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El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Debo hacer presente al diputado señor Seguel que las urgencias nos las pone la Mesa y que la modalidad de discusión de los proyectos corresponde a un acuerdo unánime de los Comités Parlamentarios, incluido su jefe de bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , conocidos los informes de las comisiones de Defensa y de Hacienda respecto de los proyectos en discusión, para un mejor análisis del problema, que es muy serio y complejo, resulta imprescindible observar la temática que nos ocupa desde una perspectiva mayor.
Estimaciones muestran que el sistema previsional de las instituciones en cuestión demandará de las arcas fiscales unos 319 millones de dólares, lo que en conjunto con las Fuerzas Armadas significa el 1,3 por ciento del producto interno bruto estimado para el período 1999-2037, déficit que ascenderá a 1.200 millones de dólares en 2006 y se disparará a 2.700 millones de dólares en 2030.
Esta situación fundamenta la necesidad imperiosa de buscar alternativas para viabilizar este sistema. Recordemos que el sistema previsional de las Fuerzas Armadas mantiene el antiguo esquema de reparto solidario que existió para todo el país hasta 1980. Este último utiliza una fórmula de beneficio basada en los años de servicio en la institución y una de sus principales características es que la pensión no se relaciona con la tasa de cotización, sino que depende de los años de cotización y del sueldo imponible en un lapso arbitrario al final de la carrera.
Las pensiones que se pagan al personal son financiadas con aportes estatales cubiertos por el presupuesto nacional, por las cotizaciones de los afiliados y por los descuentos del personal en retiro, quienes siguen imponiendo el 6 por ciento de su pensión, lo que no ocurre con los civiles, que cesan automáticamente de aportar el 10 por ciento a las AFP cuando jubilan. Esto es, francamente, discriminatorio, pues la Dipreca es la única caja de previsión que aporta al denominado fondo de revalorización de pensiones.
Producto de dicha obligación legal que, reitero, es la única, la Dipreca entregó al Estado, el año 2002, más de 2 mil millones de pesos, y en 2003, más de 3 mil millones, provenientes de los descuentos efectuados al personal.
Estos recursos podrían destinarse a solucionar los problemas en atención de salud que hoy enfrentan miles de funcionarios en retiro como consecuencia de la suspensión de convenios con las instituciones privadas por la crisis presupuestaria que afecta a la Caja y de la incorporación de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería sin la provisión de los recursos correspondientes, principalmente durante las administraciones de los presidentes Aylwin y Frei.
Es necesario reconocer también que la profesión de los uniformados es atípica. Tienen sueldos más bajos que los del mercado. Son profesionales con un ciento por ciento de disponibilidad horaria. No tienen derecho a horas extra ni menos derecho a huelga. Su riesgo de muerte o de quedar inválido es mucho más alto comparado con el de los civiles, situación que se ve agravada además por no disponer de seguros de vida de cargo estatal, aun cuando realizan una actividad pública.
Es cierto que trabajan menos años que los civiles, por lo que ahorran menos para su pensión, pero la decisión de retirarse no les pertenece. Para compensar los tempranos retiros obligatorios, el Estado les asegura un conjunto de beneficios previsionales y laborales que funcionan como incentivos para que los jóvenes entren a la carrera.
Conscientes de que se debe reformar el sistema, hay que dejar muy claro que las modificaciones no deben implicar de modo alguno pérdida de los beneficios adquiridos, tanto del personal en retiro como del activo. Gracias a las modificaciones introducidas por la Comisión de Defensa, que hizo un real esfuerzo por mejorar la iniciativa, ellos fueron resguardados, pero lamentablemente la Comisión de Hacienda no consideró los cambios, pues aprobó el proyecto en los mismos términos presentados por el Ejecutivo. Esto afecta gravemente la carrera funcionaria y desmotiva a la juventud de servir a su país desde la función policial.
Lo que motiva mi preocupación y fundamenta mi voto radica en que esta situación, atendida toda la problemática que estamos viviendo en materia de seguridad ciudadana, requiere, en mi opinión, ser analizada desde una perspectiva integral, en la cual lo económico sea una variable más, pero dentro de un abanico de lo que requiere el país.
Una verdadera reforma al sistema previsional sólo debe pensarse analizando completamente la carrera militar o policial, como en este caso. El objetivo de tal reforma no debería ser sólo para ahorrar recursos financieros, sino también para mejorar la estructura de modo de enfrentar, de mejor forma, los desafíos que tiene el país, que no son sólo del futuro, sino del presente. Por lo tanto, ello se inserta en la mirada modernizadora global que debiéramos tener del quehacer nacional en el ámbito de la seguridad y la defensa.
