para conocer el destino de los detenidos desaparecidos y las exhumaciones ilegales.
Curiosamente, nosotros apoyamos lealmente la iniciativa del Gobierno. La Concertación no lo hizo de la misma manera y la rechazó. Y ocurrió una situación paradójica: quienes aprobamos el proyecto del Ejecutivo terminamos siendo acusados de querer la impunidad respecto de las personas que tenían información. La impunidad se nos imputaba a nosotros, pero no al Presidente de la República , que fue el autor del proyecto.
Presentamos una indicación con el propósito de reponer en su integridad el proyecto del Gobierno y, nuevamente, se produjo un gran rechazo.
Entonces, ¿qué nos proponen votar hoy día? ¡Un proyecto de ley que no sirve para nada! Y no sirve, porque establece que quien posea dicha información -sólo, siempre y cuando se trate de personas que hayan realizado el servicio militar, pero sin continuar una carrera castrense posterior- va a recibir una rebaja de pena de uno o dos grados. Éste es un engaño: nadie va a proporcionarla si le dicen que, por ello, en vez de ser condenado a cinco años de cárcel, se le va a aplicar tres años y un día.
A mi juicio, éste es uno de los típicos proyectos de ley que, de ser aprobados, generan una expectativa falsa que no cumple finalidad alguna.
Por otro lado, se termina imputándonos a nosotros querer la impunidad respecto de conductas que no hemos deseado.
Por tal razón, señor Presidente , junto con el Senador señor Chadwick y con otros más que fueron autores de la indicación para replantear el proyecto del Gobierno, la retiramos en su momento.
Luego de todas las normas dictadas en el último tiempo en relación con estos casos, creemos que la iniciativa que nos ocupa carece de toda relevancia. Además, hay una cuestión de fondo; a lo menos yo, bajo ninguna circunstancia, me haré partícipe de una estrategia absolutamente desleal respecto de los derechos humanos.
Cuando se trata de que la Alianza coopere para obtener información acerca de un requerimiento, como saber el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos, entonces nuestra colaboración, en lugar de interpretarse como un gesto para llegar a la verdad, se entiende como uno que busca impunidad. Pero cuando lo plantea el Presidente de la República , siendo una acción exactamente igual, recibe los aplausos por parte de un sector de la Concertación -habitualmente el Partido Demócrata Cristiano- y todas las quejas y críticas del socialismo, el cual sostiene que apunta a la impunidad.
Por lo tanto, señor Presidente , voy a votar en contra, para que sean los tribunales de justicia los que, de acuerdo con las normas vigentes, resuelvan cada una de estas materias. No voy a prestar mi aprobación a estas disposiciones, salvo que resuelvan la cuestión de fondo, como en su momento lo hicieron la Ley Antiterrorista, la Ley de Drogas o diversas otras legislaciones que apuntaban a la entrega de información objetiva con incentivos concretos y reales que, en este caso, permitirían alcanzar el fin loable, sano y moral que necesita el país, cual es que alguna vez se sepa dónde están los restos de los detenidos desaparecidos.
Estas iniciativas fracasaron en el pasado cuando fueron presentadas por los Gobiernos de la Democracia Cristiana. Hoy se nos plantea de nuevo otra; pero, si la Concertación no respalda al Presidente Lagos, no habrá ley.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , la argumentación que acabamos de escuchar de parte de la Oposición, a mi juicio, es completamente insostenible por varias razones y motivos. Nos lleva a una discusión bastante viciada respecto de un asunto que debería preocuparnos a todos.
Lo que hicieron la Cámara de Diputados y la Concertación, junto con el Gobierno, fue modificar y mejorar el proyecto que envió el Presidente Lagos , como ocurre con muchas iniciativas de ley. O sea, respaldar al Ejecutivo no significa -y nunca ha sido así- que los proyectos deben salir despachados por el Congreso tal cual entraron, porque, efectivamente, hay un trabajo y un aporte legislativo que, en este caso, hicimos -es bueno que lo sepa y escuche el Senador señor Espina - con pleno acuerdo del Gobierno y del Ministro del Interior .
