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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional e iniciado en mociones de los Honorables señores Chadwick, Larraín y Romero, y del ex Senador señor Díez, y de los Honorables señores Silva y Viera-Gallo, y de los ex Senadores señores Bitar y Hamilton, que introduce diversas reformas a la Carta Fundamental, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre los proyectos (2526-07 y 2534-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyectos de reforma constitucional: (mociones de los señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 7ª, en 4 de julio de 2000.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 12ª, en 6 de noviembre de 2001.
Constitución (complementario), sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Constitución (segundo), sesión 36ª, en 26 de marzo de 2003.
Discusión:
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001 (queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario); 23ª, en 15 de enero de 2002 (se aprueba en general); 42ª, 44ª, en 29 y 30 de abril, respectivamente; 4ª, 5ª, en 11 y 17 de junio de 2003, respectivamente; 7ª , 11ª y 14ª, en 1º, 9 y 16 de julio, respectivamente; 31ª, en 3 de septiembre de 2003; 3ª, en 14 de octubre de 2003 (queda pendiente su discusión particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se le ha pedido al Honorable señor Chadwick que oriente el tratamiento del proyecto. Para ello, se ha confeccionado una minuta que guiará la discusión y que ha sido distribuida a los señores Senadores.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , corresponde tratar la modificación del número 10º del artículo 32 de la Carta Fundamental.
En este artículo se determinan las atribuciones exclusivas del Presidente de la República y en su número 10º se establece la facultad de designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales. Asimismo, se dispone que estos funcionarios serán de la confianza exclusiva del Primer Mandatario y que se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unánimemente, propone a la Sala modificar tal facultad. Y tras un largo debate sobre la materia llegó a la conclusión de que, si bien el Presidente de la República , por disposición constitucional, tiene la responsabilidad de conducir la política exterior del país, no lo es menos que hoy día las relaciones internacionales se desarrollan cada vez más dentro de las políticas de Estado, donde lo que queda comprometido no es tan sólo la voluntad de un Gobierno, sino también la de todo un país.
En este sentido, la Comisión optó por plantear a la Sala una enmienda que busque armonizar la responsabilidad presidencial de conducción de la política internacional con la visión de Estado que deben tener tales políticas, sobre todo a mediano y largo plazo. Por ello, se sugiere modificar el número 10º, facultando al Primer Mandatario para designar a los embajadores y a los representantes ante organismos internacionales, pero con acuerdo del Senado. Es decir, la misma disposición que rigió bajo la Constitución de 1925.
En todo caso, junto con otorgar a la Corporación la atribución de manifestar su acuerdo en la designación referida, se mantiene para los funcionarios nombrados el carácter de confianza exclusiva del Presidente de la República y también la facultad de éste de removerlos cuando ya no cuenten con su respaldo, ya que sería incompatible con el cargo y perjudicial para los intereses nacionales -según se analizó en la Comisión- que un embajador, representando al Estado chileno ante otro país, no dispusiera del apoyo del Ejecutivo o tuviera alguna discrepancia o conflicto con él.
En suma, se buscó una fórmula que permitiera concretar esa designación con acuerdo del Senado. Sin embargo, para efectos de mantener la prerrogativa presidencial de la conducción de la política exterior, los funcionarios designados seguirían siendo de su exclusiva confianza, de modo tal que podrían ser removidos cuando ya no contaran con ella.
Por eso, señor Presidente , la Comisión de Constitución propone a la Sala modificar el número 10º del artículo 32.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , efectivamente ha habido una transversalidad de juicios y de criterios respecto de una materia que no sólo se inserta en el tema constitucional, sino también en la realidad que actualmente está viviendo Chile, que se ha ubicado en un escenario internacional muy importante.
Nosotros creemos en la necesidad de ir adaptando la institucionalidad del país a esa nueva realidad y, en este proceso, es fundamental estar conscientes de la relevancia que en el plano político y profesional tienen los embajadores, quienes no necesariamente representan gobiernos, sino a una nación.
En este sentido, estimamos equilibrado el acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pues, si bien mantiene la facultad del Presidente de la República de proponer a su arbitrio las candidaturas a embajador, el Senado puede confirmarlas o desestimarlas. Y, aun así, seguiría teniendo la tuición sobre ese representante, dado que conserva la calidad de funcionario de su exclusiva confianza.
En ese entendido, consideramos que estamos dando un paso adelante. Sin embargo, no sería lógico plantear esta materia en términos aislados. Me parece esencial que, al modernizar la diplomacia profesional chilena, demos una señal relevante, a fin de que podamos tener un estatuto diplomático que, en el siglo XXI, sea coherente con la realidad donde el país hoy día está situado.
En consecuencia, debemos adaptar las instituciones. En particular, la del servicio exterior chileno requiere un ajuste. Por ello, en muchas oportunidades hemos planteado la situación a la Comisión de Relaciones Exteriores y también a la Cancillería. Éste es el momento de dar el paso necesario para otorgar la suficiente majestad, eficiencia y modernidad a una institución que ha prestado en el pasado grandes servicios al país.
Consideramos que ahora estamos en un nuevo escenario y que es fundamental dar esta señal en forma clara y categórica.
En un principio habíamos planteado exigir el pronunciamiento del Senado sólo para los postulantes a embajador que no hubieren seguido la carrera diplomática; pero la Comisión -y en esto estamos de acuerdo- estimó más equilibrado que todos los representantes en el exterior tengan el respaldo ciudadano nacional que implica la aprobación de la Cámara Alta.
Por lo demás, la experiencia pasada no es negativa. Hubo casos excepcionales, por razones muy particulares, en los que se produjo algún problema en esta materia. Yo diría que en este punto siempre se actuó como con un cedazo invisible que permitió, incluso, que los propios Gobiernos se viesen ayudados, de alguna manera, con esta exigencia, pues obviamente el respaldo que dio el Senado en su momento a quienes fueron postulados, fue coherente con el currículo y la calificación necesarios para un desempeño eficiente.
Por ese motivo, señor Presidente , la Sala de Senadores de Renovación Nacional está de acuerdo con lo que ha propuesto la Comisión.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , anuncio que votaré en contra porque, en lo fundamental, la proposición no es coherente con la estructura institucional de nuestra Constitución respecto de las relaciones internacionales.
En efecto, hay dos características de nuestro régimen que me parecen centrales. Una de ellas es su naturaleza presidencialista, pues el Primer Mandatario es el eje conductor de las políticas del país, tanto en el orden interno como en el externo. La administración y el gobierno del Estado constituyen su tarea central. Y ciertamente, desde el punto de vista de la efectividad del gobierno en materias internacionales, es donde más se requiere la coherencia y la unidad en la proyección de Chile en el exterior.
Por ese motivo, es importante ser congruentes en lo que estamos definiendo.
Los embajadores son los agentes directos, los ejecutores de las políticas internacionales del Presidente de la República , quien gobierna la nación, y por lo tanto, si está obligado a tener la voluntad de un tercero para su nombramiento, ello inevitablemente significa hipotecar parte de sus atribuciones. Además, la propia Carta Fundamental, en una segunda institución (artículo 32, Nº 17º), le entrega en forma clara y categórica la conducción de las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales; llevar a cabo las negociaciones, y concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que, por cierto, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso en lo que corresponda.
Aquí hay una segunda afirmación, coherente con el régimen presidencialista, como es la conducción exclusiva de las relaciones internacionales en manos del Jefe del Estado , a quien encomienda efectuar las negociaciones y llevarlas adelante conforme a sus criterios.
En ese sentido, si bien los equipos de la Cancillería han de ser necesariamente profesionales, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, me parece perfectamente compatible que los embajadores, además de pertenecer a ese equipo profesional, deban ser personas de la confianza del Presidente de la República , en la misma forma en que lo son los ministros de Estado. Porque, si para nombrar un embajador el Primer Mandatario requiere la anuencia de un tercero -del Senado en este caso-, obviamente que su atribución se ve disminuida, pues si no lograra determinada designación, a lo más podrá reclamar que debido a ello las relaciones internacionales en ese ámbito no fueron todo lo deseables que él hubiese querido. Por lo tanto, si tiene la responsabilidad de su conducción, que la asuma en plenitud, para lo cual debe contar con los instrumentos necesarios.
Si en realidad se quieren introducir cambios en materia internacional, hay que hacerlos, como lo he señalado en más de una oportunidad, en el ámbito de los tratados internacionales. A mi juicio, los compromisos asumidos por el Presidente de la República , que han de ser ratificados por el Congreso, restringen la capacidad normativa radicada en éste, por lo cual debería, de alguna forma, participar en los tratados antes de su celebración, tal como ocurre en Estados Unidos, según recuerdo haber señalado, donde el Parlamento, junto con autorizar al Presidente para negociar, le hace un rayado de cancha genérico que éste debe respetar.
Sin embargo, me parece que el tema de los embajadores es distinto del de los tratados, y creo que por eso mismo no resulta conveniente modificar la situación actual, vigente desde la Constitución del 80, que efectivamente modificó el régimen establecido en la de 1925.
Hay que ser coherentes. Si tenemos un régimen presidencialista y se ha encargado al Jefe del Estado la conducción de las relaciones internacionales, no veo coherencia en que, para la designación de los ejecutores de esa política, de quienes deben llevar adelante las negociaciones que la Constitución le encomienda, deba contar con la anuencia del Senado.
Tratándose del nombramiento de ministros de la Corte Suprema , del Fiscal Nacional o de otras autoridades, he apoyado la participación de la Cámara Alta. Lo considero un buen sistema y creo que ha dado buenos resultados. Pero aquí está en juego una atribución que corresponde al Presidente de la República , cosa que no ocurre en los otros casos. Porque la designación de ministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o de cualquier otra autoridad -como la que efectuamos hace un rato, de un consejero del Banco Central- forma parte de instancias propias de los Poderes Públicos y no constituye una atribución exclusiva típica del Jefe del Estado.
