REP�BLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACI�N OFICIAL LEGISLATURA 348�, EXTRAORDINARIA Sesi�n 9�, en martes 5 de noviembre de 2002 Ordinaria (De 16:19 a 17:56) PRESIDENCIA DEL SE�OR ANDR�S ZALD�VAR, PRESIDENTE, SECRETARIOS, LOS SE�ORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEP�LVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE ____________________ � N D I C E Versi�n Taquigr�fica P�g. I. ASISTENCIA......................................................................................................... II. APERTURA DE LA SESI�N............................................................................... III. TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�. IV. CUENTA............................................................................................................... Acuerdos de Comit�s.................................�����������. V. F�CIL DESPACHO Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (2827-10) (se aprueba en general y particular).................................................................................................................... Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Convenio de Servicios (2860-10) (se aprueba en general y particular).................................................................................................................... Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite, que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convenci�n sobre Derechos del Ni�o relativo a Venta, Prostituci�n, y Utilizaci�n de Ni�os en Pornograf�a (3012-10) (se aprueba en general y particular).................... VI. ORDEN DEL D�A: Proyecto de ley, en primer tr�mite, que modifica la ley N� 19.620, sobre adopci�n de menores, en materia de competencia de juzgados de menores (3022-07) (se aprueba en particular).................................................................................................. VII. INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�������������................ �tica, pol�tica y servicio p�blico (intervenci�n del se�or Silva).................................... Reducci�n de personal y cierre de oficinas de Correos de Chile. Oficios (observaciones del se�or Horvath)............................................................................. VERSI�N TAQUIGR�FICA I. ASISTENCIA Asistieron los se�ores: --Aburto Ochoa, Marcos --Arancibia Reyes, Jorge --�vila Contreras, Nelson --Boeninger Kausel, Edgardo --Bombal Otaegui, Carlos --Canessa Robert, Julio --Cantero Ojeda, Carlos --Cariola Barroilhet, Marco --Chadwick Pi�era, Andr�s --Coloma Correa, Juan Antonio --Cordero Rusque, Fernando --Espina Otero, Alberto --Fern�ndez Fern�ndez, Sergio --Flores Labra, Fernando --Foxley Rioseco, Alejandro --Frei Ruiz-Tagle, Carmen --Garc�a Ruminot, Jos� --Gazmuri Mujica, Jaime --Horvath Kiss, Antonio --Larra�n Fern�ndez, Hern�n --Lavandero Illanes, Jorge --Mart�nez Busch, Jorge --Matthei Fornet, Evelyn --Moreno Rojas, Rafael --Naranjo Ortiz, Jaime --Novoa V�squez, Jovino --N��ez Mu�oz, Ricardo --Orpis Bouch�n, Jaime --P�ez Verdugo, Sergio --Parra Mu�oz, Augusto --Pizarro Soto, Jorge --Prokurica Prokurica, Baldo --R�os Santander, Mario --Romero Pizarro, Sergio --Ruiz De Giorgio, Jos� --Ruiz-Esquide Jara, Mariano --Sabag Castillo, Hosa�n --Silva Cimma, Enrique --Stange Oelckers, Rodolfo --Vald�s Subercaseaux, Gabriel --Vega Hidalgo, Ram�n --Zald�var Larra�n, Adolfo --Zald�var Larra�n, Andr�s --Zurita Camps, Enrique Concurrieron, adem�s, los se�ores Ministros Secretario General de la Presidencia; de Econom�a, Fomento y Reconstrucci�n y Presidente de la Comisi�n Nacional de Energ�a, y de Justicia. Actu� de Secretario el se�or Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el se�or Sergio Sep�lveda Gumucio. II. APERTURA DE LA SESI�N --Se abri� la sesi�n a las 16:19, en presencia de 19 se�ores Senadores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesi�n. III. TRAMITACI�N DE ACTAS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Las actas de las sesiones 7� y 8�, ordinarias, en 29 y 30 de octubre del a�o en curso, respectivamente, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n. IV. CUENTA El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a. El se�or SEP�LVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes Nueve de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica mediante los cuales retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en car�cter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley: 1.- El que crea el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural (Bolet�n N� 2.286-04); 2.- El relativo a la transparencia, l�mite y control del gasto electoral (Bolet�n N� 2.745-06); 3.- El que modifica la ley N� 19.039, sobre privilegios industriales y protecci�n de los derechos de propiedad industrial (Bolet�n N� 2.416-03); 4.- El que moderniza la gesti�n y modifica las plantas del personal de Gendarmer�a de Chile (Bolet�n N� 2.775-07) 5.- El que establece nuevas normas para la reprogramaci�n de deudas provenientes del cr�dito solidario de la educaci�n superior (Bolet�n N� 2.964-04); 6.- El que adecua la legislaci�n que indica conforme a los Acuerdos de la Organizaci�n Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile (Bolet�n N� 2.421-03); 7.- El de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaci�n de servicios (Bolet�n N� 2.429-05); 8.- El que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcoh�licas y Vinagres, y deroga el Libro Segundo de la ley N� 17.105 (Bolet�n N� 1.192-11), y 9.- El que modifica la ley N� 18.290, de Tr�nsito, para permitir la eliminaci�n de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de Veh�culos Motorizados, en las condiciones que indica (Bolet�n N� 2.774-15). --Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios Cuatro de la Honorable C�mara de Diputados: Con el primero comunica que aprob� el proyecto de ley que moderniza la gesti�n y modifica las plantas del personal de Gendarmer�a de Chile, con urgencia calificada de "simple" (Bolet�n N� 2.775-07). --Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso. Con el segundo hace saber que rechaz� las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre (Bolet�n N� 2.590-15), y da cuenta de los Honorables se�ores Diputados que integrar�n la Comisi�n Mixta que deber� formarse de conformidad con lo establecido en el art�culo 68 de la Carta Fundamental. --Se toma conocimiento y se designa a los se�ores Senadores miembros de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones para que integren la referida Comisi�n Mixta. Con los dos �ltimos da a conocer su aprobaci�n a los siguientes proyectos de acuerdo: 1.- El referido al Convenio sobre Cooperaci�n Comercial y Econ�mica entre el Gobierno de la Rep�blica de Chile y el Gobierno de Ucrania, suscrito en Santiago el 3 de mayo de 1999 (Bolet�n N� 3.062-10), y 2.- El relativo al Protocolo Facultativo de la Convenci�n de los Derechos del Ni�o, concerniente a la participaci�n de los ni�os en los conflictos armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrito por Chile el 15 de noviembre de 2001 (Bolet�n N� 3.071-10). --Pasan a la Comisi�n de Relaciones Exteriores. De la Excelent�sima Corte Suprema, por medio del cual emite su opini�n respecto del proyecto de ley que modifica el C�digo Penal, el C�digo de Procedimiento Penal y el C�digo Procesal Penal en materia de delitos de pornograf�a infantil (Bolet�n N� 2.906-07). --Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes. De la se�ora Ministra de Relaciones Exteriores, a trav�s del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Cantero, sobre el estado en que se encuentran las negociaciones entre Chile y Bolivia en lo relativo a la construcci�n del gasoducto para exportar gas natural. De la se�ora Ministra de Educaci�n, en contestaci�n a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Andr�s Zald�var, referido al Centro de Rehabilitaci�n de Autistas Bernard Rimland, de Osorno. Del se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Horvath, respecto del servicio de transporte mar�timo subsidiado entre la Regi�n de Los Lagos y la Regi�n de Ais�n. Del se�or Ministro de Miner�a, en respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Cantero, atinente al desarrollo de la actividad minera en nuestro pa�s. Dos de la se�ora Superintendenta de Seguridad Social: Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Espina, relativo a la tramitaci�n de pensi�n asistencial que indica. Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Romero, sobre la pensi�n de invalidez que se�ala. De la se�ora Jefa de Gabinete de la Se�ora del Presidente de la Rep�blica, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable se�or Garc�a respecto de la situaci�n que afecta a familia v�ctima de accidente carretero. --Quedan a disposici�n de los se�ores Senadores. Informes Segundo informe de la Comisi�n de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a, e informe de la Comisi�n de Hacienda, reca�dos en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, en primer tr�mite constitucional, que establece nuevas normas para la reprogramaci�n de deudas provenientes del cr�dito solidario de la educaci�n superior, con urgencia calificada de "simple" (Bolet�n N� 2.964-04). --Quedan para tabla. Moci�n De los Honorables se�ores Prokurica, Fern�ndez, Horvath, Orpis y Romero, mediante la cual inician un proyecto que modifica la ley N� 19.496, sobre protecci�n de los derechos de los consumidores en lo tocante al derecho a la seguridad en el consumo (Bolet�n N� 3.110-03). --Pasa a la Comisi�n de Econom�a. (Este proyecto no podr� ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional). El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminada la Cuenta. ACUERDOS DE COMIT�S El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Los Comit�s del Senado, en sesi�n de hoy, adoptaron por unanimidad el siguiente acuerdo: Respecto del proyecto sobre limitaci�n del gasto electoral, establecer un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el lunes pr�ximo, 11 de noviembre, a las 12. V. F�CIL DESPACHO PROTOCOLO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES B�SICAS ANEXO A ACUERDO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, sobre aprobaci�n del Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adoptado en la Organizaci�n Mundial de Comercio, en Ginebra, en 1997. --Los antecedentes sobre el proyecto (2827-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 18�, en 6 de agosto de 2002. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 7�, en 29 de octubre de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal de este Protocolo adoptado en la Organizaci�n Mundial de Comercio, en Ginebra, en 1997, es lograr la liberalizaci�n progresiva de los servicios de telecomunicaciones b�sicas. La iniciativa correspondiente se encuentra informada por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, la que la aprob�, en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables se�ores �vila, Mart�nez, Romero y Vald�s, en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. Debe se�alarse que dicha Comisi�n propone al se�or Presidente que el proyecto de acuerdo se discuta en general y en particular a la vez, de acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 127 de nuestro Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, este proyecto corresponde a un acuerdo sobre normas de la Organizaci�n Mundial de Comercio (OMC). Para comprenderlo adecuadamente debo mencionar que, conjuntamente con la aprobaci�n del Acuerdo General de Preferencias y de Servicios, la OMC ha estado participando en rondas sucesivas de negociaciones multilaterales encaminadas a promover los intereses de todos los Estados participantes, sobre la base de ventajas mutuas y un equilibrio general de derechos y obligaciones. Dicho acuerdo de la OMC y el Anexo 1 B se encuentran vigentes en Chile mediante su promulgaci�n por decreto supremo N� 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1995. El instrumento internacional en estudio complementa el Anexo 1B, Acuerdo General, al cual me he referido. El objeto de las negociaciones que llevaron a este convenio fue lograr la liberalizaci�n progresiva de los servicios de telecomunicaciones b�sicas, es decir, del comercio de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones. Sesenta y nueve Gobiernos presentaron ofertas en febrero de 1997, las cuales fueron consignadas en 55 listas de compromisos. Adem�s de las naciones industrializadas, entraron en las negociaciones 40 pa�ses en desarrollo, de todas las regiones del mundo. De este modo, los mercados participantes representan m�s del 91 por ciento de los ingresos mundiales procedentes de las telecomunicaciones. El Acuerdo constituye un buen balance entre las obligaciones y los derechos adquiridos por los participantes. Es necesario destacar que los compromisos asumidos por Chile en este Protocolo sobre telecomunicaciones no implican cambio alguno en la Ley General de Telecomunicaciones, seg�n manifestaron las autoridades del Ejecutivo, sino que consolidan la legislaci�n vigente a la �poca de las negociaciones. En atenci�n a estas circunstancias, la Comisi�n que tengo el honor de presidir aprob� por unanimidad el proyecto en an�lisis. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo en la Sala para aprobar el proyecto? --Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, que queda despachado en este tr�mite. PROTOCOLO EN MATERIA FINANCIERA ANEXO A ACUERDO SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. --Los antecedentes sobre el proyecto (2860-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 1�, en 21 de mayo de 2002. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 7�, en 29 de octubre de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adoptado en el marco de la Organizaci�n Mundial de Comercio, en Ginebra, en 1998, tiene por finalidad principal lograr la liberalizaci�n progresiva de los servicios financieros. El proyecto de acuerdo respectivo se encuentra informado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, la que lo aprob� en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores �vila, Mart�nez, Romero y Vald�s, en los mismos t�rminos en que lo hizo la Honorable C�mara de Diputados. Cabe se�alar que la Comisi�n propone al se�or Presidente que el proyecto de acuerdo sea discutido en general y en particular a la vez, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 127 del Reglamento del Senado. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, en la misma sesi�n a la que me he referido, la Comisi�n aprob� el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, adoptado en 1998. Hago presente que ni este Protocolo ni el anterior se hab�an presentado hasta ahora a ratificaci�n del Congreso porque el Gobierno estim� que antes era necesario suscribir el Acuerdo con Europa. Este instrumento busca mecanismos que permitan un mayor desarrollo y fortalecimiento del sector de servicios financieros, as� como una liberalizaci�n gradual del mismo, con lo que nuestra lista de compromisos se dirige fundamentalmente a resguardar dos aspectos esenciales: por una parte, mantener un conjunto de instrumentos prudenciales para conservar las facultades de las entidades reguladoras y fiscalizadoras; y, por otra, hacer lo mismo con la lista de compromisos de Chile, que refleja el resultado de las negociaciones sostenidas con sus principales socios comerciales. Este proyecto representa un nivel de consolidaci�n que asegura a los proveedores de servicios financieros o a los inversionistas extranjeros del sector un escenario estable y preestablecido para el desarrollo futuro de sus actividades, as� como en los compromisos adquiridos por los miembros de la OMC. En resumen, la lista asumida por Chile es un reflejo de la legislaci�n nacional en la materia. Debo decir que, en el fondo, no hay novedades en este convenio y en el anterior desde el punto de vista de nuestra normativa, sino que se trata de los acuerdos que se lograron en negociaciones que felizmente calzaron con la legislaci�n vigente en Chile. Por lo mismo, fue aprobado por unanimidad por la Comisi�n de Relaciones Exteriores. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobar� el proyecto de acuerdo. --Se aprueba en general y en particular, y queda despachado en este tr�mite. PROTOCOLO FACULTATIVO DE CONVENCI�N SOBRE DERECHOS DEL NI�O ATINENTE A PROSTITUCI�N, PORNOGRAF�A Y VENTA DE NI�OS El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo tr�mite constitucional, que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o Relativo a la Venta de Ni�os, la Prostituci�n Infantil y la Utilizaci�n de los Ni�os en la Pornograf�a, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. --Los antecedentes sobre el proyecto (3012-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo tr�mite, sesi�n 24�, en 22 de agosto de 2002. Informe de Comisi�n: Relaciones Exteriores, sesi�n 7�, en 29 de octubre de 2002. El se�or HOFFMANN (Secretario).- El objetivo principal del Protocolo que nos ocupa es asegurar el �xito de los prop�sitos de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y la aplicaci�n de sus disposiciones. El proyecto de acuerdo se halla informado por la Comisi�n de Relaciones Exteriores, que lo aprob� en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores �vila, Mart�nez, Romero y Vald�s, en los mismos t�rminos en que lo hizo la C�mara de Diputados. La Comisi�n propone a la Sala discutir en general y particular la iniciativa, conforme a lo preceptuado en el art�culo 127 del Reglamento. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n general y particular el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el Honorable se�or Vald�s. El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, este proyecto corresponde a un instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue estudiado detenidamente, con la participaci�n de los organismos encargados de estas materias en el Gobierno de la Rep�blica. Se inserta en el marco de la denominada Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, adoptada en 1989 y ratificada por Chile en 1990. Contiene normas destinadas a proteger a los menores contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso f�sico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci�n, incluso el abuso sexual. En el �mbito de dicha Convenci�n, los Estados Partes adquirieron el compromiso de adoptar todas las medidas de car�cter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir la incitaci�n o coacci�n para que un menor se dedique a cualquiera actividad sexual ilegal; su explotaci�n en la prostituci�n y otras pr�cticas sexuales ilegales y la explotaci�n de los menores en espect�culos o materias pornogr�ficas. Dentro de dicho contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el a�o 2000, adopt� el Protocolo Facultativo de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, y nuestro pa�s lo suscribi� en junio del mismo a�o. Su objeto es asegurar el �xito de los prop�sitos de las Naciones Unidas y garantizar la protecci�n de los menores. Ciento tres pa�ses han firmado el Protocolo, que se encuentra vigente, y 36 lo han ratificado. Su ratificaci�n alcanza m�xima importancia para Chile, adem�s de resultar extremadamente oportuna, pues en esta forma contaremos con un instrumento internacional que nos ayudar� a establecer condiciones legales e institucionales para proteger de mejor manera a los ni�os y ni�as que pueden ser v�ctimas de estas graves vulneraciones en sus derechos. El Protocolo hace necesario modificar nuestra legislaci�n penal a fin de que se consignen nuevas formas de delitos, ya que actualmente la globalizaci�n de las redes de Internet rompe las fronteras, y, entonces, el tr�fico de ni�os con fines de turismo sexual -que naci� en Europa y que se ha expandido por todo el mundo con prop�sitos de utilizaci�n sexual a trav�s de la esclavitud y de la venta de ni�os- adquiere nuevas caracter�sticas y gravedad, que hacen necesario adecuar nuestros par�metros legales a fin de sancionar adecuadamente a los responsables. Esto responde al concepto denominado mandato de incriminaci�n, que busca que los Estados miembros de la comunidad internacional reconozcan que hay ciertos delitos que revisten car�cter transnacional de tal gravedad, que todos los Estados deben disponer de legislaciones penales adecuadas que los sancionen. Por consiguiente, estas disposiciones internacionales no son autoejecutables al interior del Estado, y, por lo tanto, requieren ser desarrolladas por una ley, como sucede con el proyecto sobre redes de pedofilia que se tramita en la C�mara de Diputados. Un segundo aspecto del Protocolo dice relaci�n a favorecer la "cooperaci�n internacional". En los casos de terrorismo, de narcotr�fico y de las redes internacionales de pedofilia y prostituci�n infantil, se trata de organizaciones criminales que no operan s�lo en un Estado, sino que se desenvuelven en distintos lugares del mundo y tienen una gran capacidad para comunicarse r�pidamente a trav�s de Internet, para cumplir con sus designios. Hoy esto conlleva un desaf�o de cooperaci�n internacional entre los Estados con el prop�sito de detectar esas redes, detener a los responsables, extraditarlos y someterlos a juicio. Otro punto importante del Protocolo es el de que los delitos de que se trata son extraditables. Y se permite que, independiente del lugar donde �stos se cometan, los responsables sean perseguidos y sancionados penalmente. La suscripci�n de tratados de esta naturaleza importa la voluntad de los pa�ses en torno de la protecci�n de un bien jur�dico superior, lo que se explica en este caso por la completa indefensi�n en que se encuentra un ni�o frente a las redes mundiales de prostituci�n infantil. Por lo tanto, el Protocolo podr� servir de fundamento jur�dico para pedir la extradici�n. Es decir, ser� posible invocar un instrumento multilateral para fundar una solicitud de extradici�n, como acontece con el caso del terrorismo en los convenios aprobados el a�o pasado o con el del narcotr�fico en la Convenci�n de Viena. Sin embargo, si bien este instrumento ha de servir de antecedente jur�dico una vez que aqu�lla sea solicitada, la decisi�n sobre su otorgamiento se adoptar� de acuerdo a las normas que rijan en nuestra legislaci�n procesal penal. La unanimidad de la Comisi�n estim� de gran inter�s aprobar el proyecto de acuerdo en estudio, tanto por la gravedad de las materias que trata como por la oportunidad que representa para nuestro pa�s el avance en la l�nea de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Larra�n. El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, quiero saber si para aplicar el Tratado en comento deben introducirse enmiendas en nuestra legislaci�n, porque no se ve claro cu�les son los efectos que pudiera tener. Y, obviamente, interesa mucho conocer sus consecuencias. Entiendo que, de acuerdo con la �ltima enmienda en materia de delitos sexuales, la legislaci�n chilena se habr�a puesto al d�a. En todo caso, deseo saber si la firma del Protocolo nos obliga a introducir alguna enmienda en nuestro ordenamiento jur�dico. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Puede el se�or Presidente de la Comisi�n contestar la consulta reci�n formulada? El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, hay que revisar la denominaci�n de los delitos y precisar algunas caracterizaciones, porque nuestra legislaci�n, que es antigua, no tipifica espec�ficamente este tipo de il�citos. Las normas internacionales estudiadas con motivo de este Tratado son muy vagas y generales. Se refieren a diferentes clases de abusos que no est�n calificados en nuestras leyes. De manera que habr�a que revisar el C�digo Penal para determinar si los delitos consignados en �l incluyen las materias de este Convenio. El problema mayor no es tanto la calificaci�n en el C�digo Penal como la necesaria coincidencia entre la definici�n del delito que hay en Chile y la existente en otras naciones �sobre todo para el caso de la extradici�n-, a fin de que haya unanimidad al respecto, lo que no est� dicho aqu�. Es decir, que un delito reciba el mismo castigo en todas partes y que la extradici�n corresponda a una norma universal. Hubo acuerdo en la Comisi�n en cuanto a que se debe efectuar una revisi�n del C�digo Penal. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le pareciera al Senado, aprobar�amos el proyecto de acuerdo y se oficiar�a al Ejecutivo para hacerle presente la necesidad del env�o de un proyecto de ley con las adecuaciones correspondientes. El se�or LARRA�N.- S�, se�or Presidente. En verdad, no hace mucho se introdujo en el C�digo Penal una modificaci�n relacionada con delitos sexuales. Y el trabajo fue bastante exhaustivo. Se incluyeron diversos tipos; incluso, algunos tienen que ver con medios de comunicaci�n m�s modernos, a prop�sito de las redes de prostituci�n infantil. Asimismo, en la C�mara Baja se encuentra en tr�mite un proyecto de ley, iniciado por se�ores Diputados, que al parecer tambi�n cubre vac�os existentes en la materia. Por eso, creo importante tener claro qu� obligaciones pueden derivarse del Tratado. Y tal vez ser�a bueno esclarecerlo ante el Ejecutivo, como lo se�al� el se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo y remitir, en nombre del Senado, un oficio del tenor insinuado por el Senador se�or Larra�n? El se�or VALD�S.- Se�or Presidente, tal vez hay otra posibilidad. No conozco los proyectos a que se ha referido el se�or Senador; pero de lo que m�s se preocupa el Tratado es de la venta de ni�os. Ignoro si en la legislaci�n modificada figura ese delito. Por ello, preferir�a que, con motivo de la aprobaci�n del proyecto de acuerdo, el Protocolo pasara a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia, para ver si coincide con otras normativas. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En primer lugar, tendr�amos que aprobar el proyecto de acuerdo. Despu�s de eso, el se�or Ministro de Justicia, aqu� presente, podr�a transmitir la inquietud al Presidente de la Rep�blica. Adem�s, a �ste se podr�a enviar un oficio en que se planteara nuestra preocupaci�n, incluso con relaci�n a la venta de ni�os. Si le parece a la Sala, se aprobar� el proyecto de acuerdo y se enviar� el oficio solicitado. --As� se acuerda. VI. ORDEN DEL D�A AGILIZACI�N DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCI�N Y REQUISITOS PARA ENTREGA DE CUIDADO DEL MENOR A POSIBLES ADOPTANTES El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En seguida, corresponde ocuparse del proyecto, en primer tr�mite constitucional e iniciado en moci�n de los Senadores se�ora Matthei y se�or Orpis, que propone modificar la ley N� 19.620, sobre adopci�n de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, con segundo informe de la Comisi�n de Constituci�n. --Los antecedentes sobre el proyecto (3022-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: (moci�n de los Senadores se�ora Matthei y se�or Orpis) En primer tr�mite, sesi�n 18�, en 6 de agosto de 2002. Informes de Comisi�n: Constituci�n, sesi�n 2�, en 2 de octubre de 2002. Constituci�n (segundo), sesi�n 8�, en 30 de octubre de 2002. Discusi�n: Sesi�n 3�, en 8 de octubre de 2002 (se aprueba en general). El se�or HOFFMANN (Secretario).- El proyecto fue aprobado en general en sesi�n de 8 de octubre del a�o en curso. Cuenta con segundo informe de la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, la que, para los efectos reglamentarios, deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones las letras b), c), d), e) y f) del n�mero 1 del art�culo �nico y los n�meros 2 (que pasa a ser 5) y 3 (que pasa a ser 6) del mismo art�culo. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del art�culo 124 del Reglamento, deben darse por aprobados, salvo que alg�n se�or Senador solicite someterlos a discusi�n y votaci�n, lo que debe resolverse por la unanimidad de los presentes El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si le parece a la Sala, de acuerdo con el art�culo 124 del Reglamento, se dar�n por aprobados los art�culos acogidos por unanimidad. --Se aprueban El se�or HOFFMANN (Secretario).- El informe describe las dem�s constancias reglamentarias. Todas las modificaciones introducidas por la Comisi�n de Constituci�n al proyecto aprobado en general se acordaron por unanimidad. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del art�culo 133 del Reglamento, deben votarse sin debate, salvo que alg�n se�or Senador solicite discutir la proposici�n de la Comisi�n respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. Con todo, corresponde se�alar que el n�mero 4, que pasa a ser 7, y el n�mero 10, ambos del art�culo �nico, deben ser aprobados con qu�rum de ley org�nica constitucional, esto es, con 27 votos afirmativos. Finalmente, la Secretar�a elabor� un bolet�n comparado de cuatro columnas: la primera consigna el texto de la ley N� 19.620, sobre adopci�n de menores; la segunda, el proyecto aprobado en general por el Senado; la tercera, las modificaciones de la Comisi�n de Constituci�n en su segundo informe, y la cuarta, el texto final despachado por �sta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En discusi�n particular la iniciativa. Tiene la palabra el se�or Ministro de Justicia, quien me la solicit� para referirse al art�culo 19. El se�or G�MEZ (Ministro de Justicia).- Se�or Presidente, en general, estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto aprobado por la Comisi�n. S�lo deseo renovar en la Sala una indicaci�n que formulamos en dicho organismo respecto del art�culo 19 y pedir que se vote en forma separada si reglamentariamente es posible. Enfrentamos un grave problema con relaci�n a un menor que se entreg� a una familia antes de ser declarado mediante sentencia ejecutoriada susceptible de adopci�n. Una vez efectuada tal declaraci�n, no hay vuelta atr�s. La situaci�n vivida hace poco con el ni�o Mat�as se produjo a ra�z de que el tribunal declar� la susceptibilidad de su adopci�n y notific� a la familia biol�gica, la cual apel� tal resoluci�n dentro del plazo de cinco d�as de que dispon�a. En tal virtud, el menor entregado a quienes deseaban ser sus padres adoptivos �en ese momento eran guardadores- fue devuelto definitivamente a su madre biol�gica, lo que produjo un impacto emocional a esas personas y al ni�o. El texto que propuso la Comisi�n -aprobado por unanimidad- establece ciertas restricciones, pero no impide que un menor de edad sea entregado a los adoptantes mientras no quede ejecutoriada la sentencia que declara que es susceptible de ser adoptado. El riesgo persiste. Nuestra preocupaci�n radica en la redacci�n del art�culo. �ste dice: "Con todo, si el inter�s del menor lo aconseja, el juez, por resoluci�n fundada, podr� confiar su cuidado personal a esas personas durante el curso del respectivo procedimiento.". Se refiere a quienes han manifestado la voluntad de adoptar. La redacci�n sugerida, no obstante resguardar la situaci�n en mejor forma que el texto vigente, no evita que se produzcan los hechos conocidos p�blicamente y que motivaron a los Senadores se�or Orpis y se�ora Matthei a proponer modificar la ley, lo que cont� con nuestra aceptaci�n. A nuestro juicio, debe existir una prohibici�n expresa al respecto, conforme a la cual un ni�o no pueda ser entregado a los interesados en adoptar mientras no sea declarada la susceptibilidad por sentencia ejecutoriada. Ello, para evitar sucesos como el se�alado, que llevaron a pensar en la modificaci�n de la ley, no s�lo en ese aspecto, sino tambi�n en otros. �sa es la �nica manera de impedir que un ni�o pase de una mano a otra y que pueda revertirse una situaci�n considerada como definitiva por una familia desde el punto de vista de la adopci�n. Es importante proceder de esa forma, porque una de las cr�ticas que reciben el Parlamento, el Ejecutivo y los jueces es que no se revisa la ley en forma estricta; no se repara en los problemas que pueden producirse a consecuencia de una facultad que ten�a el juez y que mantenemos hoy. Entonces, se dice que el Congreso legisla mal. �Qu� puede ocurrir? Que de aqu� a un a�o m�s, si se aprueba la normativa en estudio, pase lo mismo. Porque lo que estamos regulando es la excepci�n. No se ha producido otro caso similar al del ni�o Mat�as. �sa es la �nica situaci�n que se ha presentado. Pero fueron tan fuertes el impacto que produjo en la opini�n p�blica y los problemas que se les originaron al ni�o y a esa familia que, a nuestro juicio, de una vez por todas se debe establecer claramente que s�lo en el momento en que se haya declarado la susceptibilidad por sentencia ejecutoriada se puede hacer entrega del menor a quienes han tomado la decisi�n de adoptarlo. El proyecto contiene otros aspectos; entre ellos, la agilizaci�n de los procedimientos previos a la adopci�n. El Senador se�or Orpis se�al� claramente que se aumenta el n�mero de tribunales, lo cual constituye una buena medida para los efectos de evitar las demoras. Sin embargo �reitero-, el hecho de mantener una norma excepcional que en la pr�ctica se transforma en general tendr� las mismas consecuencias, lo que puede suceder en unos meses o en un a�o m�s, oblig�ndonos con ello a enfrentar una situaci�n similar a la ocurrida hace poco. Por eso, insisto en que el art�culo 19 debe prohibir expresamente la entrega del menor mientras no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada la susceptibilidad de su adopci�n. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- De acuerdo con el procedimiento reglamentario, procede abrir debate respecto del art�culo 19, contenido en el n�mero 8 del proyecto. Por lo tanto, en discusi�n. Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, la argumentaci�n del se�or Ministro parte de la premisa de que no se produce modificaci�n alguna al art�culo 19. Es decir, el debate surgido se mantiene exactamente sobre la base de similar premisa y del mismo texto. Y ello no es as�. Para resolver el problema exist�a la siguiente alternativa: por una parte -corresponde a la postura del Ejecutivo-, cerrar completamente la posibilidad de entrega del menor en la primera etapa del proceso, para evitar conflictos; y por la otra -fue la que en definitiva eligi� la Comisi�n-, el perfeccionamiento profundo del art�culo 19, para reafirmar su car�cter excepcional y evitar el conflicto entre la familia biol�gica y la eventual adoptante. Y parece l�gica la posici�n asumida por unanimidad en la Comisi�n de Constituci�n, porque pr�cticamente reduce a cero la posibilidad de que se produzca el problema. Deseo dar a conocer la raz�n por la cual es importante la decisi�n de la Comisi�n. En primer t�rmino, como se consigna en el informe, una ley de adopci�n debe velar, ante todo, por el inter�s superior del ni�o. Eso es lo principal. Al respecto, Giorgio Agostini �profesor de la Universidad Cat�lica con larga trayectoria en psicolog�a infantil en nuestro pa�s- profesor de la Universidad Cat�lica, se�ala tres conceptos que me gustar�a reafirmar. Destaca la trascendencia que reviste el hecho de que el ni�o confiado al cuidado de una instituci�n cuente a la brevedad con una familia. Dice textualmente en su informe: "En principio siempre es de vital importancia que un hijo sea deseado por sus padres y pueda nutrirse f�sica y psicol�gicamente en un ambiente familiar de padre y madre y parientes cercanos.". En la parte final del punto 1� expresa: "De ah� que dentro de esta perspectiva de mayor importancia sean los primeros 6 meses de edad, luego los 3 primeros meses, el primer mes y dentro de la primera semana de vida del reci�n nacido.". �Por qu�, se�or Presidente? Porque eso tiene consecuencias posteriores en el desarrollo del menor, como lo reafirma el profesor Agostini en el punto 3� de su informe, en el cual plantea: "De no desarrollarse en �ptimas condiciones esta etapa, se est� preparando un terreno f�rtil para futuras inseguridades y posibles trastornos afectivos cuya base ser�a desde el punto de vista psicodin�mico una frustraci�n y fijaci�n de su `etapa oral� que dura el primer a�o y medio de vida.". �se es el primer argumento en cuanto a la importancia que reviste el que los ni�os tengan a la brevedad una familia y no permanezcan en una instituci�n. Pero concentr�monos en la raz�n por la cual la Comisi�n de Constituci�n profundiz� el art�culo 19, minimizando el riesgo. �Cu�les son las diferencias entre el texto propuesto y la norma en vigor? Ante todo, es preciso se�alar que el actual precepto establece la excepci�n respecto de todas las causales de adopci�n, que gen�ricamente son cuatro: una, cuando los padres deciden en forma voluntaria entregar al ni�o en adopci�n; las otras tres se refieren al abandono del menor. Dicha norma, tal como est� concebida, rige en cuanto a las cuatro causales mencionadas. �Cu�les son las modificaciones que se introducen para evitar el conflicto? Primero -esto reafirma el car�cter excepcional-, no opera respecto de las tres causales de abandono, sino solamente cuando los padres manifiestan la voluntad de entregar al ni�o en adopci�n, lo cual est� dispuesto en los art�culos 8�, letra a), y 9�. La Comisi�n de Constituci�n profundiza m�s esta materia, para evitar dificultades. Los padres no tienen plazo para manifestar la voluntad de entregar al hijo en adopci�n; lo hacen en forma voluntaria. Pero surge el problema �tal como se�al� el se�or Ministro- de que, expresada esa voluntad, tienen la posibilidad de arrepentirse hasta el momento de dictarse la sentencia. �Qu� resolvi� el organismo t�cnico en relaci�n con los padres? Que una vez manifestada la voluntad al tribunal tienen 60 d�as para arrepentirse, luego de lo cual vence su derecho. Y �nicamente vencido ese derecho el juez puede entregar en forma anticipada el cuidado personal del ni�o a la familia que lo va a adoptar. Es decir, el conflicto se puede evitar absolutamente. Y lo que ocurri� con el ni�o Mat�as no volver� a suceder de regir la norma aprobada por la Comisi�n de Constituci�n. En s�ntesis, se reafirma el car�cter excepcional del art�culo 19, en el sentido de que s�lo se puede entregar al ni�o si se cumple una causal: que los padres biol�gicos hayan reafirmado su voluntad de entregarlo en adopci�n. Esto minimiza todo tipo de riesgos y aqu�l se va a la brevedad con los padres adoptivos, lo que reafirma lo se�alado en cuanto a los aspectos sicol�gicos que afectan al menor en los primeros meses de vida. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zurita. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, no deseo referirme al art�culo 19, sino al 18. Como s�lo llevo 4 a�os y 8 meses en el cargo, ignoro muchas cosas. �Podr� referirme al art�culo 18 y no al 19? El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El art�culo 18 ya est� aprobado. Su Se�or�a puede intervenir respecto del 19 haciendo referencia al 18. El se�or ZURITA.- Dir� que hablo del art�culo 19. Se�or Presidente, cuando se crearon los juzgados de menores en la d�cada de 1930, eran de dos tipos: de protecci�n y de pensiones. Con el tiempo aumentaron las pensiones y fue creciendo el n�mero de los �ltimos, al punto de que, actualmente, en Santiago hay 2 juzgados de protecci�n y 10 de pensiones. El art�culo reci�n aprobado �que quiero complementar- se�ala lo siguiente: "Conocer� de los procedimientos a que se refiere este T�tulo y el T�tulo III, el juez de letras, con competencia en materia de menores, del domicilio del menor.". Desgraciadamente, con este precepto, en San Miguel y en Santiago el menor puede tener dos domicilios: uno, el del juzgado de protecci�n, y otro, el de la jurisdicci�n del de pensiones. �Cu�l de ellos corresponde? �Cu�ntas contiendas de competencia van a tramar quienes hacen del litigio una entretenci�n? Para evitar eso propongo �si se puede- agregar un inciso del siguiente tenor: "La Corte Suprema, mediante auto acordado, redistribuir� los territorios jurisdiccionales de los juzgados de menores para los efectos del conocimiento de los procedimientos de adopci�n en aquellos lugares en que existan tribunales de protecci�n y de pensiones alimenticias.". Con ello nos ahorrar�amos todas las tinterilladas de las contiendas de competencia. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se�or Senador, le doy mis excusas, porque, revisando el art�culo 18, veo que para aprobar aquel inciso se requiere qu�rum especial. Es decir, tendr�amos que someterlo a votaci�n para verificar el qu�rum de aprobaci�n que se requiere. Resolvamos primero lo relativo al art�culo 19 y despu�s volvemos al 18. El se�or ZURITA.- Gracias, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En relaci�n con el art�culo 19, tiene la palabra el Honorable se�or Moreno. El se�or MORENO.- Se�or Presidente, me pronunciar� a favor del texto propuesto por la Comisi�n de Constituci�n. Comparto la inquietud expresada por el se�or Ministro, que analizamos en dicho organismo t�cnico. Se trata de evitar situaciones como la que ha relatado, de incertidumbre o de quiebre emocional tan fuerte del padre o la madre que, habiendo tomado la decisi�n de entregar en adopci�n a una hija o un hijo, posteriormente se arrepiente. �C�mo fue que en la Comisi�n llegamos a ese acuerdo? Esto se centra b�sicamente en un proceso de gran complejidad. Normalmente, la afectada es una muchacha que engendra siendo soltera y enfrenta primero la decisi�n dram�tica de si aborta o no, lo que configura un complejo proceso sicol�gico. Resuelto ese dilema y tomada la decisi�n de dar a luz al hijo que viene en camino, surge la pregunta de qu� hacer respecto del destino de esa criatura. Y es aqu� donde muchas veces aparece la soluci�n de entregarla en adopci�n, a lo que precisamente nos estamos refiriendo. La ley vigente establece la posibilidad de decidir la entrega en adopci�n de la criatura antes de que nazca. En consecuencia, a partir del sexto o s�ptimo mes de gestaci�n la madre podr�a tomar tal determinaci�n, sin haber experimentado a�n todas las consecuencias e incertidumbres que conlleva el dar a luz; o puede aparecer el padre biol�gico. En esta Sala, todos sabemos que �se es un proceso que produce efectos sicol�gicos, emotivos y sociales bastante profundos, y muchas veces, decisiones que se toman ante una situaci�n y que luego se cambian cuando se debe resolver sobre el destino de la criatura por nacer. Eso fue lo que se tuvo en consideraci�n en el debate de este art�culo. Es cierto lo que plante� un se�or Senador que me antecedi�, en el sentido de que el precepto resuelve otras situaciones, como la de los ni�os o ni�as que son abandonados en los hospitales. Sin embargo, el punto central que nos llev� a establecer en nuestra discusi�n el plazo de 60 d�as para que pudieran retractarse la madre o el padre o los padres biol�gicos que han entregado al menor en adopci�n, firmado la declaraci�n o manifestado que desean entregarlo, es resguardar la salud emocional, f�sica y psicol�gica de esa criatura. El juicio para entregar a un ni�o en adopci�n puede durar un a�o o un a�o y medio. Tal vez, de repente puede aparecer un padre biol�gico que no se conoce al momento del nacimiento �ello es perfectamente factible- y comenzar el procedimiento de acreditaci�n de la paternidad mediante ex�menes de ADN y otros mecanismos. Quien sufre en esa situaci�n es el sujeto que la Comisi�n ha tenido en vista: la criatura. El �rgano t�cnico no consider� los derechos de los padres �que los tienen-, sino que se preocup� de los afectos y el cuidado que requiere el menor. Al dejarlo en casas de acogida, obviamente recibir� toda la atenci�n que el Estado est� en condiciones de entregar; pero no es lo mismo que si se encuentra en el seno de una familia. Por lo tanto, insisto en el criterio que sostuve en la Comisi�n, en cuanto a que al establecer el plazo de 60 d�as para rectificar una decisi�n de tanta importancia, en el fondo, estamos cuidando la salud emocional, f�sica y sicol�gica de una criatura que tiene derecho a insertarse en la sociedad y en una familia, incluso antes de la resoluci�n final de un juez y de completarse el procedimiento judicial. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El se�or Ministro me manifest� que, entre rechazar o mantener el art�culo, prefiere conservarlo, dejando constancia de lo que aqu� se ha se�alado, para posibilitar la formulaci�n de observaciones en los tr�mites siguientes. Por lo tanto, si hubiera acuerdo en la Sala, dar�amos por aprobado el art�culo 19 tal como est� redactado. El se�or LARRA�N.- Con un alcance, se�or Presidente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Su Se�or�a. El se�or LARRA�N.- Entiendo que la posibilidad de que el juez entregue en adopci�n a una criatura antes de dictar la sentencia definitiva, supone vencido el plazo de 60 d�as de que disponen los padres biol�gicos para retractarse de su decisi�n. Se�alo esto porque la frase final del inciso segundo dice: "Con todo, si el inter�s del menor lo aconseja, el juez, por resoluci�n fundada, podr� confiar su cuidado personal a esas personas durante el curso del respectivo procedimiento.". Se supone que eso constituye una excepci�n a la norma general. Pero alguien, err�neamente, podr�a interpretar que el respectivo procedimiento es el previo a la etapa de declaraci�n habilitante de la adopci�n. Se entiende que es despu�s de que han transcurrido los 60 d�as consignados para la retractaci�n y no se ha procedido a ella. Si fuera as�, la excepci�n se aplicar�a de ah� en adelante. Con esa aclaraci�n, para todo efecto de interpretaci�n judicial posterior, me parece bien. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En todo caso, se dejar� constancia de la observaci�n planteada por Su Se�or�a. Y, por supuesto, si hay que hacer las correcciones que el se�or Ministro nos ha se�alado, veremos c�mo llegar� el proyecto en su tercer tr�mite. Tiene la palabra el se�or Ministro. El se�or G�MEZ (Ministro de Justicia).- Se�or Presidente, s�lo quiero hacer una observaci�n. Como dijo Su Se�or�a, es preferible aprobar la norma, porque en caso contrario subsistir�a la situaci�n anterior. Sin embargo, debo dejar claro un punto que nos parece esencial. Tengo serias dudas de que el hecho de que una persona, por simple declaraci�n de voluntad, se retracte durante determinado plazo pueda esgrimirse como argumento legal ante un tribunal. Porque no es una sentencia ejecutoriada, y, por lo tanto, es recurrible. Finalmente, la situaci�n ser� la misma que plante� con anterioridad. Por eso deseo dejar la constancia pertinente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En este momento no es posible corregir el problema, salvo que el se�or Ministro desee hacerlo en el segundo tr�mite. Por lo tanto, dar�amos por aprobado el art�culo 19, con las observaciones y alcances que se han formulado al respecto. �Habr�a acuerdo en la Sala? Tiene la palabra el Honorable se�or �vila. El se�or �VILA.- Se�or Presidente, yo esperaba que las diversas intervenciones habidas con posterioridad a las observaciones del se�or Ministro disiparan las dudas que dej� de manifiesto. Al no ser as�, votar�a negativamente. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- No hay problema, se�or Senador. El se�or Ministro nos ha dicho que prefiere la aprobaci�n al rechazo, porque de ocurrir esto �ltimo el asunto quedar�a en peores condiciones. En todo caso, quedar� constancia de su votaci�n. El se�or �VILA.- Pero eso es lo que opina el se�or Ministro. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se aprobar�a el art�culo con el voto en contra del se�or �vila. --Se aprueba. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Corresponde debatir el art�culo 18, que requiere qu�rum especial y sobre el cual hay indicaci�n presentada por el Senador se�or Zurita. En discusi�n. Tiene la palabra el Honorable se�or Orpis. El se�or ORPIS.- Se�or Presidente, el problema fue resuelto mediante la modificaci�n. No se produce ning�n conflicto con los jueces encargados de los aspectos proteccionales, porque precisamente se elimina ese inciso. En la primera etapa del procedimiento de adopci�n era competente el tribunal del domicilio del menor, y en la siguiente, el del domicilio del adoptante. Asimismo, se introdujo una enmienda en el sentido de que es competente el juez del domicilio del menor para las dos etapas del procedimiento. Y no se produce conflicto con las medidas de protecci�n, porque se elimina directamente el inciso. De tal manera que la competencia queda establecida con claridad. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Senador se�or Zurita, no s� si la explicaci�n del Honorable se�or Orpis le satisface. El se�or ZURITA.- Con el respeto que me merece la opini�n de mi Honorable colega, debo manifestar que la contienda de competencia existe. Si al decir "el domicilio del menor" le toca al juez de protecci�n, que tiene jurisdicci�n sobre la mitad de Santiago, o al juez de protecci�n de pensiones, que la tiene respecto de determinado sector de la Capital, qu� vamos a perder con entregarle a la Corte Suprema �que algo sabe de esto- la redistribuci�n de los juzgados. Los abogados somos muy aficionados a los incidentes El Senador se�or Orpis, como no lo es, procede con m�s honestidad. Por eso piensa de esa manera. Bueno: los abogados somos m�s desconfiados. Entonces, como conozco el pa�o, s� por donde van a salir. Por lo tanto, evit�moslo. Esto no quita, pero creo que complementa. No es por el orgullo de mantener mi opini�n, sino por considerar que es la correcta. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo un�nime para aceptar la modificaci�n propuesta por el Senador se�or Zurita? El se�or NOVOA.- �La puede leer, Honorable colega? El se�or ZURITA.- "La Corte Suprema, mediante auto acordado, redistribuir� los territorios jurisdiccionales de los juzgados de menores, para los efectos del conocimiento de los procedimientos de adopci�n, en aquellos lugares en que existan tribunales de protecci�n y de pensiones alimenticias.". El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo? El se�or ZURITA.- Esto ocurre s�lo en Santiago y San Miguel, por ahora. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- �Habr�a acuerdo para agregar ese inciso? El se�or �VILA.- Tal vez superando la cacofon�a que produce la lectura. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Secretar�a revisar� la redacci�n. �Habr�a acuerdo? --Se aprueba la enmienda, dej�ndose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 33 se�ores Senadores. El se�or HOFFMANN (Secretario).- Corresponde ocuparse del n�mero 10, que dice: "Modif�case el art�culo 23, en el siguiente sentido". El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Habr�a que pronunciarse sobre este art�culo, que tambi�n requiere qu�rum especial. �Habr�a acuerdo para aprobarlo con la misma votaci�n anterior? Debo advertir que la proposici�n fue acogida por unanimidad en la Comisi�n. Tiene la palabra el Honorable se�or Novoa. El se�or NOVOA.- No hay ning�n inconveniente, pero no s� si a esta altura se produce el mismo conflicto con el tribunal competente se�alado en el art�culo 18. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Ser� necesario coordinar con dicho precepto. El se�or NOVOA.- De producirse alg�n conflicto de competencia, habr�a que hacer la misma salvedad en el art�culo 23. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Zurita. El se�or ZURITA.- Se�or Presidente, bastar�a agregar una frase del siguiente tenor: "Ser� competente para conocer de la adopci�n el juez de letras de menores del domicilio del menor, en la forma determinada en el art�culo 18.". El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- La Secretar�a se encargar� de coordinar ambos preceptos. --Se aprueba el N� 10 (33 votos afirmativos), y queda despachado el proyecto en este tr�mite. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Terminado el Orden del D�a. VII. INCIDENTES PETICIONES DE OFICIOS El se�or HOFFMANN (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Se les dar� curso en la forma reglamentaria. ---------------- --Los oficios cuyo env�o se anuncia son los siguientes: Del se�or ESPINA: Al se�or Ministro de Vivienda y Urbanismo, acerca de DETERIORO DE VIVIENDAS DE POBLACIONES PABLO NERUDA Y LOS PIONEROS, DE CURACAUT�N; al se�or Ministro de Agricultura, tocante a EVENTUAL DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES DE CONAF; al se�or Subsecretario del Interior, respecto de FINANCIAMIENTO A CONIN PARA ADQUISICI�N DE VEH�CULO PARA TRANSPORTE DE MENORES EN TRAIGU�N; al se�or Director Nacional de CONADI, solicit�ndole informaci�n sobre PRESELECCIONADOS PARA SUBSIDIO DE ADQUISI�N DE TIERRAS A�O 2002; al se�or Director Ejecutivo de Televisi�n Nacional de Chile, atinente a POSIBILIDAD DE TRANSMISI�N DE II FESTIVAL FOLCL�RICO "BROTES DE CHILE" (ANGOL); al se�or Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con relaci�n a VENTA A VECINOS DE CURACAUT�N DE TERRENOS DECLARADOS PRESCINDIBLES y a BENEFICIO PARA ARMADOR DE PATIO AFECTADO POR ACCIDENTE LABORAL; al SEREMI de Educaci�n de la Novena Regi�n y al se�or Alcalde de Angol, en cuanto a SITUACI�N DE ESCUELA ESPECIAL ESPA�A F-32; al SEREMI de Bienes Nacionales de la Novena Regi�n y al se�or Alcalde de Curacaut�n, referentes a ENTREGA A MUNICIPALIDAD DE CURACAUT�N DE TERRENO PARA EXTENSI�N DE CALLE LOS ROBLES; al se�or Intendente de Regi�n de la Araucan�a, tocante a PROBLEMAS EN VEGA LARGA, CURACAUT�N, PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE; a la se�ora Directora del SERVIU de la Novena Regi�n, acerca de MECANISMOS DE POSTULACI�N DE SOLTEROS SIN HIJOS A VIVIENDA RURAL B�SICA; al se�or Alcalde de Curacaut�n, en cuanto a IMPLEMENTACI�N DE ASEO Y ORNATO DE MANZANAR, a POSTULACIONES A PROGRAMAS DE PAVIMENTACI�N PARTICIPATIVA EN POBLACIONES PABLO NERUDA Y LOS PIONEROS, y a REGULARIZACI�N DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN TERRENOS DESTINADOS A �REAS VERDES; al se�or Alcalde de Victoria, en cuanto a DESPERFECTO DE ALCANTARILLADO EN SECTOR ULTRAESTACI�N, y al se�or Agente de Tattersall Comercial S.A., solicit�ndole APOYO ECON�MICO PARA PAVIMENTACI�N DE CALLE PISAGUA, EN COMUNA DE VICTORIA. Del se�or FERN�NDEZ: A los se�ores General Director de Carabineros y Director de la Polic�a de Investigaciones, referentes a DESAPARICI�N DE ESTUDIANTE MAGALL�NICO EN VALDIVIA. Del se�or HORVATH: A los se�ores Ministro de Obras P�blicas y Transportes, Director General del Territorio Mar�timo y Marina Mercante Nacional e Intendente de la Und�cima Regi�n, pidi�ndoles antecedentes respecto de PROHIBICI�N PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLES EN BARCAZAS EN LAGO GENERAL CARRERA; al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a la se�ora Intendenta de la Und�cima Regi�n, atinentes a necesidad de BARCAZA APTA PARA TRANSPORTES DIVERSOS EN LAGO GENERAL CARRERA, y al se�or Superintendente de Servicios Sanitarios, solicit�ndole antecedentes sobre CRITERIOS PARA FIJACI�N DE TARIFAS SANITARIAS Y CAUSAS DE DISPARIDADES ENTRE REGIONES. De la se�ora MATTHEI: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, reiter�ndole oficios acerca de PAVIMENTACI�N DE CAMINO SALAMANCA-CHALINGA y de PROBLEMAS POR CIERRE DE ACEQUIAS EN QUILIMAR� (Cuarta Regi�n), y referentes a CONSTRUCCI�N DE PUENTE DEFINITIVO SOBRE R�O SAN MARCOS (Combarbal�) y a PAVIMENTACI�N INCONCLUSA DE TRAMO LOS POZOS-COMBARBAL�; al se�or Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicit�ndole informaci�n sobre NORMAS PARA INSTALACI�N DE TENDIDO EL�CTRICO Y TELEFON�A CELULAR EN UNA POBLACI�N O CERCA DE ELLA, y al se�or Ministro de Agricultura, pidi�ndole antecedentes sobre PLAN DE SANEAMIENTO CAPRINO EN REGI�N DE COQUIMBO (Todos de la Cuarta Regi�n). Del se�or N��EZ: Al se�or Subsecretario de Desarrollo de la Tercera Regi�n, solicitando DECLARACI�N DE COMUNA TUR�STICA RURAL PARA ALTO DEL CARMEN, y a las Direcciones Nacional y Regional Atacama del Trabajo, respecto de FACTIBILIDAD DE INSTALACI�N DE OFICINA PERMANENTE DE INSPECCI�N DEL TRABAJO EN HUASCO (Ambos de la Tercera Regi�n). Del se�or STANGE: Al se�or Ministro de Obras P�blicas, referente a ASFALTADO DE CAMINO ESTAQUILLA-LOS MUERMOS y MEJORAMIENTO DE SE�ALIZACI�N, y a los se�ores Subsecretario de Telecomunicaciones e Intendente de la D�cima Regi�n, sobre MANTENCI�N DE ACTUAL R�GIMEN DE CORREOS DE CHILE EN FUTALEUF�. -------------- El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comit� Institucionales 2, tiene la palabra el Honorable se�or Silva. �TICA, POL�TICA Y SERVICIO P�BLICO El se�or SILVA.