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El señor LORENZINI ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Jorge Burgos .
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, luego de escuchar las distintas intervenciones, quiero referirme en particular a lo expresado por el diputado señor Montes, cuyos argumentos no han sido rebatidos.
Las cifras que dio a conocer demuestran, en forma definitiva, el gasto que implica para todos los chilenos la mantención del sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar una cifra: hay que poner 1.100 millones de dólares al año para financiar dicho sistema, lo que indica que algo no anda bien. De allí que nadie puede oponerse a hacer los primeros esfuerzos para corregir tal situación.
Respecto de los testimonios y de las audiencias efectuadas en la Comisión de Defensa, es bueno recordar que la parte esencial de los proyectos en discusión fue debidamente analizada y consensuada en las comisiones técnicas que funcionaban en el Ministerio de Defensa. Ergo, ese elemento no puede sino tenerse presente a la hora de votar, puesto que existe un reconocimiento explícito de que varias cuestiones que hoy dan cuenta de maniobras complejas en virtud de disposiciones legales que probablemente no tenían ese objetivo inicial, se han convertido en una verdadera sangría desde el punto de vista de los recursos fiscales, a lo cual hay que ponerle atajo. Ese tema está consensuado y, en consecuencia, no me parece que sea el momento de discutirlo.
Asimismo, resulta de toda necesidad no sólo establecer estas normas, sino que seguir buscando la forma de terminar con discriminaciones, lo que no significa perjudicar a ciertos sectores; todo lo contrario, significa igualar a las personas en un sistema que todos respaldamos. Cuando hablamos del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, decimos que es necesario efectuar algunas modificaciones para que sea más justo, pero nadie pone en duda que es un sistema fundamental.
Entonces, no encuentro lógico sostener que es malo establecer que otras personas ingresen a ese sistema; más bien, debería ser aplaudido, desde el momento en que decimos que se trata de un sistema que, en términos generales, funciona bien. Y, así, tenemos una serie de tareas por delante.
Quiero decirle con todo respeto a la ministra que, en la medida en que uno empieza a meterse en el tema, descubre algunas leyes que, a mi juicio, deberían ser modificadas a la brevedad. Por ejemplo, la ley Nº 16.752, de 1968 -el diputado Seguel me pidió que la mencionara-, establece un impuesto de 2 por ciento sobre el monto de las facturas que paga la Dirección General de Aeronáutica, el cual es retenido y percibido por dicha institución y su producto es destinado a financiar el costo de la atención médica de los funcionarios. Me dicen que, por esa vía, se recaudan alrededor de 1 millón 500 mil dólares, que se destinan a un grupo de funcionarios que no pasan de los mil, más sus familias. Un millón y medio de dólares que contempla una ley, además, de dudosa constitucionalidad, porque fija un impuesto en beneficio de un grupo no pequeño, sino sumamente pequeño.
Estamos en presencia de un sistema que tiene graves grados de discriminación, y lo que hacen estos proyectos es corregir esa situación.
En consecuencia, me parece que debemos votar favorablemente los informes de la Comisión de Hacienda a fin de que estas iniciativas puedan prosperar.
He dicho.
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