Si en algo debemos tener unidad es en materia de relaciones exteriores, pero ella únicamente se logra bajo una sola conducción.
Por estas razones, votaré en contra.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , participé en los debates habidos en la Comisión al tratar este tema y creo tener alguna experiencia en la materia: durante seis años viví el proceso de nombramiento de embajadores.
De conformidad con la Constitución de 1925 -que en esto siguió a la de 1833-, el Presidente de la República tenía libertad para escoger a sus embajadores y ministros plenipotenciarios, previa consulta al Senado. Así se formó la República y así se creó un sistema profesional y eficiente en materia internacional, porque si bien la escogencia de los embajadores era un derecho del Primer Mandatario , no cabe duda de que, tal como con razón indicó el Senador señor Romero , estos funcionarios representan a todo el país y no sólo al Jefe del Estado. Es cierto que el Presidente dirige las relaciones exteriores, pero, pese a ello, los tratados -lo hemos analizado en las modificaciones que hemos intentado introducir al sistema-, si bien son negociados por él, al final deben ser aprobados por el Congreso.
Por lo tanto, en una situación internacional cada vez más importante para Chile y que compromete en mayor medida nuestras relaciones con el mundo, cuando hemos entrado en forma tan nacional, eficiente y total en la globalización, los embajadores, aunque deben cumplir las instrucciones del Presidente de la República , representan a toda la nación. Si alguno de ellos, por razones políticas o de conciencia, no acepta las órdenes que se le imparten, puede renunciar -ha pasado muchas veces en la historia-, pero habitualmente los embajadores representan algo más de lo que a veces hemos podido advertir cuando una persona es designada como premio por haber prestado determinado servicio u otros motivos no necesariamente relacionados con la función pública.
La proposición de la Comisión concuerda con la práctica internacional. Así se hace en Francia y también en Estados Unidos, donde se realiza una audiencia.
En mi opinión, hay que dar mayor responsabilidad, significación y seriedad al nombramiento de los representantes de Chile en el exterior, los cuales deben contar con la confianza del Presidente de la República . Se sostiene que el sistema propuesto politizará las designaciones, pero es difícil que éstas se politicen más que lo que ya lo están. Pienso, sí, en la necesidad de que haya al respecto -en la actualidad no lo contempla ni la Constitución ni las leyes que regulan al Ministerio- una carrera profesional para los funcionarios del servicio exterior, con un estatuto a la altura del siglo XXI que reemplace al vigente, tan poco preciso y en cuya virtud los altos puestos terminan siendo ocupados por personas sólo de la confianza del Primer Mandatario.
Considero indispensable que exista un nuevo estatuto -su creación ha sido anunciada en varias oportunidades, incluso por las últimas Administraciones, pero nunca ha llegado el texto respectivo al Parlamento- para que, tal como sucede en Brasil, Francia, Alemania y, en general, en los países bien organizados, las personas que trabajen en el servicio exterior sean profesionales preparados para defender al país en todos los aspectos: económico, político, cultural, geográfico, histórico.
Me parece fundamental que Chile tenga un mejor servicio exterior. No estoy diciendo que el actual sea malo, pero debe ser perfeccionado y profesionalizado, porque el sistema de relaciones exteriores es hoy tan relevante como el más importante de los Ministerios. La idea es contar con un grupo que demuestre eficiencia en materias de mercado, económicas, políticas, culturales y en todos los ámbitos que funcionan supeditados al mundo internacional.
Por eso, soy partidario de aprobar la norma propuesta por la Comisión. Además, es necesario -y creo que así también lo debe considerar el Gobierno- profesionalizar el servicio exterior, a fin de que tenga el prestigio que hoy a veces se discute en funciones internacionales de mucha importancia para Chile.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , disiento de que se requiera el acuerdo del Senado para designar embajadores y representantes ante organismos internacionales. Los argumentos ya se han dado. El Presidente de la República es el responsable de las relaciones internacionales y, como tal, debe contar, sin duda, con instrumentos para llevar a cabo su política exterior, que es uno de los aspectos de mayor significación, especialmente en estos tiempos.
Me parece que la experiencia vivida al tenor de la Constitución de 1925 no fue especialmente satisfactoria. Durante el Gobierno de la Unidad Popular se rechazaron varias propuestas para ocupar cargos de embajador. Ello también aconteció en la Administración del Presidente Frei Montalva , y no como consecuencia de deficiencias de los postulantes sino por maniobras políticas. Recuerdo, por ejemplo, que no se ratificó como embajador a un ex Ministro de Justicia , dado que había participado en una modificación constitucional acerca del derecho de propiedad que no era del gusto de los Parlamentarios de la época. O sea, se trata de situaciones que no sólo ocurrieron durante la Unidad Popular -que podría entenderse como un período especial-, sino también en otras oportunidades.
Por lo tanto, nos encontramos en presencia de una facultad que el Primer Mandatario debería mantener.
Por otra parte, durante la vigencia de la Constitución de 1980, y -hago la división- a partir de 1990, nunca se han registrado dificultades en este ámbito, que se sepa. Los Presidentes Aylwin , Frei Ruiz-Tagle y el actual no tuvieron mayores problemas, porque contaron con los instrumentos suficientes y con personas de su confianza para llevar adelante la política exterior. Obviamente, este aspecto debe ser ponderado por el Presidente de la República como conductor de las relaciones internacionales. Naturalmente, esa responsabilidad debe cumplirla con los medios adecuados.
No me cabe duda alguna de que si de nuevo se faculta al Congreso para ratificar el nombramiento de embajadores, se podría producir algo tremendamente grave: el cuoteo político. Aceptar que cierto número de designaciones recaigan en personas con determinado signo político como consecuencia de compromisos resentiría notoriamente la potestad del Primer Mandatario para conducir de modo eficaz las relaciones exteriores.
Por esa razón, señor Presidente, soy contrario a la enmienda propuesta, que alude a una situación distinta de las designaciones en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema.
Por eso, no soy partidario de esta reforma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente , en la Comisión voté a favor de la enmienda planteada, y lo hice fundado en una visión personal sobre cómo debe funcionar el Estado chileno.
Aparte de las teorías relativas a la necesidad de un gobierno ejecutivo y de que el Presidente de la República no tenga cortapisas o contrapeso en el manejo de determinadas situaciones, hay puntos donde se requiere que el equilibrio entre los distintos Poderes se exprese en materias de Estado, una de las cuales, que es genérica, se refiere a las relaciones internacionales. Las con países vecinos y con aquellos con los cuales se firman tratados de libre comercio no se manejan bajo prismas partidistas.
Por lo tanto, estimo de suyo conveniente restituir -como muy bien se ha dicho en este debate- la facultad que establecían las Constituciones de 1833 y 1925: el Senado, a proposición del Presidente de la República , designaba a los embajadores, pudiendo aquél removerlos, o éstos renunciar, si no había acuerdo acerca de la forma como se desempeñaban.
Hoy día hemos escuchado argumentos en orden a que no es bueno restringir esta facultad del Primer Mandatario. Hace pocos minutos el Senado aprobó la designación de un consejero del Banco Central de Chile por diez años -¡diez años!-, sin que pueda ser removido de su cargo durante ese período. Se trata, obviamente, de una entidad que funciona en nuestro país. ¿Y por qué razón un embajador no puede tener el mismo respaldo? No veo la lógica. Y lo digo con respeto, sin ánimo de ofender a nadie: votamos de una manera para determinadas funciones y respecto de otras análogas decimos que no podemos hacerlo.
En este caso corresponde que la Cámara Alta se pronuncie. Aquí no hay riesgos. Lo señalo claramente: ¡el cuoteo político existe sin la presencia del Senado!
Hoy día se discute -incluso al interior de los partidos que integran la coalición de Gobierno- sobre quiénes deben ser embajadores: funcionarios de carrera o no. Se ha hecho un gran esfuerzo por restituir a la Cancillería a funcionarios de carrera que fueron separados de sus puestos durante el Gobierno militar.
Está bien.
Pero ¿alguien podría decirme si hoy día determinada cuota de embajadores no responde a un criterio político-partidista? Los designa el Presidente de la República , pero todos sabemos que tienen militancia.
¡Por favor, Honorables colegas, mirémonos las caras y sepamos que estamos diciendo la verdad!
Prefiero un sistema como el que acabamos de aplicar para el Banco Central, donde el mérito de los candidatos es lo que pesa. Si militantes de partidos políticos fueron propuestos y no tienen la capacidad e idoneidad requeridas, se le hará saber a Su Excelencia el Presidente de la República o a quien corresponda. Y, por lo tanto, se retirará la proposición de nombramiento.
No veo en qué cercena el poder del Primer Mandatario el hecho de que un representante diplomático, sea ante países u organismos internacionales, cuente con el respaldo de la Cámara Alta. Importantes naciones del mundo designan a sus embajadores previa audiencia y votación del Parlamento, y en algunos casos, del Senado.
No advierto dónde está el peligro ni en qué medida esto desmerece la función del Primer Mandatario.
Por lo tanto, voy a reafirmar mi voto de la Comisión. Creo que, para ser coherentes con la forma en que nos hemos pronunciado esta tarde, deberíamos respaldar esta reforma, que dará prestigio al rol y normas que corresponden al Senado en un ordenamiento constitucional ecuánime entre los Poderes del Estado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , votaré en contra de la proposición referente al número 10 del artículo 32 de la Constitución.
Lo haré, en primer lugar, porque considero que desde sus orígenes el proceso de enmiendas constitucionales ha sido extraordinariamente complejo y difícil, y porque a estas alturas es incierto lo que ocurrirá con las modificaciones esenciales, denominadas "reformas duras", en torno de las cuales, después de tres años de debate al interior de la Comisión, hemos asistido a una danza de pasitos al frente, atrás, a un lado y al otro.
