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La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO .-
Señora Presidenta , los proyectos sobre la materia son importantes, y a muchos nos gustaría que se solucionara el conjunto de problemas pendientes que se deriva de la violación sistemática de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura.
En primer lugar, debe reconocerse que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación, que han promovido arduos debates, no se ha logrado satisfacer las legítimas demandas de los familiares de las víctimas de la represión. Ese es un hecho.
Una de las medidas legislativas más importante es la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que estableció una política de reparaciones para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, reconocidas como tales por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Estableció una pensión mensual de reparación, bonificación compensatoria de monto único, beneficios médicos y educacionales para los hijos legítimos, naturales o adoptivos de las víctimas.
La Corporación tenía una vigencia por dos años, que podía ser prorrogada por una vez; pero lamentablemente en el Congreso Nacional no se contó con los votos ni la comprensión de los diputados de Derecha para prorrogarla. Hay que mencionar este hecho para no cometer el mismo error. El problema no puede ser politizado, pues es de humanidad, de convivencia y de Estado.
Después de 30 años del comienzo de la dictadura y de los muchos esfuerzos realizados para avanzar, un conjunto de chilenos sigue reclamando de la sociedad reparaciones justas que compensen, al menos, en parte, el dolor o la pérdida sufrida por un acto violatorio de sus derechos como consecuencia de la acción de agentes del Estado.
Los exonerados políticos, los exiliados, los ex presos políticos, los torturados, que se cuentan por miles, son actores importantes de este proceso y han manifestado sus demandas. Para nosotros es una obligación inevitable conversar sobre ellas para que sean satisfechas. La Democracia Cristiana está convencida de que Chile tiene una deuda en este sentido.
El desafío de la sociedad chilena es alentar la verdad y la justicia, proveer de reparaciones económicas y promover políticas públicas destinadas a que, desde la institucionalidad del Estado, se vele por el respeto al legado de las víctimas, a la promoción y a la protección de los derechos humanos.
La Democracia Cristiana se siente orgullosa en el plano de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hace pocos días, nuestro partido le rindió un justo homenaje a don Jaime Castillo Velasco , abogado y camarada nuestro que trabajó desde el comienzo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, nos sentimos orgullosos de haber tenido también a muchas otras figuras que trabajaron en este tema. En su memoria, queremos seguir colaborando en este trabajo.
En materia de derechos humanos, la Democracia Cristiana le hizo una propuesta al Gobierno, y dividió el tema en tres partes:
Primero, alentar la verdad y la justicia.
Segundo, proveer de reparaciones económicas compensatorias, que tiene que ver con el proyecto en discusión.
Tercero, la promoción de políticas públicas, destinadas a promover y proteger los derechos humanos, con una mirada hacia el futuro.
Respecto del primer punto, es decir, de alentar la verdad y la justicia, la Democracia Cristiana le señaló al Gobierno que éste es, quizás, uno de los temas más relevantes. Por tanto, no va a hacer nada que signifique alguna forma de punto final o términos anticipados de los diversos procesos judiciales actualmente en trámite. Por el contrario, hemos alentado el accionar de los tribunales de justicia. Y ese no es un hecho menor, porque de repente nos tratan de estimular con otro tipo de proyectos o por otros caminos con el objeto de resolver situaciones que se dan en los tribunales para evitar que tales o cuales personajes e instituciones sigan recorriendo los pasillos de los mismos. Ante eso, hemos dicho que los tribunales tienen que seguir trabajando y actuando como corresponde. No obstante, haremos lo que corresponda en el momento en que el Congreso Nacional analice el proyecto sobre esta materia.
Al país le ha hecho muy bien el tremendo esfuerzo que los jueces han realizado en ese sentido. En esto ha habido un avance impensado, ya que poco a poco muchos juicios criminales están develando lo ocurrido, detallando los hechos y responsabilizando a los culpables. Es cierto que eso es doloroso para todos los involucrados, tanto para las familias de las víctimas, quienes tienen que revivir tan tristes recuerdos, como para los victimarios y sus familiares, quienes no logran huir de la mirada cuestionadora del país y de sus tribunales.
