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El señor LEAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , estamos ante un problema nacional de importancia estratégica. Están en discusión el tema previsional, las finanzas públicas y ciertos conceptos básicos de defensa nacional.
Las aproximaciones al tema que hicieron los diputados señores Dittborn y Seguel , que sólo se refirieron a aspectos puntuales y parciales, no ayudan a la discusión global de un problema que tiene varias implicancias y que es necesario enfrentar para ver qué solución le damos.
Ése es el marco de ambos proyectos.
Es importante tener presente que el 2003 el fisco aportó más de 1.000 millones de dólares para cubrir el déficit previsional de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería.
El aporte fiscal para el plan Auge se estima de 250 millones de dólares; por lo tanto, con esos fondos se podrían cubrir cuatro veces dicho plan.
Para este año, el fisco aumentó el aporte en casi 100 millones de dólares, llegando a un total de 1.100 millones de esa divisa destinados a cubrir el déficit previsional de este conjunto de instituciones.
Según un estudio encargado por el ministerio de Defensa el 2001, el aporte fiscal por este concepto llegará a 1.200 millones de dólares el 2006 y a 2.700 millones de esa moneda el 2030.
En 1989, el aporte fiscal para cubrir esa previsión era de 500 millones de dólares. En consecuencia, ha crecido a más del doble a la fecha. Entre 1989 y 2004 -óigase bien esta cifra-, el fisco ha aportado más de 12 mil millones de dólares a la previsión del sector. Con estos recursos se podrían haber hecho grandes cosas para el desarrollo nacional. Hago esta referencia para que se entienda la magnitud del problema.
Las imposiciones de los funcionarios del sector alcanzaron a 220 millones de dólares el 2003, cubriendo con ello sólo el 16 por ciento de su costo total.
El personal afecto a este sistema impone el 6 por ciento de su sueldo y no paga comisión por administración. El gasto por este concepto alcanza a más de 7 millones de dólares anuales entre Capredena y Dipreca. Recordemos que quienes imponen en el sistema de administradoras de fondos de pensiones imponen el 10 por ciento.
A junio de 2002, había cerca de 86 mil pensionados en Capredena, quienes reciben una pensión promedio de 600 mil pesos mensuales. Es importante recordar que en el sistema de AFP, la pensión promedio es de 108 mil pesos.
El sistema permite la jubilación a los veinte años de servicios, con 66,66 por ciento del último sueldo; a los 25 años de servicio, con 83,33 por ciento, y a los 30 años, con el ciento por ciento de la última remuneración. En los tres casos, además, se otorga un desahucio equivalente a 20, 25 ó 30 veces el último sueldo. Así, un coronel con treinta años de servicios recibe más de 40 millones de pesos por concepto de desahucio y una pensión mensual cercana a 1,5 millones de pesos.
Para el cálculo de los años de servicio también se computan los años de estudio en las escuelas respectivas y los del servicio militar, cuando corresponda, con un máximo de tres años.
Existe un montepío de ciento por ciento de la pensión para el cónyuge sobreviviente, y, de no existir éste, de 75 por ciento a parientes directos, hasta la calidad de hermana soltera. De esta forma, actualmente existen más de 14 mil hermanas e hijas solteras que reciben montepío.
El fondo de pensión, que corresponde a lo acumulado y capitalizado por el imponente, no se agota, como en las AFP. En el caso de Carabineros, hay pensiones que se extienden por más de cien años.
Las cajas previsionales también actúan como isapres, y cubren el ciento por ciento del gasto de salud de sus imponentes y el cincuenta por ciento de las cargas.
La cotización de salud de los afiliados fluctúa entre 1.5 y 5 por ciento, en circunstancias de que los afiliados al Fonasa y a las isapres cotizan un 7 por ciento.
Las cajas deben cubrir, con los fondos previsionales, los déficit que se generan en salud. También otorgan préstamos para vivienda en mejores condiciones que las del mercado, además de otros programas que benefician a los imponentes, sin costo para ellos.
Existe indemnización por fallecimiento, la que no sólo cubre la muerte en accidentes del trabajo. Por otra parte, hay jubilados que logran ser recontratados para completar años de servicio -hasta treinta-, de modo de obtener rejubilaciones y nuevos desahucios.
