REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 351ª, ORDINARIA Sesión 3ª, en jueves 10 de junio de 2004 (Ordinaria, de 10.39 a 13.57 horas) Presidencia de los señores Lorenzini Basso, don Pablo, Leal Labrin, don Antonio, y Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 Remisión de proyecto a Comisión9 Autorización a Comisión Investigadora para sesionar simultáneamente con la Sala9 V.Orden del Día. Modificación del Código de Conductas Parlamentarias10 Perfeccionamiento de procedimiento de interdicción de discapacitados mentales. Modificación de la ley N° 18.600. Segundo trámite constitucional17 Incorporación al Código del Trabajo de normas de protección de trabajadores en carga y descarga de manipulación manual. Primer trámite constitucional25 VI.Proyectos de acuerdo. Preocupación por situación en Medio Oriente. (Votación)32 Aumento de recursos para programa de enlaces del Ministerio de Educación32 VII.Incidentes. Pavimentación del paso Huahum en provincia de Valdivia. Oficio34 Construcción de puentes en comuna de San José de la Mariquina. Oficio35 Protección de sistemas de comunicaciones básicos. Oficio35 Atención de emergencia en hospital de Copiapó y situación de otros hospitales de la Región de Atacama. Oficio36 Fiscalización a las radios comunitarias. Oficios37 Cierre de colegios para niños con problemas de lenguaje de Llanquihue y Puerto Montt por mal uso de subvenciones. Oficio38 Labor e importancia de la Corporación para la Regionalización del Biobío. Oficios40 Antecedentes sobre situación financiera de Municipalidad y Corporación Municipal de Valparaíso. Oficio42 Antecedentes sobre información aparecida en “Diario Financiero”. Oficio43 Información sobre radioemisores de mínima cobertura. Oficio43 Ampliación de facultades fiscalizadoras y mayor presupuesto para la Contraloría General de la República. Oficios44 Pág. Adhesión a homenaje a Corbiobío. Oficios44 Denuncia en proceso de estratificación social. Oficio46 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de precisar o corregir normas sobre el proceso electoral. (Boletín Nº 341706)48 2.Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, que modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo de 1947. (Boletín N° 338710)48 3.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (Boletín N° 322304)49 4.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (Boletín N° 322304)85 Proyectos de ley de origen en moción: 5.De los diputados señores Errázuriz e Ibáñez, que modifica requisito de edad para contraer matrimonio civil. (Boletín N° 355518)122 6.De los diputados señores Pedro Muñoz, Álvarez, Encina, Hidalgo, Pérez, don José; Tuma, y Tapia, que modifica la ley N° 19.925, creando nueva categoría de patente de alcoholes y flexibilizando las limitaciones a la instalación y funcionamiento de los expendios que indica. (Boletín N° 355311)122 7.De los diputados señores Burgos, Saffirio, Riveros, Hales, Bustos, Silva y Seguel, que modifica el Código Penal en materia de cumplimiento de pena para personas que indica. (Boletín N° 355407)124 IX.Otros Documentos de la Cuenta. 1.Nota: De la Comisión Investigadora Relativa a la Tala Ilegal del Alerce por la cual indica que ha procedido a elegir como su Presidente al diputado señor Fidel Espinoza Sandoval; y requiere autorización de la Sala para celebrar sus sesiones los días jueves, de 11:00 a 13:00 horas. De la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana por la cual requiere autorización de la Sala en orden a que el proyecto que modifica la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional boletín N° 334707 (radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia), le sea remitido a ella, en atención a que se encuentra analizando diversas iniciativas de ley relacionadas con la violencia en los espectáculos de fútbol profesional y requieren, por cierto, un estudio conjunto. Del señor Jefe de Bancada de Diputados del Partido Renovación Nacional por la cual comunica que el diputado señor Martínez será reemplazado en forma permanente por el diputado señor Palma, en la Comisión Especial de Discapacitados. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (87) --Accorsi Opazo, Enrique --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Araya Guerrero, Pedro --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Espinoza Sandoval, Fidel --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Letelier Morel, Juan Pablo --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Navarro Brain, Alejandro --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Saffirio Suárez, Eduardo --Salaberry Soto, Felipe --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Tapia Martínez, Boris --Tohá Morales, Carolina --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Uriarte Herrera, Gonzalo --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Edmundo Salas y Jorge Tarud. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor LORENZINI (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor LORENZINI (Presidente).- El acta de la sesión 87ª de la legislatura 350ª se declara aprobada. El acta de la sesión 88ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor LORENZINI (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sobre la Cuenta, pido la palabra. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, nos parece bien que la Comisión Investigadora sobre tala ilegal del alerce se haya constituido y elegido a su presidente, pero no puede celebrar sus sesiones los jueves de manera paralela a la sesión de Sala, como se indica en el número 4 de la Cuenta. De acuerdo con nuestro reglamento y con las normas adoptadas en la Comisión de Régimen Interno, para ello se requiere autorización de la Sala. Por lo tanto, no acepto esa decisión hasta que se trate el tema en la Comisión de Régimen Interno. El señor LEAL (Vicepresidente).- La Mesa coincide plenamente con la opinión del diputado Álvarez y, por lo tanto, enviará un oficio a esa Comisión Investigadora para que fije otro horario de sesiones. El señor RECONDO.- Señor Presidente, la Comisión acordó sesionar en ese horario, en el entendido de que se solicitaría, de manera previa, la autorización de la Sala o de la Comisión de Régimen Interno. Entendemos que reglamentariamente no se puede proceder de la manera consignada en la Cuenta. El señor LEAL (Vicepresidente).- Como no tenemos el oficio respectivo, lo veremos en el momento que corresponda. REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN. El señor LEAL (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, en orden a remitirle el proyecto que modifica la ley Nº 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos del fútbol profesional, que está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Habría acuerdo? Acordado. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN INVESTIGADORA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor LEAL (Vicepresidente).- Acabo de recibir una comunicación de la Comisión Investigadora de la tala ilegal del alerce, por la cual solicita que recabe el asentimiento de la Sala para que pueda sesionar simultáneamente con ella los jueves, de 11 a 13 horas. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. V. ORDEN DEL DÍA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTAS PARLAMENTARIAS. El señor LEAL (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de acuerdo, iniciado en moción, que modifica el Código de Conductas Parlamentarias. Diputado informante de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento es el señor Pablo Lorenzini. Antecedentes: Moción, boletín Nº 346216, sesión 50ª, en 22 de enero de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 16. Informe de la Comisión de Régimen Interno, sesión 1ª, en 8 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 16. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo, iniciado en una moción de la diputada señora Isabel Allende y de los diputados señores José Antonio Galilea, Enrique Accorsi, Rodrigo Álvarez, Pedro Muñoz, Carlos Olivares, José Pérez, Carlos Recondo, Carlos Vilches y Edmundo Villouta, que incorpora diversas enmiendas en el Código de Conductas Parlamentarias a fin de fortalecer y facilitar el cumplimiento de las tareas que ese cuerpo normativo otorga a la Comisión de Ética de la Corporación. De todos resulta conocido lo importante que ha sido la labor desarrollada durante estos años por la Comisión de Conducta Parlamentaria. Como se indica en el informe, fue un verdadero acierto crear dicha instancia, pues sus dictámenes han tenido una clara función orientadora, que permite a todos los diputados conocer con precisión los principios éticos que deben estar presentes en nuestro actuar. No obstante lo anterior, como toda obra humana, los preceptos de nuestro Código de Conductas Parlamentarias son perfectibles. La experiencia de estos años llevó a los autores de esta iniciativa, los integrantes de la Comisión de Conductas Parlamentarias, a proponer la revisión de algunas de sus disposiciones para adecuarlas a ciertos requerimientos que parece imperioso incorporar. Asimismo, se pretende fortalecer aspectos en los que se han detectado falencias susceptibles de subsanar. Básicamente, el proyecto en informe busca concretar las siguientes ideas matrices: 1.Ampliar la competencia de la Comisión de Conductas. 2.Fijar de modo permanente el número de sus miembros y la forma de su designación. 3.Reconocer en su Estatuto algunas normas mínimas de procedimiento que, en la práctica, ha adoptado y otorgarle la suficiente flexibilidad para incorporar aquellas que surjan en lo sucesivo. 4.Establecer claramente cuál será su facultad sancionadora y orientadora. 5.Determinar, para el futuro, un quórum especial para modificar las disposiciones del Código de Conductas Parlamentarias. 6.Precisar la duración del mandato de los actuales integrantes. Seis propuestas muy claras que potencian el trabajo de la Comisión. La iniciativa consta de un artículo único que comprende cinco números, que modifican diversos artículos del Código de Conductas Parlamentarias. No me referiré a dichas modificaciones, pues aparecen claramente expresadas en el informe. En la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, la opinión unánime de los jefes de los Comités parlamentarios fue aprobar estas propuestas por considerarlas importantes, necesarias y prudentes. Las opiniones de los señores diputados fueron contestes en la necesidad de introducir cambios en la normativa que regula el quehacer de la Comisión de Conducta, a la cual se le debe conceder un conjunto de nuevas facultades para fortalecer su desempeño. En consecuencia, el proyecto fue aprobado por unanimidad, lo que resalto para conocimiento de los honorables colegas. Al considerarse en particular cada una de las enmiendas contenidas en el proyecto, se estimó conveniente estudiar con mayor detención ciertas propuestas, para precisar algunos de sus contenidos. Partícipes de esta revisión fueron los propios autores del proyecto, quienes formularon indicaciones con el objeto de mejorar la iniciativa. En tal sentido, se corrigió el mecanismo de integración de la Comisión, con el objeto de que cada partido con representación parlamentaria designe un integrante de este órgano colegiado. Si se produce diferencia, se completará en forma proporcional. Para ello se empleará el sistema establecido en el inciso segundo del artículo 213 del Reglamento de la Cámara de Diputados. La segunda enmienda que quiero destacar dice relación con la competencia de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, específicamente con las personas y organismos que podrán requerir su pronunciamiento. Este tema se ha conversado en la Sala, con motivo de la intervención de esta Comisión. La fórmula aprobada permitirá que sea la comisión la que se pronuncie respecto de determinados actos, y, para ese efecto, invitará al o los diputados involucrados. Con esto se desecha la posibilidad contenida en la moción original, de que otros órganos, más propios de la conducción política, como los jefes de Comités o las propias bancadas, puedan requerir una opinión. En virtud de que los hechos de que conoce la Comisión de Conducta Parlamentaria obedecen única y exclusivamente a cuestiones en que está en juego la responsabilidad individual y personal de uno o más diputados, se estimó conveniente que la atribución de iniciar un procedimiento en esa instancia quedara radicada en la decisión del propio afectado, como ocurre en la actualidad, o comenzara por acuerdo interno del propio órgano de conducta, al que se le concede la atribución de invitar a uno o más diputados en lo que respecta a su quehacer. Ambas indicaciones, así como el resto de la iniciativa, fueron aprobadas en forma unánime. Por último, reitero la importancia de aprobar las modificaciones al Código de Conductas, en la idea de continuar fortaleciendo las acciones tendientes a lograr transparencia, modernidad y rigurosidad ética, todo lo cual debe inspirar nuestro actuar político en pos de alcanzar el bien común que todos deseamos para nuestros compatriotas y, al mismo tiempo, enaltecer la función pública en la que estamos comprometidos. Agradecemos el trabajo desarrollado hasta ahora por esta Comisión. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, quiero manifestar mi alegría por la aprobación unánime de las modificaciones, presentadas por la ex Presidenta de la Corporación diputada Isabel Allende y los miembros de la Comisión de Conducta Parlamentaria, y expresar mi confianza en que esta Sala se pronunciará de igual manera. Quiero hacerme cargo de un par de aspectos que me parece importante resaltar sobre el proyecto en debate. Durante a lo menos tres años, la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados ha venido trabajando sobre el Código, y la experiencia nos enseñó que era necesario fortalecer algunas de sus competencias y facultades para su mejor funcionamiento. En tal sentido y como señaló el diputado informante, fue preciso consagrar en nuestro reglamento una práctica frecuente en la Comisión: invitar, por acuerdo unánime de sus miembros, a determinados parlamentarios por hechos que ameritaran la participación y el pronunciamiento de la Comisión. Cada vez que esta práctica fue utilizada por la Comisión, se llevó adelante manteniendo las reservas del caso y sin hacerlo público, a fin de resguardar la integridad y el honor de muchos diputados que concurren a la Comisión, de modo de someter sus conductas a un pronunciamiento de ésta, pero también para atender las legítimas dudas que pudieran surgir en cuanto a que esas conductas se avengan a lo establecido en el Reglamento y el Código de Conductas Parlamentarias. Reitero, con esto se introduce una modificación muy importante, cual es consagrar en el Reglamento interno y en el Código de Conductas Parlamentarias la posibilidad de que la Comisión, por acuerdo unánime de sus miembros, invite a parlamentarios a pronunciarse respecto de determinadas materias. Del mismo modo, en particular en los dos últimos años de funcionamiento de la Comisión, ha sido necesario establecer en el Código de Conductas Parlamentarias algunas prácticas que nos hemos visto obligados a adoptar en ella, puesto que no había normas en nuestro Reglamento interno sobre la materia, por ejemplo, para esclarecer debidamente y que todos los parlamentarios lo sepan cuándo los pronunciamientos de dicha Comisión son reservados y cuándo públicos. A juicio de ella, se ha seguido una doctrina muy sana, en el sentido de que cada vez que un parlamentario recurre en forma pública a la Comisión de Conducta Parlamentaria, los pronunciamientos de ésta siempre deberán tener ese carácter. Del mismo modo, cuando el requerimiento es reservado, el pronunciamiento de la Comisión tendrá ese carácter. El diputado informante manifestó la necesidad de dejar claramente establecida la conformación de la Comisión, lo que, por lo demás, no hace sino garantizar que todos los sectores representados en la Cámara de Diputados tengan a lo menos un miembro en aquélla. Más allá de cualquier consideración de carácter político, se requiere, sin duda, que la Comisión de Conducta Parlamentaria cuente con un miembro de cada una de las sensibilidades que se expresan en esta Corporación. Por último, una breve explicación. Puede llamar la atención de algunos parlamentarios el hecho de que los mismos autores de esta iniciativa hayan presentado una indicación para retrotraer dos aspectos que habían sido parte del proyecto original. El primero consistía en dotar de ciertas facultades a las bancadas para poner a disposición de la Comisión a un diputado; el segundo, en dotar también de esta facultad a los Comités. Una reflexión posterior a la presentación del proyecto, llevada a cabo en el seno de la Comisión de Conducta Parlamentaria, nos llevó al convencimiento de que esto era avanzar más allá de lo necesario, puesto que si ya quedaba consagrada la posibilidad de que la Comisión, por acuerdo unánime, invitara a parlamentarios a concurrir a ella, era innecesario facultar a las bancadas o a los Comités, sobre todo atendido el argumento de que tanto unas como otros tienen más bien un rol político y dicen relación con la forma en que se organiza la Cámara de Diputados. En definitiva, nos pareció que podía apuntar a desnaturalizar, por una parte, el funcionamiento de la Comisión de Conducta Parlamentaria y, por otra, el trabajo de las bancadas y de los Comités, el dotarlos de una facultad que parece innecesaria. Por esa razón, quienes somos autores de esta iniciativa presentamos una indicación a fin de sustituir las dos ideas mencionadas en su momento. No me queda más que solicitar a la honorable Cámara la aprobación de este proyecto de acuerdo sobre la base de que la Comisión de Conducta Parlamentaria, de un tiempo a esta parte, ha demostrado con creces objetividad y seriedad en su trabajo. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sólo quiero agregar algunos aspectos a la completa relación del diputado informante y a la reciente explicación del presidente de la Comisión de Ética, diputado José Antonio Galilea. En primer lugar, si uno analiza el proyecto, se da cuenta de que hay dos tipos de materias: unas, que podemos llamar adecuatorias, que buscan permitir formalmente el funcionamiento de la Comisión, debido a que nuestro Código de Conductas Parlamentarias no contempló adecuadamente el sistema de generación de sus integrantes y el poder y la capacidad de proceder a sus actuales miembros, porque el Código fue establecido para el período legislativo anterior, sin considerar normas o menciones sobre lo que debía ocurrir de modo permanente en la Comisión. Por eso, algunas de ellas apuntan, como ha señalado el diputado José Antonio Galilea, a su integración y a la forma de adecuación o modificación de este reglamento. Asimismo, se establece la forma de llevar adelante sus procedimientos o de dar a conocer las decisiones de la Comisión. Nada de eso estaba estipulado en nuestro Código, y era imprescindible que quedara establecido para un adecuado y debido proceso, sobre todo para una adecuada normativa en materia de funcionamiento de una Comisión que, como hemos visto en los últimos años, en no pocas ocasiones ha tenido los ojos de la opinión pública puestos en ella. Todas esas normas adecuatorias me parecen absolutamente esenciales y fundamentales. Al mismo tiempo, hay algunas normas de fondo, como la relacionada con la superación de un problema permanente de la Comisión en cuanto a establecer si se puede invitar o no a personas a ella, o si sólo debe limitarse a lo que dispone el antiguo Código, en el sentido de que sólo se pueden responder consultas específicas de un diputado. Como ha señalado el diputado José Antonio Galilea, en un principio se pensó en una norma más amplia, a fin de establecer la sola citación por parte de la Comisión. O sea, que las propias bancadas, por unanimidad excluyendo al miembro que se quiere pasar a la Comisión, pudieran enviar al diputado a fin de recabar un informe de la Comisión de Ética, o bien que lo decidieran todos los Comités, en una sesión especialmente citada para ello. Al final, se mantuvo un criterio más restrictivo, que les dé garantías a todos los parlamentarios; porque lo fundamental es que esto no se transforme en un tribunal político, sino en un tribunal que busque mejorar la imagen y las prácticas desde el punto de vista de la ética dentro de esta Corporación. Finalmente, decidimos limitarnos solamente a la nueva figura, cual es que la Comisión pueda citar a un diputado. Ello, debido al buen trabajo y al prestigio alcanzado por la Comisión. Por último, quiero destacar la notable actuación que ha tenido el diputado José Antonio Galilea como presidente de la Comisión, quien, con gran capacidad, prudencia y brillo, ha logrado resultados altamente positivos. Por ello, tanto las normas adecuatorias, que permitirán el funcionamiento de la Comisión de Ética, como aquellas más de fondo, que permitirán aplicar sanciones y citar a un diputado a la Comisión, nos parecen absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento, en el futuro, de una Comisión que ha ido adquiriendo un rol relevante en cuanto a dar respuestas a las preguntas tanto de la opinión pública como periodísticas. Por ello, en nombre de la UDI, anuncio nuestro voto favorable, y solicito a esta Cámara la aprobación de estas modificaciones, que van a redundar exclusivamente en un mejor trabajo de esta Comisión, y en una mejoría de las prácticas éticas de la Corporación y de su imagen. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quisiera que el diputado José Antonio Galilea, presidente de la Comisión, me aclarara una duda respecto de la modificación del artículo 10. En su letra a) establece: “Pronunciarse sobre las consultas que le formule un diputado, relacionadas con su inquietud o quehacer.” Y en el inciso segundo de la letra c) dice: “La Comisión no podrá, en circunstancia alguna, conocer de cargos que formule un diputado respecto de otro.” Tengo serias dudas, porque, en ciertas oportunidades, las conductas de algunos diputados y en esto tenemos que ser claros van más allá de lo conveniente a su calidad de honorables. Cuando se trata de una conducta grosera e insolente de un diputado hacia otro, el agredido no puede dejar de pensar en recurrir a la Comisión. Sin embargo, la redacción del inciso segundo de la letra c) del artículo 10 deja afuera toda posibilidad de presentar la denuncia pertinente ante la instancia que corresponde. Esa es mi inquietud. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señor Presidente, me alegro mucho de la consulta planteada por el diputado Jaramillo, porque permite aclarar algo que ha sido bastante recurrente cada vez que le ha correspondido a la Comisión de Ética intervenir en alguna materia que ha ocasionado revuelo público. En esto quiero ser muy franco. En más de una ocasión, no ha dejado de ser incómodo para la Comisión el hecho de que sus integrantes sólo podamos abocarnos a conocer materias y emitir pronunciamientos respecto de hechos en los que el propio involucrado toma la decisión de concurrir a la Comisión. En otras palabras, me imagino que a la opinión pública eso se expresa mucho a través de los periodistas, de los medios de comunicación le cuesta creer que la Comisión sólo puede pronunciarse respecto de la conducta de algún señor diputado cuando éste, libremente, toma la decisión de dar a conocer ante ella la conducta en que ha incurrido, de manera que ésta lo someta a una suerte de “juicio”. Sin embargo, no hemos querido ir más allá en este proyecto y se ha conservado la norma que establece que en circunstancia alguna, la Comisión pueda conocer de cargos que un diputado ha formulado respecto de otro. Con ello, la Comisión quiere evitar convertirse en una suerte de policía interna. Ese no es nuestro rol. De hecho, según nuestro Reglamento, la Mesa de la Corporación está facultada para sancionar determinadas conductas que se pueden producir en la Sala o en alguna Comisión en este último caso, las “facultades disciplinarias” recaen en el presidente de la comisión respectiva. Por lo tanto, nos parece que abrir la posibilidad de que un diputado solicite el pronunciamiento de la Comisión respecto de la conducta de otro, significaría convertir a dicha instancia en una suerte de comisión policial y, por cierto, abrir una enorme puerta para que muchas diferencias de carácter político terminen intentando resolverse al interior de la Comisión de Conducta Parlamentaria. Respecto de la letra a) del artículo 10, que también mencionaba el diputado Jaramillo, hace un momento dije que no han tenido mucha publicidad las numerosas oportunidades en que un diputado, libremente, incluso antes de llevar a cabo una determinada conducta, pide una opinión reservada, la mayoría de las veces a la Comisión respecto de si corresponde o no incurrir en ella, según nuestra normativa ética y reglamentaria. Por eso, es absolutamente indispensable que quien incurra en determinada conducta, tenga la posibilidad de someterla a consideración de la Comisión. De hecho, la Comisión prefiere que en la totalidad de los casos sean los parlamentarios interesados quienes tomen la decisión de concurrir a ella. Ojalá nunca tengamos que utilizar la nueva facultad que se establece, cual es que la Comisión, por unanimidad, invite a un determinado parlamentario, tanto cuando no se ha incurrido en determinada conducta como después de que ella se ha puesto en práctica. Es una manera de brindar una orientación en el quehacer diario de los diputados. Sin el ánimo de querer extenderme más de la cuenta, aprovecho de señalar que lo consagrado en la letra c) del artículo 10 puede servir de orientación para los señores parlamentarios, en cuanto a que la Comisión de Conducta tendrá competencia para proponer a la Mesa, a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento o, en su caso, a la Sala, políticas o propuestas de conductas sobre temáticas de carácter general, como una recomendación, sin hacer mención del diputado que origina el pronunciamiento de la Comisión. Voy a dar un ejemplo. En alguna oportunidad espero no cometer una infidencia, tuvimos que emitir un pronunciamiento sobre los certificados de buena conducta o de honorabilidad que nos piden los habitantes de nuestros distritos para postular a un trabajo, lo que es habitual. Sabemos que la Constitución nos prohíbe entregar un certificado para postular a un trabajo en el ámbito público. Pero a nadie le cabe duda de que esa facultad existe para efectos de postular a un trabajo en el sector privado. Sin embargo, como éste es un hecho muy recurrente y un parlamentario hizo una consulta sobre esta materia, nos ha parecido interesante recomendar a los diputados que tomen todos los resguardos necesarios antes de emitir este tipo de recomendaciones, no sólo por el uso que se le pueda dar al documento, sino para evitar que se le dé un uso indebido, entre otras cosas, por el riesgo a que somete al diputado y porque es una cuestión que escapa a nuestro ámbito de facultades. El mencionado es un ejemplo claro de una materia en la que, por una cuestión puntual de un solo parlamentario, finalmente se termina recomendando a la Corporación que oriente las conductas de todos los diputados. Espero haber dado respuesta satisfactoria a la consulta del diputado señor Jaramillo. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, quiero agregar que, con esta modificación, la Comisión de ética busca dos cosas: por una parte, evitar transformarse en un tribunal político, o de acciones políticas entre diputados o entre bancadas, y, por otra, en un tribunal de pronunciamiento obligatorio ante cualquier situación o hecho. En efecto, ella debe constituir un recurso especial destinado a analizar situaciones graves que pudieran presentar los diputados. Como no queríamos que esta instancia se transformara en un tribunal de acción política, finalmente optamos por una propuesta más restrictiva, con el objeto de que ninguna bancada o comité tuviera la posibilidad de enviar a algunos de sus integrantes a la Comisión de Ética. Además, la obligatoriedad de actuar significaría estar constantemente resolviendo situaciones que corresponden a la cotidianidad de la política y no de la acción de la ética. Con la atribución establecida en la letra b) del artículo 10, la Comisión deberá pronunciarse sobre un hecho que preocupa a sus miembros, o bien a algún diputado, si estima que la situación es suficientemente grave, y no ante cargos, afirmaciones o el pronunciamiento pedido por un diputado. Hasta ahora, cada vez que un diputado ha puesto en conocimiento de la Comisión conductas indebidas de un colega, se le ha contestado que ésta no tiene facultad procesal para actuar; pero, inmediatamente, en una decisión unánime, igualmente se le ha citado. Con la facultad establecida en la letra b) del artículo 10 hemos reforzado el rol que han tenido la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Enrique Accorsi, Edmundo Villouta, Carlos Recondo, José Antonio Galilea y los demás diputados que han integrado la Comisión de ética. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Quisiera saber si el diputado señor Jaramillo ha quedado satisfecho con esa explicación. El señor JARAMILLO.- Me ha quedado muy claro, señor Presidente, sobre todo porque, de conformidad con lo que establece la letra b) del artículo 10, la Comisión tendrá competencia para emitir un pronunciamiento unánime, lo cual me deja aún más satisfecho. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero ratificar las opiniones vertidas en relación con la necesidad de aprobar las rectificaciones propuestas a la manera de actuar de la Comisión de Ética. Sólo cabe recalcar que en ningún momento hemos querido constituirnos en un tribunal. Además, las consultas de particulares que han llegado a nuestro poder han sido debidamente contestadas y ninguna de las respuestas ha sido motivo de réplica o de oposición. Por otra parte, hemos actuado con discreción y respeto en relación con los casos vistos. Los miembros de la Comisión hemos realizado nuestro trabajo sin estridencias, sin escándalos ni cosas por el estilo, o sea, con respeto total hacia la investidura del diputado y, más que todo, buscando lograr que todos tengamos una opinión clara respecto de qué no es conveniente hacer, como dijo el diputado señor José Antonio Galilea. Creemos que las modificaciones introducidas al Código de Conductas Parlamentarias mejorarán notablemente el desempeño de la Comisión de Ética. Si bien hasta el momento ha funcionado bien, éstas ampliarán su marco de atribuciones. Es así como la Comisión de Régimen Interno aprobó una indicación que establece que los integrantes de la Comisión de Conducta podrán acordar, por unanimidad hay que recalcar esto, invitar a un diputado que tenga alguna información que pudiera ser motivo de análisis. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente, la Comisión de Régimen Interno analizó con gran altura de miras esta iniciativa y aprobó en forma unánime, hecho que hay que destacar, las enmiendas incorporadas al Código de Conductas Parlamentarias. Más allá de las diferencias políticas, creo que las modificaciones introducidas a dicho Código prestigian a nuestra Corporación. También, es muy importante resaltar el trabajo de todas las bancadas para adecuarlo, lo que hará mucho más transparente nuestra función ante la opinión pública. En consecuencia, debemos aprobar el proyecto, porque reitero constituye un resguardo para nuestra democracia. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguiente términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto que modifica el Código de Conductas Parlamentarias. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, ÁlvarezSalamanca, Araya, Bauer, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Monckeberg, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Seguel, Tapia, Urrutia, Vargas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. El señor LORENZINI (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado en particular. Despachado el proyecto. PERFECCIONAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE INTERDICCIÓN DE DISCAPACITADOS MENTALES. Modificación de la ley Nº 18.600. Segundo trámite constitucional. El señor LEAL (Vicepresidente).- Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Monckeberg. Antecedentes: Proyecto del Senado, boletín Nº 297207 (S), sesión 38ª, en 5 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3. Informe de la Comisión de Constitución, sesión 1ª, en 8 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 20. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los senadores señores Ávila, Bombal, Parra, Silva y Viera-Gallo, y en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. La idea matriz del proyecto es permitir que el padre o la madre de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad como discapacitados mentales, pueda solicitar al juez, en un procedimiento no contencioso, la declaración de interdicción por demencia de ellas y su nombramiento como curador definitivo de las mismas. Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión escuchó la opinión de la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad, de la abogada asesora de dicha institución, del senador señor Enrique Silva Cimma y del abogado señor Hernán Corral. La legislación especial aplicable a las personas con discapacidad mental está constituida por la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales, que contiene normas que apuntan a resguardar el derecho a la prevención, a la rehabilitación y a la equiparación de oportunidades del discapacitado mental, tanto respecto de su familia como de la sociedad en su conjunto y del Estado. Esta ley define al discapacitado mental como aquella persona que, como consecuencia de una o más limitaciones psíquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social. Asimismo, clasifica la discapacidad mental en los grados de discreta, moderada, grave, profunda y no especificada. El procedimiento que establecen las normas vigentes es administrativo y realizado por las comisiones de medicina preventiva e invalidez de los respectivos servicios de salud, a petición del afectado, de las personas que lo representan o de lo que señale el reglamento. Por su parte, la ley Nº 19.284 dicta normas relacionadas no sólo con la discapacidad mental, sino, también, con otras formas de discapacidad que afectan a las personas, y establece que todas las que hayan probado su discapacidad deberán inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad. Una vez que se ha inscrito en dicho registro el documento que certifica la discapacidad mental de una persona, se debe establecer quién la representa, quién administra sus bienes y quién percibe los beneficios económicos que hoy le corresponden, de acuerdo con la ley, sea que provengan del Estado o de entidades privadas. Debemos recordar que el artículo 1.447 del Código Civil dispone que los dementes son personas absolutamente incapaces y, por tanto, sus actos no producen obligaciones, ni aun naturales. Por eso, resulta imperativo que, junto con registrar al discapacitado en el Registro Nacional de la Discapacidad, sea necesario determinar quién administrará los bienes de que pueda disponer. Las situaciones en que se puede encontrar un discapacitado mental, en relación con su curaduría el curador es la persona que debe representarlo, son, básicamente, tres. Primero, que esté a cargo de una persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Segundo, que esté a cargo de un tercero, que puede ser un vecino, no inscrito en el registro. Tercero es el caso que considera el proyecto de ley, que esté a cargo de su padre o de su madre. Si es menor de edad, está bajo la patria potestad del padre o de la madre o tiene curador de menores; pero si es mayor de dieciocho años, los padres deben provocar un juicio ordinario para que se declare la interdicción por demencia y se nombre a uno de ellos como curador definitivo. En palabras simples, en la actualidad un menor discapacitado debidamente inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad está bajo la patria potestad del padre o de la madre; pero cuando cumple dieciocho años, los padres deben provocar un juicio de interdicción por discapacidad para que se le nombre un curador. Este juicio tiene todas las fases que conocemos: demanda, presentada por un padre a fin de que se declare la discapacidad de su hijo; contestación, réplica, dúplica, pruebas. En consecuencia, nos encontramos con la siguiente situación no deseada por nadie: a pesar de que la discapacidad está comprobada y registrada, es necesario que se someta a conocimiento jurisdiccional para declarar la interdicción por demencia. Esto se ha complicado en el último tiempo, dado que es por todos conocido que las expectativas de vida de los discapacitados han aumentado. Cuando el Código Civil y las normas vigentes fueron redactadas, sus expectativas de vida eran menores y, por tanto, también eran menos los casos de discapacitados que sobrepasaban los dieciocho años. Hoy, la situación es diferente. Además, hay un cambio, desde el punto de vista sociológico, en la manera de enfrentar la discapacidad. Antiguamente, existía la idea de que el discapacitado difícilmente podría desempeñarse en la sociedad con algún grado de normalidad. No podía trabajar y, si lo hacía, no percibía ni un centavo por su trabajo. Hoy, todos vemos que la inserción de los discapacitados en la sociedad es cada vez mayor. Muchos de ellos trabajan, perciben una remuneración, pueden administrar parte de su peculio personal, en fin. Por eso, es importante ir adecuando las normas, de modo que permitan una mejor inserción del discapacitado en la sociedad. A eso apunta el proyecto. La iniciativa establece que cuando el discapacitado mental está inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o su madre sólo uno de ellos podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente y previa audiencia del discapacitado, decrete la interdicción definitiva de éste y nombre curador definitivo al padre o a la madre que lo hubiere tenido a su cuidado permanente. Si este cuidado lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. Asimismo, dispone que en aquellos casos en que el discapacitado mental no padezca una discapacidad inhabilitante, podrá realizar ciertos actos, como administrar una suma de dinero que le asigne prudencialmente el curador para sus gastos personales, cuando ello sea posible. Durante la discusión general del proyecto se escuchó la opinión de los técnicos del Fondo Nacional de la Discapacidad, Fonadis, y de uno de los copatrocinadores del proyecto, senador don Enrique Silva Cimma, quien, en forma bastante extensa y de acuerdo con su experiencia recordemos que tiene una fundación de ayuda a los discapacitados, expresó lo difícil que ha resultado muchas veces conocer casos particulares en que los padres deben iniciar un juicio de lato conocimiento para demostrar la interdicción de sus hijos. Asimismo, se tuvo especial consideración de la recomendación hecha por el abogado don Hernán Corral, quien sugirió la redacción que hoy se somete a la consideración de la Sala. El artículo único del proyecto establece lo siguiente: “Artículo Único.- Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, en el artículo 4º de la ley Nº 18.600, sobre deficientes mentales: “Cuando la discapacidad mental de una persona se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, su padre o madre podrá solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad, otorgada de conformidad al Título II de la ley Nº 19.284, y previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente. Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, podrá deferir la curaduría a ambos. El juez procederá con conocimiento y previa citación personal y audiencia del discapacitado. En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis. “Se aplicará a la persona discapacitada interdicta lo que prevén los artículos 440 y 453 del Código Civil para la guarda del menor adulto y del disipador, respectivamente. La suma de dinero que se asigne al discapacitado para sus gastos personales podrá ser fijada prudencialmente por el mismo curador, de acuerdo con su grado de discapacidad. La persona interdicta podrá celebrar contratos de trabajo con la autorización del curador.” Termino señalando que el proyecto sufrió importantes cambios, todos ellos positivos, desde su ingreso al Senado. Nuestra bancada lo votará a favor, porque cierra toda posibilidad de que se haga mal uso de los bienes del discapacitado, y facilita y moderniza las normas sobre la declaración de interdicción. La iniciativa original establecía que por el solo hecho de estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, y certificada ésta, el juez, sin escuchar ni recibir a nadie, podía declarar la interdicción del discapacitado. El proyecto respecto del cual debemos pronunciarnos agregó cautela al procedimiento, de manera que, para que el juez declare la interdicción, deberá realizar una audiencia con el discapacitado y con sus padres, y, además esto es muy importante, el discapacitado podrá celebrar, con la autorización del curador, contratos de trabajo y actos de administración de su peculio personal. En definitiva, es un muy buen proyecto, que no tiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ni que requieran trámite de Hacienda. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, agradezco el informe tremendamente claro y explícito del colega Monckeberg. En Chile, más de un millón de personas tienen algún grado de discapacidad que les significa dificultades o limitaciones para desarrollarse plenamente. Ojalá sus familias las inscriban en el registro respectivo, para que puedan beneficiarse de las leyes que se han dictado para mejorar su calidad de vida. La iniciativa que hoy conocemos, de la cual son autores los senadores señores Ávila, Bombal, Parra, Silva Cimma y Viera-Gallo, tiene por finalidad poner término a las dificultades prácticas que impone el denominado juicio de interdicción. Para ello, declarada la incapacidad jurídica del discapacitado mental, se nombrará un tutor para su persona y un curador para los bienes, según la edad, por lo menos hasta los dieciocho años. Después vendría una nueva curaduría. Según mi entender, en esta materia no ha habido adecuaciones ni modernizaciones desde hace casi ciento cincuenta años. El Código Civil dispone que los dementes son personas absolutamente incapaces y, por lo tanto, sus actos no producen obligaciones. Sin embargo, con la modificación de la ley Nº 18.600, pasarán a ser relativamente incapaces en relación con la administración de pequeñas sumas de dinero para sus gastos personales que les entregue su curador de las pensiones autorizadas por la Compin. Incluso, podrán firmar contratos de trabajo, previa autorización del curador o tutor. Son medidas de clara intención social y, a mi juicio, merecen ser apoyadas, aunque me surgen algunas dudas. Por ejemplo, en materia de capacidad para celebrar contratos de trabajo, en relación con el estatuto de trabajadores discapacitados, ¿qué pasa con sus remuneraciones? ¿Se les puede pagar menos que el mínimo legal? De hecho, sucede con los trabajadores menores de edad. ¿Podrán desarrollar toda clase de trabajo? Por supuesto que no. ¿Se les tratará como a los menores de edad, con medidas especiales para proteger su integridad física y moral? ¿Qué sucede con la prohibición de desempeñar actividades peligrosas o trabajos en locales nocturnos? Las respuestas no son sencillas. Tal vez, tampoco debiera darlas el proyecto, porque propone modificaciones para solucionar problemas que se arrastran debe el siglo pasado. Repito, las respuestas no son sencillas, y las preguntas nos obligan a pensar en innovaciones las dirán los abogados en el Código del Trabajo, a fin de evitar abusos o riesgos innecesarios en el proceso de integración laboral de niños, jóvenes y adultos discapacitados mentales. La bancada del Partido por la Democracia agradece la enorme preocupación que nuestro colega Antonio Leal, Vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien preside en este momento la Mesa, ha demostrado al respecto. Su mérito ha sido ayudarnos a entender una materia que muchas veces, cuesta comprender. Anuncio mi voto favorable al proyecto, con las prevenciones expuestas. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, también quiero apoyar el proyecto, por cuanto me parece estrictamente necesario, aunque lamento que hayamos reaccionado tarde frente a situaciones que son bastante obvias. Cuando una persona presenta signos de incapacidad mental es menester iniciar un juicio ordinario, de lato conocimiento, para provocar la declaración de interdicción y nombrar curadores, tutores o representantes legales que administren sus bienes supliendo su voluntad. No sólo se trata de un juicio ordinario de lato conocimiento; además, es sumamente complicado para quienes lo inician, atacar judicialmente a una persona discapacitada, en especial si son sus padres, aunque la acción sea en forma nominal o para guardar la forma. Por eso, me parece de toda lógica y necesidad que el procedimiento contencioso que fija la ley se cambie por uno de jurisdicción voluntaria. Así, sobre la base de la inscripción de la persona discapacitada en el registro respectivo, el juez podrá dictaminar su interdicción y nombrar como curadores a sus padres o parientes más cercanos. Con ello, se agilizará un trámite que, por su propia naturaleza, exige obrar con rapidez, discreción y caridad, y se evitará un procedimiento de largo conocimiento, con acusaciones, respuestas, réplica, dúplica, pruebas, sentencia, etcétera. En definitiva, se evitará la fórmula del juicio, en que hay contendientes, uno de los cuales es una persona discapacitada que tiene enfrente, generalmente, a sus padres, hermanos u otros parientes cercanos. Es cierto que, muchas veces, la rapidez que se le imprime a un procedimiento de esta naturaleza puede conspirar contra la seguridad jurídica y prestarse para abusos. Por ejemplo, puede pedirse la interdicción de personas que, en realidad, tienen una discapacidad que no la exija. Pero el proyecto toma los resguardos debidos: la inscripción de la persona en el Registro Nacional de la Discapacidad, que supone el haber sido sometida a los exámenes respectivos, y la comparecencia personal ante el juez si no puede hacerlo, se buscará la fórmula para que tenga conocimiento directo de la incapacidad. El juez, una persona especialmente calificada para estos casos, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de evitar el fraude a la ley y el perjuicio a personas que no tienen esa discapacidad. Insisto en que tal como está concebido, el proyecto conjuga razonablemente las necesidades de mayor rapidez y discreción, y toma los debidos resguardos para evitar fraudes a la ley. Por lo anteriormente expresado, anticipo mi votación favorable. He dicho. El señor LEAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, tal como lo expresaba el diputado Ibáñez, éste es un proyecto necesario, que elimina la posibilidad de que se cometan abusos, como ha acontecido, y evita situaciones dolorosas para las familias. Hoy, para declarar la interdicción de las personas que tienen una discapacidad o un problema mental serio, debe realizarse un juicio, en que el padre demanda al hijo. O sea, se trata de una situación absolutamente insostenible. El padre tiene que demandar al hijo, y éste debe recibir la notificación de una demanda, en la cual se especifica que su padre solicita que se le declare interdicto por demencia y, por lo tanto, que se nombre a aquél como curador, esto es, una persona que le administre sus bienes, le organice su vida desde el punto de vista patrimonial y decida sobre muchos temas. Es decir, estamos ante un sistema bastante doloroso y brutal. Justamente, el proyecto trata de evitar esas situaciones. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de una figura en que no es necesario presentar una demanda. Obviamente, los antecedentes van a pasar por el conocimiento de un juez para evitar abusos. Se supone que la persona ya ha sido examinada y, de acuerdo con la ley Nº 19.284, ya se ha declarado su discapacidad mental. Por lo tanto, esa persona está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Es decir, ya ha existido todo un proceso en el que se ha analizado su situación de discapacidad mental y se la ha considerado como tal. Por lo tanto, sobre la base de esos antecedentes, la persona el padre, la madre o quien lo requiera le pedirá al juez que, sobre la base de esta certificación, otorgue la interdicción y lo nombre como representante o curador para poder actuar en relación con el patrimonio de ese discapacitado mental. Entonces, es algo enteramente sensato. El juez, en una audiencia, verá los antecedentes y, finalmente, declarará la interdicción. En definitiva, no tendríamos por qué preocuparnos, porque intervendrá el tribunal, igual como sucede hoy, pero será menos dañosa para el propio menor o discapacitado mental. Por lo tanto, debemos aprobar con tranquilidad en esta iniciativa. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, en mi calidad de médico y diputado, estoy muy contento de aprobar este proyecto. Tanto el diputado Monckeberg, informante de la Comisión, como quien me antecedió en el uso de la palabra, han sido muy claros en expresar que es necesario hacer estas modificaciones, ya que es inhumano que un padre o una madre deban denunciar que su hijo es demente para que se les declare curadores definitivos. Además, el trámite con el fin de llevar al menor a los tribunales y someterlo a juicio, puede durar varios años. Felicito a los senadores Ávila, Bombal, Parra, Silva y VieraGallo, autores de esta iniciativa que adecua y humaniza nuestra legislación. Hay que recordar que cuando se dictó el Código Civil, los discapacitados rara vez alcanzaban la mayoría de edad, que era de veintiún años. Gracias a la medicina, su promedio de vida, es hoy de cincuenta años. Por eso, este proyecto adecua nuestra legislación a los tiempos actuales. El diputado Nicolás Monckeberg hizo mención, también, a la permanente preocupación del senador Silva Cimma por los discapacitados. Tengo entendido que sus declaraciones al respecto fueron muy impactantes. En mi condición de médico, de diputado y de radical, anuncio mi voto favorable para este proyecto, pero, espero, sea pronto ley a fin de solucionar esta situación, que hoy está revestida de una crueldad innecesaria. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, expresé ciertos juicios de valor distintos de los que se informan reglamentariamente. Quiero destacar dos aspectos que, a mi juicio, son tremendamente importantes. No quiero insistir en que este proyecto mejora y agiliza el trámite para la declaración de interdicción por demencia cuando un menor de edad cumple dieciocho años. El artículo único, en sus incisos segundo y tercero, establece un principio que se ha discutido mucho, respecto del cual hemos ido logrando consenso, cual es que el discapacitado, legalmente, con el apoyo de la sociedad, pueda trabajar. Evidentemente, uno no puede pretender exigir al discapacitado niveles de productividad que se exigen a otro trabajador; pero, sin duda, el hecho de aceptar el principio implica un compromiso de la sociedad en cuanto a crear las condiciones para que los discapacitados puedan desarrollarse. Pero, además ésta es mi reflexión, para que esto sea realidad, hay que generar también, incentivos para que a las empresas les resulte beneficiosa la contratación de discapacitados. Es decir, si ellas ayudan a su reinserción social, es justo que también puedan obtener, por ejemplo, franquicias tributarias o ciertos subsidios para que adecuen la estructura de los espacios de trabajo a su interior. En el fondo, en este proyecto se consigna un principio respecto del cual no debemos ceder: defender siempre la dignidad del discapacitado, porque es una persona que, durante su vida, ha tenido momentos muy duros y, a lo mejor, menos oportunidades que, por ejemplo, sus compañeros de colegio; pero insisto es una persona que tiene la misma dignidad que todos quienes le rodean. También debiera establecerse una prioridad desde el punto de vista presupuestario. Todos sabemos el gran número de discapacitados que hoy, en nuestros distritos, postulan a alguna ayuda económica; porque el hecho de que los discapacitados puedan trabajar es un anhelo, no una realidad. No todos encuentran trabajo, y no todos los que lo encuentran reciben un pago o un trato digno. Por tanto, muchos tienen que recurrir a subsidios o a pensiones del Estado. Pero también sabemos que hay una larga lista de discapacitados que aún están esperando su pensión. En consecuencia, debiera existir una prioridad mayor en el sentido de asignar más recursos para aumentar los fondos de pensiones. Hace aproximadamente diez meses, me tocó asistir, como oyente, a un congreso médico en que se discutió sobre la inversión y la investigación científica que se ha hecho para modernizar los diagnósticos prenatales. Me llamó mucho la atención que dichos diagnósticos se juzgaran por su eficacia para detectar a niños con síndrome de Down lo más tempranamente posible. Me preguntaba por qué un diagnóstico prenatal es mejor o peor si es capaz de detectar a un niño con síndrome de Down u otra discapacidad al primer, segundo o tercer mes de embarazo. La respuesta unánime de los médicos, especialmente de aquellos que venían de países donde el aborto es legal, fue categórica: porque ello permite a los padres tomar a tiempo la decisión de continuar o no con el embarazo. Cuando uno ve la cantidad de esfuerzos científicos y de recursos que se gastan para promocionar los diagnósticos prenatales con la finalidad de determinar una discapacidad, para que los padres tomen la decisión de continuar o no con el embarazo, se da cuenta de que este proyecto avanza en la línea correcta, cual es la de respetar la dignidad del discapacitado, por muy impedido que éste sea, desde el momento de su concepción, en que está en juego su derecho a nacer. Hago esta salvedad, porque también está en trámite en la Comisión de Salud un proyecto de ley que sanciona a médicos e instituciones que promocionen el diagnóstico prenatal con fines abortivos, especialmente en casos referidos a discapacitados. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Por último, tiene la palabra el diputado Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, este proyecto es muy importante porque va a llenar un vacío respecto de los procedimientos de interdicción de los discapacitados mentales. Pero debe ser analizado en un contexto mayor algunos aspectos fueron mencionados por el diputado Monckeberg en su segunda intervención, cual es el de la modificación global a la ley Nº 19.284, que esta Sala va a discutir la próxima semana, porque el nivel de discriminación es muy grave, no sólo en contra de personas con distintos grados de discapacidad mental, sino también en el caso de los discapacitados en general. Hace muy poco tiempo, solicitamos al general Enrique Rosende la modificación del Código de Aeronáutica y de las normas aeronáuticas, DAN, correspondientes, porque diversas líneas aéreas impedían el acceso a personas con síndrome de Down, por considerar que éste constituye una discapacidad mental. Incluso, el Código de Aeronáutica, que fue modificado con gran prontitud por la Fuerza Aérea, se refería a los discapacitados mentales como “personas o bultos”. Es decir, una persona con discapacidad mental o con simple síndrome de Down era considerada un objeto que debía ser trasladado por un grupo de familiares. Esa disposición, felizmente, fue corregida. Pero, conjuntamente con los procedimientos de interdicción de los discapacitados mentales, hay que tener presente lo siguiente: la discapacidad mental presenta diversos grados. Hoy existe la tendencia de segregar en determinados colegios a personas que perfectamente pueden ser insertadas en colegios normales. Asimismo, es perfectamente posible que un número importante de personas con retraso mental puedan como lo dijo muy bien el diputado Monckeberg incorporarse al mundo del trabajo sobre la base de incentivos a las empresas. Entonces, es muy necesario que el ámbito de discusión de este proyecto de ley involucre, también, las modificaciones a la ley Nº 19.284 y el fin de las discriminaciones establecidas en los Códigos Civil y de Procedimiento Penal. Por ejemplo, en el caso de los no videntes, todo lo que dice relación con su vínculo con los tribunales. Un no vidente no puede ser notario ni juez; sin embargo, puede ser un brillante abogado. Entonces, hay una abierta discriminación. Asimismo, hay que consagrar este debate en el marco de la afirmación de los derechos de las personas con discapacidad mental. Así, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, puede y debe tener derecho a trasladarse sin compañía en un avión u otros medios si así lo autoriza, en términos generales, su médico tratante. No puede ser que cada vez se le solicite hacer un trámite o que venga acompañado de otros familiares como les ha ocurrido a varios jóvenes en el último tiempo, sean segregados en su traslado, incluso, desde sus hogares, en regiones, hasta la capital, donde concurrían por tratamientos médicos. De manera que apoyo este proyecto de ley, pero insisto en que se aborde en el marco más general de consagración de derechos para las personas con discapacidad mental. Cada discapacitado mental es un universo en sí mismo y no puede ser englobado en una definición que puede resultar lesiva desde el punto de vista de sus derechos. Por tanto, debemos ser capaces de distinguir entre las diversas enfermedades que hoy son catalogadas como discapacidades mentales. Por otra parte, debemos afirmar los derechos de estas personas en cuanto al mayor ejercicio posible de éstos dentro de la sociedad. Este proyecto de ley toca procedimientos de interdicción que me parecen razonables, justos, legítimos y necesarios en la vida cotidiana. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate. Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar el proyecto que modifica la ley Nº 18.600, en lo relativo al procedimiento de interdicción de los discapacitados mentales. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa; 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Bauer, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Monckeberg, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Seguel, Tapia, Ulloa, Urrutia, Vargas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. El señor LORENZINI (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular. Despachado el proyecto. INCORPORACIÓN AL CÓDIGO DEL TRABAJO DE NORMAS DE PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN CARGA Y DESCARGA DE MANIPULACIÓN MANUAL. Primer trámite constitucional. El señor LORENZINI (Presidente).- A continuación, corresponde tratar, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, y originado en moción, que regula el peso máximo de carga humana. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Pedro Muñoz. Antecedentes: Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín Nº 324213, sesión 89ª, en 19 de mayo de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 5. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, paso a dar cuenta del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recaído en el proyecto de ley que regula el peso máximo de carga humana. La iniciativa tuvo su origen en una moción del diputado Rodolfo Seguel, que fue vista en esta Sala y volvió a la Comisión de Trabajo a raíz de la presentación de algunas indicaciones. Una de las indicaciones que se discutió en la Comisión, presentada por los diputados Rojas y quien habla, establece lo siguiente: “Las normas de protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual, comenzará a regir seis meses después de su publicación. Durante este período los empleadores podrán solicitar a la Dirección del Trabajo correspondiente información y precisiones acerca de las formas de dar cumplimiento a dichas disposiciones en los procesos específicos que se desarrollan.”. A proposición del diputado señor Riveros, se dividió la votación de esta indicación. Por la unanimidad de los diputados presentes, se aprobó sólo el primer párrafo, y se rechazó, por igual quórum, el párrafo final. También fue rechazada, por 6 votos en contra, uno a favor y ninguna abstención, la indicación presentada por los diputados señores Jaramillo y Juan Pablo Letelier, que, en síntesis, señalaba que ni hombres ni mujeres podrían llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. Quiero aclarar que nosotros aprobamos, como carga superior máxima, 50 kilos, y la indicación en comento establecía que no sobrepasara los 20 kilos. Estudiamos, también, la indicación presentada por la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Dittborn, Rojas y Salaberry, que agregaba la siguiente letra e), nueva, al artículo 211 bis: “Las infracciones a las disposiciones contenidas en este Título, serán sancionadas con 1 a 5 unidades tributarias mensuales.”. Como en el debate se tuvo presente la inconveniencia de aumentar las multas, la indicación fue rechazada por 6 votos en contra y ningún voto a favor ni abstención. Los diputados señores Jaramillo, Juan Pablo Letelier y Villouta presentaron una indicación que agregaba el siguiente artículo 2º, nuevo: “Toda actividad que contemple llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente cargas superiores a 30 kilos, será considerada para todos los efectos legales, trabajo pesado.”. Esta indicación fue rechazada por unanimidad, porque como no estaba contemplada en las ideas matrices del proyecto, no era atingente al mismo. Por último, para efectos reglamentarios, cabe reiterar el rechazo, por unanimidad, del segundo párrafo de la indicación presentada por los diputados señores Muñoz, don Pedro, y Rojas, en el cual se señalaba lo siguiente: “Durante este período los empleadores podrán solicitar a la Dirección del Trabajo correspondiente información y precisiones acerca de las formas de dar cumplimiento a dichas disposiciones en los procesos específicos que se desarrollan.” Como este fue un proyecto latamente discutido hace varias semanas, este informe no ahondará en el primer informe que se dio a conocer. Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones que he dado a conocer, solicito a la Sala la aprobación de la moción presentada por el diputado Rodolfo Seguel. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, felicito al diputado Pedro Muñoz por el informe, en segundo trámite reglamentario, de la moción parlamentaria de la cual soy autor, y que ha sido copatrocinada por los diputados señores Ascencio, Bayo, Dittborn, Escalona, Ortiz y Tapia, y las diputadas señoras Eliana Caraball, Pía Guzmán y Adriana Muñoz. En verdad, cuando discutimos este proyecto en su primer trámite reglamentario, se dieron las explicaciones más que necesarias sobre la conveniencia de aprobarlo. Más aun, contamos con el respaldo médico del director nacional de la Comisión Ergonómica, quien participó en el estudio de la iniciativa en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y dio a conocer los beneficios que ésta conlleva para los trabajadores, ya que rebaja el peso máximo de carga humana de 80 a 50 kilos. La Organización Internacional del Trabajo establece, como tope, un peso en 55 kilos, pero cualquier país miembro puede regular un peso máximo de carga menor a los parámetros dispuestos por ella. Con este proyecto, Chile pretende establecer un peso máximo de carga soportable aún más bajo que el establecido por la OIT. En la discusión de este proyecto en su primer trámite reglamentario, realizada hace aproximadamente un mes, intervinieron cerca de veinte diputados, quienes resaltaron sus beneficios. Se formularon indicaciones bastante interesantes, como la del diputado señor Juan Pablo Letelier, dirigida con justa razón a los trabajadores del campo, en el sentido de que no cargaran más de veinte kilos manualmente y sin ayuda mecánica. Lamentablemente, fue rechazada, porque no iba en la línea fundamental del proyecto. El diputado señor Salaberry presentó una indicación para aplicar una multa, pero también fue rechazada, por estar ya contenida en el Código del Trabajo. Por otra parte, destaco la preocupación periodística de algunos canales de televisión, en particular del Canal 13, ya que el día en que, en la Cámara de Diputados, se aprobó en general esta iniciativa que es muy simple, pero muy importante para el mundo del trabajo en materia de salud, transmitió un programa especial sobre ella. Entrevistó a los cargadores de la Vega y a aquellos que cargan cemento; en general, a la gente que labora manualmente con carga. Me gustó el programa porque no habló con ningún parlamentario soy uno de los diez autores del proyecto. Con ello demostró que todavía es posible que los medios de comunicación incluidas algunas radios y un diario se preocupen por la vida y la salud de nuestros trabajadores. Quien vea en el papel el parámetro utilizado para definir el peso máximo de carga soportable podrá decir: “Bueno, cargar 80 kilos. ¡Qué más da! Están acostumbrados a ello.” Así lo manifestó uno de los entrevistados del citado programa de televisión: “No voy a acostumbrarme a cargar 50 kilos. Estoy acostumbrado a cargar 100 kilos. Pero tengo el siguiente problema: tengo 44 años y ya ni siquiera puedo caminar. Pero les doy gracias a los parlamentarios que están haciendo este proyecto de ley, porque, a lo menos, las generaciones a las cuales les corresponda cargar después, no sufrirán lo que estoy sufriendo yo”. Si en materia de salud logramos salvar aunque sea la vida de un hombre, me sentiré feliz de haber elaborado esta iniciativa. Pero, obviamente, no será sólo una persona la que se verá beneficiada con ella, sino miles. Señor Presidente, por su intermedio, envío mis felicitaciones a Canal 13, que transmitió el referido programa especial sobre el peso máximo de carga soportable. Asimismo, agradezco a los nueve diputados que me acompañaron con su firma para llevar adelante este proyecto y a los parlamentarios que, por unanimidad, lo aprobaron en general hace aproximadamente un mes. Como autor del proyecto sé que hoy se aprobará en la Cámara y luego en el Senado, quiero dedicarlo con todo mi cariño a los trabajadores veguinos, a aquellos que, sobre sus hombros, cargan más de cien kilos en forma permanente para llevar el sustento a sus hogares y poder vivir. Este proyecto lo he presentado pensando en ellos. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, me parece muy bien proteger la salud de las personas, pero no sé si el proyecto pueda aplicarse efectivamente en el campo. Tal vez resulte aplicable en la Vega, pero la situación en el campo es completamente distinta. Cuando llegan sacos con mercadería de otras partes, su peso viene regulado normalmente según cierto estándar. Pero, al cosechar en el campo, uno deberá pesar uno a uno todos los sacos, para que ningún trabajador soporte más de 50 kilos. Ello lo considero sumamente difícil, por decir lo menos. En las zonas agrícolas de la Sexta Región al sur, la gente trabaja seis meses al año y el resto del tiempo está cesante. En efecto, durante los últimos años, sólo labora en la temporada agrícola. Por lo tanto, en ese período debe trabajar toda la familia, es decir, hombres, mujeres y niños, para acumular el dinero suficiente y, así, afrontar sus gastos durante los seis meses que están sin actividad laboral. En ese período, muchos jóvenes de 15 a 17 años me preocupa en especial su situación trabajan en el campo, precisamente, desarrollando distintas labores para ayudar a su familia. Sin embargo, ellos no podrán cargar más allá de 20 kilos. Me parece realmente insólito, por decir lo menos. O sea, cuando lleve papas a mi casa, no podré decirle a mi hijo que las descargue de la camioneta y yo deberé hacerlo; el saco de papas siempre pesa más de 20 kilos. También me parece extraño algo que establece el proyecto: Una cosa es “cargar” y otra “empujar”. O sea, cargar 50 kilos es completamente distinto que empujar ese peso. Es mucho más fácil empujar que cargar 50 kilos. En el caso de los niños, la diferencia entre cargar y empujar 20 kilos es tremendamente grande. Por ello, me gustaría que, con la venia del señor Presidente, el diputado Seguel explicara la diferencia entre empujar y cargar 50 kilos, porque, a mi modo de ver, son cosas muy diferentes. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Seguel. El señor SEGUEL.- Señor Presidente, las preguntas formuladas por el diputado señor Urrutia son exactamente las mismas que se hicieron en la rica discusión en general sobre el tema. Trataré de responderlas una por una. En primer lugar, el diputado consultó si será necesario instalar una romana en cada uno de los lugares donde se carguen sacos, en particular, en el campo. Al respecto, se ha formulado una indicación, consensuada con el diputado Salaberry, con el diputado Pedro Muñoz o con algún otro, a fin de otorgar seis meses de plazo desde la entrada en vigencia de la normativa, con el objeto de que los empleadores o los fabricantes se adecuen a las nuevas normas que establece la ley. Por lo tanto, deberán fabricarse sacos cuyas medidas impidan que se llenen con más de 50 kilos. Actualmente, los sacos de papas se fabrican para 80 kilos, y los de cemento, para 45 kilos, por lo que ambos deberán adecuarse a estas normas, de manera que los trabajadores no carguen al hombro dos sacos de cemento de 45 kilos o uno de papas de 80 kilos. Sé que a algunas personas no les interesa que se apruebe el proyecto, porque puede echarles a perder su negocio, y prefieren deteriorar la salud de sus trabajadores. En segundo lugar, el diputado Urrutia preguntó sobre la diferencia entre cargar y empujar un saco. Si una persona carga un saco de 50 kilos al hombro y luego lo coloca en el suelo para empujarlo, podrá comprobar que su peso es mayor; en cambio, si utiliza un artefacto con ruedas, puede empujar 50, 100, 200, 500 ó 1.000 kilos. Por eso, en el proyecto se dispone que el peso del saco no exceda los 50 kilos. En realidad, me es muy grato explicar este asunto, porque entiendo que existe preocupación en algunos sectores del campo. El diputado Juan Pablo Letelier dijo que prefería que las personas cargarán sólo 20 kilos en una mano, dejando libre la otra. No obstante, parece que el diputado Urrutia no está de acuerdo con eso. El proyecto pretende proteger las caderas, la columna vertebral, los brazos, antebrazos y manos del trabajador, que se deterioran al cargar demasiado peso por largos períodos. Por lo tanto, queremos cuidar su salud para que pueda gozar de su jubilación después de los 65 años. Ése es el sentido social del proyecto. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Boris Tapia. El señor TAPIA.- Señor Presidente, sólo deseo precisar algunos aspectos del proyecto, que tiene un gran contenido social, como indicó el diputado Seguel, a quien felicito por su permanente preocupación por el problema social de los trabajadores, ya que no podemos olvidar que también fue autor de la denominada “ley de la silla”. El proyecto plantea que el empleador deberá velar por que en las faenas se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, para evitar la manipulación manual de las cargas. En caso que la manipulación manual sea inevitable, no se permitirá que se opere en forma habitual con cargas superiores a 50 kilogramos. Además, la iniciativa prohíbe a la mujer embarazada participar en operaciones de carga y descarga manual y establece que los menores de 18 años y las mujeres no podrán transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente sin ayuda mecánica cargas superiores a 20 kilogramos. Este cambio en la legislación responde al aumento de enfermedades laborales vinculadas a la manipulación de peso excesivo en las diversas labores productivas, como las desarrolladas en los campos por temporeras y temporeros, cargadores de La Vega, obreros de la construcción, empleados portuarios, como me recuerda el diputado Waldo Mora, y de un sinfín de trabajadores que, a causa de la manipulación de cargas excesivas, sufren una serie de dolencias físicas, especialmente en la columna. Así como en alguna oportunidad se avanzó con la denominada “ley de la silla”, hoy no podemos seguir permitiendo que los trabajadores de numerosas empresas del país manipulen manualmente cargas excesivas que les provocan graves enfermedades y prolongadas ausencias de sus labores. La bancada democratacristiana va a votar a favor del proyecto que, como bien se ha dicho, va en la línea de proteger la salud de los trabajadores y evitar las situaciones que la afectan. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, quiero enfatizar una vez más la importancia del proyecto, por cuanto representa un cambio importante en las condiciones laborales de nuestro país. La iniciativa viene a actualizar el Código del Trabajo, ya que, si la memoria no me falla, la norma que rige esta materia es de 1923 ó 1926, cuando se estableció que el peso máximo para manipular manualmente no debe exceder los 80 kilos, lo que continúa vigente hasta nuestros días. Es importante recordar que la única modificación que introdujo la Comisión de Trabajo y Seguridad Social al proyecto fue para incorporar un artículo muy importante en relación con lo que planteó el diputado señor Urrutia, ya que establece que la ley regirá seis meses después de su publicación. Esta modificación busca que los empleadores tengan tiempo para informarse y conocer los cambios que introduce la iniciativa. Nuestro país se encuentra en un nivel de desarrollo económico que permite la incorporación de nuevas tecnologías que hacen más humanas las relaciones laborales. Es muy importante que los empresarios inviertan en la compra de este tipo de tecnología, pues permitirá cumplir con las normas del proyecto. Los diputados de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, especialmente aquellos que patrocinamos la iniciativa junto al diputado Rodolfo Seguel, pretendemos que con su aprobación se produzca un impacto efectivo en la salud de las trabajadoras y trabajadores, así como en la eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad de las empresas. Por eso es necesario que los empresarios conozcan nuestra propuesta y se dispongan al cambio, para lo cual deben incorporar elementos de prevención, protección y de humanización de las condiciones de trabajo, lo cual se requiere con urgencia, especialmente ahora que el país crece y se inserta en los grandes mercados del mundo. Ante tales circunstancias, no podemos contar con leyes de comienzos del siglo pasado, menos aún si perjudican la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. El proyecto significa una ganancia total para el país, para los trabajadores y los propios empleadores, y da un rostro más humano a las relaciones laborales en nuestro país. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, nos encontramos debatiendo el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sobre el proyecto que regula el máximo de carga humana que los trabajadores podrán manipular manualmente. Desde que fui elegido diputado, he señalado en varias ocasiones que cuesta mucho que las mociones parlamentarias lleguen a feliz término y se promulguen como ley de la República. Ello se explica por el hecho de que vivimos bajo un régimen presidencialista, que da pocas oportunidades para presentar iniciativas que no requieran del patrocinio del Ejecutivo. El proyecto en discusión tuvo su origen en una moción del diputado de mi bancada señor Rodolfo Seguel y contó con el respaldo de nueve diputados y diputadas, incluido quien habla, quienes pasaremos a la historia como las personas que nos preocupamos de legislar este tema. Dichos parlamentarios pertenecen a casi todos los partidos con representación en la Cámara. En efecto, suscribieron el proyecto diputados de la Unión Demócrata Independiente, de Renovación Nacional, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Para que el proyecto contara con el respaldo unánime, sólo falto la presencia del Partido Radical Social Demócrata. ¿Por qué expreso esto? De pronto, llama a risa el hecho de que se presente un proyecto sobre algo que se presume que no se hace, sobre todo si se considera que vivimos en el siglo XXI, que hemos firmado acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que involucran a más de 700 millones de personas y que se encuentran en perspectiva otros, relacionados con China, Japón, India y otros países. A pesar de estos antecedentes, la situación en debate ocurre. Es más, estoy convencido de que en los 60 distritos electorales en que se dividió el país, es común constatarla en ferias, vegas y en muchos centros de distribución agropecuaria y de alimentos. Aún más, tal como lo señaló un colega que me antecedió en el uso de la palabra, debe ser muy común en el sector agrícola, representado por muchos distinguidos diputados. El proyecto en discusión cumple con algo vital: resguarda la salud no sólo de los hombres, sino que también es terminante en cuanto a que, por ningún motivo, se aceptará que mujeres embarazadas realicen operaciones de carga y descarga manual. En tal sentido, la letra c) del artículo 211 bis es congruente con la reforma constitucional aprobada por el Congreso, en virtud de la cual el hombre y la mujer son iguales ante la ley; pero, en función del género, debemos cuidar a las mujeres embarazadas, de modo de no afectar su salud ni la del niño que está por nacer al asignarle tareas que tengan que ver con cargas manuales. Por otro lado, también se establece que los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente sin ayuda mecánica cargas superiores a 20 kilos. Me detengo en este punto. ¿No hemos visto en la mayoría de los supermercados a niños en edad escolar, que trabajan para llevar un aporte a su hogar, que de repente transportan cargas superiores a 20 kilos? Eso, el día de mañana, les puede significar serios problemas, especialmente a sus columnas. Este aspecto también hay que destacarlo. ¿Quién puede desconocer lo que ocurre en los puertos? En mayo de este año las exportaciones aumentaron en más de 50 por ciento. Es cierto que los puertos están mecanizados, que la infraestructura vial ha aumentado, y que no es casualidad el incremento de las exportaciones, porque la infraestructura es la conveniente y ha habido visión para que así sea, pero ¿quién puede desconocer que en algunos de los puntos para llegar a los puertos no existen los medios adecuados que ayuden a transportar enormes cantidades de kilos? Mediante este cuerpo legal se deben tomar las providencias del caso para que el día de mañana no existan compatriotas de 50 ó 55 años de edad impedidos de trabajar porque han empleado su fuerza física sin contar con los medios adecuados. Por eso, la mejor señal que hoy podemos dar, en el sentido de aumentar las exportaciones e importaciones como resultado del desarrollo del país, es aprobar esta iniciativa por unanimidad, porque la globalización de la economía debe traer aparejada la defensa legítima de los trabajadores chilenos. Los diputados coautores de la iniciativa felicitamos al diputado Rodolfo Seguel por la presentación de esta moción. Además, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana la votará a favor. He dicho. El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate. En votación el proyecto que regula el peso máximo de carga humana. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Araya, Bauer, Becker, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia), Monckeberg, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Seguel, Tapia, Ulloa, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. Se abstuvo el diputado señor Urrutia. VI. PROYECTOS DE ACUERDO PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE. (Votación). El señor LORENZINI (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 419. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor LORENZINI (Presidente).- Rechazado por falta de quórum. AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMA ENLACES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El señor HALES (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 420. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 420, de las señoras Mella, Saa, Muñoz y de los señores Ortiz, Saffirio, Silva, Vilches, Araya, Vargas y Muñoz. “Considerando: Que el libre acceso a la tecnología y a la intercomunicación, en nivel global, son elementos que cada día tienen mayor influencia en los procesos de formación de niños y jóvenes. Que para nadie es un misterio que la innovación tecnológica y los avances en esta materia hacen que la permanente actualización y renovación de programas y equipos es indispensable para que este medio de interconexión cumpla efectivamente su rol en la educación. Que miles de escolares a lo largo del país, principalmente de escuelas rurales y de sectores urbanos pobres, han tenido acceso a estas tecnologías gracias al programa Enlaces, lo que no habría sido posible sin una acción directa del Estado, debido a su alto costo. Que la permanente suscripción de acuerdos internacionales por parte de Chile, como reflejo de la política exterior de insertarse en el mundo globalizado, requiere complementariamente de una política que permita a todos los habitantes acceder a los múltiples beneficios que de ello se derivan. Que si los escolares de sectores más postergados carecen de los instrumentos y herramientas necesarias para comprender el funcionamiento del mundo global y participar adecuadamente en él, todos los esfuerzos hechos hasta ahora se perderán. La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar a S.E. el Presidente de la República para que se sirva instruir al ministro de Hacienda y al ministro de Educación a fin de que los presupuestos del sector público de los próximos años refuercen sustancialmente los fondos destinados a la adquisición y renovación de equipos computacionales y ‘softwares’ vinculados al programa Enlaces, de modo que todos los niños y los jóvenes tengan acceso equitativo a esta tecnología.” El señor HALES (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella. La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señor Presidente, en todo el proceso de modernización y en las acciones de mejoramiento de la calidad de la educación, el programa Enlaces, conocido por nosotros, ha puesto el sello en la equidad, porque ha permitido implementar salas con equipos computacionales de primera línea en los colegios municipalizados, particulares subvencionados y en todos aquellos que no estaban a la par con el desarrollo tecnológico que sí era y es posible encontrar en los colegios particulares. Con este proyecto de acuerdo queremos solicitar al Ejecutivo que los ministerios de Hacienda y de Educación incrementen, en los presupuestos del sector público de los próximos años, los fondos para la adquisición y renovación de equipos computacionales y programas vinculados al programa Enlaces. Algunos parlamentarios con los que hemos conversado, han manifestado su inquietud en el sentido de que, tal vez, puedan haber distintas realidades. Con posterioridad, pediré al Gobierno información acerca de las evaluaciones efectuadas para medir el cumplimiento del programa Enlaces. De los antecedentes que obran en nuestro poder se desprende que ha permitido el acceso a la nueva tecnología a los sectores de más escasos recursos, lo que constituye un gran avance en equidad y en la entrega de una educación de primera línea. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, muchos parlamentarios hemos seguido la evolución vertiginosa que ha tenido la introducción de la informática en las escuelas de enseñanza básica y liceos del país. Acortar la brecha digital entre los jóvenes y niños de los establecimientos de altos ingresos o sea, de colegios particulares pagados y de colegios municipalizados subvencionados es un objetivo muy claro. Muchos de los jóvenes que estudian en liceos pagados pueden continuar trabajando en sus hogares, porque tienen computador con acceso a internet. En cambio, los niños y jóvenes de escasos ingresos sólo tienen esa posibilidad cuando están en el liceo. En tal sentido, no sólo importa la cantidad, sino también la calidad de los equipos. El programa Enlaces ha capacitado a miles de profesores e instalado computadores en escuelas rurales. Sin embargo, muchos equipos ya cumplieron su vida útil, están agotados y deben ser renovados. Por ello, es importante que los nuevos softwares traigan incorporada la enseñanza del inglés y que el programa Enlaces tenga acceso a los programas disponibles en la red. Como el Ministerio de Educación ha impulsado el estudio del inglés entre los niños y los adultos para competir en el mundo globalizado más urgente se hace la renovación de los equipos computacionales para lograr ese objetivo. Por lo tanto, llamo a nuestros colegas a votar a favor el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad. No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor HALES (Vicepresidente).- Se repetirá la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor HALES (Vicepresidente).- Nuevamente no hubo quórum. En consecuencia, se llamará a los señores diputados por cinco minutos. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor HALES (Vicepresidente).- En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor HALES (Vicepresidente).- Por no lograrse nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 420 para la próxima sesión. VII. INCIDENTES PAVIMENTACIÓN DEL PASO HUAHUM EN PROVINCIA DE VALDIVIA. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, hace algunos días, el Ministerio de Obras Públicas, a través del subsecretario señor Clemente Pérez, anunció una serie de inversiones en los pasos internacionales. De hecho, anunció que se pavimentarán alrededor de 150 kilómetros, con un costo total, más o menos, de 37 mil millones de pesos. Todos conocemos la importancia que tienen los pasos fronterizos para el flujo comercial en el sector, que hoy sobrepasa los 9 mil millones de dólares anuales. Por eso se debe asegurar que el tránsito por ellos sea expedito y permanente durante todo el año. Ayer conocimos la noticia de que el paso Los Libertadores, el principal de nuestro país, se encuentra bloqueado por las fuertes nevazones y lluvias de los últimos días. Sin embargo, en este plan de inversión del Ministerio de Obras Públicas se excluye al paso Huahum, ubicado en la provincia de Valdivia, el que, quizás, cuenta con la mayor ventaja desde el punto de vista físico y geográfico de nuestro país. De hecho, es el de menor altura sobre el nivel del mar y, por ello, no se bloquea durante el invierno, incluso con los temporales más severos que han ocurrido en la historia del sur de Chile. Tampoco tiene prioridad en el denominado plan Bicentenario, en virtud del cual el Ministerio de Obras Públicas pretende realizar varias obras de pavimentación. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que, dada la insistencia de los parlamentarios que representan a dicha zona, las obras de pavimentación del paso Huahum se prioricen por ser éste importante y estratégico. Cuando los pasos Pino Hachado o Cardenal Samoré quedan bloqueados en el invierno el paso Huahum es el único que permanece expedito y sirve como alternativa para el comercio y el transporte internacional de pasajeros. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. Oficio. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, además solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que estudie la factibilidad de reconstruir el puente Plaza, en el camino que une Tripayante con la zona de Mehuida, comuna de San José de la Mariquina, y construir otro, en el estero límite con la comuna de Loncoche. Hago notar que, por hallarse la zona entre dos comunas, su inversión, por lo general, queda un poco a la mano de Dios. Pido, entonces, que el ministro contemple invertir en esos dos puentes para habilitar vías importantes de comunicación en una zona rural donde la gente en invierno queda aislada por la subida de los esteros. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES BÁSICOS. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, se estudia la posibilidad de transmitir en nuestro país el servicio de internet a través de las líneas de conducción eléctrica, sobremontando señales de radiofrecuencia de importante intensidad sobre los cables conductores, llamada técnica PLC. El problema de esta técnica son las graves interferencias que se producen en las radiocomunicaciones de onda corta, incluso en VHF. Todas estas frecuencias, usadas por las Fuerzas Armadas, Carabineros, gobierno interior, Onemi, postas de salud, municipalidades, bomberos, radioaficionados y sus redes que, además del servicio permanente que prestan a la comunidad, adquieren importancia trascendental cuando ocurren catástrofes naturales, frecuentes en el país, ocasiones en que fallan todos los otros sistemas y ellos se constituyen en la columna vertebral de las comunicaciones en crisis. Las únicas pruebas que se realizan en Chile se hacen en sectores en que la mayoría de las líneas de transmisión eléctrica son subterráneas, por lo que los resultados para demostrar que causan pocas interferencias serán falsamente positivos. Por la gravedad que esto pueda acarrear para las normales comunicaciones en el país, le solicito respetuosamente tomar en cuenta estos antecedentes y sumarlos a los de otras personas e instituciones que conocen el problema. Adjunto publicaciones científicas que dan prueba de los conceptos emitidos por estudios e intentos en otros lugares de diversas partes del mundo. Solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con copia de mi intervención, para evitar daños irreversibles en sistemas de comunicaciones básicos para la buena marcha del país. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Waldo Mora, Arturo Longton, Carlos Vilches, Andrés Egaña, Roberto Delmastro, Carlos Hidalgo, Gonzalo Ibáñez y Carlos Abel Jarpa. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN HOSPITAL DE COPIAPÓ Y SITUACIÓN DE OTROS HOSPITALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a un tema muy sensible para la comunidad de Copiapó: el considerable aumento de las enfermedades respiratorias y a la epidemia de influenza. En la semana distrital tuve ocasión de entrevistarme con el doctor Guillermo de la Paz, director del hospital de Copiapó, y con la doctora Pilar Merino. En esa oportunidad les solicité que adelantaran el plan de invierno, que significa recursos para la contratación de médicos, enfermeras universitarias y paramédicos, de manera de incrementar el número de profesionales para la atención de urgencia en el hospital de Copiapó. Pude comprobar que en pocos días se resolvió el problema, ya que dicho hospital, que atiende habitualmente un promedio de 280 pacientes de urgencia en 24 horas, alcanzó a atender hasta 570 enfermos en el día, cifra que evidenció el incremento de esta epidemia, que está haciendo estragos en la población de Copiapó. Por eso, la medida adoptada merece el reconocimiento de quien habla hacia los profesionales doctores Guillermo de la Paz y Pilar Merino y también a los doctores Gilberto Amudio, jefe de urgencia del hospital, y René Aedo, quienes han atendido una enorme cifra de pacientes diariamente, dando respuesta oportuna a las necesidades de salud de la población de Copiapó. La abnegación y dedicación ejemplar de estos profesionales hacia la población me permiten decir en esta Sala que espero que eso se repita en hospitales y servicios públicos de otras ciudades del país, sobre todo durante esta época de invierno extremadamente frío y que ha afectado mucho a la comunidad. Por otra parte, en Diego de Almagro hay mucha preocupación ante la noticia de planes para disminuir la capacidad de atención del hospital. Hemos pedido a la máxima autoridad regional, intendenta señora Yasna Provoste, que fije una reunión esta semana, con presencia de todas las fuerzas vivas y organizaciones sociales de Diego de Almagro, para que nos informe oficialmente sobre el funcionamiento de su hospital. Por ejemplo, se nos informó que el hospital iba a cerrar la maternidad, cuestión que afectaría mucho a esa comunidad, como sucede en localidades del norte del país que no cuentan con las instalaciones adecuadas, debiendo las mamás, muchas veces, recorrer largas distancias para llegar a un establecimiento hospitalario donde tener a sus bebés. No queremos eso para Diego de Almagro, comuna que tiene una maternidad, aunque en condiciones muy precarias. Por eso, pido que se oficie al ministro de Salud, con copia de mi intervención, para solicitarle una especial preocupación por los hospitales rurales tipo T4 de Diego de Almagro, Chañaral, Freirina y Vallenar, a fin de mejorar la atención de salud para toda la comunidad de la región de Atacama. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Carlos Abel Jarpa, Enrique Jaramillo, Roberto Delmastro, Carlos Hidalgo, Gonzalo Ibáñez, Andrés Egaña, Waldo Mora, Jorge Burgos y Carlos Olivares. FISCALIZACIÓN A LAS RADIOS COMUNITARIAS. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, el 31 de mayo recién pasado, la audiencia de la radio comunitaria “El Buen Pastor”, dial frecuencia modulada 106.5, ubicada en el populoso sector de Los Volcanes, de Chillán, fue testigo de un insólito hecho. Mientras se emitía, en vivo, un programa radial, su locutor, evidenciando un particular estado de ánimo y portando una escopeta, comenzó a descalificar gratuitamente a autoridades locales y a parlamentarios. Acto seguido, reprodujo la emisión de una extrañísima grabación, en la que se escuchaba la voz de una mujer que se refería al terrible caso del universitario asesinado Jorge Matute Johns, y señalaba que en él estarían involucrados tanto personal de la policía como familiares de autoridades y parlamentarios. El extraño espectáculo culminó con la entrega voluntaria del locutor a carabineros, a quienes señaló que sólo portaba la escopeta con la finalidad de que no le cortaran la transmisión y que no tenía intenciones de suicidarse como se podría haber presumido. Este inusual acontecimiento dio origen, entre otras, a publicaciones periodísticas de nuestra región, de las que debo destacar las siguientes: En la portada del diario “La Discusión”, de Chillán, de 1º de junio, se señalaba: “Locutor sembró el pánico con amenaza de suicidio”; en el subtítulo expresa: “Hombre, con un aparente estado depresivo, estuvo hora y media al aire con una escopeta en sus manos.” “En radio comunitaria denuncia vínculos de personalidades de la ciudad con el caso Matute”. Por su parte, el diario “El Sur”, de Concepción, en la página 4 de su ejemplar del 2 de junio, relacionó este hecho con el titular “Caso Matute: piden otro mes para el ministro Rubilar”, en su subtítulo señala: “La Conexión Chillán”. En este párrafo anexo expresó que la mujer en cuestión aseguraba en la grabación tener el don de hablar con los muertos y que Jorge Matute le habría dicho que familiares de las autoridades y de la policía estarían involucrados en su asesinato. Posteriormente, al ser ubicada nuevamente, negó toda relación de las autoridades con el caso, aunque expresó ser portadora de la verdad y no tener ningún temor. El tratamiento informativo de los hechos mencionados llama a una profunda reflexión sobre los objetivos definidos para las radios comunitarias cuando se aprobó su funcionamiento. La experiencia demuestra que en muchos casos han dejado atrás su expresión de mínima cobertura. Aunque su personal debe ser voluntario ya que no están autorizadas para buscar financiamiento como radios comerciales, es indispensable que se priorice su calidad ética, el respeto a las personas, la libertad de opinión y demás valores que sustentan la libertad democrática. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que disponga una fiscalización a todas las radios comunitarias, para definir, con la máxima claridad, las responsabilidades que les competen frente a situaciones como la detallada anteriormente. En cuanto a lo obrado por los medios periodísticos, mi conciencia democrática me obliga a expresar lo siguiente: En primer lugar, es profundamente doloroso que un hecho tan lamentable, como el asesinato y la desaparición por tanto tiempo de Jorge Matute Johns, haya dado lugar a que gente inhumana, insensible al dolor ajeno e inescrupulosa involucre a personas e instituciones, sembrando la duda en la población, lo que sólo ha entorpecido la labor de los tribunales. Hago llegar mis condolencias a la familia Matute Johns y confío en que la justicia esclarezca los hechos y sancione firmemente a los culpables. En segundo lugar, lamento que actos de esta naturaleza, protagonizados por personas con claras perturbaciones sicológicas e indudablemente ajenas a su sano juicio, sean recogidos y divulgados irresponsablemente por estos medios periodísticos, lo que causa perjuicio a personas inocentes y pone en riesgo el prestigio de las instituciones públicas. En tercer lugar, y sin considerar lo sucedido en los últimos meses, me parece gravísimo que hayamos sido testigos de cómo hechos de estas características, generados por personas de condiciones similares, desencadenaran situaciones amargas y dolorosas a nuestros colegas parlamentarios y a sus familias, no se tomen en cuenta y como ejemplo para la entrega de una información responsable. Por último, y en esto quiero ser enfático, soy ferviente partidario de la libertad de prensa y de expresión, tal como lo he manifestado en numerosas oportunidades en esta misma sala. Considero que es el pilar fundamental de toda democracia y estado de derecho, ya que es ella la que permite que nuestra comunidad esté informada y conozca nuestras opiniones. Pero he aquí la gran tarea de los verdaderos periodistas esta información debe ser el producto de un periodismo serio, claro, transparente, veraz y sin ningún tipo de ambigüedad, en que todos los involucrados sean responsables y tengan los mismos derechos y deberes, que permitan una información objetiva, imparcial y clara, para evitar que la irresponsabilidad dañe la honra de personas inocentes y siembre la duda en nuestra institucionalidad. Finalizo mi intervención tal como lo hiciera hace más de cien años exactamente, el 1º de agosto de 1900 mi colega y correligionario don Enrique MacIver, quien, al referirse a la crisis moral de ese entonces, señaló: “Tengo fe en los destinos de mi país. Confío en que las virtudes públicas que lo engrandecieron volverán a brillar con su antiguo esplendor”. Solicito que copias de mi intervención se envíen a la Comisión Investigadora del caso Matute, de la Cámara de Diputados; a los ministros del Interior, de Defensa y de Transportes y Telecomunicaciones, y a los presidentes de la Asociación de Radiodifusores de Chile y del Colegio de Periodistas de Chile. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña, Gonzalo Ibáñez, Waldo Mora, José Miguel Ortiz, Enrique Jaramillo y Alejandro García-Huidobro. CIERRE DE COLEGIOS PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE DE LLANQUIHUE Y PUERTO MONTT POR MAL USO DE SUBVENCIONES. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, mi intervención tiene como propósito oficiar al ministro de Educación, señor Sergio Bitar, a fin de que haga llegar una serie de antecedentes que considero de enorme relevancia ante la denuncia pública que a continuación realizaré, que perjudica enormemente a gran cantidad de alumnos de las comunas de Llanquihue y Puerto Montt, en la Décima Región. Para nadie es un misterio que establecimientos educacionales vinculados a la educación para niños que tienen problemas de lenguaje han desarrollado, y desarrollan hasta hoy, una gran labor. Destacamos y alabamos a estas instituciones que han dedicado su atención a trabajar con un segmento de la población que tiene problemas de este tipo. Es de enorme relevancia brindarles una educación muy particular y especial. Esa labor es tremendamente importante, pero también lo es que dicha función se desarrolle bien, como corresponde, con respeto a las leyes, normas y requerimientos que establece el Ministerio de Educación, que, con mucho esfuerzo, entrega recursos en subvenciones para estos establecimientos. En las últimas semanas, y producto de una investigación que ya lleva varios meses, hemos sido testigos de que, lamentablemente, en las comunas de Llanquihue y Puerto Montt existen dos establecimientos de este tipo que tienen graves problemas relacionados con la cantidad de alumnos inscritos, con la forma de trabajar con ellos y con la manera de cobrar las subvenciones. Tenemos testimonios de profesores que, con gran amor por la labor que desarrollan, de una u otra manera, se extrañan de que hoy no se fiscalice severamente estos establecimientos. Específicamente, me refiero a dos de ellos, de Llanquihue y de Puerto Montt, cuyos listados de inscritos incluyen una cantidad superior a noventa alumnos y que, en la práctica, diariamente no asisten más de diez o quince, pero cobran por más de noventa o, en algunos casos, por más de cien. En tres años de vida han cobrado cifras onerosas en subvenciones por alumnos que no han ido a clases, muchos de los cuales tampoco adolecen de problemas de lenguaje. Es decir, se han aprovechado de las deficiencias de un sistema en cuanto a la fiscalización en el uso de los recursos que dichos establecimientos le cobran al Estado y que son usados de manera realmente vergonzosa. Hoy, jueves 10 de junio de 2004, estamos en presencia de un establecimiento educacional de Llanquihue que está brindando clases a una cantidad mínima de alumnos, sin luz ni agua, con profesores impagos y que denuncian tratos vejatorios, y con auxiliares sin contrato de trabajo. Los sostenedores de los establecimientos San Judas Tadeo, de Puerto Montt, y Santa María, de Llanquihue, a la fecha han cometido 151 infracciones a las leyes laborales vigentes y en estos momentos se encuentran con órdenes de aprehensión en poder de la Policía de Investigaciones de Chile. Son sostenedores que hoy están cobrando subvenciones millonarias, violando la ley. Por lo tanto, por el bien de esos alumnos, es preciso proceder al cierre de esos establecimientos educacionales y que se ejerzan medidas ejemplificadoras que tiendan a evitar que, en el futuro, se vuelvan a producir este tipo de situaciones. Asimismo, es preciso que sus alumnos sean reubicados en otros establecimientos. Estamos en presencia de un hecho vergonzoso. He puesto en conocimiento de estos antecedentes al seremi de Educación, quien siempre ha desarrollado una gran labor en nuestra región. En consecuencia, espero que el ministro adopte medidas ejemplificadoras para evitar que estos señores inescrupulosos sigan abusando de un sistema que, a veces, no tiene la cantidad de fiscalizadores necesarios para evitar este tipo de conductas. Estamos hablando de subvenciones superiores a los 400 millones de pesos, en tres años. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Mora, Jaramillo, Navarro y Jarpa. LABOR E IMPORTANCIA DE LA CORPORACIÓN PARA LA REGIONALIZACIÓN DEL BIOBÍO. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, hace 20 años en Concepción se creó la Corporación para la Regionalización del Biobío, Corbiobío. Éramos un grupo de regionalistas liderados por el ingeniero civil Claudio Lapostol. Formamos esta corporación privada de gestión, independiente de intereses político partidarios o confesionales, porque veíamos con frustración que todas las decisiones e inversiones importantes se tomaban en Santiago y que era fundamental revertir este centralismo uniendo a las regiones y, de esa manera, influir en las decisiones de las autoridades. En septiembre de 1984, en la capital del Biobío, más de 200 delegados, representantes a todas las regiones de Chile, venidos desde Arica hasta Punta Arenas, crearon la Corporación para la Regionalización de Chile, CorChile. En estos 20 años las corporaciones han logrado difundir las ventajas de una administración descentralizada. Han realizado 14 jornadas nacionales de regionalización en distintos lugares de nuestro país, a los cuales han asistido personajes públicos y privados, destacados académicos nacionales y extranjeros, entre ellos, los últimos cuatro presidentes de Chile. El aporte de Corbiobío, bajo la presidencia de Claudio Lapostol, al tema de la descentralización ha sido enorme. Son numerosos los talleres, seminarios y congresos en los que se han expuesto diversos temas que han contribuido a crear conciencia de que nuestro país debe tener un desarrollo armónico y revertir la situación actual, cual es que el 42 por ciento de los habitantes de Chile vive en la Región Metropolitana según recientes cifras y, lo que es aún más dramático, sólo en el 2 por ciento del espacio físico de nuestro territorio. Por eso, Corbiobío siempre ha planteado salvar a Santiago, desarrollando a las regiones. No estamos en contra de la capital y de sus habitantes, sino en contra de que se privilegie a la Región Metropolitana en materia de inversiones. Daré a conocer las principales áreas de acción de Corbiobío en estos veinte años: Ha apoyado el desarrollo local y regional, dando importancia al capital humano, potenciando la calidad de vida y del medio ambiente, gestionando prácticas de importancia local y ayudando a la consolidación de las corporaciones y universidades regionales. Ha fomentado la evaluación de los procesos de descentralización, que se han realizado en distintas localidades de Chile. Ha difundido una estrategia comunicacional para crear una entidad regional que motive e interprete a los habitantes de las regiones. Ha establecido un estrecho contacto y una amplia defensa de los medios de comunicación, que han sido los principales perjudicados por el excesivo centralismo. Basta con ver la situación actual de la prensa, radio y televisión de nuestras regiones. Los que aún sobreviven lo hacen en precarias condiciones, porque toda la inversión publicitaria se decide fundamentalmente en la capital. Corbiobío, después de veinte años, está integrada por cuarenta y nueve empresas, por instituciones y universidades regionales, y por más de cincuenta personas naturales. Podemos sintetizar su misión en los siguientes puntos: Se preocupa de velar porque la política de regionalización garantice el desarrollo equilibrado del país. Trabaja por el progreso de la región del Biobío en todos sus aspectos. Propende a que las autoridades regionales sean elegidas, que participen en las decisiones del gobierno central y que se les entregue poder efectivo y recursos para realizar su labor. Corbiobío fue la primera institución que propuso la elección por sufragio universal de alcaldes, concejales y consejeros regionales. Contribuye a crear conciencia sobre la necesidad de descentralizar el país. Impulsa los programas educacionales y culturales que destaquen los valores regionales. Promueve la cooperación entre las provincias y las comunas de la región. Fomenta la descentralización de la empresa privada y de los servicios públicos. Propicia el traslado a las regiones de las gerencias regionales y de las direcciones de empresas e instituciones públicas y privadas instaladas en Santiago. Apoya los programas de inversión regional, destinados a crear desarrollo social y económico. Contribuye a las condiciones de infraestructura que se desarrollan en las regiones. Sugiere políticas que incentiven la regionalización. Propende sistemas de distribución de la inversión pública que aseguren a las regiones los recursos económicos necesarios para su desarrollo. Hoy, las regiones miran el actuar de sus parlamentarios, ya que la honorable Cámara de Diputados ha iniciado la discusión del proyecto de ley de reforma constitucional, que tiene por finalidad avanzar en forma decidida hacia la descentralización. Los contenidos fundamentales de esa iniciativa son: Flexibilizar el número de regiones, definir bien el rol del intendente en el Core, establecer los nuevos roles del intendente y del gobernador, establecer la elección popular de los consejeros regionales, disponer la participación intrarregional, normar las transferencias de competencia, estudiar el tema de las áreas metropolitanas, crear un estatuto especial para Isla de Pascua y el Archipiélago de Juan Fernández situación varias veces planteada, ampliar la cobertura de los convenios de programación, establecer normas respecto de la potestad reglamentaria y la incompatibilidad de cargos. De manera que nuestra Cámara tiene hoy la enorme oportunidad de dar los pasos decisivos para descentralizar realmente nuestro país. Desde nuestro Congreso Nacional, aquí en Valparaíso, que voces centralistas también han pretendido llevárselo a la capital, hago llegar mis más sinceras felicitaciones a Corbiobio, a través de su presidente e impulsor, don Claudio Lapostol. Permítaseme nombrar también a algunos destacados regionalistas como Alberto Gyhra, Hernán Alves, Mario Soto, Rafael Maira, Hagen Gleisner y tantos otros que por problemas de tiempo les ruego que me excusen no podré nombrar. Para finalizar, quiero hacer un emocionado recuerdo de quienes nos apoyaron, pero que ya no están con nosotros, como el doctor Hernán Gouet, René Labbé, Gabriel Carmona, el destacado profesor Carlos Von Plessin y don Víctor Lobos Lapera, quien también hicieron un gran aporte a la causa regionalista. Señor Presidente, pido que se haga llegar copia de mi intervención al señor Claudio Lapostol y a los miembros del actual directorio de Corbiobio. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Gonzalo Ibáñez, Waldo Mora, Carlos Abel Jarpa y Enrique Jaramillo. ANTECEDENTES SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA DE MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado Gonzalo Ibáñez. El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).