Como manifestó un señor Senador, debe haber un grado de coherencia apreciable en los planteamientos que en definitiva se aprueben.
No se dieron las condiciones para intentar una revisión más sustantiva de la Constitución y, desde luego, para abrir un debate destinado a saber cuál debe ser nuestro régimen político. En consecuencia, se optó implícitamente por mantener el sistema presidencial establecido en la Carta vigente.
Sin duda, se han aprobado reformas importantes que apuntan a mejorar el grado de equilibrio entre los Poderes. En esa línea, destaco el refuerzo de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Otras enmiendas ya acogidas han acentuado la autonomía y la competencia de órganos esenciales de nuestro Estado de Derecho, como el Tribunal Constitucional.
Pero en lo que dice relación a nuestro régimen político y a un tema tan cercano y tan incidente en su funcionamiento como es el sistema electoral, en este minuto no tenemos absolutamente ninguna claridad, sino, por el contrario, un alto grado de incertidumbre.
Las reformas planteadas no están destinadas a morigerar el presidencialismo exacerbado que caracteriza a nuestro régimen político actual. Y la experiencia muestra aspectos positivos y negativos en la elección de personas que van a ocupar ciertas funciones de Estado, en la cual ha intervenido el Senado. Pero no me parece que éste sea el caso.
Me preocupa, desde luego, que la porfía en mantener el sistema binominal y en generar, por esa vía, una situación de empate artificial al interior de los cuerpos legislativos chilenos termine siendo un factor de entorpecimiento en el ejercicio de una facultad que, sin discusión, debe corresponder al Presidente de la República , y que es fundamental para dar la debida claridad, coherencia y continuidad a las políticas del país en el campo exterior.
Si, por el contrario, el debate de fondo sobre el régimen político se hubiera abierto, produciéndose una disposición mayor que la que hoy día se advierte por revisar particularmente el sistema electoral, es probable que mi posición hubiese sido distinta.
Quiero dejar constancia de que el rechazo de la reforma y la mantención del precepto vigente en nada obsta a medidas como las propuestas por el Honorable señor Valdés , las cuales comparto absolutamente, y que dicen relación a la profesionalización de la diplomacia chilena y a la calificación que deben alcanzar quienes desempeñan la representación del país ante organismos internacionales o en el extranjero.
Pero mientras aquellas otras reformas no vean la luz, voto en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , tengo la impresión de que esta materia es, sin duda alguna, bastante opinable.
Se ha buscado una solución equilibrada, pero tiene problemas. De manera que votar a favor o en contra es un tema más bien de balance entre los pros y los contras de la proposición en debate.
Se ha señalado que cada vez más hay tendencia a que las políticas externas sean políticas de Estado. Es cierto. Ello se ha reflejado y se refleja cotidianamente en muchas de las grandes decisiones que toma el país en cuanto a su inserción en el mundo, no sólo económica, sino también en sus relaciones políticas internacionales.
Sin embargo, es cierto que las relaciones exteriores tienen elementos importantes de decisiones de Gobierno, cuya responsabilidad corresponde a la Administración de turno. Y aquí surge el tema del régimen que queremos: el presidencial o algún género de sistema parlamentario o semiparlamentario. En algún sentido concuerdo con lo planteado por el Senador señor Parra , en cuanto a que, mientras nos rija un sistema presidencial, el manejo de las relaciones exteriores debiera quedar radicado con más nitidez en el Primer Mandatario.
Ahora bien, una u otra solución presenta riesgos y ventajas, porque la aprobación o ratificación por el Senado tiene riesgos ciertos de cuoteo. Si se piensa que un Jefe de Estado debe nombrar un número muy importante de embajadores -50, 60, 80; desconozco su número exacto- en el curso de su mandato, sobre todo al comienzo de éste, dificulto que la Oposición del momento los acepte sólo por ser de la confianza política del Presidente de la República . Porque la inmensa mayoría de esos nombramientos recaerá en personas que son de su bando y se exigirá una distribución política más equitativa, lo que en buena medida implica el peligro de incurrir en cuoteo.
Por otra parte, también se puede discurrir que las designaciones del Presidente de la República favorecen a personas que no son funcionarios de carrera y que suelen ser premios políticos de consuelo para quienes, por ejemplo, no fueron elegidos parlamentarios o que salieron de un ministerio por distintas razones. Y ello va en menoscabo de la carrera funcionaria en el servicio exterior. Este argumento es de bastante peso. De manera que existen razones a favor y en contra de lo que se plantea.
Supongamos que se acepte lo propuesto por la Comisión. Si el Presidente de la República nombra a un embajador con acuerdo del Senado y después desea removerlo por falta de confianza, se producirá un problema bastante complicado por el menoscabo implícito en la situación. Y esta falta de confianza por algún motivo específico de política exterior no debería traducirse en ese menoscabo.
Por otro lado, es inevitable que cierto número de embajadas sean de naturaleza política, en el sentido de que los designados a esos cargos por cualquier Gobierno siempre serán personajes de alto estatus público. Para Chile, esas embajadas serían, por citar algunas, las de Estados Unidos, de Argentina o de Brasil. En consecuencia, en estos casos la confianza política es absolutamente esencial. Y si hay riesgo de cuoteo, lo más probable es que se exprese en el nombramiento en esas embajadas importantes, que son a las que todos aspiran u observan con más simpatía relativa.
Concuerdo en la necesidad de profesionalización del servicio exterior. Y pienso que la solución reside no tanto en someter los nombramientos a la aprobación del Senado, sino en que en la carrera funcionaria haya una instancia, que podría denominarse "Curso de Estado Mayor" y que debería impartirse por la Academia Diplomática u otra entidad a quienes postulen a ascender del nivel de Encargado de Negocios al de Embajador . Y esto debiera ser parte de la reestructuración pendiente.
El señor VALDÉS .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Boeninger no puede dar interrupciones, pues su tiempo terminó.
El señor BOENINGER.-
Este "Curso de Estado Mayor" debiera ser condición previa para cualquier nombramiento, incluidos los de carácter político de personas que no pertenecen a la carrera diplomática. Es decir, antes de ocupar el cargo de embajador, toda persona tendría que aprobar ese curso.
Por lo tanto, en vista de que prefiero la profesionalización, votaré en contra el informe de la Comisión, es decir, a favor de mantener la norma vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor VALDÉS.-
¿Me concede un interrupción, señor Senador ?
El señor MARTÍNEZ.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , deseo hacer presente que el sistema no funciona con los candidatos libres. Para ser franco, la situación actual no es la mejor ni es la utilizada por los países grandes, donde el Presidente de la República dispone de libertad total para nombrar a las personas.
Estoy cierto de que se debe propender a un sistema profesional. Insisto: el profesionalismo, en definitiva, da garantía a la nación y permite que las personas se especialicen en relaciones internacionales, ámbito donde se requiere el dominio de dos o tres idiomas, conocimientos de economía y de política. No sirven personas sin esas calidades. Para eso hay escuelas profesionales; para eso hay países que enseñan esas materias.
Para alivianar un poco el debate -que parece bastante árido-, en un par de minutos voy a contar una experiencia de mis seis años en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno del Presidente Frei Montalva nunca tuvo mayoría en el Senado. En realidad, ésta la formaban la Derecha con los radicales o viceversa. Sin embargo, todos los propuestos para embajadores fueron aceptados, menos uno, el padre del actual Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Juan Claro . Me refiero a don José Claro Vial, hombre muy distinguido, muy importante para nuestras relaciones con Alemania, entre otras razones, porque hablaba muy bien el alemán. A veces se han nombrado embajadores que desconocen ese idioma, pero en tal oportunidad no fue así. La Comisión de Relaciones Exteriores -lo cuento como anécdota- aprobó por unanimidad su nombramiento, pero en la Sala, el Partido Radical, muy numeroso en su expresión en el Senado, votó en contra, con lo cual se rechazó la nominación. La razón que se dio, por boca de don Raúl Juliet , distinguido Senador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y yerno o consuegro de don Gabriel González Videla...
El señor ROMERO .-
Era yerno.
El señor VALDÉS .-
Efectivamente, estaba casado con la hija del ex Presidente de la República . Y el motivo era que don Gabriel González Videla resultaba execrable en ese momento para el Partido Radical, porque había tenido injerencia en la dictación de la Ley de Defensa de la Democracia.
Ése fue el único caso. De modo que la politización puede eliminarse -es lo que deberíamos tratar de hacer-, y soy partidario de crear un servicio exterior profesional, con participación del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Algo similar ocurrió con don Pedro Jesús Rodríguez .
El señor ROMERO.-
Es un caso distinto, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
En verdad, recién empiezo a hacer uso de ella, señor Presidente .
Hay dos fenómenos que quiero destacar. Primero, asistimos a un progresivo proceso de transformación de nuestro sistema presidencial en uno semipresidencial, en el cual el Parlamento -en particular, el Senado- tiene una injerencia cada vez mayor. No digo que ello sea malo, pero es necesario tener presente que en la historia de Chile no ha dado buenos resultados. Y este espíritu está apareciendo al tratar buena parte de las disposiciones constitucionales. Yo difiero de él, porque la actual Carta Fundamental entrega al Presidente de la República muchas facultades, lo cual, como se ha argumentado en diversas ocasiones, constituye una concentración de poder. Sin embargo, el Primer Mandatario asume finalmente una responsabilidad mucho más definida en el proceso.
En segundo término, la diplomacia es una carrera altamente técnica hoy en día. Por ello, me pregunto: de aprobarse esta disposición, ¿qué pasará con los embajadores de carrera calificados técnicamente para ser representantes de Chile en las sedes que corresponda según la distribución que apruebe finalmente el Presidente de la República ? Aquí surge un fenómeno muy interesante: la destrucción de la carrera en el sentido de una limitación de la misma, limitación que desincentiva el profesionalismo.