Hay una primera declaración según la cual la sociedad chilena y sus instituciones civiles y militares no deben olvidar el gran objetivo que hemos planteado desde siempre. Nuestra obligación central -que voy a reiterar en esta Sala- ha sido trabajar por ubicar los restos o saber el paradero o destino de los desaparecidos políticos, pues sus familiares siguen esperando respuesta. Por lo tanto, si no hay fórmulas de diálogo o de encuentro que permitan recibir más información, nuestra obligación es dejar que los tribunales de justicia avancen en estos asuntos.
También hemos dicho que es muy importante, tal como lo ha solicitado la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la realización de un pronto examen del número de víctimas cuyos procesos aún no tienen jueces exclusivos, a fin de avanzar en esa designación, o bien, que quienes ya están designados asuman esas causas.
En materia de proveer de reparaciones económicas compensatorias, que tiene que ver con este proyecto, en esa oportunidad le señalamos al Gobierno que este debate debe tender a que exista una reparación ética por parte de la sociedad chilena y que ello no puede quedar reducido sólo a los aspectos relativos a las compensaciones económicas. Eso es muy importante. Además, nunca vamos a aceptar que, de alguna manera, estas compensaciones económicas tengan un objetivo que signifique una moneda de cambio para la impunidad. Yo sé que esa posibilidad no ha sido considerada por el Gobierno ni tampoco por la Democracia Cristiana, la cual tiene una posición bien clara en este sentido. Nada que signifique una moneda de cambio para impedir el avance de la justicia y de la verdad en Chile.
De todas maneras, el desafío es responder en algún momento a todas las demandas sociales de quienes se sienten postergados o discriminados, especialmente en temas relacionados con empleo, seguridad social, salud y educación. Sabemos que las graves violaciones a los derechos humanos, sumadas a los efectos de procesos penales, ha generado en las víctimas la percepción de que no son escuchadas; les embargan sentimientos de haber sido vejadas e ignoradas y, sobre todo, en muchos casos están convencidas de no haber recibido justicia. Todo esto significa que sus problemas no han sido resueltos. Sobre todas estas materias le decimos al Gobierno que le ofrecemos nuestro respaldo para avanzar todo lo que sea posible en los distintos aspectos relacionados con reparación.
Entendemos que es necesario avanzar en materia de pensiones, empleo, salud, beneficios médicos, educacionales, etcétera. Consideramos que este proyecto es insuficiente, y aceptamos las críticas formuladas por las agrupaciones de familiares. Sin embargo, confiamos en que en la Comisión podamos hacer un mayor esfuerzo por mejorarlo. El país debe tener conciencia de que este tema es muy importante y de que hay miles de chilenos que requieren una compensación digna -ésa es la palabra- y justa. El país puede hacerlo y los afectados merecen que así ocurra.
Sobre esta materia, también hemos señalado que debemos enfrentar otro grave problema que se ha presentado en el último tiempo y que ha generado inquietud en los familiares de las víctimas. Me refiero al rechazo de las demandas civiles de indemnización, a raíz de la prescripción de la acción civil que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado, tesis que, lamentablemente, ha sido acogida por nuestros tribunales. El Consejo de Defensa del Estado sostiene que su obligación es resguardar los intereses del Estado, para lo cual es necesario exigir la estricta aplicación de la ley; de lo contrario, estaría cometiendo una infracción legal.
Esta situación ha creado problemas porque, obviamente, las demandas por indemnización han empezado a ser rechazadas por los tribunales. La Democracia Cristiana le propuso al Gobierno dos fórmulas para resolver la materia -por desgracia, no fuimos escuchados y no nos dieron respuesta-: primero, modificar la ley, en el sentido de que las acciones civiles de indemnización por graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, permitiendo que la cuantía de las indemnizaciones sean reguladas por los tribunales de justicia, y, segundo, otorgar facultades a alguna institución que represente al Estado, a fin de acordar extrajudicialmente con los representantes de las víctimas o con sus familiares, indemnizaciones cuyos montos sean establecidos mediante una tabla indemnizatoria proporcional al grado de parentesco y a otras variables determinadas por ley, considerando experiencias existentes en el derecho internacional.