Hay que reconocer que los beneficios especiales del sistema son necesarios, porque, dada la estructura piramidal extrema de las Fuerzas Armadas, un gran número de sus integrantes es obligado a retirarse antes de los treinta años de servicio. Además, esto se asocia al riesgo que implica la carrera de las armas. Sin embargo, como el retiro también es voluntario, muchos, en especial quienes son demandados en el mundo civil, en particular los pilotos, aprovechan la pensión y el desahucio para retirarse a los 20 ó 25 años de servicio, cuando recién tienen 40 ó 45 años de edad.
No negamos, sino, por el contrario, asumimos la importancia de la Defensa y las condiciones especiales que deben tener los uniformados en su régimen previsional. Desde 2002, parlamentarios como Evelyn Matthei y diversos medios de comunicación, como el “Diario Financiero”, “El Mercurio·”, “La Tercera” y Canal 13 han llamado la atención respecto de la situación previsional deficitaria de las Fuerzas Armadas, insinuando la responsabilidad del Gobierno por no haber tomado iniciativas en los últimos años. En agosto de 2003, el Fondo Monetario Internacional señaló que el sistema financiero de la defensa en Chile era deficiente y poco transparente. Algunos medios de comunicación, en especial “El Mercurio”, han señalado que cualquier reforma que apunte a establecer un sistema de capitalización, como el de las AFP, que asumiría los aportes individuales, hace recomendable establecer un sistema de bonos compensatorios a cargo del Estado para cubrir la diferencia que se produciría entre el momento del retiro y la edad en que la AFP entregue la pensión.
En octubre de 2003, el Gobierno presentó proyectos para modificar la previsión de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Su intención era eliminar algunos abonos de años de servicio válidos para el retiro, suprimir las dobles pensiones, evitar reliquidaciones de las pensiones de retiro, establecer restricciones a beneficios médicos, eliminar montepíos a hermanas e hijas solteras mayores de edad y trasladar a todo nuevo personal de Gendarmería y a parte del personal civil de otras instituciones, a las AFP. A juicio de quienes elaboraron estos proyectos, dichas medidas permitirían una disminución en el aumento del aporte fiscal en unos 2 mil millones de pesos durante el primer año posterior a la reforma -un poco más de 3 millones de dólares-, es decir, sólo el 0,3 por ciento del aporte fiscal. Asimismo, se proyecta que en 2014, el aumento se reduciría en 50 mil millones, es decir, en 80 millones de dólares, con lo cual el aporte fiscal llegaría a los 1.800 millones de dólares.
Tanto la proyección como la actual situación del déficit de aporte fiscal de la previsión del sector constituyen un cierto obstáculo para los programas de desarrollo del país. El gasto en defensa al que debe incluirse el de la ley reservada del cobre que se proyecta para este año en unos 500 millones de dólares, no ha dejado de aumentar en los últimos quince años. Sumados los gastos en previsión, los recursos provenientes de la ley reservada del cobre y la ley de Presupuestos del sector, se llega a más de 3 mil 360 millones de dólares para 2004.
El tema previsional constituye uno de los factores más importantes en cuanto a la existencia de Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile eficientes. Su mal tratamiento puede convertirse en un problema mayor. Los niveles actuales en materias previsionales, de remuneraciones y otros, son elementos claves en la mantención del prestigio y legitimación de las instituciones de la defensa.
Es necesario introducir más cambios. Debemos acoger las modificaciones planteadas por el Gobierno, pero hay que estudiar otras a futuro. Debe aumentarse el número de años laborales y desincentivar los retiros voluntarios. Es muy inconveniente que pasen a retiro funcionarios de 40 ó 50 años de edad, ya que es la etapa de su mayor capacidad y potencialidad.
Rechazamos la idea del bono compensatorio porque generaría nuevas distorsiones.
Se deben reducir los ingresos de personal a las instituciones y establecer cambios en los flujos de ascenso y retiro.
En áreas supuestamente deficitarias, se debe utilizar a personal activo y terminar con las contrataciones a honorarios y las rejubilaciones.
Finalmente, quiero decirle al diputado Seguel que podemos debatir si introducimos cambios o no en un determinado sector, pero eso no da cuenta del problema de fondo. Lo importante es analizar otras alternativas y buscar soluciones, porque esto representa un porcentaje muy alto del gasto fiscal. Debemos buscar una mejor respuesta al tema previsional de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y, en esa perspectiva, los proyectos del Ejecutivo tendrán más racionalidad y coherencia con los objetivos generales del país.
He dicho.
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