Lo anterior da paso a un tercer aspecto: la politización a través del cuoteo de los cargos...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha cumplido su tiempo, señor Senador.
El señor MARTÍNEZ.-
Con la amplitud de criterio que lo caracteriza, señor Presidente, le pido que me deje terminar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien.
El señor MARTÍNEZ .-
Estaba explicando que la norma en cuestión redunda en la limitación de la carrera diplomática. De aplicar semejante concepción a otro ámbito, podríamos llegar a la vieja disposición de la Carta de 1925 -lo voy a decir muy claramente- y establecer que el Senado apruebe ascensos de los señores oficiales generales a los puestos a que tienen derecho por escalafón; es decir, las carreras profesionales quedarían vulneradas.
Por supuesto, el Primer Mandatario debe tener contrapesos. Nadie le discute las facultades de designar embajadores de origen político, pero tiene que existir un equilibrio. No se puede coartar la carrera diplomática, porque de lo contrario nuestros funcionarios del servicio exterior terminarán preguntándose para qué esforzarse más, para qué hacer méritos si, en último término, carecen de toda posibilidad de ocupar los puestos que les corresponden.
En mi opinión, señor Presidente , éste no es un tema de más o menos facultades, sino un cambio de giro en la concepción del régimen constitucional. Nuestro sistema es presidencial, y lentamente lo estamos transformando en uno mixto o semiparlamentario, como se lo denomina propiamente.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , como el Senador señor Valdés , me voy a permitir también hablar invocando la experiencia; pero, en mi caso, fue a la inversa, porque mientras él proponía nombres al Senado, durante mi gestión era el Ejecutivo el que designaba directamente a los embajadores. Sin embargo, curiosamente la conclusión a que yo llego es totalmente coincidente con la del mencionado señor Senador. ¿Por qué? Porque mi experiencia -y lo digo sin citar casos ni anécdotas- conduce a pensar que la designación de embajadores con acuerdo del Senado tiene una cantidad de bondades que superan a las del otro sistema. Ello, en primer término, porque son dos las autoridades de muy alto nivel, Ejecutivo y Legislativo, las que intervienen en una nominación que exorbita con mucho la facultad pura y simplemente presidencial para nombrar un funcionario de Gobierno. Aquí se está designando a una persona que representa al Estado de Chile, aun cuando algunas veces que he planteado esto se me ha dicho: "No, porque quien nombra es el Presidente de la República ". Pero, en verdad, si hay algo destacable en el caso de nuestra política internacional es que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejecutado, por tradición, por sentido histórico, por connotación específica que la función internacional entraña, una política de Estado. Muestra típica de ello son los recientes éxitos obtenidos en materia de política exterior por la Cancillería, gracias a la gestión tan exitosa de la señora Ministra de la Cartera ; pero son casos que se vienen sucediendo desde antes. Tuve ocasión de señalarlo -y lo ratificó mi distinguido colega, el Senador señor Boeninger , en una reunión en la que coincidimos en el Consejo Exterior de la Cancillería-: precisamente la política de Estado es realizada por autoridades de alto nivel, como son los embajadores o los ministros consejeros, justamente en razón de que no es propia o exclusiva del Gobierno en ejercicio, sino también de los que lo preceden. Por lo tanto, esto justifica que personas de tan alto nivel, como son los embajadores, sean designadas con acuerdo del Senado.
A nuestro juicio, la opinión de dos autoridades de alto rango imprime carácter y da un sello de mayor prestigio a los embajadores. Es cierto, también, que por esa vía se puede evitar que se nombren personas que a veces responden a posiciones "de turno" -entre comillas-, que no son las más aconsejables.
Por consiguiente, tratándose de un problema -como decía el Senador señor Boeninger - discutible y de suyo opinable en un sentido o en otro, me inclino por la tesis de que, en último término, esta doble nominación por autoridades de tan alto nivel es mejor para los efectos del prestigio de las personas que se van a designar.
En todo caso, concuerdo plenamente con el Honorable señor Valdés en el sentido de que resulta fundamental regular la profesionalización de la política exterior. Pero la verdad es que eso en gran parte se ha logrado, y, afortunadamente, en los últimos años con mayor claridad que antaño. Durante el Régimen autoritario -hay que decirlo, así como reconocemos que en ese período se inició una política de Estado, por ejemplo, en materia de economía de mercado-, sí se quebraron deplorablemente las normas sobre profesionalización de los funcionarios del servicio exterior, cosa que ahora no existe. Lo que ocurre es que esas disposiciones culminan en la gestión del ministro consejero . Y, en consecuencia, eso significa que la carrera diplomática profesional comienza en el grado de tercer secretario, y, con los estudios consiguientes en la Academia Diplomática, termina en el de ministro consejero. Quizá debiera terminar en el de embajador. Posiblemente, los señores Senadores no saben que a menudo se designa como embajadores a ministros consejeros sin adquirir el título de tales. En el Ministerio de Relaciones Exteriores me encontré con la sorpresa de que muchos ministros consejeros tenían rango de embajadores, pero no poseían dicho título. Podría citar aquí un buen número de ellos. En esa época tuvimos la oportunidad de nominarlos en tal calidad, para que realmente la carrera terminara en el cargo de embajador y no en el de ministro consejero. Pero la realidad es que legalmente la carrera diplomática concluye hoy en este último.
Termino, señor Presidente . Creo que para culminar la carrera bien podría pensarse -y en eso coincido con el Senador señor Valdés - en el nombramiento como embajador, por la vía del ascenso, de un ministro consejero, siempre y cuando no sea obligatorio, porque es necesario que en determinadas circunstancias el Jefe del Estado esté premunido de la facultad de nombrar personas que no sean de carrera.
En consecuencia, votaré en los mismos términos en que lo hice en la Comisión, y aprobaré la sugerencia hecha por ella.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo) .-
Señor Presidente , como algunos señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido a la experiencia que les tocó vivir, yo también contaré la mía.
Deseo señalar que si el régimen es presidencial y en la Constitución no se establece ningún tipo de relación entre el Ejecutivo y el Parlamento en materia de conducción de la política exterior, no veo por qué éste deba mezclarse en el nombramiento de embajadores. Creo que en definitiva -desgraciadamente, ésa ha sido la experiencia- ello se transforma en un elevado número de cuoteos en los cargos de confianza.
Si el Presidente de la República es constitucionalmente responsable de las relaciones exteriores y no da cuenta al Senado, en ninguna circunstancia, no veo por qué no pueda proveer esos cargos de confianza.
A lo anterior, debe añadirse una situación importante, que no ocurría antes: El Presidente y su Ministro de Relaciones Exteriores conducen muy fuertemente las relaciones internacionales. Hoy los Jefes de Estado conversan por teléfono y tienen muchos métodos para comunicarse. Ya no rige el concepto del embajador plenipotenciario que antiguamente iba y venía transmitiendo mensajes. En la actualidad, la relación -por lo menos ésa fue mi experiencia- no sólo con los Presidentes de Latinoamérica , sino con los de muchos países de Europa y Estados Unidos, se hace telefónicamente. Siempre que había un problema relativamente importante se efectuaban llamadas telefónicas. Y para qué decir la señora Ministra de Relaciones Exteriores , quien lo hace prácticamente todo el día.
En esta materia, es muy fácil dar lecciones y decir: "Hay que hacer esto otro". Cuando asumí había 22 cargos de embajadores por llenar. Vi la nómina de funcionarios del Ministerio, sin preguntar a nadie de qué lugar venían, ni de qué partido eran, y simplemente designé a los primeros 22 que figuraban en el escalafón de ministros consejeros.
Durante mi Gobierno, más de 70 por ciento de los embajadores era de carrera, porque creo en el profesionalismo de las relaciones exteriores. He revisado el listado de embajadores de carrera desde el Gobierno del Presidente Ibáñez hasta hoy y ninguna ha superado el 40 ó 45 por ciento. Tengo la tranquilidad de haber sobrepasado el 70 por ciento. En los años 1997-1998, en una lista de las diez principales embajadas de Chile, considerando Londres , París , Estados Unidos y las más importantes capitales latinoamericanas, ocho de cada diez cargos eran ocupados por funcionarios de carrera.
Por lo tanto, si no se ha producido un cambio sustancial en la forma de manejar la política internacional, creo que debe mantenerse la facultad presidencial de nombrar embajadores, naturalmente con el criterio que empleé, en el sentido de mantener un 70 u 80 por ciento de los funcionarios de carrera en tales rangos y una cuota para cargos políticos específicos en determinadas circunstancias, de acuerdo con el tipo de relaciones que se mantiene, aun cuando eso ha cambiado a raíz de todos los acuerdos que Chile ha firmado en el último tiempo. Así que yo por lo menos votaré por que se mantenga la actual facultad del Presidente de la República .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , durante el debate han salido a la palestra distintos problemas que tienen que ver con la configuración del Ministerio de Relaciones Exteriores y, específicamente, con el tema de la reforma constitucional.
En lo que concierne a esta última, me parece bien reponer en la Constitución la facultad de nombrar embajadores con acuerdo del Senado, figura que fue tradicional en la historia de Chile desde la Carta de 1833, como se ha recordado aquí, y que, en general, ha sido una de las instituciones que ha funcionado bien en nuestra vida republicana.
El argumento de que existe un régimen presidencial no viene al caso, porque esos funcionarios siguen siendo de confianza, pueden ser removidos por el Presidente de la República, y, por lo tanto, sólo se requiere el acuerdo del Senado para su nombramiento.
En muchos regímenes presidenciales existen mecanismos donde incluso se prevé una intervención mucho más directa en la designación de los funcionarios del Poder Ejecutivo . Nadie podría decir que el régimen de los Estados Unidos no es altamente presidencial. Además, es el Presidente más poderoso del mundo. Pero en la Carta norteamericana, no obstante ser presidencialista -sobre eso no cabe duda alguna-, los nombramientos de los miembros del Gabinete, y ya no sólo de los representantes en el exterior, que son de resorte presidencial, requieren la aprobación del Congreso.