Para la Democracia Cristiana éste era un tema importante y, por eso, solicitábamos ajustarnos a los principios y lineamientos básicos sobre derecho a reparación por graves violaciones a los derechos humanos y sobre derecho humanitario, elaborados a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sé que el Gobierno puede decirnos que, como Estado, estamos cumpliendo en materia de reparaciones y compensaciones, y que, por lo tanto, cualquier demanda que se presente ante un tribunal internacional -no sólo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- podría ser fácilmente contestada a dichas entidades.
Pero más allá del aspecto estrictamente legal, ésta es una indemnización a la cual tiene derecho cualquier chileno que recurra a la justicia reclamando haber sido víctima de atropellos a los derechos humanos, y el tribunal, después de acoger su demanda, le concede una indemnización que repare el perjuicio sufrido. Lamentablemente, hemos visto que los familiares de las víctimas no tienen derecho a este beneficio por una cuestión legal: la prescripción. Recién ahora están en condiciones de recurrir a tribunales que les den la razón; antes no ocurría así, y, por eso, es obvio que los plazos para iniciar una acción civil prescribieron.
Por lo tanto, nuestra responsabilidad es velar por este tema, que probablemente implica mucho dinero, pero que se relaciona con justicia y dignidad, ¡y nosotros estamos aquí para defender esos principios! De lo contrario, vamos a empezar a determinar cuánto vale cada una de las víctimas o el daño sufrido por cada una de ellas. Ése no es el tema. Existen ejemplos al respecto, como el caso del ministro de la Corte Suprema que fue operado de la cadera que no correspondía en el hospital Militar y que luego fue beneficiado por una resolución de sus pares que le permitió recibir una indemnización de 70 millones de pesos o una cifra similar por los perjuicios que sufrió.
En estos casos, el dolor de las víctimas y los perjuicios que ellas sufrieron son muchísimo más graves que el que provoca una equivocación en una operación de cadera, porque fue el Estado chileno, a través de sus agentes, el que actuó en contra de ellas.
Por lo tanto, éste es un tema importante para nosotros. Va a quedar pendiente, porque no fue abordado en este proyecto, pero vamos a tener que seguir trabajándolo en algún momento.
Vamos a tratar de solucionar algunas cosas, cuestión que el Gobierno sabe, como el tema de las fechas para obtener beneficios del Prais o el pago de algunas indemnizaciones que se establecen en el proyecto -me imagino que eso se podrá ir arreglando-; pero queremos, por lo menos como Democracia Cristiana, dejar establecidos algunos principios básicos que nos interesan.
Vamos a estudiar otros proyectos en relación con estas materias; pero nosotros ya presentamos al Gobierno, como tercer tema, la idea de que, de aquí para adelante, estamos obligados a establecer políticas públicas que protejan y promuevan los derechos humanos. En nuestro documento hablamos de la creación del Defensor del Pueblo o de la Subsecretaría de Derechos Humanos, temas que no han sido tratados. Debiéramos conversarlos, porque el “nunca más” también tiene que ver con eso. O sea, si nosotros reafirmamos la idea de que “nunca más”, obviamente tenemos que ver cómo el Estado alienta o estimula acciones en ese sentido, a través de instituciones, de políticas o de programas.
Hay otros temas pendientes. Como Congreso, tenemos la obligación de ratificar la Convención sobre desaparición forzada de personas. Además, el Gobierno tiene que apurarse en la tramitación del Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, a fin de que lo aprobemos a la brevedad. Y hay otros convenios sobre los cuales debiéramos trabajar, cuestión que la Democracia Cristiana también hizo presente al Gobierno. Esos temas están pendientes. Seguiremos conversando e insistiendo en ellos.
Por ahora, vamos a votar favorablemente la idea de legislar. Les pedimos a las demás bancadas que procedan de la misma forma. Comprendemos y aceptamos que la iniciativa en estudio es insuficiente; pero al no tener otra posibilidad, lo obvio y lo lógico es que aprobemos la idea de legislar. Ojalá que podamos acompañar a los familiares de las víctimas de derechos humanos para ir mejorando esos proyectos.
He dicho.
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