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La señora FREI (doña Carmen) .-
Señor Presidente , según hemos visto durante el debate y en estos días, la regulación del matrimonio civil es un tema que genera mucha controversia y, también, desgraciadamente -hemos sido testigos de ello-, descalificaciones.
Desde 1995 se discute esta iniciativa en el Parlamento. Y a mi juicio, después de tanto tiempo de análisis, argumentos y opiniones, llegó el instante de que la ciudadanía conozca las conclusiones a que estamos llegando sus representantes. Porque eso somos: representantes de personas de carne y hueso, de familias con situaciones a veces buenas y a veces malas en lo que respecta a la convivencia entre los cónyuges y a sus relaciones con los hijos.
Quiero dejar muy en claro que, si bien he consultado y he escuchado diversos pareceres, tomaré mis decisiones en conciencia y con la libertad propia de mi función de Parlamentaria, para que se despache una normativa que sirva a todos, hombres y mujeres.
Como muchos saben, a lo largo de toda mi vida he profesado la religión católica. He sido formada en esa doctrina. No puedo, entonces, sino aceptar con toda convicción algunas de las orientaciones nacidas de las enseñanzas de la Iglesia Católica.
Estimo que la misión pastoral de la Iglesia -y no sólo de la Católica- es enseñar y proponer a la gente de buena voluntad, crea o no en Jesucristo, que la indisolubilidad del matrimonio es un bien moral y social, y que la decisión de contraer matrimonio debe surgir de un discernimiento maduro, a los efectos de que este contrato solemne se realice para toda la vida.
La familia, señor Presidente, es un valor que enriquece a sus miembros y a la sociedad. Cuando aquélla es estable, sin duda que se dan las condiciones para ello.
Asimismo, considero que el desafío para las familias, para la sociedad y para las propias iglesias es formar jóvenes sólidos, que comprendan el sentido profundo del vínculo y del compromiso que contraen al casarse.
Valoro que la Iglesia proponga a todos su visión acerca del sentido del matrimonio, de la importancia vital de la familia y de la necesidad de ayudar a su unidad y riqueza -me refiero a la riqueza moral, no material-; que forme a los padres, y que ayude a la existencia de diálogo, comprensión, cariño, respeto.
Por cierto, lo mejor para la sociedad, para el desarrollo de las personas y para el bien común es que se procure la consecución de esos bienes morales y jurídicos. Ciertamente, las rupturas familiares no son buenas para los hijos, ni menos para los padres. Es positivo, entonces, que la Iglesia, como otras instituciones, proclame el bien moral concebido como tipo ideal de vínculo familiar.
Todo esto lo digo con gran convicción. Considero muy importante para esta generación y las venideras la existencia de un valor moral que es necesario cuidar y preservar. Sin un ideal fuerte de familia, muchas veces no existen entre los cónyuges y entre éstos y los hijos sueños por los cuales luchar en la vida de cada día, sueños que hay que mantener con amor, con convivencia.
La segunda afirmación que deseo hacer es que la propia visión cristiana del mundo implica la consideración del riesgo inherente a la libertad y a la condición cambiante de la vida, de la personalidad y de los afectos a que nos introduce la propia libertad. Se busca amar, ciertamente; pero a veces nos equivocamos y no lo conseguimos. Dios hizo a la mujer y al hombre seres libres y capaces de acercarse al bien moral o de errar y no encontrar el camino hacia su realización.
Esta segunda aseveración es propia de la antropología cristiana. La mujer y el hombre, en tanto seres libres, limitados, no perfectos, pueden equivocarse, buscar otras alternativas de vida; y ello es inherente a su naturaleza humana.
Todos las personas somos libres, y el uso de la libertad constituye y constituirá siempre un riesgo.
¿Pero tiene alguien derecho a juzgar las razones de nuestros actos, que surgen de nuestra condición de seres libres?
Las separaciones pueden no gustarnos; podemos sufrir con ellas. Sin embargo, la ley debe servir para ayudar a la familia, proteger a los hijos y propiciar formas de convivencia civilizada entre quienes han roto su vínculo matrimonial.
Cualquier otro camino es imposible. Porque la alternativa sería que la ley estableciera la obligación de convivir con una persona a la que no se ama, lo cual muchas veces se convierte en un infierno, no sólo para los cónyuges, sino también para los hijos, quienes viven ese problema, lo sufren día a día en toda su crueldad y, además, quedan muy marcados para su vivencia futura.
Por eso, así como afirmamos la libertad humana para cambiar y escoger, inclusive en la equivocación o en la debilidad, debemos asumir que somos responsables de nuestros actos y no podemos dejar de hacernos cargo de nuestras decisiones y de sus consecuencias, especialmente cuando ellas involucran a otros, como el cónyuge o los hijos.