La tradición chilena es menos estricta en ese sentido: otorga menos atribuciones al Parlamento. Durante más de cien años de historia constitucional se necesitó del concurso del Senado para designar dos categorías de altos funcionarios del Estado: los embajadores y los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas. La lógica era que se trata de dos funciones públicas que, sin perjuicio de estar sujetas a la dirección del Presidente de la República , tanto en lo relativo a las relaciones exteriores, como a la defensa nacional, de alguna manera deben regirse por políticas de Estado, en la medida en que se supone que son dos dimensiones de la política estatal que deben intentar tener la máxima continuidad en el tiempo.
Tengo la impresión de que los demás asuntos -es decir, si es correcto o justo que a estas alturas del siglo XXI exista una proporción de embajadores que no provengan de la carrera diplomática- son materia de otra discusión.
Creo que se debe profesionalizar la Cancillería, no obstante la posibilidad de nombrar un número de embajadores que no provengan de la carrera diplomática, porque ello enriquecería el servicio exterior. Hay gente con condiciones para representar al país, que posee experiencia internacional en otros ámbitos, con conocimientos especiales de un país o de una realidad determinada. Y sería absurdo limitar la representación diplomática máxima de Chile sólo a personas que procedan de la Cancillería, sin perjuicio de que debería haber, como sucede en otros países, una cuota de embajadores que no sean de carrera.
Hemos adoptado ese mismo criterio respecto del Poder Judicial, donde no todos los magistrados de la Corte Suprema provienen de la carrera judicial. Porque cuando hicimos la reforma entendimos que pueden haber muy buenos Ministros de Corte, que posean una experiencia académica o profesional distinta de la carrera judicial. Me parece que esa modificación, que lleva corto tiempo en aplicación, ha funcionado bien. Con esta nueva forma de elegir, creo que tenemos una Corte Suprema mejor que la anterior.
El hecho de que los nombramientos de embajadores no pasen por el Senado no evita el cuoteo, porque, en verdad, en gobiernos pluripartidistas es normal que se designe a algunas personas de confianza de esa manera. Lo importante es que tengan la calidad que requiere el desempeño de la función, lo que no siempre ocurre. En mi concepto, el filtro del Senado ayuda a la decisión del Presidente y a su posterior presentación. Porque evidentemente no se puede someter a la consideración del Senado a quien carezca de condiciones técnicas ni posea la experiencia suficiente para desempeñar el rango de embajador. En ese sentido, el trámite en esta Alta Cámara ayuda a una mejor designación, sin quitar atribución presidencial alguna en la conducción de las relaciones exteriores ni en la responsabilidad final. Incluso, el designado puede ser destituido en cualquier momento.
Por eso, nuestra intervención no limita en modo alguno la capacidad y la responsabilidad que en materia de conducción de los asuntos externos recae sobre el Jefe del Estado.
La única duda que me asalta sobre esta reforma no recae en la modificación en sí, sino en el hecho de que ésta se realiza sin enmendar el conjunto del sistema político, en el sentido de que en el Senado se expresen las mayorías de nuestro régimen electoral, etcétera. Sin embargo, como estamos votando las enmiendas una a una -en particular ésta me parece buena y espero que el absurdo régimen electoral vigente no dure cien años- y que las reformas sólidas deben regir por un tiempo largo, votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , quiero exponer algunas reflexiones que me parecen sustantivas.
En la discusión se han abordado dos puntos que no dicen relación directa a la reforma constitucional: el régimen político y la carrera diplomática.
En lo referido al primero, mantenemos abierto el debate en el Parlamento. Tengo la impresión de que de modo permanente ha existido una mayoría partidaria de revisar el sistema político que rige en el país y que es de tipo extremadamente presidencialista. Somos una de las naciones más presidencialistas de América Latina y, por qué no decirlo, del mundo. Ningún país de Europa se rige por tal sistema en forma tan extrema como ocurre en Chile. A mi juicio, parte importante del desprestigio de la clase política e inclusive del Parlamento se debe al hecho de que no tenemos facultades sustantivas. No se desprestigió la clase política en el pasado, cuando los Senadores tuvieron la posibilidad de concurrir con su voluntad a la designación de embajadores. En general, quienes nos antecedieron en nuestros cargos mostraron una gran responsabilidad de Estado en la denominación de algunos, que fueron de gran prestigio y que cumplieron tareas relevantes en su desempeño. Es cierto que en el período del Presidente Eduardo Frei Montalva y en el de la Unidad Popular hubo una situación muy distinta; pero, desde 1925 adelante y hasta los 60, el Senado participó no sólo en la designación de embajadores, sino también en la de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y estas últimas no perdieron el carácter profesional que siempre tuvieron y que la Constitución Política les otorgaba.
El segundo aspecto se refiere a la carrera diplomática. A su respecto, coincido plenamente con el Honorable señor Gazmuri , en el sentido de que no debemos seguir pensando en tal actividad como encerrada exclusivamente en el ámbito de la Cancillería. Eso no ocurre en los países en que se respeta mucho tal carrera -como debe suceder-, donde hay mayor rigurosidad en la reglamentación o legislación, porque señala con claridad cuáles son sus peldaños.
En el caso nuestro, enfrentamos una situación bastante complicada en lo referido a la carrera diplomática. En general, algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones permanecen por años en el cargo de primer secretario, de segundo secretario o de ministro consejero, lo que es absolutamente injusto y torpe, ya que hay muchos que tienen esta última calidad dada su experiencia de muchos años, y pueden desempeñarse perfectamente como embajadores. Ello no significa que el Ejecutivo y el Senado no puedan, en un momento determinado y por las mismas razones que se observan en el mundo actual -por haberse forjado una multiplicidad de vías para la política externa de un Estado-, nombrar lo que se denomina genéricamente (en algunos sectores, despectivamente) "embajadores políticos". El considerarlo así constituye un error, pues los diplomáticos políticos -es decir, quienes no tienen carrera- han cumplido tareas muy relevantes y significativas en los últimos años. Gran parte de los éxitos logrados en lugares importantes del mundo se debe a que durante la última década la Concertación ha nombrado básicamente "embajadores políticos", quienes han desarrollado tareas de enorme trascendencia. Sus logros se deben en gran medida a que se ha entendido que actualmente las relaciones exteriores no implican solamente la celebración de tratados de libre comercio; sólo quienes están vinculados a las actividades económicas comerciales abiertas son los que tienen que llevar adelante tal tipo de convenios. La vinculación justa y necesaria entre lo político y lo técnico ha contribuido en parte importante a lograr el éxito obtenido en materia de relaciones exteriores.
Como lo han planteado algunos señores Senadores, puede que existan algunas dudas sobre cómo va a funcionar el sistema; pero tenemos una experiencia histórica que nos indica que perfectamente podemos avanzar, aun con el sistema electoral vigente. Tengo la impresión de que hoy existe más conciencia que nunca de que vivimos en un país abierto, inserto internacionalmente de modo muy significativo, sobre todo en América Latina, ya que parte importante de lo que sucede en Chile está determinado por lo que ocurre en el exterior.
Por esas razones confío en que el futuro Senado tendrá la responsabilidad y la madurez necesarias como para seguir haciendo política de Estado en el ámbito foráneo.
Por eso, y porque no se ha planteado cuestión alguna sobre el régimen político ni respecto de la carrera funcionaria en la Cancillería, creo que corresponde pronunciarnos acerca de si el Senado recupera o no recupera una atribución que ejerció en el pasado de manera muy importante para los destinos nacionales.
Me pronunciaré a favor del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , conforme al criterio de la Administración del Estado y de las responsabilidades propias de la institucionalidad y frente a las funciones del Presidente de la República en la dirección del Poder Ejecutivo , y de aquellas otras que se asignan o consultan a esta Corporación -como las resoluciones relativas a proposiciones del Ejecutivo-, éste es un artículo mal redactado.
La razón por la cual señalo lo anterior se debe a que cuando el Jefe del Estado designa, con acuerdo del Senado, a "un" personero -la doctrina no distingue entre quienes permanecen en el país y los que trabajan en el extranjero-, su función queda sujeta a los dos actores que participaron en su designación: el Ejecutivo y el Senado. Pero aquí la redacción resulta muy curiosa. El Nº 10 del artículo 32 expresa: "Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el número 9.º precedente, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella;". La verdad es que ya no son de su confianza exclusiva, por cuanto éste ha recurrido a esa Cámara para compartir la responsabilidad en la designación de una persona.
En todos los casos en que eso ocurre, también el Primer Mandatario concurre al Senado para poner término anticipado a la designación de una persona. Eso es aplicable a todos los cargos aquí mencionados o en los cuales hemos participado. Hace unas pocas horas designamos un miembro del Consejo del Banco Central, y el término anticipado de sus funciones respecto del período dispuesto sólo se puede cursar también con el acuerdo de esta entidad, a la cual el Presidente de la República consultó, con la anuencia de los dos tercios, en el caso específico.
Así que, como está redactado, el artículo se margina de la doctrina institucional del país en esta materia. Eso, en primer lugar.
Salvo que existiera acuerdo del Senado- ello ahora no será posible, porque se han expresado posiciones muy definidas de los señores Senadores con respecto a cómo votar-, no correspondería aprobar el texto sugerido si es que se busca realmente la alternativa de establecer una fórmula sobre nuestra participación. Pero si esta Corporación emite pronunciamiento sobre la designación, también tiene que a lo menos opinar cuando se trate de la destitución anticipada del personero.
En el resto de mi tiempo, quiero plantear otra cuestión de importancia.