- Señor Presidente, mi intervención será breve, pero enfática. El año pasado quedó públicamente a la vista el enorme déficit que se estaba produciendo en la municipalidad de Valparaíso y en la corporación municipal que administra los establecimientos educacionales y de salud de esa comuna, que depende de la municipalidad. Según informaciones de diversas fuentes, dicho déficit llega a una cifra superior a los 20 millones de dólares, es decir, más de 12 mil millones de pesos. El déficit, que aún no ha sido cubierto, es producto de la muy mala gestión del alcalde de Valparaíso, señor Hernán Pinto, y de la municipalidad en general. Se trató de cubrir mediante el procedimiento de enajenar bienes municipales, pero me opuse a ello porque consideré que no se podían enajenar para cubrir deudas, sino que sólo para hacer nuevas inversiones. Sin embargo, se alcanzaron a vender el recinto ferial, en el sector Yolanda Barón, por más de 1.500 millones de pesos, la ex cárcel pública, y se trató de vender, entre otros, el velódromo de Playa Ancha. Todo esto ha generado una situación de alarma pública en la ciudad y en la región, y sus efectos, por supuesto, se han visto en forma inmediata. Por ejemplo, fue necesario suspender el servicio de extracción de basura mediante los contenedores públicos repartidos por la ciudad, lo que obligó volver al sistema de recolección con camiones, que en una ciudad como Valparaíso, con tantos cerros y quebradas, es extraordinariamente ineficiente. En el caso de la basura se ha producido una saturación y un crecimiento exponencial muy grave de los vertederos clandestinos. Por otra parte, se configuró una situación de no pago a las distintas empresas proveedoras de bienes y servicios, situación que ha continuado hasta ahora y que ha impedido que la municipalidad pueda cumplir con sus obligaciones a nivel mínimo. He consultado reiteradamente a la Contraloría General de la República sobre todos estos puntos. Es cierto que la Contraloría Regional entregó los primeros informes que permitieron establecer la existencia del déficit y dimensionarlo, pero ha sido imposible obtener una auditoría de los balances, tanto de la Municipalidad de Valparaíso como de la corporación municipal. Pedí personalmente la realización de esos balances en julio de 2003, pero sólo en febrero de este año se llamó a propuesta para la realización de las auditorías, es decir, siete meses después. Fue adjudicada en marzo pero aún no hay resultados. Estamos viviendo la segunda semana de junio y es realmente sorprendente no conocer ni tener una versión de la Contraloría sobre esos balances al 31 de diciembre de 2003. Por lo tanto, pido que se oficie al Contralor General de la República a fin de que nos informe a la mayor brevedad acerca de la situación financiera de la municipalidad y de la corporación municipal de Valparaíso, haciéndole ver nuestra preocupación por lo que podría ser una falta de diligencia de ese organismo, puesto que es a él al que el corresponde la fiscalización de las municipalidades y corporaciones municipales. Es inadmisible subrayo que, habiendo transcurrido casi seis meses desde el término del ejercicio del año pasado, todavía no conozcamos cifras oficiales sobre el déficit que afecta a la Municipalidad de Valparaíso y a su respectiva corporación. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Waldo Mora, Andrés Egaña y Carlos Abel Jarpa. En el tiempo del Comité de la UDI, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ANTECEDENTES SOBRE INFORMACIÓN APARECIDA EN “DIARIO FINANCIERO”. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señor Presidente, en primer lugar, al leer el boletín de prensa, que nos hace llegar Relaciones Públicas de la Cámara, me he encontrado con un titular del “Diario Financiero” que dice: “Argentina planea llevar a Chile ante la OMC por bandas de precios”, y, a continuación, “El gobierno trasandino evalúa solicitar un panel de cumplimiento ante la OMC para que el país Chile sea obligado a desmantelar el mecanismo de bandas de precios”. Por eso, pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para que nos informe si esto es efectivo, porque quiero pensar que es un chiste más de los argentinos. Que vengan a plantear esta cuestión después que no han respetado los protocolos de venta de gas natural a Chile, no sé si es un chiste o una tomadura de pelo. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, Andrés Egaña, José Miguel Ortiz y Carlos Abel Jarpa. INFORMACIÓN SOBRE RADIOEMISORES DE MÍNIMA COBERTURA. Oficio. El señor MORA.- En segundo lugar, acabo de escuchar que la función pública está desprestigiada. Es cierto, aunque esto ocurre no sólo en Chile, sino que en muchas partes. También es cierto que, muchas veces, contribuimos con nuestros actos a que ese desprestigio sea permanente. No es menos cierto que, a partir del año 90, ha habido un cambio radical en materia de ejercicio de las libertades; especialmente en cuanto a la libertad de prensa y expresión hemos vivido un cambio total. Hoy tenemos una prensa libre y una legislación que ha permitido ir afianzando el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos. Pero, no es menos cierto que en el ejercicio de estas libertades se han cometido abusos sistemáticos y permanentes, porque muchos medios de comunicación no han actuado con la responsabilidad requerida para enfrentar el gran desafío que significa tener libertad, de manera que la ciudadanía sepa con transparencia lo que sucede en nuestra sociedad. Antes, las personas tenían valores éticos y morales, como sucedía en Canal 13, Canal 9, etcétera. Hoy, han desaparecido esos valores que tanto han defendido históricamente y se entregan a las leyes del mercado. Pero, ¿qué mercado?: el del sexo, de la denostación, de la farándula y, perdonen la expresión, del chisme barato. Y así es como a los hombres públicos nos aluden tupido y parejo. Por eso, adhiero a lo señalado por el diputado Carlos Abel Jarpa y solidarizo con él. Por lo tanto, pido se oficie a la subsecretaria de Telecomunicaciones a fin de que informe a la Cámara cuántas radioemisoras de mínima cobertura se han autorizado en Chile desde su aparición, con qué periodicidad se fiscalizan y cuántas están violando las disposiciones legales, porque a pesar de no estar autorizadas para hacer publicidad, igual la están haciendo. Son radios comunitarias que no están cumpliendo con su finalidad. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa, Enrique Jaramillo y Andrés Egaña. AMPLIACIÓN DE FACULTADES FISCALIZADORAS Y MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Oficios. El señor MORA.- Por último, los cambios que Chile ha experimentado desde 1990 a la fecha han sido extraordinarios y beneficiosos: tenemos un rostro nuevo, distinto; somos un país del cual todos podemos sentirnos orgullosos, especialmente frente a lo que está pasando en el mundo entero. Pero, junto con ello, hay ciertas lacras sociales que son inherentes al hombre y que se han ido incrementando con el modelo neoliberal. “Como te ven te tratan”, “Tanto tienes, tanto vales”; estamos inmersos en un modelo consumista en que todo es comprar y comprar, donde todo el mundo se las rebusca de cualquier manera. Debido a esto tenemos una delincuencia que crece y avanza con mucha fuerza y una corrupción muy fuerte, que también se está acrecentando. Por eso, pido que se oficie a los ministros secretario general de la Presidencia y de Hacienda a fin de que estudien la posibilidad de entregar más facultades y mayor presupuesto a la Contraloría General de la República, de manera de impedir que la corrupción siga creciendo, como vemos que está ocurriendo, especialmente en las municipalidades y en las corporaciones municipales. Asimismo, para que se aumente su planta de funcionarios, con el objeto de que ese organismo pueda cumplir con su función fiscalizadora. En la medida que lo se logre, la corrupción disminuirá y el país ganará mucho. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Carlos Abel Jarpa, Enrique Jaramillo y Andrés Egaña. ADHESIÓN A HOMENAJE A CORBIOBÍO. Oficios. El señor HALES (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ante todo, quiero adherir con mucha fuerza y en forma muy especial a lo planteado por mi colega Carlos Abel Jarpa, que se refirió a un tema que nos ha tocado vivir algunas veces. Pero es diferente vivirlo a que nos lo cuenten. En segundo lugar, al escuchar la intervención de mi colega de distrito, con motivo del vigésimo aniversario de la Corbiobío, se me vino a la mente que en nuestra región han habido muchas instituciones que han entregado el máximo. Y los resultados están a la vista. Soy diputado de Gobierno, pero jamás le he preguntado a alguien si votó por mí. Las cuatro veces que la ciudadanía me ha dispensado la primera mayoría en mi distrito, en la misma noche he dicho que soy un diputado que represento a todos los habitantes de Concepción, Chiguayante y San Pedro de La Paz. Lo peor en la vida es tratar de que las instituciones focalicen su accionar hacia un solo lado. Lo digo con mucha seriedad. Además, ese tema se lo he planteado al presidente de la Corbiobío, don Claudio Lapostol, en no menos de tres ocasiones. A mi colega de distrito le consta que estuve presente en la celebración de los 20 años de la asamblea anual de esa corporación. He asistido a todas las reuniones que ha hecho desde que soy parlamentario, hace más de catorce años. También he sido claro en señalar que en los tres gobiernos de la Concertación ha habido hechos concretos. Uno, se ha descentralizado en forma muy importante el presupuesto de la nación. Nadie puede desconocer las obras que hemos conseguido con Aylwin, Frei y Lagos en mi distrito, en mi provincia y en mi región. Jamás se había hecho una inversión como la de ahora. Lo que sucede es que no nos gusta el egocentrismo ni el personalismo. Creemos que la pega hay que hacerla. Me llenó profundamente lo que dijo en una entrevista el ministro del Interior, don José Miguel Insulza, hace algunos días. Le preguntaron su opinión sobre los medios de comunicación. Él, como hombre demócrata, contestó que siempre lo hemos expresado cree en la libertad de prensa. Luego manifestó que había aparecido una encuesta, no de un organismo de Gobierno, que demostraba que el 70 por ciento de la población aprobaba la gestión del Presidente Ricardo Lagos, pero ¿cuál había sido el titular de un medio de comunicación? “Un 30 por ciento de los chilenos desaprueba el gobierno del Presidente Lagos.” Lo mismo puedo decir de la Octava Región. En mi distrito, en 1990, no existían los tres ejes de la calle Prat, la calle Los Carrera ni el puente Yacolén. En el barrio norte sólo había dos calles pavimentadas. Los invito a visitarlo ahora. San Pedro de La Paz y Chiguayante, comunas cuya creación propusieron el entonces senador Arturo Frei Bolívar, en el Senado, y el diputado que habla, José Miguel Ortiz Novoa, en la Cámara de Diputados, han cambiado su nivel y su calidad de vida. No me parece bueno que Corbiobío encuentre todo malo y señale que no se avanza, que no se descentraliza, que no llegan medios. Lo peor lo digo como penquista nacido y criado es afirmar que Santiago se lleva la “parte del león”. Eso es falso. Tan falso como dos más dos son cinco. Es falso porque la inversión que se ha hecho en la Octava Región ha sido altísima. Por ejemplo, en dos meses más se terminará una inversión en obras de pavimentación, aceras, red de agua potable, luz eléctrica y en una planta elevadora, que se empieza a construir en los próximos días. Ello significará un cambio total y absoluto para diez mil personas del sector de Lomas Coloradas. Asimismo, se invirtió en un jardín infantil de la Junji, que inauguramos hace dos semanas, y en un consultorio, que inauguramos hace un año. Ahí sólo se han invertido 6 mil millones de pesos. Es mi deber y obligación dar a conocer estos avances. La Corbiobío ha cumplido un rol importante, pero no puede sostener que no se ha hecho nada, porque es falso, aunque aún faltan muchos proyectos por concretar. No vale la pena politizar situaciones que, en el futuro, en vez de unir, separen. Felicito a Corbíobío y, por eso, adherí al homenaje por sus veinte años de vida. Los nombres mencionados por el diputado Egaña son hombres ilustres de Concepción, pero hay otros, tan destacados como ellos, que no pertenecen a esa institución, sino a otras. Plantee el tema, porque siempre es bueno dar a conocer puntos de vista distintos. Esa es la única forma de mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los chilenos. Por lo tanto, solicito enviar copia del texto de mi intervención al intendente de la Octava Región, a los consejeros regionales, que representan a todos los partidos políticos y han sido parte vital en las inversiones realizadas, y al presidente de Corbiobío. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia del texto de su intervención y la adhesión de los diputados señores Carlos Abel Jarpa y Enrique Jaramillo. DENUNCIA EN PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL. Oficio. El señor HALES (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, Chile le ha declarado la guerra a un enemigo interno que socava las bases mismas de la convivencia social. Ese enemigo, el único que puede existir al interior de una sociedad democrática y de un estado social de derecho, es la pobreza, la marginalidad social y la exclusión. La lucha contra la pobreza, que en los últimos catorce años ha sido pilar de la acción gubernativa en el país entero, como lo ha dicho el diputado José Miguel Ortiz, ha implicado el desarrollo de importantes políticas sociales que culminan hoy con los programas Chile Solidario y Puente, que pretenden transformarse en instrumentos de focalización de la inversión social mediante la coordinación de los servicios públicos y de los programas dirigidos a la gente que vive bajo la línea de la pobreza. Sin embargo, todo el entramado de políticas y programas requiere de un parámetro de medición, de un criterio de selección de las familias y de las personas que pueden optar a estos beneficios. Cuando el parámetro falla, toda la política queda en situación de precariedad e incapacidad para producir efectos reales. Desde hace mucho tiempo, el alcalde de Osorno, señor Mauricio SaintJean, me ha planteado de manera seria, responsable y con mucha fuerza este tema. De hecho, hace unos días, con estupor, me relató la verdadera competencia que existe entre los pobres del campo y los de la ciudad, pues estos últimos son castigados en el proceso de estratificación social de la ficha CAS 2, porque el sólo hecho de vivir en una zona urbana, con agua potable y alcantarillado, les otorga automáticamente 520 puntos en la ficha CAS, con lo cual quedan fuera de distintos programas sociales, subsidios, etcétera. En el campo, donde no hay alcantarillado ni agua potable, lo que es normal en el sector campesino, automáticamente, se les otorgan 480 puntos. Algo no está bien medido, me decía el alcalde SaintJean. Como se comprenderá, esta situación es anómala y errada. Si hemos avanzado en pavimentos, urbanización, agua potable y alcantarillado, es por el desarrollo de las políticas de inversión pública; pero ello no hace que la gente cuente con más medios para sobrellevar su vida, pues siguen tan necesitados del sistema de protección social, al igual que cuando usaban agua de pilones o pozos. En consecuencia, pido que se oficie urgentemente al ministro de Planificación y Cooperación, con copia de mi intervención, para que nos informe sobre la efectividad de la denuncia que he recibido, que surgió de un trabajo serio realizado por el alcalde de la comuna de Osorno, don Mauricio SaintJean, y sobre la forma de superar esta situación que, a mi juicio, puede terminar por minar este instrumento de medición de la pobreza, indispensable para la ejecución de la política social del Estado. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de centralismo, pues, en nombre de las provincias, de las regiones, desde la Cámara de Diputados, que representa a todos los chilenos, en esta ocasión entrego una opinión que surge de lo que se me informó en Osorno. He dicho. El señor HALES (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz y Carlos Abel Jarpa. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 13.57 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.