- Se�or Presidente, intervengo esta tarde para reflexionar ante el Senado sobre �tica, pol�tica y servicio p�blico. Siento que me asiste el deber de hacerlo. Una vida de ya muchos a�os vinculada al servicio p�blico, casi plenamente dedicada a actividades de control y supervigilancia en la Contralor�a, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, como abogado integrante y permanentemente en la c�tedra, condujo a que la �tica estuviera intensamente inmersa en mi conciencia jur�dica y me hicieron captar cu�nto se sufre y c�mo se da�a al pa�s cuando aquel principio val�rico tan esencial se quiebra y surge la termita de la corrupci�n. Esas vivencias tan extensas me permitieron aprender que el peligro a que aludo ha sido poco frecuente en Chile. Ello, a pesar de la profusi�n publicitaria que hoy se emplea y que, naturalmente, no existi� en el pasado. De all� -por qu� no decirlo- la satisfacci�n �ntima que anta�o sent�a de ense�ar a mis alumnos en la c�tedra esta materia de la �tica Administrativa. Me parece justo, sin embargo, complementar esa idea cuando me propongo hablar sobre la �tica reiterando algo que he dicho y publicado m�s de una vez. En mi vida he tratado y alternado con muchos Presidentes democr�ticos de mi pa�s. Y qu� satisfacci�n profunda siento al afirmar categ�ricamente: �no conoc� a ninguno que terminara enriquecido al concluir su mandato! Y esto, como muy bien lo saben los se�ores Senadores, suele no acontecer en los dem�s pa�ses de Am�rica Latina. Hecha esa introducci�n, entro en materia. I. Antecedentes hist�ricos En primer t�rmino, c�mo no referirme a hombres que nos dieron vida pol�tica independiente e hicieron historia en Chile. Me refiero a O�Higgins, a Freire, a Prieto, a Portales. Porque cada uno de ellos, en su �poca, fue marcando un rumbo y creando hitos en funci�n del tema que nos interesa. O�Higgins, pr�cticamente en el primer Gobierno de la Rep�blica, da vida en Chile a las instituciones de control ajustadas a nuestro sistema. Posteriormente, Freire aprueba una normativa -qui�n sabe si los se�ores Senadores podr�n pensar en ella al conocer denuncias como las realizadas en los �ltimos d�as- que proh�be terminantemente al Estado pagar remuneraciones sin trabajar. Eso se sancion� en 1826. Y, sorprendentemente, hoy se han hecho imputaciones en el sentido de que se habr�a producido justamente lo inverso. �Por qu� cito a Prieto? Porque durante su mandato se establecieron, por primera vez en nuestro pa�s, disposiciones sobre el control de legalidad de los actos del Estado -lo que hoy en d�a se llama "toma de raz�n"-, que tanto han servido en 170 a�os de vigencia de la citada normativa para evitar precisamente acciones que implicaron m�s de una vez transgresiones a la �tica o que, por lo menos, permitieron resta�ar muchas l�grimas a los afectados por preceptos de tal �ndole. Me referir� asimismo a Portales. Sin duda, mis Honorables colegas recordar�n la norma dictada en su �poca que oblig� a justificarse con publicidad a todos los agentes p�blicos criticados por esa misma v�a y a dar las explicaciones correspondientes. Ello rige hasta ahora; est� plasmado en diversas disposiciones que lo contemplan en mayor o menor medida. Estoy hablando de c�mo se originaron las normas sobre �tica en la gesti�n del Estado, en los albores de nuestra Rep�blica, las que, a mi manera de ver, siguen subsistiendo hasta el d�a de hoy. II. Trascendencia de principios val�ricos en la Administraci�n del Estado Esto implica lo que, a nuestro juicio, entra�a la trascendencia de los principios val�ricos en la Administraci�n del Estado, que nos lleva a los administrativistas a pensar siempre en Letelier, en Lastarria, en Huneeus, en Prado y en tantos otros que crearon las concepciones que permitieron incorporar gradualmente a nuestra legislaci�n los valores fundamentales de la �tica, como la responsabilidad, entre otros. III. Vinculaci�n de la �tica con la pol�tica y con el servicio p�blico En seguida, me parece innegable que la �tica est� y debe estar relacionada con la pol�tica y el servicio p�blico. En efecto, si la �tica no es m�s que la rectitud y honradez en el obrar, y, por su parte, la pol�tica y el servicio p�blico se hallan encaminados al bien com�n, �qu� duda puede caber de la vinculaci�n que sostengo entre �tica y pol�tica, y entre �tica y servicio p�blico? Se trata de principios y caminos inseparables. Por tanto, si aqu�llos se destruyen o caen en el olvido, de modo inexorable habr� que concluir que se estar� abriendo paso, deplorablemente, a la corrupci�n. Y no puede desconocerse, a mi juicio, que esta eventualidad ser�a muy grave para la colectividad chilena. IV. Encuesta sobre corrupci�n a nivel mundial Es interesante destacar que esta materia no afecta s�lo a Chile. Se divulga, se profesa, se proyecta en Am�rica Latina y en el resto del mundo. La preocupaci�n existe, pues, a todo nivel. De all� que haya entidades internacionales de car�cter privado que se preocupan de detectar en qu� medida la corrupci�n, que es la ant�tesis de la �tica, est� afectando a los �rganos del Estado y a las sociedades en general. Ello es importante porque, fundamentalmente, el asunto que nos interesa se vincula con la globalizaci�n y con la relaci�n cada vez m�s intensa entre los diversos pa�ses, singularmente con la cada vez mayor expansi�n del comercio mundial, con las garant�as que ello representa para las inversiones de una naci�n en otra y con el grado de m�s confianza o, a la inversa, de desconfianza que para dichos efectos puede significar la mayor extensi�n de elementos corruptivos en los pa�ses. Para tales fines, diversas entidades, como Transparencia Internacional, vali�ndose de diferentes medios, han venido realizando estudios que les permiten elaborar tablas sobre el grado de corrupci�n que exhiben las naciones analizadas. As�, en el �ltimo tiempo se dio a conocer un estudio de aquella entidad donde Chile aparece en el lugar 17 entre poco m�s de 100 naciones encuestadas. Tal posici�n significa que nuestro pa�s es el mejor evaluado en Am�rica Latina, muy lejos de las dem�s naciones del Continente. Sin embargo, los comentarios elogiosos que a ese respecto se han hecho en sectores p�blicos y privados no han se�alado que hace muy pocos a�os -tres o cuatro, tal vez-, en la encuesta anterior de la misma entidad, Chile figuraba en el lugar 13. O sea, hemos descendido cuatro posiciones en dicha calificaci�n. �Quiere decir lo anterior que hemos comenzado a ser un pa�s corrupto? La respuesta no es f�cil, y puede ser diferente seg�n los distintos sectores de donde provenga y los elementos de juicio que concurran al an�lisis que ella requiere. Desde un punto de vista esencialmente objetivo, estimo que una conclusi�n afirmativa categ�rica no ser�a rigurosamente exacta. Sin duda, existen situaciones f�cticas muy preocupantes que se originan en sectores tanto p�blicos como privados de nuestra sociedad. Hechos producidos y denunciados recientemente en el sector p�blico, tanto civil como militar, y en el privado, tanto empresarial cuanto concerniente al �mbito religioso, nos hacen pensar en la necesidad de intensificar y reforzar en la medida de lo posible el trabajo de todos, como concepci�n de Estado, en orden a la prevalencia absoluta de los principios morales como elementos de conducta absolutamente imprescindibles. La reacci�n inflexible y condenatoria siempre parece ineludible. A mi manera de ver, los perdones, si bien son �tiles y concordantes con un indispensable sentido de humildad comprensible, sobre todo trat�ndose de entidades privadas y religiosas, no pueden llegar hasta estimarse suficientes, por una parte, cuando est� presente el eventual da�o o perjuicio material para el Estado -que, dentro de este contexto, representa a la sociedad toda-, y por otra, cuando a menudo esos actos contrarios a la �tica generan da�o f�sico y moral a personas privadas, casi siempre las m�s d�biles e indefensas de la sociedad. En todo caso -insisto-, es menester reafirmar que problemas de esta �ndole est�n generando una inquietud proyectada, en muchos casos, a extremos inclusive m�s graves que entre nosotros, lo que en manera alguna debe excusarnos del deber pleno de asignar a este tema la mayor prioridad y la m�s amplia de nuestras preocupaciones. En suma, pienso que hemos de estar contestes en que, para la comunidad chilena y para el Estado, nuestro deber reside en cuidar extremadamente, como hombres p�blicos, nuestra imagen y nuestra conducta; en maximizar nuestro respeto a la �tica, nuestra preocupaci�n en tal sentido y nuestra conducta invariablemente acorde con ella. Y, sobre todo, tenemos que contribuir y concurrir a buscar caminos que, en el orden fundamentalmente de la regulaci�n, permitan poner coto a la situaci�n en comento. V. Factores a que habitualmente se atribuye la lacra de la corrupci�n En consonancia con lo anterior, conviene se�alar cu�les son los elementos a los que con frecuencia, especialmente en la doctrina, se atribuye la condici�n de causantes de conductas, actuaciones o gestiones conducentes a la corrupci�n. Se mencionan los siguientes: 1. La pol�tica y la conducta "del reparto o del bot�n" (es el nombre que se da en la doctrina). Con frecuencia, particularmente en el campo administrativista, se alude a la tendencia en las fuerzas pol�ticas que acceden al gobierno del Estado a practicar un reparto de cargos p�blicos entre sus adeptos o a hacer una distribuci�n del bot�n -como se llama-, estim�ndose que el sistema es atentatorio contra los factores de m�rito, capacidad y rectitud con que deben proveerse las funciones p�blicas. Se trata, sin duda, de un sistema justificadamente criticado y que por lo general obsta a una buena administraci�n. El excesivo n�mero de cargos p�blicos de confianza del Gobierno de turno puede conducir hacia ello. De ah� la tendencia aconsejable a reducir este tipo de funciones a las de jefatura y de alto nivel que sean condignas a la realizaci�n de las pol�ticas gubernativas, y nada m�s. 2. Se se�ala como contraria a la �tica la pol�tica del nepotismo, que con frecuencia suele producirse cuando las autoridades designan a parientes directos para labores vinculadas o no con su espec�fica calidad de funcionarios. Esa cr�tica, que es v�lida, ha aceptado siempre como excepcional�sima la gesti�n calificada espec�ficamente de misiones de extrema confianza, en las cuales tal situaci�n ha sido mundialmente estimada admisible. 3. En los �ltimos tiempos se ha se�alado que la implantaci�n del neoliberalismo y la extensi�n de concepciones de libre mercado a la cosa p�blica han culminado transgrediendo principios esenciales de �tica, sobre todo si ellas implican el trasplante de conductas privatistas no siempre a tono con el sentido rigorista que la funci�n p�blica a menudo requiere. 