Respecto de la designación de embajadores, se ha recordado aquí que existe una carrera funcionaria que debe respetarse. Yo la respeto mucho. En el cuerpo diplomático chileno ciertas personas muy destacadas han cumplido responsabilidades bastante significativas. Pero, evidentemente, la acción de representatividad de un Estado en otro hoy adquiere una trascendencia distinta de lo puramente diplomático: tiene importancia en los ámbitos comercial, cultural, etcétera, lo que a veces lleva incluso a pensar en la alternativa de que quienes asuman la representación de Chile en países tan relevantes en materia de desarrollo económico futuro, como es el caso de China o de India, deben ser personas que conozcan y asuman con mucha profundidad las responsabilidades propias de un gran vendedor de nuestros productos científicos, técnicos, culturales, etcétera.
Recuerdo que no hace muchos años me causó mucha risa e interés la actitud de un embajador de cierto país europeo muy conocido por sus productos lácteos, invitado a la inauguración de una planta lechera en la Región del Biobío. Él estuvo muy contento; incluso lo aplaudieron. Asistió al evento con un maletín, y todo el mundo estaba convencido que contenía documentos muy importantes. En el almuerzo preguntó quién era el encargado de la administración de unos filtros especiales para lograr la pureza de la leche, materia prima de los productos elaborados por dicha planta. Entonces, luego de que le informaron acerca del asunto, el embajador abrió su maletín y dijo: "Éstos son los filtros que producen 22 empresas de Holanda; rogaría a ustedes que también los consideraran". A mí me gustó su modo de actuar. Efectivamente, no era un tema diplomático. Sin embargo, estaba promocionando a su país con una fórmula adecuada, simpática, que, a lo mejor, nunca se la habían enseñado en la Cancillería, pero tenía la alternativa de utilizarla.
Por lo tanto, termino señalando dos cosas: primero, se trata de un artículo mal redactado, pues se margina de la doctrina institucional de nuestro país en esta materia; y segundo, las funciones propias de la diplomacia adquieren relevancia distinta.
Voto que no.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor BOMBAL.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , aquí se planteó que en la carrera funcionaria del Servicio Exterior no aparecía el grado de embajador. La normativa vigente (decreto con fuerza de ley Nº 33 y ley Nº 19.633), que no ha sido modificada, clasifica en la planta "A" y en Primera Categoría Exterior a los embajadores. Luego, se señala: "La carrera diplomática de los funcionarios pertenecientes a la planta del Servicio Exterior del Ministerio, se inicia en la 7ª Categoría, en calidad de 3er Secretario de 2ª clase y culmina en la 1ª Categoría, en el Grado de Embajador."
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , a mi juicio, la clave del debate debería estar centrada no en la atribución que recupere el Senado, sino en la calidad del servicio exterior. En mi opinión, más que hablar de carrera diplomática lo que cabe es fortalecer dicho instrumento que permita al Jefe de Estado , en la conducción de la política exterior, contar con las personas más adecuadas, más capaces, más eficientes. Y, si se careciera de ellas, sería preciso incorporarlas, para que los más expertos formasen parte del órgano que asesore al Presidente . Y allí, entonces, habrá que flexibilizar los instrumentos administrativos, las plantas, en fin, lo que corresponda, a objeto de que la gente se sienta incentivada a integrarse a él. Otras Cancillerías se vanaglorian, y con razón, de tener servicios muy afamados, muy especializados. Son reconocidas y deslumbran los escenarios mundiales cada vez que aparecen con diplomáticos de gran talento, de mucho prestigio, los cuales, al estar preparados para desempeñar la política exterior, responden a un espíritu de cuerpo dentro de la República.
Por lo tanto, me parece que la discusión central no radica en si se recupera o no recupera una atribución, sino en lo que como Senado deberíamos hacer para que nuestro servicio exterior fuese el mejor y el más dotado. Éste, naturalmente, tiene muchos atributos y también muchas carencias. Sin embargo, en alguna medida, la Cámara Alta ha sido corresponsable con el Ejecutivo en no dotarlo de una adecuada modernización. Hablo de servicio exterior más que de carrera funcionaria o de carrera diplomática, porque pienso que es ahí donde hay que fortalecer los equipos que permitan al Jefe de Estado , en su momento, escoger. Y, como recordó muy bien aquí un ex Presidente de la República , él tuvo el buen criterio de apoyar sus nominaciones -las cuales eran facultades privativas de él- en funcionarios del servicio exterior, lo que precisamente alienta a que nuestra Cancillería tenga una expresión política nacional de la mayor trascendencia.
El riesgo de contar con embajadores que no pertenecen a la planta, sin lugar a dudas, puede ser grande cuando un Primer Mandatario, abusivamente, excluya -lo que no es frecuente- al servicio exterior. Uno se pregunta para qué entonces existe éste. ¿Para asistir a los embajadores de la confianza presidencial? Pareciera que no es ése su sentido.
Desde esa perspectiva, con el objeto de fortalecer el ente Cancillería en su mejor dimensión, propongo que los funcionarios de carrera no necesiten ser nominados embajadores con el acuerdo del Senado y que quienes no pertenezcan a la planta sí lo requieran. De esa forma, a mi juicio, se resguardaría muchísimo al servicio exterior en su conjunto, en la trayectoria de cada uno de los funcionarios y también adquirirían mayor peso los embajadores que no pertenecieran a él. Así, a mi juicio, puede generarse un equilibrio interesante para el manejo de la política exterior, lo cual en nada restaría al Jefe de Estado la plenitud de su conducción. No significaría menoscabar sus atribuciones, sino que, muy por el contrario, fortalecería al máximo un servicio exterior de la mayor calidad.
Por lo tanto, señor Presidente , me parece que mi idea podría servir para explorar una fórmula distinta, esto es, que los funcionarios de carrera no sean nominados embajadores con acuerdo del Senado y sí quienes no lo sean.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , sin duda, es preciso hacerse la pregunta si una reforma de este tipo ayuda o no ayuda al servicio exterior, y si nos permite o no nos permite contar con uno de mejor calidad. Y no sólo eso. Si estamos hablando de reformas constitucionales, a mi juicio, es muy importante preguntarse si ello es bueno para el Senado o no lo es. Por lo tanto, son dos las preguntas que debiéramos responder para tomar una resolución acerca de esta reforma.
Yo creo lo siguiente: no hay razón para aducir que la designación o la intervención de esta Cámara Alta deteriorará las condiciones de funcionamiento del servicio exterior. Francamente, no veo ningún motivo para afirmar que ello lo empeorará. Por el contrario, creo que hay muchas razones para pensar que mejora las condiciones de funcionamiento de nuestra Corporación, acrecienta su inserción institucional y también su capacidad de seguimiento, pues la obliga a hacer un seguimiento mucho más estrecho y detallado de la política internacional del país.
En relación con el servicio exterior, me parece difícil que el Senado pueda rechazar la propuesta del Presidente de la República para embajador cuando el candidato tenga buenos méritos. Creo que es muy improbable que pueda suceder.
Nadie puede garantizar que eso no ocurra. Sin embargo, francamente veo muy difícil que de manera sistemática, y producto de criterios puramente partidistas, se rechace permanentemente la nominación de funcionarios o funcionarias con calidades para desempeñarse en el servicio exterior. Eso sí, creo que el Senado da garantías para rechazar a quienes manifiestamente no tengan esas condiciones.
A mi entender, que se nombre a personas que no cumplan con los requisitos de idoneidad correspondientes le puede pasar con mayor facilidad a un gobierno que al Senado como cuerpo colectivo. Y desde ese punto de vista, afirmar que la Cámara Alta constituye un buen filtro, una garantía de calidad, en los nombramientos de los embajadores, es un argumento sólido.
Aquí se ha sostenido que la intervención del Senado puede producir cuoteo político. La verdad sea dicha, siempre va a haber un legítimo interés de los partidos políticos en cuanto a que personas más o menos cercanas a sus filas puedan representar a Chile en el exterior. Lo importante es que éstas tengan la calidad adecuada. Por eso, considero que el "filtro" de esta Corporación puede garantizar en mejor medida que esa calidad sea alta y, sobre esa base, hasta puede ayudar al mejoramiento de la calidad del servicio exterior.
Por otra parte -hay que decirlo sin empacho-, siento que existe un problema general con la inserción del Parlamento en la institucionalidad del país.
Francamente, el Congreso está muy disminuido y no me parece bien que sigamos en la línea de mantenerlo cada vez más aminorado. El Parlamento debería derechamente trabajar por el camino de ir recuperando facultades.
El Parlamento es por excelencia la institución propia de la democracia y está pasando por un momento particularmente malo en el país, particularmente malo en el mundo.
A mi juicio, la situación no se revierte sólo a base de recuperar facultades. No obstante, un Congreso desmejorado, sin facultades, es también un Congreso que se va condenando a tener una percepción cada vez más débil, más negativa, entre los ciudadanos, en cuanto a su rol.
Para concluir, señor Presidente, deseo decir lo siguiente: una reforma de este tipo puede ayudar a mejorar la calidad del servicio exterior y, sin lugar a dudas, la forma de inserción del Parlamento en la institucionalidad.
Por eso, anuncio mi voto favorable.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , hemos visto hoy en la tarde dos grandes líneas: una que apoya y otra que se opone a esta idea, pero asimismo se han hecho una serie de planteamientos que quisiera asumir y rescatar.
El primero de ellos apunta en la dirección de una cierta o velada crítica al "maldito" sistema presidencial, o "brutalmente" presidencial, que tiene nuestra institucionalidad.
De alguna manera, también se ha expresado que este sistema, único en Sudamérica, tendría ciertas características que aconsejarían un esfuerzo especial para modificarlo.
Quisiera hacerme cargo de esta afirmación, porque desde la vigencia de la Constitución de 1980 a la fecha hemos tenido tres Presidentes de la Concertación, quienes, a mi entender, han distinguido la función ejecutiva. El Presidente Lagos actualmente lo está haciendo.