Respeto a la libertad humana y exigencias de responsabilidad: ello debe ser reclamado en un buen proyecto de ley sobre matrimonio civil.
La condición humana imperfecta y el riesgo en la libertad que se nos dio se hacen presentes, no sólo en los matrimonios, sino en todas las actividades que asumimos. Lo vivimos día tras día. Ello se manifiesta en todas las instituciones y personas, sean iglesias, comunidades o familias. No podemos escapar a estos avatares de la vida humana y debemos enfrentarlos todos: hombres y mujeres, de cualquier condición social, de todas las instituciones y de todos los tiempos.
La realidad social y personal está ligada a vivir en esta condición; perseguir el bien que anhelamos, y, muchas veces, tomar decisiones que creemos acertadas, pero que, según el correr de la vida, pueden ser erradas.
Una ley de matrimonio civil, a mi modo de ver, debe estudiarse desde esa doble perspectiva: fortalecer a la familia, pues ella es la base de nuestra convivencia y de nuestra sociedad, y, al mismo tiempo, asumir la debilidad, la equivocación propia de la libertad.
Empero, no podemos dejar de hacernos cargo de las responsabilidades inherentes a nuestros actos y sus consecuencias sobre terceros.
Amamos la libertad de los cónyuges, pero también amamos la vida de los hijos. Por tanto, en nuestra tarea legislativa, dentro de lo que me parece el mal menor, no podemos dejar de perseguir un equilibrio que respete la libertad de quienes se separan y ayude a recomponer lazos en la vida familiar. Y si el fracaso o quiebre es definitivo, hemos de procurar que esas situaciones, delicadas y muy dolorosas -repito: muy dolorosas-, sean las menores para los más afectados.
Muchas veces se sostiene -y lo han repetido aquí varios oradores- que la parte más débil en un matrimonio es la mujer. Yo ubico a los cónyuges en un mismo nivel, pues creo que hombres y mujeres somos iguales. Así que no siempre la mujer es la parte más débil. Y me parece bueno que en el Senado -aunque somos pocas las mujeres que lo integramos- se reconozca que en ciertas oportunidades el hombre puede ser la parte más débil.
Por eso, yo legislo tanto para hombres como para mujeres. Y no me baso en argumentos como el de Aristóteles -aquí mencionado-, quien no reconocía la existencia del sexo femenino, o en otros que se remontan al siglo IX, cuando se discutía si la mujer tenía alma.
Por tanto, pensemos en una perspectiva doble, que comprenda a ambos géneros, pues analizar temas como éste sólo desde el punto de vista del hombre distorsiona la realidad y nos induce a equivocarnos en la legislación.
El ordenamiento jurídico ha de hacer lo posible para que los conflictos matrimoniales se resuelvan con la ayuda requerida. Si aun con esta colaboración las personas deciden separarse, debemos tratar de que ello sea con los menores costos para todos.
No podemos impedir que después de un tiempo prudente se conceda el divorcio. Tenemos que permitir a los ex cónyuges iniciar una nueva relación, con consecuencias mínimas para los hijos y para la indispensable convivencia que, en bien de ellos, deben mantener sus padres una vez que la ruptura sea definitiva.
Con ese espíritu me acerco a la toma de decisiones que el proyecto nos plantea.
Sin duda, voy a votar a favor de la idea de legislar, teniendo en cuenta que el actual sistema -se ha indicado en numerosas oportunidades por muchos señores Senadores, pero me parece bueno repetirlo las veces que sea necesario- es una inmoralidad inaceptable para regular la estabilidad de la familia, la ruptura de ésta y la recomposición de nuevas relaciones.
Este proyecto se complementa con el que establece los tribunales de familia, que espero sea tramitado en forma paralela.
Por eso, considero que hoy se están dando las condiciones para elaborar una buena ley de matrimonio civil, que rija a todos los chilenos, proteja a la familia y regule las rupturas matrimoniales, así como sus consecuencias sobre la parte más débil y, muy especialmente, la protección de los hijos, quienes no tienen por qué cargar con el dolor que acarrea el término del vínculo. Debemos dejar de ser una sociedad hipócrita, donde muchas veces las parejas se mantienen casadas sólo para conservar una buena imagen, con lo que, al final, lo único que se logra es perjudicar seriamente a los hijos al imponérseles una carga emocional tan grande que los puede llevar al fracaso para toda la vida.
En consecuencia, señor Presidente, voy a aprobar en general el proyecto, para que podamos entrar de lleno en su articulado y sacar adelante una ley que, como se ha expresado, es anhelada por la mayoría de los chilenos y chilenas.
He dicho.
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