4. La asignaci�n absoluta de la libertad en manos de quienes detentan el poder econ�mico da origen con frecuencia a que los principios �ticos y morales sean dejados de lado. M�s de una vez he citado las palabras de ese eminente hombre p�blico, catedr�tico, pol�tico y acad�mico que fue don Valent�n Letelier, quien ya en 1896 -casi 107 a�os antes de la vida actual-, en un trabajo que titul� "Los pobres", sostuvo categ�ricamente: "La libertad en manos de los que detentan el poder econ�mico se transforma inevitablemente en la peor lacra en contra de las clases m�s necesitadas". Y explicitando esta idea, dice: "Esa libertad as� utilizada no sirve para curar las enfermedades m�s graves, para sanar de la pobreza...". De la misma manera y con id�ntico fundamento, los especialistas en el sector Salud mencionan c�mo se transgreden los principios �ticos en los cobros de honorarios derivados del ejercicio liberal de la medicina, que est�n sometidos a una total libertad y falta de regulaci�n. Un fen�meno similar se observa en el ejercicio de otras profesiones. 5. Se habla, asimismo, de c�mo el individualismo conduce a transformar el dinero en la m�xima felicidad de la vida, en t�rminos que las ansias por obtenerlo conducen con frecuencia a olvidar las normas �ticas m�s elementales. En suma, se�ores Senadores, cualesquiera que sean las motivaciones de las pr�cticas en comento y las concepciones ideol�gicas en que se originen, pensamos que especialmente nosotros, los legisladores, no podemos evadir nuestro deber de contribuir a aportar los medios de regulaci�n (puesto que la legislaci�n es eso) indispensables para evitarlas. Para ello, a nuestro juicio, es fundamental: Primero, insistir en la necesidad, con nuestro actuar, de que no se pierda la fe en la pol�tica y en los pol�ticos. La pol�tica, conceptualmente, es un arte noble, y quienes la practicamos debemos hacernos merecedores de su esp�ritu de nobleza. Segundo, resulta as� ineludible ir hacia la gradual formaci�n de una conciencia pol�tica y servicial. Si el fin de la primera s�lo puede ser el bien com�n y, como ha dicho el Presidente Lagos, el servicio p�blico ha sido creado para servir y no para servirse, la conciencia por la �tica deviene, pues, en irrenunciable. Creo, en definitiva, que estas reflexiones son de singular trascendencia, sobre todo si las emitimos para la juventud y pensando en ella. No podemos dejar de vincularlas con la concepci�n de un Estado solidario especialmente regulado en esencia por valores �ticos y morales a los que de manera inexorable se deben tanto las gestiones p�blicas como las privadas. Perm�taseme insistir en el peligro que entra�a el abuso de la libertad en cuanto algunos sectores sostienen que �sta debe ser ilimitada y sin controles. Hace algunos meses intervine en la hora de Incidentes para citar lo acontecido con Enron, en Estados Unidos, cuna del sistema individualista y del imperialismo econ�mico. Ese caso y muchos otros que lo siguieron demostraron los riesgos enormes derivados de la falta de regulaci�n y de la debilidad de las auditor�as y controles. Conclusi�n: miles de millones de d�lares perdidos por peque�os accionistas que hicieron de los papeles de esa empresa la modalidad de sus sistemas jubilatorios; 22 mil empleados perdieron sus puestos; pero, a la par, 12 de los m�s altos ejecutivos vendieron sus acciones en 1.100 millones de d�lares, y varios millones de d�lares fueron aportados a las candidaturas de Bush y de m�s de 200 representantes. �Es esa falta de �tica la que se quiere para Chile? Deseo terminar este punto simplemente comentando la encuesta que se hizo en fecha muy reciente en las universidades norteamericanas, en sus ramas de Econom�a y Formaci�n Empresarial. Consultados los alumnos de alto nivel sobre qu� camino decidir�an seguir si se les enfrentaba a adoptar, ya como profesionales, una determinaci�n muy riesgosa, por el peligro de su irregularidad y falta de �tica, pero que entra�aba grandes ganancias, �qu� respondieron? �El 34 por ciento de los entrevistados se inclin� por el camino de correr el riesgo y recibir esa ganancia! �No es eso muy pero muy grave en cuanto a p�rdida de principios elementales? VI. Modernizaci�n del Estado Una cuesti�n sobremanera importante y, a mi juicio, bastante vinculada a la �tica es lo concerniente a la modernizaci�n del Estado. Cuando hablo de esa relaci�n -perm�tanme hacerlo, Honorables colegas-, digo con frecuencia que la necesidad de dicha modernizaci�n se menciona a menudo en las reuniones empresariales. En primer t�rmino, me pregunto: �Qui�n puede discutir la conveniencia de tal modernizaci�n? �Acaso se olvida que Chile no ha sido ajeno a ella "illo t�mpore"? Si lo que se persigue con raz�n es que por tal v�a la Administraci�n no sea entorpecedora y burocr�tica, sostengo categ�ricamente que eso ha sido pol�tica del Estado democr�tico. Citar� tan s�lo dos gestiones espec�ficas en que tuve el honor de participar: una, siendo Presidente de la Rep�blica el se�or Gonz�lez Videla y don Jorge Alessandri su Ministro de Hacienda, y la otra, siendo Presidente el se�or Eduardo Frei Montalva. En la primera comisi�n fui miembro, nombrado por el se�or Alessandri, y en la segunda, su presidente. Los trabajos y conclusiones de ambas comisiones fueron notables (puedo relatarlos en otro momento). Pero lo que ahora se quiere -y se insiste en ello- es importante: en mi opini�n, desestabilizar al Estado y minimizar su acci�n a pretexto de modernizarlo. Hay quienes desde hace tiempo est�n trabajando sin sistema jur�dico alguno, s�lo haciendo predominar una concepci�n tecnol�gica que conduce hacia la privatizaci�n tecnificada en el caso del Estado. �Y es �til eso en el campo de la �tica? Perm�taseme que lo dude. Y cito un solo ejemplo. Asist� a una reuni�n seminarial en el seno de la Comisi�n presidida por el Senador se�or Boeninger y designada a petici�n del Ejecutivo. Puede testificar lo que digo el Honorable se�or Fern�ndez, quien tambi�n concurri�. �Qu� se�al� uno de los t�cnicos expositores? Al pasar con mucha ligereza por la materia, anunci� que se pretend�a modificar el r�gimen de toma de raz�n, disminuyendo su importancia. �Y ojo, se�ores Senadores!: hay en la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n y Justicia un proyecto de ley, originado en el Ministerio de Hacienda, donde eso ya se observa. Pero, en lo relativo a la toma de raz�n, ese t�cnico agreg� textualmente y de manera categ�rica: "Aunque yo soy m�s bien partidario de suprimirla". �He ah� un grave error y una falacia peligros�sima que califico de atentatoria contra el sistema �tico y moral! Quiero solamente recordar a ese t�cnico que -como ya se�al�- el r�gimen de toma de raz�n ha ayudado al Estado chileno a evitar que se consumen muchos errores y actos en 170 a�os de vigencia. Pero esos mismos sectores nada dicen cuando, por iniciativa del propio Senado, se aprueba un proyecto de ley sobre procedimientos administrativos que se esperaba desde la Constituci�n de 1925 y que, de aprobarse por la C�mara de Diputados, contribuir� realmente a la modernizaci�n del Estado que se reclama. Al respecto, deseo destacar el enorme y generoso esfuerzo que est� haciendo el Senador se�or Boeninger por salvar una iniciativa que puede ser �til en t�rminos adecuados, pero a la que muy poco se le aporta en funci�n de su �xito, a pesar del tiempo transcurrido. VII. Planteamiento de grupo de Parlamentarios sobre tema de la �tica dentro de la Concertaci�n Hago presente -y con esto pretendo terminar, si bien la menci�n que har� ser� un tanto larga- que muchos Senadores, y Parlamentarios en general, se han abocado a analizar esta materia en el �ltimo tiempo; y entre ellos, espec�ficamente el denominado "Grupo de los 15". Por supuesto, eso no obsta a que muchos sectores, especialmente pol�ticos, est�n preocupados de cuesti�n tan importante, sobre todo frente a la amplia y justificada publicidad de hechos recientes que afectan tanto a lo p�blico como a lo privado. En efecto, esto ha sido motivo de meditado estudio por el mencionado grupo de Parlamentarios. A continuaci�n reproducir� al menos 17 planteamientos que, por su relevancia, aspiramos a que sean compartidos en plenitud: 1.- Necesidad de que se asuma en Chile la ense�anza de la �tica y su importancia como principio nacional, tanto a nivel de ense�anza media como profundizadamente en la educaci�n superior. Muchas jerarqu�as universitarias participan ya de este criterio, reconociendo su absoluta necesidad. No deja de ser sorprendente que en la Escuela de Administraci�n P�blica y de Gesti�n de la Universidad de Chile, consultados hace dos d�as sus alumnos, dijeran que ning�n catedr�tico les hab�a hablado de esta materia. 2.- Necesidad de la formaci�n de conciencia colectiva sobre la �tica como pol�tica de Estado. 3.- Necesidad de aplicar sanciones que sean implacables, tanto si la �tica se traduce en la comisi�n de delitos como si se comprueba que hay transgresi�n de pol�ticas o criterios de buena y sana administraci�n p�blica o privada. Hago esta advertencia porque muchos Senadores dir�n, con fundamento: "Pero si generalmente estos casos se sobreseen por la justicia". Sin embargo, quedan flotando en el ambiente y en la conciencia p�blica las irregularidades que se hayan podido cometer. 4.- Reconocer la realidad innegable de que la �tica o moral debe existir tanto en el sector p�blico como en el privado y que, por lo tanto, su transgresi�n debe ser igualmente castigada y censurada. 5.- Necesidad de predicar o inculcar valores vinculados con la �tica y que, por consiguiente, es deber de quien ejerce poder, autoridad o funci�n p�blica o privada el llevar una conducta de austeridad y correcci�n en el ejercicio de tales actividades. 6.- Reiterar que, para todos, la responsabilidad debe ser de la esencia de la democracia y que, en consecuencia, en tal principio no puede haber excepciones. Puede parecer casi infantil exponer el punto en estos t�rminos; pero los Senadores no olvidamos que m�s de una vez se nos ha planteado en esta Sala que tales y cuales cargos que pretenden crearse no estar�n afectos a responsabilidad. Sostenemos categ�ricamente que el principio de la responsabilidad es absoluto de capit�n a paje y que no pueden hacerse excepciones. 7.- La transparencia o claridad en el ejercicio de toda funci�n p�blica o privada es un elemento esencial, vinculado fundamentalmente a la buena fe, que est� y debe estar inserta en toda gesti�n como principio de moral primordial�simo. M�s de una norma as� lo ha reconocido. Anhelamos que sea respetada y comprendida en plenitud. Lamentablemente, este principio ha sido vulnerado a menudo. Ello puede demostrarse recordando las frecuentes operaciones de transferencia de empresas fiscales al �rea privada, los traspasos de dineros a distintas ONG y la compra y venta de bienes y servicios. El qui�n compraba y cu�nto compraba s�lo vino a saberse con mucha posterioridad a los hechos. Este mero recuerdo constituye una comprobaci�n de c�mo se hallan insertos en la moral y �tica tanto el principio de transferencia como el de publicidad, de empleo tan profuso hoy d�a y sin uso alguno en el pasado. Una vez m�s se demuestra aqu� lo que hemos sostenido tantas veces en el sentido de que estos principios �ticos son esencialmente conciliables s�lo con el sistema democr�tico y no con los reg�menes dictatoriales. 8.- La publicidad constituye en la actualidad un principio invariablemente reconocido. S�lo por ley expresa y muy justificada podr�n admitirse excepciones. Invocando este principio, no deber�a tener retardo una ley regulatoria de los gastos electorales, as� como una regulaci�n razonada de los denominados "gastos reservados" y su control. 9.