Por eso, al ver las dificultades de respaldo político que el Primer Mandatario enfrenta para llevar adelante sus iniciativas, cabe preguntarse cómo sería si el sistema fuera más parlamentario.
Lo cierto es que no sé si mis Honorables colegas se hallan decepcionados -el Senador que habla, al menos, no- de las gestiones, en términos generales, del Presidente Aylwin , del Presidente Frei y ahora del Presidente Lagos . Pero gracias a Dios que hemos tenido un sistema presidencial, porque las demostraciones que hemos dado de tanto en tanto de las capacidades de nuestro parlamentarismo no parecieran dar una señal muy positiva.
Por eso, modestamente quiero salir un poco en defensa de esta Constitución tan golpeada; "tan mala", pero que nos tiene en una posición "tan buena".
En cuanto al otro punto importante -y rescato lo que se ha dicho insistentemente en la Sala-, creo que tenemos que potenciar la carrera diplomática y contar con el mejor Ministerio de Relaciones Exteriores, que otorgue el mejor respaldo para la toma de decisiones presidenciales en un ámbito hoy más trascendente que nunca, debido a la inserción internacional del país.
Entonces, las normas constitucionales debieran apuntar esencialmente a reforzar esa carrera, porque es buena y entrega buenos profesionales. Pero no cabe duda de que éstos no bastan, y en casos específicos se necesitan técnicos o políticos de muy alto nivel y con muy buenos contactos internacionales, conocidos, por lo demás, por todos nosotros. En consecuencia, se requieren buenos profesionales de carrera y buenos técnicos.
Ahora bien, si los funcionarios de carrera se validan por sí mismos, pues por algo van subiendo en el escalafón, y los técnicos poseen una gran condición personal, pienso que no pecaríamos de veniales si, como planteó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, estableciéramos que, en el caso de los primeros, la elección por parte del Presidente de la República fuese directa y libre, pues su carrera los avalaría. De otra forma, no deberían estar en el cargo. Y, en caso de que el Presidente optara por enviar un técnico o un político de alto nivel, tal designación podría ser convalidada y reforzada por el respaldo del Senado.
Considero que de esa manera se estaría ante una posición intermedia entre las dos que se han defendido en la Sala con justicia, buenos argumentos e ideas muy nítidas. Por lo tanto, propondría una solución que recogiera esas dos opciones, dado que tenemos un sistema presidencial que hasta el momento, y a Dios gracias, le ha hecho mucho bien al país.
En consecuencia, votaré en contra de la norma propuesta, a fin de forzar la búsqueda de una salida que convenga más a los intereses nacionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación la modificación del número 10º del artículo 32 de la Carta.
--(Durante la votación).
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , quiero expresar mi respaldo a esta disposición. Creo que el Senado debe ir poco a poco -ojalá que pudiera ser lo más rápido posible- recuperando las facultades que históricamente ha tenido. Y, por tanto, me parece necesario que se apruebe la norma propuesta.
Sin embargo, señalo mi preocupación porque, lamentablemente, nuestro sistema electoral no refleja la expresión de las mayorías, a diferencia de lo que quisiéramos. Por esa razón, considero que a través de las facultades que nos estamos dando, de perpetuarse el actual sistema electoral, el Senado seguirá estableciendo un sistema binominal al designar a las autoridades correspondientes.
En la actualidad -hay que decirlo con claridad-, cuando votamos en el nombramiento de los consejeros del Banco Central, de una u otra forma se reproduce el sistema binominal; cuando concurrimos a la designación de los Ministros de la Corte Suprema, de una u otra manera se refleja el sistema binominal.
A pesar de estar de acuerdo con que el Senado recupere la facultad de que se trata, no tengo ninguna duda de que si mantenemos el sistema binominal éste también terminará expresándose en la carrera de nuestro cuerpo diplomático.
Esperando que se logre modificar las disposiciones relativas al sistema electoral, y aun a sabiendas de que corro el riesgo de que ello no ocurra, prefiero que el Senado recupere la facultad que plantea la norma.
Voto que sí.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , como acá se ha dicho en forma reiterada, hay argumentos a favor y en contra de que el Senado, a través de la aprobación de las respectivas propuestas, asuma un papel en los nombramientos por parte del Presidente de la República de los representantes ante países extranjeros u organizaciones internacionales.
Es preciso rescatar y fortalecer el rol que en la política exterior compete al Primer Mandatario , quien la lleva adelante a través de la Cancillería. Para ello, debemos procurar que los instrumentos con que cuenta sean lo más eficientes, modernos y capacitados que sea posible, a fin de que se desarrolle una función profesional del mejor nivel.
Con franqueza, nuestro servicio exterior enfrenta actualmente innumerables problemas. Uno de ellos es la falta de formación profesional de muchos de quienes lo integran o de quienes ocupan los cargos más altos, producto de que durante demasiados años no hubo un trabajo serio que permitiera que quienes se desempeñaban en ese ámbito fueran los más idóneos o los más representativos de una sociedad que pudiera expresarse en su pluralidad. El sesgo que tuvo la incorporación de la mayoría de ese personal todavía se mantiene.
En los últimos años, los Jefes del Estado han procedido a la designación de personas de trayectoria política, académica o económica de alto nivel, dependiendo de los objetivos que se persiguen en cada uno de los países y organismos internacionales.
Entonces, cabe plantear si el referido papel del Senado permitirá perfeccionar el sistema o podrá complicarlo. Hay argumentos en ambos sentidos. Creo que, por la intervención que le ha correspondido en la práctica, debería participar en el nombramiento de titulares con cierto grado de autonomía y cuya permanencia en el cargo no depende de la sola voluntad del Presidente de la República .
Acabamos de aprobar, con quórum calificado, la propuesta del Primer Mandatario para designar un consejero del Banco Central. Pero éste, una vez nombrado, contará con total y absoluta autonomía y durará en sus funciones un período claramente establecido. Posee independencia y es bueno que así sea, por las tareas que debe cumplir. Sin embargo, los embajadores, que son representantes del Presidente de la República y, además, obedecen a definiciones políticas o de política exterior emanadas del Ejecutivo , no podrían tener esa condición.
En el tema de la exclusiva confianza se produce -como alguien señaló aquí- una contradicción total y evidente, pues los embajadores, por el hecho de ser refrendados por el Senado, no deberían ser removidos u objeto de una petición de renuncia por la sola voluntad presidencial.
Ese antecedente es contradictorio con el objetivo que se busca. A mí, por lo menos, me lleva a votar en contra y a mantener el criterio de que sea el Jefe del Estado quien efectúe tales designaciones.
Hemos conocido ejemplos de funcionarios de carrera buenos y de otros muy malos; de políticos que han cumplido sus funciones con gran acierto, de manera extraordinariamente positiva y eficiente, y de algunos que, lisa y llanamente, han resultado un desastre. Hay casos de todo tipo. Entre los negativos podemos mencionar, tal vez, el del ex Embajador en Venezuela señor Marcos Álvarez , cuya actuación ha generado al país problemas diplomáticos y políticos hasta el día de hoy. Y, a la inversa, políticos de vasta trayectoria nos han enorgullecido y han cumplido papeles importantísimos ante la Unión Europea, en otros países del Viejo Continente y en Argentina, Perú, Estados Unidos, etcétera.
Señor Presidente , más allá de nuestros deseos de que el Senado asuma un papel más activo en las definiciones de política externa, me parece que, tal como se halla establecido en nuestro sistema, el Jefe del Estado debe ejercer sus funciones sin restricciones de ninguna índole.
Voto en contra.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , éste es un tema bastante complejo en la actualidad. El Primer Mandatario es el conductor y Jefe Máximo de la Nación-Estado, que es una estructura permanente. Por este motivo, las relaciones exteriores reflejan no sólo la imagen y presencia de ella en el mundo global, sino también el programa de Gobierno.
Esa globalidad realmente ha complicado nuestras relaciones internacionales, que ya no son como las de hace 50 ó 60 años, sino de mucho mayor complejidad. Estamos materializando tratados de libre comercio muy complicados con Estados Unidos, con naciones europeas y otros países industrializados, para cuya ejecución, conducción y orientación en los próximos 20, 30 ó 50 años se requieren profesionales eficientes, como aquellos con que ha demostrado contar nuestra Cancillería.
Aparte lo anterior, la globalización está dando origen a entidades jurídicas supranacionales, como el Tribunal Penal Internacional; a organizaciones económicas y sociales; a vínculos culturales estables y que demandan la presencia y acción de una estructura nacional al servicio de quien gobierna la Nación-Estado y que, como dije, es de carácter permanente y profesional.
Tenemos el privilegio de contar con un Ministerio de Relaciones Exteriores que ha marcado una gran ruta a través de toda nuestra historia. Basta recordar que a lo largo de nuestra vida independiente ha dado la pauta que en gran medida ha posibilitado los logros obtenidos. Y dispone de una excelente academia donde se prepara a los diplomáticos del mañana. Chile tiene -y ha tenido- embajadores que nos prestigian en el extranjero. Obviamente, reconozco que muchos políticos han cooperado en esas relaciones exteriores.
Por las razones señaladas, la estructura al servicio del Presidente de la República y de la Nación-Estado, que -reitero- es de carácter permanente, no puede obedecer a políticas coyunturales.
Me parece que la importante influencia del Senado en la configuración de las leyes y tratados, de respaldo a la gestión del Primer Mandatario , debe mantenerse como una actividad interna y dejar que él, actuando con visión de futuro, maneje con plena autonomía las relaciones internacionales.
Por eso, voto en contra.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , en esta saludable reaparición me he encontrado con un proyecto tan bien defendido por ambas partes, que me recuerda un poco dos anécdotas: una antigua y otra nueva. En esta última un juez, tras leer una demanda civil en que un hombre reclamaba algunos derechos, manifestó lo siguiente: "¡Pero que bien hecha está: gana este hombre!". Sin embargo, al leer la respuesta, habría señalado "¡Qué manera de destruir los argumentos del otro; también gana éste!", y falló empate, lo cual es disparatado.