¿Cuál era la cuestión? ¿En qué estábamos todos de acuerdo, incluidos algunos sectores de Oposición? En ver si podíamos establecer determinadas rebajas de penas a quienes entregaran información conducente al conocimiento del destino o del paradero de los detenidos desaparecidos. Y todos, a estas alturas del proceso político y judicial que vive el país, Chile en su totalidad, incluida la Oposición, han dicho una y otra vez -y lo vuelve a reiterar el Honorable señor Espina - que aquí nadie quiere impunidad. Ése es el tema.
Entonces, la discusión se hizo al margen, porque el proyecto original establecía determinadas inmunidades que se restringieron solamente a los conscriptos.
Es discutible el posible efecto de esta normativa; pero no se puede argumentar con certeza, porque desconocemos los alcances que tendría su aplicación. Tanto es así que, en el texto original, en relación con la rebaja de condena, se establecía un plazo de seis meses como algo excepcional.
No sabemos si estos incentivos van a derivar en verdad, pero sí que hay muchos probables enjuiciados que, con las rebajas en dos grados de las penas, incluso no siendo los responsables máximos ni habiendo participado como autores -se discutió en su momento que la calificación de autor en el Derecho Penal es muy amplia, pues en tal concepto se incluye a gente que no es la realizadora material ni intelectual de un acto, etcétera- quedarían finalmente sin ser condenados a privación de libertad.
Se puede discutir si eso traerá o no traerá más verdad. Porque lo que ha ocurrido no es tanto el empantanamiento judicial, sino una tremenda resistencia de los autores y de los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos a entregar la información que tienen. Eso es lo que ha entrampado los procesos.
No se trata de que no haya información, sino de que ha existido una tremenda resistencia, salvo en algunos casos, como el de Corbalán. Éste, en efecto, entregó muchos antecedentes. Por ello el proceso fue adelante. Y, ¿por qué entregó datos? Porque finalmente no estuvo disponible para seguir amparando a los mandos que habían ordenado los crímenes.
Ésa es la argumentación que se ha efectuado por parte de connotados abogados de Derecha, como el ex Diputado Luis Valentín Ferrada . Y en un aspecto éste tiene razón: están pagando tenientes y capitanes de la época por las órdenes que dieron generales.
La información que ha habido -cuando la hay los tribunales aceleran los procesos- provino precisamente de ciertos sectores intermedios del aparato represivo. Ellos no son todas las Fuerzas Armadas. Se repiten los mismos nombres en todos los procesos. Es una organización criminal que se amparó en el Estado, en la DINA. Eso ya está suficientemente acordado y establecido por todo el mundo.
Entonces, esto no debería ser hoy materia de confrontación entre nosotros, ni entre Oposición y Gobierno.
Por eso -y que me perdone el Senador señor Espina -, considero que su argumentación corresponde ¿si bien entiendo el sentimiento- a un tipo de actitud que ya tendríamos que superar, pues deberíamos poseer mayor amplitud para comprobar que efectivamente nadie está por la impunidad. Y creo, con sinceridad, que la Derecha no lo está.
En consecuencia, este proyecto no establece una impunidad que nadie quiere. Y hago mío el planteamiento del Honorable señor Viera-Gallo, pues por lo menos hay dos cuestiones que en el Senado deberían ser indiscutibles.
El señor LARRAÍN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Sólo pido un minuto, señor Presidente .
La primera cuestión es el paso de estos procesos de la justicia militar donde han estado entrampados por años, a la justicia civil. Hoy todo el mundo, incluidas las Fuerzas Armadas, pide rapidez.
La otra es el artículo segundo transitorio, referente a los ministros de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria y a los jueces con dedicación exclusiva. Tal norma va justo en el sentido que todos desean, tanto víctimas como victimarios: agilizar los procesos. Aquí nadie razonablemente puede querer eternizarlos.
Por tanto, invito a que abordemos esto con altura de miras, pues es posible que caiga el artículo 1º. Es discutible, pero en ningún caso tendría efectos negativos. Veremos si a los seis meses surge la verdad. Lo que sí tiene efectos positivos es la aprobación de los artículos primero y segundo transitorios.
El señor LARRAÍN ( Presidente ).-
El debate continuará mañana, pues no existe voluntad para prorrogar el tiempo.
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