Entonces, la decisión central depende del valor presente del flujo completo de ingresos a lo largo de la vida de un uniformado, valor cuya estructuración temporal debe generar los incentivos de un compromiso productivo con la institución y la sociedad y, además, atender las cuestiones que hoy son más urgentes, como, por ejemplo, enfrentar el grave problema de la salud, ya que, en este momento, cientos de personas están sufriendo las consecuencias por la irresponsabilidad de quienes prometieron recursos que nunca llegaron, para, primero, garantizar el traspaso del personal de Gendarmería a la Dipreca -incluso el ministro de Justicia de la época empeñó su palabra-; segundo, permitir a la Dipreca celebrar convenios de atención de salud con el Fonasa, lo que resulta fundamental en provincias y localidades alejadas; tercero, crear un fondo de salud solidario en la Dipreca con los recursos de los excedentes producidos en el Fondo de Revalorización de Pensiones y que no demandaría gastos; cuarto, corregir las distorsiones en las remuneraciones. Por ejemplo, un suboficial mayor actualmente recibe alrededor de 500 mil pesos, en circunstancias de que un suboficial mayor que salió hace 20 años sólo gana 230 mil pesos.
Más grave aún es el tema de la reajustabilidad de las pensiones: los oficiales generales y sus equivalentes en las Fuerzas Armadas quedaron en el mismo nivel que el activo; o sea, cuando el activo recibe un reajuste, también lo reciben ellos, mientras que del suboficial mayor hacia abajo reciben un reajuste según el IPC.
Es prioritario discutir estas materias. El Ejecutivo debiera haberlas considerado en un proyecto como éste, pues de lo contrario queda la impresión de que el propósito es quitar derechos y postergar los problemas de fondo.
No se explica de otra manera cuando se revisa, por ejemplo, el artículo 70 bis del proyecto, que establece que tienen derecho al montepío la cónyuge sobreviviente que haya contraído matrimonio con el causante, a lo menos, con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento si es activo, y con tres años si el funcionario está en retiro. Ésta es una afrenta para la mujer y una muestra de fundamentalismo ajena a nuestras tradiciones.
Igualmente grave resulta eliminar como beneficiarias a las hijas solteras. Sin duda, hay que perfeccionar la norma, pero en ningún caso eliminarla, pues se dan casos en que un porcentaje importante de las hijas se han visto obligadas a dedicarse al cuidado de sus padres enfermos, siendo por lo demás su única compañía.
¿Qué ocurrirá cuando esas hijas, que han dedicado sus vidas a sus padres, se enfermen y sólo dispongan de los ingresos que significa el montepío de su progenitor?
Hay que ser extremadamente cuidadosos en el análisis de estas materias para hacer una distinción muy clara entre quienes verdaderamente lo necesitan, como en el caso que he ilustrado, y el de las hijas profesionales, pues, de lo contrario, enviaremos directamente a la indigencia a miles de personas.
Ligado a lo anterior, el artículo 125, sobre la cesación de asignatarios de montepío, exceptúa sólo a las personas con incapacidad o invalidez absoluta.
El señor LEAL ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , concluyó su tiempo.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , solicito dos minutos para concluir mi intervención.
El señor LEAL (Vicepresidente).-
Sólo dos minutos para redondear la idea.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , aprovechando la presencia de la ministra de Defensa , Michelle Bachelet , quiero terminar mi intervención diciendo que esto significa estar totalmente impedido para desarrollar cualquier actividad, lo que es una situación extrema. ¿Qué pasa con el resto de las patologías que también impiden acceder a una fuente laboral?
Resulta peligroso discriminar previsionalmente a los funcionarios civiles de Investigaciones y de Gendarmería e incorporarlos a todos en un mismo régimen, como ocurre, por ejemplo, con los asistentes policiales. Ellos son los conductores de los vehículos de la Policía de Investigaciones, quienes, por su función, están sujetos a un riesgo permanente, lo que no sucede con el resto de los funcionarios civiles de planta.
Igualmente discriminatorio y peligroso resulta eliminar el año de abono por concepto de realización del servicio militar, particularmente si se considera que se ha legislado para modernizar este último y fomentar la voluntariedad en el cumplimiento de esta carga pública y de reconocer, como servicio efectivo, sólo el primer año de permanencia a los aspirantes a oficiales.
Reconociendo que la Comisión de Defensa, tal como lo expresé, mejoró el proyecto, considero que éste no atiende los problemas de fondo que afectan a los funcionarios y, en particular, al personal en retiro. Por eso, siento el deber de votar en contra ambos informes, con la esperanza de que el Ejecutivo recoja estos planteamientos y se apruebe una ley que, junto con resguardar la totalidad de los derechos, se constituya en el mejor acicate para que nuestros jóvenes abracen esta hermosa carrera de servir a los demás y a su Patria.
He dicho.
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