Y la primera cuenta que un guerrero, en la Edad Media, al ser atravesado por un venablo, dice enfrentarse a dos alternativas: "Si me lo dejan, me muero; si me lo sacan, me matan". ¿Qué pasará aquí? ¿Estaremos matando al régimen presidencial o resucitando al parlamentario? Creo que no estamos resucitando a éste, sino manteniendo al presidencial, en el cual -¡olvídense los que critican y discrepan del sistema binominal!- el Primer Mandatario se elige en forma directa. Nadie podría decirme que el sistema binominal hizo ganar al Presidente Lagos . Éste, y cualquier gobernante que triunfe en una elección presidencial, tiene constitucionalmente el manejo de las relaciones públicas.
Tal situación es comparable a la del nombramiento de un consejero del Banco Central o de un Ministro de esta buena Corte Suprema moderna, porque tanto el uno como el otro permanecen en sus cargos mucho más allá del período presidencial de quien los propone. Sin embargo, la designación de un embajador dura ese período y nadie obliga al gobernante siguiente a respetar el nombramiento.
Además, la intervención del Senado me recuerda algo muy desagradable. En el Gobierno del Presidente Frei Montalva , la Derecha y la Izquierda unidas -"que jamás serán vencidas"- impidieron a este Mandatario viajar a Estados Unidos. Es la única vez que eso ha ocurrido en Chile, cuando se aliaron el aceite y el vinagre.
Por consiguiente, pienso que para mantener las atribuciones presidenciales, debemos rechazar la modificación.
Voto en contra.
El señor CHADWICK .-
Señor Presidente , al analizar cualquier norma constitucional podríamos aducir que no es posible modificarla, porque podría provocar una alteración del sistema, o por ser más conveniente considerarlo en forma global. Pero en tal caso, ante cualquier cambio constitucional, deberíamos estar organizados en una suerte de asamblea constituyente, y creo que para quienes piensan así es aplicable el refrán de que "lo óptimo es enemigo de lo bueno". Porque si para modificar una atribución, como la que estamos analizando, se hace necesario revisar todo el Régimen Presidencial y estudiar el Parlamentario, el Congreso se estaría colocando en la imposibilidad absoluta de realizar cualquier enmienda a la Constitución y, por la vía de que cualquier cambio requeriría una visión global, hacerla inmodificable.
La disposición propuesta por la Comisión no afecta el régimen presidencial, del cual soy partidario por estimarlo un buen sistema para la estabilidad política del país. Sin embargo, no concuerdo con que el Primer Mandatario , por su sola voluntad, cuente con la facultad de llamar a retiro a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Alguien podría aducir al respecto que negarle esta atribución significaría participar de un régimen absolutamente contrario al Presidencial , y habría buenas razones para sostenerlo así.
Soy partidario, asimismo, de que el Presidente de la República no pueda nombrar a los Ministros de la Corte Suprema sólo por su voluntad -como se hacía bajo las normas vigentes hasta 1991-, y requiera del acuerdo del Senado. Pienso que en ambas situaciones no se está modificando lo esencial de un régimen de carácter presidencial, sino -como en todo régimen político- atenuando o fortaleciendo algunos aspectos de los elementos sustantivos de los regímenes presidencial o parlamentario.
Por lo tanto, cuando hablamos de proporcionar al Primer Mandatario una atribución cuya materialización requerirá el acuerdo del Senado, no creo que estemos modificando el régimen presidencial, sino que buscando su perfeccionamiento.
El tema central, como han planteado varios señores Senadores, dice relación a cómo podemos obtener nombramientos de la mayor calidad en un aspecto que reviste suma relevancia para el país: la designación de sus embajadores. Y ni uno ni otro sistema aseguran tal calidad, porque un Presidente de la República puede designar pésimos embajadores y el Senado dar su acuerdo en este mismo sentido. Pienso que la calidad no está garantizada por el régimen, sino por la forma como generamos incentivos para lograr que los nombramientos sean mejores. A mi juicio, el principal incentivo se relaciona con lo que decía el Senador señor Valdés , y que en Chile, lamentablemente, aún no tenemos la capacidad para lograrlo: la existencia de una carrera funcionaria diplomática, que garantice a quienes lleguen a su término, y habiendo recibido la capacitación y formación necesarias, y sorteado exigencias internas, estar en condiciones de ser un buen embajador.
Pero como carecemos de ella, debemos buscar otro mecanismo que permita incentivar la calidad. Mi experiencia en esta Corporación me indica que cuando se ha requerido el acuerdo del Senado para designaciones propias del Presidente de la República, siempre se ha tratado de conseguir una exigencia de mayor calidad que la que podría haberse alcanzado si no hubiera existido ese acuerdo.
Ello no significa terminar con los cuoteos políticos, sino que, para obtener el acuerdo del Senado, cuando el Primer Mandatario pretenda un nombramiento que tenga este carácter, deberá escoger al mejor del mundo partidista al que el interesado pertenezca.
Ateniéndome a la realidad, prefiero un sistema que incentive a los mejores -ya sea dentro de un sector político o en un plano más amplio-, y no descansar en la mera voluntad del Primer Mandatario , como muy bien señaló el Senador señor Frei . Al respecto, las cifras son muy notables si las limitamos al tiempo mencionado, pero simultáneamente nos indican que durante el resto de su período ni siquiera se alcanzó al 40 por ciento de nombramientos provenientes del mundo no político. Ello habla bien de las designaciones realizadas por Su Señoría, pero reafirma este aspecto excepcional dentro de nuestros regímenes presidenciales.
Por lo tanto, pienso que el requerir el acuerdo del Senado es un incentivo para procurar nombramientos de mayor calidad, aun cuando provengan de su mismo sector político, pero que se trate de buscar a los mejores. Creo que los Presidentes de la República -como ha ocurrido en el Senado- no se van a exponer al bochorno de proponer a alguien que pueda ser rechazado por el Senado por no reunir los méritos para ocupar determinado cargo. Conviene recordar al respecto los nombramientos en la Corte Suprema y en el Banco Central, que normalmente han contado con votaciones muy altas porque los Presidentes se han esmerado en proponer a personas que merezcan esas mayorías por sus calidades y méritos.
El hecho de que el Primer Mandatario deba requerir el acuerdo del Senado puede constituir un buen incentivo para tener una carrera funcionaria, porque si el nombramiento de los embajadores depende única y exclusivamente del Presidente , el incentivo para la existencia de una carrera funcionaria realmente eficaz y moderna es bajo. En cambio, la exigencia del acuerdo de un órgano externo, como lo es la Cámara Alta, puede significar un estímulo para la creación de una carrera funcionaria de la mayor calidad; porque es muy distinto obtener ese acuerdo para un funcionario que la haya cumplido, que para alguien que sólo obedece al mundo político.
Por eso, voto a favor de la modificación.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en una de las intervenciones anteriores se dijo que, años atrás, durante cierto período, la calidad de los funcionarios -chilenos y chilenas- que cumplían labores en servicio exterior tuvo un bajo nivel.
Quiero hacer presente un antecedente de carácter histórico. Aunque pueda molestar a alguno señores Senadores, deseo plantear claramente, para que quede constancia, que durante los primeros años del Gobierno del Presidente Aylwin se produjo un cambio y mucha gente que trabajaba en el servicio exterior fue llamada a retiro. Y era personal altamente experimentado.
En la Academia Diplomática se suprimió el curso de geopolítica y, en general, hubo movimientos de personas, seguramente más que por estimarlas poco idóneas para esos cargos, por haber sido nombradas y desempeñarse durante el Régimen militar.
Tal circunstancia causa un impacto en la carrera funcionaria, y cuando afecta a personal especializado su efecto se extiende por muchos años. Probablemente se observe ese fenómeno en algunas falencias que presenta nuestro servicio exterior. De todas maneras, advierto que la alta calidad de las numerosas personas que continuaron en él han hecho posible todos los avances que hemos experimentado en materia de tratados internacionales.
Empero, estoy en contra de esta proposición, de modo que mi voto es negativo.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señores Senadores, deseo dar a conocer mi parecer sobre esta materia.
Creo en la estabilidad de la carrera funcionaria. Existen muchos ejemplos que demuestran que ésta, en algunos períodos más que en otros, no siempre se ha respetado. Pienso que, en este caso, hay argumentos favorables en cierto sentido, pero en otros es difícil adoptar una decisión.
Pienso que debiéramos haber explorado una idea -a lo mejor pudiera analizarse después en la Cámara de Diputados- en el sentido de que el nombramiento de los embajadores se hiciera previo informe o audiencia ante el Senado, no vinculante. De manera que el Presidente de la República conlleve la decisión. Y aun cuando reciba un informe negativo, o que no tenga mucho valor para quien se va a nombrar, asuma él la responsabilidad plena del nombramiento.
Considero que un "hearing", un informe, una audiencia del Senado con determinado plazo, podría ser un buen elemento de equilibrio en esta materia.
Habría sido partidario de aprobar la norma con vista a una modificación posterior, pero no es posible.
En todo caso, la votaré favorablemente nada más que en el sentido que señalé, esto es, entendiendo que debiéramos haber buscado una veta distinta, como la audiencia o el informe.
Terminada la votación.
--Se rechaza (23 votos a favor, 16 en contra, y dos abstenciones), por no haberse reunido el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Cantero, Coloma, Chadwick, Espina, Flores, García, Gazmuri, Horvath, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Ominami, Páez, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Cordero, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Larraín, Martínez, Orpis, Parra, Pizarro, Ríos, Stange, Vega y Zurita.
Se abstuvieron los señores Bombal y Viera-Gallo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminado el Orden del Día.
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--Se autoriza a la Comisión de Trabajo para sesionar simultáneamente con la Sala.
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