- La obligaci�n de la denuncia es un principio esencial sobre el cual hay tambi�n criterios normativos. Sin embargo, �l no puede admitir excepciones de ninguna �ndole. Tanto cualquier persona como autoridad tienen el deber de formular, sin dilaci�n, denuncia sobre hechos o actos contrarios a la �tica de que tomen conocimiento. 10.- El respeto a la ley constituye un principio que garantiza el Estado de Derecho y que, por lo dem�s, se encuentra reconocido a nivel constitucional. Si bien estamos convencidos de que los valores �ticos corresponden m�s a la sana raz�n y a la propia conciencia de cada cual, el respeto a la ley es siempre un deber ineludible en toda democracia. La Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado tiene un t�tulo sobre probidad p�blica que no puede olvidarse. Ciertamente, ser�a �til adaptarlo a criterios m�s rigurosos. Adem�s, propugnamos la universalidad de sus principios. Recordamos tambi�n que el pronunciamiento sobre varios proyectos de C�digo de �tica para el Senado est� pendiente. Uno de ellos fue redactado por el Senador se�or Vald�s; otro, a petici�n del se�or Presidente de esta Alta Corporaci�n, por el Senador se�or Parra y el que habla, y fue entregado hace ya m�s de cuatro a�os. Estimamos que una decisi�n sobre esta materia no admite demoras. 11.- La �tica y el derecho a la participaci�n. Si bien el art�culo 1�, inciso quinto, de la Carta Fundamental reconoce el derecho a la participaci�n, �ste resulta ineficaz por falta de regulaci�n y de protecci�n frente a su inexistencia real. Indudablemente, ese derecho est� vinculado -y as� deber�a establecerse- con la defensa de la �tica y de la moral p�blica. 12.- Contratos a honorarios. �stos se han prestado en la pr�ctica a un uso abusivo; a desconocimiento real de la funci�n p�blica; a la materializaci�n de abusos y actos deshonestos cada vez m�s reiterados, y a la falta en su gesti�n de elementales principios de �tica, porque con frecuencia se pagan favores, se comprueban servicios inexistentes, se elevan las remuneraciones legalmente establecidas, transgredi�ndose as� principios no s�lo legales sino tambi�n morales. A nuestro juicio, deben restringirse a un m�nimo muy calificado, si es que no se suprimen lisa y llanamente. Su control a todo nivel -estatal, municipal, de organismos aut�nomos, etc�tera- debe ser estrictamente cumplido y garantizado, lo cual, deplorablemente, hoy no ocurre. En la actualidad, hay aqu� una manifiesta transgresi�n a la �tica. 13.- Condici�n de empleados de confianza. La forma como en la actualidad se ha extendido esta calificaci�n es tambi�n inductiva de frecuentes vulneraciones a la �tica. Anta�o fue una condici�n especial�sima, calificada expresamente en la Constituci�n de 1925, que consagraba su aplicaci�n a los Ministros, Subsecretarios, empleados de Subsecretar�a, y punto. El R�gimen autoritario la extendi� peligrosamente, y ello, desgraciadamente, subsiste en gran medida sin justificaci�n racional. Su restricci�n a los t�rminos del pasado, a nuestro modesto juicio, se impone categ�ricamente. 14.- Incompatibilidad de funciones p�blicas y el �rea privada. Este planteamiento requiere una amplia reflexi�n. Otrora existieron impedimentos que paulatinamente se relajaron. Hay aspectos claros que precisar sobre este punto. Quien ejerce una funci�n privada no puede decidir en contra del inter�s del Estado si a la vez ejerce una funci�n o cargo p�blico. En seguida, quien fue titular de un cargo p�blico vinculado a un �rea privada espec�fica no puede pasar a ejercer una funci�n privada tan pronto termina sus actividades en aqu�l, sobre todo cuando hay afinidades de gesti�n entre el primero y la segunda. La sana raz�n �tica se opone a ello. Puesto que la materia ha sido objeto de reprochables casos en que tal cuesti�n ha sido infringida, sin dilaciones se impone la aprobaci�n de normas claras y m�s restringidas que las actuales. Dentro de la misma l�nea de reflexiones, me pregunto: �Hasta d�nde puede llegar el ejercicio privado de su profesi�n para el Parlamentario? �Puede aceptarse que a pretexto de aquel ejercicio se transforme en mero gestor de clientes privados, sean �stos reales o supuestos? Existen normas sobre el particular en la Constituci�n Pol�tica del Estado. Y a mi juicio son claras. �Qui�n sabe si las situaciones reales nos podr�an llevar a ampliarlas o a precisarlas m�s! La sana raz�n �tica, se�ores Senadores, aconseja precisar disposiciones con sentido �tico m�s que necesario. 15.- El abuso de rentas p�blicas. Siempre ense�� en la c�tedra un principio que era muy bien acogido y que, con mi colega Patricio Aylwin, predic�bamos por igual: la funci�n p�blica impone un sacrificio en bien de la colectividad. Esto se fue rompiendo paulatinamente en la medida en que empez� a prevalecer un criterio privatista deplorablemente compartido. La aplicaci�n cada vez m�s insistente del C�digo del Trabajo a funciones p�blicas empresariales y no empresariales ha distorsionado el problema. �Si, como recordar�n los se�ores Senadores, se lleg� hasta pretender aplicarlo en la naciente Fiscal�a Nacional! En aquella oportunidad hicimos ver la gravedad de ese asunto, y tuvimos �xito. �Pero cu�l ha sido el resultado de este intento -y de otros- de privatizaci�n? El aumento desmedido de las rentas en las empresas p�blicas; las falencias comparativas con otros sectores del Estado; las recordadas y lamentables indemnizaciones de hace poco, que provinieron precisamente de la aplicaci�n de tales normas; los sueldos muy desmedidos a pretexto de igualarlos con los privados; el abandono, en fin, de esa posici�n de sacrificio de anta�o, todo lo cual implica una indiscutible transgresi�n a la �tica. He aqu� otro campo donde la restricci�n se impone sin vacilaciones. 16.- El grupo de presi�n o lobby. El lobby ha sido reconocido a nivel mundial. Con todo, pensamos que debe ser regulado, como otras tantas materias de esta �ndole, para evitar que a su amparo surjan casos de gesti�n definidamente incompatibles con la �tica. 17.- El monopolio de la informaci�n. Finalmente, queremos simplemente apuntar al peligro que aqu�l entra�a para la �tica. Ello conduce a que observemos la lucha pertinaz por el termino de toda regulaci�n, por el fin de los controles, por el establecimiento de una libertad total y, en una palabra, por la restricci�n de las funciones del Estado a un m�nimo intolerable. Se�ores Senadores, pido excusas porque tal vez me he extendido demasiado en mi intervenci�n. Pero creo sinceramente que la trascendencia del tema lo amerita. Y preciso, en todo caso, que dar a conocer una experiencia vivida a trav�s de tantos a�os de servicio p�blico -con gran sacrificio, pero con mucho amor, especialmente hacia los m�s d�biles, y sin rencores ni odios de ninguna especie- puede justificar, con modestia, la entrega patri�tica de estas reflexiones a Sus Se�or�as. He dicho. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El Honorable se�or Silva ha completado los tiempos de los Comit�s Institucionales 2, Mixto e Institucionales 1. Los Comit�s Dem�crata Cristiano y Mixto Uni�n Dem�crata Independiente e Independientes no intervendr�n. Corresponde el turno al Comit� Renovaci�n Nacional. Tiene la palabra el Honorable se�or Horvath. REDUCCI�N DE PERSONAL Y CIERRE DE OFICINAS DE CORREOS DE CHILE. OFICIOS El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, quiero llamar la atenci�n de esta Sala hacia la realidad que se est� viviendo en Correos de Chile, empresa sometida a un proceso de externalizaci�n, concesi�n o privatizaci�n -hay distintos nombres para calificarlo- que ha provocado el traspaso de sus servicios a sectores privados. He recibido una cantidad importante de antecedentes que dan cuenta de los distintos acuerdos a que han llegado sus funcionarios con el Gobierno. En algunos casos se trata de desvinculaci�n voluntaria, en virtud de la cual muchos trabajadores y trabajadoras, por a�os de servicio o por razones de salud, v�a indemnizaci�n, est�n acogi�ndose a retiro. Sin embargo, quienes voluntariamente no lo hacen est�n siendo despedidos, situaci�n que implica afectar a una cantidad significativa del personal y -lo que es peor- reducir el n�mero de oficinas a lo largo y ancho del pa�s. En efecto, informaciones concretas aluden a que en la Regi�n de Ais�n se est�n cerrando las oficinas ubicadas en ciudades como Chile Chico, Cochrane, Puerto Cisnes, Ra�l Mar�n Balmaceda, Puyuhuapi, Melinca, Puerto Aguirre, entre otras. En verdad, la labor de estos funcionarios se ha enmarcado en el pleno cumplimiento de las metas de confiabilidad, privacidad, calidad, econom�a, etc�tera, acordadas con la empresa y el Gobierno. Por eso, sorprende que hoy, por una raz�n de d�ficit presupuestario m�s bien aparente, se est� optando por la reducci�n en comento. Eso, aparte representar p�rdidas de fuentes laborales en todo Chile en un momento econ�mico dif�cil, llama la atenci�n, no s�lo de los dirigentes gremiales, sino tambi�n de la opini�n p�blica, ya que hace pocos a�os la misma empresa pag� indemnizaciones millonarias. En cambio ahora, a los trabajadores y trabajadoras con 40 a�os de servicio, se les est�n ofreciendo indemnizaciones del orden de 5 millones de pesos, en circunstancias de que hace algunos a�os ejecutivos de la confianza del Gobierno, por menos de tres a�os de trabajo, recibieron indemnizaciones de 70 a 80 millones de pesos, hecho francamente inmoral. Por otro lado, cabe tener presente que en muchos lugares aislados del pa�s -pr�cticamente 50 por ciento del territorio nacional se encuentra sin condiciones de acceso; estoy hablando de �reas rurales desde Arica hasta Magallanes-, las oficinas en cuesti�n cumplen m�ltiples funciones, y no s�lo la de correo. Ellas perfectamente podr�an ser ocupadas por otras reparticiones del Estado. Es cosa de que se revise la Ley Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado y de que las autoridades regionales preparen instructivos para sacar el m�ximo provecho al servicio p�blico de esas personas. Me parece que, en ese sentido, en el pa�s se est� perdiendo la perspectiva. Y, por ello, pido que se oficie sobre el particular al se�or Ministro de Obras P�blicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Secretar�a de Estado de la cual depende la empresa mencionada; al se�or Ministro del Trabajo, y a Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, por la premura del asunto. En efecto, de los antecedentes hechos llegar se desprende que los cierres ya han empezado a ocurrir y que comienzan a vencer los plazos para que los afectados se acojan a la situaci�n forzosa que he mencionado. He dicho. El se�or PARRA.- Se�or Presidente, deseo que mi nombre se agregue a las comunicaciones pertinentes, si el se�or Senador Horvath no tiene inconvenientes. El se�or ZALD�VAR (don Adolfo).- Y tambi�n el m�o. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- Si no hay objeci�n, el documento ser� remitido en nombre de los se�ores Senadores presentes. Acordado. --Se anuncia el env�o de los oficios solicitados, en nombre del Honorable se�or Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesi�n de los Senadores se�ores Boeninger, Lavandero, Parra, Prokurica, Silva, Vald�s, Adolfo Zald�var y Andr�s Zald�var. El se�or ZALD�VAR, don Andr�s (Presidente).- El Comit� Socialista no har� uso de la palabra. Habi�ndose cumplido su objetivo, se levanta la sesi�n. ------------------- --Se levant� a las 17:56. Manuel Oca�a Vergara, Jefe de la Redacci�n